Así lo confirmó el ministro Mariano Cúneo Libarona ante un seminario internacional organizado por un estudio de abogados. También anunció que impulsará la ley de Ficha Limpia.
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció este martes que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto para sancionar una nueva ley de Decomiso anticipado de bienes provenientes de delitos.
El funcionario disertó ante un seminario organizado por el estudio Marval, O’Farrell, Mairal, en donde defendió las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Javier Milei en la lucha contra la corrupción y planteó: “No podemos aspirar a insertarnos nuevamente en el mundo si no mejoramos nuestros indicadores de transparencia y lucha contra la corrupción”.
“El Gobierno de Javier Milei quiere que haya un profundo cambio y convertir a la Argentina en un país serio en el largo plazo. Estamos achicando el Estado y eso en sí mismo es luchar contra la corrupción”, sostuvo en la apertura del encuentro sobre anti-corrupción e investigaciones organizado por la firma de abogados y sumó: “Menos Estado es menos delito”.
Cúneo Libarona sostuvo: “Nuestra legislación es clara en referencia al tema del compliance. Están claros en nuestra legislación los alcances y las responsabilidades, tal vez falten incluir delitos como el lavado de dinero”, y opinó: “Para mí el centro del tema está en impulsar programas de integridad con responsabilidades y procedimientos claros. Nuestra ley responde a los compromisos internacionales y es un avance en la lucha contra la corrupción pública y privada. Es una nueva cultura de cumplimiento positiva, que fomenta los valores éticos”.
En otro tramo de su discurso, el ministro llamó a la UIF (el organismo anti lavado) a “despertarse de la siesta del pasado, para encarar una sería negociación con el GAFI”. En ese sentido, el ministro hizo un anuncio sobre un cambio que espera conducir en ese rubro: “Vamos a presentar una nueva ley de decomiso anticipado en el Congreso para evitar que los delincuentes obtengan beneficios del delito”.
También adelantó que impulsará una ley de “ficha limpia”, para limitar que las personas involucradas puedan presentarse como candidatos en las elecciones. Además, el ministro dijo: “Estamos luchando contra los juicios falsos y estafas procesales para obtener beneficios del estado de forma irregular”.
Según Cúneo, el decomiso de bienes obtenidos mediante delitos “debe ser rápido, no tiene sentido que haya autos o aviones en un depósito”.
Por su parte, el presidente del estudio, Santiago Carregal, manifestó: “El cambio de gobierno trajo nuevos objetivos y prioridades y tenemos que repensar las políticas de transparencia en el nuevo contexto. No podemos aspirar a insertarnos de nuevo en el mundo sin mejorar nuestros indicadores en esta materia. Esto requiere un esfuerzo conjunto entre el sector privado y el público, porque si bien no podemos cambiar el pasado, sí podemos trabajar para un futuro mejor”.
Así lo establecía el artículo 2 del proyecto del Ejecutivo que se cayó en la votación en particular con 126 votos negativos, 111 votos afirmativos y 2 abstenciones. Tras casi una hora de cuarto intermedio los bloques acordaron una nueva redacción para que quede bajo la órbita del Ministerio de Justicia. El detalle de la votación.
Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en la sesión de este miércoles en general el proyecto para la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, durante la votación en particular el panorama se empantanó y derivó a la modificación de varios artículos, el más importante de ello el 2 que se cayó y tuvo que ser redactado nuevamente.
La Ley 26.879 establecía que el Registro de Datos Genéticos estuviese bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Sin embargo, en el proyecto enviado por el Ejecutivo proponía que pase a estar en el ámbito del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.
Durante el tratamiento en el recinto, diputados de diferentes bancadas habían adelantado el rechazo de la redacción del artículo 2 y ratificaban el texto de la vigente norma.
Al tomar la palabra durante la votación en particular, el diputado radical Fernando Carbajal propuso una reforma al artículo 2 que establece que el Registro de Datos quede bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, por lo que argumentó que jurídicamente “es algo que desaconsejan”. Así, el formoseño remarcó que el Registro actualmente tiene dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación por lo que planteó dejarlo así y no trasladarlo al de Seguridad: “Eso es un grave error porque le da una parcialidad necesaria y le quita confiabilidad, certeza y seguridad a esa prueba que puede llegar a producir el banco”.
“Es conveniente para ello que esté alejado del organismo administrativo que, tiene como función la persecución criminal. No podemos mezclar esa generación de pruebas poniéndola en manos en el mismo ministerio que le damos la función de perseguir delincuentes. Tiene que permanecer en el ámbito del Ministerio de Justicia cuya función con asegurar la imparcialidad y no con la fijación de la política criminal”, fundamentó y pidió que se reemplace para “asegurar confiabilidad e imparcialidad de los informes que puede dar el banco de datos”.
En el mismo sentido y en nombre de UP coincidió el rionegrino Martín Soria quien expresó: “Desde nuestro bloque está a favor de mejorar esta herramienta fundamental para el esclarecimiento de hechos aberrantes y cualquier delito grave. Nosotros creamos esta herramienta en el 2013 y la pusimos a andar en 2021. Coincidimos con Carbajal sobre la ubicación del Banco Nacional Genéticos no en la órbita de Seguridad sino donde está actualmente en Justicia”.
La miembro informante, Laura Rodríguez Machado rechazó las modificaciones propuestas y ratificó la redacción del texto original para “respetar el trabajo realizado durante meses y en respeto a quienes expusieron y los criterios en los cuales están los artículos. Vamos a mantener el proyecto tal cual presentado”. Sin embargo, el artículo fue rechazado con 126 votos negativos, 111 votos afirmativos y 2 abstenciones.
Caído el artículo, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, alertó que “no hay ubicación del Registro de Datos Genéticos hasta que no votemos”, por lo que planteó “poner a consideración que podamos ubicar el tema en el Ministerio de Justicia donde estaba y la mayoría de los bloques lo ha manifestado”.
Tras más de una hora de cuarto intermedio, Martínez leyó la redacción del nuevo artículo: “Sustitúyase el artículo 2 la Ley 26.879 por el siguiente: ‘El registro creado funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia’”. Así las cosas, la nueva votación resultó aprobada con 231 votos afirmativos y 7 abstenciones.
¿Quiénes rechazaron la redacción original del artículo 2?
A todo el bloque de UP y de los cinco diputados del Frente de Izquierda se le sumaron los radicales Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Pablo Juliano, Facundo Manes, Roxana Reyes, Jorge Rizzotti y Danya Tavela.
También de la Coalición Cívica los diputados Victoria Borrego, Maximiliano Ferrado, Mónica Frade, Juan Manuel López.
En cuanto al bloque Innovación Federal votaron en contra Alberto Arrua, Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega.
El bloque Encuentro Federal también votó dividido, siendo por la negativa Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulon, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizzer y Alejandra Torres.
Los representantes del Frente Por Santa Cruz Sergio Acevedo y Luis Garrido, mientras que las abstenciones fueron de Marcela Campagnoli (CC-ARI) y Julio Cobos (UCR).
Así lo dispuso el Poder Ejecutivo en un decreto que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial. “La medida resulta impostergable para la gestión del gobierno”, se afirmó.
El Gobierno nacional traspasó este viernes el área dedicada a la protección contra la violencia de género al Ministerio de Justicia, a través del DNU 450/24 publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y todo su Gabinete.
En los considerandos se señaló que “razones de gestión tornan menester asignar la competencia relacionada con el desarrollo de las acciones en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Justicia”.
“La medida propuesta resulta impostergable para la gestión del gobierno”, se agregó y, de esta manera, se establece entre las competencias de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona: “Entender en el desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas en todos sus ámbitos de actuación”.
También, el Ministerio podrá “entender en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas orientadas al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en materia de políticas de género, igualdad y diversidad, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y demás áreas de la Administración Pública con competencia en la materia”.
Al asumir el gobierno de Milei, el exMinisterio de Mujeres, Géneros y Diversidad, creado bajo la gestión de Alberto Fernández, fue degradado a subsecretaría -dedicada solo a la cuestión de la violencia- dentro del Ministerio de Capital Humano, a cargo actualmente de Claudia Barcia.
En el decreto publicado en el Boletín Oficial este viernes, el Ejecutivo dispuso que la UIF esté bajo la órbita del Ministerio de Justicia y modificó el plazo de entrada en vigencia de la norma.
El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley 27.739, sancionada por el Senado en la última sesión, relacionada a la prevención y represión del lavado de activos.
Mediante el decreto 254/24, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo observó tres artículos de la norma.
El primer cambio tiene que ver con el artículo 5 de la ley, por el cual se había establecido que la UIF funcionaría “como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía”.
El Gobierno volvió a disponer -como figuraba en la Ley 25.246- que la UIF funcione “con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia”, el cual tiene “la responsabilidad de entender en la determinación de la política, en la elaboración de planes y programas, en la fiscalización y en la representación del Estado Nacional ante los organismos internacionales, en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, argumentó en los considerandos.
En esa línea, también se promulgó parcialmente el artículo 7, por “ser incongruente con los términos del aludido artículo 5 de dicho proyecto”, al hablar de “Ministerio de Hacienda”.
Finalmente, y ante la urgencia por la implementación de esta ley, pues Argentina será sometida a revisión del GAFI, el Ejecutivo consideró que “resulta imperioso que las modificaciones dispuestas por el proyecto de ley sancionado entren en vigencia con anterioridad a la fecha resultante del plazo de 30 días corridos previsto en su artículo 40”.
En este sentido, dispuso que “el texto legal sancionado comience a regir de acuerdo a los términos del artículo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación”. El mismo dispone que “las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen”.
Así lo anticipó el ministro de Justicia de la Nación. En el marco de la crisis de seguridad imperante en la provincia de Santa Fe, también anticipó una serie de medidas a implementar.
“Vamos a enviar una nueva ley de Extinción de dominio al Congreso para que se aceleren los procesos de secuestro, decomiso y remate de bienes provenientes del narcotráfico”, anunció a través de su cuenta de la red social X el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en el marco de un paquete de medidas que anticipó para enfrentar al narcotráfico enquistado en la ciudad de Rosario.
Con motivo de la grave situación que atraviesa esa ciudad, producto de la violencia y los delitos vinculados al narcotráfico, el Ministerio de Justicia adelantó que llevará adelante acciones concretas con el objetivo de colaborar en la resolución de esa problemática.
En tal sentido se anunció una serie de iniciativas legislativas a implementar en el futuro, comenzando por la implementación del sistema acusatorio.
Sobre ese punto, se buscará la persecución penal para el crimen organizado y en especial el narcotráfico. También se promete brindar el máximo apoyo a jueces y fiscales para que puedan llevar a cabo sus investigaciones y que las causas de narcotráfico sean rápidamente elevadas a juicio.
También el Ministerio Público Fiscal deberá hacerse cargo de investigaciones más complejas, se remarcó.
Se anticipó una reforma del Código Penal, con la puesta en marcha de una comisión redactora para reformar dicho código, con nuevas conductas punibles y elevación de las penas previstas para narcotráfico, crimen organizado y delitos asociados.
Con relación a la extinción de dominio, se mandará próximamente al Congreso un proyecto sobre secuestro de bienes y extinción de dominio. Asimismo se acelerarán los procesos de decomiso y remate de bienes provenientes del narcotráfico.
Una bicameral especial era la encargada del cronograma de aplicación de la norma, sancionada en 2014. Ahora, estará a cargo del Ministerio de Justicia.
A través del decreto de necesidad y urgencia 188/24, el Gobierno nacional le quitó al Congreso la facultad sobre la implementación del Código Procesal Penal, sancionado en 2014. Ahora, el cronograma para su aplicación en el país estará a cargo del Ministerio de Justicia.
Mediante un comunicado, la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona recordó que esta norma “introduce un modelo de justicia oral, ágil y eficaz, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros fenómenos criminales que forman parte de la competencia de la justicia federal”.
“La ley modificada establecía que la puesta en vigencia del régimen procesal estaba a cargo de una Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Honorable Congreso de la Nación. Esta comisión bicameral habilitó el nuevo sistema en las provincias de Salta y Jujuy en 2019. Luego de ello, el trabajo de implementación se detuvo y no registró nuevos avances”, se señaló.
Ante esto, el Ejecutivo argumentó que “el estancamiento impide el avance del sistema procesal y perjudica seriamente el funcionamiento de la justicia federal”. “En la actualidad, el Código Procesal Penal Federal coexiste con el sistema anterior, que es lento, burocrático e ineficiente. Es fundamental concluir la reforma sin demora, y brindar a las fiscalías las herramientas necesarias para investigar y combatir el crimen organizado, así como otros delitos que tanto afectan a nuestra sociedad”, sostuvo el Ministerio de Justicia.
En ese sentido, se explicó que “el DNU corrige el esquema de implementación de esta política de Estado, y le asigna al Poder Ejecutivo Nacional la responsabilidad de impulsar las acciones técnicas y propiciar las adecuaciones reglamentarias pendientes para completar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el resto del territorio nacional”.
“Este proceso será liderado por el Ministerio de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación y los colegios de abogados”, se enumeró y finalizó: “Se hará el mayor esfuerzo tendiente a lograr un único sistema procesal federal en todo el país, a fin de lograr un servicio de justicia más rápido, efectivo y moderno”.
El nuevo Centro de Asistencia a la Víctima y Acceso a la Justicia (CAJUS), que dará asesoría y respaldo profesional a quienes hayan sido afectados por algún delito funcionará en la avenida Hipólito Yrigoyen 1440 de la distrito.
El intendente de Morón Lucas Ghi junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, participaron de la apertura de un nuevo Centro de Asistencia a la Víctima y Acceso a la Justicia (CAJUS) que funcionará en Morón. El mismo está ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen 1440.
Este nuevo Centro brindará atención a víctimas de delitos graves para que puedan acceder a las causas penales, recibir acompañamiento, asesoramiento legal y psicosocial. El trabajo que allí se llevará adelante, estará encabezado por un equipo interdisciplinario de abogados y abogadas, trabajadores sociales, y también psicólogos y psicólogas, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades a toda la comunidad. A su vez, la asistencia buscará facilitar procesos judiciales que podrían ser complejos de llevar adelante, tanto por la o el damnificado, o por sus familias.
Al respecto, el intendente Lucas Ghi expresó que “la víctima tiene que ser acompañada por el Estado y este espacio va a cumplir esa función. Es un trabajo articulado que hacemos con la Provincia de Buenos Aires, a través del ministro de Justicia Julio Alak, y que desde lo local también hacemos con los foros de seguridad, con asociaciones de víctimas, con el Poder Judicial de Morón, con representantes del Poder Judicial de Nación, que tiene que ver con estrechar filas y trabajar en equipo”.
Por su parte, el ministro Alak, señaló que “las víctimas necesitan que el Estado las acompañe cuando sucede un drama familiar y también para que los vecinos y vecinas tengan acceso directo a todos los derechos sociales que se otorgan. Por eso, el Gobierno provincial impulsa junto a los municipios esta política pública que acompaña y resuelve los problemas”.
En la inauguración del nuevo espacio participaron además el subsecretario de Justicia de la Provincia, Inti Pérez Aznar; la directora provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, Agustina Lafolla; el presidente de la asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón, Matías Rappazzo; el secretario de Seguridad municipal, Gustavo Yapura; el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Morón, Marcelo González; el subjefe policial de Morón, Comisario Inspector Miguel; el defensor del Pueblo de Morón, Enrique Pochat; representantes de Estrellas Amarillas; organizaciones sociales; culturales, deportivas y comunitarias.
Para el legislador mendocino, la designación del exdiputado nacional forma parte de “un plan para limpiar al kirchnerismo de las causas de corrupción”.
Luego de haber sido aprobada finalmente su renuncia como diputado nacional, el rionegrino Martín Soria asumió este lunes como ministro de Justicia, en lugar de Marcela Losardo.
El diputado nacional Luis Petri la emprendió duramente contra el nuevo funcionario, al considerar que su designación “es un paso más hacia la búsqueda de impunidad”. A juicio del mendocino, “van a intentar reformar el Ministerio Público Fiscal, que es la piedra angular del plan para limpiar al kirchnerismo de las causas de corrupción y poner en la cuerda floja a los fiscales que no se alineen”.
Petri sostuvo que el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal otorga a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del MPF la facultad de elegir un Procurador General interino. “Es decir, si se aprueba, van a desplazar a Eduardo Casal y designar un procurador servil al plan de impunidad”, anticipó Petri.
Además, agregó, “debilita la figura del Procurador ya que elimina la mayoría necesaria de 2/3 de los senadores para su designación y reduce su mandato. Suprimiendo así la necesidad de consensos para la designación y facilitando que una mayoría política circunstancial decida”.
“Otro grave aspecto, es la modificación de la integración del Tribunal de Enjuiciamiento de fiscales, que garantizaría al oficialismo la mayoría necesaria para remover fiscales que los incomodan. Si se aprueba, desplazarán a los fiscales que no pidan la absolución de CFK”, concluyó el diputado radical.
Tras ser confirmado como nuevo ministro de Justicia, el diputado rionegrino dijo que su principal objetivo será “terminar con lawfare y la mesa judicial”.
En sus primeras declaraciones luego de ser confirmado como el nuevo ministro de Justicia, el diputado rionegrino Martín Soria aseguró que entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial “tiene que haber una relación institucional, transparente, de ida y vuelta”.
“Uno de nuestros principales objetivos es terminar con el lawfare y la mesa judicial. Pero la relación tiene que ser totalmente institucional, no entre cuatro paredes, de espalda y escondidos de la sociedad”, sostuvo este martes.
El legislador, a quien la Cámara baja tendrá que aceptarle la renuncia en la primera sesión que se realice, subrayó que “es un desafío enorme transformar el desastre que hicieron con el Poder Judicial” durante el gobierno de Cambiemos y enfatizó: “Conmigo no van a contar para hacer eso, para recibir a escondidas jueces y fiscales”.
Sobre la postura de la oposición, que considera que su llegada a la cartera de Justicia tiene que ver con las causas judiciales que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Soria respondió: “El caballito de batalla de siempre es decir ‘que van por la impunidad’. Acá no hay ningún cambio de causas ni fiscales. En ninguno de los proyectos que se presentaron (en el Congreso) hasta ahora, no existe la más mínima posibilidad de cambiar los jueces. Además, conociendo a la vicepresidenta es lo que menos querría, esta es la verdad”.
“Ella quiere como cualquier ciudadano que no tuvo nada que ver o que es inocente, y que la acusaron mediática, judicial y políticamente, porque eso es el lawfare, que sea la misma Justicia que la libere de culpa y cargo, que es lo que corresponde cuando uno no hizo nada”, expresó.
Y agregó que “diferente es cuando te condenan desde lo medios, te arman una causa, reciben a jueces y fiscales en un despacho del presidente y avanzan. Eso fue la mesa judicial y lo que pasó en Argentina. Por eso la decisión férrea de nuestro Gobierno en avanzar en estos cambios. Por eso la oposición desmesurada, perversa, que no quiere siquiera debatir los proyectos”.
Entrevistado en Radio 10, el exintendente de General Roca consideró que hay que “revertir esta situación de tener un procurador interino (Eduardo Casal) que nadie eligió y que está atornillado a ese sillón”. “Tenemos una oposición que parece no estar dispuesta a dar el debate sobre los cambios urgentes que el Poder Judicial necesita”, dijo, respecto al rechazo de Juntos por el Cambio a tratar las leyes de reforma judicial y de reforma del Ministerio Público.
Sobre sus denuncias por la “mesa judicial M”, el diputado indicó que “no todos los jueces, no todos los fiscales se prestaron a ese juego perverso de sentarse a escondidas en el despacho del presidente Macri, por eso no hay que generalizar”. Sin embargo, algunos “se zafaron, se pasaron de la raya y se olvidaron del rol fundamental del servicio de justicia”, siguió.
El rionegrino rechazó entonces “barbaridades” que se dicen sobre, por ejemplo, “una cacería de brujas, y que vamos a ir por los pasillos persiguiendo a los jueces y fiscales”. “Eso es lo que hicieron ellos, apretar jueces”, apuntó y sumó: “Nosotros no vamos a responder con los mismos artilugios que usó el macrismo”.
Soria recordó que trabajó durante “muchos años” en Comodoro Py, donde tiene “conocidos, amigos”. Y, consultado sobre si cree que le “tienen miedo” en los tribunales de Retiro, contestó: “Anhelo que me tengan el respeto que merecen todos los ciudadanos. Si hay alguna irregularidad, tengo la obligación de mostrarlo y denunciarlo”.
El senador de Juntos Somos Río Negro destrozó al diputado elegido como ministro de Justicia. Dijo que no cree que lo haya elegido la vicepresidenta.
El senador nacional Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, rechazó enfáticamente la designación de Martín Soria como ministro de Justicia, y lo calificó como “un violento, un improvisado, una persona sumamente agresiva y capaz, con un cargo de estas características, de producir hechos gravísimos en las instituciones del país”.
“Para mí es muy triste”, expresó este martes el exgobernador rionegrino, que comandó la provincia en los mismos años que Soria fue intendente de General Roca. Precisamente, Weretilneck en su condición de vicegobernador, sucedió a Carlos Soria -padre de Martín-, quien fue asesinado por su esposa el 1ro. de enero de 2012.
El senador dijo que en Río Negro “lo conocemos bien” al elegido por el presidente. “Lo hemos visto del derecho y del revés”, agregó en diálogo con radio La Red, y dijo tener “numerosas anécdotas”.
Luego leyó declaraciones de Soria en medios rionegrinos, respecto a la Justicia, que compartió también en su cuenta de Twitter.
Weretilneck, aliado del Frente de Todos en el Senado, expresó que no cree que “sea un candidato perteneciente al ala o sector recomendado por la vicepresidenta”. “Es una decisión del presidente. Él (por Soria) nunca perteneció a La Cámpora, al contrario, siempre los combatió, los agredió”, continuó.
“Creo que no está capacitado para este cargo, ni tiene formación profesional, y no va a cumplir alguna tarea digna para la república”, enfatizó y advirtió: “Yo sé lo que piensa Soria del Poder Judicial, con lo cual que el presidente esté pensando eso, resulta complejo para el futuro del país”.
Finalmente, el legislador afirmó que Soria es “incapaz de mantener un diálogo y buscar consenso”, con lo cual “no hay reforma judicial que pueda ser exitosa”.
El diputado rionegrino aseguró que “Argentina necesita que el Estado de Derecho funcione a pleno” y ese será su “principal objetivo”.
Luego que el presidente Alberto Fernández confirmara que le propuso a Martín Soria ser el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, tras la salida de Marcelo Losardo, el diputado rionegrino se expresó en sus redes.
“El presidente @alferdez me honró con la propuesta para sumarme a su equipo como ministro de #Justicia de la Nación. Por supuesto que acepté este desafío que me llena de orgullo y de sentido de responsabilidad“, sostuvo el exintendente de General Roca.
El mensaje estuvo acompañado por un fragmento de la entrevista que le realizaron al presidente para el programa Fuego Amigo (Canal 9), durante la que reveló que este lunes almorzó con Soria. “Le hablé cuáles son mis expectativas y él decidió hacerse cargo”, dijo.
El mandatario aclaró que todavía resta que la Cámara de Diputados le acepte la renuncia al rionegrino.
Soria destacó que “como sostuvo el Presidente reiteradamente, Argentina necesita que el Estado de Derecho funcione a pleno, y para eso necesitamos una Justicia que se corresponda con ese Estado de Derecho”.
“Ese, entonces, será nuestro principal objetivo. Como servidor público, voy a perseguirlo con rigurosidad profesional y con la firmeza y constancia propias de aquellos que sentimos pasión por la política”, completó.
Las felicitaciones de sus pares
Entre los oficialistas que celebraron su designación, el diputado Leopoldo Moreau manifestó que “la elección de Martín Soria es una buena decisión. Siempre pensé que el Ministro de Justicia debía ser escencialmente un cuadro político, por supuesto con formación jurídica, pero por encima de ésta, un buen cuadro político y Martín lo es”.
“Quiero felicitar al compañero de nuestro bloque, Martín Soria, que tendrá la enorme responsabilidad de asumir al frente del Ministerio de Justicia. Es un nombramiento que me llena de esperanza. Fuerza @SoriaEnAccion! Argentina está llena de postergados anhelos de justicia”, escribió la diputada Fernanda Vallejos.
En tanto, el legislador Marcelo Casaretto publicó: “Felicitaciones Martín Soria, designado Ministro de Justicia por el Presidente Alberto Fernández. Actual compañero del Bloque de Diputados Nacionales por el Frente de Todos de Río Negro. Un gran compañero y un amigo, una importante función en el Gabinete Nacional”.
Por su parte, el senador Martín Doñate felicitó “al compañero @SoriaEnAccion por la designación como Ministro de Justicia. Es muy alta la responsabilidad que le toca. Le deseo todo el éxito en estos momentos en los que es urgente y necesario cumplir con el compromiso de reformar la justicia y terminar con el #Lawfare”.
Los legisladores de la oposición aseguraron que la elección del rionegrino es para “cerrar causas del kirchnerismo” y generar “impunidad”, al tiempo de controlar a jueces y fiscales.
Tras la confirmación de Martín Soria como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, la oposición cuestionó la designación del rionegrino, decisión que vinculó directamente con la influencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En su cuenta de Twitter, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri (UCR), enumeró: “La Carta de Cristina contra la Corte Suprema. El discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa. Las presiones a los jueces del Ministro del Interior. La llegada de #Soria a Justicia. Todos capítulos de un mismo plan: cerrar las causas del kirchnerismo por corrupción”.
“La designación de Martín Soria como Ministro de Justicia nos demuestra que quien decide es Cristina Kirchner. La constante erosión a la autoridad presidencial viene de su propia Vice, empeñada en demostrarnos que quien gobierna es ella. Anclados al pasado no se construye futuro”, sostuvo la diputada Paula Oliveto (CC-ARI).
Por su parte, el legislador Jorge Enríquez (Pro) opinó que “con la designación de Soria, el presidente ha abdicado de hecho. El papelón de la salida de Losardo se profundiza por la designación de Martín Soria, un kirchnerista que viene siendo vocero de las posturas más recalcitrantes del Instituto Patria contra la independencia judicial”.
“Si bien la incidencia de ese ministerio en llevar adelante tales reformas es escasa, queda claro ahora que el presidente ha abdicado de hecho y que su margen de decisión es nulo”, consideró el macrista y agregó que “cualquier atisbo de moderación y racionalidad ha sido dejado de lado. ¿Será Martín Guzmán el próximo peón al que se comerá la dama?”.
En la misma línea que sus pares, el diputado Luis Petri (UCR) enfatizó que “la agenda judicial sigue manejándola CFK desde el Instituto Patria, la única diferencia ahora es que ya se designó a su vocero consustanciado con la defensa del Lawfare al frente del Ministerio de Justicia”.
“Les presento al nuevo ministro de justicia. Las caras lo dicen todo. Muy a tono con #ElPeorGobiernoDeLaHistoria”, escribió el legislador Fernando Iglesias (Pro), junto a una foto de CFK y Martín Soria, señalando con su dedo.
En tanto, el diputado Pablo Tonelli (Pro) afirmó que “la designación de Martín Soria como ministro implica que el presidente va a profundizar el plan contra la justicia para controlarla y amedrentar a los jueces independientes. Nada bueno espero de esta designación”.
“Soria se ha caracterizado por múltiples denuncias y acusaciones contra jueces y dirigentes políticos. No me parece que tenga la mesura, la prudencia y el equilibrio que uno desearía que tenga un ministro de justicia”, señaló el porteño.
Y pronosticó: “Avizoro que habrá nuevas embestidas contra la justicia. Y está claro que el ministerio de justica en pleno va a conducir y comandar esas embestidas”.
“Oficialmente se anunciará el MINISTERIO DE IMPUNIDAD”, publicó la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI), mientras se esperaba por la entrevista televisiva en la que el presidente Alberto Fernández oficializó el nombre.
El presidente terminó de deshojar la margarita y se inclinó por el legislador rionegrino, que reemplazará entonces a Marcela Losardo. Quién lo reemplazará en la banca.
Justo una semana después de que el presidente Alberto Fernández anunciara públicamente en una entrevista por C5N que su amiga Marcela Losardo dejaría el Ministerio de Justicia, se conoció el nombre de su sucesor. Se trata del diputado del Frente de Todos Martín Soria, uno de los primeros nombres que habían surgido al analizarse los probables sucesores.
En efecto, ese lunes durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, Alberto Fernández dio el nombre de Martín Soria, pero también deslizó una contraparte, el también diputado nacional del oficialismo Ramiro Gutiérrez. Pero estaba claro que de los dos el único que realmente tenía ciertas posibilidades era el rionegrino.
Así y todo pasó una semana para conocer el nombre definitivo, y en el transcurso surgieron varias alternativas, como Marisa Herrero y Alberto Iribarne, hasta que este lunes sonó muy fuerte la posibilidad de que Interior absorviera la cartera de Justicia y así Eduardo “Wado” De Pedro se quedara con ambas carteras.
Hasta que poco antes de las 20 fuentes oficiales devolvieran a la palestra el nombre del exintendente de General Roca.
Soria tiene 45 años, es abogado e ingresó a la Cámara baja en 2019 liderando la lista de diputados nacionales del Frente de Todos en Río Negro, junto a la segunda de la lista, Susana Landriscini.
Su reemplazante en la Cámara baja será Pedro Dantas, el tercero de esa nómina, quien completará el mandato hasta 2023. Dantas es actualmente el jefe de la oficina de ANSeS en Cipoletti.
Entre 2011 y 2019, Soria fue intendente de General Roca, cargo que hoy ocupa María Emilia Soria, su hermana. Ambos son hijos de Carlos Soria, el gobernador de Río Negro fallecido el 1ro. de enero de 2012 a manos de su esposa, Susana Freydoz.
Los que se ilusionan pensando que el tiempo que lleva Alberto Fernández sin definir qué hacer con la cartera de Justicia es una buena señal para la relación futura entre los poderes Ejecutivo y Judicial, deberían moderar sus expectativas. Nada indica que la embestida del gobierno anunciada el 1° de marzo vaya a menguar en los tiempos por venir.
Por José Angel Di Mauro
La insistencia ante el funcionario fue estéril. Sincero, aseguró que todos los nombres circulantes para reemplazar a la ministra de Justicia deben tomarse como “globos de ensayo”, y ante la conclusión de que “solo el Presidente debe saber con certeza quién será el que termine jurando esta semana, se encogió de hombros, advirtiendo: “No estaría tan seguro de eso”.
Y sonó convincente, porque difícilmente Alberto Fernández tenga algo decidido en la materia, pues en ese caso no se entendería que siga dilatando la resolución. De hecho, nadie recuerda en la Rosada un caso similar: un presidente anunciando la salida de un funcionario, pero dejándola supeditada a la elección de su sucesor, y extendiendo una semana el misterio. Si ya implica un fuerte costo político haber resignado a su persona más cercana en el Gabinete, ni qué decir sobre las dudas para resolver la situación.
Tiene cierto sentido si se ve la película completa, que más que drama asemeja a una comedia de enredos. Veamos, el viernes de la semana anterior sonaba fuerte la versión de la salida de Marcela Losardo, pero el fin de semana desde Olivos se aclaró muy especialmente que el Presidente retendría a su amiga un tiempo más, para dar al menos la sensación de una salida elegante. Cuando el lunes se supo que esa noche Alberto F. saldría al aire con Gustavo Sylvestre, se esperaba un respaldo que, por el contrario, se transformó en la confirmación de lo que todo el fin de semana había mandado a desmentir.
Semejante viraje fue lo que llevó a algunos a filtrar cierto enojo de las personas cercanas al Presidente precisamente con él. Por la forma que le suelta la mano a sus funcionarios más cercanos: siempre queda claro que los que se van lo hacen a instancias del Instituto Patria. Salvo el caso de Ginés González, aunque precisamente esa renuncia fue también reprochada desde el entorno presidencial. No por la decisión en sí, pero sí por la forma.
Tanta demora en la definición diluye los nombres lanzados originalmente. En el citado reportaje, Alberto Fernández dio crédito a la versión de que un diputado podría convertirse en ministro, y avaló los nombres de Martín Soria y Ramiro Gutiérrez. Este último -bueno es decirlo- no tiene ninguna chance, por provenir del massismo y haber trabajado en proyectos cuestionados desde el kirchnerismo. Por eso es que en boca del Presidente debió interpretarse esa cita como el intento de diluir un poco la figura del otro legislador, muy próximo al kirchnerismo.
Aunque Fernández buscó despegar a Soria de la vicepresidenta, con el argumento de que su hermana María Emilia votó a favor de la suspensión de Julio De Vido. Un argumento que hasta podría calificarse de “machirulo”, según la visión K, pero en rigor de verdad, el que nunca estuvo en el kirchnerismo fue Carlos Soria, el padre de Martín y Emilia, quien fuera asesinado por su esposa en Año Nuevo de 2012. Muy cercano a Eduardo Duhalde, tuvo sí una buena relación con Cristina Kirchner, con la que integró la bicameral investigadora de los atentados a la AMIA y la embajada de Israel; ambos eran las cabezas visibles de esa comisión.
María Emilia estuvo a punto en 2016 de pasarse al bloque Justicialista. En la reunión constitutiva de esa bancada que se referenciaba en los gobernadores, la joven Soria dio uno de los discursos más contundentes y al concluir se fue del Sindicato de Taxistas al Congreso para anunciarle al bloque FpV su decisión de irse, y dijo que volvería seguramente con más legisladores. Todavía la están esperando.
Cuando Soria ensayó un enroque de puestos con su hermana, que quedó al frente de la intendencia de General Roca, Río Negro, mostró de inmediato un fuerte alineamiento con el bloque que conduce Máximo Kirchner. Y adoptó un lenguaje judicial que cayó muy bien en el Instituto Patria, al punto tal de ser viable para el cargo hoy disponible. Pero como hemos dicho, la demora conspira contra los nombres tempranamente mencionados.
Los últimos días ganaron espacio en el terreno de las posibilidades Marisa Herrera y Alberto Iribarne. Este último es actualmente embajador en Uruguay, cercano al Presidente y ya fue ministro de Justicia con Néstor Kirchner. Su designación dejaría mejor parado a AF, y sería una señal de paz hacia el Poder Judicial. Por eso es que pocos creen que realmente tenga posibilidades; más bien forma parte de la estrategia oficial de mostrar candidatos de a pares, nunca los dos del mismo sector.
Herrera es hermana de Paloma, la reconocida bailarina clásica, y se reconoce como “nacional y popular”. Especializada en Derecho de Familia, tiene en su escritorio un retrato de Evita, y una serie de mamushkas que identifican también a Eva Duarte, Cámpora, Néstor y Cristina. Ah, la más grande representa a Hugo Chávez. Investigadora del Conicet, se reconoce como “kirchnerista” y hasta fue candidata a diputada suplente de Unidad Ciudadana en 2017.
Es muy crítica del Poder Judicial, del que descarta que sea “apolítico”, y considera a la Justicia “elitista”. Tiene además muy baja ponderación de lo que fue el gobierno de Cambiemos. Reúne, en definitiva, “méritos” suficientes para ser tal vez la candidata más probable a suceder a Marcela Losardo, quien firmó su sentencia definitiva cuando relativizó los dichos de Oscar Parrilli respecto de la conformación de una comisión bicameral para controlar al Poder Judicial. Si bien el propio Presidente la felicitó primero por haber clarificado la situación, el kirchnerismo no demoró en defenestrarla y su amigo le soltó la mano.
Tendrá su compensación, pues seguirá como embajadora ante la UNESCO en París, un destino top que le habían garantizado a Fernando “Pino” Solanas cuando se alió al Frente de Todos, pero el excineasta falleció por coronavirus y su puesto quedó vacante y tentador. Fernández se lo ofreció en su momento a María Eugenia Bielsa, otra dirigente cercana a la que tuvo que echar a instancias del kirchnerismo, pero la hermana del DT del Leeds lo rechazó. El recurso de las “embajadas consuelo” es habitual en esta administración y ya fue utilizado con Guillermo Nielsen, beneficiado con la embajada en Arabia Saudita. Se barajó también ofrecerle la de Colombia a Ginés, pero alguna voz atinada sugirió abstenerse en ese caso.
Quédense tranquilos, no va a tratar ninguna causa, ni de Cristina ni mía. Quédense tranquilos, absolutamente”, dijo Parrilli sobre Roberto Boico.
Lo cierto es que nada indica que la embestida contra el Poder Judicial vaya a menguar en los tiempos que vienen; será más bien lo contrario. Y complementa el panorama la designación de jueces, instancia que esta semana el Senado cumplió con el nombramiento de otros 22. Entre ellos Roberto Boico, que fue abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Uno de los que fundamentó su postulación fue el senador Oscar Parrilli, quien también fue defendido por el ahora integrante de la Cámara Federal porteña, y en su alegato en el recinto les dijo a los senadores de la oposición que rechazaron ese pliego: “Quédense tranquilos, no va a tratar ninguna causa, ni de Cristina ni mía. Quédense tranquilos, absolutamente”.
No tendrá en cambio ninguna razón para abstenerse de participar en ninguna causa que involucre al gobierno de Mauricio Macri, contra el que el viernes la Oficina Anticorrupción oficializó la denuncia penal promovida por Alberto Fernández contra el gobierno de Cambiemos por el préstamo del FMI en 2018.
Todo vale en esta embestida, y lo demostró el gobierno el 8M, cuando los discursos oficiales tomaron a la violencia de género como argumento para “cambiar la justicia”. “Insisto en hablar de la Justicia para que no existan más Ursulas ni Micaelas. Para eso uno quiere también cambiar la Justicia”, señaló el Presidente durante la firma del “Acuerdo Federal para una Argentina unida contra la Violencia de Género”.
El tema judicial absorbe por lo visto más atención de parte del gobierno que la que se esperaría en tiempos de pandemia, sobre todo cuando los epidemiólogos hablan ya hasta de “tercera ola” y la vacunación avanza de manera lenta. Hace varios días que no llega ningún nuevo cargamento de vacunas y el gobierno anunció para esta semana la llegada de tres millones de vacunas Sinopharm. El tema es que esa vacuna no ha sido autorizada aún por la ANMAT para personas mayores de 60 años, con lo que la beneficiada con esta importante remesa será la franja de entre 18 y 60 años. El sector de mayor riesgo deberá seguir esperando entonces, pues la provisión de la Sputnik V se ha ralentizado y de hecho en la provincia de Buenos Aires ya no la aplican.
El diputado nacional de JxC declaró que el funcionamiento de este Ministerio “no tiene ningún sentido”, mientras AF evalúa quién reemplazará a la actual ministra Marcela Losardo.
El diputado nacional Omar de Marchi (Juntos por el Cambio – Mendoza), afirmó que “quizás sea el momento de cerrar el Ministerio de Justicia”, en momentos en que el presidente Alberto Fernández evalúa un reemplazo para Marcela Losardo al frente de esa cartera.
“Sería un buen momento para preguntarnos para qué sirve. Quizás sea el momento de cerrarlo y no pensar en el sucesor”, consideró el legislador del Pro por Mendoza, al tiempo que sostuvo que “el Ministerio de Justicia en sí mismo implica una intromisión sobre el Poder Judicial, por lo que no tiene ningún sentido su funcionamiento”.
En declaraciones a la señal de noticias La Nación +, el mendocino sostuvo que “bastaría con que haya una secretaría a los efectos del relacionamiento del Ejecutivo con el Poder Judicial, pero un ministerio no tiene nada que hacer ahí.”
“La justicia la imparte el Poder Judicial y allí es donde debe concentrarse”, agregó el legislador nacional, frente a la eventual salida de Losardo, adelantada por el presidente el pasado lunes, y su reemplazo por un funcionario cuyo nombre todavía no se definió.
Por otra parte, De Marchi se refirió al conflicto de la provincia de Formosa por la decisión del gobierno local de volver a la fase 1 de aislamiento y las protestas sociales contra la medida.
El diputado opinó que “es muy grave lo que sucede, y gracias a la tarea de muchos dirigentes de la oposición se ha logrado visibilizar y nacionalizar lo que puertas adentro viene ocurriendo hace muchos años”.
