El Poder Ejecutivo formalizó un pedido formal al Senado de la Nación para que trate una serie de ascensos de militares que fueron frenados durante el Gobierno anterior por razones de parentesco con militares vinculados con crímenes de lesa humanidad.

El pedido puntual tiene fecha 23 de diciembre y fue suscripto por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Peti. Allí se solicita que el acuerdo para el ascenso al grado inmediato superior tenga fecha al 31 de diciembre de 2018. De aprobarse la solicitud, los militares serán promovidos con carácter retroactivo, por reunir “las condiciones exigidas por la ley”.

Los militares cuyos ascensos serían destrabados son los capitanes de fragata Marcelo Barbich, Gustavo Barreto Neuendorf, Juan José Lucena, Eduardo Enrique Pizzagalli, Jorge Emilio Sciurano y James Ronald Whamond, en el caso de la Armada.

En tanto que por el Ejército, el listado incluye a los tenientes coroneles Marcelo Ramón Borzone, Julio Balloffet, Edgardo Calvi, Gustavo Carlos Cattaneo, Luis Alberto Cattaneo, Ramón Eduardo Centeno, Mario Alejandro Díaz, Antonio Agustín Duarte, Oscar Antonio Faisal, Marcelo Huergo, Ricardo Horacio Muñoz, Justo Daniel Rojas Alcorta, Guillermo Alejandro Saá, Ricardo Enrique Schulz, Pedro Leonardo Tagni, Jorge Luis Toccalino, Roberto Augusto Vega y Francisco Javier Canevaro.

Se trata de ascensos frenados en 2010, a partir de la Resolución 1581, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta y Nilda Garré ministra de Defensa. Entonces fueron pasados a retiro decenas de militares de alto rango por tener algún tipo de lazo sanguíneo con represores o personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Según se informó, durante el Gobierno de Mauricio Macri se iniciaron gestiones para dejar sin efecto esa medida.

En el marco de la continuidad del debate sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que permitiría la actuación de las Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo, asistió este miércoles a la Comisión de Defensa el ex jefe de Estado Mayor General del Ejército, teniente general (R) Diego Luis Suñer, quien ocupó ese cargo entre enero de 2016 y febrero de 2018, y planteó sus dudas respecto de la iniciativa oficial.

Habló de entrada sobre una serie de cambios que se han dado a lo largo de los años en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de manera fáctica, sin legislar. “Una de las primeras fue reducir drásticamente los presupuestos de las fuerzas, que optaron por ejemplo por reducir drásticamente los presupuestos de las fuerzas, que por ejemplo optaron por reducir en extremo la cantidad de soldados que se incorporaban en esa época al servicio militar. Se pasó de 80 mil a 30 mil efectivos”, detalló.

Agregó que “en esos años la Ley de Servicio Militar Obligatorio perdió sentido, porque establecía la universalidad de los jóvenes, que tenían primero 21 años y después 18, que debían ser incorporados para ser instruidos, hacer el servicio militar y luego pasar a formar parte de la reserva”. Suñer advirtió que “después de unos años, el espíritu de la ley fue totalmente vulnerado. El número bajo (de sorteo, para entrar al servicio militar) era de 12, a 140, pasó a ser 680… La ley perdió vigencia, y en el 93, 94, ocurrió el caso Carrasco y se modificó el sistema, pasando al servicio militar voluntario”. Aclaró que para él no estaba bien, ni mal: “El problema es que los servicios militares obligatorios a voluntarios, han mutado con tiempos largos de acomodamiento para las fuerzas. En cualquier país organizado, que tiene problemas reales que resolver, Francia y Estados Unidos, por ejemplo, estos sistemas han demorado 12, 14, o 15 años, en transformarse en realidad. Acá fue en 4 meses… con las dificultades que ello implica”.

El militar explicó que luego de eso y a lo largo del tiempo, el sistema fue generando otros nuevos problemas que fueron siendo solucionados. Ese es para él “otro ejemplo de que las leyes que nos gobiernan tienen efectos no deseados. No estoy hablando a favor ni en contra, sino que las cosas se podrán haber hecho de otra manera”.

Durante su exposición en la comisión encabezada por Ricardo López Murphy, el general Suñer recordó a continuación que “en algunos momentos se han producido episodios o intentos de achicar en extremo la estructura de las fuerzas, prácticamente sin ningún fundamento”. Puso como ejemplo contundente la Determinación de Planes de Capacidades 2011, donde se partía de una hipótesis de que como la Argentina está en una “zona de paz” y que los países que nos rodean tienen buena relación con el nuestro y “custodiaban sus fronteras”, era innecesario que tuviéramos un despliegue que abarcara la totalidad del país. Así las cosas, agregó, “les cedíamos a nuestros vecinos el control de las fronteras,  porque estábamos en zona de paz. Algo que nadie haría ni siquiera en su casa… El tema quedó en la nada, gracias a Dios; implicaba reducir a un tercio las Fuerzas Armadas que teníamos, o que tenemos”.

“¿Por qué cito estas normas? Porque quiero dejar claro que todas repercuten en forma directa en educación, formación y expectativas”, planteó, para adentrarse a continuación en el tema de la modificación de la legislación que propone el Gobierno. “Hay algunas palabras que deben ser cuidadas. Para ejemplo, seguimos discutiendo, después de 50 años, el significado de la palabra ‘aniquilar’, y todas las consecuencias que trajo para el personal militar que más de 2000 militares han sido sometidos a procesos, y 800 han muerto cumpliendo prisión efectiva”, detalló.

Ricardo López Murphy, titular de la Comisión de Defensa de Diputados.

Transmitió a continuación una experiencia personal de 2016, cuando se hizo cargo de la fuerza. Habló entonces con el ministro de Defensa y el presidente de entonces, para replegar el despliegue de fuerzas en la frontera norte, donde había más de mil personas, “porque la cobertura legal era muy laxa y quedaba sujeta a la interpretación del hombre que en ese momento estaba desplegado en la frontera. Y mi función, como jefe del Ejército, era pensar en la legalidad de los actos y en la protección de todas estas personas que iban a estar cumpliendo estas funciones en lugares aislados, sin comunicación muchas veces, y enfrentándose a delincuentes que no estaban todos ligados al contrabando y el narcotráfico, pero que iban a defenderse judicialmente contra aquellos que iban a actuar en defensa de la ley”.

Se dispuso que acompañaran con Gendarmería a las patrullas del Ejército, pero el esquema “no fue exitoso y pedí que se retiraran. Quedaron solamente algunos radares que eran más fáciles de defender, que estaban en lugares localizados bien focalizados y cumplieron una función determinada. Nuestra finalidad en aquel momento fue básicamente preservar a la gente y hacer cosas que estuvieran dentro del marco que establecía la ley, y consideramos que no había ninguna ley que avalara o justificara este despliegue”.

Suñer aclaró que después de 2018 se volvió a desplegar efectivos y esa situación se volvió a dar. “Estamos hablando nuevamente de eso y este proyecto interpreto que trata de generar alguna idea sobre el tema”, resumió, aclarando que algunas de las cuestiones que plantea la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo “se vienen haciendo desde siempre”. Puso como ejemplo que el Ejército colabore con sus equipos en diversas tareas con la sociedad civil. “Se vienen haciendo desde siempre: que el Ejército colabore con sus equipos no tiene absolutamente ninguna limitación -aclaró-. En las provincias, cada vez que hay un problema, no hace falta ningún decreto ni orden especial, sale el apoyo. Lo único que se pide es la compensación de los gastos que demande el desarrollo, porque a diferencia de las fuerzas de seguridad, el Ejército no tiene presupuesto para acciones no planificadas. Sí las fuerzas de seguridad”.

“Para eso no hace falta ley”, reiteró, precisando luego sus dudas respecto de algunos artículos que le llaman la atención, por ejemplo el que dice que  las Fuerzas Armadas pueden intervenir “cuando existan cuestiones que aterroricen a la población”. Suñer advirtió que es “difícil de mensurar qué aterroriza y qué no”, y citó también otro tema, que son las misiones que indica el proyecto, como patrullaje, control de personas y vehículos, aprensión en flagrancia. “Con la cantidad de cuestiones que  pueden tener que ver con sorprender a alguien en flagrancia, que puede terminar en la necesidad de enfrentamiento”, advirtió.

El militar destacó que la norma impulsada desde el PEN establece que “en estos supuestos, el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos que los de las fuerzas de seguridad nacionales”, quedando habilitadas así las FFAA para operaciones de seguridad interior. “Así como tarda mucho tiempo formar un buen piloto de combate, o un buen soldado de montaña, o un buen paracaidista, también llevará mucho tiempo formar un buen policía, o un buen gendarme. No es una cuestión sencilla y además, la experiencia de otros países, Brasil, Colombia, Bolivia, ha llevado a mucha gente a cumplir condena ex post por no haber tenido adecuada capacitación ex ante”.

Suñer puso como ejemplo lo sucedido también en diciembre de 2001. “Cuando la situación se complicaba, se pidió la intervención de los militares. El jefe del Ejército respondió que sí se podía dar seguridad a la Rosada, al Palacio de Justicia y al Congreso, para que las autoridades políticas resolvieran la situación, pero se aclaró que podían desplegar a unidades de combate armadas con fusiles de combate, ametralladoras con un poder de destrucción tremendo, y no era prudente poner gente armada de esa manera. ¿Cuál era la condición? El estado de sitio, y el estado de sitio no se decretó, con lo cual las Fuerzas Armadas no tuvieron necesidad de actuar. Es un buen ejemplo”, planteó.

La norma propuesta por el Ejecutivo tiene “límites difusos” para el militar, que advirtió que “después de 42 años en el Ejército y haber visto lo que pasó en la historia argentina en los últimos 50 años, hay que tomar recaudos para impartir órdenes que puedan generar problemas a futuro a quienes desarrollan sus actividades con una gran entrega”.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, defendió el aumento otorgado a los legisladores, discrepó con la decisión de incluir a los militares en la lucha contra el narcoterrorismo y justificó su accionar respecto del tratamiento del DNU en el Senado. No descartó la posibilidad de ser presidente.

“Me siento muy cómoda en el Senado, muy orgullosa de ser la vicepresidente de todos los argentinos”, aseguró.

De entrada nomás dejó claro que está en contra del congelamiento de sueldos a los legisladores. “Un legislador es la persona que no solo va a modificar leyes, la que de alguna manera representa a las provincias (los senadores) y al pueblo argentino en Diputados. Yo creo que tienen que ser retribuidos en forma digna”, sostuvo.

Así las cosas, advirtió que si los legisladores “no reciben un sueldo acorde a la importantísima tarea que les delegamos los argentinos, solo van a poder ser legisladores los ricos, los corruptos, los narcos, los que tengan un sponsor atrás… Para mí tienen que ganar bien”. Y ante la repregunta, remarcó: “No ganan bien”.

“Cristina Fernández de Kirchner, como pensionada, gana más de 7 veces lo que gana un senador”, ejemplificó. El diálogo devino entonces en los menos de dos millones de pesos que gana un legislador, comparado con lo que gana un jubilado, ante lo cual la vicepresidenta admitió que tampoco le parece bien lo que ganan los jubilados. Pero remarcó: “No me parece seguir equiparando todo hacia abajo”.

“¿Si vos les pagás poco (a los legisladores) no van a ser susceptibles a la corrupción?”, preguntó, advirtiendo que “la corrupción es parte de una identidad en la Argentina”. Y remarcó que “todos tienen que ganar de acuerdo a la función que tienen”.

En definitiva, la vicepresidente destacó durante su entrevista con TN que “el aumento se tendría que haber dado”, pero reconoció que no lo hizo “porque me lo pidió el presidente”. Y agregó: “Me pareció que tenía que conservarse esto, se lo dije al presidente, y él consideró que la clase política también tenía que acompañarlo. Yo considero que tiene que haber paridad en los ingresos salariales de los tres poderes”.

Cerró la cuestión destacando que a los legisladores “les estamos delegando nuestras vidas a futuro; sus hijos van a tener el efecto de las leyes que se promulguen acá”.

En el primer reportaje que brinda desde que es vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel explicó que el Senado tiene más de cuatro mil empleados. Consultada sobre recortes a implementar en esa Cámara, señaló que “esto es lo que encontramos y estamos trabajando en eso”. Y sobre aplicar “la motosierra”, aclaró que se debe ser cuidadoso, porque “después te comés un montón de juicios laborales y tenés que pagar eso en el fuero laboral”.

“El está con la motosierra a full”, dijo en referencia a Javier Milei. “Nosotros también, pero tenemos que hacerlo con el cuidado de que no genere un perjuicio mayor. Acá hay estabilidad laboral, no es  un reinado… Tengo que respetar ciertas cuestiones, me gusten o no”.

¿Estás bien con Milei?, le preguntaron. “Sí”, contestó convencida, aclarando a continuación que “somos dos personas que se complementan”, y contó que precisamente este jueves había desayunado con él en la Casa de Gobierno.

Respecto del DNU, aseguró que no se había equivocado en su accionar. “Acá estaba en juego la institucionalidad; esto no es un reino, es un poder deliberativo. Yo no puedo hacer lo que se me canta con esta casa, se dirimen las leyes, yo tengo que arbitrar eso. Yo no soy senadora, siempre digo que soy árbitro”.

Con relación al tratamiento del DNU 70/23, Victoria Villarruel recordó que “ya tenía muchos pedidos de senadores para que se tratara, pero a partir del momento que las sesiones ordinarias ya se habían abierto, no puedo estar reteniéndolo”.

“Yo no quiero ser Cristina, que el año pasado sesionaron 5 veces, con toda la furia -ejemplificó-. Una de las comisiones más importantes que tiene esta casa, Asuntos Constitucionales, no funcionó en todo el año”.

Con todo, aclaró que no cree que el DNU fuera a caerse. “Se va a dirimir en Diputados, si es que llega al recinto. Igual, ya tenemos un plan B, un plan C... Puede haber más decretos, o presentar leyes... Acá hay impulso de acompañar al Gobierno”, garantizó.

Villarruel se mostró confiada en que la ley de Bases vaya a aprobarse. “El tiempo va corriendo y tenemos la necesidad de que se arbitren nuevas reglas, pero vamos a respetar las reglas”, dijo, y respecto de las urgencias de los argentinos, aclaró que “el Estado no se destruyó en 2 minutos, no podemos reconstruirlo en 2 minutos”.

Consultada sobre voces desestabilizadoras que se escuchan, incluida la de la expresidenta Cristina Kirchner, sostuvo que “hay declaraciones que son escandalosas, de ninguna manera puede ser una opción que un gobierno que no tiene 4 meses, tenga estos rumores”. Y sobre la exvicepresidenta, respondió que “nadie le pidió su opinión. Tal vez es hora para ella de llamarse a silencio, sobre todo si va a decir cuestiones que son estrictamente destituyentes. Me genera indignación”.

En otro pasaje de la entrevista se mostró en desacuerdo con la idea de darles a las Fuerzas Armadas más protagonismo en la lucha contra el narcotráfico. “Porque la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles; el narco es un civil para el derecho, creo que había quedado claro en los 70”.

“Me parece que si vas a enviar a un agente del Estado a luchar contra un terrorista, primero el plexo legal no te lo permite. Los militares solo pueden combatir dentro del país”, señaló y recordó que en los 70 “un gobierno democrático había dado una orden y luego esos agentes del Estado fueron inculpados, y hoy tenés gente que está pagando penas más gravosas que Videla o Massera. Si el Estado da una orden, después debe hacerse cargo de las órdenes que da”.

Reconoció que hubiera querido hacerse cargo de Defensa y Seguridad, como el presidente había dicho en campaña. “Son dos áreas que me encantan, pero no las iba a manejar, no iba a ser ministra; lo que iba a hacer era estar encima de esas temáticas. Pero el Presidente decidió que no y yo lo respeté”.

“No me agradó, me preparé muchos meses, pero él eligió a dos personas, otros equipos, y lo tengo que respetar”, aseguró.

Asimismo destacó que “yo quiero que cuando termine el mandato, digan ‘qué flor de vicepresidenta que fue’”. ¿Y después como presidenta?, le preguntó el periodista Jonatan Viale, a lo que Villarruel contestó: “No sé, no me desvela. No lo descarto, tampoco me quita el sueño (…) Tengo una relación con el poder bastante sana, no me nubla. Hay que ser humilde hasta el final. En el momento que te la creíste, perdés el timing de las cosas. La política es esto, flexibilidad”.

Más adelante le preguntaron por los dichos de José Luis Espert, en los que el diputado admitió tener dudas cuando le preguntaron si pensaba que la vicepresidenta querría desestabilizar a Milei. “La verdad que no me gustó... Espert, si no sabés, ¿para qué opinás? Eso pensé. La típica frase petardera… ¿Qué voy a querer desestabilizar si yo estoy en este gobierno?... ¡Estaría del tomate!”.

Luego aseguró querer “que Javier cumpla los cuatro años; yo soy la principal interesada en no querer asumir una función en esas condiciones. Soy la primera que no quiere eso. Quiero que el presidente tenga éxito”.

Al hablar de la elección de dos miembros para la Corte Suprema, Villarruel dijo que a Manuel García Mansilla lo conoce. “Es un constitucionalista de fuste; para los que somos abogados, ‘es guau’”. Pero con relación a Ariel Lijo, el otro nombre propuesto por el Gobierno para el Tribunal Supremo, aclaró que no lo conoce, pero admitió que no le gustó como actuó en la causa Rucci. Y conociendo esa causa advirtió que “Lijo facilitó que la causa esté en un limbo eterno”.

“A priori, no me enloquece” su elección, dijo, y admitió que le hubiera gustado que tratándose del reemplazo de  una mujer, le hubiera gustado que siendo ese lugar de una mujer, hubieran elegido a una mujer. ¿No es importante que sea eficiente?, le preguntaron, a lo que ella respondió: “Es importante que sea eficiente, pero hay mujeres que son eficientes”.

Dejó claro que no la consultaron sobre los nombres propuestos: “Me enteré por los medios. Eso lo decidió el presidente, para eso es presidente”.

De todos modos ese tema se dirimirá en el Senado, y en ese caso “yo tengo que facilitar que se trate en el recinto y que la decisión del Ejecutivo llegue a buen puerto”.

Sobre la senadora jujeña Vilma Biedma que designó a 11 familiares en su despacho, Villarruel contó que con el Presidente ya hablaron con ella. En su diálogo con la senadora, señaló haberle dicho que “me parece genial que vos tengas tanta familia de confianza, pero nosotros vamos a dar el ejemplo. Podés conservar al que sea de mayor utilidad en tu labor legislativa, pero el resto no tiene que estar trabajando en el Senado”.

Admitió que el Presidente tiene a su lado a su hermana, y sobre ella, dijo que “si hoy yo soy vicepresidenta también es por Karina”. Sobre ella dijo que “tiene mucho carácter, pero yo también. Es brava, yo también”.

“En el medio está Javier, pobre jamoncito”, graficó.

Al participar de su última cena de camaradería con las Fuerzas Armadas, el presidente Alberto Fernández anunció el envío al Congreso de un proyecto para actualizar la Ley de Personal Militar.

El mandatario reveló este lunes por la noche que ya firmó la iniciativa, la cual tiene como objetivo derogar la actual norma -que rige desde 1971- para "tener Fuerzas Armadas acorde al tiempo que corre".

Según Fernández, la legislación vigente "no refleja cuestiones fundamentales que forman parte del marco normativo actual de la defensa, como lo son el gobierno político de la Defensa Nacional, el principio de la acción militar conjunta y el compromiso con los derechos humanos".

"A diferencia de la legislación actual, este proyecto apunta a que la reglamentación de la norma se realice de manera integrada y conjunta", agregó durante su discurso en el Edificio Libertador.

En ese sentido, explicó que "habilita mecanismos que facilitan e incentivan el pasaje de categoría de soldado a suboficial, y de suboficial a oficial, como incentivo a la capacitación continua, la igualdad de oportunidades y al progreso en la carrera militar, haciendo especial hincapié en la trayectoria educativa profesional y promoviendo un proceso continuo y progresivo de las competencias requeridas para contar con Fuerzas Armadas de excelencia”.

El presidente destacó que el proyecto fue elaborado por exministros de Defensa de distintas orientaciones políticas y que se "sustenta" en la Constitución Nacional, tratados internacionales y el derecho internacional.

De esta manera, "contempla el principio de igualdad y no discriminación de las personas, cualquiera sea su condición de género, orientación sexual, económica o social".

"Se garantizará que todo el personal militar pueda tener los mismos derechos que los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo a la realidad sociocultural de la Nación y a la normativa vigente", sumó.

El proyecto establece una actualización integral del régimen legal de la carrera y la profesión militar, introduce cambios relevantes en el ejercicio de la defensa nacional, determina derechos para las mujeres incorporadas a la actividad, capacitación profesional continua y nuevos parámetros para el cálculo de haberes, entre otros aspectos.

Por otra parte, Fernández destacó las mejoras salariales a las FF.AA. durante su gestión y mencionó como “fundamental” la generación del “Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF)”, para “permitir en el tiempo asegurar un mejor equipamiento y de ese modo poder incrementar nuestra capacidad de disuasión y de control soberano del territorio”.

"A 40 años del retorno de la democracia es un orgullo contar con Fuerzas Armadas que fueron formados durante estos años, cuya labor es guiada por los principios y valores democráticos y el respeto a los derechos humanos que rigen en nuestro país”, sostuvo.

El diputado nacional Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires) pidió que se les otorgue la prisión domiciliaria, dentro del marco de la ley, a los militares presos por los 40 años de la restauración de la democracia. “Los más de 700 militares encarcelados superan los 70 años”, explicó.

Además, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja afirmó que “es tiempo para que se haga justicia con los presos militares aplicándoseles la ley que establece la prisión domiciliaria”, y agregó: “También esperamos que se morigeren las condiciones en las que se encuentran”.

“Corresponde, sin más dilaciones, que cumplan las penas en sus domicilios y en los casos de prisión preventiva, atento que se han excedido los plazos legales, corresponde la excarcelación sin perjuicio de la prosecución del proceso”, finalizó.

El 10 de diciembre del 2023 se cumplirán 40 años del regreso a la democracia, tras la última dictadura militar -autodenominada “proceso de reorganización nacional”-. Tras los juicios a los militares por crímenes de lesa humanidad, los cargos más altos fueron sentenciados a cadena perpetua.

El Senado tratará este jueves los pliegos con ascensos de 180 miembros de las Fuerzas Armadas, propuestos por el Poder Ejecutivo, durante una nueva sesión con presencialidad plena.

Los dictámenes con los ascensos fueron firmados el 21 de octubre en una reunión de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que preside la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos).

En tres mensajes enviados al Senado, el Poder Ejecutivo había propuesto en abril pasado el ascenso al grado inmediato superior al personal militar superior del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada.

También se promueven los ascensos a los grados inmediatos superiores fueron los de la Capitán de Fragata Mónica García, el capitán de fragata Patricio Garrahan, el general de división Juan Paleo, y el brigadier mayor Xavier Isaac.

Además se incluyó al general de división Agustín Cejas y al vicealmirante Julio Guardia.