La senadora electa Patricia Bullrich le presentó su renuncia formal como ministra de Seguridad al presidente Javier Milei, la cual se hizo efectiva este lunes. En tanto, este martes jurará su sucesora, Alejandra Monteoliva.

Bullrich, que el pasado viernes juró en el Senado, asumirá formalmente como legisladora a partir del próximo 10 de diciembre. En la Cámara alta, la excandidata presidencial presidirá el bloque de La Libertad Avanza.

"Hace dos años, usted me encomendó la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles. Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante", comenzó la porteña en la carta enviada a Milei.

Además, le agradeció al mandatario "profundamente" por "la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país".

Asimismo, afirmó que desde el Senado continuará "defendiendo los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad".

También, Bullrich dedicó unas palabras de despedida a su sucesora: “Le deseo el mayor de los éxitos a la futura ministra Alejandra Monteoliva. Ella me ha acompañado estos años, y si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden del país, es ella. Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, serie y eficaz”.

Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación defendieron este martes en el Senado los decretos por los cuales se modificaron las funciones de las fuerzas federales, y aseguraron que fueron en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo en la Ley de Bases.

Sin embargo, desde la oposición hicieron hincapié en que el Gobierno se "extralimitó" en dictar tales medidas y varios referentes de Unión por la Patria anticiparon que buscarán rechazar en los recintos de ambas cámaras el decreto delegado 383/25, por el cual se creó el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina.

En su exposición ante la Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, el director de Transformación Institucional, Diego Fleitas Ortiz de Rozas, señaló que "estas reformas se hicieron en el marco de la Ley de Bases", en alusión a los decretos 383, 454, 455, 456 y 457 de este año. "Se buscó fortalecer un proceso de modernización, profesionalización, actualización de los textos normativos y resolver cuestiones de personal, estructura y carrera", indicó.

A su vez, admitió que la reforma de la PFA fue "un poquito más en profundidad", teniendo como eje "darle una nueva misión y darle potestades nuevas", orientadas hacia la investigación. "Es un primer paso normativo. La Ley Orgánica no es un protocolo", explicó y apuntó que se buscó darle a la PFA "la misión de enfocarse en delitos federales y complejos", aunque "sigue teniendo residualmente otras misiones vinculadas a seguridad del Estado y orden público".

"Lo que hicimos fue reproducir textos existentes en la ley vigente de la PFA, en el Código Procesal o potestades comunes a todas las policías", argumentó.

Sobre la PFA, Fleitas Ortiz de Rozas mencionó que "sólo el 19% del personal de la fuerza estaba en área de investigación, drogas o inteligencia; y nosotros consideramos que ese porcentaje tiene que ser más alto". Por eso, los nuevos agentes están yendo "casi 100% hacia áreas de investigaciones" y "se redujo a la mitad la cantidad de integrantes suboficiales". "Una nueva policía con una estructura más horizontal y un personal más profesionalizado", destacó.

El funcionario agregó que "en el caso de Prefectura y Gendarmería lo que se hizo principalmente fue modernizar su texto normativo, se eliminaron referencias a cualquier dependencia a las Fuerzas Armadas"; mientras que "en la PSA se hicieron cambios mayores", entre los que "se incluyó la posibilidad que tuviera un subjefe, que no estaba en la estructura" y que "los cadetes sean formalmente parte de la fuerza".

Al abrirse el tramo de preguntas, el diputado José Glinski (UP) planteó que "los cambios no fueron lo suficientemente difundidos, porque no fueron lo suficientemente trabajados". En ese sentido, consideró que podía existir un "consenso" en que eran necesarias reformas en las fuerzas, pero en lo que "no hay consenso" es en "si estas reformas se pueden hacer o no por decreto".

"Todas estas series de reformas se hacen amparadas en la Ley de Bases y facultades delegadas, sin embargo hubo una acción expresa de los diputados de quitar la emergencia en seguridad", recordó y cuestionó "la legalidad y legitimidad de estas normas". "Nosotros sostenemos que son ilegales porque están hechas bajo una extralimitación del Poder Ejecutivo", afirmó el exdirector de la PSA.

A su turno, el senador Oscar Parrilli (UP) consultó cuántos son todos los efectivos de las cuatro fuerzas; cuántos eran a diciembre de 2023 y cuánto se han incrementado desde esa fecha hasta ahora. Fleitas Ortiz de Rozas respondió que aproximadamente hay 31 mil en la PFA, 40 mil Gendarmería, 5.500 en la PSA y 25 mil de Prefectura Naval. "No hubo un incremento significativo de las fuerzas, incluso en la PFA se redujo un poco. El año pasado ingresaron 450 y antes ingresaban 900 por año", indicó el funcionario.

Luego, el diputado Juan Marino (UP) preguntó "por qué decidieron hacer esto por decreto y no mandar proyectos al Congreso" y qué "análisis jurídico" realizaron para interpretar que la Ley de Bases les permitía avanzar de esta manera. Sobre lo primero, el director de Transformación Institucional respondió que eso fue por "una decisión política que me excede" y, respecto a lo segundo, insistió en argumentar: "Las fuerzas federales se encuentran dentro de la administración y, dentro de las potestades, la Ley de Bases le daba al Ejecutivo potestades para reformar la administración pública".

Más adelante, el legislador opositor indagó sobre la facultad que se le da a la PFA en "el acceso a bases de datos privadas sin orden de un juez". El representante del Ministerio de Seguridad señaló que "hay normas existentes vigentes referidas a la Ley de Protección de Datos Personales" y "el derecho de habeas data va a existir. El espíritu es que se hace dentro del marco de la ley". Aunque, reconoció, en este y otros puntos, que todavía hay facultades no reglamentadas por protocolo.

En cuanto al ciberpatrullaje, Marino cuestionó cómo se hará para impedir que "la prevención del delito en espacios digitales sin autorización judicial" sea una facultad que "se use para vigilar a opositores, periodistas y activistas". "La realización de tareas de prevención en espacios abiertos digitales en un estándar en todos los lugares del mundo", contestó Fleitas Ortiz de Rozas y afirmó que "esto fue adoptado por distintas administraciones de distintos colores políticos".

"Obviamente se tiene que hacer respetando los derechos y garantías, no tiene que ser motivo de persecución política, estamos completamente de acuerdo", dijo el funcionario, para indicar luego que se utiliza en la prevención de delitos como pedofilia, abuso sexual, trata de personas y que existen "decenas de fallos sobre la legalidad de estas actividades de prevención".

Diego Fleitas Ortiz de Rozas

Sin embargo, el diputado de UP advirtió que "estamos frente a un Gobierno donde el presidente dijo públicamente que él taclea las opiniones de los críticos en las redes sociales y los medios de comunicación para después denunciarlos judicialmente. El ciberpatrullaje efectivamente sí viene siendo utilizado para persecución y todo esto va a agravar el asunto".

Otra de las voces desde el kirchnerismo fue la del diputado Leopoldo Moreau (UP), quien resaltó: "Estos decretos pasan por encima de normas constitucionales, legales y en algunos casos hasta convencionales". Y lamentó que "después de 40 años de democracia hayan dejado de lado el control ciudadano que se ejerce a través del Parlamento". "La seguridad sin control no es seguridad, sino que es poder sin ley, y nosotros no estamos dispuestos a otorgar un poder sin ley y menos en estas características", agregó.

Para el radical K, esto no se trata "simplemente de una reforma administrativa" y trajo a colación la requisa que hubo por parte de las fuerzas a militantes que se movilizaron el pasado 18 de junio en apoyo a Cristina Kirchner. "Ni el Ministerio de Seguridad ni las fuerzas federales podemos, ni debemos, llevar adelante tareas de inteligencia política o tener base de datos vinculados a la política", aseveró el representante de la cartera que conduce Patricia Bullrich. "Las fuerzas federales en el orden público deben limitarse a la prevención del delito", sumó.

Avanzada la reunión, la diputada Carolina Gaillard (UP) cuestionó el decreto 383/25 -de reforma de la PFA- y advirtió que desde este martes "estamos en condiciones de tratarlo en el recinto para su rechazo" porque "está viciado de inconstitucionalidad" y "no cumple con las delegaciones de la Ley de Bases".

La entrerriana explicó que ese decreto delegado "versa sobre una materia que no fue declarada la emergencia; y aún si hubiera una emergencia en seguridad también sería inconstitucional porque hay una vaguedad en las tareas". Por eso, reclamó que se lo rechace en el Congreso "y que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley como corresponde".

"No vamos a estar a favor nunca de la restricción de derechos individuales y más cuando estamos ante un Gobierno nacional que está de manera permanente violentando el sistema institucional y avanzando en las libertades individuales de las personas", subrayó Gaillard, a lo que el funcionario negó: "Nosotros creemos que no avanzamos sobre ellos".

El único legislador en hablar por el oficialismo fue el diputado Santiago Pauli (LLA), quien criticó las opiniones de organismos internacionales sobre este tema, cuando "el ejemplo más reciente de avasallamiento a los derechos humanos no fue la última dictadura militar sino la cuarentena". "Se reprimió, hubo gente desaparecida, gente que ha sido encontrada muerta en dudosas circunstancias", remarcó sobre la época de pandemia.

Además, el libertario ponderó: "¿Qué mayor política de seguridad ciudadana hay que haya menos inseguridad, menos delitos, menos homicidios? Cosa que actualmente estamos viendo. Sobre todo en provincias en donde se ha logrado trabajar en conjunto". Y, respecto a que las reformas salieron por decreto, el fueguino manifestó: "Me atrevo a dudar que ese consenso hubiera existido si se hubieran enviado proyectos".

En el cierre, el jefe de UP en Diputados, Germán Martínez, preguntó: "¿No creen que a partir de estos decretos delegados están dejando a las fuerzas de seguridad en una situación de debilidad jurídica-institucional?". "Esto queda a tiro de otro acto jurídico de la misma envergadura. Es una involución en términos de funcionamiento jurídico-institucional", consideró.

"Ustedes dicen que las vienen a fortalecer (a las fuerzas). Mentira. Las debilitan. De hecho están a tiro del rechazo por mayoría simple en cada una de las cámaras para que esto vuelva a la situación anterior", insistió el santafesino, a lo que Fleitas Ortiz de Rozas cerró: "Creemos que esto las fortalece porque trata de resolver problemas muy graves. No es el escenario ideal, pero creemos que está hecho dentro del marco legal de la República Argentina. Muchas de las cuestiones que se están resolviendo están dentro del Poder Ejecutivo".

El pasado 17 de junio se conoció el escatológico escrache que recibió el diputado nacional José Luis Espert en la entrada de su domicilio. Este miércoles la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó la detención de una de las agresoras: “La militante kirchnerista Alesia Abaigar quedó detenida. Vamos por el segundo”.

Según la funcionaria, la mujer detenida, la cual pudo ser identificada a través de las grabaciones de las cámaras de video-vigilancia, es empleada del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. “A la mañana trabaja en el Ministerio… y a la noche tira caca a la casa del diputado Espert”, ironizó. Según supo este medio, Abaigar es directora de Sensibilización y Promoción de Derechos.

A la mañana trabaja en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad de la PBA y a la noche tira caca a la casa del diputado Espert.

Un Ministerio con presupuesto enorme y los únicos resultados son mantener delincuentes.

La militante kirchnerista Alesia Abaigar quedó detenida.… pic.twitter.com/mqlIshSOHz

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 25, 2025

La noticia fue comunicada a través de X, donde la ministra aprovechó la ocasión para lanzar críticas contra el gobernador Axel Kicillof y la funcionaria bonaerense Estela Díaz: “Un Ministerio con presupuesto enorme y los únicos resultados son mantener delincuentes”.

Parafraseando a Patricia Bullrich, Espert, damnificado por los acontecimientos en su domicilio, citó la publicación y agrego: “El que las hace, las paga”. De forma breve, la diputada libertaria Juliana Santillán añadió: “Se terminó la impunidad”.

En línea con lo comunicado por la ministra, el diputado nacional Damián Arabia -del riñón de Bullrich- se sumó a las ironías y cargó: “Pero como si en ese Ministerio de pluralidad y respeto el amor vence al odio. Pd: que asco”.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto de ley para establecer el marco regulatorio del uso de armas no letales sónicas en las fuerzas de seguridad que responden al Ministerio homónimo a cargo de Patricia Bullrich. “Tenemos que modernizar y hacer más sofisticado el accionar”, explicó.

Entre los fundamentos, el legislador se basó en la Ley 20.429 sobre Armas de Fuego y Explosivos, sancionada en 1973, la cual regula la tenencia, portación y uso de armas de fuego, pero también contempla aspectos relacionados con armas no letales en ciertos contextos.

“Con la utilización de armas no letales, como las sónicas, habrá mayor capacidad de disuasión por parte de las fuerzas de seguridad ante delitos ordinarios, disturbios y manifestaciones que atenten contra el orden público”, consideró el diputado que integra el bloque Pro, responde a la ministra de Seguridad de la Nación.

Del mismo modo, señaló que “la utilización de estas armas seria menos agresivo que el empleo actual de armas no letales como las balas de goma y gases lacrimógenos que han causado graves lesiones a los manifestantes en algunas ocasiones”, y añadió que “las armas sónicas con un dispositivo acústico de largo alcance que utiliza ondas de sonido de alta intensidad para dispersar multitudes o transmitir mensajes de advertencia”.

“Estoy convencido del empleo de estas porque ofrecen enormes ventajas operaciones no letales y, además, con este proyecto establecemos un marco normativo con estrictos protocolos de aplicación que harán efectivo su uso sin causar daños y lesiones en quienes alteren el orden público”, finalizó Milman.

Luego de lo ocurrido en la movilización del miércoles pasado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó los detalles del proyecto de ley antibarras que llegará al Congreso en las próximas horas. Se creará la figura de la “asociación ilícita futbolística” y las penas contemplarán a dirigentes y organizadores de espectáculos deportivos.

Asimismo, relató que “el 2024 fue el año con más negativas de ingreso a las canchas, con más derechos de admisión aplicados y más capturas efectuadas” en el marco de partidos de fútbol. Sin embargo, aclaró: “Eso no alcanza porque las barras bravas se alquilan por dinero, son custodias en lugares de la economía informal, se meten en los negocios de camisetas y entradas,  y plantean un clima de apriete permanente”.

La ministra anticipó que las penas también serán para “los dirigentes de los clubes que facilitan entradas, que les alquilan micros, que permiten estas acciones violentas o que facilitan las entradas de armas a las canchas”. “Hemos encontrado armas de fuego y armas blancas que pasaron los controles o estaban adentro unos días antes”, aseveró.

La iniciativa enviada al Congreso lleva la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libaron y Patricia Bullrich. Esto surgió a partir del acompañamiento de miles de hinchas a la marcha de cada miércoles de los jubilados que terminó con incidentes en las afueras del Palacio Legislativo.

Para el Gobierno, los enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad “fueron ocasionados por barras bravas” y por lo sucedido aquella tarde, se le aplicó el derecho de admisión a las canchas a 26 personas que fueron detenidas.

LEY ANTIBARRAS: FIN PARA LAS ASOCIACIONES ILÍCITAS DEL FÚTBOL

Con esta ley, a las barras bravas las declaramos “organizaciones criminales” y van a tener que responder como tales. Se les acaba la impunidad y los negociados alrededor del fútbol y el deporte.

El verdadero folklore… pic.twitter.com/tVF5HG4ssn

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2025

Los puntos principales del proyecto 

En el texto, propusieron elevación en las penas: De uno a cuatro años al que dañare muebles o inmuebles de un espectáculo deportivo; de tres a seis años al que porte y/o ingrese con armas de blancas; de cuatro a ocho años al que ingrese con elemento inflamable y de cinco a diez años al que porte o ingrese con arma de fuego. En el mismo artículo, establece que las penas contemplarán a los dirigentes de los clubes en caso de connivencia comprobada o colaboración.

También, mencionaron que cuando dos o más personas ocasionen la suspensión del partido mediante el empleo de la violencia tendrán una pena de tres a seis años; y de cinco a doce años de prisión, si la interrupción se ocasionara con el uso de armas de fuego.

Para los casos de distribución ilegal de entradas habrá penas de dos a seis años; y de dos a seis para quienes revendan entradas de procedencia irregular. Cuando un dirigente estuviese involucrado, la pena será de tres a ocho años de prisión.

Otro punto mencionado en la iniciativa del Gobierno de la Nación contempla a los conocidos “trapitos”: Habrá penas de uno a dos años para quienes oficien de “cuidacoches” elevadas de tres a cinco cuando estos exijan una suma de dinero a cambio del cuidado del rodado.

La restricción perimetral de acercamiento a un estadio de fútbol será de 1000 metros. En caso de no respetar la inhabilitación judicial, la pena irá de los tres a los cinco años.

En el marco de los incendios que azotan el sur del país, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullirch, para que explique sobre el desfinanciamiento del Plan de Manejo de Fuego y eliminación de fondos específicos.

“Solicitar al Poder Ejecutivo que informe a través del Ministerio de Seguridad de la Nación acerca de la Ley N° 26815 Manejo del Fuego que tiene como principal objetivo el de prevenir y mitigar los incendios forestales y rurales, proteger el ambiente, la biodiversidad, la salud humana y los bienes materiales”, plantea el proyecto.

Paulon recordó que “en los distintos debates del 2024 por Ley Bases o Presupuesto advertimos y reclamamos por la eliminación del fideicomiso qué brindaba fondos al Plan Nacional del Manejo del Fuego y el desfinanciamiento de las áreas”, y sumó: “Hoy arden varios Parques Nacionales y el Estado nacional se desentiende”.

"Hoy Christian Larssen, el Director Nacional de Parques Nacionales, aparece en los medios más preocupado por la reestructuración y ajustes de las áreas de su dependencia que por articular las acciones necesarias para que los focos de incendios sean controlados cuanto antes", agregó.

La iniciativa pide información sobre las medidas de prevención implementadas en 2024. “Se solicita un detalle de las medidas adoptadas durante el año 2024 en las siguientes áreas relacionadas con la prevención de incendios forestales: manejo del entorno y de la vegetación, formación y capacitación de recursos humanos; vigilancia y monitoreo con herramientas tecnológicas; sistemas de alerta temprana y patrullajes efectuados para prevenir incendios; regulación del uso del fuego; medidas destinadas al control y supervisión de quemas controladas y otras prácticas de riesgo; coordinación institucional y planificación; investigación y medidas de conservación”.

En otro punto, pide que se indiquen los montos presupuestados y efectivamente devengados durante el 2024 para las actividades vinculadas con la prevención de incendios forestales, desglosando los fondos por categorías según corresponda.

Además, solicita saber cuáles son las medidas de mitigación implementadas en 2024 y que proporcionen información sobre las acciones destinadas a mitigar los impactos de los incendios forestales durante el año 2024 con enfoque en: coordinación y planificación estratégica; financiamiento: recursos económicos asignados para la atención de emergencias; vigilancia y monitoreo: esfuerzos realizados para la detención y contención rápida de focos; equipamiento  restauración ambiental: medidas de rehabilitación en zonas afectadas como reforestación y control de erosión. Adicionalmente informe las estrategias de distribución de recursos aplicados para enfrentar incendios simultáneos en distintas regiones.

EPUYEN ARDE 🔥
Durante 2024 denunciamos el desfinanciamiento del Plan de manejo del fuego y la eliminación de fondos específicos💰
Hoy arden varios Parques Nacionales y el Estado nacional se desentiende ❌
Presentamos un pedido de informes al respecto
Reclamamos acción urgente pic.twitter.com/Kr5Us5yTMf

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) January 16, 2025

“Informe el presupuesto proyectado para la implementación de la Ley de Manejo del Fuego durante el año un curso detallando las áreas de inversión priorizadas: recursos destinados a los departamentos de incendio comunicaciones y emergencia de los parques nacionales. Indique: los recursos asignados y ejecutados durante el 2024 para dichos departamentos; el presupuesto y personal disponible para el año 2025 especificando cualquier modificación o incremento en comparación con el año anterior”, plantea.

También exige las razones por las cuales el Gobierno Nacional decidió no prorrogar la emergencia ígnea nacional declarada por el decreto número 6/2022 vigente hasta el 13 de enero del 2024 que facultaba el jefe de Gabinete de ministros a reestructurar modificar o reasignar partidas presupuestarias para fortalecer de inmediato la capacidad estatal de respuesta.

En relación a los parques nacionales con focos de incendios activos, solicita conocer las acciones en cursos en Epuyén y Parque Nacional Nahuel Huapi: “Describa las acciones concretas que se están llevando a cabo para el control y mitigación de los incendios en las zonas en el marco de las operaciones coordinadas por el sistema nacional de manejo del fuego”.

“Indique recursos humanos y materiales desplegados; coordinación interinstitucional entre organismos nacionales provinciales y municipales; estrategias implementadas para la protección de áreas críticas y poblaciones cercanas resultados preliminares alcanzados hasta el momento”, suma el texto.

En medio de los incendios que afectan al Parque Nacional Nahuel Huapi el Gobierno Nacional modificó la Ley de Ministerios y el Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) pasará a estar a cargo de la cartera de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

Los cambios se establecieron mediante la publicación del Decreto 1136/2024 en el Boletín Oficial este lunes que fue firmado por el presidente Javier Milei, de Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Iván Lugones, Sandra Pettovello y Federico Adolfo Sturzenegger. Anteriormente, la gestión del SNMF estaba a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“El Sistema Federal de Manejo del Fuego tiene como objetivos generales proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios, velar por la seguridad de la población en general y de las personas afectadas al combate de incendios y establecer mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que involucren o demanden acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios que aseguren el adecuado manejo del fuego”, explicó el Gobierno.

Además, indicó que “el Sistema Federal de Manejo del Fuego tiene como objetivos generales proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios, velar por la seguridad de la población en general y de las personas afectadas al combate de incendios y establecer mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que involucren o demanden acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios que aseguren el adecuado manejo del fuego”.

También, precisaron que, mediante la Ley N°27.287, se creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, que tiene como finalidad la protección integral de las personas, las comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgos.

“Atento las competencias asignadas al Ministerio de Seguridad y los objetivos y finalidades asignados a los precitados Sistemas resulta necesario adecuar las competencias asignadas a dicho Ministerio”, argumentaron y sumaron: “Corresponde adecuar las atribuciones y competencias establecidas en la Ley de Ministerios a la jefatura de Gabinete de ministros y al Ministerio de Capital Humano”.

“Con el fin de lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil resulta necesario que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego forme parte del mismo”, justificaron y agregaron: “En atención a lo señalado resulta impostergable efectuar la correspondiente adecuación a la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias para una mejor gestión de gobierno”.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se reunió con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Durante el encuentro realizado en el Centro Operativo de Monitoreo (COM) municipal evaluaron las tareas que despliegan la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) y las/os agentes de la Policía bonaerense en los barrios del distrito, y abordaron acciones en conjunto para fortalecer las estrategias de prevención del delito, protección a la comunidad y seguridad en el partido.

“Evaluamos el mapa del delito en Esteban Echeverría y planificamos nuevos operativos de seguridad en conjunto para mejorar la prevención y los mecanismos de contención a la ciudadanía. Continuamos trabajando para fortalecer la seguridad en el distrito y proteger a nuestra comunidad”, explicó Fernando Gray, acompañado por el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del AMBA y Capital, Andrés Escudero, el director provincial de Fiscalización y Control Policial AMBA Sur, Javier Sanz, y el secretario de Seguridad Comunal, Gabriel Villegas.

Semanalmente, personal de la FBA, la Policía bonaerense y la Guardia Urbana despliegan operativos de seguridad y prevención del delito en las cinco localidades de Esteban Echeverría, donde realizan tareas de patrullaje y controles vehiculares. En septiembre, además, comenzó a operar en el partido la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado del Ministerio de Seguridad bonaerense. La nueva fuerza especial investiga los delitos relacionados al narcotráfico y al crimen organizado.

En Esteban Echeverría, la flota de seguridad tiene 102 patrulleros y 15 motos de la Policía bonaerense, 50 móviles de la Guardia Urbana y también vehículos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y de Gendarmería Nacional. Asimismo, en el partido hay más de 1.680 cámaras y domos con visualización de 360° en funcionamiento, y 70 paradas seguras y tótems equipados con dispositivos de videovigilancia e intercomunicadores que facilitan la asistencia en casos de emergencia y seguridad.

La Comuna, además, cuenta con un arco que integra el Anillo Digital de Seguridad y está conformado por cámaras lectoras de patentes que detectan vehículos robados, con chapas de dominio falsas o con pedido de secuestro. Los equipos tienen un seguimiento permanente del personal municipal del Centro Operativo de Monitoreo (COM).

Las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados se reunieron este miércoles en un quinto encuentro plenario para pasar a la firma el texto sobre abordaje integral del crimen organizado, más conocido como “ley antimafias”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En su tercera reunión del día, la titular de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, confirmó el despacho de la iniciativa mientras se llevaba a cabo el tratamiento del proyecto de ley que propone la baja en la edad de imputabilidad. Luego, en presencia del diputado nacional José Núñez, presidente de Seguridad Interior, se formalizó el dictamen.

El proyecto de ley enviado desde el Poder Ejecutivo contó con el apoyo del oficialismo, el bloque Pro, el radicalismo y algunos integrantes de Hacemos Coalición Federal. Asimismo, desde la bancada multisectorial, algunos diputados firmaron con disidencias parciales.

A su vez, la oposición más férrea, puntualmente el bloque Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo al proyecto, el cual fue informado por el diputado rionegrino Martín Soria.

El proyecto

El proyecto de ley impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, propone delimitar la procedencia de la aplicación de medidas a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal.

Ante estos crímenes, la iniciativa contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

Por otro lado, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de “reiterancia”. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la “reiterancia”, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

El Gobierno nacional oficializó este lunes la creación de una Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) para prevenir, detectar, investigar y perseguir los ciberdelitos y sus conexiones mediante la utilización de la IA que quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

El decreto 710/2024 fue publicado en el Boletín Oficial y estará encabezado por el Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos e integrado por las áreas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales competentes en la materia, cuyos representantes serán designados por la autoridad máxima de cada una de esas fuerzas.

Entre sus funciones se destacan: patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, así como la llamada “Internet profunda” o “Dark-Web”, en orden a la investigación de delitos e identificación de sus autores; así como la detección de situaciones de riesgo grave para la seguridad, en el marco de la Constitución Nacional y legislación vigente.

Además, deberá identificar y comparar imágenes en soporte físico o virtual, analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas utilizando reconocimiento fácil. También tendrá que utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos y ayudar a prevenirlos.

Otra de sus funciones será identificar patrones inusuales en las redes informáticas y detectar amenazas cibernéticas antes de que se produzcan ataques. Esto incluye la identificación de malware, phishing y otras formas de ciberataque. Además, se encargará de analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios; y detectar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales.

Tras darse a conocer la noticia, el diputado nacional Eduardo Toniolli (Unión por la Patria – Santa Fe) chicaneó al ministro de Economía, Luis Caputo; y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de las redes sociales.

“Patricia Bullrich Luro Pueyrredón creó una unidad de Inteligencia Artificial a su cargo, con el objetivo de "patrullar" las redes sociales para "identificar movimientos de grupos delictivos". ¡Atentos @LuisCaputoAR, @fedesturze, se les viene la noche!”, escribió irónicamente el santafecino.

También criticó la resolución el exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez: “Tal como se especifica en el artículo cuarto de la Resolución, la primera función a cumplir por la flamante unidad será la de ‘patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet’”, y planteó: “Es probable que en las rondas de patrullaje se encuentre con los delincuentes que forman parte de la estructura política libertaria, alentada desde el poder, que amenaza en las redes sociales, lo que puede ser el paso previo a la acción directa con violencia física hacia opositores políticos”.

Tras encabezar la reunión del Consejo de Seguridad Interior (CSI) en Mendoza, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, adelantó que va a enviar un proyecto de ley al Congreso una reforma al Código Penal Juvenil.

En línea con anteriores iniciativas enviadas al Poder Legislativo, la ministra afirmó que “es mi responsabilidad cuidar a todos y cada uno de los argentinos y los ciudadanos que viven en la Argentina y mejorar la calidad de vida, cuidar la propiedad y que los que quieran venir a invertir sientan que es un ambiente seguro”.

Destacó, además, las iniciativas ya debatidas en Diputados sobre un nuevo registro de datos genéticos (ADN); la incorporación del concepto de ‘reiterancia’ y la legítima defensa en cumplimiento del deber. Además, se establecen modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos.

El proyecto con la modificación al Código Penal Juvenil por parte del Ministerio de Seguridad arribará al Congreso en el corto plazo para que “se termine de utilizar a los menores, o que estos puedan cometer delitos sin ningún tipo de sanción”, cargó.

Con relación a la conexidad judicial, reiteró la necesidad de trabajar en función de un proyecto de ley “que nos permita que en cada una de las provincias argentinas tengamos una conexión entre la justicia local y la justicia federal porque muy pocas son las causas que empiezan y terminan en el mismo lugar”.

Acto seguido, se refirió al crecimiento del fentanilo en la región: “No podemos dejar que a la Argentina entren laboratorios de fentanilo, porque la crisis de salud más importante que hoy existe en muchos países europeos y en Estados Unidos”. “Para eso, tenemos que tener una red de control de precursores químicos”, cerró.

Tal como había anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este martes el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de Bullrich. Desde el Gobierno Nacional las consideran “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.

Ley Antimafias

La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.

Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:

En primer lugar, se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo  a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Nuevo Registro de Datos Genéticos

Conforme a las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, “lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, destaca el proyecto entre sus fundamentos.

Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia. Es importante destacar que este nuevo sistema que se propone incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.

Orden público y Legítima Defensa

El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos considerando que, en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa.

Según el texto, pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.

Además, propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.

La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojará o trabajará, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.

Se incorporan también precisiones que ya ha recogido en algunos casos la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.

La reforma integral de seguridad busca que, en cada pueblo, localidad, ciudad o provincia argentina, la seguridad sea la normalidad y el delito. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que quien las hace, las paga. Y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara.

Patricia Bullrich fue confirmada como próxima ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, cargo que ejerció durante la gestión de Mauricio Macri. Jurará el 10 de diciembre con el resto de los integrantes del gabinete.

Tras reunirse este jueves con el presidente electo en el Hotel Libertador, se difundió este viernes un comunicado de la Oficina de Prensa del libertario, en el que su nombre fue la noticia. Allí también se anunció a Rodolfo Barra como procurador del Tesoro, una designación no exenta de polémicas.

A través de la red social X, Bullrich agradeció a Milei -con quien compitió en las elecciones de este año, pero luego apoyó en el balotaje- por "la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad".

"Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca. El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios", expresó.

La presidenta del Pro, que horas antes anunció que convocará a elecciones en el partido amarillo, completó: "Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga".

Los saludos de legisladores macristas no tardaron en llegar. "Felicitaciones @PatoBullrich y presidente electo @JMilei. La seguridad de los argentinos volverá a estar muy bien cuidada después de estos años de abandono. Porque en la Argentina que viene el que las hace, las paga", posteó Hernán Lombardi.

En tanto, el senador Alfredo De Angeli señalo que "la seguridad es uno de los temas que más nos preocupa a los argentinos y @PatoBullrich fue quien mejor trabajó en la materia. Su compromiso, respeto y trabajo a la par con todas las fuerzas la hicieron una ministra única. Su experiencia será de gran ayuda en el próximo gobierno".

"Nos comprometimos con el cambio y acá estamos! Felicitaciones @JMilei por elegir a la mejor! Gracias @PatoBullrich por tu entrega! Ahora sí los argentinos estaremos más seguros! Dando pasos firmes en este inicio del Milagro Argentino! Vamos #Argentina", manifestó Ingrid Jetter, mientras que Alberto Asseff saludó: "Vamos @PatoBullrich Felicitaciones!".

Otro de los mensajes fue de Diego Santilli, quien consideró que "es una gran alegría que @PatoBullrich sea la futura Ministra de Seguridad" porque "ha demostrado tener la decisión y el coraje para combatir el narcotráfico, luchar contra la delincuencia y garantizar el orden. ¡Vamos por una Argentina en paz!".

Uno de los gobernadores de Juntos por el Cambio que se ha manifestado en contra de la idea de un co-gobierno como es el santafesino Maximiliano Pullaro felicitó con entusiasmo a Bullrich.

"Sé de tu compromiso inclaudicable por la seguridad y el orden. Tenemos por delante mucho trabajo conjunto para que todos los santafesinos vuelvan a sentirse seguros. Tu conocimiento de la provincia y la experiencia que ya hicimos juntos entre 2015-2019 es un buen punto de partida para coordinar esfuerzos e inteligencia en la construcción de una Santa Fe más segura", elogió.

La diputada nacional Karina Bachey (Pro – San Luis) le solicitó, a través de un proyecto de resolución, al Poder Ejecutivo de la Nación que refuerce la búsqueda de Guadalupe Lucero, una niña que desapareció de la vereda de su casa en la capital sanluiseña el 14 de junio del 2021.

En la iniciativa, Bachey propuso que se actualice la imagen de la niña desaparecida como así también se tomen las medidas necesarias tendientes a reforzar su búsqueda para con el Ministerio de Seguridad de la Nación, como al Ministerio de Seguridad de la provincia de San Luis.

Tal proyecto lleva las firmas de los diputados nacionales: Jorge Vara, Carlos Zapata, Carolina Castets, Pablo Torello, Gabriela Lena, Claudio Poggi, Ana Clara Romero, José Núñez y Alberto Asseff.

“Es necesario redoblar los esfuerzos en la búsqueda de Guadalupe Lucero y disponer todas las herramientas y acciones necesarias disponibles. En este sentido resulta fundamental poder actualizar su imagen, y colocar cartelería en diversos espacios y edificios públicos en un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial”, solicitó Bachey.

La diputada nacional Danya Tavela (Evolución Radical) presentó un pedido de informes en el Congreso Nacional con el fin de conocer la situación del envío de fuerzas federales a la provincia de Buenos Aires. “La falta de políticas concretas y coordinadas entre Nación y provincia provocan que millones de bonaerenses sigan desprotegidos ante la violencia criminal”, afirmó.

La legisladora radical aseguró que “el papelón entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el gobernador Axel Kicillof trae consecuencias graves”. En ese sentido, Tavela pidió en el Congreso Nacional que el Ministerio de Seguridad de la Nación informe y detalle el destino de las fuerzas federales y que expliquen el trabajo que realizarán.

“El crecimiento del narcotráfico, la falta de medidas para combatirlo, y la delincuencia es responsabilidad en buena parte de la crisis económica y de gobiernos que se hacen los desentendidos”, se quejó la diputada por la provincia de Buenos Aires.

Tavela agregó que “como si fuera poco, Kicillof no tuvo mejor idea que cerrar escuelas por casi dos años dejando a miles de niñas, niños y adolescentes sin contención, abandonados a su suerte y servidos en bandeja de oro a delincuentes que se aprovechen de ellos”.

“Los partidos, y sus representantes, tienen todo el derecho a tener diferencias y exteriorizarlas, pero no tienen ningún derecho a que su interna le complique la vida a los ciudadanos”, argumentó y agregó que “Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, Sergio Berni y Axel Kicillof tienen la responsabilidad y obligación sentarse en una mesa y trabajar para cuidar a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”.

El diputado nacional Roberto Mirabella (FdT) presentó un proyecto para relocalizar la sede central del Ministerio de Seguridad de la Nación en la ciudad de Rosario, en el marco de la Ley N°25.589 de Capitales Alternas.

Sancionada en 2020, esa norma habilita al Gobierno nacional a trasladar la sede de cualquier organismo federal a las provincias, con el objetivo de acercar la gestión y los asuntos de gobierno conforme a las potencialidades y las problemáticas de cada territorio.

“La situación límite en la que se encuentra Rosario y su área metropolitana es conocida por todos. Es una ciudad presa de balaceras y crímenes cometidos por bandas mafiosas ligadas al narcotráfico”, remarcó el santafesino en diálogo con medios locales.

El legislador, del riñón del gobernador Omar Perotti, insistió con sus reclamos a Nación: “Necesitamos conducción nacional porque son delitos federales cometidos por narco criminales con un alto nivel de violencia urbana".

"Rosario triplica los homicidios del país, con 22 muertos cada 100.000 habitantes. Además, alrededor del 75% de los homicidios tienen que ver con disputas del narcotráfico y el crimen organizado, mientras que en los Tribunales Federales de Santa Fe tenemos el 20% de las causas de droga de todo el país”, precisó Mirabella.

El oficialista enfatizó que "en el último tiempo, asistimos a situaciones inéditas que no son aisladas. Balaceras a canales de televisión y a comisarías, amenazas a periodistas, mensajes mafiosos a través de víctimas inocentes elegidas al azar, ataques amedrentadores a edificios públicos. En ningún lugar de la República Argentina sucede una situación similar".

"Lisa y llanamente, estas acciones están orientadas a generar terror en la población, siendo parte del modus operandi que tienen estas bandas en la ciudad de Rosario y sus alrededores y que exceden a una administración local o provincial por la complejidad del delito y de las organizaciones de las que se trata”, continuó.

En ese sentido, el diputado afirmó que se necesita "más presencia en la conducción de la persecución criminal por parte del Gobierno federal en la ciudad de Rosario y alrededores. El Gobierno nacional no puede desconocer lo que pasa en su territorio. Si la situación no es controlada, estos delitos pueden expandirse a otras zonas del país".

"Pedimos una acción decidida de las fuerzas federales y del Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir a estas bandas criminales ligadas al narcotráfico que siembran día a día el terror en nuestra provincia”, concluyó.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) elevó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia Federal de Inteligencia para que brinden datos sobre las cuatro personas de presunta nacionalidad iraquí, detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el lunes 8 de agosto con pasaportes falsos.

"Cuando aún el Gobierno nacional no ha podido responder de manera fehaciente, clara y precisa sobre el accionar del vuelo de Emtrasur, y tampoco ha podido dar explicaciones contundentes sobre el 'falso iraquí' detenido en Entre Ríos, nos encontramos de nuevo con supuestos 'ciudadanos iraquíes' que deambulan por nuestro territorio sin el debido control, sin la constatación fehaciente de que los ciudadanos que estaban por salir de nuestro país son quienes dicen ser", explicó Milman.

En su solicitud, el legislador requiere información sobre los movimientos de los cuatro detenidos en el país, por dónde entraron, si tienen algún tipo de vinculación con la tripulación del avión iraní-venezolano que están bajo investigación, si poseen algún tipo de vinculación con organizaciones militares y si poseen algún grado de vinculación con el ciudadano iraní detenido en Entre Ríos, Asan Azad.

Por último, consultó si el Ministerio de Seguridad de la Nación ha podido vincular y/o relacionar los episodios del avión iraní-venezolano, el ciudadano iraní detenido en Entre Ríos y la amenaza al periodista especializado George Chaya.

"Les pido por favor que no nos tomen el pelo, que no nos mientan más, diciendo que las fronteras son porosas", reclamó el macrista, y agregó: "Como exsecretario de Seguridad de la Nación, y como director a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, bajo la conducción de la Dra. Patricia Bullrich, pudimos controlar nuestras fronteras ante la realización de eventos de transcendencia internacional".

Finalmente, sentenció: "Mientras los funcionarios a cargo de cuidarnos y protegernos esgrimen explicaciones que bordean lo absurdo, lo irrisible y burdo de sus argumentaciones, exigimos que desde el Gobierno nacional nos brinden a los representantes del pueblo las debidas explicaciones".

En el marco de la causa de droga adulterada que dejó un saldo hasta el momento de 20 víctimas y más de 70 internados, sumado a los dichos inapropiados de distintos funcionarios, desde la oposición un grupo de diputados, encabezados por Gerardo Milman (Pro), presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo a través Ministerio de Seguridad resuelva informar acerca de ocho puntos sobre el tema en cuestión.

La iniciativa solicita que se responda sobre: “Si existen estadísticas sobre el uso de la droga denominada Fentanilo, y sus derivados en el territorio nacional; qué cantidad de Fentanilo fue importada y utilizada desde 2011 a la fecha; cuáles son los países productores y a cuáles se les compra”.

“Informe y detalle: droguerías y/o personas físicas y/o jurídicas autorizadas para el uso de Fentanilo desde el 2011 hasta la fecha; detalle de los productos en los que se utiliza; qué programas y/o acciones elabora y/o ejecuta RENPRE (Registro Nacional de Precursores Químicos) para la regulación y control de la importación/exportación/uso del Fentanilo”, agregaron.

Y cerraron con dos puntos más: “Si existe algún tipo de alerta emitida para los aeropuertos del país a fin de controlar el ingreso ilegal de dicha droga y qué control y prevención realiza en zonas limítrofes de nuestro país y cuáles son sus resultados”.

Acompañaron el proyecto con su firma los diputados María Eugenia Vidal, Graciela Ocaña, Laura Rodríguez Machado, Karina Bachey, Héctor Stefani, Federico Angellini, Marilú Quiroz, Mercedes Joury, Camila Crescimbeni, Ana Clara Romero, María Sotolano, Gabriela Besanaa y Germana Figueroa Casas.

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro -Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, dé a conocer las acciones que despliega en el partido de La Matanza dentro del Programa de Fortalecimiento de la seguridad que había sido anunciado.

“Frente a la ola de inseguridad que padecen (entre otros) los vecinos de La Matanza, con otros 15 diputados nacionales presentamos un pedido de informes para conocer las acciones que el Ministerio de Seguridad de la Nación despliega en el partido dentro del Programa de Fortalecimiento anunciado”, expresó el diputado del Pro en su cuenta de Twitter.

El pedido de informe al Ministerio de Seguridad fue presentado por los diputados provinciales Víctor Sosa (UCR) y Luis Lucero Guillet (UCR) sobre el caso de desaparición de Guadalupe Lucero el pasado 14 de junio con el propósito de “ahondar en todas las medidas a destiempo que se tomaron”. Además, agradecieron el apoyo por parte de los diputados oficialistas.

“Ahora el Ministerio de Seguridad, a cargo de Luciano Anastasi, tiene 10 días para responder las preguntas que serán enviadas por los legisladores”, afirmó Guillet y agregó: “Nosotros presentamos este pedido de informe tras dos meses de la desaparición de Guadalupe, esperando un tiempo prudencial para que la Justicia y el Ministerio de Seguridad pudieran actuar sin ningún tipo de entorpecimiento, pasado ese tiempo y al no tener respuesta entendimos que la Cámara debíamos presentar el pedido de informe y así lo hicimos”.

En esta misma línea, manifestó que “lo hicimos con un silencio respetuoso entendiendo de que debía ser tratado. Logramos el consenso para que se aprobara el pedido de informe y va a ser girado al Ministerio correspondiente y esperamos que en el plazo tengamos las respuestas para poder analizar qué ha sucedido en el plano político porque en lo que hace a la justicia los tiempos son otros y en ese campo no tenemos injerencia, pero si en como se ha manejado en lo que refiere a la investigación”.

“Se quiere ahondar en todas las medidas que el Ministerio ha tomado en toda la investigación a destiempo y que permitió que las posibilidades que había de tener pistas o que Guadalupe saliera de la provincia no se consiguieron y las medidas fueron tomadas a destiempo. Pedimos un amplio requerimiento”, explicó el diputado radical.

Por último, el legislador puntano se mostró agradecido al oficialismo que apoyó la iniciativa, ya que “sin los votos de ellos es imposible que los proyectos de los diputados de la oposición puedan ser aprobados ya que son minoría dentro de la Cámara”.

Luego de la exposición que el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, realizó en la Legislatura de la Ciudad acerca de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el Ministerio de Seguridad de la Nación salió a desmentir los dichos del funcionario al respecto del despliegue de las Fuerzas Federales en el distrito.

Es que a lo largo de su exposición, Miguel hizo una serie de afirmaciones sobre la presencia y el accionar de las Fuerzas Federales en CABA y sobre la gestión de la seguridad en determinadas zonas de CABA que “no se corresponden ni con los hechos ni con el proceso de conversaciones mantenidas entre esta Cartera y las autoridades porteñas”, aseguraron desde la cartera nacional.

Por lo que desde el Ministerio explicaron que los diálogos para que la Policía de la Ciudad se hiciera cargo de su jurisdicción se iniciaron durante el Consejo de Seguridad Interior llevado a cabo en la provincia de Tucumán en febrero del 2020, cuando las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometieron a asumir la seguridad de su territorio.

Asimismo, recordaron que en el transcurso del año pasado se realizaron varias reuniones entre los equipos de trabajo de ambos organismos y en marzo del 2021 finalmente la Policía de la Ciudad asumió su responsabilidad en la seguridad  de Puerto Madero, así como los barrios 21-24 y Zavaleta.

Al mismo tiempo que aclararon que la fecha conversada para efectivizar la asunción de las funciones de seguridad en el Barrio Ricciardelli por parte de la Policía de la Ciudad era noviembre de 2022, siempre y cuando la mencionada Fuerza iniciara, hace tres meses atrás (marzo 2021), su presencia en el perímetro del barrio y que tomara seguidamente el control de la Línea 911.

Habiendo pasado tres meses de la fecha consensuada para el inicio de ese proceso, la cartera de Seguridad de la Nación informó que, contrariamente a lo dialogado, ni el despliegue perimetral ni el control de la línea 911 han sido cumplidas por las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma.

 Por lo que desde el Ministerio concluyó advirtiendo que “los intercambios mantenidos entre las autoridades nacionales y locales, no se condicen con lo expresado por el funcionario porteño ante la Legislatura”.

Luego de que el Gobierno de la Ciudad implementara medidas tendientes a devolver los celulares robados que son recuperados en diversos operativos, el titular del Ministerio de Justicia porteño, Diego Santilli, aseguró que ahora también se devolverán los vehículos recuperados, tales como motocicletas y bicicletas.

En ese sentido, el funcionario explicó que “devolver una moto o un celular es un acto de justicia y reparación, por lo que significó la pérdida de un bien tan costoso, que equivale a muchas horas trabajadas, inversión de tiempo y esfuerzo” e indicó que “no alcanza con poner a disposición de la Justicia al que cometió el delito. La Justicia se consuma en el momento en el que se repara el daño”.

Al mismo tiempo que  remarcó que “cuando te quitan tu celular, te quitan tu intimidad. Cuando te roban el vehículo te restringen tu circulación para ir a trabajar. La Policía de la Ciudad trabaja arduamente para reparar ese daño y lograr que lo robado vuelva a sus dueños” y advirtió que “con la devolución de objetos robados se cierra el círculo: recibimos la denuncia, investigamos, detenemos a los delincuentes y devolvemos lo robado”.

Cabe recordar que este lunes, el vicejefe de Gobierno y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, estuvieron con cinco damnificados en la Comisaría Comunal 4 para devolver motos que fueron sustraídas. “Seguimos avanzando con esta política de justicia y reparación. Tenemos previsto devolver cada objeto robado a medida que podamos dar con sus dueños”, sostuvo Santilli.

Asimismo subrayó “la importancia” de denunciar ante la Policía de la Ciudad cuando se sufre el robo de un teléfono o de un vehículo, porque esa es la única manera en la que se puede concretar la restitución a su dueño. “Hoy es posible gracias a un trabajo profesional y serio, que combina la investigación y la coordinación entre la Policía y la Justicia”, concluyó.

Actualmente hay 356 motos identificadas para devolver a sus dueños. Con respecto a celulares, en diferentes controles, la Policía de la Ciudad y el cuerpo de Agentes de Tránsito recuperaron 7.000 teléfonos celulares. Es importante remarcar que si te roban el teléfono, podés hacer la denuncia en cualquier comisaría y, también, llamando al 911 y al 0-800-333-FISCAL (347225).