El diputado del FdT consideró que la legisladora del Pro tiene "responsabilidad" en la reunión que exfuncionarios de su gobierno, exagentes de la AFI y empresarios realizaron en el Banco Provincia.
El diputado nacional Carlos Cisneros (FdT), quien presentó un proyecto en el que solicita la expulsión de la Cámara baja de María Eugenia Vidal (Pro), a raíz de la causa conocida como "Gestapo antisindical", señaló que la exgobernadora "no era ajena" a la existencia de una "mesa judicial" dedicada presuntamente a perseguir a sindicalistas.
"Cuando se conocen los vídeos, a través de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, de las reuniones que se realizaban en el Banco Provincia, inmediatamente el 28 de diciembre presentamos un proyecto de declaración en la Cámara para que la misma se pronuncie por la persecución política y judicial que hacía el gobierno de María Eugenia Vidal", recordó.
En diálogo con radio Mitre, el tucumano explicó que este nuevo proyecto está "en sintonía con el avance procesal de la causa en contra de los funcionarios de Vidal que participaron en la reunión". "Cuando la interventora de la AFI hace la denuncia, queda radicada en el juzgado de La Plata, el juez federal comienza la investigación, existen las pruebas suficientes para sospechar y cita a declarar a los funcionarios", enumeró.
En esa línea, el legislador resaltó que "después que declaran ante el juez quedan imputados. Si los funcionarios de Vidal quedan imputados, nosotros no creemos que Vidal sea ajena, creemos que tiene responsabilidad sobre este hecho".
Además, el oficialista aseguró que no cree que “(el exministro de Trabajo, Marcelo) Villegas y los demás funcionarios lo hayan hecho a espaldas de la gobernadora”. "No creo que Villegas, que se estaba jugando un cargo nacional, participara de estas reuniones sin el conocimiento de su jefa", agregó, en referencia a que Villegas aspiraba a reemplazar a Jorge Triaca durante esa época.
“Ellos sabían lo que se iba a hacer; no puede ser ahora que el hilo se corte por lo más delgado y se trate de involucrar a una trabajadora del área de ceremonial del Banco Provincia de Buenos Aires, con 25 años de antigüedad, que lo que hizo solo fue cumplir con una orden impartida”, añadió el dirigente de La Bancaria en referencia a la empleada que fue la encargada de recibir a los asistentes de ese encuentro.
Cisneros enfatizó que "la existencia de esa mesa judicial, a la que ella (Vidal) no era ajena, está violando el derecho a ser juzgado ante tribunales independientes, a través de un debido proceso".
Consultado por el periodista Eduardo Feinmann sobre qué habría que hacer entonces con la vicepresidenta Cristina Kirchner, sobre la que pesan distintas causas judiciales, el tucumano expresó: " Yo no soy kirchnerista, no lo fui nunca. Soy peronista. Yo entré por la lista que encabezaba Alberto Fernández. La señora no necesita que yo la defienda, ni que yo la ataque. Yo estoy denunciando este caso concreto".
Es en el marco de la causa sobre la "Gestapo antisindical". La presentación se realizó ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.
El abogado del extitular de la UOCRA, Juan Pablo "Pata" Medina, solicitó ante la Justicia el desafuero y la detención de la diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro), en el marco de la causa que investiga el presunto accionar de una mesa judicial bonaerense que tenía el objetivo de armar causas contra sindicalistas.
"Consideramos que existen a esta altura sobrados elementos de prueba como para convocar a indagatoria a la exgobernadora (bonaerense) Vidal, así como al resto de los intervinientes en la presunta asociación ilícita destinada a armar causas a dirigentes sindicales", señaló el letrado César Albarracín en declaraciones a la agencia Télam.
Para el abogado, "la naturaleza de los hechos evidencia una enorme capacidad para manipular pruebas y condicionar a funcionarios judiciales".
"La posición de poder que conservan alguno de los imputados tornan, a nuestro criterio, necesario que se adopten medidas de coerción destinadas a garantizar los fines del proceso", subrayó Albarracín.
El pedido se presentó ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, a cargo de la instrucción del expediente. En la solicitud, el abogado del "Pata" Medina también pide la detención del intendente de La Plata, Julio Garro, y del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, quien en el vídeo de una reunión realizada en sede del Banco Provincia en junio de 2017 confiesa que si pudiera tener una "Gestapo" contra sindicalistas, lo haría.
El vídeo de esa reunión fue el que originó una denuncia por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuya interventora es Cristina Caamaño.
En ese encuentro estuvieron reunidos, además de Villegas y Garro, otros exfuncionarios bonaerenses con agentes de la AFI y empresarios, donde se los escucha hablar de denuncias contra gremialistas.
El letrado además solicitó la indagatoria de los exfuncionarios provinciales Adrián Grassi, Roberto Gigante, el senador Juan Pablo Allan, el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stefano, los exagentes Darío Alberto Biorci y Diego Luis Dalmau Pereyra, y empresarios que participaron de la reunión.
Los miembros de la subcomisión bicameral de inteligencia del Congreso calificaron de “poco convincente” las declaraciones del procurador general y anticiparon que citarán al exministro de Trabajo, Marcelo Villegas.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, presidida por Leopoldo Moreau, se reunió este jueves para recibir al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, indicado de avalar las presuntas maniobras que se llevaron a cabo en la denominada “mesa judicial bonaerense” durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
"Vengo a responder, pero no sé cuáles serán las preguntas que me van a formular. Cuando termine voy a hacer declaraciones”, afirmó Conte Grand al ingresar pasadas las 12 al edificio del Anexo del Senado donde se reunió la Bicameral de inteligencia.
Cabe recordar, que el procurador bonaerense decidió no asistir el pasado 18 de enero, cuando debía presentarse por primera vez, y había ofrecido responder por escrito las consultas de los legisladores de la subcomisión de espionaje, que depende de la Bicameral. Sin embargo, desde este grupo parlamentario que integran los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y el radical de Juntos por el Cambio Miguel Bazze rechazaron esa posibilidad.
Como consecuencia de la reunión, Tailhade y Moreau anticiparon que citarán al exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y calificaron de “poco convincente” las declaraciones de Conte Grand ante la subcomisión bicameral de inteligencia del Congreso.
“Las palabras de Conte Grand fueron poco convincentes”, señaló el presidente de la Bicameral y precisó que “el procurador no explicó los motivos por el cual tenía un teléfono encriptado”.
En suma, manifestó que: “Fue una reunión muy extensa. Pudimos corroborar que esa reunión en el Banco Provincia, el ministro Villegas efectivamente involucró de manera directa a la Procuración y al procurador en particular. Conte Grand negó el involucramiento y aseguró que no se hacía cargo de los dichos de Villegas”. “La semana que viene vamos a citar al exministro Marcelo Villegas”, ratificó Moreau.
Por su parte, Tailhade, agregó: "Nos limitamos a hacer preguntas sobre su función y la relación con la Agencia Federal de Inteligencia”, y cuestionó que “no reconoció nada a pesar de las evidencias”. “Lomas de Zamora es uno de los centros donde ocurrió esto", señaló el diputado y contó que Conte Grand "prometió enjuiciar a los fiscales implicados", pero cuestionó que "las palabras no fueron convincentes”.
La subcomisión lleva a cabo una investigación a partir de la difusión de un video en el cual se registra una reunión celebrada en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, donde funcionarios de la entonces gobernadora Vidal, agentes de inteligencia y empresarios mantuvieron un encuentro en el que supuestamente analizaron la conformación de una mesa judicial para armar causas contra organizaciones sindicales.
En ese encuentro, donde también estuvo presente el intendente de La Plata, Julio Garro, el entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que manifestó a los presentes sus deseos de contar con “una Gestapo” -la policía política del régimen nazi- para perseguir a los gremios, y aseguró además que la Procuración -a cargo de Conte Grand- estaba al tanto de las maniobras que debían orquestarse desde esa mesa judicial para armar causas contra los dirigentes sindicales.
En base a una serie de testimonios, los integrantes de la subcomisión investigan si ese encuentro se concretó a pedido de la Gobernación que encabezaba Vidal.
Este miércoles declaró ante la subcomisión la exfuncionaria del Banco Provincia (Bapro) Emilia Jaime, quien admitió que “a pedido del extitular de esa entidad Juan Curuchet reservó la sala para la reunión de la mesa judicial de 2017”.
Fuentes parlamentarias explicaron que Jaime manifestó que se dedicaba, entre otras funciones como secretaria de Curuchet, a mandar los mails para reservar los lugares para determinadas reuniones con lo cual confirmó la información que surgió de los mails donde pide por tres días la sala de multiuso en la cual se grabó esa reunión.
Los voceros señalaron que la exfuncionaria expresó que “solo cumplía órdenes de Curuchet y que solo estuvo en sus funciones en el Banco Provincia con ese funcionario ya que luego se retiró de la institución”.
Jaime pidió la sala de reuniones como figura en los mails que tiene la subcomisión y que fueron entregados por las actuales autoridades del Banco Provincia.
Por otra parte, el exgerente de Recursos Institucionales Hernán Stella pidió postergar su declaración hasta febrero por cuestiones particulares. Su convocatoria apunta a que explique por qué no hay registro del ingreso de quienes participaron de la reunión de la denominada “mesa judicial bonaerense”, aunque fuentes vinculadas al caso dijeron que ese salón no dependía del exfuncionario sino de otra área del Bapro.
La semana pasada, la subcomisión realizó una visita ocular a la sede porteña del Bapro ubicada en Mitre y San Martín, en el microcentro. En ese marco, los miembros del cuerpo se reunieron con el exjefe de seguridad del edificio Mariano Albito, quien aseguró a los legisladores que “históricamente nunca hubo cámaras en el lugar”.
Convocado por la subcomisión que investiga la existencia de una supuesta mesa judicial bonaerense, el procurador general bonaerense aseguró su asistencia.
Sigue muy activa la subcomisión creada por los legisladores para investigar la existencia de una supuesta mesa judicial que delataría un video que impulsó como denuncia la titular de la AFI, Cristina Caamaño. Se trata de un desprendimiento de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia que está integrada por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el radical Miguel Bazze.
Esta subcomisión recibió este miércoles el testimonio de Emilia Jaime, exfuncionaria del Banco Provincia que colaboraba con el extitular de esa entidad en tiempos de María Eugenia Vidal, Juan Curuchet. Jaime fue la encargada de reservar la sala para la reunión captada en un video en la que se hablaba de la situación judicial del dirigente gremial Juan “Pata” Medina y que fue motivo de la denuncia impulsada por la interventora de la AFI.
Interrogada por los legisladores, Emilia Jaime contó que era la encargada de enviar los mails para reservar los lugares para determinadas reuniones y confirmó entonces haber pedido ese salón, a instancias de su jefe.
Para este jueves al mediodía se espera un plato fuerte de esta investigación, pues se presentará el procurador general de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand, quien ya había sido convocado para el 18 de enero, pero no se presentó, ofreciendo en cambio responder por escrito, cosa que los legisladores rechazaron e insistieron con la convocatoria. Esta vez el funcionario asistirá, según se confirmó este miércoles.
A través de una nota enviada a la Bicameral de Inteligencia, el procurador se mostró dispuesto a contestar las preguntas por escrito. La respuesta de Leopoldo Moreau.
El procurador general bonaerense Julio Conte Grand fue convocado para este martes por la subcomisión dependiente de la Bicameral de Control de los organismos de Inteligencia para investigar la existencia de una supuesta mesa judicial en la provincia de Buenos Aires, a partir de la difusión de las imágenes de una reunión de 2017 en la que exfuncionarios de la gestión de la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional María Eugenia Vidal y empresarios analizaban estrategias sobre causas judiciales contra gremialistas.
El funcionario judicial respondió este lunes a través de una nota remitida al titular de la comisión bicameral, Leopoldo Moreau, en la que advierte que no ha recibido mayores precisiones sobre el sumario de investigación que una subcomisión está instruyendo y si bien expresa su “plena disposición para colaborar con las tareas de la comisión y con la mencionada subcomisión”, entiende que procede “dar respuesta por escrito a las consultas y requerimientos informativos que dispongan”.
Se basa para ello en el alcance que le asigna a esa comisión la Ley 25.250, ante lo cual solicita que “se tenga a bien tramitar la solicitud por ese medio, ratificando mi manifiesta colaboración con vuestra tarea”.
Ante ello, el presidente de la bicameral, Leopoldo Moreau, insistió en requerir la presencia física del funcionario, entendiendo que el requerimiento “se encuentra en el marco de las facultades que la ley mencionada ut supra le confiere a la comisión que presido”.
“Su comparencia responde a la posibilidad de dar respuesta a requerimientos de carácter político institucional que los legisladores de la subcomisión de investigación parlamentaria convocada con motivo de una denuncia solicitaron realizarle”, puntualizó Moreau a través de una nota enviada este lunes al procurador general de la Provincia.
Aclara el legislador kirchnerista que “lejos de constituir la solicitud en cuestión parte de un proceso de características penales”, responde a “la labor de control parlamentario propio del sistema democrático”. Por eso entiende Moreau que “no resultan procedentes al caso las prerrogativas que la legislación procesal dispone para determinadas investiduras frente a un requerimiento jurisdiccional, al concederles la posibilidad de dar cuenta por escrito quedando exceptuados de la obligación de comparecer”.
Tras ampararse además en las facultades que le concede la Constitución Nacional, el titular de la Bicameral de Control de Organismos de Inteligencia considera que la respuesta de Conte Grand, en caso de persistir en su postura, “lesionaría inequívocamente instituciones fundamentales del sistema federal y republicano que las mismas provincias han decidido establecer”.
Así las cosas, la nota concluye reprogramando el encuentro para el jueves 27 de enero a las 12.
Integrante de la bicameral y de la subcomisión referida, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade fue muy duro con el funcionario y a través de las redes sociales calificó de “vergonzoso” lo de Conte Grand, por pretender “condicionar el trabajo de una comisión investigadora del Congreso Nacional”.
El legislador posteó la presentación del procurador afirmando que “no está a la altura del cargo y de la democracia”.
Tras la renovación parcial de las cámaras legislativas el oficialismo logra imponer su agenda ante una la principal fuerza opositora, Juntos, en “redefinición histórica”.
Por Eleodoro Dof
Se dice en política que las elecciones las pierden los gobiernos, los oficialismos; no es que las gana la oposición. Pues bien, algo de eso debe haber pasado en la provincia de Buenos Aires.
La reacción del oficialismo bonaerense luego de la primera derrota, en las elecciones primarias, empieza a dar sus frutos. Un cambio de gabinete que amplió el volumen político e incorporó sectores de la alianza oficialista excluidos hasta ese momento, movió de tal forma la arena política que estamos ante un nuevo contexto.
Si la victoria de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires de 2017 duró poco, la de Juntos en 2021 no duró nada.
Esos nuevos aires que se respiraban no tardaron en llegar a la Legislatura con nuevos interlocutores en los bloques y una agenda definida que no deja pasar el tiempo.
Sin proyecto de transformaciones de fondo y con una coyuntura pandémica que condiciona a la gestión, el oficialismo se las arregla para apura a la oposición en la Legislatura bonaerense, con lo que podríamos llamar una agenda mediática, que hace mucho ruido pero que tiene incidencia concreta.
De todas formas, el oficialismo muestra así un posición activa o emisora, mientras que la oposición aparece como receptiva y pasiva.
A la oposición le cuesta definir posiciones, mientras que no encuentra el equilibrio interno. Demoró hasta el extremo la elección del presidente de la bancada de senadores para terminar con el infantilismo de “un ratito cada uno”.
La mentada unidad opositora se mantuvo pasadas las elecciones de 2015, pero ahora parece evidenciarse que es bastante estética y poco productiva. Sólo sirve para mantener la ilusión de estar en condiciones de volver a ganar las elecciones y, así, al gobierno. No mucho más que eso, una ilusión.
Sobre el cierre del año, en la Provincia, un inconexo Juntos hizo prácticamente todo lo que el oficialismo le pidió a cambio de lugares vacantes aquí y allá. Pero incluso fue más bondadoso que eso: cambió conceptos sin ponerse colorado.
Sin decir la más mínima palabra, la oposición reeligió al defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires por otros cinco años calendario -el período 2022/27-, pero cuando Cambiemos estuvo en el gobierno se estableció el lógico criterio de que fuera la oposición la que ocupara ese cargo. Bueno, ahora es el oficialismo el que lo vuelve a ocupar esa titularidad como en sus inicios, pero que reclamó para la oposición cuando lo fue.
Mientras tanto, en el Senado se rompió por segunda vez en la historia de la Legislatura bonaerense con la ley de fueros al permitir un allanamiento al despacho de un senador de la oposición.
La última vez que se trató en recinto de la Legislatura bonaerense la posibilidad de quitar a un legislador -diputado en este caso- la inmunidad que le dan los fueros parlamentarios, la entonces bancada del FpV encabezó la resistencia. El Cuerpo finalmente le negó la posibilidad de despojarse de los fueros al solicitante, que quería compadecer ante la Justicia sin ellos.
Ahora el concepto cambió y nadie dijo nada, ante la premura y accionar oficialista para que la Justicia invada el despacho opositor. Un mal precedente para cualquier opositor de todos los tiempos.
Hay en esos movimientos un cambio de roles, donde el oficialismo aparece como cuestionando la inmunidad que da el poder… de la oposición.
Es la otrora oposición “perseguida”, se puede inferir, ahora persigue a la actual oposición y levanta, como oficialismo, los fueros parlamentarios, para que otro poder, el Judicial, ingrese a este poder, el Legislativo.
Más claro aparece este cambio de roles en el otro planteo que hace el Frente de Todos en la Cámara baja.
La imagen es que mientras en Cariló, por un lado, los líderes de Juntos ponderan en diferentes notas periodísticas el cambio que significa la incorporación de Martín Insaurralde para el gobierno de Axel Kicillof, y la gran ayuda que encuentran los intendentes en esa incorporación, no se lo escuchó a Carlos Bianco -el desplazado que sigue en el Gobierno- valorar tanto “el gesto del cambio”. Nuevamente la inversión.
Por el otro lado, el bloque de diputados del FdT presenta un pedido de juicio político al procurador de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, algo que vino cocinando a fuego lento el ahora oficialismo provincial desde que era oposición.
En Juntos se limitaron a concentrarse en difundir gacetillas institucionales muy formales y colectivas sentando posición, no mucho más que eso. Es como si realmente hubiera un sector -entre tantos sectores que componen la alianza opositora- que estuviera de acuerdo en avanzar con el juicio político. Tampoco hay “contraofensiva” por el momento.
Tal vez por ello el FdT despliega cada vez con mayor coordinación la ofensiva y parece que pelea con molinos de vientos, sin reacción de los acusados. De hecho, Juntos no pudo ni festejar el triunfo electoral de noviembre; festejó el oficialismo.
El Frente de Todos es gobierno y siempre es más fácil retener el poder estando en el poder que tener que recuperarlo desde el llano; ya estuvieron en el llano no hace mucho y costó volver; ayudó y mucho Cristina Fernández de Kirchner, ahora no está tan claro quién podrá ayudar al FdT bonaerense, pero se está en esa búsqueda, según relata un observador participante del espacio.
Así, los diputados se preparan para ver hasta dónde pueden avanzar con el juicio político al procurador Julio Conte Grand.
Fueron los libertarios los que elevaron la voz para poner un freno a la ofensiva oficialista, conjuntamente con las bancadas de Cambio Federal y Juntos, pero la primera sonó mucho más fuerte, parece cargada de convicción.
La idea del FdT es llegar de alguna manera no al juicio político propiamente dicho, sino a la conformación de la Comisión Acusadora que, entienden, necesita mayoría simple, no los dos tercios que se necesitarían para la instancia de la acusación ante el Senado.
Independientemente de que será muy difícil conseguir los dos tercios para avanzar a la segunda instancia del juicio político, la conformación de la comisión sería muy oportuna para el oficialismo.
Desde allí se podrían seguir, el tiempo que sea posible, los avatares que se sucederán en la causa denominada la “Mesa Judicial de Vidal”, supuestamente creada “para perseguir, hostigar y encarcelar a dirigentes sindicales desde el aparato del Estado”, según las propias palabras de la presidenta de la bancada de senadores del FdT, María Teresa García, estableciendo así cierta analogía con otros trágicos momentos histórico de la Argentina.
Así es que el oficialismo avanza sin mayores resistencias en una clara dirección, asociar la causa de la “Mesa Judicial” de la que habría participado el senador oficialista Juan Pablo Allan con el supuestamente aludido allí, el procurador Julio Conte Grand.
La carambola tensiona al Senado, donde las bancadas del oficialismo y la oposición se dividen el recinto en partes iguales y condiciona al extremo la situación del procurador.
El oficialismo se esmera en lograr consustanciar pruebas en las causas; sino lo logra al menos intentará gravar en la conciencia ciudadana la gravedad del caso denunciado, que es importante su esclarecimiento y que los responsables sean juzgados.
Pero primero lo primero: que en paralelo a las acciones judiciales haya acciones políticas que acompañen ese accionar que hasta ahora no están objetando, por el contrario.
Desde el FdT se adelantó que se va a “pelear” para que “no se saque la causa de la Justicia Federal bonaerense y específicamente de las manos del juez Ernesto Kreplak (que algunos lo confunden y llaman Nicolás).
Incluso se está especulando con alternativas a la Comisión Acusadora para igual avanza en la convocatoria a algunos de los aludidos en la lista de personas que brinden testimonio en aquella institución del Juicio Político. Se pretende convocar al juez Gabriel Vitale, a los sindicalistas Pablo y Hugo Moyano, al exministro Marcelo Villegas y el propio Allan, entre otros.
Podría ser la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que fue comandada en estos últimos años por la diputada oficialista Susana González, que formó parte del anuncio de la presentación de pedido de juicio político junto al jefe del bloque, César Valicenti, y el vicepresidente de la Cámara, Rubén Eslaiman.
El titular del gremio de canillitas y senador provincial del FdT recordó el allanamiento y la intervención sufrida en 2017.
Para el senador oficialista aquel allanamiento por parte de la Justicia fue “el comienzo del intento de disciplinamiento del movimiento sindical".
Omar Plaini, titular del gremio de Canillitas y senador provincial del Frente de Todos afirmó que el sindicato “fue víctima de la mesa judicial que hoy sale a la luz”.
El dirigente aseguró que durante el gobierno de Cambiemos “hubo una metodología y todo se aclara viendo el video en el que el ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas dice conformar una Gestapo".
En declaraciones a la radio pública de la provincia recordó el allanamiento y la intervención que sufrió el gremio durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
Lo definió como “un escándalo mayor” y aseguró que el proceso no se extendió más de 35 días porque se trató de “un mamarracho jurídico que no pudieron sostener”.
Plaini dijo que la reunión que fue grabada y cuyo video se conoció semanas atrás ocurrió el 15 de junio de 2017, mientras que la intervención se llevó adelante el 3 de julio de 2017 cuando arribaron al gremio 150 gendarmes y 10 carros de asalto.
En ese marco, el dirigente indicó que “ese hecho fue el comienzo de un intento de disciplinamiento del movimiento sindical argentino porque era una causa que ya había prescripto y ellos cambiaron la carátula, fuimos intervenidos y despojados del sindicato pero no pudieron sostenerlo y salimos libre de culpa y cargo”.
“Macri y Vidal fueron los responsables de esto”, denunció.
En tanto, reflexionó sobre el término utilizado por el ex ministro Gabriel Villegas, y consideró que "la humanidad sabe que la Gestapo fue el brazo ejecutor del nazismo, donde hubo un genocidio de más de once millones de seres humanos, hablamos de holocausto, del horror, de la brutalidad inhumana, de lo despiadado y de lo atroz. No se puede aceptar y quienes estuvieron en la reunión deben dar explicaciones”.
Por su parte, indicó que el procesado subcomisario Casassa reconoció en una causa que “había un armado judicial, de la que participaba la ex gobernadora María Eugenia Vidal y esto es una atrocidad". Por ello, se pregunta "qué hacían en esta reunión en el Banco Provincia los agentes y funcionarios de la AFI. Nadie lo puede explicar".
Plaini cuestionó el rol de la Justicia porque "actúan como no deben hacerlo” y enfatizó que el Procurador bonaerense “Julio Conte Grand es el hombre más denunciado del país, mientras que hace unos días lo vimos comiendo con el ex presidente Mauricio Macri".
El legislador recordó que en el marco del armado de causas “se cableaban los penales, lo que hemos vivido es tremendo y ahí hay una cabeza que es el Procurador y esto no puede quedar impune”.
Para Plaini “lo único que puede avanzar con todo esto es la movilización popular porque aquí había un plan sistemático para terminar con los sindicatos. Para ellos, el mejor sindicato es el que no existe. Y mientras tengamos sindicatos fuertes no van a poder con el movimiento".
Finalmente, expresó tener "desconfianza en la Justicia. Hoy debemos resolver temas como la deuda externa, rol de la Justicia, reforma judicial y hay que empezar a discutir la Constitución nacional".
Así se expresó la presidenta del bloque de senadores del FdT María Teresa García que además fustigó a la exmandataria provincial María Eugenia Vidal.
La voz cantante del bloque oficialista en la Cámara alta bonaerense consideró que la exgobernadora María Eugenia Vidal “se la pasó diciendo que venía a terminar con las mafias, que era 'la leona' y actuaba como lo más transparente del mundo. Pero nada de esto era cierto”.
La senadora se refirió a la investigación por el supuesto funcionamiento de una "mesa judicial" bonaerense durante la gestión de Vidal y cuestionó que haya definido al encuentro que mantuvieron en junio de 2017 funcionarios de su gestión, agentes de la AFI y empresarios de la construcción en la sede porteña del Banco Provincia como "una reunión de trabajo".
Además, para la senadora bonaerense y ex integrante del gabinete de Axel Kicillof advirtió sobre la justificación que hizo Vidal de “su ministro (de Trabajo, Marcelo Villegas). Hacerse la brava en televisión, no la va a eximir de las explicaciones que tiene que dar en la Justicia".
"Eso no puede ser una reunión de trabajo. Allí, sus ministros y funcionarios definieron una estrategia para extorsionar y armar causas a cualquiera. No importa si eran dirigentes sindicales o políticos. (el expresidente Mauricio) Macri uso la misma metodología con algo tan doloroso como fueron los familiares de los tripulantes del ARA San Juan", recordó.
El registro audiovisual que registró ese encuentro fue hallado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y su actual interventora, Cristina Caamaño, decidió presentar una denuncia ante la Justicia Federal de La Plata.
Para García, aunque la reunión se celebró en la sede porteña del Banco Provincia, se trata de un hecho que ocurrió "en territorio bonaerense con actores del distrito e intencionalidad en el territorio de esa jurisdicción".
"No hay ninguna discusión sobre el tema de la territorialidad. Hay que insistir con hacer público este tema para que se comprenda, para que nadie diga después que 'estas cosas' no le interesan a la gente", observó.
García reclamó además dilucidar la vinculación con estos hechos que tuvo el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, que supuestamente es mencionado durante el trascurso de la reunión.
"La administración de la Justicia está afectada en cuanto está involucrado el procurador de la Provincia en estos hechos. El objetivo era desarmar la posibilidad que los dirigentes sindicales cumplieran con su rol. No querían que representaran a sus afiliados. Necesitaban un mundo del trabajo precarizado para poder llevar adelante el modelo económico que tenían", apuntó.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados analiza, por estas horas, avanzar en el juicio político al Procurador General de la Corte Julio Conte Grand a partir de una presentación realizada por el bloque del FdT.
