Tal como había anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este martes el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de Bullrich. Desde el Gobierno Nacional las consideran “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.

Ley Antimafias

La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.

Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:

En primer lugar, se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo  a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Nuevo Registro de Datos Genéticos

Conforme a las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, “lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, destaca el proyecto entre sus fundamentos.

Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia. Es importante destacar que este nuevo sistema que se propone incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.

Orden público y Legítima Defensa

El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos considerando que, en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa.

Según el texto, pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.

Además, propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.

La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojará o trabajará, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.

Se incorporan también precisiones que ya ha recogido en algunos casos la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.

La reforma integral de seguridad busca que, en cada pueblo, localidad, ciudad o provincia argentina, la seguridad sea la normalidad y el delito. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que quien las hace, las paga. Y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara.

Patricia Bullrich fue confirmada como próxima ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, cargo que ejerció durante la gestión de Mauricio Macri. Jurará el 10 de diciembre con el resto de los integrantes del gabinete.

Tras reunirse este jueves con el presidente electo en el Hotel Libertador, se difundió este viernes un comunicado de la Oficina de Prensa del libertario, en el que su nombre fue la noticia. Allí también se anunció a Rodolfo Barra como procurador del Tesoro, una designación no exenta de polémicas.

A través de la red social X, Bullrich agradeció a Milei -con quien compitió en las elecciones de este año, pero luego apoyó en el balotaje- por “la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad”.

“Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca. El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios”, expresó.

La presidenta del Pro, que horas antes anunció que convocará a elecciones en el partido amarillo, completó: “Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga”.

Los saludos de legisladores macristas no tardaron en llegar. “Felicitaciones @PatoBullrich y presidente electo @JMilei. La seguridad de los argentinos volverá a estar muy bien cuidada después de estos años de abandono. Porque en la Argentina que viene el que las hace, las paga”, posteó Hernán Lombardi.

En tanto, el senador Alfredo De Angeli señalo que “la seguridad es uno de los temas que más nos preocupa a los argentinos y @PatoBullrich fue quien mejor trabajó en la materia. Su compromiso, respeto y trabajo a la par con todas las fuerzas la hicieron una ministra única. Su experiencia será de gran ayuda en el próximo gobierno”.

“Nos comprometimos con el cambio y acá estamos! Felicitaciones @JMilei por elegir a la mejor! Gracias @PatoBullrich por tu entrega! Ahora sí los argentinos estaremos más seguros! Dando pasos firmes en este inicio del Milagro Argentino! Vamos #Argentina”, manifestó Ingrid Jetter, mientras que Alberto Asseff saludó: “Vamos @PatoBullrich Felicitaciones!”.

Otro de los mensajes fue de Diego Santilli, quien consideró que “es una gran alegría que @PatoBullrich sea la futura Ministra de Seguridad” porque “ha demostrado tener la decisión y el coraje para combatir el narcotráfico, luchar contra la delincuencia y garantizar el orden. ¡Vamos por una Argentina en paz!”.

Uno de los gobernadores de Juntos por el Cambio que se ha manifestado en contra de la idea de un co-gobierno como es el santafesino Maximiliano Pullaro felicitó con entusiasmo a Bullrich.

“Sé de tu compromiso inclaudicable por la seguridad y el orden. Tenemos por delante mucho trabajo conjunto para que todos los santafesinos vuelvan a sentirse seguros. Tu conocimiento de la provincia y la experiencia que ya hicimos juntos entre 2015-2019 es un buen punto de partida para coordinar esfuerzos e inteligencia en la construcción de una Santa Fe más segura”, elogió.

La diputada nacional Karina Bachey (Pro – San Luis) le solicitó, a través de un proyecto de resolución, al Poder Ejecutivo de la Nación que refuerce la búsqueda de Guadalupe Lucero, una niña que desapareció de la vereda de su casa en la capital sanluiseña el 14 de junio del 2021.

En la iniciativa, Bachey propuso que se actualice la imagen de la niña desaparecida como así también se tomen las medidas necesarias tendientes a reforzar su búsqueda para con el Ministerio de Seguridad de la Nación, como al Ministerio de Seguridad de la provincia de San Luis.

Tal proyecto lleva las firmas de los diputados nacionales: Jorge Vara, Carlos Zapata, Carolina Castets, Pablo Torello, Gabriela Lena, Claudio Poggi, Ana Clara Romero, José Núñez y Alberto Asseff.

“Es necesario redoblar los esfuerzos en la búsqueda de Guadalupe Lucero y disponer todas las herramientas y acciones necesarias disponibles. En este sentido resulta fundamental poder actualizar su imagen, y colocar cartelería en diversos espacios y edificios públicos en un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial”, solicitó Bachey.

La diputada nacional Danya Tavela (Evolución Radical) presentó un pedido de informes en el Congreso Nacional con el fin de conocer la situación del envío de fuerzas federales a la provincia de Buenos Aires. “La falta de políticas concretas y coordinadas entre Nación y provincia provocan que millones de bonaerenses sigan desprotegidos ante la violencia criminal”, afirmó.

La legisladora radical aseguró que “el papelón entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el gobernador Axel Kicillof trae consecuencias graves”. En ese sentido, Tavela pidió en el Congreso Nacional que el Ministerio de Seguridad de la Nación informe y detalle el destino de las fuerzas federales y que expliquen el trabajo que realizarán.

“El crecimiento del narcotráfico, la falta de medidas para combatirlo, y la delincuencia es responsabilidad en buena parte de la crisis económica y de gobiernos que se hacen los desentendidos”, se quejó la diputada por la provincia de Buenos Aires.

Tavela agregó que “como si fuera poco, Kicillof no tuvo mejor idea que cerrar escuelas por casi dos años dejando a miles de niñas, niños y adolescentes sin contención, abandonados a su suerte y servidos en bandeja de oro a delincuentes que se aprovechen de ellos”.

“Los partidos, y sus representantes, tienen todo el derecho a tener diferencias y exteriorizarlas, pero no tienen ningún derecho a que su interna le complique la vida a los ciudadanos”, argumentó y agregó que “Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, Sergio Berni y Axel Kicillof tienen la responsabilidad y obligación sentarse en una mesa y trabajar para cuidar a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”.

El diputado nacional Roberto Mirabella (FdT) presentó un proyecto para relocalizar la sede central del Ministerio de Seguridad de la Nación en la ciudad de Rosario, en el marco de la Ley N°25.589 de Capitales Alternas.

Sancionada en 2020, esa norma habilita al Gobierno nacional a trasladar la sede de cualquier organismo federal a las provincias, con el objetivo de acercar la gestión y los asuntos de gobierno conforme a las potencialidades y las problemáticas de cada territorio.

“La situación límite en la que se encuentra Rosario y su área metropolitana es conocida por todos. Es una ciudad presa de balaceras y crímenes cometidos por bandas mafiosas ligadas al narcotráfico”, remarcó el santafesino en diálogo con medios locales.

El legislador, del riñón del gobernador Omar Perotti, insistió con sus reclamos a Nación: “Necesitamos conducción nacional porque son delitos federales cometidos por narco criminales con un alto nivel de violencia urbana”.

“Rosario triplica los homicidios del país, con 22 muertos cada 100.000 habitantes. Además, alrededor del 75% de los homicidios tienen que ver con disputas del narcotráfico y el crimen organizado, mientras que en los Tribunales Federales de Santa Fe tenemos el 20% de las causas de droga de todo el país”, precisó Mirabella.

El oficialista enfatizó que “en el último tiempo, asistimos a situaciones inéditas que no son aisladas. Balaceras a canales de televisión y a comisarías, amenazas a periodistas, mensajes mafiosos a través de víctimas inocentes elegidas al azar, ataques amedrentadores a edificios públicos. En ningún lugar de la República Argentina sucede una situación similar”.

“Lisa y llanamente, estas acciones están orientadas a generar terror en la población, siendo parte del modus operandi que tienen estas bandas en la ciudad de Rosario y sus alrededores y que exceden a una administración local o provincial por la complejidad del delito y de las organizaciones de las que se trata”, continuó.

En ese sentido, el diputado afirmó que se necesita “más presencia en la conducción de la persecución criminal por parte del Gobierno federal en la ciudad de Rosario y alrededores. El Gobierno nacional no puede desconocer lo que pasa en su territorio. Si la situación no es controlada, estos delitos pueden expandirse a otras zonas del país”.

“Pedimos una acción decidida de las fuerzas federales y del Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir a estas bandas criminales ligadas al narcotráfico que siembran día a día el terror en nuestra provincia”, concluyó.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) elevó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia Federal de Inteligencia para que brinden datos sobre las cuatro personas de presunta nacionalidad iraquí, detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el lunes 8 de agosto con pasaportes falsos.

“Cuando aún el Gobierno nacional no ha podido responder de manera fehaciente, clara y precisa sobre el accionar del vuelo de Emtrasur, y tampoco ha podido dar explicaciones contundentes sobre el ‘falso iraquí’ detenido en Entre Ríos, nos encontramos de nuevo con supuestos ‘ciudadanos iraquíes’ que deambulan por nuestro territorio sin el debido control, sin la constatación fehaciente de que los ciudadanos que estaban por salir de nuestro país son quienes dicen ser”, explicó Milman.

En su solicitud, el legislador requiere información sobre los movimientos de los cuatro detenidos en el país, por dónde entraron, si tienen algún tipo de vinculación con la tripulación del avión iraní-venezolano que están bajo investigación, si poseen algún tipo de vinculación con organizaciones militares y si poseen algún grado de vinculación con el ciudadano iraní detenido en Entre Ríos, Asan Azad.

Por último, consultó si el Ministerio de Seguridad de la Nación ha podido vincular y/o relacionar los episodios del avión iraní-venezolano, el ciudadano iraní detenido en Entre Ríos y la amenaza al periodista especializado George Chaya.

“Les pido por favor que no nos tomen el pelo, que no nos mientan más, diciendo que las fronteras son porosas”, reclamó el macrista, y agregó: “Como exsecretario de Seguridad de la Nación, y como director a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, bajo la conducción de la Dra. Patricia Bullrich, pudimos controlar nuestras fronteras ante la realización de eventos de transcendencia internacional”.

Finalmente, sentenció: “Mientras los funcionarios a cargo de cuidarnos y protegernos esgrimen explicaciones que bordean lo absurdo, lo irrisible y burdo de sus argumentaciones, exigimos que desde el Gobierno nacional nos brinden a los representantes del pueblo las debidas explicaciones”.

En el marco de la causa de droga adulterada que dejó un saldo hasta el momento de 20 víctimas y más de 70 internados, sumado a los dichos inapropiados de distintos funcionarios, desde la oposición un grupo de diputados, encabezados por Gerardo Milman (Pro), presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo a través Ministerio de Seguridad resuelva informar acerca de ocho puntos sobre el tema en cuestión.

La iniciativa solicita que se responda sobre: “Si existen estadísticas sobre el uso de la droga denominada Fentanilo, y sus derivados en el territorio nacional; qué cantidad de Fentanilo fue importada y utilizada desde 2011 a la fecha; cuáles son los países productores y a cuáles se les compra”.

“Informe y detalle: droguerías y/o personas físicas y/o jurídicas autorizadas para el uso de Fentanilo desde el 2011 hasta la fecha; detalle de los productos en los que se utiliza; qué programas y/o acciones elabora y/o ejecuta RENPRE (Registro Nacional de Precursores Químicos) para la regulación y control de la importación/exportación/uso del Fentanilo”, agregaron.

Y cerraron con dos puntos más: “Si existe algún tipo de alerta emitida para los aeropuertos del país a fin de controlar el ingreso ilegal de dicha droga y qué control y prevención realiza en zonas limítrofes de nuestro país y cuáles son sus resultados”.

Acompañaron el proyecto con su firma los diputados María Eugenia Vidal, Graciela Ocaña, Laura Rodríguez Machado, Karina Bachey, Héctor Stefani, Federico Angellini, Marilú Quiroz, Mercedes Joury, Camila Crescimbeni, Ana Clara Romero, María Sotolano, Gabriela Besanaa y Germana Figueroa Casas.

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro -Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, dé a conocer las acciones que despliega en el partido de La Matanza dentro del Programa de Fortalecimiento de la seguridad que había sido anunciado.

“Frente a la ola de inseguridad que padecen (entre otros) los vecinos de La Matanza, con otros 15 diputados nacionales presentamos un pedido de informes para conocer las acciones que el Ministerio de Seguridad de la Nación despliega en el partido dentro del Programa de Fortalecimiento anunciado”, expresó el diputado del Pro en su cuenta de Twitter.

El pedido de informe al Ministerio de Seguridad fue presentado por los diputados provinciales Víctor Sosa (UCR) y Luis Lucero Guillet (UCR) sobre el caso de desaparición de Guadalupe Lucero el pasado 14 de junio con el propósito de “ahondar en todas las medidas a destiempo que se tomaron”. Además, agradecieron el apoyo por parte de los diputados oficialistas.

“Ahora el Ministerio de Seguridad, a cargo de Luciano Anastasi, tiene 10 días para responder las preguntas que serán enviadas por los legisladores”, afirmó Guillet y agregó: “Nosotros presentamos este pedido de informe tras dos meses de la desaparición de Guadalupe, esperando un tiempo prudencial para que la Justicia y el Ministerio de Seguridad pudieran actuar sin ningún tipo de entorpecimiento, pasado ese tiempo y al no tener respuesta entendimos que la Cámara debíamos presentar el pedido de informe y así lo hicimos”.

En esta misma línea, manifestó que “lo hicimos con un silencio respetuoso entendiendo de que debía ser tratado. Logramos el consenso para que se aprobara el pedido de informe y va a ser girado al Ministerio correspondiente y esperamos que en el plazo tengamos las respuestas para poder analizar qué ha sucedido en el plano político porque en lo que hace a la justicia los tiempos son otros y en ese campo no tenemos injerencia, pero si en como se ha manejado en lo que refiere a la investigación”.

“Se quiere ahondar en todas las medidas que el Ministerio ha tomado en toda la investigación a destiempo y que permitió que las posibilidades que había de tener pistas o que Guadalupe saliera de la provincia no se consiguieron y las medidas fueron tomadas a destiempo. Pedimos un amplio requerimiento”, explicó el diputado radical.

Por último, el legislador puntano se mostró agradecido al oficialismo que apoyó la iniciativa, ya que “sin los votos de ellos es imposible que los proyectos de los diputados de la oposición puedan ser aprobados ya que son minoría dentro de la Cámara”.

Luego de la exposición que el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, realizó en la Legislatura de la Ciudad acerca de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el Ministerio de Seguridad de la Nación salió a desmentir los dichos del funcionario al respecto del despliegue de las Fuerzas Federales en el distrito.

Es que a lo largo de su exposición, Miguel hizo una serie de afirmaciones sobre la presencia y el accionar de las Fuerzas Federales en CABA y sobre la gestión de la seguridad en determinadas zonas de CABA que “no se corresponden ni con los hechos ni con el proceso de conversaciones mantenidas entre esta Cartera y las autoridades porteñas”, aseguraron desde la cartera nacional.

Por lo que desde el Ministerio explicaron que los diálogos para que la Policía de la Ciudad se hiciera cargo de su jurisdicción se iniciaron durante el Consejo de Seguridad Interior llevado a cabo en la provincia de Tucumán en febrero del 2020, cuando las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometieron a asumir la seguridad de su territorio.

Asimismo, recordaron que en el transcurso del año pasado se realizaron varias reuniones entre los equipos de trabajo de ambos organismos y en marzo del 2021 finalmente la Policía de la Ciudad asumió su responsabilidad en la seguridad  de Puerto Madero, así como los barrios 21-24 y Zavaleta.

Al mismo tiempo que aclararon que la fecha conversada para efectivizar la asunción de las funciones de seguridad en el Barrio Ricciardelli por parte de la Policía de la Ciudad era noviembre de 2022, siempre y cuando la mencionada Fuerza iniciara, hace tres meses atrás (marzo 2021), su presencia en el perímetro del barrio y que tomara seguidamente el control de la Línea 911.

Habiendo pasado tres meses de la fecha consensuada para el inicio de ese proceso, la cartera de Seguridad de la Nación informó que, contrariamente a lo dialogado, ni el despliegue perimetral ni el control de la línea 911 han sido cumplidas por las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma.

 Por lo que desde el Ministerio concluyó advirtiendo que “los intercambios mantenidos entre las autoridades nacionales y locales, no se condicen con lo expresado por el funcionario porteño ante la Legislatura”.

Luego de que el Gobierno de la Ciudad implementara medidas tendientes a devolver los celulares robados que son recuperados en diversos operativos, el titular del Ministerio de Justicia porteño, Diego Santilli, aseguró que ahora también se devolverán los vehículos recuperados, tales como motocicletas y bicicletas.

En ese sentido, el funcionario explicó que “devolver una moto o un celular es un acto de justicia y reparación, por lo que significó la pérdida de un bien tan costoso, que equivale a muchas horas trabajadas, inversión de tiempo y esfuerzo” e indicó que “no alcanza con poner a disposición de la Justicia al que cometió el delito. La Justicia se consuma en el momento en el que se repara el daño”.

Al mismo tiempo que  remarcó que “cuando te quitan tu celular, te quitan tu intimidad. Cuando te roban el vehículo te restringen tu circulación para ir a trabajar. La Policía de la Ciudad trabaja arduamente para reparar ese daño y lograr que lo robado vuelva a sus dueños” y advirtió que “con la devolución de objetos robados se cierra el círculo: recibimos la denuncia, investigamos, detenemos a los delincuentes y devolvemos lo robado”.

Cabe recordar que este lunes, el vicejefe de Gobierno y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, estuvieron con cinco damnificados en la Comisaría Comunal 4 para devolver motos que fueron sustraídas. “Seguimos avanzando con esta política de justicia y reparación. Tenemos previsto devolver cada objeto robado a medida que podamos dar con sus dueños”, sostuvo Santilli.

Asimismo subrayó “la importancia” de denunciar ante la Policía de la Ciudad cuando se sufre el robo de un teléfono o de un vehículo, porque esa es la única manera en la que se puede concretar la restitución a su dueño. “Hoy es posible gracias a un trabajo profesional y serio, que combina la investigación y la coordinación entre la Policía y la Justicia”, concluyó.

Actualmente hay 356 motos identificadas para devolver a sus dueños. Con respecto a celulares, en diferentes controles, la Policía de la Ciudad y el cuerpo de Agentes de Tránsito recuperaron 7.000 teléfonos celulares. Es importante remarcar que si te roban el teléfono, podés hacer la denuncia en cualquier comisaría y, también, llamando al 911 y al 0-800-333-FISCAL (347225).