Presentaron un proyecto de ley para crear el Programa Nacional “Pancitas llenas”

La iniciativa propone crear una tarjeta para la compra de alimentos saludables para los comedores, además de un fideicomiso financiado por un “Aporte Social, Humanitario y Obligatorio” donde las empresas deberán contribuir con un monto de 0,04% de su facturación anual declarada.

Quince diputados nacionales de distintas bancadas políticas, encabezados por el oficialista Juan Marino, presentaron un proyecto de ley para crear el Programa Nacional “Pancitas Llenas”, el cual recoge una propuesta de la Asociación Civil “Soñadores Unidos”, que agrupa comedores y merenderos populares de distintos puntos del país.

La iniciativa, propone “crear una tarjeta, asignada a las personas responsables de los comedores y merenderos, destinada a la compra de alimentos; organizar capacitaciones en manipulación y elaboración de alimentos; crear redes regionales de comedores y merenderos; fomentar encuentros con productores regionales y locales de alimentos”.

Además, plantea crear un fideicomiso financiado por un “Aporte Social, Humanitario y Obligatorio” donde las empresas deberán contribuir con un monto equivalente al 0,04% de su facturación anual declarada.

Se propone al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como autoridad de aplicación y también postula la creación de una Comisión Fiscalizadora integrada por “representantes de los comedores, empresarios alcanzados por el Aporte Social, Humanitario y Obligatorio, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y representantes de Universidades Nacionales”. Asimismo, sostiene que la Comisión Fiscalizadora velará por el correcto cumplimiento de los objetivos del programa.

Entre los fundamentos del proyecto se plantea que “la pandemia del Covid-19 ha evidenciado de forma muy clara la importancia vital de los comedores y los merenderos en los barrios populares, los cuales cumplen una función social fundamental garantizando el plato de comida de miles de personas en todo el país”.

“Los pilares de la democracia son 4: el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Todas y todos tenemos que tener garantizado el plato de comida. El derecho a la alimentación de una persona no puede depender de si logra acceder al mercado laboral formal o no, el Estado y los gobiernos tienen la responsabilidad de tomar medidas para hacer efectivo ese derecho. Es necesario, más que nunca, ser solidarios. Tenemos la obligación ética de ayudar al caído, a quien hoy sufre el hambre, porque nadie se salva solo”, agrega.

El texto lleva las firmas de Carlos Selva, Cristina Britez, Tanya Bertoldi, María Rosa Martínez, Julio César Pereyra, Micaela Morán, Claudia Ormachea, Daniel Gollan, Juan Carlos Alderete, Mónica Macha, Sergio Palazzo, Lía Verónica Caliva. También acompañaron Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) y Alberto Asseff (Pro).

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El proyecto “Pancitas Llenas” no obtuvo dictamen en la Cámara baja y volvió a asesores

Se trata de una iniciativa que busca el financiamiento y abastecimiento de comedores y merenderos en el país. Obtuvo dictamen el proyecto de ley para la creación de una Campaña nacional para la donación del plasma en el tratamiento de la fiebre hemorrágica.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin, se reunió este martes de forma presencial para tratar el proyecto “Pancitas llenas” que tiene como objetivo el financiamiento y abastecimiento de comedores y merenderos del país, pero no logró pasar a la firma y volvió con modificaciones a asesores. Por otro lado, obtuvo dictamen el proyecto de ley para la creación de una Campaña nacional para la donación de plasma inmune para el tratamiento de la fiebre hemorrágica Argentina, la institución del Día nacional del Médico Endocrinólogo y el Día nacional de la Diabetes.

El primer orador fue Carlos Américo Selva (FdT -Buenos Aires) autor del proyecto, quien explicó que “es una iniciativa de la comunidad que nuclea una asociación civil Soñadores Unidos que tuvieron una actitud solidaria durante la pandemia donde un grupo d empresarios organizados se comprometieron y ejecutaron un apoyo en alimentos y eso se fue consolidando e hizo que de esa organización solidaria se propusieron llegar hasta acá a través de una iniciativa que puesta en consideración en primer término se trató de buscar un consenso para motorizar la idea. Valoramos la iniciativa que surge del campo de acción de los actores primordiales y del también de una adhesión voluntaria y poder llegar a todos los que necesitan”.

“Después de 30 años de labor solidaria conocimos la idea que hacen los comedores y nos enamoramos de ese trabajo que hacen las madres día a día”, expresó el presidente de la fábrica de pastas Oralí, Julio González, y agregó emocionado: “Ayudamos a empoderar los comedores y a consolidar la ONG que tienen 1300 comedores. Tratamos de ser comunicadores nada más. En la pandemia la necesidad de multiplicó, empezamos a ayudar a 100 comedores por semana con nuestra Pymes. El trabajo que hacen las madres es indigno y voluntario”.

Y continuó: “El proyecto tiene dos características primero que debe ser obligatorio porque del 0,04% de la producción en toneladas pueden abastecer a todos los comedores y agregamos a las empresas que más trabajaron en pandemia. Se puede alcanzar al presupuesto que se necesita y transferirlo a través de una tarjeta”, y sumó que la otra característica fundamental es: “Necesita apoyo de empresarios en la presentación. Somos 52 ahora”.

“Cuando les contamos que esto iba a parar a las pancitas de los nenes ellos dijeron que iban a acompañar. Pero pidieron transparencia que estos recursos lleguen a los y las responsables directamente de los comedores y que lo supervise una comisión fiscalizadora compuesta por presidentes de ONG de largas trayectorias solidarias, empresarios voluntarios y miembros de la comisión directiva de Soñadores Unidos que sean encargados por zonas de chequear que se reciba el alimento”, puntualizó González.

Selva aclaró que el dictamen al que se llegó “sostenía una adhesión voluntad”, y “plantean que esto sea un impuesto un 0,04% de la facturación de las empresas que se involucren y que en dos años sea deducible del impuesto a las ganancias para las que hicieron el aporte”.

Por su parte, Carmen Polledo (Pro -CABA) aseguró: “Todos sabemos los índices de pobreza e indigencia que afectan a la población. Este fenómeno lamentablemente no deja de crecer. Vimos con agrado la iniciativa, es interesante. El fideicomiso es una figura que tiene complejidades y por eso queremos colaborar a mejorar la redacción”.

“Pero mantenemos diferencias en técnicas legislativas y de fondo y estructurar en el armado del fideicomiso. El primer inconveniente que encontramos es en el artículo 3 cuando se define que el fiduciante es el Estado nacional cuando en realidad es el que pone los fondos en este caso serían las empresas no el Estado, está mal expresado. No es una cuestión menor que sean los privados quienes aporten para fomentar más solidaridad”, explicó y sugirió Polledo.

Y sumó: “Otra diferencia está el artículo 4 porque impide delimitar correctamente el universo de los bienes fideicomitidos algo fundamental para el contrato”, y determinó que “el fideicomiso es parte fundamental del programa, pero se integra por los fondos aportados por los fiduciantes, vamos a suprimir este inciso”.

“No nos parece correcto que se otorguen créditos fiscales a empresas que pongan sus bienes en el fideicomiso, sino que los aportes sean deducibles del impuesto a las ganancias con los topes vigentes”, cuestionó la legisladora del Pro y se lamentó que “no se haya podido avanzar en los consensos”.

Por su parte, la radical Claudia Najul (Mendoza) manifestó que “se ha trabajado mucho y además hemos pedido que explícitamente quede señalado en el proyecto que los fondos se van a distribuir de forma equitativa, que haya un registro público de cuánto reciben los comedores para poder trabajar de mejor manera con los municipios”.

Por otro lado, se trató el proyecto de ley para la creación de una Campaña nacional para la donación de plasma. Al respecto, el titular de la Comisión, explicó que es “una enfermedad que afecta entre 5 y 6 millones de personas en riesgo y tiene entre un 15 y 30% de mortalidad”. “Con este tratamiento de plasma se baja al 1% de mortalidad”, aseguró.

“Busca concientizar, familiar la donación, apoyar a las familias y reivindicar a aquellos que lograron tratar y ayudar a que tengamos esta enfermedad más controlada”, agregó Yeldlin.

A su vez, la Comisión aprobó que se instituya el 16 de abril, como Día nacional del Médico Endocrinólogo, en homenaje al doctor Arturo Oñativia; y el 14 de noviembre como Día nacional de la Diabetes; entre otros proyectos de resolución y declaración que hacen un reconocimiento a las acciones contra el Covid- 19 y a la producción de los laboratorios Richmond de la vacuna Sputnik- V en la Argentina.