El diputado de UP cuestionó al Ministerio de Salud por “no tener un criterio, ni una estrategia clara”. Además, se refirió a las enfermedades causadas por legionella que azotaron a Tucumán en 2022.
El diputado nacional Pablo Yedlin (UP) habló este lunes respecto a la situación del dengue en Tucumán y señaló que “estamos en alerta máxima porque este año se está reiniciando la epidemia”.
Del mismo modo, planteó que “este año tenemos una vacuna fabricada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)) que ataca las cuatro cepas del dengue”, y agregó que “en Brasil habrá una experiencia piloto”.
Entrevistado por parlamentario.com, el diputado Yedlin cuestionó al Ministerio de Salud por “no tener un criterio ni una estrategia clara” en relación a la situación del dengue. “Nadie le conoce la voz y no ha hablado con los ministros provinciales”, aseveró.
– ¿Cómo se encuentra la provincia de Tucumán respecto al dengue?
– Hemos pasado el peor año de epidemia de dengue de la historia con muchos mas casos que lo habitual y muertes que no habíamos tenido años anteriores. El cambio climático, algunos temas con los residuos plásticos, y los basurales a cielo abierto generan la acumulación de agua y generan la presencia de este mosquito. Este año estamos reiniciando la epidemia porque ya tenemos casos en la provincia de Tucumán. Estamos en alerta máxima
Este año tenemos una vacuna fabricada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que ataca las cuatro cepas, y hay países como Singapur que han podido controlar. Brasil está usando esta estrategia y va a vacunar a dos millones de jóvenes porque la Organización Mundial de la Salud recomienda, y Brasil tiene cinco millones de jóvenes. Es una experiencia piloto.
La vacuna es cara, pero no hay criterio claro de estrategia desde el Ministerio de Salud y hay provincias que han comprado o dicen que van a comprar, como Salta o Misiones, y hay una diputada del oficialismo que ha propuesto la vacuna del dengue para el calendario de vacunas de manera gratuita, que en realidad no se necesita una ley, el Ministerio de Salud podría hacerlo con un decreto, pero es una equivocación plantear una ley, porque el Ministerio debería plantearlo y decir a qué provincias y a qué edades van a vacunar y ponerla de forma gratuita en el calendario de vacunas. Es importante entender el debate, pero la verdad es que debería haber una política porque si no se van a vacunar personas donde el riesgo es bajísimo y esto pasa cuando se deja al mercado y no hay un Estado presente con una política.
– ¿Cuáles fueron las recomendaciones del Ministerio de Salud?
– No conocemos la voz del nuevo ministro de Salud de la Nación, nadie lo conoce, nadie sabe cómo se llama y no ha dado ninguna explicación. No se ha reunido con los ministros provinciales y necesitamos que el ministro coordine a cada una de las provincias sino cada provincia hace por separado y se genera una enorme deficiencia.
Un diputado ha planteado la incorporación de la vacuna gratuita, pero deben comprarlas el Ministerio de Salud y nadie lo conoce al ministro.
– ¿Cómo está el tema de la legionella que azotó la provincia de Tucumán en 2022?
– Son enfermedades generadas por una bacteria que se reproduce en el agua en las torres de aire acondicionado. Hubo casos en un sanatorio, hubo enfermedades graves y hubo personas que fallecen y debe haber conductas de prevención proactivas en lugares que hay estas torres. Esto pasó mucho en la salida de la pandemia y es un tema particular que puede darse en cualquier lugar del país, Tucumán lo tuvo en 2022 y ahora está controlado.
Así se dispuso este martes a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación.
El Poder Ejecutivo reglamentó este martes la Ley 27.713 de Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, a través del decreto 559/23 que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
La norma tuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 24 de noviembre de 2022, por 209 votos a favor y sólo 2 en contra, de los libertarios Javier Milei y Victoria Villarruel. En tanto, se sancionó definitivamente el 13 de abril de este año en el Senado, por unanimidad (58 votos positivos).
La ley tiene como objeto garantizar que todas las personas con cardiopatías congénitas tengan el derecho a todas las instancias de detección y tratamientos correspondientes en cada etapa vital, como asimismo que todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tengan el derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino.
El Ejecutivo determinó que el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación y señaló que “deviene oportuno y conveniente” que esta cartera sea la que “establezca cómo se llevará a cabo el control ecográfico de calidad de la persona gestante”.
El programa, ahora jerarquizado por ley, fue creado en 2008 y desde el 2010 funciona en el Hospital Garraham. Apunta a la detección temprana de estas cardiopatías que afectan a alrededor de 7.000 niños, niñas y bebés.
A través de la norma se estableció que el estudio prenatal se incorpore al Programa Médico Obligatorio (PMO); la creación de un Consejo Asesor, de carácter honorario, conformado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, asociaciones de familiares de pacientes y sociedades científicas que aborden esta temática; y la creación de un Registro Nacional de Prestadores para la Atención de Cardiopatías Congénitas, entre otros puntos.
Desde JxC aducen que el Gobierno “se manejó con privilegios” mientras regía la etapa más dura de la cuarentena, tras conocerse la historia de una mujer que visitó a su esposo antes de morir, por “un favor” de la ministra de Salud.
Legisladores de Juntos por el Cambio salieron a cruzar este viernes a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, tras la revelación de Sylvia Brunoldi, que afirmó que la funcionaria la ayudó para ver a su marido afectado por el COVID 19 antes de que muriera, cuando aún regía la prohibición para hacerlo, en un sanatorio de CABA durante la etapa más dura de la pandemia.
El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, se refirió al tema y aseveró: “Una médica agradeció a Vizzotti por poder despedirse de su marido antes de que muera de Covid, cuando estaba PROHIBIDO”, y añadió: “Ratificamos que se manejó la pandemia con discrecionalidad. Ellos tenían vacunatorios VIP, hacían fiestas y despedían a sus seres queridos. El resto nada”.
Luego de conocerse lo ocurrido hace tres años, la diputada nacional Graciela Ocaña (Pro – CABA) -exministra de Salud del primer mandato de Cristina Kirchner– presentó un proyecto de resolución para la creación de una comisión investigadora del accionar del gobierno en la Pandemia. “Es cada vez más claro que hubo privilegios y un trato desigual entre los amigos de poder y el resto de los ciudadanos. Privilegios que son inadmisibles en cualquier democracia sería”, enfatizó.
También, la diputada nacional Sabrina Ajmechet publicó: “El gobierno de Alberto Fernández va a ser recordado como el gobierno de los privilegios, en los que los pocos tuvieron derechos y oportunidades que se les sacaron a los muchos. No vamos a olvidar ni tampoco a perdonar”.
Por el lado de La Libertad Avanza, la diputada nacional y precandidata a vicepresidenta Victoria Villarruel no dejó pasar la oportunidad para hacer campaña y expresó: “Metimos amparo, fuimos a las marchas, reclamamos por la inconstitucionalidad del encierro, pero la casta de todo el país se blindó para hacer valer sus privilegios. El 13/8 tenemos q cambiar eso. La Libertad Avanza”.
El proyecto es encabezado por la diputada Graciela Ocaña y tiene como principal objetivo “analizar y verificar la existencia de presuntas irregularidades en las decisiones adoptadas por todas las áreas del Gabinete” durante la cuarentena por el Covid-19.
Vacunatorio vip, el Olivos-Gate y ahora se suma una nueva polémica en torno a lo acontecido durante la cuarentena que envuelve al Gobierno nacional. Este viernes la titular de la Liga Argentina de Protección al Diabético, Sylvia Brunoldi, reveló que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la ayudó para ver a su marido afectado por el Covid-19 antes de que muriera, cuando aún regía la prohibición para hacerlo.
Al darse a conocer la noticia, la diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) presentó un proyecto para crear una Comisión Investigadora sobre la gestión del Gobierno Nacional a cargo de Alberto Fernández durante la pandemia desde el mes de febrero del 2020 y hasta junio del 2022. “Es cada vez más claro que hubo privilegios y un trato desigual entre los amigos de poder y el resto de los ciudadanos. Privilegios que son inadmisibles en cualquier democracia sería”, expresó en redes Ocaña.
Según establece el texto, la comisión tendrá como principal objetivo analizar y verificar la existencia de presuntas irregularidades en las decisiones adoptadas por todas las áreas del gabinete.
Entre los objetivos específicos, la comisión deberá “escrutar la legalidad de todas las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional durante el período mencionado desde todas las áreas del gabinete; analizar todos los procesos de compras y contrataciones llevados adelante desde el gabinete nacional, en todas sus áreas, para hacer frente a las necesidades surgidas a raíz del advenimiento de la pandemia de Covid-19; estudiar los contratos suscriptos por la Argentina con los laboratorios productores de las vacunas; verificar el cumplimiento de los objetivos de la Campaña de Vacunación y evaluar toda otra circunstancia que a criterio y consideración de los integrantes de la Comisión pudiera resultar relevante y conducente a efectos de cumplir con el objeto enunciado”.
En su artículo 3 plantea que la composición de la comisión será de 30 diputados que serán elegidos a propuesta de sus respectivos bloques.
Entre las facultades, la comisión podrá recibir denuncias y declaraciones, realizar inspecciones, solicitar informes o documentación y denunciar ante la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios.
“La Comisión tendrá un plazo de un (1) año a contar desde la constitución de la mima, para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones. Transcurrido dicho plazo, dentro de los 90 días corridos, deberá elevar un informe final a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados y los resultados obtenido”, expresa.
La iniciativa es acompañada por los diputados Sabrina Ajmechet, Karina Banfi, Marcela Campagnoli, Carlos Zapata, Rubén Manzi, Carolina Castets, Virginia Cornejo, Pablo Torello, Gerardo Milman, Alberto Asseff y Soher El Sukaria.
5595-D-2022A través de un proyecto de resolución, la senadora opositora sostuvo que “estamos verdaderamente alarmados por esta enfermedad que, en las últimas dos semanas se ha cobrado la vida siete personas”.
La senadora nacional Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social – Tucumán) presentó este martes un proyecto de resolución donde manifestó su preocupación por la situación del Dengue en la provincia de Tucumán.
Además, agregó en la iniciativa que “este flagelo está afectando a otras 13 provincias argentinas, Tucumán supera en casos a todas las demás sumadas entre sí, aun así, cuando se carecen de cifras oficiales actualizadas”.
En la resolución, Ávila le pide a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, que “informe de forma urgente qué medidas se han tomado para ayudar a frenar el avance del Dengue en Tucumán, dada la manifiesta incompetencia de las autoridades provinciales, quienes resultan ineptos para el abordaje de la situación actual, y el inminente colapso del sistema sanitario”.
En el cierre, le pidió al Poder Ejecutivo Nacional que “intervenga, supervise y realice el monitoreo adecuado sobre las políticas, medidas y accionares sanitarios dispuestos por el Gobierno provincial, el cual se encuentra sin reacción frente a este nuevo brote epidemiológico de Dengue que dejando de manifiesto su incompetencia e ineptitud”.
S-782-23-SENADORA-BEATRIZ-AVILA-DENGUE1La jujeña Carolina Moisés solicitó que se derogue una resolución de la cartera comandada por Carla Vizzotti y expresó su “profunda preocupación y sorpresa”.
La diputada nacional Carolina Moisés (FdT) solicitó este viernes al Ministerio de Salud de la Nación la derogación de la Resolución 565/2023, por la que se prohíbe la importación, distribución, comercialización, publicidad y cualquier modalidad de promoción y patrocinio en todo el territorio argentino de los denominados “productos de Tabaco Calentado”.
En sendas cartas enviadas a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y a la jefa de la Unidad Gabinete de Asesores, Sonia Tarragona, la legisladora oficialista expresó su “profunda preocupación y sorpresa” por la medida adoptada “sin consulta previa tanto a los distintos sectores socioeconómicos involucrados” como “a los referentes políticos que venimos defendiendo activamente la promoción de las economías regionales como motor del crecimiento y del empleo”.
“La resolución afecta directamente el empleo y la actividad económica y carece de toda razonabilidad y proporcionalidad con los propios fines de salud pública que enuncia”, advirtió la jujeña, quien además agregó que “los productos de tabaco calentado reducen el riesgo sanitario frente al consumo tradicional de tabaco, en comparación con las otras modalidades habilitadas por la autoridad pública, como los cigarrillos y cigarros que son de tabaco encendido y en combustión”.
Moisés aseguró que tanto ella como “muchos de los legisladores de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, y Misiones” comprenden y defienden activamente desde sus bancas del Congreso Nacional “la trascendencia que el sector tabacalero, y en particular el Fondo Nacional del Tabaco, que importan para el sostenimiento de la actividad económica, y los ingresos de recursos públicos a las correspondientes provincias”.
En ese marco, la diputada sampedreña explicó que Argentina es el 8° productor y el 7° exportador mundial de tabaco y que la actividad primaria se concentra en siete provincias del norte: Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Chaco, Corrientes y Catamarca. Tras lo cual, apuntó que “el cultivo del tabaco es el mayor demandante de mano de obra por unidad de superficie del sector agropecuario, a razón de 120 jornales por hectárea. Y toda la cadena de valor genera más de un millón de empleos directos e indirectos dedicados al cultivo y acopio de tabaco, actividad manufacturera, distribución y venta mayorista y minorista”.
Para Moisés, “es muy probable que en el Ministerio de Salud se desconozcan todos estos datos porque no es información que deba manejar esa cartera”.
Por esto, la diputada del Frente de Todos expresó que “de haber sido consultados, hubiéramos podido exponer que el sector tabacalero está constituido por más de 150 mil PyMEs con unos 50 mil productores primarios agrupados en más de 10 cámaras y cooperativas provinciales -que nuclean los intereses de los que producen, procesan y revenden la materia prima-, 100 empresas de venta mayorista y distribución y 100 mil kioscos que hoy se ven sumamente afectados por esta decisión que necesitamos que quede sin efecto”.
La senadora de JxC recordó, a través de una iniciativa, que la situación sanitara de Tucumán está empeorando desde el brote de “Legionella” en septiembre de 2022.
La senadora nacional Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social – Tucumán) solicitó en un proyecto de resolución la presencia de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, con informes y reportes sobre los casos de neumonía bilateral detectados en su provincia.
La legisladora tucumana planteó que “ante la ausencia de datos oficiales”, Vizzotti debe explicar “medidas a nivel nacional, número total de casos y fallecidos, la protección del personal de salud y cuál será el plan de acción del Ministerio de Salud”.
“La crisis sanitaria que sufre Tucumán, se ve evidenciada en el alto crecimiento de casos de neumonía de bilateral que, en la mayoría de los casos, derivaron en el fallecimiento de los contrajeron dicha enfermedad”, aseveró Ávila.
Cabe recordar que, en septiembre de 2022, seis personas fallecieron como consecuencia de un brote de “Legionella” en la Clínica “Luz Médica” en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.
En el cierre, Ávila consideró: “Presentamos esta iniciativa para contribuir a la toma de decisiones necesarias por parte de las autoridades sanitarias, implementando las acciones urgentes para detectar, evaluar y responder a esta grave problemática que pone en riesgo la vida de los ciudadanos”.
Avila-proyecto-La cartera de Salud dejó sin efecto la posibilidad de presentar la foto de la receta de papel enviada por correo o mensajería, habilitada en marzo de 2020, en el marco de la pandemia. De esta manera, solo se podrán usar las recetas digitales emitidas a través de software oficial.
La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) calificó de “retroceso” la medida que tomó este lunes el Ministerio de Salud, a cargo de Carla Vizzotti, de dejar sin efecto la Resolución 696/2020 que había permitido enviar las recetas médicas en papel a través de una foto por correo o mensajería, establecido en el marco de la pandemia.
En su cuenta de Twitter, Ocaña lanzó: “La ministra Vizzotti derogó hoy y sin previo aviso la resolución 696/2020 que daba la posibilidad al profesional médico prescribir recetas digitales. Un retroceso que le hace la vida más difícil no sólo a quienes padecen patologías crónicas sino a todos los pacientes en general”.
En ese sentido, recordó que “desde el Poder Ejecutivo nunca reglamentaron la Ley de Receta Electrónica sancionada en 2020”, y criticó: “Es inexplicable que volvamos al pasado, más allá que hayan dado por terminada la emergencia Covid (justo en un rebrote que pasa desapercibido porque NO se testea)”.
Eso expresaron desde la cartera de Salud ante la Comisión de Presupuesto. Por otro lado, aclararon que la viruela del mono “no es una pandemia”, por lo que “no es necesario avanzar con la compra de vacunas”.
En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados de este miércoles, presidida por el oficialista Carlos Heller, tras la presentación que hizo la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona –en representación de la ministra Carla Vizzotti-m un tema que se repitió entre los interrogantes de los diputados giró en torno a la Ley de Salud Mental, respecto de lo cual desde la cartera señalaron que “desde su reglamentación en el 2013 fue muy poco lo que se hizo”.
La primera en hablar fue Tarragona, quien precisó: “Desde esta gestión se creó una subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, y eso ha jerarquizado la estrategia de trabajo con las provincias. La misma incluye muchas partes como la distribución de insumos, de medicamentos, la capacitación, la puesta en valor del trabajo en los centros de atención primaria, las transferencias en dinero para los centros de atención primaria y eso está integrado por varios programas del ministerio, no solo por la estrategia primaria de atención de la salud”.
“A veces se le pide al Ministerio de Salud dar respuestas respecto de las competencias indelegables de las jurisdicciones provinciales en atención de la salud. La atención de la salud no corresponde al Ministerio de la Salud de la Nación, y muchas de las cosas consultadas tiene que ver con esa estrategia de atención directamente a los pacientes”, aclaró y resaltó que “todo lo que discutimos y debatimos desde el nivel central, siempre se discute primero con ministros y ministras de salud de las provincias”.
Sobre los medicamentos para pubertad precoz, explicó: “Los medicamentos que distribuimos desde el Ministerio de Salud de la Nación lo hacemos toda vez que hay una ley que nos obliga a hacerlo. No puede distribuir medicamentos a personas, sino a provincias o a municipios. No tenemos atención a personas porque no es competencia del Ministerio de Salud. Entonces articulamos con las jurisdicciones provinciales para procurarles los insumos para que puedan dar respuesta a los pedidos que siempre llegan”.
“Tenemos infinidad de pedidos de acceso a medicamentos de alto precio que a veces no se pueden comprar porque no están disponibles en el país y, a veces, no tenemos programas que nos permitan comprar estos medicamentos porque no hay leyes que nos obliga a hacerlos. El Ministerio de Salud de la Nación solo compra medicamentos a personas cuando hay una ley o cuando un juez dice que lo tenemos que hacer, sino se trabaja con las jurisdicciones provinciales”, explayó Tarragona.
Sobre la adquisición de las vacunas por la viruela del mono, dejó en claro que “no es una pandemia, no es comparable con la situación de Covid-19. La vacuna que hoy está disponible no cuenta con la suficiente evidencia como para ser utilizada como mecanismo de prevención. Se ha llegado al acuerdo con expertos en vacunas y con la OMS de que no es necesario avanzar por el momento en la compra de ninguna vacuna”.
Por su parte, el secretario en Calidad de Salud, Alejandro Collia, fue el encargado de responder por la Ley de Salud Mental de la cual opinó que “cambia el paradigma de una atención biologicista del problema de salud mental por una atención comunitaria, social y una atención diferente. Estamos absolutamente consustanciados y estamos trabajando fuertemente en eso”.
“Esta ley no solo tiene una mirada de financiamiento sino otras cosas. Fue reglamentada en el 2013 y desde ese entonces hasta 2020 fue muy poco lo que se hizo, pero hay que entender cuestiones que están dentro del marco de la Ley y que están en el contexto general de haber sido degradadas como la CONISMA (Comisión Nacional Interministerial)”, criticó y agregó: “En el CONISMA la participación de cada área del gobierno le da ese abordaje integral, comunitario, social y otras tantas cuestiones que ponen a la persona que padece un trastorno de salud mental de una manera diferente”.
“El CONISMA había sido degradado, no funcionó hasta que nosotros pudimos darle el rango que realmente necesitaba que era la de estar en la jefatura de ministros donde ahí participan todos”, destacó Collia.
Por otro lado, manifestó que “había un montón de cosas que la Ley tiene que no estaban funcionando. Hoy por hoy en cuanto a las acciones que estamos haciendo son muchas, las hicimos en el marco de la pandemia. No impedimos que un paciente con una problemática de este tipo, no pudiera acceder a la continuidad de su tratamiento, por eso avanzamos con la receta digital, la teleconsulta y agregamos 31 prestaciones en el Programa SUMAR”.
“El financiamiento tiene que estar dirigido a resolver parte de las cuestiones que plantea la Ley. La readecuación de los hospitales, terminar con los manicomios, resocializarlos y eso necesita de la inversión. Estamos trabajando para que se puedan consumar las casas de medio camino en las distintas jurisdicciones, que tiene que tener una ubicación acorde”, precisó.
Sin la presencia de la ministra, Carla Vizzotti, los funcionarios del área explicaron los ejes centrales del proyecto de integración del sistema de cara al 2023. Además, destacaron que “las vacunas han sido y siguen siendo una estrategia fundamental para el sistema de salud”, y remarcaron la necesidad de recuperar los esquemas de vacunación.
La ausencia de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti -de viaje hacia la Antártida- en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados este miércoles, a cargo de Carlos Heller (FdT), dejó lugar a las críticas por parte de algunos diputados de la oposición quienes remarcaron que “nunca se ha presentado a la Cámara”. En su lugar, asistieron funcionarios de la cartera para explicar los lineamientos que se han propuesto trabajar de cara al 2023.
La encargada de exponer fue la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, quien explicó que desde la cartera se ha propuesto trabajar para el 2023 “fuertemente en la integración del sistema de salud”, y resaltó la “experiencia de lo dos años de la pandemia donde hizo falta trabajar coordinadamente con los otros sectores públicos y privados y la seguridad social para poder dar respuesta a las necesidades”.
“Eso nos permitió avanzar en algunos proyectos de integración que son con los que se pretende avanzar en el 2023”, remarcó. En ese sentido, precisó que la integración se articula en ocho ejes estratégicos.
Al respecto, detalló: “El primero, y quizás más importante, es la gobernanza y la articulación federal. Hemos aprendido a trabajar de forma coordinada y en consenso con ministros de jurisdicciones de todo el país, nunca antes se habían llevado adelante tantas reuniones del Concejo de Salud. Hicimos 70 reuniones desde que iniciamos la gestión en 2019 lo que habla de un claro trabajo coordinado, compartido y consensuado con la única mirada de mejorar el acceso a la salud de toda la población”.
Sobre el segundo eje explicó: “Es el modelo de atención basado en la estrategia de la atención primaria que es un viejo anhelo que siempre se plantea y que nosotros hemos avanzado en este tiempo porque se han concedido y otorgado un montón de responsabilidades al primer nivel de atención, pero falta complementar esa estrategia y fortalecerla”.
“Fortalecimiento de los recursos humanos en salud. Dentro del ámbito del Concejo federal de Salud se ha constituido con ministros una comisión de trabajo para abordar la problemática de los recursos humanos que son diferentes en cada jurisdicción y es que es muy difícil de coordinar el trabajo y ha pasado a ser una prioridad de trabajo en la agenda sanitaria”, indicó como tercer eje Tarragona.
En cuarto lugar, explicó los avances en telesalud o salud digital, gestión en los sistemas de información y de las bases de datos interoperables. Nosotros nos hemos vistos obligados a trabajar en avanzar en algunas cuestiones de telesalud sin el adecuado respaldo normativo porque no tenemos aún una ley de telesalud, y si tenemos una ley de receta digital que no termina de resolver algunas cuestiones. Esos dos temas fueron de debate intenso”.
“El quinto eje es la innovación científico-tecnológica en salud en la que venimos también trabajando fuertemente desde 2020 y con muchas líneas de articulación entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el de Salud con la Agencia Nacional de Laboratorios de Producción Pública y la ANMAT, para trabajar en desarrollar productos estratégicos y fortalecer la industria nacional, sino también la industria pública orientada a satisfacer necesidades sanitarias”, explayó.
El sexto eje refiere a la estrategia de financiamiento adecuada a la situación fiscal, del que remarcó que “se plantea, dentro de este marco de integración, la necesidad de acordar con los otros subsistemas de la seguridad y social y el privado, no solamente discusiones que se orienten al financiamiento sino al modelo de atención en salud donde discutamos estrategias de abordaje sanitaria y no solo cuestiones vinculadas al financiamiento”.
“Una estrategia fuerte es la de la comunicación en salud porque ha sido un tema nodular durante la pandemia y nos ha dejado muchos aprendizajes. La mala información, la falta de información, la información confusa es otra consecuencia sobre la salud de la población y estamos trabajando en una estrategia de comunicación”, informó como séptimo eje la funcionaria.
Las vacunas han sido y siguen siendo una estrategia fundamental para el sistema de salud y para seguir trabajando en prevención de Covid-19 y de recuperar los esquemas de vacunación que se han visto afectados por las dificultades que la pandemia impuso”.
El último punto, explicó que tiene que ver con la implementación de políticas públicas con perspectiva de derechos de géneros y diversidades lo que “se refleja en la modificación de la estructura y organigrama del Ministerio de Salud donde se ha creado una dirección de género, una dirección de salud intercultural y la dirección de salud sexual y reproductiva”.
Sobre las políticas presupuestarias del 2023, Tarragona señaló que “las vacunas han sido y siguen siendo una estrategia fundamental para el sistema de salud y para seguir trabajando en prevención de Covid-19 y de recuperar los esquemas de vacunación que se han visto afectados por las dificultades que la pandemia impuso”.
“El sábado 1 de octubre se inició la campaña de sarampión, rubeola y poleo para los niños y niñas y estamos en todo el país trabajando fuertemente para recuperar esos esquemas”, destacó la jefa de Gabinete de la cartera de Salud.
En ese sentido, manifestó que para el ejercicio 2023 la inversión en vacunas está previsto en 117.300 millones de pesos, y aclaró que no es solo la vacuna para el Covid sino para el resto de las vacunas de calendario.
“Es importante destacar que el Ministerio ya ha comprado las vacunas para atender las necesidades que se van a requerir el año que viene y por eso pareciera que en el presupuesto hay menos presupuesto para vacunas, pero es que ya las hemos comprado”.
Por otro lado, en términos de inversión en hospitales precisó que el Ministerio cuenta con 6 -Garrahan, Favaloro, Esteban Echeverría, El Cruce, El Hospital de Calafate y el Cuenca Alta- que “son todos hospitales de alta complejidad y referentes en sus especialidades”. “El presupuesto de estos hospitales es de 63.500 millones de pesos y se deben sumar 54 mil millones correspondientes a organismos y jurisdicciones centralizados que tiene el Ministerio de Salud”, añadió.
“Se ha lanzado un Plan Nacional de Calidad que se va a profundizar durante el 2023, no solamente para establecimientos del sector público, sino también para el sector privado”, adelantó y consideró que “la pandemia nos ha mostrado, al trabajar con el sector privado, que había necesidad de avanzar en trabajar en políticas de calidad y de seguridad del paciente. Hay un programa de seguridad y calidad que empezó a funcionar este año que va instalando hitos y logros en términos de calidad y esos resultados que se van adquiriendo, facilitan luego los desembolsos para acompañar esos procesos”.
En ese sentido, aseguró que “esto se complementa con el financiamiento de las residencias médicas de las especialidades críticas que están desplegadas en el país”. Además, señaló que cuentan con los programas “SUMAR” y “REDES” -integrados dentro de la protección financiera-que tiene por objetivo reducir las brechas de cobertura, acceso y calidad entre las distintas jurisdicciones y tiene líneas de cuidados y los desembolsos se realizan a las provincias en función de los resultados.
“Son programas que tiene años de vida y siguen funcionando. Esta inversión asciende a 32.348 millones en trasferencias directas a las jurisdicciones provinciales y se complementa con la política nacional de medicamentos y el Fondo Nacional de Equidad de Salud”, remarcó.
En otro tramo de su presentación, Tarragona manifestó que en términos de políticas de medicamentos “este año estamos celebrando los 20 años del Programa REMEDIAR es el más grande de Latinoamérica de provisión gratuita de medicamentos a 19 millones de personas. Este año distribuyó su botiquín 4 millones, es un programa apropiado por las provincias, descentralizó la atención y puso el foco en la atención primaria, llega a 8.100 centros de atención primaria de todo el país”.
“Dentro de la estrategia de REMEDIAR se encuentra un conjunto de otros programas que sirvieron para distribuir medicamentos para salud mental, para salud sexual y reproductiva, anticonceptivos, medicamentos de VIH, tuberculosis, Hepatitis C”.
A su vez, ponderó la sanción de la Ley de Prevención y Control de Resistencia Antimicrobiana que “se está sumando como estrategia dentro de la política nacional de medicamentos porque la pandemia ha traído un fuerte incremento de la resistencia antimicrobiana. Los medicamentos que antes servían para atender un conjunto de patologías comunes, hoy ya no sirven por la mala utilización y por tanto es una prioridad para el Ministerio de Salud”.
“La Ley de Acceso a la interrupción Voluntaria del Embarazo incluye 6.542 millones de pesos y la Ley de Identidad de Género distribuye tratamientos con hormonas para que la población LGBTQ+ para el cambio de sexo y cirugías de transformación corporal. La ley de Oncopediatría fue pedida y trabajada con organizaciones y padres con niños de cáncer y estamos trabajando para su reglamentación”, detalló.
Por último, sobre la estrategia de salud mental explicó: “La pandemia ha dejado secuelas importantes en términos de salud mental, no solo en quienes han padecido Covid, sino también en quienes han perdido familiares, en quienes no pudieron trabajar, en quienes han visto situaciones difíciles, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. El incremento en las tasas de consumo problemáticos, incremento de ingesta de alcohol, incremento del suicido adolescente.
Ninguna de las acciones previstas para el 2022 se han visto alteradas por las modificaciones presupuestarias. Estaríamos llegando a una ejecución del 92% del crédito vigente a fin de este año”.
“Eso ameritó un trabajo muy fuerte y un desarrollo importante de una estrategia de salud mental integrada que incluye, no solo las actividades convencionales, sino también una estrategia articulada con otras áreas de gobierno para trabajar en el abordaje complejo de la salud mental, que no puede hacerse si no se hace con las provincias porque tiene la competencia para atender las problemáticas en territorio, y desde el nivel Nacional que estamos trabajando para colaborar en la implementación de la ley”, explayó.
En ese contexto, aclaró que “ninguna de las metas físicas que se propusieron fueron alteradas por ninguna modificación presupuestaria. Este año no se compraron respiradores, ni equipamientos, ni la cantidad de vacunas del año pasado, y sin embargo tenemos un presupuesto prorrogado que priorizaba esas acciones y lo que hubo que hacer es reasignar las partidas para dar atención a las metas físicas propuestas”.
“La tranquilidad que ninguna de las acciones previstas para el 2022 se han visto alteradas. El Ministerio de Salud tiene una ejecución del 64% y 78% de presupuesto comprometido. Estaríamos llegando a una ejecución del 92% del crédito vigente a fin de este año”, detalló Tarragona.
Así lo informó la jefa de Gabinete de esa cartera, Sonia Tarragona, al visitar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde detalló el nivel de ejecución del mismo.
Contrariamente a lo anunciado el día anterior, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, no asistió este martes a la Comisión de Presupuesto, haciéndolo en su lugar funcionarios de esa cartera. La primera en exponer en representación de esa cartera fue la jefa de Gabinete del ministerio, Sonia Tarragona, quien expuso a grandes rasgos las líneas en que el Ministerio de Salud concentra su política presupuestaria para el 2022, al tiempo que precisó que esa cartera duplicó su presupuesto en 2021, y lleva ejecutado el 86% del Presupuesto incrementado de 2021.
“La ejecución que se proyecta es cercana al 98%, quedan pendientes pagos de vacunas de calendario y algunas transferencias a hospitales, pero creemos llegar al 98% al finalizar el año”, precisó. Agregó que “si sumamos los organismos descentralizados, el presupuesto de ejecución hoy llega al 82%, pero se estima que estaremos alcanzando cerca del 95, 96% de ejecución al finalizar el año”.
En su exposición, la funcionaria detalló que en primera línea de la gestión el ministerio tiene en consideración la pospandemia, y eso tiene que ver con todas las acciones de seguimiento de las personas que han padecido Covid y que manifiestan consecuencias de la enfermedad y deben seguir siendo atendidas.
El segundo eje en el que trabajan es el cumplimiento efectivo de la Ley de Interrupción del Embarazo; el tercero el cumplimiento de la Ley de los Mil Días, y el cuarto el vinculado con el impulso y formulación de políticas de género y diversidad, que involucra no solamente el Plan Federal, sino también la compra y distribución de insumos para la distribución.
Por último, citó la agenda estratégica de salud digital para contribuir a la toma de decisiones y la gestión sanitaria a través de nuevas tecnologías.
Tarragona citó también la estrategia de vacunación, ya que la pandemia no terminó, remarcó, mencionando también la necesidad de mejorar los registros e instrumentar registros digitales. Por ejemplo, mencionó que “no tenemos instrumentado el certificado de defunción digital, que nos hubiera permitido tener información diferente a la que tenemos para el registro de las muertes”. Por el contrario, las causas de las muertes se tramitan en la actualidad en papel.
“Luego se compara con el registro epidemiológico de las muertes”, comentó, destacando que “resulta necesario avanzar en registros digitales que nos van a permitir tener información al día en términos de las causas de muertes”. Hay un proyecto para avanzar en la materia, destacó.
Comentó en otro pasaje que se trabaja en el abordaje integral de personas con Covid persistente. “Estamos incorporando líneas de cuidado y atención par hacer un proceso de detención y búsqueda de las personas para poder recuperar el estado de salud necesario para su vida”.
El tema de la salud mental es uno de los ejes más complejos que tiene el abordaje pospandemia, comentó en otro pasaje de su exposición, como así también contó que se está incorporando el botiquín mil días, para atender a esa ley. “Y un tema no menor son los medicamentos de alto precio”, enfatizó, poniendo el ejemplo de los remedios para la fibrosis quística, que tienen un costo altísimo en el país. “Acaba de registrarse una copia local que redujo a un cuarto el costo”, comentó.
Asimismo se ha lanzado el plan nacional de calidad en salud, que es un plan que propone mejorar la calidad y atención de los pacientes en cada uno de los niveles de atención. “La pandemia ha desnudado también las diferencias que tenemos a nivel federal y requiere un esfuerzo adicional, para trabajar con las jurisdicciones en mejorar las condiciones de atención en territorio”, comentó también.
El senador nacional Sergio Leavy y diputados provinciales se reunieron este martes con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación para avanzar en un relevamiento de la situación edilicia de la ex Palúdica.
El senador nacional Sergio Leavy (FdT – Salta) y los diputados provinciales Koky Juárez, Iván Mizzau y Ramón Villa, mantuvieron un encuentro este martes realizado en el Ministerio de Salud que contó con la presencia del viceministro de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, el jefe de gabinete de la Secretaría de Calidad en Salud, Andrés Leibovich y el asesor Pablo Kohan, en donde los funcionarios salteños manifestaron la intención de avanzar en la posibilidad de que el edificio de la ex Palúdica sea destinado a un centro regional que concentre las distintas reparticiones de salud de la Nación.
Esta tarea es encabezada por el senador Leavy como autor del proyecto de ley que solicita que “el edificio de la Palúdica pase nuevamente a manos del Estado Nacional para establecer ahí servicios nacionales que cumplan con el cargo de la donación del doctor Luis Güemes, allá por 1923”.
El viceministro de Salud acordó: “Continuar trabajando en el relevamiento de la infraestructura existente en el edificio salteño para tener una idea acabada de lo que se precisaría para concretar este polo de salud”.
“Luego de lo que hemos transitado con el Covid-19 podemos entender la intención del doctor Güemes cuando ante la pandemia del paludismo, donó el terreno donde está ‘la Palúdica’ para la creación de una estación sanitaria, bajo la órbita del Ministerio de Higiene de la Nación, hoy Ministerio de Salud de la Nación”, indicó el senador del FdT.
Los funcionarios también se interiorizaron sobre la realización y envío de ambulancias para los centros de salud de frontera de Puerto Chalana, en Orán y Misión La Paz, en Rivadavia, a concretarse próximamente.
A su vez, Leavy, Juárez, Villa y Mizzau manifestaron las necesidades en temas sanitarios de los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia. Por su parte, el doctor Medina también confirmó que “en marzo del año próximo se entregarán diez ambulancias para toda la provincia de Salta”.
Un informe epidemiológico del Ministerio de Salud confirmó que las elecciones primarias abiertas del 12 de septiembre fueron “seguras y no generaron aumentos de casos en ninguna provincia”.
El Ministerio de Salud confirmó este jueves mediante un oficio enviado al Ministerio del Interior que ninguna jurisdicción del país registró aumento de casos ni fueron reportados brotes de Covid-19 asociados a las elecciones PASO del pasado 12 de septiembre, en el marco de un informe que exploró la situación sanitaria hasta 14 días después de los comicios.
Dicho reporte fue elevado en las últimas horas a la Cámara Nacional Electoral, que mediante un oficio previo había solicitado a las autoridades sanitarias, vía Ministerio del interior, una evaluación del impacto o no de la pandemia en el marco del acto eleccionario.
Cabe recordar que por la situación de la pandemia las elecciones PASO previstas inicialmente para agosto se retrasaron un mes y se realizaron en septiembre, luego de un consenso alcanzado por todas las fuerzas políticas.
La diputada mendocina Jimena Latorre alertó que los postulantes, por segundo año consecutivo, no pudieron rendir la prueba por inconvenientes en la página web.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) presentó un pedido de informes al Ministerio de Salud de la Nación para que explique sobre las demoras en el inicio del examen para médicos residentes del país, los problemas de mal funcionamiento e interrupción de la página, y cuáles serán las medidas que se adoptarán para que los postulantes tengan la oportunidad de rendir.
El Examen Único Digital y Ubicuo, programado para el día 14 de septiembre de 2021 desde las 8 hasta las 10:30, “resultó de imposible acceso o interrumpido para miles de postulantes en todo el territorio del país que aspiraban poner a prueba los conocimientos adquiridos para obtener una residencia”, señaló.
Y agregó que “cabe destacar la importancia que reviste esta evaluación para los profesionales ya que es la oportunidad de acceso a una residencia para especializarse en una rama de la medicina y de esta manera ingresar en el sistema de salud”.
“Al negarles el ingreso a rendir, o no cumplir con las condiciones que se pactaron, se les vulneran derechos, se los empuja a perder un nuevo año y truncar los proyectos de vida profesional de cada uno de ellos, dejándolos además sin ningún tipo de respuesta desde un Estado que ante similar situación hace un año no dio ninguna solución, solamente esperar un año más para volver a rendir”, enfatizó la legisladora radical.
Asimismo, la mendocina consideró que “es inaceptable que un Gobierno que debe garantizar los servicios esenciales a sus ciudadanos en lugar de promover el acceso a las especializaciones de los profesionales que permitirán garantizar un servicio de salud eficiente, trunque las expectativas y proyectos profesionales de miles de aspirantes por negligencia e impericia en la disposición de los soportes necesarios para tomar los exámenes a su cargo”.
El Ministerio de Salud de la Nación es el responsable del examen que implementa en acuerdo con las autoridades provinciales para unificar la preinscripción del cronograma y la prueba de selección múltiple que se requiere para el ingreso a residencias del equipo de salud en las distintas jurisdicciones. Esta modalidad de único examen se implementó por primera vez en el año 2020 a raíz de la pandemia del Covid-19 en lugar de que cada universidad, hospital o clínica lo hiciera en forma individual.
En su proyecto de resolución, la diputada recordó que “en 2020 también hubo problemas con la página y los médicos que debían rendir realizaron las denuncias pertinentes. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se rechazaron las denuncias de hackeo y se estipuló un segundo llamado que nunca se cumplió”.
“Habiendo transcurrido un año de aquella fracasada convocatoria, para muchos aspirantes transcurrieron dos años ya que nunca pudieron rendir en el 2020, una jornada especial que lleva mucho tiempo de preparación y esfuerzo una vez más es frustrada debido a la inoperancia de un equipo que no puede implementar la operatoria de un sistema y un soporte virtual para tan importante examen”, sentenció Latorre.
El pedido fue acompañado por sus pares Carmen Polledo, Claudia Najul, Federico Zamarbide, Ximena García, José Cano, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Karina Banfi, Lidia Ascarate, Jorge Vara, Juan Martín, Hugo Romero y Gustavo Menna, entre otros.
Tras la incorporación de modificaciones, los diputados de la Comisión de Salud avalaron por unanimidad el despacho. Que prevé la iniciativa.
Por Melisa Jofré
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin (Frente de Todos), firmó dictamen por unanimidad del proyecto de ley que establece reglas sobre la compra de las vacunas contra el Covid-19 y fue solicitado desde el Ministerio de Salud de la Nación.
En el comienzo, Yedlin agradeció a todos los miembros y a funcionarios del Ministerio de Salud, al tiempo que dijo que los cambios “han enriquecido la propuesta inicial y realmente se ha convertido en un proyecto muy superador”.
El tucumano leyó entonces el texto, remarcando las modificaciones recibidas. La iniciativa declara de “interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria”.
Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud, “a incluir en los contratos que celebre y en la documentación complementaria para la adquisición de vacunas” cláusulas que establezcan “la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición”.
Además, se incluyó, a instancias de la diputada Claudia Najul, que “en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina sean personas humanas o jurídicas” quienes “se reservan sus derechos de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos”.
La iniciativa prevé que “la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana” no implicará renuncia alguna “respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución” de un conjunto de bienes, como cualquier reserva del Banco Central o cualquier dominio público, entre otros.
Asimismo, en los contratos se podrán incluir “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.
Las vacunas generadas a adquirir inmunidad contra el Covid-19 deberán ser previamente registradas por la ANMAT y analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn), a propuesta de las diputadas Carmen Polledo y Graciela Ocaña.
También, el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Salud, podrá disponer “cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas” de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y Ley de Derechos del Paciente, según aportó la diputada Cecilia Moreau.
El proyecto exime “del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado, como así también de la constitución de depósito previo, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud”.
En tanto, los contratos celebrados en el marco de la ley deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Nación y a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad que pudieran incluirse en los mismos”. Su envío a las comisiones del Congreso fue una propuesta del diputado José Cano.
Luego que Yedlin leyera el proyecto con las modificaciones, la vicepresidenta de la comisión, Carmen Polledo (Pro), manifestó la conformidad con la nueva redacción y agradeció al presidente por “la predisposición para escuchar nuestras propuestas”. “Es un tema muy importante para nuestro país y nuestros ciudadanos”, sostuvo.
En el mismo sentido, la mendocina Claudia Najul (UCR) destacó la “agilidad” y “buena voluntad” para aceptar cambios en el texto. “Es un proyecto que viene nada más y nada menos con cláusulas donde cedemos en favor de tribunales arbitrales extranjeros, donde renunciamos a oponernos a la defensa de inmunidad soberana, no son temas habituales en la compra de insumos”, señaló.
La radical valoró haber buscado “la mejor redacción porque entendemos que en el mundo el mercado de las vacunas tiene estas condiciones”.
En tanto, la santacruceña Paola Vessvessian (Frente de Todos) rescató el “gran esfuerzo” del “Ministerio de Salud y cada uno de los gobiernos provinciales”. “La incertidumbre de la pandemia nos obliga a poder darle herramientas al Ministerio de Salud para poder conseguir algo que es fundamental, que es la reserva de todas aquellas vacunas que nos permitan dar respuesta a nuestro pueblo y a nuestra gente”, expresó.
Al igual que todos los diputados que intervinieron, la tucumana Beatriz Ávila (Unidad Federal para el Desarrollo) ponderó el acuerdo alcanzado entre todos los bloques y resaltó que la iniciativa “está poniendo sobre la agenda lo que la gente está pidiendo”.
Después de haber expresado el voto a viva voz de cada uno de los diputados, Yedlin aseguró que intentarán que el proyecto se trate en la próxima sesión y abogó por que “esa urgencia que nos puso el Ejecutivo la pongamos ahora nosotros en las autoridades de la Cámara”. Además, pidió a los diputados que informen a sus pares sobre el tema de modo que vayan “a la sesión con el conocimiento acabado de un tema tan complejo”.
Por último, los diputados de JxC Claudia Najul, Graciela Ocaña y Gonzalo Del Cerro reclamaron avanzar en la próxima reunión de la comisión con un proyecto de ley para establecer un protocolo de “último adiós”, de modo que personas con estado terminal puedan estar acompañadas por sus familiares. “Si bien algunas provincias han avanzado, es un derecho que debemos garantizar a todos en Argentina”, dijo Najul.
Legisladores de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Álvaro de Lamadrid, presentaron un pedido de informes dirigido al Ministerio de Salud.
Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para solicitar, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, al Ministerio de Salud de la Nación un informe detallado acerca del precio de las cuotas mensuales de las obras sociales privadas.
“Queremos conocer los aumentos autorizados durante el año 2020 a la fecha y que se aclare sobre los motivos por los cuales se ve afectada la disposición para atender consultas y/o servicios específicos diferentes a los relacionados con el Covid-19, como hemos tomado conocimiento ocurre sistemáticamente en la práctica”, señaló el impulsor de la iniciativa, el radical Álvaro de Lamadrid.
Además, el legislador agregó: “La actual crisis por la que atraviesa el país ha generado gran preocupación en todos. Su más grave consecuencia es en lo relacionado a la salud, por el impacto de la pandemia del Covid-19, pero también por el impacto en personas que sufren de otras enfermedades o dolencias que también las han obligado a necesitar citas médicas y han encontrado dificultades”.
En los argumentos del proyecto, se plantearon ejemplos de casos de personas que han tenido dificultad para ser atendidas a pesar de contar con una obra social privada pagada al día.
“No solamente muchos afiliados tienen dificultades para acceder a atención médica, sino que también las obras sociales han aumentado sus precios”, enfatizó el porteño.
En la iniciativa se enfatiza también sobre “la preocupación de las dificultades económicas que ha generado la pandemia en la ciudadanía, sobre todo en sectores vulnerables como los de mayor edad”. “No ha existido un programa que les facilite los pagos ni tampoco que les asegure el acceso a todas las consultas y servicios por los que ellos están pagando”, se cuestionó.
El pedido de informes fue acompañado por los diputados de JxC Estela Regidor, Gabriela Lena, Aída Ayala, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Sofía Brambilla, Jorge Enríquez, Alicia Terada, Jorge Vara, Virginia Cornejo, Alberto Asseff, Lorena Matzen, Héctor Antonio Stefani, Gustavo Menna, Martín Berhongaray y Adriana Ruarte.
