Gran polémica ha generado el decreto presidencial que impuso un cupo para el reingreso al territorio nacional de los argentinos y residentes que se encuentren en el exterior, adoptada por medio del artículo 1°, inciso 2°, primer párrafo, de la Decisión Administrativa 643/21.

Ante ello, los diputados nacionales Alfredo Cornejo, Luis Petri y Jimena Latorre presentaron un proyecto para citar a María Florencia Carignano, directora de Migraciones, con el objeto de brindar explicaciones e información acerca de las consecuencias, los motivos y la implementación de la medida.

En ese sentido, Cornejo afirmó: “Pedimos que la funcionaria explique al Congreso esta nueva medida que, lejos de ofrecer alguna solución real, deja en evidencia la desastrosa e improvisada gestión de la pandemia que desde hace más de un año lleva adelante el Gobierno. Se implementan medidas ineficientes para intentar ocultar su propia ineficiencia. Al inicio de la pandemia quisieron estigmatizar a los que viajaban al exterior, ahora vuelven con la misma receta, no hay que poner cupo al ingreso de argentinos, hay que poner funcionarios capaces de tener alguna idea nueva”.

Por su parte, Petri explicó: “El Gobierno impuso un cepo al ingreso al país por ineptitud para controlar y vacunar. La Argentina de la prohibición y la Constitución cancelada por un Gobierno incompetente, un país varado en el tiempo por falta de vacunas. Es paradójico que el mismo gobierno que se desinteresó de los testeos en Ezeiza y lo dejó en manos de dos monotributistas, ahora inventa un cupo de ingreso de 600 personas en lugar de vacunar y testear”. Además, aseguró que “es fundamental que la Directora de Migraciones explique ¿Qué diferencia existe en permitir el ingreso de 2000 pasajeros diarios a 600, si el control es ineficiente y el ritmo de vacunación sigue siendo bajo?”.

En la misma línea, Latorre indicó que “Carignano, lejos de brindar certezas y seguridad a los viajeros, se ha dedicado a rivalizar a los argentinos utilizando incluso información sensible a la que tiene acceso por su función para crear un nuevo culpable de la ineficiencia del gobierno en la vacunación: ‘los argentinos que salieron de turismo’. Lo que debería explicar es si existe proporcionalidad entre el daño que causan y la certeza del daño que evitan y coordinación con la cartera de salud, que le permita afirmar que en diez días el avance de la inmunización va a ser significativo o si esto es un parche más a la improvisada gestión de la pandemia del Gobierno nacional”.

También el proyecto hace hincapié en ello y describe: “Esta incertidumbre y falta de planificación con la que actúa el gobierno trae problemas gravísimos aparejados, como el que ha sido de público conocimiento el día 29 de junio, 5 personas se quedaron sin poder realizarse la cirugía de trasplante de córnea provenientes de USA, por los vuelos cancelados, no solo son estas personas que se quedaron aisladas y sin visión esperando ser trasplantadas, sino que el Dr. Roger Zaldivar manifestó “que hay un 42% de personas que necesitan ser trasplantadas y sus córneas provienen de Estados Unidos. Frente a esta situación agregó: “Con estas cancelaciones de viajes se hace inviable traer córneas del extranjero. La mayoría de las personas que necesitan esto es porque ya ven mal, lo necesitan, además del esfuerzo económico que se hace para comprarlas”. Ante esta situación y vulneración de derechos a las personas, cuál va a ser el accionar del Gobierno, cuáles son las medidas que se van a tomar, se necesitan respuestas, está en juego el derecho a la salud de muchos argentinos y argentinas”

“No se trata simplemente de afectar los derechos de un grupo determinado de personas. Se trata de insistir con un estilo de gobernar que destruye, una y otra vez, las expectativas y previsiones básicas de la vida en sociedad y, de ese modo, alimenta un ciclo de disrupción y desconfianza que liquida capital social y frustra oportunidades, en momentos en que la recuperación económica es más necesaria que nunca. Todos los funcionarios competentes deben rendir cuentas de ello”, concluye la iniciativa.

El senador nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) presentó un proyecto para modificar la Ley de Migraciones. En ese sentido explicó que “días atrás se dio una polémica por un decreto del presidente Alberto Fernández que anulaba otro del presidente Mauricio Macri, el cual establecía modificaciones a la ley de Migraciones relacionadas a las prohibición de ingreso y permanencia a personas que cometieron delitos. Ese decreto de la gestión anterior fue declarado inconstitucional en algunos aspectos por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, lo que motivó que se derogara y se restableciera la vigencia de la Ley de migraciones”.

“Frente a esto, decidimos presentar una propuesta para dar el debate en el Congreso de la Nación y subsanar así los inconvenientes jurídicos y legales. Entendemos que es necesario establecer claramente las restricciones que impidan el ingreso de personas al país con causas penales y a su vez, ser más estrictos en la residencia temporaria y en los criterios de expulsión”, señaló el senador radical.

Respecto de las causales de prohibición de ingreso y permanencia y cancelación de residencia, el mendocino aseguró que “nuestra propuesta es más restrictiva que la legislación vigente porque incluye cualquier delito que según las leyes argentinas merezca pena privativa de la libertad, ya sea que se trate de condena firme o no, o tener antecedentes. En la ley actual es sólo para delitos de más de 3 años de pena privativa de la libertad para prohibición de ingreso y 5 años para cancelación de la residencia. Además, introducimos delitos que actualmente no están individualizados como el tráfico de órganos y tejidos y delitos de corrupción”.

Por otra parte y en relación a la reducción de los plazos de validez de la autorización de residencia precaria, Cobos indicó que “se propone pasar de 180 a 90 días, y la misma no resulta residencia válida a los efectos del arraigo necesario para la obtención de la residencia permanente, o para la adquisición de la nacionalidad por naturalización” y en cuanto a la expulsión que “la ley actual lleva implícita la prohibición de reingreso por un mínimo de 5 años para cualquier delito, por lo que proponemos un mínimo de 8 años en caso de delitos dolosos y 5 para delitos culposos, entre otras modificaciones. Esperamos que sea analizado y discutido en el Congreso”.

El diputado nacional Ezequiel Fernández Langan, junto con otros diputados del bloque Pro, presentaron un proyecto de ley en los mismos  términos del decreto de Necesidad y Urgencia 70/17 derogado este viernes por el Poder Ejecutivo.

El proyecto, entre otras cosas, prohíbe el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y facilita la extradición de aquellos que comentan delitos en nuestro país. “Durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, se trabajó para terminar con los delitos y se logró acelerar los procesos de extradición de las personas que cometieron delitos”.

Sostienen los impulsores del proyecto que la derogación del decreto da marcha atrás en “una medida eficaz solo guiados por ideología partidaria”. Perjudicando de esta manera, agregan, “la seguridad de los argentinos”.

El proyecto, al igual que el Decreto 70/2017, busca  controlar los antecedentes penales de los extranjeros que quieren ingresar al territorio argentino. Además establece un procedimiento rápido y simple para acortar los tiempos necesarios para expulsar a un extranjero que haya delinquido en nuestro país, reduciéndolos de un promedio de 7 años a unos 6 meses, aproximadamente.l

El proyecto fue acompañado por los diputados Cristian Ritondo, Graciela Ocaña, Soher El Sukaria, Alicia Fregonese, Dina Rezinovsky, Martin Medina, Adriana Caceres, Alejandro Garcia, Julio Sahad, Jose Luis Patiño, Sofia Brambilla, Pablo Torello y Gisela Scaglia.

El diputado nacional Luis Petri (UCR) criticó al Gobierno nacional por la derogación del DNU 70/17 que, entre otras cosas, prohibía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales. “Este Gobierno dice que lucha contra la delincuencia. Abrirle las puertas a extranjeros con antecedentes penales no fomenta la patria grande sino la inseguridad”, señaló.

El mendocino aseguró que “no hay país en el mundo que permita el ingreso a su territorio de extranjeros con antecedentes penales que intenten eludir a la justicia de sus países de origen”. “Es gravísimo y demuestra que la política de seguridad de este Gobierno abandona a la sociedad y a las víctimas”, consideró.

En ese sentido, el radical cuestionó medidas como “liberación de presos, justificación de usurpaciones, puesta en vigencia de artículos que benefician a corruptos, narcos y condenados por trata de personas, y ahora apertura indiscriminada de fronteras permitiendo el ingreso de delincuentes. Una verdadera política de inseguridad”.

El legislador de Juntos por el Cambio anticipó que presentará un proyecto junto a su par Alfredo Cornejo -además presidente de la UCR-, para restablecer “el contenido del decreto derogado por el Gobierno, que prohíba el ingreso y permanencia de extranjeros que delinquen. El Congreso debe poner las cosas en su lugar ante el atropello a la seguridad de los argentinos”.

“Derogar el Decreto 70/17 pone un freno a los procesos de expulsión de los extranjeros que delinquen, garantizándoles su permanencia en el país, delinquiendo. Entre 2016 y 2019 hubo 3 mil expulsiones de personas con causas penales en sus países de origen o en el país”, remarcó Petri.

El Poder Ejecutivo derogó este viernes el DNU 70/17, del expresidente Mauricio Macri, por el cual se habían modificado varios artículos de la Ley de Migraciones (25.871) y que, entre los puntos principales, prohibía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales.

Mediante el DNU 138/21, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno dejó sin efecto los cambios que se habían impulsado hace cuatro años atrás y que generaron polémica durante su tratamiento en el Congreso.

Fue en el ámbito de la Bicameral de Trámite Legislativo, donde el otrora oficialismo (Cambiemos) dio por sentada la validez del decreto, que contó con el rechazo de la oposición de ese momento (Frente para la Victoria), además de organizaciones de derechos humanos e inmigrantes.

A través del nuevo decreto, el Poder Ejecutivo restituyó la norma anterior, al tiempo que estableció la creación, bajo la órbita de la Dirección General de Migraciones, de una Comisión Asesora de Política Migratoria “que tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones”.

Además, se facultó al Ministerio del Interior “a designar los o las integrantes de la Comisión Asesora de Política Migratoria”, quienes “desarrollarán sus funciones con carácter ‘ad honorem'”.

En los argumentos del DNU, el Gobierno señaló que “se observan diversos aspectos de fondo en dicho decreto (70/17) que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar: la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias. Todo ello, sin evidenciar mejoras ponderables en otros aspectos”.

Además, se agregó que desde la entrada en vigencia del DNU aplicado por la gestión anterior, “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un pedido de informes para que el Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Ciberseguridad dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, brinde información sobre diversas cuestiones relacionadas con el hackeo extorsivo del que fuera víctima la Dirección Nacional de Migraciones el pasado 27 de agosto, dejando al país aislado durante cuatro horas y obligando a cerrar pasos fronterizos terrestres, el aeropuerto de Ezeiza y la terminal portuaria de Buquebús.

El proyecto fue acompañado por los senadores Luis Naidenoff, Mario Fiad, Claudio Poggi, Laura Rodríguez Machado, Víctor Zimmermann, Pedro Braillard Poccard, Alfredo De Angeli, María Belén Tapia, Silvia Elías de Pérez, Pamela Verasay, Silvia del Rosario Giacoppo y Stella Maris Olalla.

El senador solicita que la Dirección Nacional de Ciberseguridad, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe las medidas preventivas que se tomaron antes del ataque a la Dirección Nacional de Migraciones; cómo asistieron y están asistiendo a esta dirección, qué métricas tienen de este tipo de intentos y cómo piensan hacerlas públicas; qué planes piensan llevar adelante para que este tipo de ataques no sucedan y cuáles son las hipótesis que maneja el gobierno sobre este ciberataque en particular.

“Este hecho es un ejemplo de la vulnerabilidad que tiene el estado frente a organizaciones criminales como ésta; vulnerabilidad que debe ser superada mediante trabajos de contra inteligencia informática y blindaje de datos sensibles. Para ello, el gobierno anterior impulsó la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con presupuesto y capacidad técnica suficientes como para desarrollar planes de naturaleza preventiva”, explicó el senador por Tierra del Fuego.

Blanco concluyó: “Acuerdo completamente con la decisión del Gobierno de no dar el brazo a torcer frente a los extorsionadores pagando el rescate, pero ello no quita que llamemos la atención sobre lo sucedido: han robado, publicado y copiado datos sensibles lo que constituye un grave delito contra la seguridad pública. Deben tomarse medidas inmediatas para fortalecer la seguridad informática de los organismos del estado sin dilaciones”.

Los diputados nacionales de la UCR Lorena Matzen, Roxana Reyes y Gustavo Menna presentaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para que se aclaren los alcances de la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones mediante la cual se habilita el ingreso a la Argentina de personas residentes en Chile a través de los pasos Samoré (Neuquén), Huemules (Chubut) y Austral (Santa Cruz). 

“La Dirección Nacional de Migraciones debe emitir normas claras, sin lugar a libre interpretación, respecto al cruce y habilitación de los pasos fronterizos patagónicos”, reclamaron los legisladores patagónicos. 

En este marco, en el pedido de informes se solicita que “se especifique si se encuentra contemplado requerir la intervención de las autoridades sanitarias de las provincias respectivas, a los fines de adoptar las medidas de prevención de propagación del Covid 19”. 

Se menciona además en el proyecto de resolución, presentado este martes bajo el número de expediente 3062-D-2020, que “lo dispuesto por el organismo en la disposición 2437/2020 establece una autorización que será de carácter excepcional y regla el procedimiento de manera vaga, generando resquemor y alerta en los pobladores patagónicos de los pasos fronterizos, esto provocado de forma natural por el alto índice de contagios y presencia de Covid 19 en nuestro vecino país”.  

“Es necesario para llevar tranquilidad a la población aledaña de cada paso fronterizo, que se generen normas aclaratorias complementarias ya que vivimos tiempos excepcionales, en los cuales debemos cuidarnos entre todos”, señalaron. 

“Cada proceso y normativa debe ser lo más acabada posible a los fines de prevenir una enfermedad que no nos viene a buscar, sino que, como dice el presidente de la Nación, nosotros vamos a buscarla”, agregaron.  

La iniciativa fue acompañada también por los diputados Karina Banfi (Buenos Aires), Claudia Najul (Mendoza), Martín Berhongaray (La Pampa), Álvaro De Lamadrid (CABA), Lidia Ascarate (Tucumán), Josefina Mendoza (Buenos Aires), Estela Regidor (Corrientes), José Luis Riccardo (San Luis), Jorge Vara (Corrientes), Jorge Rizzotti (Jujuy), Gonzalo Del Cerro (Santa Fe), Gerardo Cipolini (Chaco).