Luego que el kirchnerismo dejara en claro su intención de avanzar primero con la ley, antes que con el pliego, el jefe de Gabinete se refirió al tema.
Luego que el kirchnerismo dejara en claro, durante una reunión de la Bicameral del Ministerio Público Fiscal, que buscará avanzar primero con la ley de reforma de ese organismo antes que con el tratamiento del pliego de Daniel Rafecas -aunque Juntos por el Cambio decidió ahora apoyarlo-, Santiago Cafiero aseguró que el juez federal “sigue siendo el candidato” del presidente a la Procuración.
“Eso no varió ni se está discutiendo”, dijo el jefe de Gabinete, que recordó que “hay un proyecto de ley que tiene bastante avance y que tiene incorporadas muchas de las cosas que planteaba la oposición”, en referencia a la iniciativa con media sanción del Senado que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y, entre sus puntos principales, cambia la mayoría requerida para la designación del jefe de los fiscales.
Aunque ratificó el nombre de Rafecas, Cafiero remarcó que “ya se está por definir ese nuevo marco normativo para el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, y lo adecuado es que quien termine siendo designado cumpla con ese nuevo marco normativo, porque sino se estaría designando una persona que después no va aplicar el nuevo marco normativo, que quizás se aprueba dos semanas después. La verdad que eso sería muy inconsistente”.
En ese sentido, cabe señalar que Rafecas se opone a que se lo designe por mayoría simple y no por los dos tercios. De hecho, a mediados de mayo, advirtió que se bajará de su postulación “si se reduce la mayoría necesaria para nombrar al procurador”, ya que eso, consideró, “será un límite ético insuperable”.
En declaraciones a radio Con Vos, el jefe de Gabinete señaló: “Él quería ser un procurador de consenso, eso lo deberá generar a partir de su exposición en la Comisión de Acuerdos y convencer allí a todos los integrantes que su proyecto para mejorar la administración de justicia, el funcionamiento de la Procuración y para mejorar el Ministerio Público Fiscal, sea un proyecto sólido y que colecte ese consenso que él considera que debe tener para tener un respaldo mayoritario”.
Actualmente, el proyecto cuenta con dictamen de comisión pero todavía no fue llevado al recinto de la Cámara de Diputados, a la espera del oficialismo de obtener los votos necesarios.
El titular de la cartera de Justicia admitió “la posibilidad que haya una cláusula que determine que se empiece a aplicar después del siguiente procurador”.
El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, defendió el proyecto que reforma la Ley del Ministerio Público asegurando que no se trata de “una ley que tenga nombre propio”, sino que tiene que ver con el funcionamiento de ese organismo.
“Hace unos días obtuvimos el dictamen de la Comisión de Justicia y de Asuntos Institucionales y que contempla muchos de los acuerdos y consensos que logramos conseguir. Ahora lo que estamos buscando es que el Congreso apruebe el proyecto”, expresó el funcionario.
En diálogo con Radio 10, Soria cargó la oposición señalando que “los que ahora dicen que quieren votar a (Daniel) Rafecas son los que el año pasado bloquearon su pliego. Y son los mismos que ahora critican esta reforma y que antes habían presentado un proyecto similar”.
“Esta ley es necesaria más allá de quién sea el próximo procurador. Necesitamos un procurador con un límite en su mandato, necesitamos cambiar las mayorías. No nos puede volver a pasar lo mismo con un interinato que tanto daño le ha hecho al Ministerio Público Fiscal”. Aclaró además que “no es una ley que tenga nombre propio, es una ley que tiene que ver con el funcionamiento del Ministerio”.
En ese sentido apuntó que “se mezclan muchas cosas. Es una posibilidad que haya una cláusula que determine que se empiece a aplicar después del siguiente procurador, es una posibilidad, pero yo no creo que esta reforma esté trabada por un nombre”.
Tras apuntar que “nunca ha quedado tan expuesto como ahora la falta de imparcialidad de algunos jueces”, Soria afirmó que “en el 2017 (el ministro de Justiciai Germán) Garavano propuso una reforma que era prácticamente idéntica a la que estamos proponiendo nosotros y no sé qué pasó ahora que se oponen. Creo que tiene que ver con mantener la impunidad de esa mesa judicial macrista”.
Soria cree que “cortaron camino con la creación de la mesa judicial y lo que pretenden es que el Ministerio Público Fiscal siga paralizado institucionalmente con interino que sienten como propio y que fue funcional a esa mesa judicial. (El procurador Eduardo) Casal llevó a cabo todo tipo de maniobras para encubrir las acciones de Macri y sus funcionarios. Está claro que él fue parte de esa Mesa Judicial, junto a Macri, sus funcionarios y algunos medios de comunicación”.
Consultado sobre el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia impulsada desde sectores kirchneristas, el ministro de Justicia señaló que “todos los pedidos de juicio político tendrán que estar bien fundamentados. A mí no me preocupa solo el fallo que sacaron de las clases, sobre el que tengo mi opinión, me preocupa mucho más que haya miembros de la Corte que todavía no expliquen qué hacían hablando con un prófugo de la justicia”.
“Es un proyecto que lleva mucho tiempo en discusión y que es similar al que se aplica en muchas provincias. Alterar la forma de elección de un procurador no creo que sea darle una herramienta a un eventual gobierno (opositor), todo lo contrario”, puntualizó el ministro.
Sin espíritu de sesión para la próxima semana, en la agenda de la Cámara baja aparece como clave el tratamiento en comisión del proyecto del Ejecutivo de Emergencia Covid-19 que tiene media sanción del Senado, pero el FdT ya no tiene apuro.
“No tienen los votos”, le dijo uno de los líderes de la oposición mientras uno de los referentes del Frente de Todos trataba de elaborar un discurso para plantear que la próxima semana no habría sesión en la Cámara de Diputados, a pesar de que hay dos temas que son fundamentales para el oficialismo, pero todavía no decidió avanzar y llevarlos a recinto, mientras negocia hasta último minuto los votos necesarios para su aprobación.
Los proyectos de ley que están provocando un dolor de cabeza a la bancada oficialista que lidera Máximo Kirchner son la modificación de la Ley del Ministerio Público Fiscal y la iniciativa que establece un marco normativo para aplicar restricciones según el cuadro epidemiológico de los distritos en el marco de la pandemia de coronavirus.
Ambas iniciativas tienen media sanción del Senado, donde el oficialismo tiene garantizado siempre los votos necesarios para aprobar proyectos que no cuentan con el aval de la oposición.
Sin embargo, en la Cámara de Diputados el panorama es diferente para el oficialismo, que debe negociar el apoyo de varios bloques opositores y otros aliados que en temas complejos e importantes para la Rosada han demostrado cierta independencia.
En ese marco, el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal tiene dictamen de mayoría y está listo para ir al recinto, pero el oficialismo no cuenta con los votos necesarios, por lo que deberá esperar.
La ley de Emergencia Covid-19 obtuvo el aval del Senado la semana pasada, y lo que parecía un trámite acelerado se frenó en la Cámara baja donde recién este miércoles -tras los feriados- le dieron giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales (Cabecera) y Salud y será tratado la próxima semana.
“No hay fecha”, fue la frase elegida por los encargados del FdT de convocar al plenario de las comisiones que lograron con facilidad emitir dictamen de mayoría al proyecto del oficialismo, pero les faltaría algunos votos en el recinto para ser votado en una hipotética sesión de la próxima semana.
La comparación entre ambos proyectos marca que la situación es diferente, porque mientras el de MPF genera un gran rechazo en la oposición, el de Emergencia Covid-19 también provoca cruces, pero ahí JxC no señala con el dedo a quienes dan su apoyo, cosa que sí hace como estrategia respecto del Ministerio Público.
Así las cosas, todavía no se ha definido si habrá sesión en Diputados en la primera semana de junio aunque fuentes parlamentarias adelantaron que “podría haber sesión con los temas que quedaron de la sesión pasada: Consenso Fiscal y otros”, pero distintas versiones afirman que “no habrá” sesión, aunque todo puede pasar en momentos críticos signados por la segunda ola de contagios de coronavirus.
En 2014 Alberto Fernández confesaba en las redes sociales su rechazo al cierre de las exportaciones de carne y reivindicaba cuando en 2007 se ocupó de reabrirlas. Acaba de tomar la misma medida que reprochaba, a instancias de los deseos del sector más preponderante del Frente de Todos. Igual que con las restricciones a la circulación.
Por José Angel Di Mauro
Algo había que hacer, coinciden todos en pensar cuando el gobierno acaba de implementar restricciones extremas similares a las que teníamos hace justo un año atrás, con la diferencia de que hoy hay medio millar de muertos por día y casi 40 mil contagios diarios. Pero la contundencia de esos números no es suficiente para convencer no solo a quienes se hartaron en 2020 de vivir encerrados, sino sobre todo a los que casi se fundieron entonces y tras esa experiencia no quieren saber nada de este deja vu.
Casi no había objeciones cuando se dejó trascender que el encierro se circunscribiría a los fines de semana, pero súbitamente reapareció el fantasma tan temido de la vuelta del ASPO, aunque más no sea por un período acotado. Sorprendió, sobre todo, cuando apenas dos días antes el Presidente había descartado de plano un regreso a fase 1: “No, no… Ahí voy a tener un problema sociológico; la gente no lo resiste, esa es la verdad”, dejó claro entonces el Presidente en uno de los reportajes que concedió en la semana a Radio 10.
Es verdad que esta realidad es muy dinámica, pero también lo es que nadie hace más que Alberto Fernández para devaluar la palabra presidencial.
Coincidentemente con lo que pensaba el Presidente el martes pasado, en este mismo espacio dijimos una y otra vez que no había posibilidades de regresar al aislamiento extremo; no porque no fuese necesario, sino porque simplemente las cuentas oficiales no estaban en condiciones de volver a cerrar la economía. El propio gobierno lo documentó el año pasado al elaborar un Presupuesto en el que no figuraba ningún tipo de compensaciones para eventuales restricciones.
Habrá que inferir que eso obedeció a la exagerada confianza oficial en las vacunas. Se entenderá que cuando el Presidente anticipaba una y otra vez la inminente llegada de millones de dosis, lo decía realmente convencido.
Es verdad que esta realidad es muy dinámica, pero también lo es que nadie hace más que Alberto Fernández para devaluar la palabra presidencial.
Pero los números de la pandemia han sido tan contundentes y amenazantes como para corporizar los peores fantasmas. Sobre todo en materia de muertos. Siempre hemos dicho que la cantidad de víctimas fatales diarias nunca dejó de ser elevada, con un promedio de unos 200 muertos diarios que no ha descendido ni cuando se aplanó la curva. Hoy 200 es un número bajo, al paso que vamos. Y si bien también impresiona el número de contagios, eso es muy relativo, pues obedece a un nivel de testeos que nunca ha sido el adecuado. Con un porcentaje de positividad superior al 35%, los especialistas coinciden en que el número de testeos diarios debería ser de 300 mil, y estamos en un tercio de esa cifra.
Los expertos también concuerdan en el temor a que esta disparada de casos vaya a saturar en breve las unidades de terapia intensiva y que en el término de dos meses o antes eleve el número de muertos al millar diario.
Sin necesidad de llegar a ese extremo perfectamente alcanzable, un simple cálculo matemático permite inferir que para antes de mediados de julio la Argentina podría llegar a los cien mil muertos por Covid. Una cifra redonda y terrorífica que remite a una de las tantas frases célebres que expresó durante esta pandemia Alberto Fernández: “Prefiero que haya 10% más de pobres y no cien mil muertos”. Lo primero ya sucedió; lo segundo está en camino.
Semejante panorama decepcionante es lo que debe haber movido a Alicia Castro a escribir los lapidarios tuits del miércoles pasado. Exembajadora en Venezuela y el Reino Unido, y fallida postulante para ese mismo cargo ante Moscú, la exazafata no estuvo muy diplomática cuando afirmó que “tenemos el récord más triste de la historia”. Alicia Castro comparó los resultados epidemiológicos argentinos con los de Bolsonaro -“en un año, Brasil multiplicó por 10 las muertes y Argentina, que tenía entonces 1.200 fallecidos, por 70”, dijo- y llamó entonces al gobierno a no ser “negacionista”, reclamándole “medidas eficaces”.
Ese “fuego amigo” llegó al día siguiente del rechazo de AF a la vuelta a fase 1, de ahí que no sorprenda el súbito viraje. Sobre todo si se tiene en cuenta que la suya es una voz muy escuchada en el Instituto Patria. Algunos aventuran incluso que expresa el pensamiento de la vicepresidenta de la Nación.
Como sea, Alberto Fernández terminó anunciando medidas que van mucho más en el sentido reclamado desde La Plata que lo que deseaban en Olivos y el Palacio de Hacienda.
Parecido fue lo que sucedió con las exportaciones de carne, cerradas por un mes por el gobierno nacional, desatando un previsible paro del campo que entre otras cosas hizo incrementar los precios. Terminó prevaleciendo la postura de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que es lo mismo que decir Axel Kicillof, cada vez más influyente en todos los ámbitos oficiales, y preocupado por una inflación que lejos de ceder va dejando mes a mes una presión mayor para el mes siguiente.
El gobierno volvió así al pasado. Quince años atrás, para casi esta misma época, el gobierno de Néstor Kirchner resolvía la suspensión de las exportaciones de carne por seis meses. Alberto Fernández debe recordar muy bien esa medida anunciada el 9 de marzo de 2006, pues él era entonces jefe de Gabinete.
Quienes ponen reparos a esta medida le recuerdan al gobierno actual las consecuencias de esa decisión adoptada por el primer gobierno kirchnerista: se perdieron 12 millones de cabezas de ganado; se fundieron 16 mil productores; cerró un centenar de frigoríficos; y pasamos de tener el 10% del comercio mundial de carne a menos del 2% en 2014. En ese lapso pasamos del tercer lugar en el comercio de carne al 13°. Por efecto de estas medidas la Argentina dejó de ganar 10 mil millones de dólares y se perdieron 15 mil puestos de trabajo.
El gobierno pareciera no aprender de sus errores. Para muchos, el año pasado el caso Vicentin fue el inicio de la pérdida de imagen de Alberto Fernández, que había escalado a números inmensos por la pandemia. Ese episodio dejó para muchos la sensación de que gobernaba Cristina Kirchner y eso se trasladó inmediatamente a las encuestas de imagen. Hoy esa sensación está mucho más enraizada, y conforme los antecedentes, los resultados no prometen ser más efectivos.
Quince años atrás, para casi esta misma época, el gobierno de Néstor Kirchner resolvía la suspensión de las exportaciones de carne por seis meses. Alberto Fernández debe recordar muy bien esa medida anunciada el 9 de marzo de 2006, pues él era entonces jefe de Gabinete.
Hay un ejemplo muy presente que podría tener en cuenta el gobierno: la fuerte embestida en el Congreso para reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal. Desde el oficialismo le había llegado el dato a la principal oposición de que ya tenían el número para convertir en ley el proyecto que desde noviembre pasado cuenta con media sanción del Senado. Por eso Juntos por el Cambio lanzó una acelerada y fuerte campaña exponiendo los nombres de los 23 diputados “del medio” -los que no son oficialistas, ni de JxC-, para que el Frente de Todos no pudiera encontrar allí los 12 votos que necesita para asegurarse la ley. En esa movida, Juntos por el Cambio salpicó a unos y otros, invirtiendo la carga de la prueba: expuestos, todos tuvieron que aclarar su postura de cara a una eventual sesión, aun aquellos como los lavagnistas que siempre habían dicho que no votarían esa ley.
Como sea, la estrategia tuvo los resultados esperados para Juntos por el Cambio, pues quedó claro que al oficialismo le faltan por lo menos cinco votos para sacar la ley que les permitirá desplazar al procurador Eduardo Casal, principal destinatario de semejante embestida. Muchos se preguntan aún de donde surgió la versión de que se habían alcanzado las voluntades necesarias, y todas las miradas apuntan al ministro Martín Soria, cuya capacidad para buscar consensos no parece ser una de sus características salientes.
Con todo, el proyecto ya tiene dictamen. Lo consiguió en el marco de un prolongado debate que se extendió hasta pasada la medianoche. Así las cosas, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en cualquier momento en el recinto, y ese es un elemento de presión del oficialismo, que no pierde las esperanzas de dar una sorpresa en cualquier momento con eso.
Ante ello la oposición está atenta incluso a no perder legisladores propios. Hace pocos días el oficialismo hizo toda una movida para desplazar a la diputada correntina Estela Regidor, acusada de pedirles el 50% del salario a sus asesores. Quieren que renuncie, como hizo Juan Ameri cuando protagonizó un escándalo al exhibir una escena íntima en el zoom. La diputada radical presentó un pedido de licencia por 90 días, que no alcanzó a ser tratado en la última sesión, pero el oficialismo iría por más. Si así sucede, en JxC tienen preparada una contraofensiva, reclamando un trato similar con los diputados oficialistas involucrados en el “vacunatorio VIP”. Por eso habrían suscripto con Sergio Massa un pacto de no agresión. Por si acaso, Juntos por el Cambio tiene de aquí en más como consigna una vieja premisa de Marcelo Gallardo: mantenerse con la guardia alta.
El ente empresarial manifestó su preocupación por el avance del proyecto, y advirtieron que “sin calidad institucional nuestra sociedad no puede funcionar y no habrá justicia social”.
IDEA expresó su preocupación con relación al Proyecto de Reforma de la ley que regula al Ministerio Público Fiscal que está siendo tratado en la Cámara de Diputados.
Señalaron que la reforma constitucional de 1994 estableció que el Ministerio Público debe ser un órgano independiente, con una conformación neutral y al margen de cualquier criterio partidista y cuya legitimidad se afiance en la defensa de la legalidad; pero, sin embargo, “el contenido del proyecto de Reforma del Ministerio Público va en sentido contrario a lo dispuesto por nuestra Carta Magna”.
“No solo disminuye la cantidad de votos necesarios a fin de prestar el acuerdo del Senado al candidato a Procurador General que proponga el Poder Ejecutivo, sino que además incrementa la injerencia de la política partidaria en el funcionamiento del Ministerio Público”, agrega la misiva publicada al respecto.
En este sentido, consideran que “ante las urgencias que vive nuestro país resulta necesario contar con reglas claras, perdurables en el tiempo y una Justicia independiente, transparente y eficaz que garantice la plena vigencia de los derechos de todas las personas”.
“La falta de confianza en las instituciones y la incertidumbre desalientan la inversión y, en consecuencia, debilitan el crecimiento económico. En este sentido, la Argentina tiene que reorientar sus prioridades para seguir trabajando en la creación de empleo genuino y en la disminución de la pobreza a fin de mejorar el nivel de vida de toda la ciudadanía”, continua.
Y finalmente: “Sin calidad institucional nuestra sociedad no puede funcionar y no habrá justicia social. El compromiso con la misma debe ser la guía que permita a nuestro país pensar en un desarrollo sostenible en el largo plazo”.
Sostienen que las modificaciones propuestas debilitan la independencia del Ministerio Público, y que su aprobación “tendría un impacto desfavorable en cualquier plan que se proponga para reducir la pobreza”.
Desde el Foro de Convergencia Empresarial manifestaron “extrema preocupación” por el proyecto de reforma del Ministerio Público que está siendo tratado en la Cámara de Diputados de la Nación.
Advierten que el desafío de disminuir la pobreza requiere de instituciones republicanas sólidas, que “brinden la previsibilidad y confianza imprescindibles para que aumente la inversión y se generen oportunidades de trabajo y desarrollo”.
En este sentido, indican que las modificaciones propuestas en el proyecto de ley debilitan la independencia del Ministerio Público y, por ende, su aprobación tendría “un impacto muy desfavorable en cualquier plan que se proponga impulsar para reducir los niveles de pobreza”.
“Consideramos inoportuno, además, promover una reforma que genera crispación y divisiones en momentos en que se debe fomentar la unidad de la sociedad para superar el flagelo de la pandemia. En este sentido, una reforma de la naturaleza e implicancias institucionales como la que se impulsa debe ser necesariamente fruto de un amplio consenso, de manera tal que le permita perdurar en el tiempo”, concluye el comunicado del ente empresarial.
El proyecto que cuenta con media sanción del Senado, fue modificado en la Cámara de Diputados. Lea aquí cómo quedó el texto que quedó en condiciones de llegar al recinto.
El texto de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público que impulsa el oficialismo y cuenta con media sanción del Senado, limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del procurador general de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación.
La iniciativa del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.
El despacho modifica el texto votado por el Senado, con lo cual debería volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro Soria.
DICTAMEN-FINAL-MPFSobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.
Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral del Congreso (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).
En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al procurador se requerirán 5 votos -que implica los dos tercios- y 4 votos para el resto de las decisiones.
Protagonista en el debate de la reforma del Ministerio Público por la importancia del voto de su bancada, el diputado mendocino la emprendió contra la exfuncionaria durante la gestión Cambiemos.
El diputado nacional por Mendoza José Luis ramón envió el martes una carta documento a la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso con motivo de sus expresiones en entrevistas y posteos en redes sociales en las que lo acusa de “traidor a la patria” y expresa en referencia suya “que no tengan paz”.
En la carta, Ramón intima a Alonso a retractarse “en el término perentorio e improrrogable” de 24 horas, ya que considera que sus expresiones atentan con el libre ejercicio de su mandato electoral “pretendiendo amedrentar a los representantes del pueblo para condicionar su voto”.
La extitular de la OA fue a través de Twitter, este miércoles: “Señor, opino lo que quiero. Soy una ciudadana privada y libre. Ud es diputado y tiene fueros y cumple una función pública. Rinda cuentas. No abuse de su posición porque el demandado va a ser Ud. Esto es temerario y la Constitución Nacional me ampara”.
De madrugada, luego de un intenso debate que se extendió por más de 5 horas, el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal obtuvo dictamen de mayoría. Fuertes cruces. Hubo una protesta afuera del Parlamento.
Por Julio El Alí
El proyecto de ley del Gobierno nacional que propone la modificación del Ministerio Público Fiscal obtuvo dictamen de mayoría tras una extensa reunión del plenario de comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.
Luego de 5 horas de un debate cargado de chicanas políticas entre oficialistas y opositores que tuvo muchos momentos de tensión y tonos elevados, el oficialismo logró reunir las firmas necesarias para que salga el despacho de un proyecto de ley del cual todavía no cuenta con las voluntades necesarias para que sea aprobada en el recinto.
El dictamen de mayoría obtuvo 34 firmas; mientras que el dictamen de minoría cosechó 30 acompañamientos por parte de Juntos por el Cambio; en tanto que el tercer dictamen correspondió al de la diputada Graciela Camaño, que adelantó que no votará a favor del oficialismo.
Según informaron fuentes parlamentarias, el detalle de las firmas fueron: Comisión de Justicia: FdT 16 firmas, 14 JxC, y Camaño con dictamen propio; Comisión de Asuntos Constitucionales: FdT 18 firmas, 16 JxC, y Camaño con dictamen propio.
Al ser una de las primeras reuniones de comisión de forma presencial -otros estuvieron conectados de forma virtual- debido a las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus, los diputados de los distintos sectores políticos estuvieron cara a cara y abandonaron toda formalidad, rompiendo con una norma no escrita que dice que en comisión no se debate, sino que se expone sobre el articulado de la iniciativa.
Sin embargo, el calor político transformó el plenario de comisiones en una arena de lucha romana con encendidos discursos de las espadas del Frente de Todos, como Leopoldo Moreau, y de Silvia Lospenatto por parte de Juntos por el Cambio, aunque el macrismo sumó a dos virtuosos en el debate como Fernando Iglesias y Jorge Enriquez, que provocaron momentos donde se llegó hasta cruzar insultos.
Pero estos diputados no solo hicieron uso de la palabra a su turno, sino que cada vez que eran aludidos volvían a exigir su derecho de contestar y así se generaban los fuertes choques verbales.
Moreau, quien habló más de una hora, acusó a los de Juntos por el Cambio: “Ustedes llevaron adelante una campaña extraordinariamente agresiva, hostil, usando cualquier herramienta para ver como reemplazaban a la procuradora (general anterior, Alejandra Gils Carbó), y vienen a decir aquí que no quieren meterse en el extrapoder”.
“Eduardo Casal (actual procurador general transitorio) actuó como emperador, removió al fiscal (de la Seguridad Social Gabriel) De Vedia y promovió el sumario contra la fiscal (Gabriela) Boquín”, remarcó el diputado kirchnerista.
“Estamos entre la opción de continuar con la mafia o empezar a andar por el camino de la democracia”, cerró.
A continuación, Silvia Lospenatto, del Pro, realizó un enérgico discurso: “Estamos viviendo un nuevo capítulo de esa vocación por destruir la independencia del Poder Judicial. Esta es una ley de impunidad pero es mucho más que eso: es una ley para destruir la independencia de los fiscales”.
Apuntado por la oposición por ser un aliado clave del oficialismo en la votación, el mendocino José Luis Ramón (Unidad para el Desarrollo) salió al cruce de los cuestionamientos por su apoyo a la reforma: “Estamos muy lejos de hacer un cambio por alguna cosa menor. ¿Qué es ser ‘traidor a la Patria’? ¿Estudiar qué modificaciones puede tener un proyecto que va a mejorar la vida de millones de argentinos? ¿Queremos que pase algo o que todo continúe cómo está?”.
Justamente, el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, (Frente de Todos) le tuvo que llamar la atención porque cuando en el marco de su discurso Moreau dijo “me olvidé algo”, el diputado del Pro le dijo “la pastilla”, lo que valió el repudio de la mayoría de los legisladores presentes.
Con el objetivo de llevar calma a la reunión, Graciela Camaño, quien participó por videoconferencia, manifestó: “Lamento estar metida en este barro que siempre meten las cosas. Siempre están embarrados. Por eso, estoy muy contenta de estar en una amplia avenida del medio donde puedo decidir”, destacó.
Pero eso no fue posible, porque el cruce entre Enriquez y Ramón continuó y sumó un nuevo capítulo cuando el diputado de Juntos por el Cambio lanzó: “Ramón, siga exhibiendo su ignorancia por el mundo porque parece que no entiende. Estudie. Vaya y lea la Constitución. Si me va a hacer una cuestión penal, me voy a adelantar y lo voy a denunciar yo a usted por traición a la patria”, disparó.
A su turno, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, afirmó: “A mí me da vergüenza estar acá. Yo le pido disculpas a la sociedad por estar debatiendo esto un día donde hubo 745 muertos por el Covid-19 y más de 35 mil infectados”.
El Frente de Todos le concedió al diputado Ramón una modificación vital a cambio de su apoyo: la creación de una procuraduría especializada en usuarios y consumidores.
El texto, con media sanción del Senado, limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del procurador general de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.
La iniciativa del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.
El despacho modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro Soria.
Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.
Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral del Congreso (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).
En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al procurador se requerirán 5 votos -que implica los dos tercios- y 4 votos para el resto de las decisiones.
La legisladora tucumana consideró que el proyecto es “un acto del más burdo ataque a las ya endebles instituciones de nuestro sistema republicano”.
La diputada tucumana Beatriz Ávila, integrante del Partido de la Justicia Social, le confirmó a El Parlamentario que no apoyará la reforma del Ministerio Público Fiscal que propicia el PEN.
En una charla con El Parlamentario, la diputada tucumana desmintió categóricamente las versiones que la indicaban como dudosa, ante la posibilidad de tratarse la reforma del Ministerio Público Fiscal en la Cámara Baja.
“El Gobierno nacional –expresó Ávila- da un paso temerario al intentar transformar a un importantísimo funcionario judicial, en un comisario político a merced de sus presiones e intereses”. Y agregó que el proyecto es, a todas luces, “un acto del más burdo ataque a las ya endebles instituciones de nuestro sistema republicano”.
Cuando se le mencionó que algunos medios la presentaban cómo “indecisa”, en cuanto a su decisión respecto al tratamiento del proyecto, Avila fue contundente: “No sólo rechazo la iniciativa, sino que además no daré quorum, en caso que llegase al recinto para su tratamiento”.
En este sentod, insistió: “Este es un problema del oficialismo. Es un proyecto vergonzoso. Disminuir la mayoría exigida para la selección del procurador general, no significa ni más ni menos que cualquier mayoría circunstancial, como las muchas que hemos visto desde el regreso de la democracia, podrá por sí misma designar a quien debería ser ungido, fruto del consenso más exigente por la envergadurar de su cargo. Este procedimiento pretendido colocaría a este funcionario -a tiro de remoción- en orden al capricho o cualquier espurio interés del oficialismo”.
La diputada remarcó que este procedimiento es, “ni más ni menos, la escalada de un Gobierno débil para dotarse, por medio de leyes, de atribuciones peligrosas. Tal como sucede con los poderes inconstitucionales que se quieren arrogar, convirtiéndolos en superpoderes de la pandemia”.
Este martes, pasadas las 19.20, comenzó una reunión conjunto de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales que promete fuertes cruces. El FdT tendría los números para conseguir la firma del dictamen favorable. Todavía le falta para conseguir que se aprueben en el recinto.
El oficialismo en la Cámara de Diputados busca avanzar este martes en un plenario de comisiones con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, iniciativa que cambia las mayorías para elegir al procurador general y establece plazos para su mandato.
El oficialismo cuenta con las firmas necesarias en ambas comisiones para alzarse con el dictamen de mayoría.
El texto, con media sanción del Senado, limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del procurador general de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.
De forma presencial y otros de manera remota, el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales debate desde las 19.25 el proyecto enviado por el Senado en octubre pasado y cuyo texto cuenta con una serie de modificaciones propuestas por el ministro de Justicia, Martín Soria, en pos de obtener el consenso para que la iniciativa sea aprobada.
El oficialismo cuenta con las firmas necesarias en ambas comisiones para alzarse con el dictamen de mayoría, gracias al ya anunciado respaldo del mendocino José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) -integra la comisión de Justicia- y más allá del rechazo de Graciela Camaño (Consenso Federal), quien forma parte de ambas comisiones.
El Frente de Todos cuenta con 18 firmas propias en Asuntos Constitucionales, sobre los 35 integrantes de la comisión, por lo que no necesita de aliados para obtener allí el dictamen de mayoría.
En la de Justicia reúne a 15 de sus 31 integrantes, por lo que el aporte de Ramón le permite llegar a las 16 firmas para imponerse a un eventual dictamen de rechazo de los 14 de Juntos por el Cambio y de Camaño.
Juntos por el Cambio evaluó la posibilidad de no presentarse nuevamente a debatir el proyecto, tal como lo hizo el 26 de abril en oportunidad de la exposición de Soria y el viernes pasado en la reunión convocada para escuchar a integrantes del Poder Judicial.
La principal alianza opositora decidió rechazar el proyecto que impulsa el Gobierno, al advertir que “su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo”.
“Sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto. Lo rechazamos porque una vez más quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar. Todos podemos dejar de ser libres con esta ley”, concluyó el comunicado emitido por la Mesa Nacional de JxC ante el impulso que el oficialismo le dio al tema en los últimos días.
Sin embargo, este lunes se resolvió que los casi treinta diputados de ese espacio que integran ambas comisiones se hicieran presentes en el Anexo C de la Cámara, donde funcionará la comisión, para no perder la posibilidad de firmar dictamen y para hacer escuchar sus reclamos sobre el tratamiento del proyecto.
En rechazo a los argumentos de JxC, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, defendió al proyecto al asegurar que “busca dar institucionalidad a una figura muy importante para la independencia del Poder Judicial”, como es el procurador, al tiempo que expresó que espera que la oposición “participe del debate”.
“Nosotros no nos estamos queriendo llevar puesto a nadie; lo que queremos es darle institucionalidad a una figura muy importante para la independencia del Poder Judicial”, dijo el pampeano, y agregó que, en ese último punto, “coincide” con el planteo de Juntos por el Cambio.
Por el resto de los espacios, el diputado Ramón confirmó su respaldo al proyecto al considerar que los cambios “apuntan a poner en una situación de transparencia, de más rendición de cuentas y más presupuesto” a ese órgano.
También cuestionó el rechazo que ya adelantó JxC, al remarcar que “ellos están encontrando en esto una herramienta de pelea porque quieren que el procurador interino (Eduardo) Casal se quede en el cargo”.
Desde Consenso Federal, en tanto expresaron a través de un comunicado: “Tal como declaramos públicamente en su oportunidad, no son tiempos de reformas judiciales, sino tiempos de resolución de problemas que afectan la vida diaria de la gente como los aumentos de precios, las escasez de vacunas contra el Covid y la falta de trabajo”.
Integrantes del grupo presidido por Ramón, del interbloque Federal y del resto de las bancadas ajenas a los dos espacios mayoritarios (JxC y el FdT), fueron objeto de escraches virtuales en redes sociales por parte de integrantes de JxC, advirtiendo sobre la posibilidad de que acompañen la votación del proyecto o den quórum para su tratamiento.
Hasta el momento, el Frente de Todos no contaría con los votos necesarios para su aprobación en la Cámara baja la semana próxima, como aspiraba.
El proyecto
La iniciativa del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.
El despacho modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro Soria.
Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.
Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral del Congreso (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).
En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al procurador se requerirán 5 votos -que implica los dos tercios- y 4 votos para el resto de las decisiones.
Según un sondeo realizado por parlamentario.com, al Frente de todos le estarían faltando alrededor de 5 votos para llegar a los necesarios para aprobar el proyecto que cuenta con media sanción del Senado.
Polarizada como está la política argentina en los últimos años, el espacio legislativo que engloba a aquellos diputados que no son del oficialismo, pero tampoco de la principal oposición, es, si se quiere, reducido con relación a lo que supo ser en otros tiempos. En efecto, apenas se reduce a 23 miembros, donde un oficialismo en minoría -la primera, pero minoría al fin- va a buscar los votos que le faltan para alcanzar el número suficiente para imponer las leyes que ambiciona.
No le ha ido mal al Frente de Todos en esa empresa, aunque debe reconocerse que desde Juntos por el Cambio suelen recordarle que les han dado sus votos no pocas veces, comenzando por las emergencias aprobadas en el inicio de la gestión de Alberto Fernández.
Pero hay determinadas leyes que quedaron congeladas en la Cámara baja, como reclamó no hace mucho tiempo el senador Oscar Parrilli durante una sesión de la Cámara alta. Todos sabían que hablaba fundamentalmente de las leyes judiciales, que son las que más ambiciona el kirchnerismo en general y su líder en particular: la reforma judicial y la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En ese orden de aprobación, pero con especial interés en esa última iniciativa, que es la que supondría la eyección de Eduardo Casal de la Procuración General de la Nación.
De esos 23 diputados depende el oficialismo para sacar las leyes. No todos, claro, sino de apenas 12. Es que el bloque que conduce Máximo Kirchner tiene 119 miembros, de los cuales 117 votan. Sergio Massa no puede, salvo que deba desempatar alguna vez; y José Ignacio de Mendiguren está de licencia desde el inicio de la gestión, pues preside el BICE, y se decidió que no renunciara pues en ese caso debería asumir Marcelo “Oso” Díaz, del GEN de Margarita Stolbizer. Esto es, como hemos dicho tantísimas veces, el oficialismo prefirió siempre tener un voto menos a sentar un opositor más en la Cámara. Así será hasta fin de año, fecha formal del final del mandato del extitular de la UIA.
A priori, la votación de la reforma del Ministerio Público estaba cajoneada, por similares razones que con la reforma judicial. Por eso nunca se movieron demasiado las autoridades oficialistas que deben salir a contar los votos. Pero todo cambió a partir de la asunción reciente de Martín Soria al frente del Ministerio de Justicia. El rionegrino llegó con renovados bríos y la confianza plena de que lograría despejar el camino de esas leyes a partir de la negociación que pudiera emprender con sus excolegas.
A la hora de hurgar por los 12 votos que siempre ha necesitado el Frente de Todos, el primer lugar donde buscar ha sido el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que hoy tiene seis miembros, pero supo contar con dos más. Primero se le fueron los exCambiemos Antonio Carambia y Beatriz Avila, que ya venían mostrando sus disidencias a la hora de votar. Esta última se alineó decididamente con la oposición, no así con el santacruceño, que ahora forma un bloque de dos llamado Acción Federal con otro exCambiemos, el riojano Felipe Alvarez, Llevado este último a las listas de Juntos por el Cambio de 2019 por Rogelio Frigerio, este riojano comenzó a mostrar sus disidencias el 9 de julio de 2019 cuando fue el único opositor en concurrir a la presentación de la reforma judicial impulsada por Alberto Fernández. Poco después daría un portazo en el interbloque que conduce Mario Negri, y se descuenta entonces que en materia judicial estaría alineado con los deseos del oficialismo. El Frente de Todos da por seguro, más allá de que no hayan confirmado nada públicamente, que tiene los votos de Carambia y Felipe Alvarez. Les faltan 10 más.
Como dijimos, hay 6 que suelen votar junto con el oficialismo y son los de Unidad Federal para el Desarrollo. Se los conoce como “los Ramones”, por estar conducidos por el mendocino José Luis Ramón, quien ya se ha pronunciado públicamente a favor de la reforma del Ministerio Público, sobre todo desde que escuchó concesiones de parte de Martín Soria, con el que se reunió el viernes pasado.
Pero no todos estarían de acuerdo con el jefe del interbloque. Se descuenta que los misioneros del Frente de la Concordia sí, y son tres (Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach), igual que Pablo Miguel Ansaloni, compañero del bloque de Ramón y también exCambiemos.
Pero no se lo cuenta al rionegrino Luis Di Giácomo, fundamentalmente por el antagonismo con Martín Soria, un aspirante a la gobernación de Río Negro que hoy ostenta Arabela Carreras, de Juntos Somos Río Negro, y que lidera el senador Alberto Weretilneck. Hay sin embargo un detalle no menor: Weretilneck no solo votó a favor de la reforma en el Senado, sino también promovió un proyecto que iba en un sentido similar. El problema radica, como dijimos, en el encono del oficialismo provincial con el exintendente de General Roca y fallido aspirante a gobernador de esa provincia en 2019. Por ahora, a Di Giácomo no se lo cuenta entonces como voto propio en este caso para el oficialismo.
Le estarían faltando entonces al oficialismo 5 votos que debiera buscar en el interbloque Federal, donde hay 11 voluntades. Los 3 de Consenso Federal ya dijeron que no van a votar ese proyecto, ni tampoco darán quórum, y este lunes se sumó otra novedad: Eduardo “Bali” Bucca, que suele votar con el Gobierno, esta vez dijo que no lo hará.
Como tampoco lo harán los cuatro de Córdoba Federal (Paulo Cassinerio, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alejandra Vigo), que ya confirmaron que en este proyecto se opondrán, las expectativas están cifradas en los tres restantes: el salteño Andrés Zottos y los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista) y el socialista Enrique Estévez.
El oficialismo contaba como voto a favor a Zottos -que dentro del interbloque Federal integra el bloque Justicialista junto a “Bali” Bucca-, pero éste retuiteó en su cuenta en su cuenta de Twitter el mensaje de Bucca, con quien siempre vota en conjunto. En cuanto a los santafesinos, fuentes cercanas a Enrique Estévez señalaron a parlamentario.com que este legislador no votará la reforma del Ministerio Público. Y respecto a Contigiani, solo hay que recordar sus antecedentes, que ya dejó escritos el 23 de noviembre de 2020 en su cuenta de Twitter. Allí señaló que “el control al poder, el sistema acusatorio necesita de una Procuración General con un amplio, federal y transversal respaldo político. De ahí la importancia de elegir al mismo con el consenso político de los 2/3 de los votos presentes del Senado Nacional. La Constitución Nacional necesita de una fuerte Procuración General de la Nación. No es bueno para la Justicia los itineratos en la procuración y la flexibilidad en la remoción de los fiscales, afectando su estabilidad y autonomía. 2) Modificar la ley Orgánica del Ministerio Público -que reglamenta nada menos y nada más que el artículo 120 de la Constitución Nacional- requiere de un amplio consenso político. No es bueno para nuestra democracia dividirnos en este tipo de leyes”. A menos que haya cambiado de opinión en tan breve tiempo, el Frente de Todos no debería ilusionarse con Contigiani.
Le estarían faltando al Frente de Todos unos cinco votos que ya no tiene dónde buscar. Porque la tucumana Beatriz Avila no está dispuesta a votar este proyecto, según pudo saber parlamentario.com. Ni tampoco la neuquina Alma “Chani” Sapag, quien este lunes aclaró que “no acompaño esta reforma porque debilita la estabilidad en el cargo de la máxima autoridad del Ministerio Público”. Agregó la legisladora del MPN a La Mañana de Neuquén que “esto resulta contradictorio con la intención de fortalecer el rol de la cabeza del Ministerio Publico, porque es un mandato limitado y con menos resguardo para su estabilidad que puede condicionar su independencia”.
Ya sin posibilidades de llegar a los 129 votos que necesitaría el oficialismo, solo restan contar los diputados de izquierda Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano, quienes no votarán el proyecto oficial. Giordano tampoco dará quórum siquiera, y en cuanto a Del Caño, que suele votar en contra de todo, pero también dar quórum, en este caso lo está evaluando, según confiaron fuentes del Frente de Izquierda. Lo de dar quórum, no su voto, que será en contra.
De tal manera, el oficialismo estaría accediendo solo a alrededor de 124 votos, con lo que hoy por hoy no tiene el número suficiente para aprobar la ley.
Por Jorge Enríquez. Sin independencia judicial no hay República, sostuvo el diputado nacional del Pro ante la eventual reforma de la Ley del Ministerio Público.
Mientras los argentinos sufrimos sus desastrosas políticas en materia económica, social y sanitaria, el Gobierno nacional aprovecha para acelerar su objetivo primordial: subordinar a la justicia para tener impunidad y para profundizar el autoritarismo.
El propósito más inmediato es conseguir un procurador militante, que no defienda la legalidad ni los intereses de la sociedad, sino los de sus patrones, con Cristina Kirchner a la cabeza.
Por eso pretenden reformar la ley de Ministerio Público. Con un procurador militante el futuro que nos espera es impunidad para los amigos y persecución para los adversarios y el periodismo independiente.
Solo un procurador independiente puede servir a la sociedad en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
El kirchnerismo está comprando las voluntades de algunos diputados que fueron electos por la ciudadanía para ser opositores. Es una claudicación moral que todos deben conocer.
Sin independencia judicial no hay República.
Sin República no hay libertad.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires calificó de “retroceso institucional” al intento del oficialismo de modificar la Ley de Ministerio Público Fiscal.
El proyecto de ley en trámite ante el Congreso de la Nación que propone reformas al Ministerio Público Fiscal (integrado por el Procurador General y los restantes fiscales federales de la Nación) y al Ministerio Público de la Defensa (integrado por los funcionarios que tienen a su cargo la defensa en general de las personas), “pone en riesgo la independencia funcional del Ministerio Público surgido de la reforma constitucional del año 1994, que dispuso su integración con ‘un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca’”, expresó este lunes el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires invocando el artículo 120 de la Constitución Nacional.
Para este organismo, el objetivo central perseguido por esa reforma constitucional fue el de independizar el funcionamiento de ese ministerio de los poderes políticos y del propio Poder Judicial, otorgándosele expresamente el carácter de “órgano independiente”. Agregó que con ello la Constitución busca resguardar que las funciones del ministerio (defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad) no dependan de las demás ramas del Gobierno nacional, confiriéndole incluso a sus integrantes la intangibilidad de su remuneración e inmunidades funcionales.
A juicio de la entidad que nuclea a los abogados de CABA, el proyecto actualmente bajo consideración de la Cámara de Diputados “amenaza seriamente esa independencia funcional garantizada por la Constitución. Por un lado, propone eliminar la mayoría agravada de dos tercios de los miembros del Senado (presentes el día de la votación) necesaria para la elección del Procurador General, que obliga -por lo general- a consensuar la designación entre las diferentes fuerzas políticas representadas en esa Cámara. Sin ese consenso se facilitaría la designación de alguien por parte de la fuerza política circunstancialmente mayoritaria, con el riesgo de que ese candidato eventualmente carezca de la independencia necesaria para el cargo, requisito fundamental para cumplir con la independencia que el citado artículo 120 reclama”.
Por otro lado, “el proyecto disminuye la representación de los sectores independientes en el Tribunal de Enjuiciamiento de los fiscales y aumenta la representación de sectores vinculados con la política partidaria. Ello daría mayor relevancia a la política partidaria en la decisión de evaluar funcionalmente a sus miembros, con los peligros que sin duda conllevaría, tal como ya sucedió con la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura”.
Estas dos reformas, entre otras, “significarían un gran retroceso institucional”, enfatizó el Colegio de Abogados, para el que “en vez de buscarse una participación más plural en la designación del Procurador General, se permitiría que una sola representación política pueda designarlo o formar mayoría para sancionar a los fiscales en asuntos que afectaren intereses partidarios. Ello pondría indudablemente en riesgo la independencia que la Constitución Nacional ha buscado otorgar al Ministerio Público y lo haría de un modo regresivo, condenado por tratados internacionales. Por ello, este Colegio se opone a la aprobación de esas reformas que tanto daño infligirían al funcionamiento independiente del Ministerio Público y, en última instancia, a la República”.
Este martes a las 19 será la reunión conjunto de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales. El FdT tendría los números para conseguir la firma del dictamen favorable para reformar la ley de Ministerio Público Fiscal. Todavía le falta para conseguir que se aprueben en el recinto.
El oficialismo en la Cámara de Diputados buscará avanzar este martes en un plenario de comisiones con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, iniciativa que cambia las mayorías para elegir al procurador general y establece plazos para su mandato. Hasta el momento, el Frente de Todos no contaría con los votos necesarios para su aprobación en la Cámara baja la semana próxima, como aspiraba.
El texto, con media sanción del Senado, limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del procurador general de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.
De forma presencial y otros de manera remota, el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales debatirá el proyecto enviado por el Senado en octubre pasado y cuyo texto cuenta con una serie de modificaciones propuestas por el ministro de Justicia, Martín Soria, en pos de obtener el consenso para que la iniciativa sea aprobada.
El oficialismo cuenta con las firmas necesarias en ambas comisiones para alzarse con el dictamen de mayoría, gracias al ya anunciado respaldo del mendocino José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) -integra la comisión de Justicia- y más allá del rechazo de Graciela Camaño (Consenso Federal), quien forma parte de ambas comisiones.
El Frente de Todos cuenta con 18 firmas propias en Asuntos Constitucionales, sobre los 35 integrantes de la comisión, por lo que no necesita de aliados para obtener allí el dictamen de mayoría.
En la de Justicia reúne a 15 de sus 31 integrantes, por lo que el aporte de Ramón le permite llegar a las 16 firmas para imponerse a un eventual dictamen de rechazo de los 14 de Juntos por el Cambio y de Camaño.
Juntos por el Cambio evaluó la posibilidad de no presentarse nuevamente a debatir el proyecto, tal como lo hizo el 26 de abril en oportunidad de la exposición de Soria y el viernes pasado en la reunión convocada para escuchar a integrantes del Poder Judicial.
La principal alianza opositora decidió rechazar el proyecto que impulsa el Gobierno, al advertir que “su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo”.
“Sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto. Lo rechazamos porque una vez más quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar. Todos podemos dejar de ser libres con esta ley”, concluyó el comunicado emitido por la Mesa Nacional de JxC ante el impulso que el oficialismo le dio al tema en los últimos días.
Sin embargo, este lunes se resolvió que los casi treinta diputados de ese espacio que integran ambas comisiones se harán presentes en el Anexo C de la Cámara, donde funcionará la comisión, para no perder la posibilidad de firmar dictamen y para hacer escuchar sus reclamos sobre el tratamiento del proyecto.
En rechazo a los argumentos de JxC, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, lo defendió al asegurar que “busca dar institucionalidad a una figura muy importante para la independencia del Poder Judicial”, como es el procurador, al tiempo que expresó que espera que la oposición “participe del debate”.
“Nosotros no nos estamos queriendo llevar puesto a nadie; lo que queremos es darle institucionalidad a una figura muy importante para la independencia del Poder Judicial”, dijo el pampeano, y agregó que, en ese último punto, “coincide” con el planteo de Juntos por el Cambio.
Por el resto de los espacios, el diputado Ramón confirmó su respaldo al proyecto al considerar que los cambios “apuntan a poner en una situación de transparencia, de más rendición de cuentas y más presupuesto” a ese órgano.
También cuestionó el rechazo que ya adelantó JxC, al remarcar que “ellos están encontrando en esto una herramienta de pelea porque quieren que el procurador interino (Eduardo) Casal se quede en el cargo”.
Desde Consenso Federal, en tanto expresaron a través de un comunicado: “Tal como declaramos públicamente en su oportunidad, no son tiempos de reformas judiciales, sino tiempos de resolución de problemas que afectan la vida diaria de la gente como los aumentos de precios, las escasez de vacunas contra el Covid y la falta de trabajo”.
Integrantes del grupo presidido por Ramón, del interbloque Federal y del resto de las bancadas ajenas a los dos espacios mayoritarios (JxC y el FdT), fueron objeto de escraches virtuales en redes sociales por parte de integrantes de JxC, advirtiendo sobre la posibilidad de que acompañen la votación del proyecto o den quórum para su tratamiento.
El proyecto
La iniciativa del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.
El despacho modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro Soria.
Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.
Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral del Congreso (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).
En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al procurador se requerirán 5 votos -que implica los dos tercios- y 4 votos para el resto de las decisiones.
El candidato de Alberto Fernández para ser el jefe de los fiscales le dio otro dolor de cabeza al Gobierno: “si se reduce la mayoría necesaria para nombrar al Procurador, eso será un límite ético insuperable”.
A menos de un día de que el oficialismo busque en comisión emitir dictamen a la media sanción de Senado para modificar la ley de Ministerio Público Fiscal, el juez federal Daniel Rafecas aseguró este lunes que no continuará con su postulación para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación (PGN) si el Congreso sanciona una ley que reduce “la mayoría necesaria en el Senado” para nombrar al jefe de los fiscales.
El magistrado lo confirmó a través de un posteo en su cuenta personal de la red social Instagram, donde publicó además la foto del encuentro que mantuvo con el presidente Alberto Fernández el día que le propuso postularlo para Procurador General de la Nación.
“Reafirmo lo que ya sostuve públicamente: si a mitad del proceso para mi designación se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un límite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación”, sostuvo Rafecas.
El magistrado explicó en su posteo que dejaba asentada su postura porque desde que fue ofrecido para hacerse cargo de la Procuración “ha avanzado un proyecto de ley, tendiente a reformar el Ministerio Público Fiscal”.
“Como no fui llamado a dar mi parecer sobre su contenido, ni por quienes lo impulsaron en el Senado, ni en las audiencias en Diputados, así como tampoco por el Ministro de Justicia, quiero dejar asentada públicamente mi postura”, escribió.
En ese sentido, advirtió: “Más allá de que el cargo sea vitalicio o temporario, es indispensable que el PGN tenga el consenso político suficiente para ejercer un cargo de tanta relevancia institucional, para lidiar con la CSJN (Corte Suprema de justicia) y para encarar reformas estructurales a nivel federal”.
El posteo de Rafecas hace referencia al proyecto de reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal que impulsa el oficialismo y que, entre otros cambios, propone acotar el mandato del procurador a 5 años y reducir la mayoría necesaria para designarlo de una mayoría agravada a una absoluta.
Por otra parte, Rafecas sostuvo que cree que hubiera podido lograr la mayoría de dos tercios del Senado para ser designado a partir de la audiencia pública en la que el candidato tiene la oportunidad de responder preguntas de los senadores, algo que, a más de un año de haber sido propuesto, no ocurrió.
“Ese consenso recién se pone en juego en la audiencia pública, a la que todos los candidatos anteriores accedieron (con distinta suerte), y que no se cumplió en mi caso. De haberse concretado esa audiencia en el Senado, estoy seguro que ese consenso hubiese sido alcanzado”, sostuvo el juez.
Rafecas fue propuesto por el por el Presidente para cubrir el cargo vacante de Procurador General de la Nación el 17 de diciembre de 2019.
“Son tiempos para resolver la inflación, la escases de vacunas y la falta de trabajo”, dice el comunicado del bloque de tres diputados claves para el oficialismo. El FdT todavía no tiene el número para aprobar la iniciativa.
Los diputados nacionales del bloque Consenso Federal, presidido por Alejandro “Topo” Rodríguez, expresaron este lunes su rechazo a las modificaciones a la ley de Ministerio Público Fiscal al aseverar que “no son tiempos de reformas judiciales, sino tiempos de resolución de problemas que afectan la vida diaria de la gente como los aumentos de precios, la escasez de vacunas contra el Covid y la falta de trabajo”.
Al fijar posición respecto a la iniciativa que será tratada este martes a las 19 en un plenario de comisiones con el objetivo de emitir dictamen favorable, desde Consenso Federal agregaron que “no pueden las fuerzas políticas cuyos líderes se encuentran encausados judicialmente resolver las reformas que el servicio de justicia necesita para mejorar su funcionamiento”.
“Las reformas propuestas por Juntos por el Cambio y por el actual gobierno sólo sirven para sacar procuradores, cuando lo que ordena la Constitución Nacional es un Ministerio Público Fiscal independiente, autónomo y autárquico”, sentenciaron los diputados Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini.
“No son tiempos de reformas judiciales, sino tiempos de resolución de problemas que afectan la vida diaria de la gente como los aumentos de precios, la escasez de vacunas contra el Covid y la falta de trabajo”.
“Por estos motivos es que expresamos nuestro rechazo a la reforma que se propicia”, sentenciaron.
En esa misma postura, se manifestó en Twitter el presidente del interbloque Federal, Eduardo ‘Bali’ Bucca, quien afirmó: “Vivimos un drama sanitario que afecta la vida de los argentinos y argentinas en todas sus dimensiones. No logramos establecer consensos básicos de parámetros sanitarios para la toma de decisiones”.
“¿Qué reforma del ministerio público fiscal podríamos hacer en estas circunstancias?”, se preguntó Bucca, quien preside un interbloque de 11 legisladores que suelen votar cercano al Frente de Todos.
Así las cosas, en la cuenta de los votos a favor que tendría el oficialismo que realizó Parlamentario.com, le faltaría 7 para lograr el quórum y su posterior aprobación.
El radical Ariel Álvarez Palma y el diputado de la CC ARI Hernán Reyes cuestionaron con dureza la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional y consideraron que se trata de “un nuevo intento de perpetuarse en el poder”.
A pocas horas de que un plenario de la Cámara de Diputados se reúna para continuar avanzando con el proyecto del Gobierno nacional que busca reformar el Ministerio Público, los legisladores del oficialismo Hernán Reyes (VJ) y Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) cuestionaron con dureza la intención del Ejecutivo.
En ese sentido el radical aseguró que “el Gobierno quiere terminar con la Justicia independiente, controlando a los Fiscales para garantizar la impunidad de sus funcionarios, y perseguir a sus opositores. Un nuevo intento de perpetuarse en el poder construyendo un estado populista” y remarcó que “la reforma del Ministerio Público Fiscal busca garantizar la impunidad de los funcionarios kirchneristas”.
Mientras que el oficialista Reyes consideró que “sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto” y advirtió que “quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar”.
Cabe recordar que el proyecto busca modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.
Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.
El jefe de ese bloque de tres diputados cruzó a su par de JxC Luciano Laspina: “No se haga el canchero”, le dijo.
El oficialismo salió a buscar votos para aprobar proyectos trabados en la Cámara baja. Las luces de alarma en la principal oposición se encendieron a propósito de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, donde desde el Frente de Todos ha trascendido que ya tienen el número para lograr el quórum y, más importante, los votos para aprobarlo.
Por eso desde Juntos por el Cambio advierten sobre los opositores que no son de ese interbloque, de donde provendrían los votos necesarios para una eventual aprobación. Y en ese marco algunos señalaron a los diputados que ingresaron a través del lavagnismo.
El santafesino Luciano Laspina lo hizo de manera literal, pero concreta, y reaccionó Alejandro “Topo” Rodríguez. El legislador del Pro advirtió a través de un hilo de Twitter que “el kirchnerismo reunió los votos para aprobar la estratégica Ley de Ministerio Público Fiscal (MPF) con la ayuda de la falsa oposición, a cambio de una ley para subsidiar tarifas de gas en distritos de donde provienen algunos de estos opositores arietes del gobierno”.
“No se haga el canchero”, le dijo “Topo” Rodríguez también a través de Twitter. “Como uno de los autores del proyecto Tarifas Gas para Zonas Frías, sepa que nuestro bloque no aprobará ni dará quórum para reforma de Ministerio Público Fiscal”, aclaró el legislador de Consenso Federal, que remató diciendo: “Juntitos andan ustedes con el FDT, cuando se trata de cargos para organismos de comunicación”.
“Topo” Rodríguez también salió al cruce del diario Clarín, que había sugerido que Consenso Federal podía ser caracterizado como “indeciso” o, más probablemente, dar quórum. “Indeciso? Dar quórum? Las pelotas”, aclaró el diputado bonaerense de manera drástica.
“Complicidad de terceras fuerzas”
En su hilo de Twitter, Luciano Laspina advirtió que “la historia revela 3 requisitos para la ‘irreversibilidad’ de los populismos: 1) el Control del Procurador; 2) el control de la Corte Suprema y las Cortes Electorales; y 3) que emigre un % de la población desencantada, que abandona la lucha contra el régimen”.
“El 1ro se vota esta semana con la complicidad de ‘terceras fuerzas’ que dicen que ‘no están en la grieta’. Es cierto. Están en su propio negocio político. Impedir el 2do y 3ro depende de TU VOTO en las elecciones y de TU PARTICIPACIÓN en la fiscalización de la elección”, concluyó.
Tras una reunión de urgencia de su Mesa Directiva, Juntos por el Cambio alertó que “está en peligro la libertad porque el kirchnerismo busca quedarse con el control de la Justicia”. Negri llamó “cómplices” a quienes vaya a dar quórum.
Se reunió este domingo la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que mantuvo un encuentro convocado de urgencia por los presidentes del interbloque de diputados nacionales que obedeció a la intención del kirchnerismo de sacar dictamen este martes de la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal.
“Quieren quedarse con la libertad de los argentinos”, es el título del comunicado dado a conocer al cabo de la videoconferencia.
En el mismo manifiestan “su total rechazo al intento del oficialismo de aprobar la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal”, advirtiendo que “lo rechazamos porque su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo”.
“Lo rechazamos porque es un intento más de quedarse con la Justicia. Sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto”, remarca el comunicado de JxC, que agrega: “Lo rechazamos porque una vez más quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar”.
Y concluye: “Todos podemos dejar de ser libres con esta ley”.
Inmediatamente después del encuentro, el titular de la banada JxC de la Cámara baja, Mario Negri, sostuvo que el proyecto que se propone el oficialismo dejar listo para tratar en el recinto “merece el rechazo de Juntos por el Cambio porque esta ley no es urgente, no responde a las necesidades que tienen los argentinos hoy. Además, lo rechazamos porque los quieren es borrar a los fiscales independientes. Lo que quieren es quitarles la libertad a los argentinos. Quieren garantizar la impunidad”.
“En el momento de mayor dolor y angustia de los argentinos, aprovechan esta emergencia para quedarse con el Ministerio Público. Vamos a hacer lo imposible para evitar que esta ley salga”, agregó el legislador cordobés.
La reunión se mantuvo a través de Zoom y participaron los presidentes de los bloques de la Cámara baja Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Juan López (CC-ARI), quienes fueron los que pidieron la reunión de urgencia. También estuvieron los mandatarios Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy); el expresidente Mauricio Macri; la exgobernadora María Eugenia Vidal; el auditor general de la Nación Miguel Pichetto; la presidenta del Pro Patricia Bullrich; el del Pro, Alfredo Cornejo; y el de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Asimismo asistieron los senadores Luis Naidenoff (UCR), Humberto Schiavoni (Pro) y Martín Lousteau (UCR).
También asistieron el vicepresidente primero de la Cámara baja, Omar De Marchi y la diputada provincial de la CC Maricel Etchecoin.
Al cabo del encuentro, Negri recordó que “nosotros no tenemos mayoría en Diputados”, por lo que “necesitamos que la sociedad civil tome conciencia y se exprese. Que la Asociación de Fiscales, de Magistrados, los Colegios de Abogados y los ciudadanos alcen la voz”, y en ese sentido advirtió que “se quieren quedar con el Ministerio Público cuando se pone en práctica el sistema acusatorio, esto pone en peligro la libertad de los argentinos”.
“Es una situación de extrema gravedad institucional. Estamos hablando con todos los bloques opositores. Los medios deben preguntar a todos quién va a acompañar esta ley, quiénes serán cómplices dando incluso el quórum”, enfatizó Negri.
Por su parte, Patricia Bullrich señaló que “desde Juntos por el Cambio rechazamos fuertemente el intento del oficialismo de aprobar la reforma de la Ley de Fiscales del país. Quieren quedarse con la justicia y la libertad de los argentinos y no lo vamos a permitir. Todo tiene límites, y los nuestros son la libertad y el futuro”.
A su vez, el mendocino Omar De Marchi señaló que “denunciamos un nuevo intento del kirchnerismo y aliados, de querer avanzar esta semana sobre una ley para designar al Procurador de la Nación y así manejar a todos los fiscales”.
A su juicio, “este paso es ir a Venezuela sin escalas. Dorso de la mano con el dedo índice señalando hacia abajo”.
A pedido del interbloque de la Cámara de Diputados se reúne la conducción de la principal oposición ante la alarma por el avance de la reforma que impulsa el oficialismo.
A solicitud de la conducción del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, que preside Mario Negri, se decidió adelantar con carácter de urgencia para este domingo la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, a fin de evaluar el proyecto de Reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el Gobierno nacional para controlar la Justicia.
La reunión pedida por Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Juan López (CC) se realizará de manera virtual este domingo a las 19.30. Participarán también los presidentes de los partidos, los jefes de bloque del Senado, los gobernadores radicales, el jefe de Gobierno porteño, el ex presidente Mauricio Macri, la exgobernadora María Eugenia Vidal y el auditor Miguel Pichetto.
Negri explicó que se pidió adelantar la reunión, originalmente prevista para este martes, porque el kirchnerismo decidió el viernes “convocar intempestivamente para el martes a la tarde a un plenario de comisiones, para darle un dictamen exprés al proyecto de Reforma del Ministerio Público Fiscal”.
Este sábado, Negri sostuvo: “Mientras el país está en emergencia el kirchnerismo va por el control de la Justicia. Por eso pedimos desde la mesa del Interbloque una reunión urgente para este domingo de toda la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio”.
El interbloque de Diputados de JxC consideró el viernes que “esta reforma al Ministerio Público Fiscal pretende debilitar la figura del Procurador General y nombrar a una persona dependiente del poder kirchnerista al frente de la persecución penal en todo el país”. En un comunicado, además el interbloque sostuvo: “De avanzar esta ley no habrá fiscales independientes que puedan investigar en la Argentina”.
Tras el el cruce con la oposición en la reunión informativa por Zoom, el oficialismo citó a una reunión conjunta para el próximo martes 18 a las 19. Habría dictamen.
Las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocaron este viernes a una reunión conjunta de forma presencial para tratar la media sanción del Senado que prevé modificaciones a la Ley del Ministerio Público Fiscal, por lo que se podría firmar dictamen.
La citación, a la que tuvo acceso Parlamentario.com, es para el próximo martes 18 a las 19 en la sala del segundo piso del Anexo C de la Cámara baja.
La convocatoria fue realizada por el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), y de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos).
Horas antes de la citación se llevó a cabo una reunión informativa por Zoom en la que expusieron académicos y funcionarios judiciales, pero hubo un condimento político ya que Juntos por el Cambio dijo que era “una farsa” y se retiró mientras que el oficialismo acusó a JxC de ser “infantiles” y de “poner excusas para no debatir”.
La iniciativa a tratar en dicho plenario en forma presencial fue aprobada por el Senado el año pasado, y sobre la cual días atrás el ministro de Justicia, Martín Soria, anunció una serie de modificaciones con el objetivo de destrabar la discusión en la Cámara baja y reunir consensos. La principal oposición que es Juntos por el Cambio rechaza de plano la propuesta.
El proyecto del oficialismo consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.
Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.
Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público. Precisamente sobre la conformación de ese Tribunal, el pasado 26 de abril Soria anunció los cambios.
Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
El Frente de Todos objeta la actuación al frente del Ministerio Público del actual procurador interino, Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
En la Cámara baja los números del oficialismo para sancionar la ley son ajustados, pero precisamente este jueves el presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón -aliado del FdT-, mantuvo una reunión con Soria para analizar la iniciativa.
El legislador mendocino señaló que existe una necesidad de resolver la “situación irregular” de la Procuración y destacó el trabajo del ministro de Justicia para lograr los consensos que permitan mejorar la media sanción.
En línea con su exposición, en el plenario realizado días atrás, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
En una reunión informativa por Zoom en la que expusieron académicos y funcionarios judiciales, Juntos por el Cambio dijo que era “una farsa” y se retiró. El oficialismo acusó a JxC de ser “infantiles” y de “poner excusas para no debatir”.
La semana en la que se cumplió un año del inicio de las sesiones virtuales no podía terminar sin un nuevo encontronazo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, aunque el marco era de una reunión informativa con la participación de especialistas invitados.
Esta vez, la arena fue en un encuentro virtual del plenario informativo de la Comisión de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja donde al inicio se vivieron momentos tensos porque la oposición sorprendió al anunciar que se retiraban porque esa reunión “era una farsa”.
El vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna (Juntos por el Cambio), denunció que “esta reunión es una farsa para darle un barniz de legalidad al tratamiento de este proyecto de ley que busca lograr la impunidad judicial y avasallar el Ministerio Público Fiscal, lo que es de una gravedad institucional inmensa”.
Y continuó: “La lista de expositores fue armada por ustedes -el oficialismo- y no dieron ninguna participación a la oposición, sino que nos enteramos anoche de esta reunión que fue armada entre gallos y medianoche”.
“No vamos a participar de esta reunión escuchando a los académicos como si no pasara nada. El interbloque Juntos por el Cambio se va a retirar. No vas a convalidar esta farsa”, dijo antes de salir del Zoom junto a sus compañeros de bancada.
Al finalizar el encuentro, tras más de 2 horas de exposiciones, el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, aclaró que “en ningún momento se limitó la posibilidad de que la oposición acercara un posible expositor”.
Sobre la actitud de la oposición, consideró que “son reacciones un poco infantiles. Son excusas bastantes pueriles para escapar a una discusión en el recinto o en la comisión y discutir en redes sociales”.
En un tono más confrontativo, el diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá consideró que “la actitud de la oposición es muy significativa porque huye, escapa, para no dar el debate ni cambiar nada y mantener el status quo de una Corte y un Poder Judicial que son los principales militantes de Cambiemos”.
Así comenzó el plenario informativo, en el que no se iba a emitir dictamen, en el marco del debate sobre el proyecto que propone reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Se trata de la iniciativa que fue aprobada por el Senado el año pasado, y sobre la cual días atrás el ministro de Justicia, Martín Soria, anunció una serie de modificaciones con el objetivo de destrabar la discusión en la Cámara baja y reunir consensos. La principal oposición que es Juntos por el Cambio rechaza de plano la propuesta.
El integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, sostuvo que “justo en el momento en que se va a implementar el sistema acusatorio en la Argentina, resulta verdaderamente inaceptable que el jefe del Ministerio Público sea un Procurador interino con más de tres años de interinato”.
En tanto, el juez de la Cámara Tribunal Oral N°2 de Córdoba, José Fabián Asis, manifestó que “estos proyectos de modificación tienen dos pilares fundamentales: primero la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y segundo la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, requisito esencial para el Sistema Judicial”.
Por su parte, la fiscal Mariela Labozzetta afirmó: “Celebro la voluntad del Congreso de incorporar el debate vinculado con la cuestión de género a la hora de tocar una ley tan importante como esta que es la que va a regir el Ministerio Público Fiscal”.
El abogado Alberto Binder, quien es profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal de la UBA y presidente del ICECIP, le pidió a la oposición que “permita” terminar con la “situación irregular” de que “haya un procurador general de forma interina”.
El proyecto del oficialismo consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.
Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.
Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público. Precisamente sobre la conformación de ese Tribunal, el pasado 26 de abril Soria anunció los cambios.
Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
El Frente de Todos objeta la actuación al frente del Ministerio Público del actual procurador interino, Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
En la Cámara baja los números del oficialismo para sancionar la ley son ajustados, pero precisamente este jueves el presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón -aliado del FdT-, mantuvo una reunión con Soria para analizar la iniciativa.
El legislador mendocino señaló que existe una necesidad de resolver la “situación irregular” de la Procuración y destacó el trabajo del ministro de Justicia para lograr los consensos que permitan mejorar la media sanción.
En línea con su exposición, en el plenario realizado días atrás, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
“El kirchnerismo apura una ley perversa para controlar el MPF y garantizarse la impunidad”, advirtió el presidente del interbloque JxC, Mario Negri, que anunció que convocarán a audiencias públicas.
El diputado nacional Mario Negri, presidente del interbloque Juntos por el Cambio, alertó este viernes que el kirchnerismo está decidido a controlar el Ministerio Público Fiscal y “sembrar el miedo en todos los fiscales que deben investigar los delitos, especialmente los de corrupción”.
Un plenario de las Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales comenzó a tratar este viernes el proyecto que tiene media sanción del Senado y que reimpulsa el nuevo ministro de Justicia Martín Soria.
“El kirchnerismo apura una ley perversa para controlar el Ministerio Público Fiscal. Les permitirá designar un nuevo procurador con la mayoría peronista del Senado o nombrar un procurador interino con la mayoría que tienen en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Además, este proyecto peligrosísimo les permitirá poner a todos los fiscales a tiro de destitución, ya que modifican la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento, garantizándose la mayoría dentro del mismo”, alertó Negri.
“El objetivo del kirchnerismo con los cambios a la Ley del Ministerio Público Fiscal es sembrar miedo en quienes deben investigar los delitos y la corrupción. La Justicia está peligro”, recalcó.
“Van por todo. Hay que despertar jueces, fiscales, ciudadanos, no dejarse anestesiar, reaccionar y resistir. Juntos por el Cambio es minoría y el kirchnerismo puede imponer el número en Diputados. Frente a ello, la sociedad civil debe hacerse escuchar si queremos una Justicia independiente, sin ella no queda nada de República. Por ello impulsaremos audiencias públicas”, explicó el diputado radical.
Negri recordó, además, que “en un año, Cristina cajoneó el pliego de Rafecas en el Senado. No le interesa que avance. Prefieren esta ley para nombrar un procurador interino que le sea totalmente fiel. Es una ley para la impunidad”.
El diputado radical Gustavo Menna fue la voz de Juntos por el Cambio: “No vamos a convalidar esta reunión que es una farsa”. El plenario continuó sin la oposición.
Antes del inicio de las exposiciones de académicos convocados para exponer sobre las modificaciones a la ley del Ministerio Público Fiscal, el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna (Juntos por el Cambio), denunció que la reunión plenaria entre las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja “fue gestada entre gallos y medianoche” y la calificó como “una farsa”.
En el inicio del encuentro plenario realizado este viernes por Zoom, el radical Menna fustigó: “Esta reunión es una farsa para darle un barniz de legalidad al tratamiento de este proyecto de ley que busca lograr la impunidad judicial y avasallar el Ministerio Público Fiscal lo que es de una gravedad institucional inmensa”.
Y continuó: “La lista de expositores fue armada por ustedes -al oficialismo- y no dieron ninguna participación a la oposición sino que nos enteramos anoche de esta reunión que fue armada entre gallos y medianoche”.
“Esta reunión es una farsa para darle un barniz de legalidad”
“No vamos a participar de esta reunión escuchando a los académicos como si no pasara nada. El interbloque Juntos por el Cambio se va a retirar. No vas a convalidar esta farsa”, dijo antes de salir del Zoom junto a sus compañeros de bancada.
Así comenzó el plenario informativo, en el que no se iba a emitir dictamen, en el marco del debate sobre el proyecto que propone reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Minutos más tarde, desde el Frente de Todos llegó la respuesta: “De manera insólita Juntos por el Cambio se niega a debatir en el ámbito natural que el Congreso”.
En un comunicado, el FdT aclaró que “nada impedía al bloque opositor proponer expositores, algo que no hizo”.
“Desde la presidencia de la Comisión de Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade (FdT), se confirmó que no se recibió ninguna nota proponiendo expositores por parte de Juntos por el Cambio”.
En esa línea, aseveró: “Lamentamos que una ley tan importante no cuente con la participación en el debate de la oposición; con la excusa de discrecionalidades y cuestiones administrativas que no son ciertas se niegan a dar una discusión e insisten con su posición de no debatir proyecto en el ámbito correspondiente”.
También se remarcó que no toda la oposición se retiró, ya que en la reunión se encuentran presentes los diputados José Luis Ramón y Graciela Camaño.
Se trata de la iniciativa que fue aprobada por el Senado el año pasado, y sobre la cual días atrás el ministro de Justicia, Martín Soria, anunció una serie de modificaciones con el objetivo de destrabar la discusión en la Cámara baja y reunir consensos. La principal oposición que es Juntos por el Cambio rechaza de plano la propuesta.
Más tarde la principal oposición difundió un comunicado en el que justificaron su ausencia en la reunión de la comisión: “Sin consulta con la oposición y con expositores invitados a favor del proyecto del Gobierno, el oficialismo montó un show para vestir de legalidad el intento más burdo de garantizar la impunidad de exfuncionarios kirchneristas”.
En un comunicado titulado “Avanza el plan de impunidad del kirchnerismo en Diputados”, precisaron que “los vicepresidentes de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, ambos de Juntos por el Cambio, no fueron consultados y así la oposición quedó excluida del armado de la agenda de trabajo del plenario de esta tarde. De ese modo, sólo fueron convocados a exponer personalidades que están a favor del proyecto del Gobierno”.
La reunión -de carácter informativo- tiene previsto la participación de Alberto Binder, abogado, doctor en derecho, profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal de la UBA y presidente del ICECIP; Mariela Labozzetta, abogada y fiscal de la UFEM; Daniel Erbetta, integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe; y José Fabián Asís, juez de la Cámara Tribunal Oral N°2 de Córdoba.
El proyecto del oficialismo consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.
Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.
Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público. Precisamente sobre la conformación de ese Tribunal, el pasado 26 de abril Soria anunció los cambios.
Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
El Frente de Todos objeta la actuación al frente del Ministerio Público del actual procurador interino, Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
En la Cámara baja los números del oficialismo para sancionar la ley son ajustados, pero precisamente este jueves el presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón -aliado del FdT-, mantuvo una reunión con Soria para analizar la iniciativa.
El legislador mendocino señaló que existe una necesidad de resolver la “situación irregular” de la Procuración y destacó el trabajo del ministro de Justicia para lograr los consensos que permitan mejorar la media sanción.
En línea con su exposición, en el plenario realizado días atrás, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales se reunirá este viernes desde las 16. Habrá oradores invitados.
Un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados retomará este viernes, a partir de las 14, el debate sobre el proyecto que propone reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Se trata de la iniciativa que fue aprobada por el Senado el año pasado, y sobre la cual días atrás el ministro de Justicia, Martín Soria, anunció una serie de modificaciones con el objetivo de destrabar la discusión en la Cámara baja y reunir consensos. La principal oposición que es Juntos por el Cambio rechaza de plano la propuesta.
La reunión -de carácter informativo- contará con la participación de Alberto Binder, abogado, doctor en derecho, profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal de la UBA y presidente del ICECIP; Mariela Labozzetta, abogada y fiscal de la UFEM; Daniel Erbetta, integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe; y José Fabián Asís, juez de la Cámara Tribunal Oral N°2 de Córdoba.
El proyecto del oficialismo consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.
Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.
Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público. Precisamente sobre la conformación de ese Tribunal, el pasado 26 de abril Soria anunció los cambios.
Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
El Frente de Todos objeta la actuación al frente del Ministerio Público del actual procurador interino, Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
En la Cámara baja los números del oficialismo para sancionar la ley son ajustados, pero precisamente este jueves el presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón -aliado del FdT-, mantuvo una reunión con Soria para analizar la iniciativa.
El legislador mendocino señaló que existe una necesidad de resolver la “situación irregular” de la Procuración y destacó el trabajo del ministro de Justicia para lograr los consensos que permitan mejorar la media sanción.
En línea con su exposición, en el plenario realizado días atrás, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
En el encuentro -que motivó una denuncia por parte de Bullrich y Arietto-, las fiscalas le propusieron al ministro una serie de reformas con perspectiva de género en el Ministerio Público.
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público evaluó este jueves la reacción del procurador general interino Eduardo Casal ante la reciente reunión entre un grupo de fiscalas y el ministro de Justicia, Martín Soria, que derivó en una denuncia por parte de la titular del Pro, Patricia Bullrich, y la abogada Florencia Arietto.
En esa reunión, las fiscalas propusieron a Soria una serie de reformas con perspectiva de género a la nueva ley del Ministerio Público, que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados. Bullrich y Arietto presentaron una denuncia a raíz de ese encuentro, y luego Casal retó a las fiscalas, según reveló una de ellas, Gabriela Baigún.
“Se aprovechó de esta denuncia para darnos un tirón de orejas y para decirnos ‘no pueden ir a ver más a ninguna autoridad si no pasan primero por mi oficina para pedirme permiso’”, comentó Baigún en declaraciones radiales.
Además, aclaró que “se han visto reuniones de fiscales con ministros de Seguridad, con presidentes” y hasta con “la propia Bullrich en su gestión tuvo reuniones con fiscales”. “El procurador Casal nos prohíbe derechos básicos como el derecho a expresión a reunirse con las autoridades”, lamentó Baigún.
El tema llegó a la bicameral a través de notas presentadas por la diputada Mara Brawer, la senadora María de los Ángeles Sacnun y el diputado Ricardo Daives, los tres del Frente de Todos.
Durante el debate, el diputado Rodolfo Tailhade consideró que “es muy evidente la gravedad de la situación, la doble vara con la que el procurador mide a mujeres y varones”, y aclaró que las fiscalas “no fueron a hablar de la reforma, sino de las políticas de género”.
Tailhade comparó la “reunión furtiva, clandestina” que mantuvieron el fiscal Raúl Pleé y el expresidente Macri con “una reunión pública de fiscalas con el ministro de Justicia, que se hizo a la vista de todos y cuyo temario todos conocemos y tiene que ver con las políticas de género, y no si tenían que jubilarse o no”.
El legislador recordó que el fiscal Carlos Rívolo también se reunió recientemente con el ministro Soria y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y si bien reconoció que Rívolo acudió en calidad de presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN), “no pasó absolutamente nada”. “¿Qué tiene, coronita?”, se preguntó.
En el mismo sentido, Sacnun coincidió en que “esta doble vara con la que ejerce su poder disciplinario el procurador interino no es la primera vez que se denota, aunque en este caso es mucho más sensible porque está atacando a las fiscalas mujeres”.
La senadora denunció que las fiscalas “están sufriendo acoso laboral y discriminación de género”, y pidió evaluar si hay incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Casal.
Por su parte, Brawer agregó que “la situación que está viviendo el Ministerio Público Fiscal es de una gravedad histórica que no vemos desde la recuperación de la democracia. Lo que ha pasado con las fiscalas es de una tremenda gravedad, una misoginia y una discriminación hacia las mujeres”.
Desde Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez salió al cruce de las críticas y enfatizó que “el procurador ha rechazado in limine la denuncia, con toda la razón del mundo”.
Además, informó Elías de Pérez, Casal “ha recomendado que en el futuro sigan las vías administrativas porque en el Ministerio Público Fiscal existe una secretaría que se dedica específicamente a los temas de género”, encabezada por la doctora María Luisa Piqué, a quien “no deberían haber dejado de lado”.
“Si hablamos de género, hablemos de género en serio”, reclamó la senadora, al poner como ejemplo que se perdió la oportunidad de designar por primera vez a una mujer en la Cámara Nacional Electoral, Alejandra Lázzaro.
Finalmente, habló de un “hostigamiento liso y llano al procurador general”, porque “es muy claro que ha desestimado la denuncia que le habían presentado, y luego hizo una nueva nota diciendo con claridad que lo que hizo estuvo lejos de ser un llamado de atención”.
El diputado del Pro Jorge Enriquez -quien intervino a pesar de no integrar la comisión- puntualizó: “Una cosa es cuando invitan (a fiscales) para que hablen de su especialidad, como los hemos invitado muchas veces a las comisiones, y otra muy distinta es que los funcionarios pidan una audiencia con el Ministerio de Justicia para proponer reformas legislativas que no pusieron a consideración del procurador general”.
En la comisión bicameral, el Frente de Todos adelantó que insistirá ante el procurador Casal sobre la situación supuestamente irregular de la doctora, que se desempeña en la Fiscalía Federal de la Ciudad.
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público volvió a abordar este jueves la situación de la doctora Adriana Donato, expresidenta del Consejo de la Magistratura, quien es actualmente vocal del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, pero además se desempeña en el cuerpo de asesores de la Fiscalía Federal de la Ciudad, algo que el oficialismo entiende como una incompatibilidad.
En el encuentro pasado, a instancias del Frente de Todos, se habían cursado notas reclamando explicaciones. Una de ellas fue enviada al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, desde donde respondieron que “desconocen cualquier relación” de Donato con la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires.
Tras la lectura de la nota, el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade tildó de “insuficiente” la contestación. “Por ahí puede no constarle a las autoridades de esa institución que la doctora Donato esté en relación de dependencia con la Fiscalía General de la Ciudad y dependa directamente del fiscal (Juan Bautista) Mahiques, podrían haberlo tranquilamente chequeado”, expresó.
“Yo creo que la comisión debería remitirle al Colegio todos los antecedentes que tenemos, básicamente la respuesta y la información que nos suministró el propio Mahiques en relación a la situación de la doctora Donato, su contratación, etcétera”, continuó el legislador del oficialismo.
Además, señaló que “esa alusión a que no está previsto que el Colegio pueda remover a sus representantes es un poco pobre desde el punto de vista de los argumentos jurídicos”.
Tailhade concluyó que “en definitiva, el Colegio tiene que abocarse al análisis de la situación. ¿Es compatible la situación de la doctora Donato con el ejercicio profesional? Y, en ese caso, si no lo es, me parece que es de plena lógica que tenga que ser removida del cargo”.
Desde la oposición, el diputado Emiliano Yacobitti (UCR) aseguró que “para la Procuración no es incompatible el cargo que tiene”. “No vamos a ser nosotros los que decidamos” sobre el destino de Donato, dijo, sino que “el Colegio de Abogados la reemplazará si hay que reemplazarla”. Por eso, pidió “no insistir con funciones que la bicameral no tiene”.
En el mismo sentido, la senadora radical Silvia Elías de Pérez remarcó que “no es competencia de la bicameral” esta cuestión y criticó: “¿Qué es lo que queremos, insistir hasta que nos digan lo que queremos que nos digan?”. “Tenemos que tener cuidado de no extralimitarnos”, dijo.
Aunque no forma parte de la comisión, el diputado porteño Jorge Enríquez (Pro) participó de la discusión y enfatizó que a la doctora Donato “no la pueden remover, no es el ámbito, ella es representante de los abogados y no del Senado”. “Me parece ocioso volver a pedirle al procurador algo sobre lo cual ya se expidió”, agregó.
Pero desde el Frente de Todos, la diputada Vanesa Siley insistió que “está pendiente de respuesta el tema de la incompatibilidad sobreviniente de la doctora”. “El procurador no se pronunció; dijo que al momento de tomarle juramento cumplía con los requisitos legales”, explicó, y resaltó que eso puede ser “correcto”, pero sin embargo “dejó de cumplirlos luego”.
La legisladora oficialista subrayó, además, que la bicameral “tiene facultades para requerir información”, de acuerdo al artículo cinco del reglamento de la comisión. “Tenemos facultades legales para hacerlo”, reiteró.
Finalmente, el presidente de la bicameral, el senador Martín Doñate (FdT), apuntó “lo simple que es esto de resolver”, y aclaró que “ni siquiera tiene que ver con la persona de la doctora Donato; hay que conseguir los elementos para confirmar que, a nuestro criterio, hay incompatibilidad”.
“El procurador debe informarnos si eso sucedió”, aseveró y puntualizó que en ese caso, se trata de “cambiar al integrante o que asuma el suplente” por el Colegio de Abogados. “No es que el Colegio se va a ver afectado en su representatividad en el Tribunal”, continuó.
El rionegrino negó que exista, por este tema, un “ataque al procurador”, sino que le reclaman “que se aclare la situación rápidamente”. “En la próxima reunión esperamos tener la respuesta del doctor Casal, vamos a insistir”, anunció, y al finalizar adelantó que también cursarán otra nota al Colegio para que envíe una nueva respuesta “de lo que puntualmente se le consultó”.
A través de una nota que fue analizada por la comisión, el fiscal de Casación reveló al procurador Casal que en aquel encuentro en la quinta de Olivos el entonces presidente le pidió que continuara en el cargo “un tiempo más” y que no se jubile.
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público evaluará en la próxima reunión la actuación del fiscal federal ante la Cámara de Casación Penal, Raúl Pleé, por la reunión que mantuvo en marzo de 2018 con el entonces presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos.
La decisión fue tomada por el presidente de la bicameral, el senador oficialista Martín Doñate, quien propuso analizar la “cuestionable conducta” de Pleé y la falta de reacción por parte del procurador general interino, Eduardo Casal.
“Es vergonzoso que el procurador no haya tomado una decisión firme respecto de la actuación de Pleé con lo que se ha descubierto a través de los medios de comunicación”, alertó Doñate.
En la reunión virtual de este jueves, la comisión analizó una nota enviada por Pleé a Casal, donde dio explicaciones sobre la reunión realizada a fines de marzo de 2018, sobre la cual -advirtió- “se tejieron una serie de especulaciones erróneas y tendenciosas”.
Pleé indicó en la nota que en ese momento “todavía no se conocía quién iba a ser propuesto como procurador general de la Nación” tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
Según el fiscal, “era de público conocimiento” que por su rango y antigüedad -entonces de 46 años- él “podía ser un candidato a cubrir esa vacante”. “Mi aceptación a concurrir a Olivos obedecía, en ese momento, a una natural expectativa”, dijo.
En el encuentro, Macri le comunicó que propondría a otra candidata, Inés Weinberg de Roca, pero le pidió a Pleé que a pesar de no haber sido elegido, “permaneciera en el cargo un tiempo más sin acogerse a los beneficios jubilatorios”.
La diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) desaprobó la explicación. “El presidente de la Nación le dice al fiscal federal de Casación, que interviene en causas de extrema sensibilidad de todo tipo, ‘usted no se jubile, continúe en su cargo’. Y el fiscal no se jubila, continúa en su cargo…”, cuestionó, y consideró que se trata de “un botón de muestra de lo que significa intervenir en el Ministerio Público”.
A su vez, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun se preguntó “por qué el presidente debería explicarle a Pleé por qué motivo, en lugar de proponerlo a él, propuso a otra persona”. Además, advirtió que el fiscal omitió “deliberadamente” mencionar que en esa reunión también estuvo presente el entonces director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.
“Estoy convencida de que Pleé fue a esa reunión recibir instrucciones: el 26 de abril de 2018, pocos días después, pidió la detención de dos empresarios de medios, Cristóbal López y Fabián De Souza, y la Sala I de la Cámara de Casación ordenó la detención de esos empresarios”, recordó Sacnun, y agregó que además el fiscal “benefició a Macri y a Arribas en la causa por espionaje ilegal”.
El diputado Rodolfo Tailhade, por su parte, advirtió que “la presencia de Pleé en la quinta de Olivos -ni siquiera en Casa de Gobierno- da cuenta de una relación absolutamente promiscua entre Pleé y Macri, que no apareció en ese momento (en los medios). Hay que recordar que Pleé era un ferviente defensor de las barrabravas de Boca mientras Macri era presidente de ese club”.
“Más allá de que resulta difícil creerle a Pleé, debería haber tomado los recaudos para que esa reunión se llevara a cabo dentro de los canales institucionales: Casa de Gobierno, audiencia pública… porque estaba tratando temas de incumbencia del Poder Ejecutivo de ese momento, con intereses en causas muy importantes que tenía y tiene”, cuestionó el legislador del Frente de Todos.
Graciela Ocaña, del Pro, aclaró que “cuando Pleé, como otros fiscales, presentaron el pedido para su jubilación, no tuvo que ver con el cambio de gobierno sino con el proyecto que el Ejecutivo envió para reformar las jubilaciones de jueces y personal diplomático, porque había una cierta idea de que se iban a cambiar las reglas”.
Ocaña también señaló que en ese momento “un grupo de senadores peronistas proponían a Pleé para conducir el Ministerio Público”. “Eso por ahí generó una reunión posterior y el presidente finalmente optó por otra persona. A mi no me llama la atención, estas cosas suelen suceder”, confesó.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo lo planteó ante el ministro de Justicia, Martín Soria.
Durante la exposición del ministro de Justicia, Martín Soria, ante diputados de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, el mendocino José Luis Ramón planteó su idea de que fiscales y jueces sean elegidos por el pueblo.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, uno de los dos opositores que participó este lunes de la reunión virtual en la que se presentó el funcionario -el otro fue el misionero Diego Sartori-, arrancó: “Es un gustazo que esté de visita en nuestra casa, en su casa hasta hace tan pocos días, y me da cosa esto de tratarlo de usted, pero bueno es ministro de la Nación”.
El legislador aclaró que respecto a la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, “tenemos algunas diferencias”, pero señaló que “más allá de las especulaciones mediáticas y de algunos diarios que son afín a nuestros colegas de Juntos por el Cambio”, el proyecto “tiene dos sentidos que a nosotros nos interesan: intentar la mayor transparencia del Ministerio Público y una mayor rendición de cuentas”.
A continuación, Ramón consideró que es necesario incorporar “mayores controles, que haya mayor información a la sociedad”, al tiempo de una “mayor participación popular”. “Debemos avanzar hacia un sistema de elección popular de los fiscales”, propuso.
Para el diputado, “la verdadera justicia que va a lograr transparentar el verdadero rol que tiene que tener” es la que tenga a “fiscales elegidos por el pueblo” y “jueces elegidos con mandato popular”.
Por otra parte, al momento de realizar las consultas sobre la iniciativa, el mendocino mencionó que se crean fiscalías sobre seguridad social y violencia de género, “sin embargo no se incluyó una procuraduría especializada en derechos del consumo”. “Es uno de los temas centrales en la economía de nuestra Nación y que esta pandemia lo ha demostrado fuertemente”, resaltó.
Punto por punto, las modificaciones que propuso el ministro de Justicia de la Nación.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se presentó este lunes ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para arrancar con el debate de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
En la reunión, durante la que Juntos por el Cambio estuvo ausente, Soria habló sobre modificaciones al proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.
“El diseño fue generando algunas dificultades en cuanto a su conformación, en cuanto al funcionamiento”, enunció el ministro. El primer cambio que expuso fue respecto de la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento. De acuerdo a los cambios, estaría integrado por un representante del Poder Ejecutivo de la Nación; dos representantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, uno por la mayoría y uno por la minoría; un representante del Consejo Universitario Nacional; un abogado según la competencia y dos fiscales elegidos por sorteo entre todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal, de los cuales uno tiene que ser mujer.
El rionegrino aseguró que “las ventajas de esta composición son varias”. “Por un lado, es más federal”, argumentó, y “por otro lado, mejora la composición de género”.
En cuanto al funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento, los cambios se relacionan con las mayorías. “Nuestra propuesta es mantener el quórum en la mayoría de sus miembros, cuatro integrantes, y modificar las mayorías para las tomas de decisiones, obviamente”, prosiguió.
“Para dictar un apercibimiento o dictar una multa a un fiscal se debería mantener la exigencia de la mayoría absoluta de sus miembros, mientras que para remover a un fiscal entendemos que se va a requerir el voto de una mayoría agravada, las dos terceras partes de los miembros de ese tribunal”, propuso Soria.
El titular de la cartera de Justicia agregó que “en cuanto al Tribunal de Enjuiciamiento lo que proponemos es que la presidencia se designe por sorteo y que vaya rotando cada seis meses para generar esa alternancia en el cargo, y que no se dé lo que muchas veces vemos en este tipo de organismos, esas actitudes corporativas que traban el normal funcionamiento de un tribunal que está llamado a ser un tribunal de disciplina del organismo”.
“Por otro lado proponemos también una mejoría en el jurado de los concursos, en particular respecto a su composición. Nuestra sugerencia es volver a la redacción vigente de la conformación de los jurados, pero sumando la selección mediante el sorteo público, que eso no está hoy. Esta composición va a permitir tener un jurado de número impar”, explicó.
En cuanto a la designación del procurador interino, propuso que el límite de ese interinato máximo e improrrogable de ese cargo sea de seis meses. “El interino tiene que ser exactamente eso, un interino. Alguien provisorio”, afirmó, durante la exposición en la que criticó enérgicamente a Eduardo Casal. “Hay que ponerle también un plazo de duración a ese interinato”, concluyó.
Además, habló de reducir la exigencia de la antigüedad del fiscal general, que actualmente es de diez años. La idea es que sea de no más de cinco años.
El interino sería designado, según estas modificaciones, por el Poder Ejecutivo Nacional en base a una propuesta en terna que elabore la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control, es decir, será el Congreso el que proponga los nombres.
El diputado cuestionó con dureza los dichos del ministro de Justicia durante la reunión en la que se analizó el proyecto sobre la reforma del Ministerio Público y advirtió que buscan “tomar por asalto” a ese organismo “para sumarlo al plan de impunidad”.
A pesar de que Juntos por el Cambio no participó del plenario en el que se arrancó con el debate del proyecto sobre la reforma del Ministerio Público, el diputado Luis Petri (UCR) cuestionó con dureza los dichos del ministro de Justicia, Martín Soria, al respecto de la medida y alertó que para el funcionario “no hay un Estado de Derecho en el país”.
En ese sentido, el mendocino lanzó a través de las redes sociales: ” ‘Una ley fundamental para el restablecimiento del Estado de Derecho’, dice el ministro de Justicia. Es importante saber que para el Ministro no hay un Estado de Derecho en el país”.
Luego, recordó otra de las frases más relevantes de la exposición del funcionario, al señalar que “ ‘la Justicia está deslegitimada’, dice Soria. Algo tendrá que ver que todos los jueces, desde el ‘83 hasta el presente, han tenido acuerdo del Senado con mayoría peronista”.
“Martín Soria en la Comisión dice que el proyecto no tiene que tener nombres propios…. pero apenas asumió decía esto: ‘Casal es insostenible’”, continuó Petri en su contundente descargo, y advirtió que “el proyecto no viene a mejorar el funcionamiento de justicia, viene a tomar por asalto al Ministerio Público para sumarlo al plan de impunidad”.
En cuanto a la decisión de la oposición de no participar de la reunión, el legislador volvió a ratificar su postura de que “no podemos apoyar el proyecto de sometimiento y colonización del Ministerio Público Fiscal”.
El ministro de Justicia pidió “destrabar” la iniciativa y cargó contra el macrismo por “rechazar el proyecto sin escuchar las modificaciones”. Asimismo aseguró que urge tener “una justicia que funcione, que recupere su independencia y su imparcialidad”.
El ministro de Justicia, Martín Soria, se presentó este lunes ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para tratar la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (27.148) y sus cambios con respecto al procurador general de la Nación.
En su “debut” en el Congreso en este nuevo rol, el funcionario comenzó expresando sus condolencias por el fallecimiento del ministro de Transporte, Mario Meoni, cuyo deceso se produjo en un accidente automovilístico mientras iba a visitar a su familia en Junín. A sus condolencias también se sumó el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, y el resto de los legisladores presentes en la reunión virtual.
Sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, Soria la definió como “una ley que es fundamental para el restablecimiento del Estado de derecho que tanto daño ha sufrido en los últimos años”, y recordó que “desde un primer momento, en la campaña electoral de 2019 Alberto Fernández incluyó entre sus promesas contribuir a recuperar una justicia que funcione, que recupere su independencia, su imparcialidad… una justicia en definitiva que logre solucionarles las demandas en tiempo y forma a todos los argentinos”.
“Es una ley que es fundamental para el restablecimiento del Estado de derecho que tanto daño ha sufrido en los últimos años”, aseguró Soria
Al mismo tiempo que señaló que debido a esto “se han enviado una serie de proyectos para ser tratados por el Congreso de la Nación. Proyectos que permitan una vez sancionados que la justicia Argentina salga de la crisis de legitimidad en la que lamentablemente hoy se encuentra y que pueda recuperar el prestigio que estaba llamada a tener”, y precisó que el proyecto en cuestión ya tiene media sanción por parte del Senado.
“El proyecto legislativo es una iniciativa que surge del Senado de la Nación, fue recolectando aspectos e ideas de varios proyectos que fueron presentando los bloques oficialistas y opositores a lo largo de los años, más concretamente es el resultado de más de cuatro proyectos que le dan origen a esta media sanción que nos llega. Por un lado, dos proyectos de la senadora (Lucila) Crexell, uno del senador (Alberto) Weretilneck y otro del senador (Martín) Lousteau, así como las propuestas y las recomendaciones del consejo consultivo de expertos que creó al inicio de la gestión nuestro propio Gobierno”, aseveró.
Sobre esa misma línea, el titular de la cartera de Justicia consideró que todos los presentes en el encuentro virtual comparten “el anhelo de rescatar al Ministerio Público Fiscal de la profunda crisis de legitimidad en la que hoy se encuentra. Crisis de legitimidad que, como vengo diciendo desde el mismo día que asumí como ministro de Justicia de la Nación, se genera entre otras cosas, por cuestiones no menores por cierto, una muy singular particularidad que es el interino”, en alusión a Eduardo Casal. “Es el interinato del procurador general de la Nación más largo de la historia de la que se tenga registro”, cargó.
Además, apuntó que “esa vacancia en el cargo del procurador general, que derivó en ese interinato y que ya se prolonga por más de tres años, sin dudas generó una verdadera parálisis institucional de la Procuración General de la Nación y una falta de conducción que terminó repercutiendo sobre todo el resto del organismo, sobre todo el Ministerio Público Fiscal y sobre todo el sistema de justicia”.
“Resulta inaceptable que se mantenga esa rémora monárquica que es un cargo vitalicio, tan ajeno a toda lógica republicana”, fundamentó, y observó que se necesita “una alternancia en el cargo del jefe de los fiscales”, que es quien está a cargo de la política de persecución penal.
Entonces, Soria volvió a defender que “este proyecto de ley de reforma que estamos analizando, que estamos debatiendo, no tiene que tener nombres propios”, e insistió en que “no debe tenerlos, porque no se trata solamente de resolver un interinato, una vacancia, no se trata de resolver una situación actual dentro del Ministerio Público Fiscal o dentro del Ministerio Público de la Defensa, no se trata de hacer simples ‘parches’ por decirlo de alguna manera y volver a caer en una crisis de legitimidad o volver a caer en una nueva parálisis institucional dentro de algunos años más adelante”.
“Este proyecto de ley de reforma que estamos analizando, que estamos debatiendo, no tiene que tener nombres propios”, argumentó el ministro de Justicia.
“Queremos y debemos sentar las bases de una institucionalidad sólida y perdurable, ese debe ser el objetivo que tenemos que perseguir con esta ley de reforma de los ministerios Público de la Defensa y el ministerio Público Fiscal”, destacó.
Y prosiguió: “El problema es que pese al diagnóstico común, pese al diagnóstico compartido, nunca se logró encontrar el consenso acerca de las soluciones. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo puede ser que todos estemos de acuerdo en que la situación institucional de la Procuración General es verdaderamente una anomalía, y que todos estemos de acuerdo en algunos puntos centrales de la Ley Orgánica, y que no podamos llegar a un consenso para modificarla?”.
En su exposición, el rionegrino aprovechó para cuestionar con dureza la posición de Juntos por el Cambio, que decidió no formar parte del plenario de comisiones. “Tal vez la solución era simplemente dialogar. Por eso es que llama la atención, yo lo lamento, lo tengo que decir, que los mismos que querían modificar esta ley que hoy estamos analizando, los mismos que querían modificar esta ley allá en el Gobierno anterior, en los años 2016 y 2017, hoy no quieran participar de esta reunión”, lanzó.
Asimismo, cuestionó que “sin siquiera conocer todos los cambios, las propuestas que hemos estado recogiendo en estas últimas semanas adelanten su rechazo, su oposición por la oposición misma, como siempre. Me tocó verlo ahí desde donde están ustedes ahora en el Congreso, hoy volvemos a verlo pero ya desde otro rol, lamentablemente”.
“La falta de un procurador legitimado por la elección del presidente con el acuerdo del Senado dejó al Ministerio Público Fiscal de la Nación virtualmente acéfalo. Esta condición no puede prolongarse más tiempo”, alertó.
“No se puede tener un procurador interino que les guste o no les guste, nadie eligió y no tuvo el acuerdo del Senado, no tuvo el aval de la participación popular, de la gente, de esa casa del pueblo que es el Senado de la Nación”, advirtió Soria sobre el cargo de Casal.
En lo que respecta a la posibilidad de establecer cuál es la mayoría que se requiere para la aprobación de la designación del jefe de los fiscales, Soria aseguró que “en esto fueron coincidentes los dos presidentes de las asociaciones de fiscales y de magistrados con los que tuve oportunidad de reunirme, tanto el doctor Carlos Rívolo como el doctor Marcelo Gallo Tagle”.
Sobre este último, reveló que “decía al finalizar la reunión que la temporalidad y las mayorías necesarias para designar al procurador son decisiones de la política, que debe resolver el Congreso de la Nación. El fiscal Carlos Rívolo, presidente de la otra asociación, la AFFUN, por su parte decía al término de ese encuentro que es una decisión que debe tomar la política, la mayoría y el plazo de mandato para el procurador general de la Nación. Casi las mismas palabras fíjense”.
“En la mayoría del continente hay una tendencia muy clara, cuando el mandato es largo, se agrava esa mayoría para su designación. Ahora, cuando el mandato del procurador general es más corto, como en Brasil, como en Paraguay, ahí la mayoría para la designación, para prestar el acuerdo, ya no es una mayoría agravada de los dos tercios y se baja esa mayoría a una mayoría absoluta, es decir a la mitad más uno de los miembros presentes”, sentenció.
De qué se trata el proyecto de reforma
El “corazón” del proyecto consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.
Entre otras cuestiones, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso. Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.
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Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
El diputado opositor repudió las modificaciones de la Ley de Ministerio Público a horas del plenario al que asistirá Martín Soria.
En la previa de la visita del ministro de Justicia Martín Soria al plenario que busca reformar el Ministerio Público Fiscal, el diputado nacional Luis Petri (UCR-Mendoza) aprovechó su cuenta de Twitter para mostrar su rechazo a la medida. “El proyecto de ley de Ministerio Público elimina la Procuradoría de Extinción de Dominio en favor del Estado para casos de corrupción. Se escribe reforma pero se lee impunidad“, manifestó.
Además, el legislador mendocino denunció la organización de la reunión: “Nos reclaman que las preguntas las hagamos por anticipado“. Petri consideró que la reforma busca “llevarse puesto a Casal y someter a los fiscales”.
Para el radical, la Ley del Ministerio Público es “la piedra angular del plan de impunidad de Cristina Fernández de Kirchner” porque con ella “toma el control del Procurador y de todos y cada uno de los fiscales y toma ingerencia violando la Constitución una bicameral que nada tiene que hacer a la hora de por ejemplo nombrar un Procurador Subrogante, porque el Ministerio Público es independiente y lo que están haciendo acá es meter a la bicameral” para que haga una “casa de brujas en donde hay mayoría de el Frente de Todos”.
“Automáticamente bajan las mayorías para nombrar al Procurador, entonces ya no son los dos tercios sino que ya con una simple mayoría nombran al Procurador e inmediatamente toman el control“. “Por eso rechazamos enfáticamente la reforma de la Ley de Ministerio Público”, concluyó el diputado mendocino.
En este marco, ni Petri ni los demás diputados de la principal oposición asistirán al plenario, como anunció este domingo el interbloque de Juntos por el Cambio.
La principal oposición anunció este domingo por la noche su ausencia en la reunión en la que el ministro de Justicia defenderá la reforma del Ministerio Público Fiscal. “No seremos cómplices de la destrucción de la República”, afirmó.
El interbloque Juntos por el Cambio anunció este domingo que no asistirá al plenario de comisiones al que asistirá el ministro de Justicia, Martín Soria, porque no será “funcional a una agenda absolutamente ajena a las preocupaciones de millones de argentinos”. El encuentro informativo ha sido convocado para que el titular de la cartera de Justicia hable del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que cuenta con media sanción del Senado. Para JxC, avanzar con eso “implica afectar la independencia de todos los fiscales del país y someterlos al control político del kirchnerismo”.
“En el momento más duro de la pandemia la prioridad del oficialismo es garantizar la impunidad de sus ex funcionarios”, expresaron los integrantes del interbloque JxC a través de un comunicado conocido en la noche de este domingo. Allí son enfáticos: “No asistiremos al plenario de comisiones porque quieren quebrar la independencia de todos los fiscales de la Nación”.
Juntos por el Cambio “no está dispuesto a que mientras la sociedad está preocupada por la escasez de vacunas y el avance de los contagios, una economía en crisis, con una inflación en marzo de 4,8%, un millón y medio de puestos de trabajo menos y el 42% de los argentinos en la pobreza, la Cámara de Diputados de la Nación se convierta en el lugar en donde el Frente de Todos pretenda consagrar la impunidad del pasado reformando la ley que regula la estructura del Ministerio Público, y atacando la independencia de todos los fiscales de la Nación”, advirtieron. Agregaron que “afectar la independencia del Ministerio Público Fiscal significa debilitar el sistema republicano de gobierno. El objetivo de la reforma es terminar con la independencia de todos los fiscales y desplazar al procurador Eduardo Casal, quien ocupa el cargo en nombre de la ley y lo ejerce con independencia”.
Asimismo rechazaron rotundamente los términos de “la convocatoria del diputado Rodolfo Tailhade, que pretende que los diputados y diputadas nacionales adelantemos las preguntas y no podamos formularlas luego de la intervención del ministro. Esto violenta nuestros fueros al pretender silenciar las voces opositoras y armar una escena a medida que desvirtúa, además, la esencia misma del Parlamento. No es el momento, no es el modo, no es el contenido”, expresaron desde la principal oposición.
El comunicado emitido por el interbloque que conduce Mario Negri concluye diciendo que “si al Gobierno le interesa garantizar la impunidad y consagrar esta ley inconstitucional no será con nuestro aval. No seremos cómplices de la destrucción de la República”.
Legisladores radicales advierten que el ministro de Justicia intentará avanzar con “el plan de impunidad” a través de la reforma del Ministerio Publico Fiscal.
Ante la convocatoria a una reunión de comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de Diputados este lunes, con la presencia del ministro de Justicia, Martín Soria, para avanzar con el tratamiento de la reforma del Ministerio Público Fiscal, diputados de la UCR cuestionaron el intento del oficialismo de avanzar con su plan de impunidad, demostrando cuáles son las prioridades del Gobierno en medio de segunda ola del coronavirus.
El titular del bloque, Mario Negri, señaló que “el ministro Martín Soria quiere que la Cámara baja apruebe los cambios a la ley del Ministerio Público Fiscal, que permite designar al procurador general solamente con la mayoría peronista en el Senado y modifica el Jury, con el objetivo de poner a tiro a los fiscales que no militan en el kirchnerismo. Es claro que están obsesionados con la impunidad”.
Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que “sorprende que en un momento tan grave, con la pandemia en una situación tan crítica y desbordada, el gobierno insista con tratar leyes que no tienen nada que ver con las preocupaciones centrales de los argentinos, que pasan por la pandemia, la salud y la inflación descontrolada que tenemos, por el aumento de la pobreza y la situación del empleo; y que por el contrario venga a pretender poner en tratamiento la reforma del Ministerio Público Fiscal, con el agravante que es una ley que desconoce la autonomía del Ministerio Público, que intenta controlarlo y morigerar las mayorías para la designación del procurador general. Es un proyecto que claramente va contra la Constitución Nacional”.
Por su parte, Luis Petri, integrante de la Comisión de Justicia, agregó que “la reforma del Ministerio Público Fiscal es la piedra angular para avanzar hacia la impunidad de los corruptos. Si hay Ley de Ministerio Publico Fiscal, hay impunidad. Toda justificación para su aprobación es cotillón y maquillaje. El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal otorga a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control la facultad de elegir un Procurador General interino. Es decir, si se aprueba, van a desplazar a Eduardo Casal y designar un procurador servil al plan de impunidad”.
El diputado Juan Martín, integrante de la Comisión de Justicia, afirmó “es alarmante e inaudito que la agenda del oficialismo en esos momentos de angustia y dificultades por el avance de la segunda ola de coronavirus, se centre en intervenir la justicia, y en consolidar un modelo de impunidad, impidiendo que avancen causas por corrupción. Pero el oficialismo avanza con su plan de impunidad, en un programa de intervención del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público Fiscal para soslayar la independencia que consagró la Constitución de 1994. Buscan que las causas de corrupción no avancen, y que no solamente se pueda designar al jefe de los fiscales por una mayoría simple, sin el consenso que establece la legislación actual, sino que además cualquier fiscal que pretenda intervenir en una causa que sea inconveniente al gobierno, pueda ser removido sin más trámite.
Por su parte, Karina Banfi, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que “el interés del kirchnerismo por controlar el Ministerio Público Fiscal comenzó en el gobierno de Cristina Kirchner y se vio interrumpido cuando llegó el gobierno de Cambiemos. Ahora necesitan insistir para tener el control de la persecución penal y dominar las causas de corrupción. La venida del ministro Soria al Congreso para tratar esta reforma muestra las prioridades del gobierno y su desesperación”.
Por otra parte, Menna también señaló que “de ninguna manera vamos a aceptar que se limite el uso de la palabra. Se ha cursado la invitación estableciendo que las preguntas al ministro deben ser formuladas por correo electrónico y hasta las 10 de la mañana del lunes, lo cual es absurdo, porque lógicamente las preguntas que tendremos que hacer surgirán luego de que el ministro exponga. Vamos a concurrir a la reunión y de ninguna manera vamos a permitir que se nos limite en el uso de la palabra y nuestra atribución constitucional de pedir toda la información a los ministros que comparecen en una comisión”.
El ministro de Justicia tiene como objetivo reactivar el proyecto que cuenta con media sanción del Senado y es uno de los que están trabados en la Cámara baja. Por eso participará este lunes de un plenario al que no asistirá la oposición.
El ministro de Justicia, Martín Soria, tardó un tiempo en asumir como tal. Desde que su nombre comenzó a sonar para suceder a Marcela Losardo, hasta que lo confirmaron para el cargo, pasó una semana. Y luego su asunción se demoró un tiempo más prolongado, hasta que la Cámara baja sesionó un día sábado para aprobar su renuncia, porque el oficialismo no quería perder un miembro. Pero en el ínterin, el entonces diputado ya había anticipado sus intenciones de destrabar dos proyectos que cuentan con media sanción del Senado y fueron trabados en la Cámara baja. Y aun después de asumir, el rionegrino insistió con que dialogaría con sus excolegas para conseguir el número suficiente para llevar el tema al recinto.
Se hizo trascender incluso que los números estaban. Se verá.
Es así que este lunes a partir de las 18, el ministro de Justicia participará con esa idea fija en un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, en lo que se anticipa como una reunión informativa sobre la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (27.148) y sus modificatorias, respecto del Procurador General de la Nación.
El encuentro está precedido por la polémica, al punto tal que la oposición expresó primero sus críticas a la visita del ministro y finalmente este domingo en horas de la noche anunció su ausencia para “no ser cómplices de la destrucción de la República”.
El proyecto que flexibiliza los votos para nombrar al procurador general y limita su mandato -hoy perpetuo- a cinco años, obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores el pasado 28 de noviembre, y estos son los puntos principales de la norma que busca imponer el oficialismo:
Es una de las principales modificaciones en discusión. Actualmente, el artículo 11 de la Ley 27.148 establece que el procurador debe ser nombrado con dos tercios del Senado. El proyecto flexibiliza esa mayoría, llevándola a la mitad más uno de los senadores, es decir 37 en lugar de 48.
Los requisitos para ser procurador se mantienen iguales: ser ciudadano argentino con título de abogado de validez nacional, con ocho años de ejercicio, y reunir las demás calidades para ser senador nacional.
Otro cambio importante es que el procurador no podrá ser postulado ni designado en los años donde se elija presidente y vice.
En caso de licencia, recusación, excusación o impedimento del procurador general, el proyecto establece que la función será ejercida interinamente por un procurador fiscal, que será seleccionado por sorteo público.
El proyecto además indica que en caso de vacancia o licencia prolongada superior a los 30 días, el cargo será ejercido por un procurador fiscal o un fiscal coordinador de distrito elegido por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. A falta de designación interina, intervendrá el procurador fiscal que tenga más antigüedad en ese cargo.
El procurador durará en funciones cinco años, pudiendo ser designado nuevamente por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo y con un nuevo acuerdo del Senado. Al momento de su nombramiento, no podrá superar los 75 años de edad. Estas modificaciones son incorporadas como artículo 62 bis a la norma vigente.
En tanto, se mantiene la estabilidad en el cargo para los procuradores fiscales, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, los fiscales generales, los fiscales generales y fiscales de la Procuración General. Será “mientras dure su buena conducta” y también hasta los 75 años. Si estos funcionarios cumplen la edad límite y desean permanecer en el cargo, deberán ser nombrados nuevamente, y esa designación será por dos años -la ley actual establece cinco años-, con la posibilidad de nuevas prórrogas.
Todas estas disposiciones regirán también para el Ministerio Público de la Defensa.
El procurador solo podrá ser removido, según el proyecto, por “razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones”. El proceso podrá iniciarse por dos vías: decisión fundada del Poder Ejecutivo comunicada a la Cámara de Diputados, o a solicitud de cualquier diputado.
En ambos casos, para la acusación ante el Senado se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara baja -129 diputados-. Luego, el Senado se encargará del juicio, y finalmente, para la remoción se requerirán los dos tercios -48 votos-, como en la actualidad.
Una vez que el Senado reciba la acusación por parte de Diputados, podrá suspender al procurador mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta -37 senadores-. Si transcurren 180 días corridos sin que el Senado resuelva sobre la acusación, el procurador podrá volver al cargo y se archivarán las actuaciones.
Los demás magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal podrán ser removidos de sus cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento. La composición de este tribunal se modifica en el proyecto, quedando de la siguiente manera: un vocal en representación del Poder Ejecutivo, tres por la comisión bicameral, uno por el Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado de la matrícula federal, y un fiscal con no menos de 10 años de antigüedad electo por sorteo público. Todos ellos durarán dos años en funciones. El dato saliente es que el presidente del tribunal será uno de los representantes de la bicameral.
El proyecto dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la bicameral.
La ley actual establece 17 “faltas graves”, como por ejemplo el abandono del trabajo en forma prolongada o reiterada y sin justificación; el incumplimiento reiterado de las tareas o funciones asignadas; o el incumplimiento infundado de instrucciones generales. A ese listado se agrega una falta más, la de “requerir tareas o funciones de investigación criminal o como auxiliar de la Justicia a cualquier agente o a los organismos de Inteligencia”.
También se regula la integración del Consejo Evaluador: lo compondrán fiscales elegidos por sorteo público, que deberán expedirse con una opinión no vinculante en un plazo de 30 días corridos.
El listado de Procuradurías Especializadas sufre algunos cambios. Se mantienen las de Investigaciones Administrativas; Defensa de la Constitución; Crímenes contra la Humanidad; Criminalidad Económica y Lavado de Activos; Narcocriminalidad; Trata y Explotación de Personas; y Violencia Institucional. Pero se elimina la de Extinción de Dominio –creada en 2019- y se agregan dos nuevas: las de Recursos de la Seguridad Social, y contra las Violencias de Género.
Si el procurador decide crear nuevas Procuradurías Especializadas, previamente deberá remitir a la bicameral un proyecto de resolución, y la comisión podrá emitir un informe no vinculante con sus sugerencias, en un plazo no mayor a 30 días. Lo mismo se dispone para la creación de nuevas Direcciones Generales -en este caso se mantiene el listado actual, de 11 direcciones-.
La ley actual establece que, al inaugurarse el período de sesiones ordinarias, el procurador debe remitir a la bicameral un informe de gestión. Pero el proyecto en debate agrega que, además, el jefe de los fiscales deberá defender ese informe ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara.
Se modifica por completo el artículo 39 de la ley, señalando que los recursos del Tesoro Nacional se conformarán con el equivalente al 0,95% de los recursos tributarios y no tributarios de la administración central. A esa alícuota se le adicionará el aporte que anualmente incluya el Poder Ejecutivo en el Presupuesto Nacional, para el inciso 4, bienes de uso, de acuerdo con el presupuesto preparado por el Ministerio Público Fiscal.
El Banco Nación transferirá diariamente y de manera automática a una cuenta específica el monto de la recaudación de los recursos que le corresponden al Ministerio Público Fiscal de acuerdo con el porcentaje antes mencionado.
El proyecto dispone que los concursos de oposición y antecedentes para la designación de magistrados del Ministerio Público serán iniciados ante un tribunal convocado por el procurador general dentro de los 30 días de producida la vacante. El plazo de sustanciación del concurso hasta la elevación de la terna de los postulantes seleccionados no podrá superar los 120 días hábiles.
Se mantiene la prueba escrita, y en el caso de la prueba oral y pública, se agrega que deberá ser registrada en soporte de imagen y sonido, y ser difundida públicamente.
Asimismo, se modifica la integración del tribunal del concurso: con la nueva ley estará compuesto -además del procurador general, o un magistrado del Ministerio Público Fiscal- por un fiscal y un abogado de matrícula federal, seleccionados por sorteo público, y por un jurista invitado. En la norma actual, son tres fiscales, solo un jurista invitado.
Con la norma vigente, los fiscales pueden requerir informes a organismos nacionales, provinciales y municipales, tanto públicos como privados, como así también citar a personas prestar declaración. El proyecto incorpora un agregado, indicando que “en ningún caso” los fiscales podrán requerir “tareas o funciones de investigación criminal” a los organismos de Inteligencia. Esa conducta será considerada causal de remoción.
En el artículo dedicado a los “principios funcionales” del Ministerio Público Fiscal -entre los que figuran los principios de unidad de actuación, orientación a la víctima, respeto por los derechos humanos y otros-, se añaden dos nuevos principios que deberán respetarse: los de perspectiva de género y federalismo.
Fue luego de que el flamante ministro de Justicia apuntara contra el procurador Casal. Legisladores de Juntos por el Cambio insisten en frenar el proyecto del oficialismo.
Diputados y senadores de la oposición rechazaron las declaraciones del flamante ministro de Justicia, Martín Soria, contra el procurador interino Eduardo Casal, y llamaron a rechazar la reforma del Ministerio Público en la Cámara de Diputados.
En declaraciones a El Destape Radio, Soria denunció que Casal “es insostenible” en el cargo ya que “hace más de tres años que no está respetando la ley”.
Respecto de la reforma del Ministerio Público, sostuvo que “es indudable que hay que buscar el consenso para sacar la ley” y que “es de imperiosa necesidad debatir este tema”.
Frente a estos dichos, el senador nacional y jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, remarcó que “la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal es esencial para el respeto a los derechos humanos de los argentinos”.
“Lamento y repudio el ataque del ministro al procurador general de la Nación. Todo el arco político debe rechazar la reforma a la ley de Ministerio Público”, consideró el legislador.
A su vez, el titular del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri, advirtió que Soria “quiere que Diputados apruebe la ley K del Ministerio Público Fiscal que permite designar el procurador solamente con la mayoría peronista en el Senado, y modifica el jury para poner a tiro a los fiscales que no militan en el kirchnerismo”.
El cordobés sentenció que en el kirchnerismo están “obsesionados con la impunidad”.
Por su parte, el diputado del Pro Jorge Enriquez ironizó: “Debutó el ‘ministro de aprietes a la Justicia’ haciendo los deberes que le piden. Dice que la situación de Casal al frente de la Procuración es insostenible. Falso: lo sostiene la ley”.
Enriquez recordó que el pliego del candidato del Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas, se encuentra trabado en el Senado: “La falta de designación de un nuevo procurador se debe a las feroces internas del oficialismo. Que se pongan de acuerdo entre ellos, porque un país desgobernado de esa forma sí es insostenible”.
En el mismo sentido se expresó Paula Oliveto, de la Coalición Cívica: “Lo que no entiende Soria es que Casal es un funcionario de carrera y que quien no quiere aprobar el pliego del candidato propuesto por el presidente es su vice y su bloque. Tensionan las instituciones a lo patota, mientras los argentinos peleamos contra la pandemia y la crisis”.
Asimismo, el diputado radical Luis Petri consideró que “insostenible es la reforma al Ministerio Público Fiscal que impulsan, que no respeta la independencia con autonomía funcional que le otorga la Constitución”.
Tras exigir al oficialismo que retire el proyecto, Petri insistió: “Es clave el rechazo a la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal. Esa es la trinchera de la República. Ahí se detiene la embestida del kirchnerismo contra el procurador Eduardo Casal”.
La reforma propuesta por el oficialismo, que ya cuenta con aprobación del Senado y está pendiente de tratamiento en Diputados, flexibiliza la mayoría necesaria para nombrar al procurador (de dos tercios a la mitad más uno de los votos) y fija un límite de cinco años para ocupar el cargo, hoy vitalicio.
Fue durante una reunión de la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. También se aprobó por unanimidad el informe anual de la comisión.
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside Martín Doñate (Frente de Todos) se reunió este jueves por videoconferencia para poner en conocimiento documentación remitida por el Ministerio Público Fiscal y otros organismos en respuesta a las notas presentadas por los integrantes de la comisión.
“Queremos poner en conocimiento y notificar, a cada uno de los integrantes de la bicameral, todas las respuestas que hemos recibido de la última reunión, donde también se enviaron pedidos de informes a distintos juzgados y organismos públicos”, afirmó Doñate.
Y agregó: “La idea es que se den por ingresados, se tome conocimiento, y luego de ese estudio que harán en los próximos días convocar a una reunión a partir de lo que inspiren esas informaciones”.
En la reunión también se presentó el informe anual de las actividades realizadas en la bicameral y se avaló el reemplazo de Luis Naidenoff (UCR) por su par Julio Martínez.
El Frente de Todos aprobó este viernes en el Senado el proyecto que modifica la Procuración General. Punto por punto, un repaso por el proyecto.
Por Carolina Ramos
El Frente de Todos aprobó este viernes en el Senado el proyecto de ley que flexibiliza los votos para nombrar al procurador general y limita su mandato -hoy perpetuo- a cinco años, mientras sigue congelada la designación del candidato del Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas.
A continuación, parlamentario.com repasa los puntos principales de la iniciativa:
Designación del procurador
Es una de las principales modificaciones en discusión. Actualmente, el artículo 11 de la Ley 27.148 establece que el procurador debe ser nombrado con dos tercios del Senado. El proyecto flexibiliza esa mayoría, llevándola a la mitad más uno de los senadores, es decir 37 en lugar de 48.
Los requisitos para ser procurador se mantienen iguales: ser ciudadano argentino con título de abogado de validez nacional, con ocho años de ejercicio, y reunir las demás calidades para ser senador nacional.
Otro cambio importante es que el procurador no podrá ser postulado ni designado en los años donde se elija presidente y vice.
En caso de licencia, recusación, excusación o impedimento del procurador general, el proyecto establece que la función será ejercida interinamente por un procurador fiscal, que será seleccionado por sorteo público.
El proyecto además indica que en caso de vacancia o licencia prolongada superior a los 30 días, el cargo será ejercido por un procurador fiscal o un fiscal coordinador de distrito elegido por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. A falta de designación interina, intervendrá el procurador fiscal que tenga más antigüedad en ese cargo.
Duración en el cargo
El procurador durará en funciones cinco años, pudiendo ser designado nuevamente por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo y con un nuevo acuerdo del Senado. Al momento de su nombramiento, no podrá superar los 75 años de edad. Estas modificaciones son incorporadas como artículo 62 bis a la norma vigente.
En tanto, se mantiene la estabilidad en el cargo para los procuradores fiscales, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, los fiscales generales, los fiscales generales y fiscales de la Procuración General. Será “mientras dure su buena conducta” y también hasta los 75 años. Si estos funcionarios cumplen la edad límite y desean permanecer en el cargo, deberán ser nombrados nuevamente, y esa designación será por dos años -la ley actual establece cinco años-, con la posibilidad de nuevas prórrogas.
Todas estas disposiciones regirán también para el Ministerio Público de la Defensa.
Remoción
El procurador solo podrá ser removido, según el proyecto, por “razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones”. El proceso podrá iniciarse por dos vías: decisión fundada del Poder Ejecutivo comunicada a la Cámara de Diputados, o a solicitud de cualquier diputado.
En ambos casos, para la acusación ante el Senado se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara baja -129 diputados-. Luego, el Senado se encargará del juicio, y finalmente, para la remoción se requerirán los dos tercios -48 votos-, como en la actualidad.
Una vez que el Senado reciba la acusación por parte de Diputados, podrá suspender al procurador mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta -37 senadores-. Si transcurren 180 días corridos sin que el Senado resuelva sobre la acusación, el procurador podrá volver al cargo y se archivarán las actuaciones.
Los demás magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal podrán ser removidos de sus cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento. La composición de este tribunal se modifica en el proyecto, quedando de la siguiente manera: un vocal en representación del Poder Ejecutivo, tres por la comisión bicameral, uno por el Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado de la matrícula federal, y un fiscal con no menos de 10 años de antigüedad electo por sorteo público. Todos ellos durarán dos años en funciones. El dato saliente es que el presidente del tribunal será uno de los representantes de la bicameral.
Traslados
El proyecto dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la bicameral.
Régimen disciplinario
La ley actual establece 17 “faltas graves”, como por ejemplo el abandono del trabajo en forma prolongada o reiterada y sin justificación; el incumplimiento reiterado de las tareas o funciones asignadas; o el incumplimiento infundado de instrucciones generales. A ese listado se agrega una falta más, la de “requerir tareas o funciones de investigación criminal o como auxiliar de la Justicia a cualquier agente o a los organismos de Inteligencia”.
También se regula la integración del Consejo Evaluador: lo compondrán fiscales elegidos por sorteo público, que deberán expedirse con una opinión no vinculante en un plazo de 30 días corridos.
Procuradurías especializadas
El listado de Procuradurías Especializadas sufre algunos cambios. Se mantienen las de Investigaciones Administrativas; Defensa de la Constitución; Crímenes contra la Humanidad; Criminalidad Económica y Lavado de Activos; Narcocriminalidad; Trata y Explotación de Personas; y Violencia Institucional. Pero se elimina la de Extinción de Dominio –creada en 2019- y se agregan dos nuevas: las de Recursos de la Seguridad Social, y contra las Violencias de Género.
Si el procurador decide crear nuevas Procuradurías Especializadas, previamente deberá remitir a la bicameral un proyecto de resolución, y la comisión podrá emitir un informe no vinculante con sus sugerencias, en un plazo no mayor a 30 días. Lo mismo se dispone para la creación de nuevas Direcciones Generales -en este caso se mantiene el listado actual, de 11 direcciones-.
Comparecencia ante el Congreso
La ley actual establece que, al inaugurarse el período de sesiones ordinarias, el procurador debe remitir a la bicameral un informe de gestión. Pero el proyecto en debate agrega que, además, el jefe de los fiscales deberá defender ese informe ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara.
Asignación de recursos
Se modifica por completo el artículo 39 de la ley, señalando que los recursos del Tesoro Nacional se conformarán con el equivalente al 0,95% de los recursos tributarios y no tributarios de la administración central. A esa alícuota se le adicionará el aporte que anualmente incluya el Poder Ejecutivo en el Presupuesto Nacional, para el inciso 4, bienes de uso, de acuerdo con el presupuesto preparado por el Ministerio Público Fiscal.
El Banco Nación transferirá diariamente y de manera automática a una cuenta específica el monto de la recaudación de los recursos que le corresponden al Ministerio Público Fiscal de acuerdo con el porcentaje antes mencionado.
Concursos públicos
El proyecto dispone que los concursos de oposición y antecedentes para la designación de magistrados del Ministerio Público serán iniciados ante un tribunal convocado por el procurador general dentro de los 30 días de producida la vacante. El plazo de sustanciación del concurso hasta la elevación de la terna de los postulantes seleccionados no podrá superar los 120 días hábiles.
Se mantiene la prueba escrita, y en el caso de la prueba oral y pública, se agrega que deberá ser registrada en soporte de imagen y sonido, y ser difundida públicamente.
Asimismo, se modifica la integración del tribunal del concurso: con la nueva ley estará compuesto -además del procurador general, o un magistrado del Ministerio Público Fiscal- por un fiscal y un abogado de matrícula federal, seleccionados por sorteo público, y por un jurista invitado. En la norma actual, son tres fiscales, solo un jurista invitado.
La relación con servicios de Inteligencia
Con la norma vigente, los fiscales pueden requerir informes a organismos nacionales, provinciales y municipales, tanto públicos como privados, como así también citar a personas prestar declaración. El proyecto incorpora un agregado, indicando que “en ningún caso” los fiscales podrán requerir “tareas o funciones de investigación criminal” a los organismos de Inteligencia. Esa conducta será considerada causal de remoción.
Perspectiva de género y federalismo
En el artículo dedicado a los “principios funcionales” del Ministerio Público Fiscal -entre los que figuran los principios de unidad de actuación, orientación a la víctima, respeto por los derechos humanos y otros-, se añaden dos nuevos principios que deberán respetarse: los de perspectiva de género y federalismo.
La iniciativa que, entre otros puntos, modifica la mayoría necesaria para la designación del procurador y acota el mandato a cinco años, fue votada por 42 votos a favor y 27 en contra. Pasa a la Cámara de Diputados.
Tras un debate de más de cuatro horas, el oficialismo se alzó este viernes en el Senado con la media sanción del proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal, tras una votación que resultó con 42 votos a favor y 27 en contra.
A los senadores del Frente de Todos lo acompañaron los aliados Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), impulsor de una iniciativa que se tomó como base para el dictamen.
En tanto, con fuertes críticas en sus discursos, el proyecto fue rechazado por los legisladores del interbloque Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal, que actúan en conjunto en casi todos los temas.
La iniciativa, que fue girada a la Cámara de Diputados, modifica la mayoría necesaria para designar al procurador, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- de la Cámara alta. Además, limita el mandato, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.
Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público.
Esta bicameral tendrá mayor poder con la nueva ley, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.
Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
Antes de votar el dictamen, el miembro informante, Oscar Parrilli anunció una serie de modificaciones introducidas que a continuación leyó el senador Martín Doñate. Entre las mismas figura la integración del jurado de concurso, que “será presidido por el o la procuradora general de la Nación, o por un o una magistrada del Ministerio Público Fiscal de la Nación; estará integrado además por un fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Nación; por un/una abogada de matrícula federal, quienes serán seleccionados por sorteo público, y por un/una jurista invitado/a”.
En cuanto a los traslados, los fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal no podrán ser trasladados sin su conformidad fuera de sus provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al arrancar el debate, el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos) acusó a la oposición de querer “tener un procurador a disposición de ellos, presionable, interino, sin estabilidad y con todas las atrocidades que está haciendo”, en alusión a Eduardo Casal.
Miembro informante del oficialismo, el kirchnerista consideró que con esta iniciativa se está “mejorando una ley que sancionamos nosotros en el 2015”. “Estamos dando certezas, dando seguridades, todos los que se ajusten a la ley no van a tener ningún problema, no van a ser perseguidos”, aseguró.
Para el neuquino “acá no se trata de Rafecas sí, Rafecas no. Se trata de Casal sí, Casal no. Porque muchos quieren que sigan Casal como interino”.
Al recordar que cuando el presidente Alberto Fernández envió la postulación de Daniel Rafecas para jefe de los fiscales, “la oposición dijo ‘ni loco lo vamos a votar’”, Parrilli opinó: “No es que no quieran a Rafecas, quieren a un interino, quieren a Casal, el que le sirvió durante estos dos años”.
A su turno, el cordobés Ernesto Martínez (Pro) resumió la idea del proyecto oficialista en esta frase: “La acusación soy yo”. Y advirtió que si es aprobado, “los fiscales van a hacer aquello que los mantenga en el cargo… hay que agradar al poder político. Algún día se van a encontrar con la peor de las retribuciones, que es la revancha de los obsecuentes”.
Por el contrario, el senador opositor aclaró que “a nosotros lo que nos interesa defender es a los funcionarios libres, que actúan con independencia e interés de la ley; a los corsarios de todos los gobiernos no los vamos a encubrir absolutamente para nada, y ustedes actúen como quieran, como puedan, pero siempre dentro de la ley”.
Luego parafraseó al exsenador Jorge Yoma al señalar que “algo le pasa al oficialismo: cuando las cosas las pueden hacer mal, las hacen inexorablemente mal”. En ese sentido, citó los problemas constitucionales que tiene “la reforma del Consejo de la Magistratura, que está desde hace años en manos de la Corte Suprema para su análisis. Algo ocurre que este tipo de cosas no les salen bien: esos niveles de análisis constitucionales no los pueden traspasar”.
Martínez enfatizó entonces: “Lo único que necesitamos son fiscales independientes; ustedes lo único que figuran son decisiones de fiscales contenidos o asustados merced esta ley”.
También en contra de la iniciativa, su par Laura Rodríguez Machado (Pro) sostuvo que “es vox populi que a (Daniel) Rafecas lo estaría poniendo Alberto Fernández, que a Cristina (Kirchner) no le gusta y que va a poner otro”.
Para la cordobesa, el proyecto “es mucho más si aprobamos los dos tercios como mayoría necesaria” para la designación del procurador, sino que se trata de “un instrumento legal para ejercer un brutal avance contra el Ministerio Público Fiscal”, el cual es “el organismo independiente, por lo menos hasta que se sancione esta ley, que tiene a su cargo a través de los fiscales investigar delitos de corrupción”.
“El objetivo es lograr la impunidad y poner a los fiscales argentinos de rodillas”, opinó la opositora, que lo vinculó a la “decisión política de este Gobierno de llevar un embate contra la Justicia”, que comenzó con la iniciativa de reforma judicial y, luego, querer “sacar de los pelos” a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
En otro tramo, la legisladora resaltó que al procurador interino, Eduardo Casal, criticado por el oficialismo, “no lo pusimos nosotros”, sino que su nombre “seguía en la lista” de acuerdo a la normativa vigente. “Que sea un procurador independiente les preocupa”, agregó.
Más tarde, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) afirmó que “este proyecto va absolutamente en contra de la independencia que la Constitución nos exige respetar” en el Ministerio Público Fiscal y, al asegurar que desde muchos sectores han alertado sobre eso, hizo mención a palabras propias del presidente Alberto Fernández en su libro “La justicia acusada”.
Citando a Fernández, la radical leyó que sobre el Ministerio Público el mandatario sostuvo en su libro que “es clave hablar de autonomía, tiene y debe que actuar sin injerencia”, además de considerar que “será vulnerado si mantiene algún nivel de dependencia con otro poder del Estado”.
La opositora se quejó de que “este es el proyecto que pone el oficialismo” aunque quieren “hacer parecer que tiene como génesis a otros proyectos presentados por la oposición, y no es así”. La iniciativa “vulnera sin ninguna duda la figura del procurador general, pero también le quita estabilidad a todos los fiscales de la Argentina”, agregó.
“Casal ha sido propuesto por ustedes y cuando la procuradora (Alejandra) Gils Carbó renunció, la ley ha determinado que esté en el lugar que está”, subrayó y defendió que “no le han podido encontrar nada, a pesar de que le inventaron de todo”.
“Con estas modificaciones estamos precarizando el Ministerio Publico Fiscal, en contramano de lo que busca nuestra Constitución, que es la autonomía e independencia del poder de turno”, advirtió Julio Cobos, para quien “realmente no se entiende la propuesta de elegir al procurador y el defensor con mayoría absoluta, es un atajo sin sentido, que además provoca mayor inestabilidad, porque si anteriores procuradores que contaban con acuerdos de dos tercios podrían llegar a tener presiones, imaginemos un procurador que tiene que convivir con este nuevo sistema de elección dependiente de un partido político”.
Desde la vereda contraria, la senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) enumeró todos los proyectos sobre los que se trabajó antes de llegar al dictamen, recordando el de 2017 correspondiente a Federico Pinedo y Miguel Pichetto, entre otros, establecía la elección del procurador por mayoría simple, destacando que entonces no escuchó las críticas que hoy se enarbolan desde la oposición.
“Algunos creen que (la Procuración) es un extrapoder, algunos hablan de un cuarto poder, pero eso no significa que no deba ser controlado”, dijo, enfatizando el contralor que “sin lugar a dudas se debe llevar adelante y lo ejerce esta Comisión Bicameral Permanente”, criticando a los senadores que cuestionan ese papel.
Luego la emprendió contra Casal, acusándolo de “haber utilizado ese cargo para perseguir opositores durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de que se destituyera de facto a la procuradora (Alejandra) Gils Carbó”. Pidió entonces discutir “cuál es la política criminal que queremos llevar adelante en la República Argentina”.
“¿Creemos que son razones jurídicas las que obturan la democratización de la Justicia, o el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, o hay otras razones que tienen que ver con el poder o la distribución del poder?”, se preguntó en otro pasaje la santafesina, que continuó: “¿Por qué tanto miedo por el control que tiene que llevar adelante el Parlamento de la Nación?”.
Y añadió: “También me parece que este proyecto está planteando algunos temas que son centrales, como por ejemplo el federalismo, la igualdad de género, la autarquía financiera. Esto es parte de lo que nosotros entendemos que sirve para acercar a la sociedad el Ministerio Público”.
En otro pasaje se refirió al tema de los dos tercios: “Es necesario que se relajen esas mayorías, de lo contrario vamos a seguir permitiendo que comande la política criminal en la República Argentina un procurador interino”, disparó.
El senador nacional Martín Lousteau afirmó que “acá no hay un proyecto de modificación institucional, es el intento de nombrar a alguien, no sabemos quién, y darle al oficialismo mayor control, no a la gente como dicen, al oficialismo”, y subrayó que “solo tres expositores de 16 en la Comisión dijeron que no le daban importancia a la mayoría de dos tercios y ninguno sugirió modificar los mecanismos de remoción”.
“Me pregunto si lo que hacemos ahora es ganar poder o estamos discutiendo en serio como darle más legitimidad y más autonomía al procurador”, sostuvo Lousteau y consideró que “se gana poder pero se corroe la institucionalidad que se quiere preservar, de hecho el próximo procurador tendrá que dictaminar cuando las causas de la vicepresidenta de la Nación lleguen a la Corte Suprema. ¿Qué les gustaría: alguien al que no se le cree, o alguien que tiene la absoluta confianza ciudadana para mostrar transparencia?”, le preguntó a la bancada oficialista.
Muy crítico, el senador kirchnerista Martín Doñate aseguró que “es necesario estructurar una nueva ley para ese órgano extrapoder institucional que se adecue a esos desafíos que tiene el pueblo argentino en la necesidad de justicia”. En ese sentido afirmó que eso forma parte de los compromisos que hizo el presidente Alberto Fernández en campaña: “el título era revertir la decadencia del Ministerio Público Fiscal”, dijo.
“Yo no tengo dudas que en esta noche estamos dando con esta ley vuelta la página más oscura de la historia del Ministerio Público Fiscal en la Argentina. Estamos poniéndole fin a casi 4 años en los que se registró la mayor decadencia y degradación de ese órgano constitucional cuya política y conducción transitó claramente a contramano de la proclamada República. Protagonistas de los hechos más graves en la institucionalidad argentina en materia judicial en la figura de algunos de sus integrantes”, enfatizó, hablando de “la más grotesca guerra judicial que haya sufrido la historia de la democracia argentina”, en referencia al supuesto armado de causas contra adversarios políticos.
En referencia a los 2/3 para investir a un procurador, lo consideró “impracticable”. “Miren, si nosotros mantenemos los 2/3, preparémonos a regular los interinatos; acá la anormalidad va a ser lo regular, como sucede ahora. Hace 20 años que no se consiguen los 2/3 para elegir un defensor del Pueblo de la Nación”, aseguró.
Luego de criticar duramente el proyecto puesto en debate, el senador Esteban Bullrich lo dio por aprobado, pero advirtió que “cuando esta mayoría cambie, vamos a modificar esta ley”.
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti afirmó que “hemos aprendido mucho que el delito evoluciona y también las instituciones que persiguen el delito tienen que evolucionar para cumplir nuestro objetivo que es el acceso a la justicia y la protección de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, y por lo cual hemos trabajado más de un mes para llegar a este resultado”.
“¿Por qué es fundamental que avancemos hoy en esta reforma?”, se preguntó, afirmando que “con esta iniciativa venimos a normalizar una situación que atraviesa el Ministerio Público Fiscal, donde el que preside ese órgano ha sido designado de manera interina hace tres años. Algo que es excepcional se ha vuelto permanente”.
Negó que el Gobierno quiera controlar a los jueces y fiscales y llamó en cambio a leer la Constitución, en cuanto a que “no existe la autorregulación de los jueces” y es el Congreso de la Nación “el encargado de organizar al Poder Judicial y a la Procuración General de la Nación”, destacó.
Para la senadora mendocina “este dictamen que hemos consensuado le da una herramienta a la Procuración para agilizar el sistema de justicia”, valorando la eliminación del cargo vitalicio para el cargo. Se preguntó entonces por qué los legisladores se someten al escrutinio de la gente, y los fiscales y defensores generales de la Nación no puedan venir al Congreso porque “ustedes se oponen”, en referencia a la oposición. “¿Está mal que el Congreso controle al que debe perseguir el delito?”.
Autor de uno de los proyectos que antecedieron al dictamen puesto a consideración, el senador rionegrino Alberto Weretilneck replicó a las críticas que desde la oposición se le hicieron a su iniciativa, la cual, dijo, “tiene como finalidad mejorar uno de los órganos más importantes como es el Ministerio Público Fiscal. Responsable de la situación de descrédito que tiene el Poder Judicial”, sostuvo.
“Por lo tanto defiendo a mi proyecto, acepto a regañadientes las modificaciones que ha realizado el oficialismo”, dijo, y replicó las críticas de la oposición recordándoles el proyecto que habían impulsado desde Cambiemos en 2016, que tenía muchas de las cosas que hoy cuestionan.
En sus críticas incluyó al fiscal Carlos Rívolo, por haber cuestionado los últimos días el contralor que se pretende aplicar, negando en ese sentido que se vaya a perseguir a los fiscales. “Quienes acusan son fiscales”, aclaró. “Acá no hay ninguna cuestión que tenga que ver con desnaturalizar la independencia del Poder Judicial, no hay ninguna cuestión que tenga que ver con querer influir con decisiones que tengan que ver con el incumplimiento de la ley; lo que hay es una toma de mecanismos de control por parte del Congreso de la Nación en las facultades que nos da la Constitución”, remarcó.
A la hora de los cierres, el senador salteño Juan Carlos Romero sostuvo que quienes impulsan ese proyecto “están acompañando una etapa más en la búsqueda de la impunidad, sumado a la revancha y la venganza que tan bien ejerce el oficialismo y su vocero, como el miembro informante del oficialismo”.
Consideró “deshonesto” haber tomado como base proyectos de la oposición para avanzar con el dictamen puesto a consideración, y cuestionó la eliminación de los 2/3 necesarios para votar al titular de la procuración.
“Para el oficialismo, la justicia buena es la que le da la razón; y la justicia que no es buena es la que no le da la razón, es una justicia que busca el lawfare. Ganaron las elecciones, tienen el número, son capaces de hacer cualquier cosa y esta es una muestra de lo que están dispuestos a hacer en la búsqueda de la impunidad a través de la revancha y la venganza”, enfatizó.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, estimó que “hoy no estamos tratando la reforma de la ley, sino una contrarreforma constitucional”, afirmó. “Es una contrarreforma constitucional, porque a partir de 1994, el Ministerio Público Fiscal ocupó un rol central como extrapoder, y el espíritu de los constituyentes era que estuviera lejos del Poder Legislativo y el Ejecutivo”, sostuvo, afirmando que es en el tema de las mayorías calificadas donde se orienta la contrarreforma de la que hablaba.
Citó luego al senador Martín Doñate, que había dicho que “los dos tercios son impracticables”. “No, no es impracticable -aclaró-. Esto tiene que ver con lo que se siente y percibe en función de los criterios democráticos”.
El presidente del bloque JxC concluyó diciendo que “lamentablemente una vez más, como viene ocurriendo en los últimos años, lo que no resuelve la política lo resolverá la Justicia, y será la Corte la que al final del camino termine declarando esta ley, si se termina aprobando -cosa que dudo en la Cámara de Diputados-, como inconstitucional. Por lo tanto, más allá de todas las discusiones, tropiezan con la misma piedra. Les fue muy mal y no aprenden, será la Justicia la que encauce y ponga freno a un poder desenfrenado”.
En el cierre del debate de la reforma de la Ley del Ministerio Público, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, dedicó la mayor parte de su discurso a referirse al proyecto que en 2017, durante la gestión Cambiemos, llevaba las firmas de los senadores Federico Pinedo, Miguel Pichetto y Angel Rozas, entre otros. “Esta es la inspiración que tienen estos cambios”, afirmó el senador formoseño, citando también las iniciativas presentadas por los senadores Martín Lousteau, Lucila Crexell y Alberto Weretilneck.
Se refirió luego a Alejandra Gils Carbó, a quien -sostuvo- “Macri decidió echarla”. Y agregó: “Teníamos una procuradora elegida por los dos tercios, que debía durar mientras durara su buena conducta… Pero había un plan internacional contra todos los que representaban los movimientos populares”, señaló, citando a Lula y hasta (Fernando) Lugo en Paraguay. “Era una estrategia que no estaba pensada solo para la Argentina; era muy amplia: proteger al poder económico, el esquema de usura, los fondos fuera del país, y un ataque al sistema político, al adversario”, denunció.
En su discurso, Mayans se refirió incluso a los arrepentidos, afirmando que eran obligados a acusar a Cristina Kirchner. “Eso fue lo que pasó con la Justicia argentina. Esto está dentro de ese plan de desprestigio”, agregó, asegurando que muchos legisladores de la oposición “tienen algunos periodistas que les dicen lo que tienen que decir. Yo leo el domingo lo que dicen los periodistas y sé lo que van a decir ellos el jueves… Y algunos lo repiten mal”, ironizó.
Así lo expresó el senador Martín Lousteau durante el debate sobre la Procuración en el Senado, que se quejó por la expresión “extorsión de las minorías”. El problema es, dijo, “el abuso de las mayorías”.
El senador nacional Martín Lousteau afirmó este viernes que “acá no hay un proyecto de modificación institucional, es el intento de nombrar a alguien, no sabemos quién, y darle al oficialismo mayor control, no a la gente como dicen, al oficialismo”, y subrayó que “solo tres expositores de 16 en la Comisión dijeron que no le daban importancia a la mayoría de dos tercios y ninguno sugirió modificar los mecanismos de remoción”.
“Me pregunto si lo que hacemos ahora es ganar poder o estamos discutiendo en serio como darle más legitimidad y más autonomía al procurador”, sostuvo Lousteau y consideró que “se gana poder pero se corroe la institucionalidad que se quiere preservar, de hecho el próximo procurador tendrá que dictaminar cuando las causas de la vicepresidenta de la Nación lleguen a la Corte Suprema. ¿Qué les gustaría: alguien al que no se le cree, o alguien que tiene la absoluta confianza ciudadana para mostrar transparencia?”, le preguntó a la bancada oficialista.
“Si querían resolver el tema del procurador era muy sencillo, ahí está el pliego del candidato del Presidente y nunca se lo convocó, querían resolver que hay uno interino, hay un camino previsto que es nombrar uno nuevo y hay un pliego enviado”, aseguró Lousteau.
El senador radical agregó: “En ninguna democracia plena escuché la expresión extorsión de las minorías, las democracias nacen para preservar las minorías, lo que hay es abuso de mayorías, pero la mayoría no es una razón, es un método y la mayoría en muchos lugares se utiliza de la siguiente manera: no puedo ser elegido gobernador y reinterpreto la Constitución, la modifico, vuelvo a ser electo y otra vez lo mismo y al mismo tiempo, dejo 7 mil personas que no pueden entrar a la provincia hasta que la Corte Suprema lo ordena”.
Lousteau remarcó la desprolijidad de todo el procedimiento: “se armó un debate para avanzar en algo que ya se tenía en mente” y señaló que “para que vean que es claro, los dos proyectos de Crexell tienen dos artículos cada uno, el mío 8 y el del senador Weretilneck, 27 y acá hay 44 artículos”.
“No entiendo qué es lo que estuvimos discutiendo, porque ya había otro proceso, claramente no fueron los cuatro proyectos que se mencionan la base para esto y tampoco fue el Consejo de Expertos porque no hemos visto su dictamen ni sabemos cuál fue su discusión y menos los expositores, porque muchas de las cosas que se están incorporando fueron desestimadas y desaconsejadas por los expositores”.
Lousteau continuó diciendo que “el problema no es la extorsión de las minorías, sino el abuso de la mayorías y cuando la mayoría circunstancial aprovecha para modificar instituciones que son absolutamente fundamentales para la vida republicana”.
Para el senador radical, “muchas de las excusas es vamos a hacer esto porque ustedes lo hicieron antes, eso para crear instituciones mejores es un desastre, nos lleva a una carrera que es muy peligrosa” y sostuvo “que para algunos esto se volvió un tema urgente pero para la ciudadanía no lo es y es llamativo porque ese divorcio entre lo que pasa en algunos lugares institucionales y la ciudadanía, es lo que se esgrime para darle mayor control a la Bicameral del ministerio Publico”.
Muy crítico, Martín Doñate la emprendió contra el procurador actual, Eduardo Casal, y advirtió que “no vamos a aceptar el gobierno de fiscales y de jueces”.
Como presidente de la Bicameral de Control del Ministerio Público, el rionegrino Martín Doñate es un legislador clave para lo que viene a partir de la aprobación de la ley en discusión, por el papel que le corresponderá a esa comisión en ese caso.
En su intervención, el senador camporista ratificó que el dictamen de mayoría tendría modificaciones, de acuerdo con lo que habían recogido en los últimos días, “en el temperamento de hacer la mejor ley posible”. Asimismo sostuvo que “la jornada de hoy tiene una importancia capital en el rediseño de un órgano constitucional como es el Ministerio Público que se adecúe a los desafíos institucionales que tiene la República Argentina”.
Doñate consideró “agotado” el debate, asegurando que “es necesario estructurar una nueva ley para ese órgano extrapoder institucional que se adecue a esos desafíos que tiene el pueblo argentino en la necesidad de justicia”. En ese sentido afirmó que eso forma parte de los compromisos que hizo el presidente Alberto Fernández en campaña: “el título era revertir la decadencia del Ministerio Público Fiscal”, dijo.
Consideró frágiles los argumentos de la oposición, como que están afectando la autarquía financiera del Ministerio Público, “cuando en rigor es todo lo contrario”, aclaró, asegurando que eso sí había sucedido con el Gobierno de Cambiemos.
“Yo no tengo dudas que en esta noche estamos dando con esta ley vuelta la página más oscura de la historia del Ministerio Público Fiscal en la Argentina. Estamos poniéndole fin a casi 4 años en los que se registró la mayor decadencia y degradación de ese órgano constitucional cuya política y conducción transitó claramente a contramano de la proclamada República. Protagonistas de los hechos más graves en la institucionalidad argentina en materia judicial en la figura de algunos de sus integrantes”, enfatizó, hablando de “la más grotesca guerra judicial que haya sufrido la historia de la democracia argentina”, en referencia al supuesto armado de causas contra adversarios políticos.
En referencia a los 2/3 para investir a un procurador, lo consideró “impracticable”. “Miren, si nosotros mantenemos los 2/3, preparémonos a regular los interinatos; acá la anormalidad va a ser lo regular, como sucede ahora. Hace 20 años que no se consiguen los 2/3 para elegir un defensor del Pueblo de la Nación”, aseguró.
“Casal generó las condiciones para quedarse en la procuración para hacer lo que hizo; manipuló la realización de concursos suspendiendo aquellos que debería haber realizado, como es la de los fiscales coordinadores de distritos, que son los que por la ley actual deberían estar ejerciendo, uno de ellos el interinato en el Ministerio. Pero no lo hizo, suspendió todos los concursos, para quedarse, para hacer traslados a discreción según las necesidades de Macri; para tomar decisiones arbitrarias, según te llames Stornelli o Boquín… Premios para algunos, castigo para otros”, disparó el senador kirchnerista, que llamó a reivindicar el rol constitucional del Congreso: “No vamos a aceptar el gobierno de fiscales y de jueces”.
Así lo expresó la macrista Laura Rodríguez Machado durante el debate de la reforma del Ministerio Público Fiscal, y aseguró que la nueva ley tiene como objetivo “lograr la impunidad” y “poner de rodilla a los fiscales argentinos”.
La senadora del Pro Laura Rodríguez Machado sostuvo este viernes que “es vox populi que a (Daniel) Rafecas lo estaría poniendo Alberto Fernández, que a Cristina (Kirchner) no le gusta y que va a poner otro”, durante el debate de la reforma del Ministerio Público Fiscal.
Para la cordobesa, el proyecto “es mucho más si aprobamos los dos tercios como mayoría necesaria” para la designación del procurador, sino que se trata de “un instrumento legal para ejercer un brutal avance contra el Ministerio Público Fiscal”, el cual es “el organismo independiente, por lo menos hasta que se sancione esta ley, que tiene a su cargo a través de los fiscales investigar delitos de corrupción”.
“El objetivo es lograr la impunidad y poner a los fiscales argentinos de rodillas”, consideró la opositora, que lo vinculó a la “decisión política de este Gobierno de llevar un embate contra la Justicia”, que comenzó con la iniciativa de reforma judicial y, luego, querer “sacar de los pelos” a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
La legisladora enfatizó que al procurador interino, Eduardo Casal, criticado por el oficialismo, “no lo pusimos nosotros”, sino que su nombre “seguía en la lista” de acuerdo a la normativa vigente. “Que sea un procurador independiente les preocupa”, agregó.
Rodríguez Machado alertó que “inventaron un nuevo juicio para remover al procurador”, con lo cual pronosticó que “en breve es lo que se viene” -el juicio a Casal-. En ese sentido, explicó que en el proyecto “ante una vacancia (del procurador), se puede cubrir con un fiscal coordinador de distrito, que hay dos, son Laura Monti y (Víctor) Abramovich”.
Sobre este último, resaltó que “es miembro del CELS, eso no tiene nada de malo que sea del riñón de (Horacio) Verbitsky; es miembro de Justicia Legítima; y ha sido docente con una dirección del senador (Jorge) Taiana en la universidad”.
En su discurso, la macrista continuó: “Supongamos que con esta mayoría simple logren colocarlo a Rafecas… también con este instrumento lo van a tener pendiendo de un hilo, a ver si Rafecas continúa o no como procurador”. “Todos sabemos, o por lo menos es vox populi en los pasillos, que a Rafecas lo estaría poniendo Alberto Fernández, que a Cristina (Kirchner) no le gusta, que va a poner otro”.
Luego, al repasar puntos de la iniciativa, la cordobesa advirtió que de acuerdo a la reforma “el Tribunal de Enjuiciamiento puede actuar incompleto”, con lo cual “pueden sacar a los fiscales como se les ocurre”, y observó que esto “es un mensaje para (Carlos) Stornelli” porque “hace rato quieren bajar la causa cuadernos, es una preocupación para la vicepresidenta”.
“Los fiscales independientes tengan la certeza que tienen un bloque de senadores que va a velar por la independencia del Ministerio Público Fiscal”, expresó y adelantó que harán “las denuncias donde las tengamos que hacer”. “Viene el embate por Casal, por sacarle poder a Rafecas, por poner de rodillas a los fiscales”, concluyó.
El titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales defendió el proyecto de reforma del Ministerio Público y dijo que la discusión “no se trata de Rafecas sí, Rafecas no, sino de Casal sí, Casal no”.
En el comienzo del debate del proyecto para reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal, el senador Oscar Parrilli acusó a la oposición de querer “tener un procurador a disposición de ellos, presionable, interino, sin estabilidad y con todas las atrocidades que está haciendo”, en alusión a Eduardo Casal.
Miembro informante del oficialismo, el kirchnerista consideró que con esta iniciativa se está “mejorando una ley que sancionamos nosotros en el 2015”. “Estamos dando certezas, dando seguridades, todos los que se ajusten a la ley no van a tener ningún problema, no van a ser perseguidos”, aseguró.
Para el neuquino “acá no se trata de Rafecas sí, Rafecas no. Se trata de Casal sí, Casal no. Porque muchos quieren que sigan Casal como interino”.
Al recordar que cuando el presidente Alberto Fernández envió la postulación de Daniel Rafecas para jefe de los fiscales, “la oposición dijo ‘ni loco lo vamos a votar'”, Parrilli opinó: “No es que no quieran a Rafecas, quieren a un interino, quieren a Casal, el que le sirvió durante estos dos años”.
En defensa del proyecto, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales destacó la propuesta para que el nuevo procurador esté obligado a presentarse ante el Congreso y hacer saber cuál será su plan de criminalidad.
En ese sentido, afirmó que varios expositores que concurrieron a dar su opinión coincidieron en que “era necesario que el Parlamento intervenga, colabore y trabaje en conjunto con el procurador para perseguir las actividades ilícitas”.
Por eso, el legislador insistió que hay una “necesidad de que exista un procurador con un plan nacional de criminalidad, y que ese plan sea evaluado por el Congreso, supervisado, y sea exigido su cumplimiento”.
“Esto no tiene nada que ver con una interferencia para decirle ‘usted haga tal cosa en una causa'”, subrayó y, entre otros aspectos, remarcó la reforma para prohibir que el procurador “pueda valerse de la Agencia Federal de Inteligencia para hacer espionaje interno”.
Sobre la duración del cargo del jefe de los fiscales, el senador del Frente de Todos señaló que “la Constitución no habla de que el procurador sea vitalicio”. “Solo hay dos países en América Latina donde el procurador tiene cargo vitalicio, Cuba y Argentina, ahora solo quedará Cuba”, agregó.
Al respecto de los votos necesarios para su designación, un tema que “ha generado algunas suspicacias”, manifestó, Parrilli argumentó que “como ya no es vitalicio no nos parece conveniente que ya no tenga los dos tercios”. “No estamos diciendo que no busquemos los dos tercios. La ley no prohíbe los dos tercios”, aclaró y apuntó que será elegido con “mayoría absoluta, 37 miembros, no mayoría simple como se dijo”.
“Los que dicen que nosotros queremos copar la Procuración se callaban la boca cuando el DNU de Macri le sacaba la autonomía financiera (al Ministerio Público), cuando perseguían a (Alejandra) Gils Carbó, o cuando removían a (Juan Pedro) Zoni”, reprochó.
Y completó diciendo que “nos acusan a nosotros que vamos a hacer, cuando nunca en el pasado lo hicimos, las cosas que ellos hicieron”, como “intentar manipular a la Justicia”, cargó.
También, en su discurso, el neuquino cuestionó a la oposición porque “se alzan voces en defensa de esas leyes” -sancionadas bajo el gobierno kirchnerista-, cuando “todos lo que hoy la defienden, la votaron en contra, en aquel momento”.
Además, defendió que la exprocuradora Gils Carbó fue designada con el respaldo del “92% de los senadores”, y repasó la “despiadada, brutal y feroz persecución” que vivió durante el gobierno de Cambiemos.
“Terminó renunciando, en diciembre de 2017, porque en octubre de ese año, en connivencia con sectores del Poder Judicial, un gran diario publicó el teléfono de su hija, y le empezaron a llover las amenazas e intimidaciones de todo tipo. Finalmente terminó renunciado porque estaba en riesgo y juego no solamente la estabilidad en el cargo, sino la seguridad de su hija y toda su familia”, añadió.
Y criticó que “nombraron como interino a Casal” porque “no les convenía buscar un procurador que representara a todos los sectores políticos”.
La Cámara alta se reúne desde las 14.20. El proyecto prevé la modificación de la mayoría necesaria para designar al procurador, además de acotar su mandato, entre otros puntos. También se votarán iniciativas consensuadas.
El Senado realiza desde las 14.20 la sesión en la que el oficialismo buscará aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de flexibilizar la mayoría de votos necesaria para nombrar al procurador -pasando de dos tercios a la mitad más uno-, y de acotar el mandato a cinco años.
El Frente de Todos, con ayuda de aliados, se encamina a dar media sanción a la iniciativa para girarla a la Cámara de Diputados, mientras sigue en espera el pliego de Daniel Rafecas, el candidato del presidente Alberto Fernández para ocupar el cargo de jefe de los fiscales.
El proyecto recibió dictamen favorable hace una semana, unificando los viejos proyectos presentados por Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) -pese a la resistencia de éstos-, sumados al de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), más reciente.
Además de modificar la mayoría necesaria para la designación del procurador y limitar su mandato -hoy vitalicio-, el texto introduce varias reformas importantes.
Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público.
Esta bicameral tendrá mayor poder con la nueva ley, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.
Otro aspecto relevante es que el procurador deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
Por otra parte, el Senado tratará un proyecto que otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos.
Asimismo, figura en el temario un proyecto -que sería convertido en ley- para declarar “Capital nacional del fútbol” a la ciudad de Avellaneda; y otra iniciativa sobre el luto en el uniforme de la Armada Argentina.
Por último, también se votará una modificación de la Ley de Bibliotecas Populares, sobre embargos y ejecuciones; y la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio presupuestario 2015, entre otros temas.
El Frente de Todos buscará aprobar este viernes en el Senado el proyecto que modifica la Procuración General. Punto por punto, un repaso por el proyecto.
Por Carolina Ramos
El Frente de Todos intentará aprobar este viernes en el Senado el proyecto de ley que flexibiliza los votos para nombrar al procurador general y limita su mandato -hoy perpetuo- a cinco años, mientras sigue congelada la designación del candidato del Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas.
A continuación, parlamentario.com repasa los puntos principales de la iniciativa:
Es una de las principales modificaciones en discusión. Actualmente, el artículo 11 de la Ley 27.148 establece que el procurador debe ser nombrado con dos tercios del Senado. El proyecto flexibiliza esa mayoría, llevándola a la mitad más uno de los senadores, es decir 37 en lugar de 48.
Los requisitos para ser procurador se mantienen iguales: ser ciudadano argentino con título de abogado de validez nacional, con ocho años de ejercicio, y reunir las demás calidades para ser senador nacional.
Otro cambio importante es que el procurador no podrá ser postulado ni designado en los años donde se elija presidente y vice.
En caso de licencia, recusación, excusación o impedimento del procurador general, el proyecto establece que la función será ejercida interinamente por un procurador fiscal, que será seleccionado por sorteo público.
El proyecto además indica que en caso de vacancia o licencia prolongada superior a los 30 días, el cargo será ejercido por un procurador fiscal o un fiscal coordinador de distrito elegido por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. A falta de designación interina, intervendrá el procurador fiscal que tenga más antigüedad en ese cargo.
El procurador durará en funciones cinco años, pudiendo ser designado nuevamente por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo y con un nuevo acuerdo del Senado. Al momento de su nombramiento, no podrá superar los 75 años de edad. Estas modificaciones son incorporadas como artículo 62 bis a la norma vigente.
En tanto, se mantiene la estabilidad en el cargo para los procuradores fiscales, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, los fiscales generales, los fiscales generales y fiscales de la Procuración General. Será “mientras dure su buena conducta” y también hasta los 75 años. Si estos funcionarios cumplen la edad límite y desean permanecer en el cargo, deberán ser nombrados nuevamente, y esa designación será por dos años -la ley actual establece cinco años-, con la posibilidad de nuevas prórrogas.
Todas estas disposiciones regirán también para el Ministerio Público de la Defensa.
El procurador solo podrá ser removido, según el proyecto, por “razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones”. El proceso podrá iniciarse por dos vías: decisión fundada del Poder Ejecutivo comunicada a la Cámara de Diputados, o a solicitud de cualquier diputado.
En ambos casos, para la acusación ante el Senado se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara baja -129 diputados-. Luego, el Senado se encargará del juicio, y finalmente, para la remoción se requerirán los dos tercios -48 votos-, como en la actualidad.
Una vez que el Senado reciba la acusación por parte de Diputados, podrá suspender al procurador mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta -37 senadores-. Si transcurren 180 días corridos sin que el Senado resuelva sobre la acusación, el procurador podrá volver al cargo y se archivarán las actuaciones.
Los demás magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal podrán ser removidos de sus cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento. La composición de este tribunal se modifica en el proyecto, quedando de la siguiente manera: un vocal en representación del Poder Ejecutivo, tres por la comisión bicameral, uno por el Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado de la matrícula federal, y un fiscal con no menos de 10 años de antigüedad electo por sorteo público. Todos ellos durarán dos años en funciones. El dato saliente es que el presidente del tribunal será uno de los representantes de la bicameral.
El proyecto dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la bicameral.
La ley actual establece 17 “faltas graves”, como por ejemplo el abandono del trabajo en forma prolongada o reiterada y sin justificación; el incumplimiento reiterado de las tareas o funciones asignadas; o el incumplimiento infundado de instrucciones generales. A ese listado se agrega una falta más, la de “requerir tareas o funciones de investigación criminal o como auxiliar de la Justicia a cualquier agente o a los organismos de Inteligencia”.
También se regula la integración del Consejo Evaluador: lo compondrán fiscales elegidos por sorteo público, que deberán expedirse con una opinión no vinculante en un plazo de 30 días corridos.
El listado de Procuradurías Especializadas sufre algunos cambios. Se mantienen las de Investigaciones Administrativas; Defensa de la Constitución; Crímenes contra la Humanidad; Criminalidad Económica y Lavado de Activos; Narcocriminalidad; Trata y Explotación de Personas; y Violencia Institucional. Pero se elimina la de Extinción de Dominio –creada en 2019- y se agregan dos nuevas: las de Recursos de la Seguridad Social, y contra las Violencias de Género.
Si el procurador decide crear nuevas Procuradurías Especializadas, previamente deberá remitir a la bicameral un proyecto de resolución, y la comisión podrá emitir un informe no vinculante con sus sugerencias, en un plazo no mayor a 30 días. Lo mismo se dispone para la creación de nuevas Direcciones Generales -en este caso se mantiene el listado actual, de 11 direcciones-.
La ley actual establece que, al inaugurarse el período de sesiones ordinarias, el procurador debe remitir a la bicameral un informe de gestión. Pero el proyecto en debate agrega que, además, el jefe de los fiscales deberá defender ese informe ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara.
Se modifica por completo el artículo 39 de la ley, señalando que los recursos del Tesoro Nacional se conformarán con el equivalente al 0,95% de los recursos tributarios y no tributarios de la administración central. A esa alícuota se le adicionará el aporte que anualmente incluya el Poder Ejecutivo en el Presupuesto Nacional, para el inciso 4, bienes de uso, de acuerdo con el presupuesto preparado por el Ministerio Público Fiscal.
El Banco Nación transferirá diariamente y de manera automática a una cuenta específica el monto de la recaudación de los recursos que le corresponden al Ministerio Público Fiscal de acuerdo con el porcentaje antes mencionado.
El proyecto dispone que los concursos de oposición y antecedentes para la designación de magistrados del Ministerio Público serán iniciados ante un tribunal convocado por el procurador general dentro de los 30 días de producida la vacante. El plazo de sustanciación del concurso hasta la elevación de la terna de los postulantes seleccionados no podrá superar los 120 días hábiles.
Se mantiene la prueba escrita, y en el caso de la prueba oral y pública, se agrega que deberá ser registrada en soporte de imagen y sonido, y ser difundida públicamente.
Asimismo, se modifica la integración del tribunal del concurso: con la nueva ley estará compuesto -además del procurador general- por un fiscal seleccionado por sorteo público, dos juristas invitados y un integrante de la bicameral. En la norma actual, son tres fiscales, solo un jurista invitado, y la bicameral no tiene representación.
Con la norma vigente, los fiscales pueden requerir informes a organismos nacionales, provinciales y municipales, tanto públicos como privados, como así también citar a personas prestar declaración. El proyecto incorpora un agregado, indicando que “en ningún caso” los fiscales podrán requerir “tareas o funciones de investigación criminal” a los organismos de Inteligencia. Esa conducta será considerada causal de remoción.
En el artículo dedicado a los “principios funcionales” del Ministerio Público Fiscal -entre los que figuran los principios de unidad de actuación, orientación a la víctima, respeto por los derechos humanos y otros-, se añaden dos nuevos principios que deberán respetarse: los de perspectiva de género y federalismo.
La Cámara alta sesionará este jueves para aprobar las modificaciones en torno a la figura del procurador general, y el viernes se debatirá el proyecto para que los acuerdos con el FMI deban pasar por el Congreso. Además, se tratarán numerosos temas consensuados, al filo del cierre del período ordinario.
Al filo del cierre del período ordinario, que termina el próximo lunes 30, el Senado tendrá doble sesión, este jueves y viernes, para tratar dos proyectos clave: las modificaciones a la Ley del Ministerio Público, para flexibilizar el modo de selección del procurador general y acotar su mandato, y el proyecto de sostenibilidad de la deuda externa.
Las dos sesiones se acordaron en una reunión de Labor Parlamentaria realizada este martes, y si bien circuló la versión de que la actividad legislativa podía suspenderse por el duelo nacional decretado por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona, las convocatorias siguen en pie.
El jueves se celebrará una sesión ordinaria, a partir de las 14, donde el principal tema será el proyecto del Poder Ejecutivo para que el Congreso autorice el endeudamiento en caso de que supere los límites del Presupuesto, y que a su vez deba aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La iniciativa recibió dictamen favorable el pasado 18 de noviembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la participación del ministro de Economía, Martín Guzmán, y el oficialismo realizó un agregado al texto original, para que los recursos obtenidos por la emisión de deuda y los programas con el FMI no puedan ser utilizados para gastos corrientes.
El segundo proyecto relevante para el Frente de Todos se debatirá en la sesión del viernes y tiene que ver con la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que flexibiliza la mayoría de votos necesaria para nombrar al procurador en el Senado -pasando de dos tercios a la mitad más uno de los presentes-, aunque para la remoción se mantendrá la mayoría especial.
La discusión se da mientras sigue en espera el pliego de Daniel Rafecas, el candidato del presidente Alberto Fernández para ocupar el cargo de jefe de los fiscales, quien meses atrás pidió mantener la mayoría agravada para su designación, aunque el Frente de Todos no tenga los votos porque la oposición rechaza el pliego.
El oficialismo consiguió el dictamen favorable el viernes pasado, unificando los viejos proyectos presentados por Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), sumados al de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), más reciente
En ambas sesiones se tratarán además proyectos consensuados que cuentan con dictamen, ya que el lunes termina el período ordinario y todavía no se firmó la prórroga, como tampoco se convocó a extraordinarias, a pesar de las versiones que indican que así será.
En la sesión del jueves se tratarán una serie de pliegos judiciales, transferencias de inmuebles, declaraciones de días nacionales y monumentos históricos nacionales.
También se votará un proyecto para avanzar en la historia clínica digital; una modificación a la Ley de Tránsito referida a la circulación de vehículos de emergencia; y otra modificación a la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, referida a la realización de jornadas de concientización en colegios.
El viernes, en tanto, se buscará aprobar un proyecto que otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos.
Asimismo, figura en el temario un proyecto -que sería convertido en ley- para declarar “Capital nacional del fútbol” a la ciudad de Avellaneda; y otra iniciativa sobre el luto en el uniforme de la Armada Argentina.
Por último, también se votará una modificación de la Ley de Bibliotecas Populares, sobre embargos y ejecuciones; y la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio presupuestario 2015, entre otros temas.
La diputada de Consenso Federal mandó un mensaje a los senadores que se proponen dar media sanción esta semana. Para ella, el tema termina en la Corte Suprema.
Con los números asegurados en el Senado, el oficialismo debe estar pensando qué destino tendrá la reforma de la Ley del Ministerio Público cuando llegue a Diputados, donde no cuenta con la amplitud que sí goza en la Cámara alta. Por el contrario, en la Cámara baja están mucho más ajustados y los ojos están puestos en los bloques de la oposición que pueden llegar a sumarse al oficialismo.
Por eso no es una buena noticia la postura que ya comienza a exponer la diputada Graciela Camaño. Integrante del Consejo de la Magistratura, la diputada de Consenso Federal alertó sobre la suerte que puede llegar a correr una reforma que a su juicio es “inconstitucional”. Por lo tanto, advirtió que su eventual aprobación significará para el oficialismo “pan para hoy y hambre para mañana”.
“Los senadores se tienen que dar cuenta que es inconstitucional, es pan para hoy y hambre para mañana”, advirtió Graciela Camaño en declaraciones a radio La Red.
En ese sentido, Camaño sostuvo que la reforma del Ministerio Público, por la cual se pretende modificar la mayoría de 2/3 necesaria para designar al procurador por mayoría simple de los senadores, “no se corresponde con el artículo 120 de la Constitución”.
Y advirtió que así como en el Senado, un ámbito político, “habrá un examen de constitucionalidad”, después “hay otro examen de constitucionalidad que es jurídico”, recordando que “cuando el kirchnerismo quiso hacer reformas judiciales contra la Constitución la Corte le ha dicho que no”.
Por eso alertó al oficialismo que “mucho me temo que si cometen este error tendrán el escándalo político y mediático, y luego tendrán el examen de constitucionalidad ante la Corte”.
“El Ministerio Público Fiscal es un supra poder, por fuera de los tres poderes. Tenemos que bregar por la independencia del Ministerio Público Fiscal”, comentó la diputada que advirtió que “si se le ponen cláusulas que no tienen la lógica de asegurar la independencia es inconstitucional”.
Y recordó que “cuando el kircherismo quiso hacer reformas a la Constitución, la Corte les dijo que no. La dirigencia política está bailando arriba del Titanic. Ni el Gobierno anterior ni éste han tenido diálogo ni coalición. Son un conglomerado de voluntades políticas”.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunirá este viernes y el Frente de Todos buscará firmar dictamen sobre los cambios en la Procuración General. Qué dijeron los expertos que asesoran al presidente.
Tras el veredicto del consejo asesor del Gobierno en materia judicial, el Frente de Todos buscará avanzar en el Senado con la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que flexibiliza la mayoría para nombrar al procurador general y fija un límite temporal para su mandato.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, se reunirá este viernes a las 10 y la intención del oficialismo es firmar dictamen favorable, luego de la ronda de consultas con especialistas.
El bloque buscaría que el procurador general -cargo para el cual fue nominado el juez Daniel Rafecas- sea designado en el Senado con mayoría absoluta -37 votos- y no dos tercios -48 votos-, tal como indica la ley actual.
Asimismo, se fijaría un límite de cinco años para el mandato del jefe de los fiscales -que hoy es vitalicio-, prorrogables por otros cinco.
Esas modificaciones son las que tomó el senador Alberto Weretilneck (Juntos somos Río Negro) en el proyecto que presentó en los últimos días y que el Frente de Todos ve con buenos ojos, más allá de las antiguas iniciativas de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino).
Weretilneck también propone modificar el mecanismo de remoción del procurador, que hoy se basa en el procedimiento del juicio político.
Este miércoles se conoció la opinión -no vinculante para el Gobierno- del consejo asesor en materia judicial, integrado por Claudia Sbdar, Andrés Gil Domínguez, Carlos Beraldi, Enrique Bacigalupo, Hilda Kogan, León Arslanián, Inés Weinberg de Roca, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Raúl Ferreyra y Omar Palermo.
Según difundió el portal Infobae, el tema de la mayoría para designar al titular del Ministerio Público Fiscal dividió aguas entre los juristas: mientras que una mitad optó por mantener los dos tercios, la otra mitad -incluyendo a Beradi, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner- se inclinó por la mayoría absoluta.
Por otra parte, hubo una clara mayoría a favor de limitar el mandato del procurador, y en ese marco la propuesta que tuvo más asidero fue la de cinco años, renovables por el mismo período.
El presidente Alberto Fernández ya recibió el documento -de unas 800 páginas-, que también será material de debate este viernes en el Senado.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales escuchó a expertos y sumó el proyecto del rionegrino Weretilneck. Se pasó a un cuarto intermedio para la firma del dictamen, a la espera de la opinión del Consejo Asesor del Gobierno en materia judicial.
El oficialismo avanzará en las próximas horas con la letra fina de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, luego de que finalizara este lunes la ronda de consultas en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Oscar Parrilli (Frente de Todos).
Además de los proyectos de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), se sumó ahora el de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que acota el mandato del procurador general a cinco años y flexibiliza la mayoría necesaria para la designación, pasando de dos tercios a mayoría absoluta del Senado.
La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles y Parrilli informó que antes de la firma del dictamen esperan contar con la opinión del Consejo Asesor del Poder Ejecutivo sobre la reforma judicial.
Nicolás Becerra, doctor en Derecho Penal y primer procurador general nombrado tras la reforma constitucional de 1994 relató: “La lucha que tuve como procurador fue la de desandar una cultura de muchísimos años, muy enquistada en el Poder Judicial, donde los jueces reinaban bajo un viejo sistema procesal llamado inquisitivo, y donde los fiscales aparecían como actores secundarios, igual que los defensores públicos”.
“Era muy común oír a los jueces hablar de ‘mi fiscal’, ‘mi defensor’”, comentó, y prosiguió: “Con el advenimiento de la nueva Constitución, el primer trabajo fue hacer la ley reglamentaria del Ministerio Público, y en ese trabajo de convencer tanto a defensores como a fiscales de que ya no pertenecían más al Poder Judicial, fue necesario hacer una ley orgánica casi en espejo con el Poder Judicial”.
De esa forma, afirmó Becerra, “se comenzó a desandar un camino arduo de formación y de organización de un Ministerio Público que poco a poco fue robusteciéndose”.
El especialista sostuvo que “el procurador debe tener un respaldo suficiente, un consenso político adecuado, para poder ejercer sus funciones, porque emite dictámenes esenciales para las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia”, y puso como ejemplo su propio caso: “Si no hubiera tenido el respaldo de los dos tercios del Senado, no hubiera podido dictar mi dictamen de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; y no hubiera podido dictaminar en la causa Lapacó”.
Respecto de los proyectos en debate, se mostró de acuerdo en la periodicidad del cargo, y recordó que él mismo atravesó las gestiones de cuatro presidentes (Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Fernando De La Rúa y Néstor Kirchner). “La función requería un recambio”, reconoció.
“La etapa que viene, donde el modelo acusatorio terminará de instaurarse, requiere una conducción firme, consolidada, con un acuerdo y un respaldo políticos suficientes”, subrayó Becerra.
A su turno, el abogado y sociólogo Roberto Gargarella, doctor en Derecho de la UBA y profesor de Derecho Constitucional, consideró que “la discusión no puede empezar por el final, dando la receta, sin discutir qué es lo que queremos con la reforma”, y en ese sentido fue crítico con los proyectos de Lousteau, Crexell y Weretilneck, que “deberían ser replanteados”.
“No se trata de escoger, como si fuera una excusa, cualquier razón general, para proyectos que ya venían de antemano”, advirtió, y además sostuvo que las iniciativas son en algunos aspectos “llamativa, provocativa o exageradamente opuestas a la Constitución”.
Gargarella explicó que los proyectos se centran en la designación y en la remoción del procurador “descuidando todo lo que es importante, que es lo que está en el medio”.
“No es tan importante la entrada ni la salida, sino lo que queda en el medio: cómo se ejerce la función. Lo más importante es el control ciudadano durante el ejercicio del mandato”, insistió el experto, y hasta sugirió que “no sería descabellado pensar en una elección ciudadana del procurador”.
Por su parte, Guido Risso, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en constitucionalismo, lamentó que la reforma constitucional de 1994 “en vez de resolver problemas, ha generado muchísimos problemas”, ya que “quedó a medio camino, está incompleta y eso genera tensiones”.
“El constituyente del ’94 no consiguió ponerse de acuerdo en instituciones fundamentales”, alertó, y en ese sentido afirmó que “guarda silencio” sobre aspectos importantes de la Procuración, como el nombramiento de su titular.
Risso aseguró que “la mayoría de dos tercios, que es la que se ha venido aplicando, es inconstitucional, porque es una mayoría agravada y todas las mayorías agravadas están expresamente establecidas en el texto de la Constitución”.
“El legislador no puede establecer condiciones más gravosas que las que establece la propia Constitución, por eso es que una ley no puede establecer una mayoría agravada cuando el constituyente no lo ha dicho”, puntualizó.
Asimismo, sostuvo que “la legitimidad de origen no tiene que ver con las mayorías parlamentarias”, sino que refiere a “un respaldo de la estructura política, pero este respaldo no deja de ser un respaldo coyuntural, porque toda estructura política es coyuntural”.
El especialista puso como ejemplo que Gils Carbó “fue designada por unanimidad” y “esa unanimidad se fue disolviendo en el aire a medida que cambiaba la coyuntura política”, y por eso pidió basarse en “la legitimidad de ejercicio” y no en la de origen.
Respecto de la perpetuidad en el cargo, advirtió que “es una gran anomalía del sistema republicano, es un resabio del sistema monárquico”.
En tanto, Fernando Díaz Cantón, profesor de Derecho Penal y Criminología y autoridad de la FACA (Federación Argentina del Colegio de Abogados) indicó que “el fiscal ha recobrado en el sistema acusatorio un poder enorme sobre la decisión del caso”, y a diferencia de otros poderes del Estado “que tienen varios jefes, éste tiene un único jefe”.
Díaz Cantón señaló que el poder del procurador “puede hacer que se convierta en la espada del poder político para la persecución de adversarios políticos y a su vez en el escudo protector de la propia tropa”.
“Es decisivo quiénes van a tener peso en la designación y en la destitución del procurador, y cómo se va a evitar la designación de procuradores adictos al gobierno de turno, o que se expulse a aquellos que sean rebeldes al gobierno de turno”, planteó, y agregó que “más allá de la legitimidad de ejercicio, los mecanismos de designación y destitución son fundamentales para evitar esos desvíos”.
En ese marco, se mostró en contra de modificar la mayoría para el nombramiento y sugirió mantener los dos tercios para esa instancia, y por otra parte coincidió en la necesidad de acotar el mandato a “cinco o seis años”.
Díaz Cantón también cuestionó -como propone Weretilneck- que el incumplimiento de la rendición de cuentas ante el Congreso sea una causal de mal desempeño para la destitución, dado que sería “una injerencia indebida de un poder en otro”.
La fiscal federal Mónica Cuñarro, especialista en Derecho Penal y en género, señaló que “la politización de la Justicia que se ha dado en los últimos períodos es algo nocivo para el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial en general”.
Cuñarro coincidió en que la mayoría de dos tercios sirvió como respaldo al procurador, por ejemplo, para emitir dictamen inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final -como hizo Becerra- o para organizar los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, como hizo Esteban Righi. “En los temas de lesa humanidad, ha funcionado muy bien y ha sido un modelo para el resto del mundo”, destacó.
Respecto de si los legisladores pueden o no establecer una mayoría no estipulada en la Constitución, consideró que “es una decisión política, pero la Convención Constituyente no dio cheques en blanco, así como los jueces tampoco tienen cheques en blanco para decir que cualquier cosa es inconstitucional”.
La fiscal además indicó que “esta discusión no puede estar afuera del problema que le ha tocado al Ministerio Público en la relación espuria con los servicios de Inteligencia”, y “tampoco puede estar aislado del tema del sistema acusatorio”.
Mario Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal y director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, sostuvo que “para saber cuándo las modificaciones en la ley son reformas que afectan la autonomía o no la afectan, tenemos que ver la diferencia entre control e injerencia”.
En esa línea, dijo que el proyecto de Weretilneck, en lo referido al tribunal de enjuiciamiento para la remoción, aumenta sus integrantes de siete a nueve, pasando de uno a tres representantes del Poder Legislativo, y estableciendo que los fiscales también podrán ser removidos por mayoría absoluta -cinco votos- al igual que el procurador.
“Los dos tercos no solo dan legitimidad de origen, sino respeto por la autonomía del Ministerio Público. Los dos tercios aseguran una discusión parlamentaria y son una salvaguarda institucional para que el procurador tenga un determinado perfil”, afirmó Villar.
El último expositor fue el abogado Horacio Erbes, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quien consideró que “la Constitución no invalida que se puedan modificar los mandatos como así tampoco las mayorías” para nombrar al procurador, ya que esa regulación está ausente en el artículo 120.
“Los dos tercios son más que nada una construcción desde la jurisprudencia en el sentido de que aseguran una autonomía del Ministerio Público, pero en lo personal creo que no asegura la autonomía”, se diferenció Erbes, al poner como ejemplo que “Gils Carbó fue nombrada como marcaba la ley orgánica pero sufrió persecución política y terminó renunciando”, y “el procurador interino ya lleva bastante tiempo y ni el gobierno anterior ni el actual han logrado nombrar un nuevo procurador con los dos tercios”.
El rionegrino defendió este lunes, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el proyecto que presentó la semana pasada para acotar a cinco años el mandato del jefe de los fiscales y flexibilizar la mayoría para su nombramiento.
El senador nacional Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) defendió este lunes, al participar de la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el proyecto que presentó la semana pasada para acotar a cinco años el mandato del procurador y flexibilizar la mayoría para su nombramiento, y pidió a la Cámara alta que el futuro jefe de los fiscales sea designado con la nueva ley ya sancionada.
“Yo comparto que en vísperas de tener que designar a un nuevo procurador, lo hagamos con una nueva ley”, sugirió Weretilneck, en línea con el oficialismo, antes de que comenzara la última reunión informativa de la comisión presidida por Oscar Parrilli (Frente de Todos), con la participación de especialistas.
El rionegrino explicó que el suyo “no es un proyecto original, porque de una u otra manera toma distintos proyectos que anteriormente se trabajaron en el Congreso, toma opiniones y posturas políticas públicas de la actualidad, y también toma experiencias internacionales”, como por ejemplo la de Estados Unidos, con “un plazo prácticamente igual al del presidente” y “mayoría absoluta” para designar al procurador.
“Cuesta encontrar en las Constituciones de otros países el cargo vitalicio. Es muy difícil encontrar una figura de procurador que tenga perpetuidad”, comentó, y agregó que “la propuesta de cinco años es acorde a lo que las constituciones han planteado para el resto del mundo”.
Weretilneck sostuvo que “todos están planteando esta necesidad de períodos más cortos, y como consecuencia, cambiar la mayoría para elegirlo”. “El hecho de ser por un plazo no tan exagerado amerita una mayoría absoluta”, insistió.
El senador repasó algunos aspectos de su iniciativa y destacó que, por ejemplo, se regulan los traslados “de una manera clara” tras lo sucedido con los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
En cuanto al tribunal de enjuiciamiento para la remoción del procurador, resaltó que en su proyecto solo uno de los nueve integrantes será del Poder Ejecutivo; los restantes serán tres por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, uno por el Consejo Interuniversitario Nacional, dos abogados de matrícula federal y dos fiscales generales.
“Todas aquellas acciones de organismos del Estado que no se evalúan, terminan devaluándose. A nadie le debe molestar el control”, dijo el autor del proyecto, donde adquiere un rol importante la comisión bicameral, actualmente presidida por el oficialista Martín Doñate.
Weretilneck enfatizó que “hay que pensar una ley para todas las circunstancias, no para el gobierno de hoy”, y consideró que una reforma “va a permitir poner fin a lo que ha sucedido con la doctora (Alejandra) Gils Carbó” en adelante. “Al plantear los cinco años, evita este tipo de circunstancias”, dijo.
Asimismo, opinó que “en un plazo de cinco años, cuando vaya intercalándose con distintos presidentes, pensaremos que es más fácil que se terminen los cinco años a empezar el camino de la destitución”.
“La institucionalidad de nuestro país ya no soporta más que la Procuración no tenga la persona designada de acuerdo al Congreso”, aseguró, y por último pidió a sus pares que “en vísperas de tener que designar a un nuevo procurador, lo hagamos con una nueva ley”.
Desde la entidad expresaron su “preocupación” y enfatizaron que las modificaciones a la norma “requieren consensos amplios que impliquen un compromiso conjunto, que trascienda las decisiones de mayorías políticas circunstanciales”.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional volvió a expresar su “profunda preocupación ante proyectos legislativos que intentan modificar las Leyes Orgánicas de los Ministerios Públicos de la Nación”.
“En esta oportunidad se propone establecer mayorías simples para la designación y remoción de sus titulares, limitar la duración de su mandato y alterar el funcionamiento de ambos Tribunales de Enjuiciamiento para sus integrantes, entre otras cuestiones”, señalaron mediante un comunicado.
Desde la entidad que conduce Marcelo Gallo Tagle, se resaltó que “las leyes orgánicas que regulan institutos de la Constitución derivan directamente de la norma suprema que hemos jurado defender, en este caso el artículo 120 C.N., y no pueden ir contra su letra ni contra su espíritu”.
“Tanto el dictado de aquellas, como su modificación, requieren consensos amplios que impliquen un compromiso conjunto, que trascienda las decisiones de mayorías políticas circunstanciales”, agrega el texto, en alusión a la mayoría que el Frente de Todos posee en el Senado.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios consideró: “Esto nos obliga a reafirmar la independencia, la autonomía funcional, y la autarquía financiera de los Ministerios Públicos como garantías institucionales instauradas a favor de toda la sociedad y de toda persona”.
“Por esa misma finalidad social, superior a los derechos mismos los propios magistrados que ejercen sus ministerios, son irrenunciables, requieren estabilidad y rigen en la materia los principios de progresividad y no regresividad institucional consagrados a nivel convencional”, continúa el comunicado.
Además, expresa que “en este sentido, las leyes Nº 24.946 en su momento, y hoy las Nº 27.148 y Nº 27149, dictadas en junio de 2015, adquieren respecto de los elementos estructurales de ambos Ministerios Públicos el carácter de piso consolidado que no puede ser vulnerado por una normativa regresiva posterior”.
“Por lo expuesto, desde esta Asociación, representativa de todos los estamentos del sistema de justicia, solicitamos a nuestros legisladores, tal como hicimos coherentemente en 2017, el pleno respeto a la institucionalidad e independencia de los Ministerios Públicos, en el marco de un Estado de Derecho”, concluyeron.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales escuchó la opinión de especialistas sobre los proyectos que buscan modificar el mandato, la designación y la remoción del procurador general. El próximo lunes se hará la última reunión informativa.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que encabeza Oscar Parrilli (Frente de Todos) avanzó este martes con una nueva ronda de exposiciones sobre los proyectos que buscan reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, para modificar el mandato, la designación y la remoción del procurador general.
Los senadores escucharon a especialistas y pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando se realizará la última reunión informativa.
Las iniciativas que el Frente de Todos utiliza para el debate son las de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), y proponen acotar el mandato del jefe de los fiscales.
El oficialismo también analiza flexibilizar la mayoría con la que se designa al titular de la Procuración, cargo para el cual se propone a Daniel Rafecas.
El primero en exponer este martes fue Néstor Pedro Sagués, doctor en Derecho por las universidades de Madrid y del Litoral e investigador de la UCA, quien consideró que para analizar estos temas “hay que remitirse a la Convención Constituyente de 1994, la cual no terminó de diseñar al Ministerio Público de la Nación, sino que lo delegó en el Poder Ejecutivo”.
“Hay una enorme responsabilidad del Poder Legislativo de completar la reforma”, agregó.
Sagués sostuvo que “la misión de la Convención del ‘94, respecto del Ministerio Público, fue la de darle autonomía, terminar con la servidumbre, erigirlo como un órgano extrapoder y dotarlo de funciones de contralor”.
Asimismo, manifestó que “tener los dos tercios en el Senado es indispensable para mantener una Procuración General robusta y cúspide de uno de los órganos extrapoder fundamentales del Estado e indispensable para el fortalecimiento del Ministerio Público”.
Por su parte, José Raúl Heredia, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y exdiputado provincial, expresó que el artículo 120 de la Constitución Nacional, que habla del Ministerio Público, “tiene muchas omisiones, porque no hubo suficiente acuerdo para una norma completa”.
Heredia consideró que “la remoción debe tener un consenso político tan amplio como para la designación”. “El derecho no lo puede todo y estas son situaciones que la política debe resolver. Uno puede instaurar una práctica parlamentaria que se vuelva jurisprudencia según la cual el origen más legítimo para el procurador debe ser el mayor consenso político posible”, aseguró.
A su turno, Marcela Basterra, doctora en Derecho y magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, destacó que “es necesario reforzar los mecanismos de control, que son los que hacen que se pueda investigar al Poder Ejecutivo”.
“Yendo a un sistema acusatorio, es directamente proporcional la necesidad de fortalecer la independencia del Ministerio Público Fiscal. Respecto a la remoción, me parece coherente el mecanismo propuesto que requiere dos tercios de los miembros del Senado”, agregó.
Mirta López, exjueza vocal de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, consideró respecto de la política criminal que “se ha perdido mucho tiempo en la persecución del delito infraganti, un tema que no se soluciona con más cárceles sino con menos desigualdad”.
También expuso Ricardo Rafael Toranzos, fiscal federal de la Unidad Fiscal Salya y vicepresidente primero de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), que preside Carlos Rívolo.
Toranzos coincidió con que “el Ministerio Público Fiscal es un cuarto poder o extrapoder con una independencia propia” y afirmó que “la necesidad de los dos tercios del Senado es importante y está relacionada también a la función que va a desarrollar el procurador”.
“Mantener la independencia y autonomía del procurador general es lo que ha llevado a la gran mayoría de los fiscales que han participado en los debates en nuestra asociación a sostener que los dos tercios son fundamentales para su designación”, insistió.
Por último, Nadia Espina, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y docente de la UBA, advirtió que “actualmente el procurador y el defensor de la Nación son los únicos funcionarios unipersonales de carácter vitalicio, siendo este último aspecto de origen infraconstitucional”.
Por eso, Espina opinó que sería “atinado” un plazo de seis años, una de las variantes que analiza el oficialismo.
Con una nueva tanda de expositores, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales seguirá con el tratamiento de los proyectos de Lousteau y Crexell, impulsados por el oficialismo.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el oficialista Oscar Parrilli, continuará este martes con el tratamiento de los proyectos para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el propósito que se fijó el Frente de Todos en el Senado.
En una reunión virtual convocada para las 15, la comisión volverá a analizar, con la presencia de expositores, los proyectos presentados por Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), que el oficialismo decidió impulsar.
La reforma que se analiza consiste en acotar el mandato del procurador general, cargo que ocupa interinamente Eduardo Casal, así como también revisar las mayorías necesarias para la designación y remoción del jefe de los fiscales.
En esta oportunidad, fueron convocados a exponer Néstor Pedro Sagués, doctor en Derecho por las universidades de Madrid y del Litoral e investigador de la UCA; y José Raúl Heredia, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y exdiputado provincial.
También fueron invitados Marcela Basterra, doctora en Derecho y magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos; y Mirta López, exjueza vocal de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
El listado termina con Ricardo Rafael Toranzos, fiscal federal de la Unidad Fiscal Salya y vicepresidente primero de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), que preside Carlos Rívolo; y Nadia Espina, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y docente de la UBA.
En un zoom de la Mesa Nacional, los líderes de la alianza admitieron que la decisión del máximo tribunal sobre Bruglia y Bertuzzi “no los satisface”. Expresaron “preocupación” por la intención de modificar la Ley del Ministerio Público.
La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio rechazó este miércoles el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y por otra parte pospuso la definición sobre el pliego de Daniel Rafecas como procurador general.
Los referentes del espacio opositor se reunieron durante la mañana a través de la plataforma Zoom y luego de analizar la situación emitieron un comunicado.
Del encuentro participaron el expresidente Mauricio Macri; la presidenta del Pro, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; y el auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto.
También estuvieron los senadores Humberto Schiavoni, Martín Lousteau y Luis Naidenoff; los diputados Maximiliano Ferraro, Alfredo Cornejo, Mario Negri y Juan Manuel López; y la legisladora provincial Maricel Etchecoin.
“El fallo de la Corte Suprema no nos satisface”, expresó Juntos por el Cambio luego de que el máximo tribunal ordenara a Bruglia y Bertuzzi permanecer en los cargos a los cuales fueron trasladados por el gobierno de Mauricio Macri hasta que se realicen nuevos concursos para definir jueces naturales.
“La Corte ratificó lo actuado por los jueces, por lo tanto deben quedarse en sus cargos y no renunciar, para garantizar justicia a los judiciables”, consideró la alianza opositora.
Por otra parte, manifestó “preocupación” por el intento del oficialismo de modificar en el Senado la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el fin de acotar el mandato del procurador y cambiar las mayorías necesarias para su designación y remoción.
“Alertamos sobre la gravedad que implica que el oficialismo pretenda modificar las mayorías necesarias para elegir y destituir al procurador general de la Nación, por lo que implica su figura en nuestro ordenamiento institucional, la promoción de la acción penal y a su vez en pleno proceso de implementación del sistema acusatorio”, advirtió Juntos por el Cambio.
Por último, postergó su decisión sobre la postulación de Rafecas, que se encaminaba al rechazo hasta que, en los últimos días, Carrió pidió avalar al candidato de Alberto Fernández, lo que provocó un sismo en la alianza política.
“En el momento en que el oficialismo en el Senado de la Nación tome la decisión de avanzar e impulsar al pliego propuesto por el presidente de la Nación, Juntos por el Cambio va a expresar su posición respecto al procurador general de la Nación”, dice el comunicado.
“Nadie nos tiene que condicionar en la discusión”, insistió la senadora. La líder de la Coalición Cívica la acusó de no actuar sobre el tema del narcotráfico en Santa Fe.
Luego de que la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun acusara a la dirigente Elisa Carrió de ser “la 12 del Senado” por opinar sobre la designación de Daniel Rafecas como procurador general, este martes continuaron los cruces entre ambas.
A través de Twitter, Carrió -quien días atrás respaldó al candidato del Poder Ejecutivo- acusó a Sacnun de no actuar sobre el tema del narcotráfico en Santa Fe.
“Honorabilísima senadora de la Nación @sacnun. No quiero entrometerme en tan alta y suprema Cámara. Pero le pregunto. Hace más de 20 años que investigo el narcotráfico en Santa Fe y la Hidrovía porque la política y la Justicia lo protegían. Si no lo hubiera hecho yo, ¿quién lo hacía? ¿Usted?”, ironizó Lilita.
Por su parte, Sacnun -quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado- insistió en que “nadie nos tiene que condicionar en la discusión, ni Daniel Rafecas, ni Elisa Carrió, ni nadie”.
“Nos viene a dar instrucciones a los senadores y la verdad es que me gustaría conocer la posición de los legisladores de su propio espacio político respecto de que ella nos venga a dar instrucciones”, cuestionó la santafesina en diálogo con radio FutuRock.
En ese marco, recordó que en 2018, en su rol de diputada, “Carrió ya quiso presidir la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, y no tuvo el apoyo y ni sus propios compañeros y compañeras la acompañaron”.
“Hace mucho tiempo que ella muestra interés por influir en la política criminal del Estado argentino y se trata de una persona sospechada de reunirse junto a otra diputada, (Paula) Oliveto con el falso abogado (Marcelo) D´Alessio”, resaltó Sacnun.
Por eso, se preguntó: “¿Esta mujer es la que nos va a decir a los senadores a quién le tenemos que prestar acuerdo para que sea procurador? A mí me da que pensar. Me replanteo qué es lo que está dialogando y esperando Carrió ahora que, en forma intempestiva, pide que se le dé acuerdo al pliego de Rafecas”.
En este marco, consideró que la discusión en torno a una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público apunta a “una política de alto vuelo que no se puede reducir solamente a la mayoría requerida para la designación” del procurador y afirmó que se trata de debates que tienen que “ejercer los legisladores”.
“Nadie nos tiene que decir cómo tenemos que votar. Y sí creo que primero tendremos que ir hacia una reforma de la ley. Esperaremos también a ver qué dice el Consejo Consultivo”, aseveró la legisladora.
Por otra parte, apuntó al actual jefe de los fiscales, Eduardo Casal, al recordar que “no tiene acuerdo del Senado y es interino, además de que ha cometido troperías importantes”.
Sacnun pidió en este contexto “destrabar algunas cuestiones para contar con un procurador para que tenga, como dice la Constitución, el acuerdo del Senado”.
Tres abogados participaron de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde el oficialismo volvió a poner en debate los proyectos de dos opositores, Martín Lousteau y Lucila Crexell, para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Tres especialistas se expresaron este lunes a favor de limitar en el tiempo el mandato del procurador general -cuyo cargo es vitalicio-, al participar de una reunión virtual de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Oscar Parrilli (Frente de Todos).
El oficialismo volvió a poner en debate los proyectos de dos representantes de la oposición, Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y, entre otras modificaciones, fijar un plazo para el mandato del jefe de los fiscales.
Si bien tanto Lousteau como Crexell solicitaron retirar sus iniciativas, en la última sesión de la Cámara alta el oficialismo impuso su mayoría y votó en contra del retiro, tras lo cual insistió este lunes en el tratamiento de los proyectos, esta vez en una reunión informativa con la presencia de expertos.
El primer disertante fue Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y docente de la UBA, sostuvo que “ya hay consensos muy grandes” respecto de limitar en el tiempo el mandato del procurador.
“Todos los países de América Latina que han pasado a sistemas acusatorios en los últimos veinte años abandonaron toda idea del carácter vitalicio del procurador, que es incompatible con la naturaleza institucional del Ministerio Público, que no es un órgano estrictamente judicial”, consideró.
Binder recordó que Santa Fe, Salta, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires “ya tienen procuradores con plazos determinados” y esto se basa en “la necesidad de renovar planes de persecución penal”, porque de lo contrario se entra en un “desgaste”.
“En aquellos casos donde no existe plazo, termina consolidándose una transferencia muy nociva hacia los entornos técnico-burocráticos que rodean a esos procuradores, generando graves distorsiones en todo el sistema político por las diferencias que hay en los enfoques político-criminales respecto del plan de gobierno”, opinó.
El especialista insistió en que “ponerle un plazo al procurador sería dar un salto de calidad enorme” y en ese marco explicó que existen dos modelos: plazos de cinco o seis años, o plazos más largos como los que se aplican en Chile (ocho años) o Uruguay (diez años).
Binder puntualizó que los plazos cortos buscan “acercar” al procurador con la gestión de turno, que es la que lo elige, y consideró que el modelo más “estable” es el de seis años: “Parece un plazo bastante razonable porque le permite (al procurador) estabilizar una política de persecución penal”.
Sin embargo, advirtió que “para que este modelo funcione bien, tiene que estar claro que al terminar el gobierno se va el procurador” y “vuelve al llano”.
El experto aclaró, de todos modos, que el problema es que el procurador trasciende al gobierno que lo eligió, lo cual puede generar experiencias “traumáticas” como la de Alejandra Gils Carbó, “objetada y bombardeada” desde la gestión de Mauricio Macri.
Para Binder, si se aplica el límite de seis años “es mejor conservar los dos tercios” como mayoría requerida en el Senado, y en cambio si son cuatro años “se puede relajar la mayoría”.
“Es bueno que el primer procurador del sistema acusatorio tenga un muy fuerte respaldo del Senado”, consideró, y añadió que “además de poner en marcha el sistema acusatorio, el próximo procurador tiene que encarar una deuda enorme e importante que tiene que ver con la relación entre la Justicia Federal y las justicias provinciales”.
Ante una consulta de Parrilli respecto de la edad del procurador, el especialista respondió que “no es bueno tener procuradores muy jóvenes”.
Por su parte, Maximiliano Rusconi, exfiscal general de la Procuración General de la Nación, también remarcó la importancia del procurador en la implementación del sistema acusatorio. “Necesitamos imaginar un Ministerio Público ágil, protagónico, vinculado con la realidad. No se puede construir una política criminal sin estar vinculado con la realidad”, enfatizó el abogado.
Además, sugirió poner “menos adrenalina en remover al procurador y más adrenalina en controlar a ese procurador” en la Comisión Bicameral del Ministerio Público, y reforzó: “No hay que tenerle miedo a un Ministerio Público cercano al Poder Ejecutivo, que sea permeable a la realidad y que esté controlado”.
Sobre la cuestión del mandato, dijo que “no le parece mal” establecer un límite, y también se mostró de acuerdo en permitir una reelección, mientras que con respecto a la remoción pidió pensar en “un sistema parecido al del juicio político, en el seno del Senado”.
El último en exponer fue el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta, quien pidió poner el foco en la implementación “lo más rápida posible” del sistema acusatorio en lugar de hacer énfasis en la remoción o el límite del mandato del jefe de los fiscales.
“¿Quién va a pretender que una persona que maneja una estructura con tanto poder, como es el diseño del Ministerio Público Fiscal en un esquema acusatorio, pueda tener un cargo vitalicio? Es insostenible”, subrayó Erbetta.
El juez agregó que “si tenemos el límite de la periodicidad, el problema de las mayorías se relativiza”, y afirmó que “no hay nada peor que tener un procurador interino. Hay que tener un procurador legitimado, y aparte no podemos convertir una excepción en la regla”.
Erbetta coincidió con Rusconi en que “más que la mayoría, el problema es el control, y una forma de controlar es robustecer institucionalmente al Ministerio Público Fiscal, pero limitar las facultades de poder que pueda tener una sola persona” a través de la figura de “un procurador adjunto”.
En ese contexto, opinó que “cuatro años es un plazo muy corto” para el mandato, y coincidió con Binder en que “seis años es un plazo por demás adecuado”.
El senador de la UCR-Evolución le preguntó a Rusconi si comparte la opinión de Rafecas en contra de ser designado con mayoría simple.
“Como ya tenemos un caso, que es el del candidato propuesto por el presidente, si a usted lo propusieran y se elevara su pliego, ¿tendría también un reparo a la mayoría con la que fuera elegido?”, indagó Lousteau.
De inmediato, Parrilli intervino: “Debemos sacarle la incomodidad al doctor Rusconi. Lo liberamos de una respuesta tan hipotética, porque hoy hay un pliego…”.
Pero no hizo falta la aclaración, porque Rusconi ya tenía pensado no responder. “Por respeto al Poder Ejecutivo, que ya eligió un candidato a procurador, y por respeto al candidato que eligió, lo último que haría es responder esa pregunta”, dijo.
Fue la definición que utilizó la senadora María de los Ángeles Sacnun para referirse a Elisa Carrió. La cuestionó por haberse pronunciado sobre el nombramiento de Daniel Rafecas, aunque la dirigente pidió apoyarlo.
Tras un tiempo sin presencia mediática, Elisa Carrió levantó polvareda al pedir a Juntos por el Cambio -a través de un comunicado de la Coalición Cívica- que apoye la designación de Daniel Rafecas como procurador general, facilitando los dos tercios de los votos en el Senado.
El pronunciamiento generó malestar en Juntos por el Cambio, que mayoritariamente se opone a la figura de Rafecas. Sin ir más lejos, el senador cordobés Ernesto Martínez llamó a Carrió “señora gorda”. Por eso sorprendió que, este lunes, fuera una oficialista quien saliera a cuestionar a “Lilita”. La dirigente que pidió, justamente, avalar al procurador propuesto por el presidente Alberto Fernández.
Al participar de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, la santafesina María de los Ángeles Sacnun utilizó una metáfora futbolera. “En la cancha, a la tribuna se le dice ‘La 12’… acá parece que hubiera una senadora sin banca, que es el caso de Elisa Carrió. Viene a ser como ‘La 12’ del Senado”, comparó.
Y siguió: “Resulta que ahora se ha adjudicado la facultad de decirnos a los senadores cuándo tenemos que otorgar acuerdo, cuándo no tenemos que otorgarlo, y yo tengo mis dudas en cuanto a cuál es la política criminal que quiere Elisa Carrió, que aparentemente era una de las que consumía parte de la información que, de manera ilegal, la AFI tenía y cruzaba con algunos fiscales y miembros del Poder Judicial para el armado de causas”.
Sacnun se expresó así durante el debate sobre la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, entre otras cosas para limitar el mandato del procurador, que hoy es vitalicio. Es la vía que explora el oficialismo ante el obstáculo para avanzar con el pliego de Rafecas.
El senador kirchnerista dijo que “primero” hay que debatir la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y luego elegir al nuevo jefe de los fiscales. Recordó que esperan para los próximos días la propuesta del consejo de asesores del Poder Ejecutivo.
Tras haber votado la semana pasada en el recinto la negativa para retirar los proyectos de los senadores Martín Lousteau y Lucila Crexell sobre la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el kirchnerismo continúa a paso firme con su objetivo de avanzar sobre el procurador general interino, Eduardo Casal.
El oficialismo ratificó este lunes, a través del senador kirchnerista Martín Doñate, su intención de modificar la mayoría que se necesita para designar al jefe de los fiscales. En el marco del debate sobre la duración del cargo, el rionegrino señaló: “Si es a plazo, no posible que sea por dos tercios”.
“Hace 20 años que estamos tratando de encontrar acuerdo de los dos tercios para un Defensor del Pueblo; cada tres o cuatro años conseguir acuerdos de dos tercios para un cargo que es a plazo… ¿Sabe dónde vamos a terminar? Vamos a terminar legislando los interinatos, las vacancias, porque va a ser complejo conseguir los dos tercios”, sostuvo en diálogo con radio La Red.
El titular de la Comisión Bicameral del Ministerio Público cargó nuevamente contra Casal, al afirmar que “ha sido parte del engranaje de la persecución judicial” y “se ha transformado en un militante radicalizado de Cambiemos y de Mauricio Macri”.
Al diferenciarlo de Alejandra Gils Carbó, procuradora durante el kirchnerismo, el legislador dijo que “sufrió operaciones que fueron nefastas ella y su familia”, durante el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, en tanto los cuestionamientos contra Casal son “una tarea de trabajo institucional que no tiene que ver con ataques personales”, expresó.
En tanto, en declaraciones a radio El Destape, Doñate remarcó que los proyectos para modificar el Ministerio Público “son de la oposición”. Asimismo, señaló que están a la espera de la propuesta que enviará el Consejo Consultivo de juristas que asesoran al Poder Ejecutivo, quienes “se pusieron como plazo el 18 de noviembre” para la presentación de un anteproyecto.
De vuelta sobre Casal, el senador recordó: “Estamos tratando varias denuncias en su contra y estamos evaluando la legalidad de sus actuaciones y su condición como procurador interino”. “Quizás dentro de algunos días tengamos una novedad”, deslizó.
Y subrayó que “antes de discutir el pliego de un posible procurador es imprescindible terminar de discutir la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, para luego definir el perfil del procurador”. El pliego de Daniel Rafecas, quien anticipó que renunciaría a la postulación en caso de que se lo quiera designar sin los dos tercios, todavía está congelado.
“Esperamos antes de fin de año tener media sanción de un buen proyecto”, completó Doñate.
El partido de Elisa Carrió -que no tiene senadores- sostuvo que la oposición debe prestar los dos tercios para la designación, que está trabada en la Cámara alta.
En un mensaje que sorprendió, la Coalición Cívica-ARI, partido referenciado en Elisa Carrió, llamó a votar a Daniel Rafecas para la Procuración General de la Nación, como “un gesto institucional exento de especulaciones políticas”.
En un comunicado de la Junta Ejecutiva Nacional, el partido sostuvo que “hoy en día es necesario un gesto institucional exento de especulaciones políticas, más en estos momentos de tanta desconfianza en la República y las instituciones”.
“Ese gesto tiene que ser salir de las pequeñeces personales y prestar los dos tercios a la designación del procurador General de la Nación propuesto por el presidente de la Nación, el doctor Rafecas”, consideró la CC-ARI.
Por último, sentenció: “En la historia se juega con nombre y apellido, como con la corrupción. A la Coalición Cívica no la va a atropellar la historia por mezquindades personales y especulación. Si no lo hacemos vamos al régimen de (Nicolás) Maduro”.
El pliego de Rafecas se encuentra trabado en el Senado porque los interbloques Juntos por el Cambio y Parlamentario Federal se unieron para bloquear la mayoría especial necesaria para avalar la designación.
Frente a este panorama, la Comisión de Acuerdos, que preside Anabel Fernández Sagasti, no realizó aun la audiencia pública con el candidato del Ejecutivo.
Por el contrario, el oficialismo emprendió una embestida contra el actual jefe de los fiscales, Eduardo Casal, en diversas reuniones de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, encabezada por Martín Doñate.
Esa bicameral reunió distintos testimonios y pruebas contra Casal y envió material a la Comisión de Juicio Político de Diputados, poniendo en tela de juicio la gestión de Casal con el objetivo final de lograr su remoción.
Paralelamente, el último viernes, el oficialismo abrió en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el debate sobre dos proyectos de reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal que buscan limitar el mandato del procurador, que actualmente es vitalicio.
Fue presentada por la fiscal Gabriela Boquin, quien denunció persecución por parte del procurador Casal, cuestionado des de el oficialismo.
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, presidida por el senador Martín Doñate (Frente de Todos), analizó este lunes diferentes notas sobre el funcionamiento de la Procuración General de la Nación y su titular interino, Eduardo Casal.
La primera nota en ser tratada fue remitida por la fiscal Gabriela Boquin, quien en una anterior presentación ante la bicameral había denunciado persecución por su actuación en la causa Correo Argentino.
A pedido del diputado oficialista Rodolfo Tailhade, las copias fueron giradas a la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.
En segundo término se evaluó una nota presentada por la senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) en la que se reproduce una nota enviada por fiscales que se presentaron en diferentes concursos y en la que subrayan que Casal “demoró un año en dictar algunas resoluciones”.
Sacnun sostuvo que “no se puede dejar a discrecionalidad, en este caso del procurador que esperó un año y medio en dictar las resoluciones, e interrumpir un acto que interpretamos que es un acto continuo, es decir, el sorteo, el acta y la resolución de la aprobación”.
Ante un pedido del diputado Emiliano Yacobitti (UCR-Evolución) para que “la bicameral funcione de manera productiva”, la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) propuso revisar el reglamento de funcionamiento.
En ese contexto, Doñate consideró importante “rediscutir el rol de esta bicameral con facultades aún más amplias para poder tener mayores niveles de fortaleza al momento de poder cumplir con lo que nos indica la ley”.
En la misma línea, Siley propuso trabajar “para cambiar la participación de la comisión bicameral, siempre teniendo en cuenta su limitación, que es la injerencia en la vida interna del Ministerio Público”.
También se analizó una nota de Tailhade en la que se pidió al procurador interino “su opinión sobre el funcionamiento del instituto de la ley del arrepentido”, ya que cuando se le preguntó por esta figura se limitó a reproducir opiniones formuladas por diferentes fiscales integrantes del Ministerio Público.
Se solicitó asimismo un listado de todas las causas en las que esa figura fue utilizada.
Por su parte, la diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, señaló que “la obsesión del Frente de Todos es avanzar contra el Procurador interino Casal, no pueden constituir la mayoría necesaria para nombrar a otro y por lo tanto quieren voltear a quien está haciendo bien su trabajo”. Asimismo, dijo que “estamos volviendo sobre cosas que ya se trataron, volver a reiterar sobre estos temas nos impide avanzar”, en referencia a la revisión de notas anteriores durante el tratamiento.
Al respecto, Ocaña presentó dos notas ante el presidente de la Comisión, senador Martín Doñate: una para que se cite a la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, para brindar detalles acerca de la incorporación de mujeres en los cargos de alto rango dentro del Ministerio Público de la Defensa y de qué manera se garantiza la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género dentro de la institución a su cargo. El otro escrito presentado pide citar a la Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para evaluar su participación en la filtración de datos relacionados al espionaje ilegal.
En la nota, Ocaña explicó que “la evidente impericia que habría mostrado la interventora al enviar, aparentemente, la documentación secreta sin los recaudos de protección necesaria, y la decisión de los fiscales de correr traslado digital de tales instrumentos, que deberían haber quedado como prueba reservada por su carácter sensible y secreto, son conductas que han puesto en peligro la vida de los agentes y las de sus familias, como así también la seguridad interior de nuestro país”.
En una reunión con duros cruces, el Frente de Todos cuestionó al jefe de los fiscales por no haberle tomado juramento aun al abogado designado por la Cámara alta para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.
En un nuevo capítulo de la ofensiva contra el procurador general interino, Eduardo Casal, el oficialismo aprobó este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado una cuestión de privilegio contra el jefe de los fiscales, a quien acusaron de protagonizar un “alzamiento institucional inédito” contra la Cámara alta.
El planteo fue impulsado por Martín Doñate, titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, y se originó en la demora de Casal en tomarle juramento a César Grau, el nuevo representante del Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
Si bien Casal ya le puso fecha a la jura -este viernes 11-, el Frente de Todos impuso su mayoría para avalar la cuestión de privilegio, que fue rechazada por Juntos por el Cambio y el rionegrino Alberto Weretilneck.
Al inicio de la reunión virtual, presidida por María de los Ángeles Sacnun, Doñate afirmó que “la gravedad institucional del asunto que estamos abordando amerita el tratamiento de esta cuestión de privilegio”.
Recordó que el Senado, “en pleno ejercicio de sus facultades y de la Ley 27.148” votó en la anteúltima sesión una resolución para designar a los doctores César Grau y Heliana Magalí Gualteri como titular y suplente en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
Esa designación, explicó el senador, “emerge de la ilegal designación que tuvieron los anteriores integrantes, porque no se cumplimentó lo que la ley establece, sino que fue a sola voluntad de las autoridades de la Cámara”, puntualmente la exvicepresidenta Gabriela Michetti.
Los representantes de la Cámara alta nombrados en la gestión anterior, y ahora desplazados, fueron los de Mario Laporta como vocal titular y Felipe Ricca como suplente.
“Frente a semejante desaguisado, el Senado modificó una decisión anterior y puso las cosas en su lugar” con “designaciones ajustadas a derecho”, aseguró el rionegrino.
Sin embargo, advirtió que Casal se negó a tomarle juramento a Grau en el plazo de dos días hábiles dispuesto por el Senado.
“Este fiscal se arroga facultades supraconstitucionales, viene a cuestionarnos y a observar la validez de nuestras decisiones”, cuestionó, y agregó: “Me pregunto si hizo lo mismo con las decisiones del anterior gobierno, que dispuso por decreto, de forma ilegal, a los integrantes del Senado (en el Tribunal). No, no lo hizo: no revisó la validez de esas designaciones”.
Doñate comentó que ante esta omisión, el oficialismo intimó a Casal mediante una nota, pero el jefe de los fiscales respondió “en franca rebeldía con este cuerpo”, argumentando que “los plazos fijados por el Senado” para la jura “no resultaban vinculantes”.
Finalmente, Doñate denunció un “alzamiento institucional inédito”. “Casal hace política, de la más obscena y berreta, alzándose con una irreverencia inconcebible. Está juzgando a la política, sin que nadie lo haya ungido para estar en ese cargo”, se quejó.
En nombre del principal espacio de la oposición, Laura Rodríguez Machado aclaró que “el Ministerio Público se ha pronunciado para el juramento de rigor que tanto le preocupa al senador Doñate” y “se ha fijado una fecha”.
Por esa razón, la cordobesa solicitó retirar del tratamiento la cuestión de privilegio, al considerar que “devino en abstracta”, y advirtió además que “nunca se trató una cuestión de privilegio en los cuatro años anteriores ni en este período” en el Senado.
Rodríguez Machado señaló en ese sentido que “no existe un reglamento” para tratar estas presentaciones en la comisión, “salvo que pretenda ser una apretada más contra el doctor Casal”.
“Pretenden ensuciar la trayectoria de una persona que no la puso Mauricio Macri; viene de planta, viene desempeñando históricamente su función, pero parece que les molesta, porque por fin hay una persona imparcial al frente del manejo de los fiscales, que son ni más ni menos que los que investigan las causas de corrupción”, lanzó.
En tono duro, Sacnun se defendió: “El término ‘apretada’ no cabe en términos institucionales. Lo que hemos hecho no fue más que cursar una misiva absolutamente consecuente con la decisión que tomó el pleno del Senado”.
Además, la presidenta de la comisión sostuvo que “de ninguna manera es una cuestión abstracta” la cuestión de privilegio, ya que se está evaluando una denuncia penal contra el procurador “por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, por más que hoy mismo tome juramento” a Grau.
Por su parte, Silvia Elías de Pérez (UCR) enfatizó que “el Senado, por una resolución, no tiene potestad para fijar nuevos plazos que sean diferentes a los de la Ley Orgánica del Ministerio Público”. “Por un proyecto de resolución no pueden cambiarse los plazos para un órgano extrapoder a gusto y piacere de nuestro cuerpo”, insistió.
La tucumana explicó que “la asesoría legal le dijo al procurador que todo está en orden y entonces se convocó para el día 11 a que se tome juramento a los representantes elegidos por el Senado. Entonces, ¿dónde está la rebelión? ¿Dónde está la supuesta afrenta constitucional?”.
Asimismo, Elías de Pérez reprochó: “Están rigiendo plazos diferentes en todas partes por la pandemia y ustedes lo califican como una ‘parsimonia exacerbada’. Hay una obsesión enorme para buscar motivos de destitución contra el procurador general”.
En la misma línea, otro radical, Pablo Blanco denunció que “el oficialismo está llevando adelante una campaña de hostigamiento contra el procurador general porque no tienen los números para apartarlo y nombrar a (Daniel) Rafecas como garante de la impunidad K”.
Desde el Pro, Esteban Bullrich dijo que “hay una acción muy clara: están buscando embarrar las causas de corrupción. Este no es un hecho aislado: se enmarca en la reforma judicial, que fue un nombramiento masivo de jueces. Se busca amenazar al Poder Judicial para que se rinda ante el poder político. Se busca impunidad”.
Por el oficialismo, Guillermo Snopek recordó la “persecución sistemática” contra la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, “presionándola para que renuncie antes de que venciera su mandato”, y además llamó a mirar el caso de su provincia, Jujuy, donde “crearon el Ministerio Público de la Inquisición para perseguir a los diputados provinciales generando causas, y a nivel nacional crearon una ‘mesa judicial’ para crear causas contra quienes pensaban distinto”.
En tanto, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) recordó que en la sesión votó a favor de los nuevos integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, pero sobre la cuestión de privilegio de Doñate expresó: “No me siento agraviado, porque la demora de dos semanas no amerita una denuncia penal. Es un tema que ya está terminado. No vale la pena seguir invirtiendo tiempo en esto”.
Al cierre del debate, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, denunció un “no respeto del Congreso sobre un órgano extrapoder, que tiene sus plazos”. “Hay una clara invasión a la esfera de otro poder. El Ministerio Público Fiscal es autónomo y no está sujeto a instrucciones emanadas de órganos ajenos a su estructura”, puntualizó.
Naidenoff sugirió al oficialismo que ponga en tratamiento el pliego de Rafecas en lugar de intentar destituir a Casal. “Si ustedes quieren transitar el camino del republicanismo, sin atajos, reúnan los números. Y si no hay acuerdo, no hay acuerdo”, dijo.
Por último, la vicepresidenta del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, advirtió: “Se ha dicho que queremos apretar, que buscamos la impunidad, que queremos hacer zafar de la cárcel a funcionarios, cuando lo que queremos es hacer cumplir que el procurador tome juramento a los representantes del Senado”.
La mendocina aclaró que a diferencia de Casal, el Ministerio Público de la Defensa le tomó juramento “en 48 horas” a los designados por el Senado. “Esto no es un amedrentamiento: estamos cumpliendo con lo que indica la ley y la Constitución. Espero que el procurador entienda que estamos cumpliendo nuestra función”, manifestó.
Hacia el final, cuestionó a la oposición por haber judicializado la sesión en la que se aprobó la ley de asistencia al turismo, y por haber impugnado el tratamiento del proyecto contra la pesca ilegal este mismo miércoles. “Cualquier tema que el Ejecutivo establezca como prioridad, va a encontrar un ‘pero’”, lamentó.
La Comisión de Asuntos Constitucionales tratará este miércoles una cuestión de privilegio de Martín Doñate contra el procurador, por no haberle tomado juramento al representante de la Cámara alta en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.
El oficialismo redoblará este miércoles la presión contra el procurador general interino, Eduardo Casal, en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde se tratará una cuestión de privilegio presentada por el senador Martín Doñate contra el jefe de los fiscales.
La reunión virtual, convocada por María de los Ángeles Sacnun, tendrá lugar a partir de las 15, y el planteo de Doñate tiene que ver con la negativa de Casal a tomarle juramento a César Grau, el nuevo representante del Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
En la sesión del pasado 3 de septiembre, Doñate advirtió que Casal “decidió vulnerar, no hacer caso, ignorar lo que dispuso este Senado” al aprobar la designación de Grau, quien debía jurar “en el plazo de dos días hábiles”.
Si bien el Ministerio Público de la Defensa, a cargo de Stella Maris Martínez, sí le tomó juramento a la representante votada por el Senado, Mariela García Lastra, no ocurrió lo mismo con Casal, quien se negó a hacer lo propio con Grau.
Doñate, presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, intimó a Casal mediante una nota, pero según reveló, el procurador le respondió “que no puede cumplir con el resolutorio porque tiene que revisar la validez de la decisión tomada por el Senado”.
“Es decir, se arroga una especie de revisión tardía e incompetente de las decisiones de este Congreso”, denunció el senador, y agregó: “Estamos frente a una conducta que, además de ilegal, es de desprecio y de rebeldía de un fiscal para con este Senado, que es de una gravedad inusitada y que no encuentra un paralelismo en la historia, en el vínculo entre el Senado de la Nación y ese órgano extrapoder constitucional”.
Doñate sentenció que Casal “se nos ríe en la cara y nos dice que va a hacer lo que se le cante, con medidas dilatorias, obstructivas, distractivas, que merecen ser analizadas penalmente”.
Desde Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta de la comisión, adelantó el rechazo a la cuestión de privilegio.
“Estaremos presentes en la reunión para fundamentar que no corresponde, en esta oportunidad, el tratamiento de dicha cuestión de privilegio, exponiendo fundamentos legales y de procedimiento. Mañana sabremos el alcance de un nuevo embate del oficialismo contra Casal”, manifestó.
En la reunión de Asuntos Constitucionales también se tratará un proyecto de Inés Blas (Frente de Todos) para crear una nueva comisión en el Senado, la de “Cooperativas y Mutuales”.
También se debatirá una iniciativa de Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) que solicita la reglamentación de la Ley 27.532, de Encuesta Nacional del Uso del Tiempo; y otra de Guadalupe Tagliaferri (UCR-Evolución) para reglamentar la Ley 27.064, de regulación y supervisión pedagógica de las instituciones que brindan cuidado y atención a la primera infancia, no incluidas en la enseñanza oficial.
El senador K, titular de la Bicameral del Ministerio Público, cargó contra el procurador interino, que no aceptó tomar juramento a un funcionario, luego del desplazamiento de Mario Laporta.
El senador nacional Martín Doñate (Frente de Todos) apuntó en la sesión de este jueves contra el procurador interino, Eduardo Casal, por “vulnerar, no hacer caso, ignorar lo que dispuso este Senado” en relación al desplazamiento de Mario Laporta del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
El oficialista lo criticó por el “incumplimiento” de sus funciones, y explicó que mientras el Ministerio Público de la Defensa “cumplió acabadamente”, el jefe de los fiscales no le tomó juramento al nuevo vocal designado en un plazo de dos días hábiles, después de la aprobación de las resoluciones por parte de la Cámara alta, la semana pasada.
El titular de la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal enfatizó que la conducta de Casal es “ilegal” y “de rebeldía”, además de representar “una gravedad inusitada”. “No lo podemos tolerar. Es momento de llamar a las cosas por su nombre, lo que hace Casal es alzarse contra la autoridad de este Senado”, sostuvo.
“No es potestad de ese fiscal, bajo ningún punto de vista, someter a un test de validación la decisión del Senado”, subrayó el rionegrino y agregó que tampoco puede “formular objeciones, censura o cuestionamientos” sobre la resolución de la Cámara.
Al revelar la contestación que recibieron por parte de Casal, Doñate señaló que el procurador interino respondió que “no puede cumplir con la resolución porque tiene que revisar la validez de la decisión tomada por el Senado”. “Esto es un escándalo”, se quejó el legislador.
“Falta que le pidamos permiso a alguien para sancionar una ley”, añadió e insistió en que Laporta “fue puesto de manera ilegal” por la anterior gestión.
Se trata de Mario Laporta, quien fue designado por decreto de la exvicepresidenta Gabriela Michetti. También votaron desplazar a Juan Emilio Simoni. Juntos por el Cambio advirtió que tiene que ver con la “arremetida” contra el procurador general interino, Eduardo Casal.
En la previa del debate de reforma judicial, el Frente de Todos dejó sin efecto las designaciones de Mario Laporta como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, y de Juan Emilio Simoni como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa.
Los proyectos de resolución recibieron 41 votos a favor y 27 en contra, en la sesión de este jueves. Al oficialismo lo acompañaron el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana, mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal votaron negativamente.
Ambos funcionarios habían sido designados por decreto de la exvicepresidenta Gabriela Michetti, sin pasar por votación en el recinto. Bajo ese argumento, el Frente de Todos decidió avanzar en la modificación de la integración de los jury.
Desde Juntos por el Cambio advirtieron que estas resoluciones tienen que ver con la “arremetida” del oficialismo contra el procurador general interino, Eduardo Casal.
En el debate, el senador Martín Doñate (Frente de Todos), titular de la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, aseguró que con esta aprobación “venimos a regularizar, normalizar y enmendar una grave irregularidad que cometió la exvicepresidenta Gabriela Michetti”.
En ese sentido, el rionegrino calificó como “arbitraria, unilateral, ilegal e ilegítima” la decisión de la extitular de la Cámara alta, que firmó ambos decretos “sin ser sometidos como indica la Ley del Ministerio Público Fiscal a la votación del pleno en el recinto”.
El oficialista remarcó que el vocal (Laporta) “no cuenta con los votos de los senadores y senadoras” y esa banca “es de Senado”. Además, señaló que el gobierno anterior “ni siquiera tenía la mayoría en este Senado”.
“Corresponde designar a los miembros con la votación de este cuerpo”, insistió y rechazó la “insolvente afirmación” de que con este proyecto se confirme una “persecución y avasallamiento” al procurador general interino, Eduardo Casal, “por parte del oficialismo”.
A su turno, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR), sostuvo que “no” tienen “duda” de “la arremetida contra el Ministerio Público Fiscal” y lanzó: “Un procurador como Eduardo Casal los molesta”.
También, acusó al oficialismo de querer tener “un tribunal que pueda responder a sus propios intereses” y defendió que “ambas designaciones fueron realizadas en cumplimento de los actos administrativos y procesales que establece la legislación de fondo”.
El formoseño justificó que Michetti designó a los funcionarios “de conformidad a los precedentes” que “siempre fueron los bloques los que llevaban los nombres y la presidenta del cuerpo los refrendaba”. En ese sentido, enfatizó que “ningún senador” objetó esto “en 2017 y 2018”. “¿Por qué no lo objetaron? Porque estaban bien realizadas”.
Naidenoff resaltó que Laporta y Simoni tienen un cargo que dura tres años. Y pidió: “No busquen el atajo de sacarlo a Casal de la cancha porque les molesta, busquen los números (para designar a un nuevo jefe de fiscales)”. “Es un mamarracho. Es un procedimiento de nulidad absoluta e insanable”, agregó.
“El único mamarracho, el único acto nulo, son los dos decretos de la entonces presidenta de la Cámara”, lo cruzó el chubutense Mario Pais (Frente de Todos), quien criticó que “desde la oposición le hacen decir a las leyes lo que las leyes no dicen”.
Sobre eso, explicó que la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, “habla inclusive de que uno (de los integrantes de ese jury) será designado por la mayoría del Senado, y eso es con la votación”. “¿Cómo se expresa el Senado? ¿Se expresa a través de la vicepresidenta o se expresa a través del cuerpo?”, añadió.
