Luego que el Gobierno nacional ampliara la denuncia por defraudación al Estado a través de la compra de guardapolvos, por parte de la gestión anterior, la exministra de Desarrollo Social y diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz hizo su descargo a través de las redes.

En un posteo titulado “Ante el clima de época, la denuncia fácil y las amenazas del presidente”, la legisladora rechazó las denuncias en su contra por parte de funcionarios del Ministerio de Capital Humano que, tras una auditoría, aseguraron haber detectado compras irregulares por 5 mil millones de pesos.

“Lo voy a decir en el primer renglón así queda claro: denuncian sin saber ni siquiera de lo que están hablando. Están en problemas”, enfatizó Tolosa Paz, que continuó: “Si acá existe algún tipo de asociación ilícita o delito (no me refiero a la tipificación penal de esa figura) es la que termina verificándose cuando el presidente de la Nación @jmilei obliga a sus funcionarios inexpertos y con pocas ganas de estudiar y trabajar a denunciar compulsivamente a una dirigente opositora porque está enojado (muy enojado!!) y en esa operación termina involucrando a periodistas que son provistos de información sesgada y empujados a mediatizar una mentira”.

Al hacer referencia a la entrevista con Alejandro Fantino, en la que Javier Milei la mencionó, la diputada señaló que “esa afirmación de que el presidente está enojado conmigo no es una idea mía, a las pruebas me remito: el lunes pasado el presidente me nombró insistentemente (en forma explícita e implícita) en una larga entrevista. Quedó claro que está enojado. Eso es un problema, porque un presidente enojado no puede pensar con claridad”.

“A partir del 9 de marzo de 2024 comenzó una campaña orquestada desde el Estado para inyectar información falsa, incompleta, sesgada e incluso ‘falsificada’ en medios de prensa sobre supuestas irregularidades en mi gestión como ministra. Hablemos de una de las tantas operaciones: la de los guardapolvos”, expresó.

En ese sentido, habló de que “los denunciantes compulsivos del Ministerio de Capital Humano (enunciados y aplaudidos por el presidente como si la tarea de la ministra fuera la de la Oficina Anticorrupción en lugar de gestionar la política social) ignoran o soslayan que las erogaciones que se hicieron en el marco de los convenios que ellos citan son ‘subsidios con cargo a rendir’ y dicha modalidad no encuadra dentro de un supuesto contractual, y que, aun así, no todo contrato que celebra la APN tiene que encuadrar en el régimen de compra”.

“También ignoran o soslayan que en este caso no hay una adquisición sino una modalidad de cogestión entre el Poder Ejecutivo y organizaciones de la economía social para atender una necesidad de terceros. El Ministerio NO compró guardapolvos. Aunque lo repitan como loros en medios de comunicación y gacetillas: el Ministerio NO compró guardapolvos”, aseguró.

La exministra de Desarrollo Social explicó que “esta forma de gestionar una política pública encuadra en una resolución diseñada e implementada como tal desde 2018 (en la gestión de la ministra Carolina Stanley), que determinó lo que se llama ‘Convenios de Colaboración para la Implementación de Proyectos Sociales de Acción Conjunta’. Allí se determinan las modalidades de convenio, la aplicación de fondos y el modelo de rendición de cuentas. Es decir, esta modalidad no la inventé yo como ministra, ni siquiera en nuestra gestión de gobierno”.

“Se los voy a explicar con sencillez -prosiguió- el Ministerio de Desarrollo Social no adquirió ni compró guardapolvos, sino que generó herramientas de políticas públicas de apoyo y contención de actores sociales vulnerables como cooperativas y trabajadores informales, que convirtiesen planes en trabajo. ¿Recuerdan que durante mi gestión fui muy criticada por algunos sectores por haber hecho una revisión profunda de la asignación de planes Potenciar Trabajo? Bueno, justamente para poder hacerlo y acompañar ese proceso, entre otras cosas, se subsidió a cooperativas para que ellos puedan dar trabajo en el sector textil de la economía popular y produjeran guardapolvos que se destinaron a la inmensa cantidad de niños y niñas, qué si no fuera por el Estado, no podrían haber accedido a ellos. Doble efecto: dar trabajo y al mismo tiempo obtener los guardapolvos para abastecer la necesidad de acompañar la escolarización de los más pobres”.

Luego, la legisladora de UP se refirió a la cuestión de “¿dónde están los guardapolvos?”. “Es simple: están donde tienen que estar, fueron distribuidos en gobiernos provinciales y municipales y en un sinfín de efectores sociales para que lleguen a las familias y a niños y niñas que los necesitaran. Están siendo usados por miles de miles de niños en nuestro país (salvo los que están amontonados en los depósitos del exMinisterio porque este Gobierno inoperante no los reparte)”.

En segundo orden, la bonaerense se refirió a los “denunciantes compulsivos” que “por ignorancia o por malicia, o ambas, meten todo en una misma bolsa y mezclan la celebración de convenios y compromisos en el plano formal (los papeles) con la ejecución del convenio en el plano material (la entrega de guardapolvos y rendiciones)”.

“¿A qué me refiero? Si aún hay algunas cooperativas que adeudan guardapolvos, los plazos para exigir su cumplimiento o la ruptura del vínculo estuvieron vigentes para la administración actual. Desde la pésima gestión de las actuales autoridades del Ministerio de Capital Humano no entienden (o no quieren entender) que el subsidio con cargo a rendir necesariamente es anticipado, de lo contrario no hay subsidio”, apuntó.

En su extenso descargo, la diputada lanzó que “el Estado asistió a cooperativas para que fabriquen y entreguen en etapas los guardapolvos. Por lo tanto, es lógico que entreguen después de cobrar el subsidio. Es bastante simple para los que sabemos sobre gestión y administración pública. También es cierto que desde la ignorancia y sin estudiar no podrán nunca llevar adelante políticas públicas. Y si encima corren a denunciar compulsivamente sin saber lo que denuncian es flagrante la inconsistencia de lo que denuncian”.

“Si en lugar de fabricar o inventar denuncias a pedido del presidente de la Nación se hubieran ocupado de articular con las cooperativas para que terminen de entregar los guardapolvos que faltan y que presenten sus rendiciones, quizás la situación sería otra”, consideró y recordó que “las cooperativas que firmaron convenios organizaron sus procesos productivos con la libertad y la responsabilidad de cómo lo hicieron y con quiénes, a quiénes le pagaron y cuánto, recae pura y absolutamente sobre sus autoridades designadas”.

Tolosa Paz remarcó que “las organizaciones de la economía social o cooperativas son beneficiarios de la política pública, no son financiadores de la política pública. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia muy grande entre comprar guardapolvos y subsidiar cooperativas para que puedan generar trabajo y fabricarlos?”.

“Se firmaron convenios para promover, apoyar y asistir a las organizaciones textiles de la economía social y que puedan fabricar guardapolvos. Fabricaron, entregaron en los depósitos del Ministerio cientos de miles de unidades que fueron distribuidas a lo largo y ancho del país. Terminó nuestro Gobierno y algunas cooperativas hicieron rendiciones de cuentas y otras no porque algunas cooperativas subsidiadas todavía tenían guardapolvos para entregar. Punto”, resumió.

Finalmente expresó: “Si ganaron las elecciones y les toca gestionar el Estado tienen que aprender que hay algo que se llama continuidad jurídica de los actos administrativos del Estado. Aunque crean lo contrario en este Gobierno, no vinieron a refundar el país y se tienen que hacer cargo sin beneficio de inventario de gestionar lo público”.

La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) presentó un pedido de informes sobre el proceso licitatorio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la compra de frazadas por un total de $1.069 millones, a un precio por unidad que “excede entre un 147 y un 177% el valor de mercado de estos insumos y sin una necesidad clara sobre la adquisición de tales bienes”, señaló.

El 4 de septiembre pasado se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social para la adquisición de frazadas, destinadas a la atención de los sectores socialmente vulnerables, solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social del citado Ministerio.

“Según un informe de investigación, la compra de estos insumos fue realizada a un precio exorbitante con respecto al valor de mercado. Aún si se sumara el costo financiero de 60 días corridos de pago, los valores quedan muy por encima de lo que se encuentra en un comercio minorista”, apuntó la cordobesa.

La legisladora sostuvo que “la contratación y compra pública son componentes cruciales en la prestación de servicios públicos, el buen gobierno y una economía sostenible. Las compras deben ser realizadas de forma transparente y la información debe ser pública para que cada ciudadano o ciudadana pueda tener acceso libremente”.

La opositora también instó a que aclaren los argumentos planteados por la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, acerca de esta compra. “A través de su cuenta oficial abre un nuevo y mayor universo de incertidumbre vinculado a expresiones imprecisas e infundadas desde las cuales se pretende justificar el proceso de adquisición realizado, expresiones tales como ‘condiciones INTI exigidas por el Estado nacional’, ‘stock flotante’, ‘eventos climáticos previstos por el Ministerio’, y ‘necesidades y demandas del Ministerio’ ameritan una mayor y exhaustiva explicación por parte de las autoridades para su compresión, y que puedan presentarse como justificativos válidos para el precio, la cantidad y la época en que esta adquisición se ha llevado adelante”, aseveró.

La ministra Tolosa Paz habló de “opereta”

En una extensa publicación en su perfil de X, en la que adjunta el comunicado del Ministerio que conduce, la ministra Victoria Tolosa Paz salió al cruce de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y aseguró que la información se trata de una “opereta”.

“El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación adjudicó la compra de frazadas por debajo del precio testigo de Sindicatura General de la Nación (SIGEN) luego de haber celebrado un procedimiento de Licitación Pública, transparente, concurrente y difundido por los canales exigidos por las normas en vigencia”, se afirma en el comunicado.

Con la mirada puesta sobre los próximos comicios, el jefe de Gobierno por Republicanos Unidos (RU) y legislador porteño por ese mismo espacio, Roberto García Moritán, volvió a insistir con su iniciativa para demoler el Ministerio de Desarrollo Social para “ponerles fin a los piquetes” en el centro porteño.

Fue a través de un video que compartió en sus redes sociales, en el que se expresó sobre la finalización de los acampes y la necesidad de correr el histórico edificio con la imagen de Eva Perón en la avenida 9 de Julio. “Este año tenemos la gran oportunidad de recuperar el orden de donde estamos. Los porteños merecemos un mejor día. Recuperar el orden y la libertad. Los porteños merecemos vivir mejor”, aseveró.

Al mismo tiempo que recordó que se trata de “una de las avenidas que conecta el norte con el sur de la ciudad, en el medio un edificio que concentra todos los piquetes, protestas y los acampes. Este año tenemos la gran oportunidad de recuperar el orden y la libertad. Los porteños merecemos vivir mejor”.

La iniciativa -que fue presentada en la Legislatura porteña el año pasado- plantea que el inmueble sea “demolido y el terreno será destinado a la ampliación de la Avenida 9 de Julio para el mejoramiento del tránsito”. Además, establece que “el Poder Ejecutivo debe solicitar al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación de los bienes dentro de los 30 días de la entrada en vigencia de la presente Ley. La entidad bancaria cuenta con un plazo máximo de 90 días para la realización de las tasaciones”.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador remarcó que “este edificio es el único que se encuentra emplazado en medio de la Avenida 9 de Julio” e indicó que “en un principio, esta estructura no fue un problema para la normal circulación, pero el crecimiento demográfico que tuvo la Ciudad de Buenos Aires (que pasó de tener en 2001 2.776.138 habitantes a tener aproximadamente más de 3.000.000 en el año 2022), sumado al crecimiento del parque automotor,  generó el entorpecimiento del tránsito. Esto, sin considerar los más de 3.500.000 ciudadanos que ingresan desde el gran Buenos Aires a la Capital Federal diariamente”.

Cabe recordar que el edificio nació como Ministerio de Obras Públicas, y actualmente aloja al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Salud de la Nación. “Al cambiar las carteras que aloja, el edificio se ha convertido en objeto de protestas, piquetes y acampes por parte de movimientos y organizaciones sociales”, continuó García Moritán, al mismo tiempo que advirtió que “este trastorno causa demoras de tránsito y en el transporte público, con lo que también se generan protestas de quienes sufren para ir y volver de sus trabajos. Particularmente, desde que comenzó 2022, en la CABA se dieron ya más de 600 piquetes, y las organizaciones sociales protagonizan más del 45% de los cortes que suceden en la Ciudad, siendo que estas organizaciones le reclaman al Estado Nacional. Así como se pueden ver los datos actuales, también se pueden mencionar los del 2021: 713 cortes en la CABA”.

“Por todas estas razones, consideramos que se transforma en una necesidad cumplimentar con lo establecido en la Ley 238 y demoler este edificio, permitiendo así no solo descongestionar el tránsito y promover el normal funcionamiento de una arteria tan importante como lo es la Av. 9 de Julio, sino también ofreciendo la posibilidad de trasladar la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a un lugar donde las protestas y reclamos de diferentes sectores se lleven a cabo sin generar un caos vehicular y/o peatonal, redundando en el reconocimiento del derecho a circular de todos los porteños, bonaerenses y argentinos. Asimismo, y considerando también el tipo de ministerio, tendría sentido su relocalización hacia barrios vulnerables, como lo ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, dado que su objetivo es la integración social”, sentenció.

La diputada nacional Gabriela Lena (UCR – Entre Ríos) remarcó que la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de dar de baja a más de 400 planes sociales en la provincia “evidencia que es imprescindible que se transparente la información sobre la forma en que se otorgan esos beneficios”.

Lena recordó que semanas atrás presentó un pedido de informes sobre los planes sociales nacionales que tienen como beneficiarios a la población de la provincia de Entre Ríos y que todavía no ha tenido respuestas de ningún tipo. En esa presentación, la legisladora requirió que se proporcione el número total de beneficiarios de dichos planes, y que se desglose esa información según el tipo de plan social que se está otorgando.

“No hay ninguna duda de que frente a la acuciante situación de pobreza y necesidad en la que vive gran parte de población es imprescindible que el Estado asista a esas familias. Según el INDEC, Concordia es la ciudad el país con mayor pobreza infantil con un estremecedor índice de casi el 70%. Por eso, cada peso que se destina a paliar esa situación debe tener el destino correcto. Es necesario que exista la mayor transparencia en cuanto a su distribución para tener una visión clara de la realidad social en la que se encuentran los beneficiarios y para el diseño e implementación de políticas públicas eficaces y eficientes en el área de desarrollo social”, subrayó la diputada nacional.

Lena enfatizó que “los planes sociales dados de baja fueron otorgados irregularmente, con datos falsos” y por eso reclamó “que se informe claramente de qué forma se distribuyen esos planes, cuántos son y de qué tipo de asistencia se trata”.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Victoria Tolosa Paz, presentó ante la Justicia un informe con el listado de los planes sociales que fueron dados de baja porque sus beneficiarios nunca aparecieron y en Exaltación de la Cruz había 82 beneficiarios “fantasma” por una suma de tres millones y medio de pesos.

La causa judicial está en manos de la Justicia Federal. Allí se investigan irregularidades en el otorgamiento de los planes “Potenciar Trabajo”. El informe muestra cuántos de esos planes sociales “truchos” pertenecen a cada provincia y a cada municipio.

Exaltación de la Cruz se destaca notablemente, siendo el municipio número 24º en todo el país en cantidad de planes sociales truchos detectados, ya que fueron 82 beneficiarios truchos que fueron dados de baja y para ubicar ese dato, es casi el triple de los que se dieron de baja en Zárate, Tigre o Tres de Febrero. Localidades mucho más grandes en población.

Son 82 de un total de beneficiarios desconocidos, que cobraban $42.000 todos los meses, a razón de casi $3.500.000 por mes, que se cobraba irregularmente en Exaltación. La Justicia está investigando quien se quedaba con esa tremenda suma de dinero que todos los meses se “perdía” por más de 42 millones de pesos al año.

El crecimiento de los planes “Potenciar Trabajo” en Exaltación ha sido notable desde que asumió Diego Nanni, de la mano del crecimiento que en el distrito tuvo el Movimiento Evita, conducido por Fabian Deantoni y quien está a cargo de la Dirección de Economía Popular y Políticas Sociales.

En el marco del Programa Nacional de Banco de Herramientas, Maquinarias e Insumos, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, entregaron maquinarias y materiales a 60 emprendedoras y emprendedores del distrito.

“Continuamos entregando herramientas y maquinarias a las familias del distrito con el objetivo de fortalecer sus emprendimientos. Es muy importante que sigamos acompañando a las unidades productivas que desarrollan los vecinos para que puedan mejorar su calidad de vida”, señaló el intendente Fernando Gray en el Museo Histórico Municipal La Campana (Deán Funes 1221, El Jagüel).

Además, explicó que “desde el Municipio llevamos adelante acciones de formación, capacitación y promoción de espacios de comercialización institucional para emprendedoras y emprendedores”.

Por su parte, la ministra Victoria Tolosa Paz indicó: “Es muy grato volver a este distrito que abrazó a esta política con mucha capacidad de gestión. Estas nuevas entregas de maquinarias y elementos son una alegría para muchísimas familias de Esteban Echeverría que permiten mejorar sus emprendimientos y comercializar sus productos en distintos espacios locales”.

Los trabajadores que recibieron materiales desarrollan productos y servicios dentro de rubros como gastronomía, panadería y pastelería, herrería, carpintería, albañilería, textil y jardinería, entre otros.

Entre las maquinarias y los elementos que se otorgaron hay aparadoras de calzado, hornos pasteleros, pizzeros y multifunción, freezers, amasadoras, freidoras, cortadoras de fiambre, balanzas, taladros de banco, agujereadoras, soldadoras de arco, dobladoras de caño, herramientas para la construcción, carretillas, mezcladoras, escaleras, compresores, bordadoras, máquinas de coser, kits de jardinería, desmalezadoras y motosierras.

Con esta entrega a través del Programa Nacional de Banco de Herramientas, Maquinarias e Insumos, el Municipio ya asistió a 385 unidades productivas. Además, la comuna lleva adelante acciones de formación, capacitación y promoción de espacios de comercialización institucional con el objetivo de fortalecer y seguir acompañando a los trabajadores para que puedan mejorar y diversificar su producción o servicio.

La senadora nacional Clara Vega (Hay Futuro Argentina) estuvo presente en el programa nacional Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social, que se articula con organizaciones de la sociedad civil, junto a 26 familias emprendedoras y miembros de unidades productivas de la provincia de La Rioja que recibieron herramientas para sus emprendimientos.

Durante el acto de entrega que realizó en la Sede II de la fundación Yanapay, junto a su presidente Luis Nieto, Vega afirmó: “La provisión de estos recursos dinamiza las oportunidades de trabajo, pero además a un sector como la economía social que prioriza a las personas y al desarrollo humano. Por eso, cada herramienta que entregamos contribuye al sueño concreto del proyecto productivo que cada uno persigue con el fin de desarrollar un trabajo que les provea una mejor calidad de vida para ellos y sus familias”.

 “Acompañar a emprendedores, cooperativas y trabajadores de la economía social, que se integran a este programa nacional, es muy útil y productivo ya que permite consolidar, crecer y desarrollar el trabajo y las trayectorias de vida de muchos riojanos. Aquí se manifiesta claramente una política pública de apoyo a quienes llevan adelante estos proyectos que se traducen en un mayor bienestar y crecimiento para toda la provincia”, agregó la senadora.

Por su parte, el presidente de la Fundación explicó que “la gestión y el trabajo social son parte de una agenda pública que sostiene la senadora Clara Vega, en este caso en articulación con la fundación Yanapay y el Gobierno nacional. En esta iniciativa que hoy se hace realidad, venimos trabajando hace más de seis meses con el criterio de analizar y relevar diferentes proyectos que aporten a la economía circular e innovadora y a la construcción de futuro”.

Para finalizar, la senadora nacional concluyó que “nuestra responsabilidad es trabajar en políticas integrales, y nuestra función, acompañar a cada emprendedor para juntos consolidar, crecer y desarrollar sus proyectos, contribuyendo al fortalecimiento de la economía social y productiva riojana”.

En medio de la puja al respecto de las movilizaciones que se realizan a diario en la Ciudad de Buenos Aires, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán presentó en la Legislatura local una iniciativa mediante la cual buscará demoler el emblemático edificio del Ministerio de Desarrollo Social y así evitar las aglomeraciones que se dan en el lugar.

El texto también lleva la firma de su compañera de bloque Marina Kienast (RU) y plantea que el inmueble sea “demolido y el terreno será destinado a la ampliación de la Avenida 9 de Julio para el mejoramiento del tránsito”. Además establece que “el Poder Ejecutivo debe solicitar al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación de los bienes dentro de los 30 días de la entrada en vigencia de la presente Ley. La entidad bancaria cuenta con un plazo máximo de 90 días para la realización de las tasaciones”.

En los fundamentos de la iniciativa, los diputados remarcaron que “este edificio es el único que se encuentra emplazado en medio de la Avenida 9 de Julio” e indicaron que “en un principio, esta estructura no fue un problema para la normal circulación, pero el crecimiento demográfico que tuvo la Ciudad de Buenos Aires (que pasó de tener en 2001 2.776.138 habitantes a tener aproximadamente más de 3.000.000 en el año 2022), sumado al crecimiento del parque automotor,  generó el entorpecimiento del tránsito. Esto, sin considerar los más de 3.500.000 ciudadanos que ingresan desde el gran Buenos Aires a la Capital Federal diariamente”.

Cabe recordar que el edificio nació como Ministerio de Obras Públicas, y actualmente aloja al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Salud de la Nación. “Al cambiar las carteras que aloja, el edificio se ha convertido en objeto de protestas, piquetes y acampes por parte de movimientos y organizaciones sociales”, continuaron Kienast y García Moritán, al mismo tiempo que advirtieron que “este trastorno causa demoras de tránsito y en el transporte público, con lo que también se generan protestas de quienes sufren para ir y volver de sus trabajos. Particularmente, desde que comenzó 2022, en la CABA se dieron ya más de 600 piquetes, y las organizaciones sociales protagonizan más del 45% de los cortes que suceden en la Ciudad, siendo que estas organizaciones le reclaman al Estado Nacional. Así como se pueden ver los datos actuales, también se pueden mencionar los del 2021: 713 cortes en la CABA”.

“Por todas estas razones, consideramos que se transforma en una necesidad cumplimentar con lo establecido en la Ley 238 y demoler este edificio, permitiendo así no solo descongestionar el tránsito y promover el normal funcionamiento de una arteria tan importante como lo es la Av. 9 de Julio, sino también ofreciendo la posibilidad de trasladar la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a un lugar donde las protestas y reclamos de diferentes sectores se lleven a cabo sin generar un caos vehicular y/o peatonal, redundando en el reconocimiento del derecho a circular de todos los porteños, bonaerenses y argentinos. Asimismo, y considerando también el tipo de ministerio, tendría sentido su relocalización hacia barrios vulnerables, como lo ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, dado que su objetivo es la integración social”, sentenciaron.

Las repercusiones del proyecto

Lo cierto es que la presentación de la iniciativa generó revuelo en las redes sociales, por lo que García Moritán debió salir a responderle a sus detractores. “Acabo de presentar un proyecto de ley para demoler el edificio de Desarrollo Social ubicado en la 9 de Julio. En lo que va del año hubo más de 600 piquetes y cortes en la CABA por culpa de Nación. Resuelvan sus conflictos en otro lado y no le jodan más la vida a los demás”, comenzó diciendo el legislador.

Fue entonces cuando la vocera del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti, salió al cruce: “el legislador porteño Roberto García Moritán quiere demoler el emblemático edificio de la avenida 9 de Julio con la imagen de Evita el día en que se recuerda su renunciamiento histórico.  Desbloqueó un nivel superior de gorilismo”, planteó. 

Atento a sus dichos, el oficialista remarcó que lo que quiere “es un edificio mal ubicado que se cae a pedazos, interrumpe la circulación y es escenario diario de cortes y piquetes. Como vocera debería ocuparse de explicar el hambre, la inflación, la corrupción y la inseguridad que nos afectan a todos”.

La senadora nacional Silvina García Larraburu, junto a la legisladora María Eugenia Martini y el delegado de Desarrollo Social de la Nación, Fernando Del Campo, realizaron la entrega de equipamiento e insumos dentro del programa nacional Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La inversión de $6.500.000 beneficia a más de 70 emprendedoras y emprendedores gastronómicos, carpinteros, trabajadores de la construcción, musicalizadores, entre otros. También participó la Asociación Civil Activar Río Negro. 

“Este aporte está destinado a la compra de maquinarias, herramientas y materiales; permitiéndoles a los beneficiarios y beneficiarias generar una fuente propia de ingreso genuino; y de esta manera reactivar el mercado productivo y laboral en este contexto de emergencia social”, detalló García Larraburu. 

Agregó: “Celebramos estas políticas públicas basadas en la Justicia Social, porque benefician a todos los argentinos y a las argentinas; y entre ellos a sectores que motorizan la economía local, como son los emprendedores, los artesanos, los productores, entre otros tantos que encontramos en nuestra zona”. 

“Con este programa estamos generando empleos dignos, genuinos; estamos capacitando y poniendo en acto la intervención del Estado en la generación de proyectos autogestivos. Es decir que logramos avanzar en un círculo virtuoso que reúne todos los criterios que hacen a la calidad ordenadora y transformadora del trabajo”, definió la legisladora María Eugenia Martini. 

García Larraburu concluyó afirmando que: “Estoy convencida que también con la capacitación propuesta en el programa, para los beneficiarios y beneficiarias, cerramos un círculo virtuoso; y que con políticas similares mantenidas en el tiempo podremos poner finalmente a la Argentina de Pie”. 
 

Ministros de Desarrollo Social de varias provincias y de diferentes espacios políticos expresaron este miércoles en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados su respaldo a un proyecto de ley del diputado del Frente de Todos Federico Fagioli para instrumentar políticas de ayuda y contención a las personas que están en situación de calle.

En una reunión informativa de las comisiones de Derechos Humanos y de Salud de la Cámara baja, los ministros de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; de Tucumán, Gerardo Yedlin; de Chaco, María Pía Chiacchio Cavana; el subsecretario de Desarrollo Social de Mendoza, Alejandro Verón, y el subsecretario de Asistencia y Cuidado Inmediato de CABA, Maximiliano Corach, expusieron sobre esta propuesta y coincidieron en varios puntos.

A lo largo de la reunión realizada por videoconferencia conducida por los titulares de las comisiones, Hugo Yasky y Pablo Yeldin, los funcionarios expresaron su respaldo al proyecto del dirigente social y diputado oficialista Fagioli y solo puso algunos reparos el representante porteño Corach.

El proyecto contempla la creación, en el Ministerio de Desarrollo Social, de una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle y una línea telefónica nacional.

Al abrir la reunión, Yasky manifestó que es necesario tratar el proyecto de las familias en situación de calle con el objetivo “de garantizar integralmente y hacer operativo los Derechos Humanos de las personas en situación de calle y en riesgo de caer en situación de calle”.

Por su parte, el diputado Yedlin afirmó que ahora “se va a trabajar con asesores en conseguir un dictamen de acuerdo, un texto que nos unifique y podamos sacar una norma para un tema que tanto nos aúna y preocupa a todos los argentinos”.

Larroque señaló: “Vamos acompañar el proyecto de Fagioli que nos viene muy bien en la provincia de Buenos Aires” y dijo que es “es importante que el Estado pueda asistir a la personas en situación de calle”.

“Nosotros tenemos que seguir profundizando permanentemente las políticas porque la solución va a tener que ver con el cambio de modelo económico, con la recuperación plena de la producción y empleo en la Argentina”, destacó el funcionario bonaerense.

Fagioli agradeció los respaldos y señaló que es una “problemática nos afecta a todos y todas, y creo que es muy importante que como sociedad dejemos de mirar hacia un costado y nos hagamos carne de esta problemática, la tomemos y empezamos a generar las políticas necesarias”.

Por su parte, Corach relató que en la ciudad de Buenos Aires “el trabajo con las personas en situación de calle se divide en dos, por un lado lo referido a la emergencia y por otro la solución de fondo para esta problemática, que requiere mucha más atención y acompañamiento”.

El funcionario porteño planteó algunas dudas sobre la necesidad de tener una ley ya que “es un tema de responsabilidad de cada distrito”.

Por su parte, Chiacchio Cavana manifestó su “apoyo al proyecto presentado por Fagioli, que es representativo del trabajo que viene realizando el Gobierno de Chaco que tiene una mirada para abordar en forma interdisciplinaria el tema de ayuda a las personas en situación de calle”.

Agregó que “para generar políticas públicas se deben respetar: objetivos de desarrollo sustentable; perspectivas e identidades de género; la heterogeneidad étnica; y la descentralización y federalismo de las políticas”.

En tanto, el titular de Desarrollo Social de Tucumán sostuvo que el proyecto “es muy importante y estuvimos trabajando en esta ley que busca tratar un tema complejo que no tiene soluciones únicas y viene a traer una línea operativa que nos va a ayudar”.

“Para nosotros es muy importante poder contar de manera federal que es lo que estamos haciendo y de poder pensar las políticas públicas de manera global”, agregó.

El funcionario mendocino Verón felicitó al autor del proyecto y dijo que “tiene muchos puntos en común con muchas políticas aplicadas en Mendoza como en el caso de los refugios que tiene diferentes modalidades, ya que algunos son nocturnos y otros funcionan las 24 horas”.