Con el objetivo de visibilizar que las distintas violencias que sufren las mujeres también las padecen las niñas y niños que tienen a su cargo, el MPT diseñó una campaña para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. “Yo también soy víctima del empujón, los golpes o las amenazas”; “Yo también soy víctima cuando mi mamá denuncia y no la escuchan” son algunas de las frases que acompañan la campaña del MPT que -con el foco puesto en la voz de chicas y chicos- se muestra que las mujeres son víctimas y la violencia la sufre toda la familia. 

La campaña se publicará en los medios digitales del Ministerio. Es importante que se comparta para concientizar sobre esta problemática que aún tiene cifras alarmantes en nuestro país.  

El Ministerio Público Tutelar centra su tarea en hacer oír la voz de chicas y chicos. Cuando conviven en entornos violentos, junto a madres víctimas de violencia de género, también son víctimas. Por ello, este año formamos un equipo especializado en entornos libres de violencia para acompañar y asesorar. 

Asimismo, desde el mes de julio el MPT se sumó de manera permanente al Centro de Justicia De La Mujer. Allí cada día se orienta y acompaña de manera integral a niñas, niños y adolescentes y también a sus madres, que acuden para solicitar ayuda y asesoramiento. En estos pocos meses de trabajo ya hemos atendido con los equipos especializados a casi 500 niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de víctimas de violencia. 

El diputado nacional Rodolfo Tailhade, presidente de la Comisión de Justicia, señaló este martes que en el oficialismo entienden el planteo que hizo el candidato a la procuración del Gobierno, Daniel Rafecas, “pero nosotros no podemos supeditar esta cuestión tan grave”, por cuanto “es urgente” la normalización de la Procuración General de la Nación. “Tenemos que volver a poner en funcionamiento un organismo clave”.

Del mismo modo, consideró en diálogo con FM La Patriada que “el doctor Rafecas se apresuró. Puede conseguir los dos tercios igual”.

A hora de que la Cámara baja firme el despacho para avanzar en la reforma del Minsiterio Público Fiscal, Tailhade dijo al programa Nobleza Hormiga: “Que cambiemos el procurador no significa otra cosa que poner punto final a la crisis institucional del Ministerio Público sin conducción hace 3 años y medio”.

“Nadie va a hablar de (Eduardo) Casal, porque está ahí para aceitar los circuitos mafiosos que funcionan en la procuración y acentuado un nivel de feudalización del organismo”, dijo sobre el actual procurador y remarcó que “se lo protege tanto en los medios como en la oposición porque es un soldado de la derecha. Asumió como interino pero lleva 3 años y medio, ha generado una crisis institucional”.

“En 2017 cuando armaban causas a (Alejandra) Gils Carbó, el macrismo lanza un proyecto de modificación que pedía 5 años de mandato y mayoría absoluta para elegirlo, cuando había una procuradora legitimada”, recordó. En tanto, sumó que “el macrismo lo ve como un soldado propio, es fundamental para ellos mantenerlo”.

En otro momento de la entrevista se refirió al pedido de asilo político que hizo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en Uruguay: “Es un delincuente, no es ningún perseguido por la justicia”.

“Acá no hay partidos políticos, hay una causa penal de particulares. Empresarios que fueron extorsionados y están haciendo una denuncia a los responsables y uno de ellos es Pepin Rodriguez Simón”, agregó.

El martes próximo se ha citado a una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para tratar un proyecto de modificación a la ley de Ministerio Público. “Así expresado, puede no parecer algo trascendente para la vida cotidiana de los argentinos. Y sin embargo, es crucial”, alertó este sábado el diputado Jorge Enríquez.

“El kirchnerismo quiere suprimir por ley la independencia que la Constitución le otorga a ese órgano. Rebajando la mayoría necesaria para su designación, el procurador General será un mero militante que no velará por la legalidad sino por la impunidad de Cristina Kirchner y sus secuaces”, afirmó el diputado nacional del Pro.

Agregó Enríquez que “como jefe de los fiscales federales sin dudas impulsará la persecución de quienes se opongan a la construcción de un populismo autoritario. Hay que impedirlo antes de que sea tarde”.

La diputada nacional Graciela Camaño (Consenso Federal – Buenos Aires) consideró que todos los temas puestos a consideración para tratar en extraordinarias “están en línea con las necesidades del Ejecutivo”, pero “excluyendo los temas que hacen a la reforma judicial”.

Respecto de esa referencia, estimó que “Argentina necesita una justicia en la que un vicepresidente condenado no esté cómodamente en su casa y un curso de organización de eventos le permita descontar pena”.

“Sí necesitamos una reforma judicial”, aclaró, pero advirtió que “las reformas judiciales, al ser el Poder Judicial un poder no electivo, requieren de un enorme consenso. Tiene que haber muchas voces que se escuchen, pero el consenso parlamentario no puede ser la cantidad de manos que se consigan”.

Entrevistada en Diputados TV, la diputada opositora comentó que hacia los finales del Gobierno de Cristina Kirchner “se planteó una reforma judicial sumamente ambiciosa, realmente interesante para la discusión política y parlamentaria, pero como el kirchnerismo tenía el número para poder sacarla sin necesidad de los demás partidos políticos, la votó. Y bueno, la Justicia, en algunos casos le falló en contra. Y la inconstitucionalizó (SIC)”.

En ese marco, agregó Camaño que el gobierno siguiente, de Cambiemos, “cometió el tremendo error de paralizar el cambio del sistema inquisitorio al acusatorio”.

“Los consensos que hacen falta son muy amplios”, señaló siempre a cuento de una reforma judicial, y puntualizó que durante el debate reciente “se requirió la opinión de mucha gente valiosa, pero no se les dio cabida a lo que se opinó. Tampoco fueron tenidas en cuenta opiniones de gente relacionada al propio oficialismo. “Hay falsedad cuando se dice que se consulta -expresó en ese sentido-. Los invitaste, pero no los escuchaste”.

Consultada sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal, Camaño aclaró que “no es irregular el nombramiento” del procurador general actua. “Es lo que prevé la propia ley; lo que no hay es un procurador que esté  nombrado, este es el problema. Pero la sucesión en el cargo está prevista ante la ausencia de consensos”.

Con relación a la reforma que cuenta con media sanción del Senado, consideró “correcto que existan controles sobre la acción de los fiscales”, sobre todo en el marco de un sistema acusatorio como es al que se va. “Pero en la medida justa: que no se vulnere el principio constitucional de un órgano independiente”, apuntó.

Lamentó entonces que durante el Gobierno anterior, por lo que atribuyó a “vanidades personales dentro del propio Cambiemos” se perdió “la oportunidad de poner el Ministerio Público Fiscal en equilibrio”.

Recordó que en el Gobierno de Macri se dio “una embestida muy fuerte” contra la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó y en ese marco se constituyó la Comisión Bicameral de Control y de Asistencia al Ministerio Público Fiscal, que ella presidió. “La procuradora se fue del cargo, pero antes la revisamos de pie a cabeza en la comisión, determinándose que durante esa gestión se hizo todo ajustado a lo que la ley de Cristina Kirchner había propiciado.

“Sí, es necesaria una reforma a la ley de Ministerio Público, para tener un mejor control, pero tiene que ser muy sano el control, no de comisariato, que la política maneje la procuración”.

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, cuestionó la agenda del Senado de este tiempo: “Meses y meses discutiendo comisiones investigadoras y reformas judiciales”, se quejó, para asegurar luego que el oficialismo había “planchado” la designación de Daniel Rafecas al frente de la Procuración General de la Nación.

“La agenda del Senado iba en otro camino, y hoy se ve cuál es. Creo que hoy no estamos tratando la reforma de la ley, sino una contrarreforma constitucional”, afirmó. “Es una contrarreforma constitucional, porque a partir de 1994, el Ministerio Público Fiscal ocupó un rol central como extrapoder, y el espíritu de los constituyentes era que estuviera lejos del Poder Legislativo y el Ejecutivo”, sostuvo, afirmando que es en el tema de las mayorías calificadas donde se orienta la contrarreforma de la que hablaba.

Citó luego al senador Martín Doñate, que había dicho que “los dos tercios son impracticables”. “No, no es impracticable -aclaró-. Esto tiene que ver con lo que se siente y percibe en función de los criterios democráticos”.

En referencia a los dos tercios calificados, el jefe de la principal oposición sostuvo que “ese consenso calificado tenía que ver con la robustez del Ministerio Público Fiscal, y con esta ley se destruye ese consenso”.

“La propia Constitución puede en una instancia hasta molestar, podemos no estar de acuerdo con su articulado, pero hay que respetarla. No se trata de que gobiernen jueces o fiscales”, dijo en referencia de nuevo a los dichos de Martín Doñate, señalando que “es la entidad del Ministerio Público lo que se discute”. En ese sentido sostuvo que “lo que se va es por la cabeza del Ministerio Público, que no solamente tiene entre sus facultades a quién se acusa o a quién no, sino también a quién se persigue y a quién no. En el nuevo rol, el jefe de los fiscales puede lograr acuerdos de conciliación, avanzar en juzgamientos, pero es el rol central que tiene que ver con las investigaciones que involucran a funcionarios públicos”.

“Y cuando involucra a la función pública, por eso la mayoría calificada: esa es la razón de ser”, remarcó.

Para Naidenoff “se avanza con la contrarreforma, que no termina ahí, tiene que ver con un apéndice como es una bicameral que termina jugando en primera y teniendo un rol más decisivo que el que le daba la Constitución al Ministerio Público Fiscal. Porque si bien es cierto que hay algunos cambios en este proyecto, en caso de vacancia la bicameral puede designar a un reemplazante. Entonces, ¿de qué me hablan de Rafecas, si la razón de ser, la embestida del oficialismo con todo lo que tiene que ver con la procuración arrancó con (Eduardo) Casal?”.

En ese marco, el senador radical sostuvo que “el núcleo central de la reforma es cubrir una vacante sin mayoría calificada por una comisión bicameral del Congreso. Tanto denuestan que no tenemos procurador general… No hay porque no lo han puesto a consideración”.

Más adelante, Naidenoff acusó al oficialismo de romper la lógica del acuerdo. Mientras que desde el Poder Ejecutivo se invita a un acuerdo, dijo, “acá se rompe la lógica del acuerdo. Por no encontrar los números dentro del oficialismo, porque una cosa es el candidato del Poder ejecutivo y otra lo que siente el oficialismo del Senado”. El presidente del bloque JxC concluyó diciendo que “lamentablemente una vez más, como viene ocurriendo en los últimos años, lo que no resuelve la política lo resolverá la Justicia, y será la Corte la que al final del camino termine declarando esta ley, si se termina aprobando -cosa que dudo en la Cámara de Diputados-, como inconstitucional. Por lo tanto, más allá de todas las discusiones, tropiezan con la misma piedra. Les fue muy mal y no aprenden, será la Justicia la que encauce y ponga freno a un poder desenfrenado”.

Contrarreloj, el oficialismo apuró el último día hábil de la semana pasada el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley del Ministerio Público, con el obvio objetivo de llevarlo al recinto antes del final del período ordinario. Fue al cabo de varias reuniones que contaron con exposiciones de invitados que analizaron las reformas sugeridas a dicha norma, mientras paralelamente iba redactándose el proyecto que el Frente de Todos terminó presentando el viernes pasado a través de la senadora santafesina María de los Angeles Sacnun.

Para respetar los siete días de emitido el dictamen, la sesión deberá realizarse entonces el viernes que viene, antes del cierre de sesiones ordinarios previsto para el lunes 30 de noviembre. Presidido por Cristina Fernández de Kirchner, el Senado venía sesionando todas las semanas hasta que la que pasó alteró esa seguidilla que se extendió durante tres semanas consecutivas.

El dictamen de mayoría que será puesto a consideración se realizó en base a los proyectos presentados por Lucila Crexell, Martín Guzmán y Alberto Weretilneck, como así también se tuvo en cuenta uno que en tiempos de Cambiemos impulsaron los senadores Federico Pinedo, Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey.

El proyecto plantea que en ningún caso los integrantes del Ministerio Público Fiscal pueden requerir tareas o funciones de investigación criminal a los organismos de inteligencia, como así también introduce la perspectiva de género para promover la diversidad en las fiscalías.

El detalle principal figura en el artículo 11 de la Ley 27.148, que establece que a partir de su sanción los procuradores van a ser designados por mayoría absoluta de los miembros del Senado. Se establece que las designaciones no se realicen en años en los que se elija presidente.

El proyecto elimina el carácter vitalicio del cargo de procurador general de la Nación, y establece la vigencia de su mandato como 5 años, con posibilidad de una reelección. Gozarán de estabilidad mientras dure su buena conducta y  hasta los 75 años de edad.

En cuanto a los traslados que no pueden ser realizados sin la conformidad cuando fueran realizados fuera de sus provincias, y se le da participación a la Bicameral para que opine respecto de esos traslados, cuestión de que no sean arbitrarios o amañados.

En cuanto a los mecanismos de remoción, se plantea que el Poder Ejecutivo comunique a la Cámara de Diputados y esta con la mayoría de los 2/3 de sus miembros pueda iniciar el proceso y a solicitud también de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados, con la aprobación de la mayoría absoluta y con acuerdo del Senado, por el voto de los 2/3 de sus miembros. Se mantiene entonces esa mayoría agravada para el caso de su remoción.

En cuanto a las causas de remoción, señaló que la cuestión del “mal desempeño” es amplio, pero tiene que existir la facultad de defensa, las garantías constitucionales, que se pueda defender aquel que esté sometido a una posible remoción y que pueda aportar pruebas en ese ámbito.

Tal cual se  preveía desde que el oficialismo anunció la intención de analizar los proyectos presentados por los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell para reformar la Ley de Ministerio Público, el Frente de Todos avanzó este viernes con un dictamen de mayoría que contempla elementos propuestos en las citadas iniciativas, como así también una del senador Alberto Weretilneck que se agregó en el transcurso del debate, pero sobre todo modificaciones elaboradas por el propio Frente de Todos. Dicho dictamen suscripto sobre el cierre de los tiempos para el tratamiento antes que finalice el período ordinario, elimina el carácter vitalicio para el procurador general de la Nación, como así también los dos tercios necesarios para su designación. Mantiene en cambio una mayoría agravada para la destitución del procurador.

Con críticas a lo hecho por sus pares del oficialismo, los senadores de Juntos por el Cambio anunciaron que presentarán un dictamen de minoría, mientras que el rionegrino Weretilneck dijo que quería leer primero el texto elaborado por el oficialismo para decidir si acompañaba el mismo, o presentaba otro dictamen de minoría con su proyecto original.

La reunión arrancó con una exposición del presidente de la comisión, Oscar Parrilli, quien se refirió al “grave error político” cometido por la gestión anterior, que “embistió” contra Alejandra Gils Carbó, quien “como el Estado la perseguía se vio en la necesidad imperiosa de renunciar”.

“Y durante el año 2018 y 2019 no se pudo resolver el problema y se recurrió a un mecanismo que voy a calificarlo simplemente de anormal, como fue apelar a un procurador interino, con todas las características que esto significa. Y sujeto a las presiones obviamente del poder político, de los poderes económicos de todo tipo”, apuntó Parrilli, reiterando entonces sus consabidas críticas al procurador Eduardo Casal.

Ante ello fue que el Senado y la comisión que él preside se abocaron a tratar de resolver el problema, señaló Parrilli, contando que habían apelado a los proyectos de Lousteau y Crexell y también al de Alberto Weretilneck presentado más recientemente. “Se debatieron aquí distintas posturas que fueron transmitidas públicamente. No se escondió absolutamente nada”, enfatizó Parrilli, que agregó que el último miércoles tomaron conocimiento de que el consejo de expertos que había designado el presidente de la Nación para emitir una opinión nno vinculante acerca de temas que hacen al funcionamiento de la justicia, entre ellas la del funcionamiento y la legislación que atañe al procurador general de la Nación. “Allí se han vertido opiniones, algunas coincidentes con lo que aquí se ha expresado, otras no, pero a nosotros nos parece como bloque que están dadas todas las circunstancias, las condiciones y fundamentalmente las necesidades de que este es un problema que tenemos que resolver y no escaparle, ni ir por acuerdos espúreos, fuera de lo transparente, e intentar resolver este problema”, señaló el presidente de la comisión.

Parrilli señaló entonces que el camino es “dictar una nueva ley, no solamente el mecanismo de remoción y nombramiento, sino también cosas que hacen a la necesidad de que exista un control de la función del procurador, igual que existen controles a otros poderes, nos parece que también las funciones del procurador también deben merecer una suerte de controles intrapoder”.

A continuación, la senadora María de los Angeles Sacnun detalló los aspectos fundamentales del dictamen elaborado por el oficialismo, con una larga exposición  en la que destacó que la necesidad de reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa “no se nos ocurrió a nosotros solamente”, y en ese sentido recordó que había un proyecto presentado oportunamente durante la gestión de Cambiemos, con las firmas de los senadores Federico Pinedo, Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey, dos iniciativas de Crexell, una de Lousteau y por último el presentado por Weretilneck.

Sacnun aclaró que muchos de los expositores que pasaron por esa comisión plantearon “discutir el rol de los ministerios públicos no es solamente hablar de la periodicidad en cuanto a la designación, a las mayorías para su designación, o el juicio de remoción y la posible destitución. Esa es una mirada parcial de un proyecto que debe ser mucho más amplio. Debemos incluir también el abordaje del federalismo, la igualdad de género; nos parece que es importante fortalecer los controles. Porque muchos de los expositores, cuando abordaron estos temas, entendieron que nuestra mirada era parcial, pero la verdad que la mirada tiene que ser mucho más integral, porque estamos hablando del diseño de la política criminal en la Argentina y de quienes la van a llevar adelante y cómo se van a relacionar con el resto de los podres del Estado”.

Luego se mostró contraria al carácter vitalicio que le asiste al procurador, “porque la perpetuidad de alguna manera es un resabio monárquico. Creo que no debiera existir ningún instituto desde el punto de vista jurídico e instrumental en la Argentina que se conforme con absolutos resabios de la monarquía”.

“Nosotros tenemos una justicia y un sistema judicial pensado en la edad media, esta es la realidad. El delito evolucionó y el Estado no ha evolucionado”, enfatizó, considerando que “para implementar el modelo acusatorio y avanzar contra el narcotráfico, el lavado de activos, es fundamental una política criminal de Estado que sea absolutamente controlada por el Congreso de la Nación”.

A continuación, la senadora kirchnerista resumió el dictamen de mayoría, planteando en primer lugar la institución en el artículo 6 de la Ley 27.148 de algunas cuestiones, “haciendo fundamental hincapié en que la relación con el Poder Legislativo se va a realizar a través de la Comisión Permanente de Control del Ministerio Público de la Nación”.

En el artículo 7 de esa ley, se plantea en el último párrafo que siguiendo los términos de la Ley de Inteligencia, que en ningún caso los integrantes del Ministerio Público Fiscal pueden requerir tareas o funciones de investigación criminal a los organismos de inteligencia. “Y lo vamos a incorporar en el ámbito de las faltas graves en que pueden incurrir los miembros y causales también de destitución”, agregó.

En el artículo 9 de la Ley 27.148, se habla de perspectiva de género, “para promover la diversidad de género como una de las apuestas importantes que también debatimos en su momento cuando debatíamos la ley de reorganización de la justicia”. Sacnun comentó al respecto que en la actualidad en las fiscalías generales hoy hay apenas un 20% ocupado por mujeres.

“Con lo cual, las procuradorías debieran tener un equilibrio”, sugirió, agregando que “allí también queremos introducir uno de los incisos planteando el federalismo por el que hay que velar claramente a la hora de las designaciones”.

El proyecto modifica el artículo 11 de la Ley 27.148, en el cual Sacnun señaló que ahí tomaron lo que se planteaba en el proyecto de ley de Pinedo, Pichetto y urtubey, de mayoría absoluta para la designación del procurador general. “Lousteau y Crexell pedían dos tercios, nosotros ahí tomamos lo que plantearon en su momento algunos expositores, como (Maximiliano) Rusconi y (Daniel) Erbetta”, reconoció la senadora santafesina, aclarando que esa mayoría absoluta debe ser tomada como “piso”. “Eso no significa que no construyamos unanimidad, por ejemplo. Me encantaría que el próximo procurador sea elegido por unanimidad, que construyamos ese consenso político que necesitamos para discutir las grandes causas, pero la verdad que me parece que el énfasis hay que ponerlo en el control del Congreso de la Nación”.

“Así que allí vamos a introducir esta modificación: van a ser designados por mayoría absoluta de sus miembros y  vamos a tomar algo que planteaba el senador Lousteau, que nos pareció correcto, que estas designaciones no se realicen en años electorales, en años en que se elijan presidentes. Nos parece eso fundamental”, comentó la senadora Sacnun.

Habló a continuación de la posibilidad de introducir algunas procuradorías especializadas, como la de Seguridad Social, una contra la violencia de género, y una de crímenes contra la humanidad. “Creemos que tiene que haber una unidad fiscal especializada para casos de apropiación de niños durante la última dictadura cívico-militar, allí nos quedan todavía cuentas pendientes que saldar” destacó.

Entre las modificaciones sugeridas, mencionó el artículo 23, referido a los titulares de la procuradoría, para que pueda aplicarse la paridad de género; y el artículo 33, referido a las direcciones generales.

En cuanto al artículo 49, Sacnun habló de introducir un concurso público de antecedentes. “Allí volvemos a retomar lo que discutimos oportunamente en el ámbito de la reorganización de la justicia. Entendemos que tiene que haber una primera instancia anónima y escrita y una segunda instancia que tiene que ser pública y oral”.

En cuanto a la integración del tribunal de enjuiciamiento, citado en el artículo 50, el oficialismo plantea la necesidad de que esté formado por un fiscal, seleccionado por sorteo público; dos juristas invitados o invitadas, y un integrante de la comisión bicameral. Con relación a la estabilidad, citada en el artículo 62 de la Ley 27.148, “estamos planteando que gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y  hasta los 75 años de edad. En cuanto a la duración del cargo, allí planteamos una duración de 5 años; por supuesto que la designación no debe coincidir con el año electoral, y con una posibilidad de reelección, siempre con acuerdo del Senado y que no supere los 75 años”, explicó. Agregó en cuanto a los traslados que no p ueden ser realizados sin la conformidad cuando fueran realizados fuera de sus provincias, y se le da participación a la Bicameral para que opine respecto de esos traslados, cuestión de que no sean arbitrarios o amañados.

En cuanto a los mecanismos de remoción, “allí creemos que hay una vía que upede ser la de que el Poder Ejecutivo comunique a la Cámara de Diputados y esta con la mayoría de los 2/3 de sus miembros pueda iniciar el proceso y a solicitud también de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados, con la aprobación de la mayoría absoluta y con acuerdo del Senado, por el voto de los 2/3 de sus miembros. Ahí nos pareció que era  importante mantener esa mayoría agravada para el caso de su remoción”, remarcó la senadora Sacnun.

En cuanto a las causas de remoción, señaló que la cuestión del “mal desempeño” es amplio, pero “tiene que existir la facultad de defensa, las garantías constitucionales, que se pueda defender aquel que esté sometido a una posible remoción y que pueda aportar pruebas en ese ámbito”.

“Obviamente que el hecho de que vamos a introducir una periodicidad en la extensión del ministerio público por supuesto que hace que también, al no ser vitalicio en el cargo, haya un mayor empeño y una menor delegación en las tareas que se llevan adelante, y vamos a evitar que se pierda el contacto con la comunidad, que muchos de los expositores que han pasado por la comisión lo han planteado como una de las cosas fundamentales”, agregó la senadora del Frente de Todos.

En el artículo 77 se hace referencia al tribunal de enjuiciamiento, que estará integrado por 7 miembros. “Nosotros hacemos un planteo de quiénes deben ser: 5 vocales, uno del Ejecutivo, 3 de la bicameral, dos representantes de la mayoría y uno de la minoría, y un vocal en representación del Consejo Interuniversitario Nacional. Un vocal abogado de la matrícula federal, designado por el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro que deberá ser elegido por sorteo público entre los fiscales con no menos de diez años de antigüedad”, detalló.

En cuanto a la Ley de Ministerio Público de la Defensa, la 27.149, allí plantean un proyecto en espejo, sin modificar sustancialmente las faltas que se han tenido en cuenta para el Ministerio Público Fiscal.

Al concluir su exposición, Sacnun aseguro que el desarrollo de ese proyecto fue “una enorme tarea” llevada a cabo por los integrantes de la comisión y del bloque del Frente de Todos y agradeció especialmente a la vicepresidenta del mismo, Anabel Fernández Sagasti, y a Martín Doñate, presidente de la Bicameral del Ministerio Público, que trabajaron específicamente en este tema.

A su turno, el senador Alberto Weretilneck dijo esperar leer una copia del dictamen del oficialismo para decidir si se sumaba con su firma o iba con un dictamen de minoría con su proyecto. “En términos generales, hay algunas cosas que compartimos”, adelantó el exgobernador rionegrino.

“Acá se está diciendo que esta ley tiene como finalidad afectar los juicios que están en marcha, que tienen finalidad de trabar… Miren, está absolutamente claro que ninguna ley va a dar una instrucción particular puntual sobre un integrante del Ministerio Público y todos sabemos que un procurador no puede dar ninguna instrucción particular a ningún fiscal sobre  una causa puntual. Porque es un delito y puede ser denunciado. Así que desmitifiquemos que estas leyes son para garantizar ciertas cosas”.

Y continuó: “Si yo tengo un procurador de 5 años (de duración en el cargo) y un fiscal con cargo a perpetuidad, ¿a usted le parece que un fiscal le va a hacer caso a un procurador al que se le vence el mandato? Ningún fiscal de carrera que tenga 15 años por delante le va a hacer caso a un procurador al que se le vence el mandato en 3 o 4 años, carece de sentido común… Es no conocer cómo es el funcionamiento del Estado y la estabilidad”.

Luego Weretilneck defendió la designación del procurador por mayoría absoluta: “En todos los países es así, creo que hay dos países que no”, señaló, para recordar luego que cuando el 4 de abril de 2016 el entonces presidente Mauricio Macri elevó al Congreso el plan de Justicia 2020, en el mismo el mandato del procurador era de 4 años. Ese proyecto fue modificado en la Cámara de Diputados y tuvo dictamen, fijándose un plazo de 5 años. “Es decir que la temporalidad no es un tema que se le haya ocurrido a este senador o al Frente de Todos, porque nos queremos llevar puesta la autonomía del Ministerio Público”, aclaró el exgobernador rionegrino, que consideró como algo nuevo los controles de la bicameral, aunque aceptó que “no hay un órgano de la República que no pueda ser controlado”.

Desde la oposición, la radical Silvia Giacoppo aclaró a continuación que les hubiese gustado tener el dictamen, para analizarlo, porque “de esa forma podríamos quizá haber aportado, o haber dicho qué compartíamos o no”.

Adelantó entonces que Juntos por el Cambio presentaría un dictamen de minoría, y admitió que compartían algunas cosas del nuevo proyecto y otras no, según lo que había escuchado, pero advirtió que “de los 16 expositores solo dos estuvieron de acuerdo con uno de los temas que hacen al debate político de esta reforma en lo que hace a la designación por los dos tercios. Catorce dijeron que no debía tocarse la composición actual de una mayoría agravada  para la remoción”.

A su vez, la radical tucumana Silvia Elías de Pérez se sumó al reclamo de Giacoppo por la falta de acceso al dictamen y advirtió que era la primera vez que participaba de una comisión en la que “todos los que son autores de los proyectos, incluido Weretilneck, no conocían lo que ahora nos están proponiendo como dictamen”.

Reconoció de todos modos que había cosas que compartían, por ejemplo que el cargo de procurador tuviera una limitación de tiempo, mas criticó que sacaran la necesidad de los dos tercios. “Hasta un exprocurador de la Nación ha dicho acá que le quita la fuerza necesaria a quienes queremos poner en ese lugar, y esto es absolutamente innecesario. Creo que es necesario un verdadero consenso”, expresó.

La senadora tucumana alertó a continuación que lo que consideraba más grave era la propuesta de lo que consideró un “cogobierno” con la bicameral. “Porque una cosa es control y otra es cogobierno, y lo que ustedes nos están proponiendo como dictamen es la enorme cantidad de atribuciones que le dan a la bicameral, que pone en jaque no solamente al procurador, sino también a todos los fiscales. La verdad que los van a poner a tiro de este nuevo tribunal de enjuiciamiento, donde ponen juristas amigos. No sé, realmente le quita la estabilidad a todos los fiscales”, sostuvo.

Se alegró en cambio de que hayan mantenido los dos tercios en cuanto a la remoción.

Por su parte, el correntino Pedro Braillard Poccard, también de Juntos por el Cambio, consideró “fundamental” la necesidad de llegar a un acuerdo, pero observó en cambio que recién esta semana terminaron de escuchar los testimonios en esa comisión, “y ya estamos hoy votando un dictamen de mayoría que seguramente va a ser el que va a tener todos los votos necesarios, y seguramente lleguemos a sesión la semana que viene”. Cuestionó entonces semejante prisa “en este contexto en que la ciudadanía está preocupada y angustiada por otras cosas”.

“Escuchamos a especialistas, pero viendo el día de hoy, es muy difícil pensar que el resultado no estaba puesto de antemano”, observó Martín Lousteau, autor de uno de los proyectos en los que se basó el proyecto transformado ahora en dictamen. Empero, consideró que de los proyectos puestos a debate, el resultado “tiene que ver poco” con los mismos. Lo cual lo llevó a decir que “está claro que había un trabajo por otro lado mientras estábamos escuchando a los expositores”.

Destacó en ese sentido que solo dos expositores coincidieron en reducir la mayoría agravada.

A su turno, el cordobés Ernesto Martínez hizo un irónico reconocimiento a Oscar Parrilli, al que le encontró “alguna característica común conmigo: que no se enoja cuando dice las cosas. Y otra cosa, su sinceridad. El se plantea objetivos políticos, transita hacia ellos, busca lograrlos, y las anécdotas, irse por las ramas, no le interesan, porque va directamente al arco a hacer un gol. Eso es bueno, porque a mí me facilita la sinceridad en lo que tengo que decir”.

“Se habló de organismos especiales, de paridad de género, lo que no se ha discutido y mucho menos reforzado es la independencia de actuación del procurador general de la Nación -observó-. Y tengo para mí que en política no se llora, se lucha, y cuando del otro lado, como es su caso senador Parrilli y el actual oficialismo, no se da cuartel, yo tampoco puedo venir en un tono lastimero a decir porqué pasó esto y porqué no pasó lo otro… Aquí y ahora opino y contesto: este proyecto transforma al procurador general de la Nación en un empleado del Ejecutivo. Que en cualquier momento puede ser puesto en crisis, ya sea por el presidente de la Nación, o por cualquier diputado que tenga las mayorías de la Cámara de Diputados. Y esto se evitó hacerlo central en las exposiciones, no todos son como usted Parrilli, pero este es el eje. Es lo que se quiere buscar, una persona que a tiro de la presidencia, de inmediato con una comunicación se encuentra en la picota y pongamos en el fango de la política a aquellos que no están acostumbrados ni con el cuero duro como ustedes a soportar aquellos condicionamientos y desmedros justos o injustos”.

Para Martínez, “con esta manera de remoción, la acusación será lo que quiera el Poder Ejecutivo siempre, y la defensa o mismo. Simplemente tendrá que contar con su mayoría ocasional en Diputados y alcanzarla en el Senado de la Nación, que por otro lado ya parte de una base desde 1983 que le facilita las cosas”.

La Comisión de Justicia que preside el senador oficialista Oscar Parrilli continuará este lunes a partir de las 15 con el debate de proyectos para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el objeto de modificar la condición “vitalicia” del cargo de procurador general de la Nación, pero que paralelamente incluye un cambio en las mayorías necesarias para su designación y relevo.

Para tal fin se han recogido dos proyectos presentados oportunamente por la senadora neuquina Lucila Crexell y otro del radical Martín Lousteau, quienes como se recordará solicitaron el retiro de los mismos para evitar precisamente que se los utilizara para alterar la mayoría de los 2/3 que originalmente dispone para ese cargo. La novedad es que se ha sumado al debate de este lunes el expediente S-2777/20 del senador Alberto Weretilneck, que modifica las leyes 27.148 y 27.149 del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, y que además de modificar como los otros el tiempo de vigencia del mandato para los titulares de esos organismos, sí incluye la posibilidad de designarlos o removerlos ya no por una mayoría calificada, sino por una mayoría absoluta.

Según confiaron a parlamentario.com fuentes legislativas, es ese proyecto el que más posibilidades tiene de avanzar en el Senado y el que sería tomado como base para el proyecto de ley que terminen votando y que inexorablemente modificará el tema de las mayorías.

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Para este lunes habrá otra ronda de invitados, y expondrán entonces Nicolás Becerra, doctor en derecho penal, exdefensor general de la Nación y exprocurador general de la Nación; Guido Risso, doctor en ciencias jurídicas y especialista en constitucionalismo, profesor de derecho constitucional y derecho político; Roberto Gargarella, abogado y licenciado en sociología, doctor en derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de derecho constitucional; Fernando Díaz Cantón, presidente de la junta directiva del Instituto de Estudios Legislativos (Idel) de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), profesor de derecho penal y criminología; Mónica Cuñarro, fiscala federal, especialista en derecho penal de la Universidad de Buenos Aires, especialista en temas de género, profesora de grado y posgrado; y Mario Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, director del departamento de derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Hay que recordar que tal cual anticiparon los senadores oficialistas, no avanzarán en lo que vayan a resolver en la Comisión de Justicia hasta tanto no se expida la comisión de especialistas designada por el presidente Alberto Fernández, que entre otras cosas se pronunciará en torno a la Procuración General de la Nación. Y ya ha trascendido que entre las cosas que han llegado a conclusiones figura, previsiblemente, la modificación de la cuestio´n de los 2/3, que cambiará por mayoría simple.

La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside el senador Martín Doñate (Frente de Todos), escuchó este martes nuevos testimonios en línea con la intención del oficialismo de avanzar en el desplazamiento del jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal.

Uno de los expositores fue el fiscal Carlos Rivolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), quien aclaró que ese organismo “no interviene de ninguna manera en los sumarios administrativos ni en la etapa disciplinaria”.

“No tomamos ningún tipo de parte y así se lo hacemos saber siempre a los colegas”, explicó Rivolo, quien fue blanco de críticas por parte del diputado oficialista Rodolfo Tailhade.

Tailhade advirtió que las organizaciones civiles que denunciaron en la bicameral un mal desempeño por parte de Casal recibieron como respuesta una “descalificación” de la oposición, siendo caratuladas como “agrupaciones K” o “militantes”.

Frente a esto, el diputado advirtió sobre “los intereses que defienden” fiscales como Rivolo, Raúl Pleé y José María Campagnoli, negando que sean “independientes”.

“Todos tienen derecho a expresarse, pero nosotros también tenemos el derecho de señalar los intereses que defienden estos sectores. Rivolo ha tomado un posicionamiento político estos años. El cuentito de la independencia déjenlo para Clarín, La Nación, Infobae o Radio Mitre”, cuestionó.

Tailhade señaló que cuando se produjo un “ataque brutal” al Ministerio Público durante el mandato de Alejandra Gils Carbó, que “incluyó maniobras extorsivas, amenazas a sus hijas e inventos de causas, no hubo ninguna defensa” por parte de AFFUN, la asociación presidida por Rivolo.

Asimismo, el legislador advirtió que “hace tres años que no sabemos nada” de la causa conocida como Paradise Papers, “pero (Rivolo) sí fue muy veloz en pedir el sobreseimiento de (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani en la causa del (Instituto) Patria, que a todas luces era fraudulento”.

“Estoy harto de la supuesta independencia judicial y de quienes se vienen a presentar como defensores del Poder Judicial independiente. Rivolo defiende los mismos intereses que Casal: los privilegios de una corporación que se resiste a los cambios”, alertó.

Por su parte, el doctor Dionisio Velasco denunció la designación supuestamente irregular de Aníbal Fabián Martínez como fiscal federal de Paso de los Libres, Corrientes.

Según Velasco, la fiscalía fue “tomada” por Marcelo Colombo y Carlos Schaefer, quienes “echaron” al doctor Benito Pont para nombrar a Martínez “cuando había salido desaprobado el examen”.

Ante esta situación, el Colegio de Abogados de Paso de los Libres realizó una denuncia administrativa ante la Procuración General contra los fiscales Schaefer, (Miriam) Benítez y Martínez, “en violación al reglamento disciplinario para magistrados”.

A eso sumaron una denuncia penal contra los fiscales por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El abogado Juan Carlos Coulleri respaldó la presentación de Velasco y denunció un incumplimiento de la Ley orgánica del Ministerio Público en la localidad correntina. “Nunca habíamos vivido situaciones tan deplorables respecto al manejo de los funcionarios de las fiscalías”, lamentó.

A su turno, Roberto Cipriano García y Federico Schmeigel, autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria, informaron que presentaron una nota ante la bicameral para manifestar su preocupación sobre “los objetivos y el funcionamiento” de la SAIT (Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional), creada por orden de Casal.

García y Schmeigel puntualizaron que “el análisis de información vinculada al fenómeno terrorista se encuentra regulado por la Ley Nacional de Inteligencia, y tales objetivos excederían la naturaleza de las funciones atribuidas al Ministerio Público Fiscal”.

En función de este planteo, se mostraron insatisfechos con las explicaciones que dio el procurador al respecto.

Por último, el fiscal general de Tierra del Fuego Adrián García Lois reveló que Casal le inició un sumario administrativo “en el momento del mayor pico de contagios y muertes en el medio de una pandemia”.

García Lois comentó que se encuentra de licencia por un estrés postraumático y que la última prórroga de esa licencia fue entre el 25 de junio y el 25 de agosto.

“En el medio de una licencia por enfermedad me notifico el 29 de julio de que el procurador decide impulsar un sumario administrativo en mi contra. Eso me destrozó, no entendí el motivo de la urgencia”, expresó, y habló de un “claro acto de hostigamiento”.

“Che, te están afanando la vicepresidencia, loco”. Con el micrófono encendido, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo llamó de urgencia a su par de la UCR Emiliano Yacobitti para comunicarle lo que estaba sucediendo en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, donde quedó expuesta, de manera insólita, la falta de acuerdo entre diputados y senadores de Juntos por el Cambio.

La reunión había sido convocada para definir las autoridades de la comisión. Con acuerdo entre el oficialismo y la oposición, el senador Martín Doñate (Frente de Todos) fue electo presidente, pero al momento de elegir al vicepresidente, se desató una discusión inesperada y el cargo finalmente quedó vacante.

La senadora Silvia Elías De Pérez (UCR) propuso para el cargo a su par Pedro Braillard Poccard (Pro), y hubo asentimiento de todos los legisladores, a excepción de Ritondo, que, al ver lo que pasaba, tomó su celular y llamó a Yacobitti -que hasta el momento estaba ausente- para notificarle que el cargo que él pretendía asumir estaba siendo tomado por un senador.

Tras el llamado, Yacobitti -quien fue nombrado en la bicameral en lugar de Mario Negri- se conectó a la reunión y pidió la palabra. “Yo no estoy de acuerdo con esto”, lanzó, y comentó que no había recibido el link para unirse a la videoconferencia, hasta que Ritondo se lo envió vía WhatsApp.

El diputado de la UCR-Evolución advirtió que la vicepresidencia le correspondía a la Cámara de Diputados y, tras admitir la falta de acuerdo dentro de Juntos por el Cambio, pidió dar marcha atrás. Doñate se mostró sorprendido: “Esto es algo que me excede. Nosotros no podemos más que aceptar la moción que haga Juntos por el Cambio”, dijo.

Entonces tomó la palabra Braillard Poccard. “No me esperaba una situación como esta. No quiero ser un impedimento, así que renuncio a la vicepresidencia”, comunicó, y finalmente, a pedido de Elías de Pérez, el cargo quedó vacante.

De todos modos, Yacobitti hizo su descargo y lamentó no haber podido conectarse al inicio de la reunión. “Independientemente de que haya quórum, por lo menos a mi no me había llegado el link. Cuando los legisladores no pueden acceder, no es que no quieran dar quórum. Es como si a un diputado no lo dejaran entrar por la puerta”, comparó.

La bicameral quedó conformada por los senadores Doñate, María de los Ángeles Sacnun, Carlos Caserio, Ana Almirón, Dalmacio Mera, Pedro Braillard Poccard, Silvia Elías de Pérez y Eduardo Costa, y los diputados Ricardo Daives, Pablo González, Diego Mestre, Emiliano Yacobitti, Graciela Ocaña, Cristian Ritondo, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.