Así lo aseguró Luciana Carrasco, jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa, quien asistió a explicar el presupuesto designado para el área.
Luciana Carrasco (Foto: HCDN)
En un nuevo turno de debate del Presupuesto 2026 durante este miércoles en la Cámara de Diputados, funcionarios del Ministerio de Defensa explicaron el destino de las partidas destinadas para el área. “Se consolida una política de defensa moderna, federal y soberana”, afirmó Luciana Carrasco, jefe de Gabinete de la cartera a cargo de Luis Petri -diputado electo-.
“Esta gestión trabaja de manera responsable y eficiente a la hora de defender la libertad”, expresó la funcionaria, quien ponderó que estos dos años se trabajó en “recuperar las capacidades del sistema de defensa de la Nación”.
En esa línea, dijo que la “misión” ordenada por el presidente Javier Milei de “devolver a lo más alto a las Fuerzas Amadas, es una de las tareas más prestigiosas y desafiantes que tuvimos” y “Luis Petri ha cumplido con esa misión”. “Hoy las Fuerzas Armadas han sido reivindicadas y ocupan el lugar que la política nunca debió quitarle”, dijo.
Carrasco habló de que “estos dos años hubo hechos concretos de reconstrucción”. “En diciembre de 2023 encontramos un sistema de defensa que existía más en los papeles que en la realidad, después de décadas de desinversión, desmantelamiento y de una gestión marcada por el uso político de los recursos y el descontrol, el resultado fue un Estado sin capacidad de defensa real”, observó.
“Estamos reconstruyendo desde los cimientos un sistema de defensa moderno, profesional y eficiente” lo cual “va a llevar tiempo y trabajo”, subrayó, pero defendió que “cada peso que hoy se invierte en defensa vuelve multiplicado, vuelve en profesionalismo, tecnología, en empleo calificado y soberanía”.
La jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa señaló que el presupuesto asignado “no pide más de lo que el país puede, pero tampoco menos de lo que la Nación necesita”. “Cada adquisición a la que nos comprometemos es con la responsabilidad no solo de ver de qué partida se saca la plata, sino de ver conscientemente que se va a poder pagar”, continuó.
Tras enumerar y detallar el equipamiento adquirido para las distintas fuerzas, Carrasco se refirió a los ejercicios militares combinados, que “fortalecen la inserción internacional de la Argentina como actor cooperativo en el sistema de seguridad global. Durante esta gestión se fortaleció la interoperabilidad con fuerzas democráticas occidentales”.
“Nuestro compromiso con el adiestramiento ha sido concreto. De 8 ejercicios planificados en 2023 pasamos a 15 en 2024 y proyectamos terminan este año habiendo realizado 21 ejercicios”, apuntó y, por otra parte, añadió que “durante el último año las Fuerzas Armadas llevaron adelante 67 operaciones de protección civil, de las cuales 26 fueron de ayuda a la comunidad y 41 fueron misiones de ayuda humanitaria”.
La funcionaria aseguró que el presupuesto se basa en los pilares de “presencia soberana efectiva en todo el territorio, capacidad operativa real y sostenida de las fuerzas, innovación y autonomía estratégica a través del FONDEF”.
“El presupuesto total proyectado para el Ministerio de Defensa supera los 6 mil millones de pesos, consolidando un crecimiento real aproximadamente del 14% respecto 2025”, precisó y reveló que usará en “la expansión del FONDEF destinado a equipamiento y renovación y la recuperación del gasto operativo real”.
En el cierre de su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carrasco sostuvo que “el presupuesto 2026 consolida una política de defensa moderna, federal y soberana, con equilibrio entre inversión, funcionamiento y desarrollo tecnológico. Cada peso invertido refuerza un mensaje político claro: cada peso invertido no es un gasto, es una inversión en soberanía, libertad y futuro”.

Al momento de las preguntas, entre numerosas requisitorias, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, la consultó por una carta de Emilio Magnaghi, vicepresidente de la Fábrica Argentina de Aviones, donde se advierte que FAdeA “atraviesa una crisis estructural sin antecedente, producto de una falta de contratos con el Ministerio de Defensa y de los cambios de criterio en la contratación propuestos por la Jefatura de Gabinete”. “La situación de FAdeA puede definirse como terminal”, advirtió el santafesino.
“FAdeA venía acostumbrada a hacer las cosas de un modo que entendimos que no eran correctas. La transparencia y la eficiencia en cada uno de los contratos es prioridad”, planteó la funcionaria y lanzó: “Si está con problemas económicos no puede pretender que sean los contratos de Defensa la que la salven como estaba acostumbrada siempre, puede trabajar para un montón de lugares”.
En esa línea, dijo: “Aunque tardemos, a las cosas las vamos a hacer bien, y aunque me estén presionando, las vamos a hacer bien. Me hago cargo que fui yo que dije ‘así no se van a firmar’. Los corregimos (a los contratos) y los vamos a firmar de vuelta porque tenían errores”.
Tras una consulta de la diputada de la izquierda Vilma Ripoll sobre la autorización del ingreso de tropas de EE.UU. por decreto, la jefa de Gabinete de Defensa argumentó que “hubo un tema burocrático, por eso terminó saliendo por decreto”.
En tanto, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Toniolli, al igual que otros de sus pares, preguntó por el déficit de IOSFA y “¿cómo van a trabajar para sanearla?”. “IOSFA nos ocupa y es un tema muy complejo. Es algo que todos quisiéramos que funcione de la mejor manera posible, y no está pasando, tiene problemas, no lo vamos a negar. Ahora, siempre tuvo problemas”, manifestó la funcionaria, que llamó a “trabajar todos juntos y no chicanearnos”.
“Es un problema que en algún momento nos tenemos que sentar a conversar”, insistió, pero aclaró que “estos últimos seis meses la obra social no aumentó su déficit y eso es algo muy importante, estabilizamos la deuda”.
Cuando se aproximaba el horario previsto para recibir a los funcionarios del área de educación, la reunión se levantó y Carrasco se comprometió a enviar más respuestas por escrito.
También asistieron a brindar detalles Marcelo Rozas Garay, secretario de Estrategia y Asuntos Militares; y Facundo Fernández Langostena, subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa.
La iniciativa fue presentada por el diputado Oscar Agost Carreño por el cierre temporal de la planta por 72 horas y los reclamos salariales del personal. “Es una empresa estratégica para la defensa nacional, no puede operar en condiciones de incertidumbre”, expresó.
El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo Nacional brinde información urgente y detallada sobre la situación de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” S.A. (FAdeA), tras el cierre temporal de la planta y los reclamos salariales del personal.
El legislador exige conocer las razones que motivaron el cierre de FAdeA por 72 horas, iniciado el lunes 12 de mayo, así como las condiciones laborales actuales de sus trabajadores. Según advirtió Agost Carreño, “el cierre se produjo en un contexto de tensiones internas y conflictos laborales relacionados con el pago de salarios, y hubo incluso protestas dentro de la fábrica y participación policial”, contó.
“Es una empresa estratégica para la defensa nacional y el desarrollo tecnológico del país, y no puede operar en condiciones de incertidumbre”, sostuvo el diputado por Córdoba, quien remarcó que parte del personal habría cobrado solo el 30% de su salario y recibido una suma fija de $500.000 como pago parcial del mes de abril.
Además de solicitar explicaciones por el retraso salarial, el proyecto requiere que se informe el plan de negocios vigente, los contratos activos y futuros —tanto nacionales como internacionales—, y las acciones previstas para garantizar la continuidad operativa de FAdeA y la estabilidad laboral de sus empleados.
“Existen contratos frenados y aviones sin reparar en la fábrica. Este cuadro no solo afecta a los trabajadores, sino que pone en riesgo la capacidad operativa de una empresa clave para la industria aeronáutica nacional”, advirtió Agost Carreño y concluyó: “El Congreso debe ejercer su rol de control y exigir transparencia en la gestión de una empresa pública de esta magnitud”.
2227-D-2025 FAdeAAsí lo confirmó este jueves el vocero presidencial, cuya iniciativa plantea la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior con el fin de “incorporar una nueva opción de empleo militar a pedido de un comité de crisis”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó este jueves que el Ministerio de Defensa de la Nación envió al Congreso un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Seguridad Interior para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante actos terroristas.
En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el portavoz anunció: “El Ministerio de Defensa envió al Congreso un proyecto de ley para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante actos terroristas”, y explicó: “En este sentido se plantea la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar a pedido de un comité de crisis”.
“Se propone que, además de las acciones previstas en el primer párrafo de este artículo 27 como el mantenimiento de la paz, las Fuerzas trabajen de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas”, explayó y sumó: “Por supuesto por tiempo limitado y que puedan detener en flagrancia”.
Por otro lado, destacó la construcción de la planta de GNL en Rio Negro: “Las petroleras YPF y Petronas anunciaron el proyecto de inversión más grande de la historia para la construcción de una planta de Gas Natural Licuado en el puerto de Punta Colorada en la provincia de Río Negro”.
“Esta mega obra implica una inversión de 30,000 millones de dólares y va a permitir la exportación de la producción de Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo más grande del mundo”, destacó Adorni.
En tanto, precisó que una vez concluida la obra “se podrían exportar hasta 30.000 millones de dólares por año. El puerto de Punta Colorada cuenta con los requisitos para este proyecto, entre ellos la profundidad de las aguas para buques de transporte, la concentración de tráfico marítimo que transporta gas y petróleo, la cercanía con el futuro producto Vaca Muerta Sur, cuya obra va a comenzar en septiembre y conectará la reserva en Neuquén con el puerto para aumentar la exportación de petróleo”.
“Cabe destacar que Río Negro fue la primera provincia en adherirse al RIGI y, además, firmó el Pacto de Mayo donde, entre otros puntos, se acordó la inviolabilidad de la propiedad privada y el equilibrio fiscal innegociable. Dos condiciones que son fundamentales para cualquier proyecto de inversión sea definitivamente”, remarcó y subrayó: “El RIGI empezó a dar sus resultados y el miedo de algunos que se sigue notando a que todo salga bien tal como está ocurriendo en la República Argentina”, apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que no adhirió al RIGI y disputaba que la planta de GNL se instalara en Bahía Blanca.
Por otro lado, comentó que el Ministerio de Economía propuso el cierre del Fondo Fiduciario para la recuperación de la actividad bovina que “se creó hace más de 20 años para financiar supuestas mejoras productivas en el sector que, claramente, nunca se lograron”.
“En el último año este fondo destinó cerca de 5000 millones de pesos en apenas 1300 beneficiarios. Las auditorías encontraron irregularidades graves en la administración de sus recursos como la falta de sanción a los beneficiarios incumplidores, el desconocimiento sobre la totalidad del universo de beneficiarios y problemas en las compras y contrataciones, entre otras irregularidades”, precisó el funcionario.
Por último, fue consultado por la reunión que mantuvo el presidente Javier Milei con el expresidente Mauricio Macri: “La reunión el lunes que se extendió durante varias horas. Entiendo también que el presidente no cuenta absolutamente nada de lo que habla con sus amigos más cercanos”, y aseguró que “entre LLA y el Pro hay una excelente relación”.
La iniciativa es impulsada por diputados del bloque Unión por la Patria quienes, además, reclaman que se constituya a la brevedad las comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores, para citar a los funcionarios de las áreas correspondientes.
Diputados de Unión de la Patria presentaron un proyecto de resolución exigiendo al Ministerio de Defensa y a la Cancillería Argentina la remisión de toda la información disponible en torno a las negociaciones abiertas entre Nación, la provincia de Chubut y la Embajada de Estados Unidos “para realizar operativos de patrullaje conjuntos en nuestras costas”.
Según explicó el legislador santafecino Eduardo Toniolli “nuestra Constitución Nacional establece en el inciso 28 de su artículo 75, que corresponde al Congreso de la Nación otorgar las autorizaciones para el ingreso de tropas extranjeras a nuestro país y el egreso de tropas nacionales al exterior”.
Asimismo, señaló que “la Ley 25.880 establece el procedimiento por el cual los Estados Mayores y el Ministerio de Defensa informan las operaciones, ejercitaciones y programas de formación militar que se realizarán en el año legislativo, identificando con qué países, medios y tropas se realizarán”.
“Este informe, de acuerdo a la Constitución Nacional, debe ser aprobado por ambas cámaras y promulgado por el Poder Ejecutivo para que tenga fuerza de ley y eficacia”, remarcó.
Por último, planteó que, en consonancia con dicha presentación realizada ante la presidencia de Diputados por el bloque opositor, solicitaron también que se constituyan “a la brevedad las comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores, para citar a los funcionarios de las áreas correspondientes”.
El senador Sergio Leavy y el diputado Eduardo Toniolli, ambos del FdT, compartieron la noticia del Ministerio de Defensa en la que informan que “son falsos los datos publicados en la prensa acerca de un recorte y riesgo operativo para las Fuerzas”.
El senador nacional Sergio Leavy (Salta) y el diputado Eduardo Toniolli (Santa Fe), ambos del Frente de Todos, comunicaron a través de sus redes sociales que, desde el Ministerio de Defensa a cargo de Jorge Taiana, desmienten que hubo recortes presupuestarios para el Ejército, la Armada y la Fuerza Área.
El titular de la Comisión de Defensa del Senado afirmó: “He sido informado desde @MindefArg sobre la falsedad de datos publicados en la prensa acerca de un recorte presupuestario y riesgo operativo para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”.
“Desde su cartera el ministro @JorgeTaiana viene trabajando de manera sostenida para desplegar los más de 60 proyectos del #Fondef que revitalizan a las Fuerzas Armadas para proteger el bienestar, la tierra y la riqueza de los argentinos”, aclaró.
En el mismo sentido se pronunció el legislador santafesino quien apuntó contra el diputado del Pro Alberto Asseff que había denunciado el recorte en las Fuerzas Armadas: “Hace unos días el diputado @albertoasseff afirmó que el @MindefArg había enviado una comunicación a las FFAA anunciando un recorte presupuestario que las pondría en ‘riesgo operativo’. ESTA INFORMACIÓN ES FALSA Y SU DIFUSIÓN ES UNA IRRESPONSABILIDAD”.
“Es absolutamente falso que desde este Ministerio se haya enviado comunicación alguna dirigida a las Fuerzas Armadas acerca de la restricción de los gastos militares. Las declaraciones infundadas que han circulado sobre el supuesto recorte presupuestario y riesgo operativo al que se someten el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no se corresponden en lo absoluto con la realidad que atraviesan las Fuerzas”, manifestaron desde la cartera de Defensa.
El senador Pablo Blanco exigió un sumario judicial por el accionar del Ministerio de Defensa, y denunció que la sentencia “afecta severamente altos intereses nacional”.
El senador nacional fueguino Pablo Blanco presentó un pedido de informes para solicitar al Gobierno nacional que informe diversas cuestiones relacionadas a la sentencia que dictamina que el Estado Nacional debe transferir a título gratuito hectáreas al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que se adjudiquen en forma inmediata a la comunidad Millalonco Ranquehue.
Al respecto, el legislador de Juntos por el Cambio sostuvo que la sentencia “afecta severamente altos intereses nacionales ya que, de mantenerse, se verá afectado no sólo la guarda territorial del Ejército Argentino sino también su capacidad para alistar, adiestrar y sostener los medios en una especialidad tan crítica a la Defensa Nacional como lo es la Infantería de Montaña”.
“Llama poderosamente la atención el accionar del Ministerio de Defensa que presentó un recurso de apelación que fue considerado extemporáneo. Esta falla pone en evidencia la negligencia en la gestión de proteger el interés público de la Nación, es por eso que exigimos la formulación de un sumario en el cual queden explicitadas las responsabilidades administrativas o judiciales que dieron lugar a semejante daño”, agregó.
“No tengo ningún problema en señalar al ministro de Defensa como al autor intelectual y material de este verdadero acto de entrega de territorio estatal a una agrupación mapuche que no reconoce la soberanía del estado argentino sobre buena parte de la Patagonia y que considera a nuestra Nación como enemiga e invasora”, sentenció Blanco.
“Es de público conocimiento que diversos grupos de interés vinculados con la comunidad autodeclarada Mapuche lanzaron una secuencia de hechos de violencia y terrorismo liso y llano contra las personas, la propiedad privada y del estado nacional. Al respecto es imprescindible recordar que el jefe de dicho movimiento de resistencia es Facundo Jones Huala, prófugo de la justicia chilena”, señaló el senador radical.
“Desde un punto de vista económico el daño generado por esta sentencia es inmenso no solo por el valor de las tierras perdidas sino, antes bien, por las inversiones que serán necesarias para recuperar capacidades de la infraestructura crítica de la Escuela Nacional de Montaña que desde hace décadas contribuye con su rol tan esencial como específico a la construcción del Instrumento Militar de la Nación”, finalizó el senador fueguino.
Tras un análisis de las partidas asignadas al área, los legisladores opositores alertaron por el debilitamiento de las FF.AA. "Pone en peligro el control de la soberanía nacional", enfatizaron.
Diputados de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Defensa advirtieron por un recorte en el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas, lo cual resaltaron "pone en peligro el control de la soberanía nacional, al dejar desprotegido al país frente a la constante depredación del Mar Argentino y a la entrada de aviones ilegales con drogas y contrabando por la frontera norte".
Durante los días martes 19 y viernes 29 de octubre, los legisladores encabezaron dos jornadas de análisis de los recursos destinados al área en el Presupuesto 2022, junto a más de 75 especialistas y expositores del mundo académico, militar, diputados, senadores y asesores.
En un comunicado en el que plasmaron las conclusiones del exhaustivo estudio, los diputados señalaron que "el presupuesto de Defensa para 2022 profundiza la irrelevancia que las Fuerzas Armadas tienen para el Gobierno ya que planifica una reducción en términos reales del 18,5%".
El texto fue firmado por Carlos Fernández (UCR) -presidente de la comisión-, Alberto Asseff (Pro), Juan Aicega (Pro), Sebastián Salvador (UCR), Julio Sahad (Pro), Hernán Berisso (Pro), Jorge Vara (UCR), Gonzalo del Cerro (UCR) y Dolores Martínez (UCR).
Para los opositores, a partida destinada al Ministerio de Defensa, que conduce Jorge Taiana, "entierra cualquier tipo de expectativa de reconstrucción del instrumento militar, menos aún para el desarrollo de una mayor capacidad de disuasión y de control soberano del territorio". "El ajuste impactará fuertemente en la posibilidad de las Fuerzas Armadas de cumplir su misión específica: adiestrar, equipar y sostener capacidades militares", agregaron.
También cuestionaron que "el ajuste previsto implica en la práctica el abandono de la política de Defensa enunciada por el Gobierno nacional con la reciente aprobación de la Directiva de Defensa Nacional (DPDN), ya que los objetivos enunciados quedarán en un papel ante la falta de recursos asignados".
"Para peor, a pesar de la inclusión del FONDEF, el peso relativo de Defensa sigue perdiendo peso relativo en el total del Presupuesto Nacional (3,2% en 2022 en comparación con el 3,93% del Presupuesto 2021), lo que explicita claramente la voluntad del Gobierno nacional de seguir ajustando a las Fuerzas Armadas, quienes tendrán que hacer frente a una situación límite por los escasos recursos destinados a las áreas de alistamiento operacional y adiestramiento", insistieron.
Asimismo, los legisladores lamentaron que "hace muchos años que la Nación Argentina no alcanza a cubrir mínimamente la capacidades de: movilidad estratégica y táctica y superioridad aérea, terrestre y naval en sus espacios, que le permitan el control y aseguramiento soberano de los mismos; comando, comunicaciones y control; inteligencia (táctica y estratégica) y un subsistema informático; sostenimiento logístico para sustentar el equipamiento, la preparación, el adiestramiento y las operaciones en desarrollo. Y, por eso, sus espacios son vulnerados, depredados y amenazados en forma permanente".
Además, la política salarial para las Fuerzas Armadas "continúa siendo una tarea pendiente ya que en éste Presupuesto no se resuelve la desproporción entre los haberes que percibe el personal de las Fuerzas de Seguridad Federales (FF.SS.) y sus jerarquías equivalentes de las FF.AA., con distorsiones que oscilan entre un 30% y un 50% en detrimento del personal militar en actividad y retiro", apuntaron.

Por otra parte, el tema de la inflación se metió en el análisis: "Al ritmo de emisión monetaria del mes de octubre, según el Banco Central, todo el presupuesto previsto para Defensa ($438.191 mil millones) se imprime cada 40 días. Todo el presupuesto previsto en el FONDEF para modernizar el aparato militar ($72.000 mil millones) se imprime cada 6 días y medio". "El Gobierno acelera de forma descontrolada la inflación mientras que deja sin recursos a quienes custodian la soberanía del país", criticaron.
Los diputados de Juntos por el Cambio expresaron que "esta escasa asignación presupuestaria puesta en el ejercicio fiscal 2022 refleja una vez más la brecha entre una narrativa oficial marcada por el 'soberanismo' y una realidad en la cual las Fuerzas Armadas siguen siendo la variable de ajuste".
"Los recursos del FONDEF deben ser realmente independientes de los que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el Presupuesto Nacional, y deben ser aplicados específicamente para la recuperación, modernización y/o incorporación de nuevos materiales para las Fuerzas y no permitir el uso de fondos para compras corrientes como el caso de la compra de uniformes o mantenimiento", sostuvieron.
En el final, alertaron que el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la página 34 del proyecto de Presupuesto 2022 subrayó: "Se presentan a continuación distintos escenarios de reducción del gasto primario necesarios para hacer frente al pago al Fondo Monetario Internacional de US$20.000 millones en 2022 producto de la deuda insostenible contraída por la administración anterior".
Y esto implicaría "postergar prioridades de política" tales como "paralizar la obra pública de sectores de la economía claves para la recuperación, en simultáneo con un incremento tarifario incluso más elevado que el efectuado por la gestión anterior. A su vez, se suspenderían leyes determinantes para el desarrollo de ciertos sectores como la Ley de Financiamiento Educativo Ley N°26.075, la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación N°27.614 y la creación del FONDEF Ley N°27.565".
"Auspiciamos el diálogo para mejorar el Presupuesto 2022, que esperamos y promovemos un debate profundo, claro y preciso para robustecer el presupuesto y potenciar la capacidad que tendrá el instrumento militar para proteger la soberanía nacional, en el presente y a futuro; y el mayor riesgo que tendrá el personal militar al operar en estas condiciones", concluyeron los legisladores de la oposición.
Tras su jura en Casa Rosada, el Ejecutivo oficializó su nombramiento en el Boletín Oficial. Todavía la renuncia no fue aceptada por el Senado.
A través del decreto 502/21, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó la designación de Jorge Taiana como nuevo ministro de Defensa.
El bonaerense, que vuelve así a un cargo ejecutivo (fue canciller entre los años 2005 y 2010), renunció a su banca de senador, que ocupaba desde 2019, cuando reemplazó a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Su lugar quedará ahora en manos de Juliana Di Tullio, quien fue la primera suplente en la lista de Unidad Ciudadana de 2017.
No obstante, la renuncia de Taiana como senador todavía no fue aceptada por el pleno, que se preveía se podía reunir este jueves, pero finalmente no habrá sesión.
Taiana juró este martes en la Casa Rosada tras la salida de Agustín Rossi, quien decidió ser precandidato a senador por la provincia de Santa Fe y disputarle la interna al gobernador Omar Perotti, que lleva una lista avalada por Alberto Fernández y CFK.
Por otra parte, mediante el decreto 501/21, también se oficializó la designación de Juan Zabaleta como ministro de Desarrollo Social, en reemplazo de Daniel Arroyo, precandidato a diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires.
El santafesino Agustín Rossi dejó el Ministerio de Defensa y ese lugar lo ocupará el senador Jorge Taiana. Ese lugar en la Cámara alta lo ocupará la primera suplente, 3era en la lista de Unidad Ciudadana en 2017: Juliana di Tullio.
La exdiputada nacional del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires y actual directora del Banco Provincia, Juliana Di Tullio, asumirá como senadora nacional en reemplazo del bonaerense Jorge Taiana, quien será el próximo ministro de Defensa, en reemplazo del saliente Agustín Rossi.
Los enroques de funcionarios en el oficialismo debido a la condición impuesto por el presidente Alberto Fernández a los candidatos que ocupaban un cargo generaron una nueva vacante en la Cámara de Senadores en el oficialismo.
Tras la asunción presidencial en 2019, Cristina Fernández de Kirchner dejó su banca para asumir como vicepresidenta y la reemplazó el excanciller Taiana, quien un año y medio después le deja su lugar a Di Tullio tras ser nombrado en el Ministerio de Defensa.
Di Tullio fue la candidata a senadora nacional por Buenos Aires en 2017 en el puesto de 1era suplente, es decir, tercera detrás de Cristina Kirchner y Jorge Taiana. Quien cerró esa lista fue el abogado laboralista Héctor Recalde, como 2do suplente.
La bonaerense oriunda de Morón es psicóloga social y fue una de las espadas del kirchnerismo del 2005 al 2017 en la Cámara baja, donde forjó una relación con la expresidenta Cristina Kirchner, quien la incluyó en la lista del espacio Unidad Ciudadana en 2017, cuando resultó victorioso Cambiemos con el senador Esteban Bullrich a la cabeza.
Di Tullio se desempeñaba como directora del Banco Provincia y se define en sus redes sociales como “militante peronista y feminista”.