Claudia Bernazza celebró este jueves el “el debate legislativo, que tuvo la inteligencia de presentar dos leyes, porque la ley de los mil días aporta el acompañamiento del Estado para las mujeres que si quieran procrear”.

En diálogo con Radio Provincia, Bernazza destacó que “la ley de los mil días marca la importancia de acompañar desde el Estado la llegada al mundo de un nuevo ser humano”.

Por otro lado, la diputada nacional del Frente de Todos señaló que “las leyes que transforman comportamientos sociales hay que militarlas, luego su implementación es un camino a transitar y acompañar. El perfil de estas leyes es de convivencia”.

Por último, Bernazza valoró al movimiento de que hizo posible la legalización del aborto: “Son un ejemplo porque su lucha en la calle luego se expresa en el Congreso. Nunca hay que desmovilizarse”.

En un escenario completamente distinto al de 2018, con unos pocos indefinidos y un fuerte lobby del Gobierno, el Senado votará este martes el proyecto de despenalización y legalización del aborto, que en principio cuenta con una leve ventaja “verde”.

La histórica sesión, que duraría unas 12 horas, comenzará a las 16 y también se tratará el denominado Programa de los Mil Días, que busca acompañar a mujeres embarazadas durante toda la gestación y en la primera infancia del hijo.

Tanto ese proyecto como el de aborto legal son dos apuestas fuertes del gobierno de Alberto Fernández, que en los últimos días reforzó las gestiones con senadores para garantizar la sanción de ambas leyes, sobre todo la segunda, un reclamo urgente del movimiento feminista.

Los preparativos para la jornada comenzaron este lunes con el montaje de un escenario de cara a la Plaza de los Dos Congresos, donde se congregarán militantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, organizaciones sociales y partidos de izquierda.

Puertas adentro también se puso en marcha un operativo para garantizar el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento, en un día donde también sesionará la Cámara de Diputados, desde las 11, con el proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

El protocolo de funcionamiento remoto del Senado solo autoriza la presencia de las autoridades en el recinto -la presidenta, Cristina Kirchner, los tres vices y los dos secretarios-, junto a dos representantes por cada bloque de la oposición.

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A diferencia de hace dos años, cuando el “no” al aborto legal se imponía desde la previa, en esta oportunidad los “verdes” llegan con expectativa y no se descarta que haya sorpresas en la votación, con al menos dos senadores que podrían cambiar su postura.

Según el cálculo de parlamentario.com, 34 senadores apoyan la legalización, incluyendo a la rionegrina Silvina García Larraburu, que había votado en contra en 2018 -fue la única “celeste” del bloque Unidad Ciudadana, que entonces integraba Cristina Kirchner- pero esta vez acompañará.

Otro rionegrino, Alberto Weretilneck, sorprendió al pedir una serie de cambios al texto en revisión pero, según supo este medio, también se encamina a votar favorablemente si el Gobierno garantiza que incluirá algunas de las propuestas en la reglamentación.

En ese sentido, no solo senadores “verdes” del Frente de Todos se pusieron en contacto con el exgobernador, sino también representantes de la propia Secretaría Legal y Técnica, que encabeza Vilma Ibarra, para comenzar a delinear la letra chica.

Los “celestes” son 33, pero bajarían a 32 si, como todos los pronósticos indican, el expresidente Carlos Menem se ausenta, ya que se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos desde el 15 de diciembre, en estado delicado.

Entre los cuatro senadores que no confirmaron públicamente su voto hay dos del Frente de Todos que podrían votar a favor en una señal de lealtad al Gobierno: el entrerriano Edgardo Kueider y el salteño Sergio “Oso” Leavy, que en 2018 rechazó el proyecto.

Las dos indefinidas restantes son la neuquina Lucila Crexell, que en la anterior votación se abstuvo y hasta ahora evitó hacer declaraciones; y la entrerriana Stella Maris Olalla, de la UCR, que también permanece en silencio.

Finalmente, el exgobernador tucumano José Aperovich se encuentra de licencia hasta el 31 de diciembre, luego de que el Senado aprobara la última prórroga a fines de agosto, debido a una causa judicial por presunto abuso sexual.

El proyecto busca legalizar el aborto de manera voluntaria hasta las catorce semanas de gestación, y luego de ese plazo se habilita la práctica en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud integral de la persona gestante.

La iniciativa autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo, y en caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente de inmediato.

El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Un día después de que obtuviera dictamen el proyecto de intervención voluntaria del embarazo, un plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta debatió este viernes el proyecto de ley que se tramita de manera paralela al anterior, el conocido como “de los mil días”.

La reunión, realizada a través de videoconferencia, contó con las presencias de Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social; y de Gabriela Bauer, directora de Salud Perinatal del Ministerio de Salud de la Nación. Al cabo de las exposiciones se realizó un breve debate de los miembros de las comisiones presididas por el radical Mario Fiad y el oficialista Carlos Caserio, disponiéndose a continuación circular el dictamen respecto del cual, más allá de las observaciones expresadas, todos estuvieron de acuerdo en suscribir.

En efecto, a diferencia de cuando este proyecto pasó por la Cámara baja, no asistió esta vez ningún ministro. Entonces habían concurrido la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta; y los funcionarios de Interior José Lepere y de Salud Gabriela Bauer.

La reunión arrancó con un planteo de la presidenta de Población y Desarrollo Humano del Senado, María Belén Tapia, que cuestionó que esa comisión no hubiese sido sumada al pleno, tras lo cual los oficialistas Inés Blás y -más tarde- Rubén Uñac reclamaron que iniciativas propias similares a este de los Mil Días elaborado por el Poder Ejecutivo fueran incorporadas al debate, para poner tenerlos a la vista durante la discusión del tema en el recinto. Promediando la reunión, esas inquietudes obtuvieron la anuencia de sus pares para tal fin. Lo mismo sucedió con un proyecto de Esteban Bullrich sobre salas de asistencia en hospitales.

A la hora de las exposiciones, Gabriel Lerner expresó que el proyecto puesto en debate está destinado a mujeres y personas gestantes, y niños y niñas de hasta 3 años de edad, precisando en 6,7 el porcentaje en Argentina de la población de niños de hasta 3 años, esto es casi 3 millones de niños y niñas; un 13% de las familias tienen al cuidado algún niño o niña de esa edad, pero en los hogares pobres ese porcentaje se eleva al 24,4%. Datos que grafican que “la incidencia de esta política en los hogares humildes es de mayor relevancia allí que en la media de la población”, expresó el funcionario.

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social señaló luego que la Tarjeta Alimentar tiene 1.600.000 titulares, siendo los niños destinatarios de ese beneficio un 47%, 940 mil niños y niñas que están recibiendo entonces una prestación alimentaria de parte de la cartera que conduce Daniel Arroyo. Datos que sirven para ubicar a qué población está destinado el Programa de los Mil Días, remarcó el funcionario.

A su turno, la directora de Salud Perinatal y Niñez de la cartera de Salud, Gabriela Bauer, destacó que “la riqueza de este proyecto es empezar a pensarnos en un conjunto del Estado armado y articulado”, y agregó que “todavía es mucho más lo que falta para llegar a esa justicia social en esta etapa de la vida”.

La funcionaria recordó que es en esos mil días donde se da la mayor velocidad de crecimiento que en otra etapa de la vida, por lo cual durante ese tiempo se establecen las bases para la autonomía de esas personas. Por eso el objetivo de generar efectos benéficos directos sobre la persona, pero también sobre las nuevas generaciones. “La inequidad en el acceso a la misma trae consecuencias irremediables y definitivas para muchos de los niños que atraviesan esas edades”, puntualizó Bauer.

A continuación precisó que “cuando uno observa las tasas de mortalidad, en el primer año de vida, tenemos el 8,8 por mil de los niños, y esta etapa recién se reproduce pasando los 60 años. Tenemos que en la Argentina en el último tiempo nacieron 685.394 niños, de los cuales alrededor del 9% son prematuros. La tasa de fecundidad va francamente en disminución en Argentina”.

Para terminar, la funcionaria habló de la necesidad de implementar políticas efectivas, no intervenciones aisladas sino integrales y gestionadas intersectorialmente. Esto es, distintos organismos hacia las mismas personas.

A la hora de las preguntas, el radical chaqueño Víctor Zimmerman preguntó por el costo presupuestario para implementar esta ley y sobre las transferencias de fondos a las provincias argentinas para llevarlo a cabo, como así también de dónde saldrían los recursos.

Gabriel Lerner admitió que mientras a Diputados habían concurrido funcionarios del Renaper, el Ministerio de las Mujeres y de la ANSeS, en el Senado esto no había sucedido, por lo que no contaba con tanta precisión en cuanto a datos que son “temas técnicos muy específicos”. Con todo, estimó que la inversión anual prevista es de 5 mil millones de  pesos anuales, y en cuanto a las transferencias a las provincias, dependerán de los acuerdos con las mismas. “No creo que el problema se limite a la transferencia de recursos”, aclaró Lerner.

Asimismo precisó que no hay posibilidades de que los recursos destinados a implementar esta ley sean una afectación directa del Estado nacional, y precisó que “no hay manera de brindar ese acceso a la salud sin acuerdo con las provincias”.

Concluidas las exposiciones y preguntas a los funcionarios, los senadores se abocaron a un rápido tratamiento del proyecto en el cual había más coincidencias que cuestionamientos. Con todo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, recordó que “esta ley viene de Diputados, fue aprobada casi unánimemente por casi 200 votos, se pidió a la Oficina de Presupuesto del Congreso que haga una estimación presupuestaria, pero no tenemos toda´via respuesta porque en realidad es compleja. Porque la ley habla de que la Nación deberá articular con las provincias, no habla de derechos”.

Recordó que la salud pública la llevan adelante las provincias y las mismas son autónomas. “Esta ley ni siquiera pide la adhesión de las provincias, es un marco general”, aclaró.

Con respecto a las preguntas efectuadas por el senador Zimmerman, Caserio aclaró que no podía haber mayores precisiones presupuestarias teniendo en cuenta que esta ley será aprobada después del Presupuesto. “Pero en función de las necesidades que se establezcan, van a tener las provincias ayuda, sin ninguna duda”, remarcó.

Aclaró no obstante que preguntar de dónde se saca la plata para atender las necesidades de esta ley “es como no entender el Presupuesto. El Presupuesto es una foto, esta política es posterior al Presupuesto, sino seguramente hubiera tenido una estimación, pero no deja de ser una foto. Estamos frente a un presupuesto que tiene una política administrativa flexible, una política de modificación del Presupuesto se puede dar”, y recordó que el jefe de Gabinete puede atender esas cuestiones con la reasignación de partidas.

“Por eso, no nos preocupemos tanto de dónde va a salir la plata; si el presidente manda esta ley, él se va a ocupar de dónde obtener los recursos”, apuntó el senador cordobés, que agregó que “cuando la Oficina de Presupuesto nos mande una respuesta, si eso sucede, la transmitiré a los senadores”, tras lo cual solicitó que el proyecto pasara a la firma, advirtiendo que “no hay más tiempo, sino hay que pasarlo a enero”.

“Las inquietudes son razonables, pero también deberíamos evaluar el costo político de que a fin de año esta ley no pueda salir, y tuviéramos que devolverla a Diputados”, advirtió Caserio. Agregó que “a lo mejor podemos asumir compromisos de hacer modificaciones en la reglamentación, pero tampoco puedo asumir un compromiso en ese sentido”.

Así las cosas, se acordó que el titular de Salud, Mario Fiad, fuera receptor de las inquietudes planteadas para transmitirlas y se estableció que “las que consideremos razonables, las vamos a considerar, y si se pueden modificar, las haremos el día de la sesión”.

Todas las partes acordaron acompañar positivamente el proyecto, aunque no faltaron los reparos. Como el de la senadora santacruceña María Belén Tapia (Juntos por el Cambio), que señaló que “es un proyecto que llega tarde, tranquilamente se podría haber presentado al principio de las sesiones virtuales”, y consideró que se lo había demorado “porque se especuló hasta esta última instancia y se lo usó como moneda de cambio”.

En el cierre de la reunión, el senador Fiad concluyó pidiendo celeridad en la firma del dictamen, “para llegar en tiempo y forma para tratarlo en la próxima sesión”, prevista para el 29 de diciembre.

La iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados, crea una “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, esto es, una suma de dinero que se abonará una vez al año a las madres por cada niño menor de 3 años a su cargo, siempre que acredite el cumplimiento del plan de vacunación. Asimismo la norma amplía la Asignación Universal por Embarazo hasta nueve mensualidades; se establecen medidas para la inscripción e identificación inmediata de recién nacidos; y se dispone la provisión gratuita de insumos para el embarazo y la primera infancia.

Tras pasarse a la firma el dictamen del proyecto de legalización del aborto, el Senado comenzará a tratar este viernes su lado complementario, el denominado “Programa de los Mil Días”, con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo.

Será en un plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda, presididas respectivamente por Mario Fiad (UCR) y Carlos Caserio (Frente de Todos), convocado para las 11 en forma virtual.

Allí fueron citados el ministro de Salud, Ginés González García -aunque su presencia no está confirmada- y Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados con 196 votos a favor y cinco abstenciones, y la intención del oficialismo es tratarlo en la sesión del próximo martes 29 junto con el aborto legal, cuyo dictamen pasó a la firma este jueves.

A través del Programa de los Mil Días se crea una “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, esto, es, una suma de dinero que se abonará una vez al año a las madres por cada niño menor de tres años a su cargo, siempre que acredite el cumplimiento del plan de vacunación.

Además, se amplía la Asignación Universal por Embarazo hasta nueve mensualidades; se establecen medidas para la inscripción e identificación inmediata de recién nacidos; y se dispone la provisión gratuita de insumos para el embarazo y la primera infancia.

Inmediatamente después de votado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, los diputados se abocaron al debate del proyecto de ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como “Programa de los Mil Días”.

El objeto del proyecto es “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.

De acuerdo con el texto, se incorpora a la Ley 24.714, de Régimen de Asignaciones Familiares, la “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, que “consistirá en el pago de una suma de dinero que se abonará una vez al año” a las madres “por cada niño o niña menor de tres años de edad que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la prestación” y “siempre que acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario, de conformidad con los requisitos de la ANSeS”.

En tanto, se modifica la legislación sobre la “Asignación por Embarazo para Protección Social”, que consistirá en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abonará a la persona gestante, desde el inicio de su embarazo hasta su interrupción o el nacimiento del hijo, siempre que no exceda de nueve mensualidades, debiendo solicitarse a partir de la decimosegunda semana de gestación.

En el capítulo referido al “derecho a la identidad”, se crea en el ámbito del Renaper “el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos a fin de garantizar el derecho a la identidad y a la inscripción e identificación inmediata de recién nacidas y nacidos, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”.

“El Sistema se implementará a través de la plataforma de emisión de Certificados Digitales de Hechos Vitales, medio por el cual los y las profesionales médicos intervinientes deben certificar por documento electrónico con firma digital los hechos vitales de las personas”, agrega el articulado.

Asimismo, se indica que “el personal de salud, obstétrica o agente sanitario habilitado al efecto, que hubiere atendido el parto en caso de nacimientos ocurridos fuera de establecimientos médicos asistenciales de gestión pública o privada, deberá informar el hecho del nacimiento al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente y al Registro Nacional de las Personas dentro de los siete días corridos de ocurrido y del modo que dicha autoridad reglamente”.

La autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Salud, deberá “diseñar un modelo de atención y cuidado integral de la salud específico y adecuado para la etapa del embarazo y hasta los tres años de edad, desde la perspectiva del derecho a la salud integral de las mujeres, otras personas gestantes, niños y niñas, y teniendo en cuenta las particularidades territoriales de todo el país”.

“El modelo de atención definido debe incluir de manera transversal a los tres subsectores que componen el sistema de salud y articular con otros organismos públicos competentes en la materia”, añade el proyecto.

Por otra parte, se establece que “el Estado Nacional deberá implementar la provisión pública y gratuita de insumos fundamentales para las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo y para los niños y las niñas hasta los tres años, en los casos y condiciones que determine la reglamentación”.

En especial, se atenderá a la provisión de: medicamentos esenciales; vacunas; leche; y alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez, en el marco de los programas disponibles al efecto.

También se prevé “el derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” con la creación de “modelos de atención especial” para niños y niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años; personas que cursen embarazos de alto riesgo y casos de trombofilia; mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género; y niñas y adolescentes embarazadas.

Además se crea, en el ámbito del Ministerio de Salud, una “Unidad de Coordinación Administrativa para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo, y de sus hijos e hijas hasta los tres años”, la cual estará integrada por representantes del Ministerio de Salud; Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Ministerio de Desarrollo Social; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); Ministerio de Educación; la ANSeS, el Renaper; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; y de otros organismos que la autoridad de aplicación considere relevantes para la implementación efectiva de la ley.

En el dictamen se incorporó a la redacción original un artículo referido a los indicadores, el cual establece que el Ministerio de Salud deberá acordar con esta Unidad de Coordinación Administrativa “un listado de indicadores integrales que incluyan los determinantes sociales de la salud, para aportar información a nivel poblacional con la que sea posible identificar a las personas gestantes, los niños y las niñas en situaciones de amenaza o vulneración de derechos que afecten o pudieran afectar su salud integral”.

Y, asimismo, se “promoverá la capacitación en estos indicadores, búsqueda activa e incumbencias sobre protocolos a seguir en casos de vulneración de derechos que afecten la salud integral, a todos los integrantes de equipos de salud, desarrollo social, educación y de protección de las infancias, responsables del cuidado integral de la salud de las personas gestantes, las niñas y los niños hasta los tres años de edad”.

Otro de los artículos indica que la cartera de Salud tendrá que “enviar al Honorable Congreso de la Nación un informe anual con el estado de avance e indicadores respecto de la implementación” de la norma.

A partir de las 11.12, y con la presencia de 105 diputados en el recinto y 45 conectados de manera remota -esto es, un quórum dado por 150 legisladores-, se inició este jueves la que se espera será otra maratónica sesión, marcada por la singularidad y polémica que despierta la cuestión a debatir: la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Se espera que el debate demande alrededor de 20 horas, y, según las estimaciones del sector “verde”, el proyecto sería aprobado con alrededor de 130 votos -hay un piso de 125 a favor-, cerca de las 4 de la mañana del viernes.

Luego será el turno de debatir el otro proyecto en discusión, el que crea el “Programa de los Mil Días”, el cual brinda acompañamiento e incentivos a aquellas mujeres que desean continuar con su embarazo.

En el recinto se encuentran presentes la ministra de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; su par de provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y Dora Barrancos, asesora presidencial.

Más allá de los discursos de los miembros informantes, previstos para 20 minutos cada uno, este debate tiene la característica de que no hay tiempos de bloque, sino que se pasará directamente a oradores individuales de cinco minutos cada uno, y finalmente tampoco habrá cierres, sino que sobrevendrá la votación.

La sesión tiene como marco, una vez más, la movilización de la Campaña por el Aborto Legal y de las agrupaciones que rechazan la ley. Los “verdes” se ubicaron del lado de Avenida Rivadavia, mientras que los “celestes” lo hicieron sobre Hipólito Yrigoyen.

El texto de la interrupción voluntaria del embarazo contó con modificaciones de último momento introducidas en el dictamen para sumar votos: en primer lugar, se incorporó un artículo que indica que la paciente deberá ser derivada de inmediato a otro establecimiento de salud cuando el requerimiento se realice en uno donde todos los profesionales sean objetores de conciencia.

En segundo término, se ajustó la redacción para los casos de mujeres menores de 16 años: el proyecto ahora remite al artículo 26 del Código Civil, que señala que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales” pero “cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”.

A diferencia del proyecto de aborto legal, donde hubo dos dictámenes -el de mayoría recibió 77 firmas y el de rechazo, 30-, el “Programa de los Mil Días” recibió unanimidad y se espera una votación por amplia mayoría. De ser aprobados, los dos proyectos serán girados al Senado, que tendrá la última palabra.

Semana clave para el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Diputados: está todo listo para que se dictamine y debata el proyecto en la Cámara baja. En efecto, este sábado las autoridades de las comisiones intervinientes en el debate convocaron a los integrantes de la misma para estar de manera presencial en el recinto de Diputados este miércoles para suscribir el dictamen correspondiente, con el fin de llevarlo al recinto al día siguiente.

En efecto, las comisiones de Legislación General, Salud Pública, Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad se reunirán este miércoles a las 16.30 en el recinto de la Cámara baja, justo cuando las autoridades acordaron con todos los bloques la vuelta de la presencialidad, condicionada. Esto es, con todos los diputados, salvo aquellos que acrediten razones de salud que justifiquen su ausencia.

Se pondrán a consideración este miércoles el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y la atención postaborto que elaboró el Poder Ejecutivo, como así también uno de las diputadas Victoria Donda, Brenda Austin, Mónica Macha, Carolina Moisés, Silvia Lospennato, Cecilia Moreau, Romina del Plá, Araceli Ferreyra, Daniel Lipovetzky, Daniel Filmus, Nicolás del Caño, Mayra Mendoza, Hugo Yasky, Mónica Schlotthauer y Ana Carla Carrizo; y otro de los diputados Araceli Ferreyra y Leonardo Grosso, ambos de 2019, como así también uno más presentado este año por el bloque Córdoba Federal, de Alejandra Vigo, Claudia Márquez, Carlos Gutiérrez, y Paulo Cassinerio.

Previamente, a las 14, habrá otra reunión, en este caso de las comisiones de Salud y Presupuesto por el proyecto de los “mil días”, que se debatirá de manera conjunta al día siguiente en el recinto. En efecto, para el jueves, en horario a determinar, está prevista la sesión especial por ambos proyectos. Una sesión que será aun más extensa que la de 2018 por el aborto. Para esta vez, según estimaciones preliminares, se estima una extensión de más de 30 horas. Sea lo que sea, la definición en Diputados estará recién el viernes.