El comisario Hernán Cassasa confirmó este jueves ante una subcomisión de la Bicameral de Inteligencia del Congreso ser el autor de audios en los que revela el accionar de una mesa judicial durante el gobierno anterior, y detalla a los exfuncionarios que la integraban con el objetivo de perjudicar a dirigentes sindicales.

Cassasa, actual comisario de la Policía Bonaerense y subcomisario en el 2017, ratificó sus dichos al declarar ante los diputados oficialistas Leopoldo Moreau -presidente de la comisión-, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el diputado radical Miguel Bazze.

En declaraciones a la agencia Télam, Tailhade contó que Cassasa “ratificó que es el autor de esos audios, su contenido y aportó una serie de elementos que necesitamos profundizar”.

“Fue una buena declaración. Ratificó lo que dicen los audios que son de conocimiento público de la mesa judicial”, subrayó el legislador K.

Asimismo, señaló que el policía detalló elementos sobre el funcionamiento de esa mesa judicial, similares a los que ya se habían obtenido en la bicameral producto de las investigaciones, y que está dispuesto a aportar más información.

En los audios, Cassasa afirmaba que “la mesa judicial que tenían” en la provincia de Buenos Aires estaba integrada por a exgobernadora y hoy diputada María Eugenia Vidal, el exjefe de Gabinete Federico Salvai, el exministro de Seguridad y actual diputado Cristian Ritondo y el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien fue citado para el próximo martes 18 de enero a la subcomisión.

Además, la decisión de convocar a Conte Grand está vinculada con la difusión del vídeo en el que exfuncionarios de Vidal, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios de la construcción conversan sobre denuncias a realizar contra dirigentes sindicalistas.

En el audio se menciona la colaboración que tendrían aseguradas por parte de una fiscal y de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro con Cassasa fue el único que pudo concretarse esta semana, ya que estaban previstas dos reuniones con empresarios. La del martes no ocurrió porque uno de ellos argumentó tener Covid y dos se encuentran fuera del país. En tanto, la del miércoles, que iba a ser con Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO) y Ricardo José Alconada, presidente de OCSA, tampoco se realizó, porque ambos alegaron que ante la imputación en su contra comparecerán primero en la Justicia y luego ante la subcomisión.

La próxima semana también se recibirán a los representantes de las distribuidoras de equipamiento Axis, cuya firma aparece en la marca de agua de la grabación de la reunión en instalaciones del Banco Provincia, pieza audiovisual que motivó la denuncia por parte de la AFI.

La diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro) volvió a referirse a la causa iniciada a raíz del vídeo en el que exfuncionarios de su gobierno, junto a exagentes de la AFI y empresarios, aparecen conversando sobre denuncias contra sindicalistas, y aseguró que “hay una intencionalidad política” detrás.

Entrevistada en el canal TN, la exgobernadora bonaerense consideró que existe “un modus operandi”. “Yo no me voy a esconder. Voy dar todas las explicaciones que la Justicia me pida. No tengo nada que ocultar”, afirmó.

Asimismo, rechazó el uso del término “Gestapo” por parte de su exministro de Trabajo, Marcelo Villegas. “Solo la comunidad judía sabe lo que significa la Gestapo y no debería banalizarse de esa manera”, indicó.

La legisladora de Juntos por el Cambio apuntó que la reunión “fue ilegalmente filmada” y “si ese vídeo lo grabó la AFI era ilegal porque no tenía orden judicial o por lo menos hasta ahora no la presentó, con lo cual alguien grabó ilegalmente ese vídeo y ese vídeo no constituye prueba porque es ilegal y no tenía orden judicial”.

“Lo que el vídeo muestra, editado, es una reunión de funcionarios con empresarios asistiéndolos en un problema en el que era víctimas. Nada de lo que sucedió en esa reunión se tradujo después en una causa judicial o denuncia contra (Juan Pablo) “Pata” Medina”, continuó.

Sobre el extitular de la UOCRA, la macrista señaló que “hizo toda una carrera delictiva extorsionando, amenazando, intimidando a las empresas” constructoras de La Plata, y precisó que “los empresarios pedían por favor que los ayudáramos porque se sentían víctimas de este sistema extorsivo”.

“Cuando el juez ordena su detención se atrinchera en su despacho y dice ‘voy a quemar la provincia de Buenos Aires’. Ese es el ‘Pata’ Medina. Con esta descripción no se necesitaba que nadie, ni el gobierno, le armara ninguna causa”, resaltó.

Vidal dijo que en esta causa hay “intencionalidad política. Aquí está claro que para los kirchneristas los delincuentes son víctimas. El ‘Pata’ Medina es una víctima, y lo vimos atrincherado diciendo que quería quemar la provincia; Milagro Sala es una víctima y vimos como amenazaba y apretaba a los jujeños y se quedaba con su dinero y retiraba la plata del banco en efectivo; (Lázaro) Báez es una víctima con cientos de propiedades sin poder justificar; y (José) López es una víctima que revoleaba bolsos con millones de dólares”.

“¿Todos son víctimas de una persecución de nuestro gobierno?”, se preguntó, y añadió: “No inventemos víctimas donde hay delincuentes, y no inventemos persecución judicial o política donde no lo hubo. Lo que hubo fue delito. Estoy dispuesta a dar las explicaciones en todos los lugares que sean necesarios. Lo que no estoy dispuesta es convertir a los victimarios en víctimas”.

Sobre la causa, la diputada destacó que “los funcionarios se pusieron a derecho” y afirmó que irá “a la Justicia todas las veces que sea necesario”.

“Ahora lo que no puede pasar es que en este país se investigue a los funcionarios que asistían a empresarios que eran víctimas del ‘Pata’ Medina y que el ‘Pata’ Medina diga que es una víctima”, completó.

El bloque de diputados provinciales del FdT brindarán una conferencia de prensa a las 17 horas en el auditorio del anexo de la Cámara baja bonaerense para denunciar la mesa judicial de Cambiemos que investiga la Justicia Federal a partir de una presentación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Los diputados del oficialismo que comanda el diputado Cesar Valicente pedirá, además, como ya lo han hechos algunos de ellos en forma particular, el apartamiento del procurador bonaerense, Julio Conte Grand.

Según dejaron trascender, los diputados del FdT tienen pensado presentar un proyecto dirigido a Conte Grand, a quien el Gobierno bonaerense le viene reclamando la renuncia desde el comienzo de la gestión del gobernador Axel Kicillof por su cercanía con la anterior titular del Poder Ejecutivo, María Eugenia Vidal, que lo designó en el cargo siguiendo los procedimientos constitucionales establecidos.

No obstante, el pedido de remoción del Procurador bonaerense por parte del oficialismo se reactivó después de la foto del almuerzo de Conte Grand con el ex presidente Mauricio Macri y luego de darse a conocer la grabación de la reunión de funcionarios, intendentes, legisladores y empresarios en una oficina del banco de la provincia de Buenos Aires en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que ahora investiga la Justicia federal.

Así como la actual presidenta de la bancada de senadores del FdT María Teresa García fue de las primeras voces en reclamar la renuncia de Conte Grand, en la Cámara baja quien eleva la voz para hacer el mismo pedido desde hace tiempo es la diputada Susana González, que formará parte de la conferencia.

De hecho, ni bien se conoció el video que presentó la AFI ante la Justicia federal, fechado en junio de 2017, la diputada provincial Susana González presentó un proyecto de declaración repudiando las nefastas acciones ilegales en las que involucró a funcionarios del Poder judicial y al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, defendió el proyecto que reforma la Ley del Ministerio Público asegurando que no se trata de “una ley que tenga nombre propio”, sino que tiene que ver con el funcionamiento de ese organismo.

“Hace unos días obtuvimos el dictamen de la Comisión de Justicia y de Asuntos Institucionales y que contempla muchos de los acuerdos y consensos que logramos conseguir. Ahora lo que estamos buscando es que el Congreso apruebe el proyecto”, expresó el funcionario.

En diálogo con Radio 10, Soria cargó la oposición señalando que “los que ahora dicen que quieren votar a (Daniel) Rafecas son los que el año pasado bloquearon su pliego. Y son los mismos que ahora critican esta reforma y que antes habían presentado un proyecto similar”.

“Esta ley es necesaria más allá de quién sea el próximo procurador. Necesitamos un procurador con un límite en su mandato, necesitamos cambiar las mayorías. No nos puede volver a pasar lo mismo con un interinato que tanto daño le ha hecho al Ministerio Público Fiscal”. Aclaró además que “no es una ley que tenga nombre propio, es una ley que tiene que ver con el funcionamiento del Ministerio”.

En ese sentido apuntó que “se mezclan muchas cosas. Es una posibilidad que haya una cláusula que determine que se empiece a aplicar después del siguiente procurador, es una posibilidad, pero yo no creo que esta reforma esté trabada por un nombre”.

Tras apuntar que “nunca ha quedado tan expuesto como ahora la falta de imparcialidad de algunos jueces”, Soria afirmó que “en el 2017 (el ministro de Justiciai Germán) Garavano propuso una reforma que era prácticamente idéntica a la que estamos proponiendo nosotros y no sé qué pasó ahora que se oponen. Creo que tiene que ver con mantener la impunidad de esa mesa judicial macrista”.

Soria cree que “cortaron camino con la creación de la mesa judicial y lo que pretenden es que el Ministerio Público Fiscal siga paralizado institucionalmente con interino que sienten como propio y que fue funcional a esa mesa judicial. (El procurador Eduardo) Casal llevó a cabo todo tipo de maniobras para encubrir las acciones de Macri y sus funcionarios. Está claro que él fue parte de esa Mesa Judicial, junto a Macri, sus funcionarios y algunos medios de comunicación”.

Consultado sobre el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia impulsada desde sectores kirchneristas, el ministro de Justicia señaló que “todos los pedidos de juicio político tendrán que estar bien fundamentados. A mí no me preocupa solo el fallo que sacaron de las clases, sobre el que tengo mi opinión, me preocupa mucho más que haya miembros de la Corte que todavía no expliquen qué hacían hablando con un prófugo de la justicia”.

“Es un proyecto que lleva mucho tiempo en discusión y que es similar al que se aplica en muchas provincias. Alterar la forma de elección de un procurador no creo que sea darle una herramienta a un eventual gobierno (opositor), todo lo contrario”, puntualizó el ministro.

A través de una durísima carta pública, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, reaccionó ante la noticia del pedido de asilo político de Fabián Rodríguez Simón en Uruguay, y particularmente ante su aparición el lunes por la noche en un programa de televisión, explicando las razones de su decisión.

Cristina Kirchner sindica a Rodríguez Simón como “integrante de la ya célebre y mediática Mesa Judicial macrista -la misma que decidía procesamientos y encarcelamientos- y se mostró indignada porque quien es además diputado del Parlasur se manifestara “perseguido”.

Tras comparar a quien definió como “apretador serial de jueces y empresarios” con sí mismo, citada a prestar 8 declaraciones indagatorias en un mismo día -el cumpleaños de su esposo Néstor Kirchner-; su hija Florencia citada a indagatoria durante 2018 y su hijo Máximo, allanado en su oficina de Río Gallegos y citado a indagatoria en tres oportunidades, planteó el caso de “Pepín” Rodríguez Simón “pidiendo asilo político en Uruguay solo porque lo  llamaron a prestar declaración indagatoria”.

Razón por la cual dijo haber sentido “estupor indignación”, y no solo eso, sino también “la íntima convicción de que finalmente, más tarde o más temprano, las máscaras caen y aparece el verdadero rostro del macrismo: mentira, cinismo y la verdadera impunidad en Argentina, la de ellos”.

En otro pasaje de su extensa nota, Cristina Fernández de Kirchner planteó que “a partir del año 2016, durante el gobierno macrista, se desató en la República Argentina una inédita persecución judicial en tiempos de democracia, con ribetes de cacería en algunos casos. Cientos de ex funcionarios y funcionarias de nuestros gobiernos fueron citados a prestar declaración indagatoria, decenas fueron procesados y otros encarcelados ‘preventivamente’. De ésta manera, la institución de la prisión preventiva, conceptualmente prevista para evitar la fuga del acusado, se utilizaba para encarcelar opositores”.

Agregó que “nunca -y cuando digo nunca, es nunca- ninguno de los dirigentes perseguidos, procesados o encarcelados injustamente hizo el más mínimo gesto de sustraerse a la acción, en muchos casos hasta ilegal, de ese Poder Judicial”.

Sin embargo, enfatizó la vicepresidenta, “es un lugar muy común en los medios hegemónicos de comunicación y de la oposición macrista, repetir una y otra vez la misma cantinela: que el kirchnerismo ‘busca impunidad’”.

En sus primeras declaraciones luego de ser confirmado como el nuevo ministro de Justicia, el diputado rionegrino Martín Soria aseguró que entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial “tiene que haber una relación institucional, transparente, de ida y vuelta”.

“Uno de nuestros principales objetivos es terminar con el lawfare y la mesa judicial. Pero la relación tiene que ser totalmente institucional, no entre cuatro paredes, de espalda y escondidos de la sociedad”, sostuvo este martes.

El legislador, a quien la Cámara baja tendrá que aceptarle la renuncia en la primera sesión que se realice, subrayó que “es un desafío enorme transformar el desastre que hicieron con el Poder Judicial” durante el gobierno de Cambiemos y enfatizó: “Conmigo no van a contar para hacer eso, para recibir a escondidas jueces y fiscales”.

Sobre la postura de la oposición, que considera que su llegada a la cartera de Justicia tiene que ver con las causas judiciales que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Soria respondió: “El caballito de batalla de siempre es decir ‘que van por la impunidad’. Acá no hay ningún cambio de causas ni fiscales. En ninguno de los proyectos que se presentaron (en el Congreso) hasta ahora, no existe la más mínima posibilidad de cambiar los jueces. Además, conociendo a la vicepresidenta es lo que menos querría, esta es la verdad”.

“Ella quiere como cualquier ciudadano que no tuvo nada que ver o que es inocente, y que la acusaron mediática, judicial y políticamente, porque eso es el lawfare, que sea la misma Justicia que la libere de culpa y cargo, que es lo que corresponde cuando uno no hizo nada”, expresó.

Y agregó que “diferente es cuando te condenan desde lo medios, te arman una causa, reciben a jueces y fiscales en un despacho del presidente y avanzan. Eso fue la mesa judicial y lo que pasó en Argentina. Por eso la decisión férrea de nuestro Gobierno en avanzar en estos cambios. Por eso la oposición desmesurada, perversa, que no quiere siquiera debatir los proyectos”.

Entrevistado en Radio 10, el exintendente de General Roca consideró que hay que “revertir esta situación de tener un procurador interino (Eduardo Casal) que nadie eligió y que está atornillado a ese sillón”. “Tenemos una oposición que parece no estar dispuesta a dar el debate sobre los cambios urgentes que el Poder Judicial necesita”, dijo, respecto al rechazo de Juntos por el Cambio a tratar las leyes de reforma judicial y de reforma del Ministerio Público.

Sobre sus denuncias por la “mesa judicial M”, el diputado indicó que “no todos los jueces, no todos los fiscales se prestaron a ese juego perverso de sentarse a escondidas en el despacho del presidente Macri, por eso no hay que generalizar”. Sin embargo, algunos “se zafaron, se pasaron de la raya y se olvidaron del rol fundamental del servicio de justicia”, siguió.

El rionegrino rechazó entonces “barbaridades” que se dicen sobre, por ejemplo, “una cacería de brujas, y que vamos a ir por los pasillos persiguiendo a los jueces y fiscales”. “Eso es lo que hicieron ellos, apretar jueces”, apuntó y sumó: “Nosotros no vamos a responder con los mismos artilugios que usó el macrismo”.

Soria recordó que trabajó durante “muchos años” en Comodoro Py, donde tiene “conocidos, amigos”. Y, consultado sobre si cree que le “tienen miedo” en los tribunales de Retiro, contestó: “Anhelo que me tengan el respeto que merecen todos los ciudadanos. Si hay alguna irregularidad, tengo la obligación de mostrarlo y denunciarlo”.

A raíz de las revelaciones que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, realizó en una entrevista concedida al diario Clarín, diputados del Frente de Todos solicitaron que se la llame a prestar declaración testimonial en la investigación de la supuesta asociación ilícita liderada por el expresidente Mauricio Macri, en el marco de la causa judicial conocida como “mesa judical M”.

“El 15 de noviembre pasado Clarín publicó una extensa entrevista en la que Carrió dio cuenta de la existencia de una mesa judicial, la participación en ella de José Torello (exjefe de asesores presidencial) y la existencia de ‘acuerdos’ entre esa mesa y algunos jueces”, señalaron los legisladores oficialistas Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés.

Los diputados explicaron que, puntualmente, “Carrió recordó que en la previa del juicio político a Daniel Rafecas que impulsaba el macrismo ‘por lo del Pacto con Irán’, exigió a ‘un representante de Macri en esa famosa mesa judicial’ que ‘primero me sacan a los coimeros de Comodoro Py'”.

“Al ser consultada por su interlocutor en aquella exigencia, la líder de la Coalición Cívica nombró ‘a Torello. Dije: si no sacan los coimeros y acuerdan con coimeros, cómo lo van a sacar a Rafecas sólo por un solo fallo. Estoy hablando de la verdad histórica'”, apuntaron sobre las declaraciones de la exdiputada y socia de Cambiemos.

En las manifestaciones de Carrió, “es posible identificar la injerencia indebida de la mesa judicial sobre los procesos de remoción de magistrados, que excedía ampliamente las funciones de quienes integraban esa organización, pues queda claro que se entrometían en decisiones propias de otros poderes”, expone la ampliación de denuncia presentada ante el fiscal Franco Picardi.

Según la presentación de los legisladores, “ese avance o freno a los procesos de remoción de magistrados que manifiesta la señora Carrió, no respondía a criterios constitucionales sino a ‘acuerdos’ que, obviamente, exceden el marco de legalidad que determina el sostenimiento o no en el cargo de un magistrado”.

Este tipo de señalamientos de Carrió, “no son aislados ni novedosos, pese a ser los más explícitos que ha brindado hasta este momento”, afirman los diputados en la denuncia, al tiempo que recuerdan que “con anterioridad había señalado la injerencia del Poder Ejecutivo macrista sobre las decisiones del Poder Judicial”.

Entre las medidas de pruebas solicitadas por los diputados, figura un pedido de exhorto a la Cámara de Diputados para que remita copia del proyecto de pedido de juicio político que Carrió impulsó al entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, por mal desempeño en sus funciones.

Los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Martín Soria presentaron este miércoles una ampliación de las denuncias penales radicadas a principios de mayo por la existencia de una supuesta “mesa judicial” que actuó durante el gobierno de Mauricio Macri.

En esta oportunidad, los legisladores sostuvieron que la exministra de Seguridad Patricia Bullrich fue el “brazo ejecutor” de esa asociación ilícita, a través de la “persecución” a sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, y el petrolero Guillermo Pereyra.

La denuncia original fue motivada por las declaraciones de Ana María Figueroa, jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, quien reveló que recibió presiones en el marco de en la causa del memorándum de entendimiento con Irán.

Tailhade solicitó luego que “se investiguen las distintas acciones de presión, intimidación, amedrentamiento y abuso sufridas por numerosos miembros y organismos del sistema judicial argentino”.

Según el legislador, existió “un plan sistemático de cooptación del Poder Judicial de la Nación diseñado y ejecutado desde las máximas jerarquías institucionales del país, y que configuran diversos delitos”, como los de amenazas, coacción, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios público, entre otros.

Tailhade recordó que además de Figueroa, los jueces Delfina Forns y Luis Raffaghelli “en sus declaraciones públicas reconocieron la existencia de la mesa judicial y de las presiones sufridas durante el gobierno de Macri”.

El oficialista sostiene que esa “mesa judicial” era conducida por José Torello, jefe de asesores de Macri, junto a Germán Garavano, exministro de Justicia; Pablo Clusellas, exsecretario de Legal y Técnica; Fabián Rodríguez Simón, asesor y abogado de Macri; Juan Bautista Mahiques exconsejero de la Magistratura; Bernardo Saravia Frías, procurador general del Tesoro del anterior gobierno; Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia; y Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors.

Sin embargo, en la ampliación presentada este miércoles, Tailhade, Valdés y Soria sumaron a este listado a Bullrich y solicitaron nuevas medidas de prueba para constatar que la exministra y actual presidenta del Pro fue “parte central” de la “asociación ilícita”, que tenía entre sus objetivos la “persecución” y “disciplinamiento” de sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, el petrolero Pereyra y el líder de los lecheros, Héctor Ponce.

La ampliación de la denuncia

El diputado nacional Martín Soria (Frente de Todos) se refirió este viernes a la ampliación de la denuncia contra supuestos “aprietes” a jueces y fiscales por parte de la mesa judicial durante el gobierno de Mauricio Macri.

El rionegrino precisó que, junto a sus pares Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, presentaron ante la Justicia “los testimonios públicos del excamarista de Comodoro Py, Sala I, Eduardo Farah” quien “declaró en la Comisión de Acuerdos del Senado y de alguna manera contó como Mauricio Macri y algunos de sus funcionarios lo presionaron, desde lo mediático y lo judicial, por su intervención en una causa que le importaba a la mesa judicial como era OIL Combustibles”.

El legislador recordó que tras el fallo de Farah a favor del empresario Cristóbal López, “el propio Mauricio Macri salió por todos lados a decir que eso no era lo que habían acordado”. “Farah tuvo que renunciar, esconderse, recluirse en otro juzgado federal, es decir, lo corrieron del mapa de la justicia argentina porque no les gustaban sus fallos”, expresó en declaraciones a Radio 10.

Además, Soria dijo que aportaron “pruebas sobre los vínculos que existirían, nada más y nada menos que entre un miembro de la Corte Suprema, el doctor Carlos Rosenkrantz (actualmente presidente del máximo tribunal), y el amigo de toda la vida, el abogado de la familia Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón”.

“Existirían numerosos contactos telefónicos en fechas claves, fechas anteriores a algunos fallos que le interesaban al propio Macri y su gobierno”, denunció y aseguró que se habrían registrado unos “10 contactos telefónicos por día” en la época de movimiento de la causa OIL Combustibles.

El oficialista resaltó que se está “pidiendo que se investiguen telefonazos” y defendió que no se trata solamente de una denuncia de diputados, sino que contiene “testimonios de funcionarios judiciales”.

“Casualmente, gracias a la intervención del camarista (Martín) Irurzun, el mismo que le sacaron la foto con Rodríguez Simón, fue delegada en la jueza (María Eugenia) Capuchetti, que asumió el año pasado”, agregó.

Siguen dando que hablar las declaraciones de la camarista Ana María Figueroa, que en un reportaje reciente dijo haber recibido “presiones” de parte de un exalto funcionario del Ministerio de Justicia de la gestión de Cambiemos. Ya se sabía desde que la propia Cristina Fernández de Kirchner se hizo eco de esos dichos ese tema sería explotado fuertemente  por el kirchnerismo y así fue.

Asi es que un grupo de legisladores nacionales del kirchnerismo presentó esta semana una denuncia pidiendo que se investigue a funcionarios judiciales del macrismo por el cargo de “asociación ilícita agravada” y “tráfico de influencias”, precisamente a partir de los dichos de la jueza Figueroa en AM750, hace tres sábados.

Firman la denuncia los senadores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Matías Rodríguez, Martín Doñate, María de los Ángeles Sacnun, Jorge Taiana, Guillermo Snopek, María Teresa González, Ana Claudia Almirón y Mariano Recalde; y los diputados José Luis Gioja, Josefina Gónzalez, Martín Soria, Marisa Uceda, Nicolás Rodríguez Saá, María Graciela Parola, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

Los exfuncionarios señalados como “responsables de los hechos” a investigar son el propio Mauricio Macri, su jefe de asesores José Torelo; el exministro de Justicia Germán Garavano; el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el exconsejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo Juan Bautista Mahiques; el anterior Procurador General del Tesoro Bernardo Saravia Frias; el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el expresidente de Boca Daniel Angelici.

La denuncia pide investigar las “presiones e interferencias” supuestamente hechas para “direccionar investigaciones en trámite ante el Poder Judicial por miembros y sectores afines al gobierno presidido por Mauricio Macri”.

“Los hechos relatados han puesto en crisis los principios básicos que hacen al Estado de Derecho”, señala el escrito donde se advierte que de comprobarse los mismos habría existido los delitos de asociación ilícita, asociación ilícita agravada, amenazas coactivas agravadas, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

En el escrito se pide proceder a librar oficios a todas las empresas telefónicas que operan en la Argentina, a los efectos de informar “los abonados utilizados entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019 por (el fiscal general de la Ciudad) Juan Bautista Mahiques”, uno de los apuntados por ejercer las supuestas presiones a los jueces.

Reclaman que se realicen pesquisas sobre “los registros fílmicos, las imágenes, los libros de ingreso y egreso y cualquier otra constancia que permita establecer si entre el 10 de diciembre de 2015 y el de diciembre de 2019, magistrados que integran el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, visitaron la residencia de Olivos; la Casa Rosada; la sede de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); y la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.

La denuncia original recayó en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado y agregaron dichos de la jueza de San Martín Martina Forns, quien en declaraciones periodísticas habló de “numerosos operadores” dentro del Ministerio de Justicia y dio por sentado la existencia de una “mesa judicial del macrismo”. También pidieron sumar la declaración del expresidente  provisional del Senado Federico Pinedo, quien reconoció la existencia de “muchos casos donde la administración le dice a los jueces no haga tal cosa y después el juez hace lo que quiere”.