El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta destinada a potenciar las inversiones productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el Decreto 242/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La normativa establece las pautas operativas del régimen, define los sujetos alcanzados y detalla el catálogo de inversiones productivas que podrán acceder a importantes beneficios fiscales durante los próximos dos años. El objetivo central del RIMI es “promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, fortalecer la competitividad de los distintos sectores, incrementar las exportaciones de bienes y servicios y favorecer la creación de empleo”, con foco en las MiPyMEs.

De acuerdo con el texto oficial, podrán adherir al régimen las empresas que califiquen como micro, pequeñas o medianas, hasta la categoría de Mediana Empresa Tramo 2, siempre que cuenten con el certificado MiPyME vigente al inicio del ejercicio fiscal en el que se concrete la primera inversión.

El decreto fija montos mínimos de inversión según el tamaño de la empresa: US$150.000 para microempresas; US$600.000 para pequeñas; US$3,5 millones para medianas tramo 1; y US$9 millones para medianas tramo 2. Para el cálculo de estos umbrales, las facturas emitidas en pesos se convertirán a dólares al tipo de cambio comprador del Banco Nación.

La reglamentación también habilita la adhesión de entidades sin fines de lucro que realicen actividades productivas, siempre que cumplan con los parámetros de facturación que establezca la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Entre las inversiones alcanzadas, el decreto define como “bienes muebles amortizables” a los bienes nuevos —con excepción de automóviles— adquiridos, fabricados, elaborados o importados, que clasifiquen como Bienes de Capital (BK) o Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT).

Asimismo, se incluyen las obras que se ejecuten dentro del plazo de vigencia del régimen y aquellas que, al 6 de marzo, presenten un grado de avance inferior al 30% del monto total de inversión.

El RIMI contempla, además, un régimen especial de amortización —sin monto mínimo de inversión— para proyectos de MiPyMEs orientados a la instalación de sistemas y equipos de riego, mallas antigranizo para el sector agropecuario y la incorporación de bienes semovientes.

Los beneficios fiscales comenzarán a aplicarse cuando los bienes o las obras empiecen a generar ganancias gravadas. El régimen prevé mecanismos de devolución y créditos fiscales, incluyendo la devolución de saldos de IVA con un tope equivalente al 50% del cupo anual fijado en la Ley de Presupuesto. La asignación de esos fondos se realizará por orden de antigüedad de los saldos acumulados, priorizando a quienes lleven más tiempo esperando la compensación.

El plazo para concretar las inversiones será de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia de las normas complementarias que deberán dictar ARCA y las secretarías de Energía y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Al respecto, el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, señaló que con la reglamentación “el régimen da un paso importante hacia su operatividad, aunque todavía no está listo para que las empresas adhieran formalmente”. En ese sentido, advirtió que sin la normativa conjunta del organismo tributario y las áreas económicas “no hay formulario de adhesión al RIMI, no existe un mecanismo para solicitar la devolución anticipada del IVA ni una forma de acreditar el porcentaje de avance de las obras en curso”.

Además, Domínguez remarcó que la facultad del Ministerio de Economía para completar la nómina de bienes alcanzados por la amortización acelerada “no tiene plazo definido” y subrayó que, en un régimen con un tiempo acotado para invertir, “esa definición debería concretarse a la brevedad”.

En un contexto de caída del empleo registrado, cierre acelerado de empresas y deterioro del mercado interno, el diputado nacional Nicolás Trotta presentó en la Cámara baja un proyecto de ley que declara la Emergencia Productiva MiPyMES y Protección del Trabajo en todo el territorio nacional hasta el 1° de marzo de 2027, con posibilidad de prórroga por un año. La iniciativa apunta a contener lo que define como un proceso “profundo y extendido de deterioro del entramado productivo argentino”.

“El programa económico vigente, caracterizado por el ajuste fiscal y monetario, la caída de los salarios reales y la apertura generalizada y abrupta de las importaciones, ha subsumido a la economía en un proceso signado por la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de unidades productivas”, advierte Trotta en los fundamentos del proyecto.

El texto sostiene que, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, se produjo una destrucción masiva de empleo formal privado y el cierre de más de 22.600 unidades productivas, una dinámica que —según remarca— “resulta más profunda que la registrada durante la pandemia”. En ese marco, el diputado señala un dato inédito: 2025 fue el primer año en el que el PBI creció pero aumentó el desempleo, rompiendo el vínculo histórico entre actividad y empleo.

Alivio fiscal, tarifas y financiamiento

El proyecto contempla un paquete amplio de medidas de asistencia transitoria destinadas a recomponer la liquidez y reducir los costos operativos de las MiPyMEs. Entre los principales instrumentos se incluyen la suspensión de juicios de ejecución fiscal y medidas cautelares, una moratoria impositiva, previsional y aduanera con quitas parciales o totales de intereses y multas según el tamaño de la empresa, y la actualización de los mínimos no imponibles y detracciones en contribuciones patronales.

También se establece la retracción de las tarifas de electricidad, gas y agua a los valores de octubre de 2025 para micro y pequeñas empresas, la suspensión de nuevos aumentos durante la emergencia y una reducción del 50% del IVA sobre los servicios públicos utilizados en procesos productivos.

“Se trata de medidas de alivio inmediato pensadas para evitar la asfixia financiera y frenar la dinámica de quiebras en curso”, explica el legislador, quien subraya que los beneficios estarán atados a la preservación de los puestos de trabajo: las empresas que despidan sin justa causa quedarán excluidas del régimen.

Consejo Federal de Emergencia y foco en la industria

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Consejo Federal de Emergencia (COFE), un organismo multisectorial y transitorio integrado por representantes del Poder Ejecutivo, el Congreso, las provincias, el sector empresario, los sindicatos y el ámbito académico. Su objetivo será evaluar el impacto de la política macroeconómica y de comercio exterior sobre la actividad, el empleo y los precios, y elevar propuestas concretas al Ejecutivo y al Legislativo.

“El Consejo está pensado como un ámbito plural y federal para generar diagnósticos y políticas públicas en un contexto de apertura comercial racional, responsable e inteligente”, señala Trotta. En ese sentido, el proyecto identifica a la industria manufacturera como el sector más vulnerable y establece una agenda de urgencia para diez ramas industriales, entre ellas plásticos, textiles, metalmecánica, automotriz, químicos y muebles.

Según los fundamentos, muchas de estas actividades combinan una fuerte caída de producción con un aumento significativo de las importaciones, lo que “agrava las tensiones en un mercado interno debilitado y acelera la sustitución de producción nacional”.

El texto remarca que las MiPyMEs representan el 99% de las empresas del país y generan el 70% del empleo privado, por lo que su deterioro tiene efectos directos sobre la cohesión social y territorial. “Declarar la emergencia no es una medida meramente declarativa, sino una herramienta para administrar una transición económica compleja sin que sus costos recaigan de manera desproporcionada sobre trabajadores y pequeñas empresas”, sostiene el diputado.

Finalmente, Trotta plantea que el proyecto busca “evitar un daño estructural irreversible” sobre las capacidades productivas nacionales y sentar las bases para políticas de reconversión y desarrollo a partir del diagnóstico que elabore el COFE. “Sin políticas activas de acompañamiento, la apertura puede derivar en pérdidas persistentes de empleo y mayor desigualdad territorial”, concluye.

En el marco de los emplazamientos votados este miércoles en la sesión de diputados, se votó convocar a las comisiones de Pequeña y Mediana Empresa; Justicia; Energía y Combustibles; Finanzas y Presupuesto y Hacienda, para avanzar con iniciativas destinadas a beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Sobre el tema se avanzó sobre ocho iniciativas que van desde la declaración de la emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las MiPyMEs en todo el territorio nacional, a un régimen de incentivo para el sector, pasando -entre otras cosas- por la creación de una ventanilla única para las PyMEs en el ámbito del Ministerio de Economía.

La fecha votada para reunirse fue la del martes 14 de octubre a las 14 horas.

Otro tema para el cual se avanzó con emplazamientos fue para un proyecto del diputado Juan Marino por el cual se deroga un artículo del Decreto 698/2017 para implementar una reforma de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La norma tiene por objeto modificar la estructura de la Agencia con el fin de “democratizar su conducción, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones.

Para tal fin se convocó a las comisiones de Discapacidad y de Asuntos Constitucionales a reunirse para dictaminar el martes 14 de octubre a las 15.00 horas.

Otro ítem en el que se avanzó fue con un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Comercio, para derogar el decreto 273/25 mediante el cual se habilita la importación irrestricta de maquinarias y equipos usados. La fecha prevista es el martes 14 de octubre a las 17.00 horas.

Asimismo el pleno avanzó con un emplazamiento para modificar la administración de recursos del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Sobre este tema había cinco proyectos de ley y se resolvió convocar a las comisiones de Deportes; Comunicaciones e Informática, y Presupuesto y Hacienda, para una reunión conjunta informativa con invitados para el martes 14 a las 11.00 horas; y una reunión conjunta para dictaminar el martes 21 de octubre a las 11.00 horas.

El acceso al crédito sigue siendo uno de los principales desafíos para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en Argentina. Sin embargo, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) se han consolidado como un actor clave en el acompañamiento financiero de este sector: actualmente, 1 de cada 3 créditos bancarios otorgados a MiPyMEs cuenta con el aval de una SGR.

Según cifras difundidas por la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG) en el marco del Día de las Pymes, el sistema SGR alcanza hoy una capacidad de emisión de avales por más de USD 3.400 millones, lo que equivale al 0,5% del PBI. Esta herramienta financiera permite a las empresas acceder a mejores condiciones crediticias, facilitando tasas más competitivas y mayores plazos de financiación.

“Las SGR representan una parte significativa del crédito al sector privado y se han convertido en una palanca esencial para dinamizar el financiamiento productivo en la economía real”, señaló Martín Apaz, presidente de CASFOG. El impacto es notorio: el 70% de las compañías asistidas son micro y pequeñas empresas, abarcando más de 30.000 unidades productivas en todo el país.

Además de mejorar el acceso al crédito, las firmas avaladas emplean en conjunto a más de 500.000 personas y generan exportaciones por más de USD 1.390 millones, con un fuerte predominio de los sectores industrial (73%) y comercial (19%).

El sistema de SGR trabaja con 38 bancos (72% privados y 28% públicos) y con el mercado de capitales, lo que multiplica sus canales de financiamiento. Solo en mayo, había más de 121.000 garantías vigentes: el 52% asociadas a crédito bancario y el 48% restante vinculadas al mercado de valores.

En el marco de una reunión de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas que conduce la diputada Mónica Fein, se emitió dictamen de mayoría al proyecto de ley que declara la emergencia de las MiPyMEs en el país. Se firmó también un dictamen de minoría y otro de rechazo. Además, avanzó la iniciativa que apunta a desburocratizar a las pymes.

En primer lugar, el diputado Carlos Heller (UP), como miembro informante, se refirió al proyecto de ley que tiene como objetivo declarar la emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPYMEs) en todo el territorio nacional. Sobre dicha cuestión, el legislador aclaró que se alcanzó el consenso tras la unificación de seis iniciativas.

En referencia a este proyecto, hubo dictamen de mayoría, acompañado por los diputados de Unión por la Patria y, en disidencia, por los de Encuentro Federal y la Coalición Cívica; uno de minoría, firmado por diputados del Pro y del bloque CREO; y otro de rechazo, de La Libertad Avanza.

“Es un proyecto adecuado a la grave situación que tiene el presente y por delante el sector de las pequeñas y medianas empresas”, comenzó su alocución Heller para luego asegurar que “las pymes son uno de los sujetos sociales más afectados en los tiempos por venir”. Y, en esa línea consideró importante “la política de creación de nuevos empleos estables, con beneficios desde el punto de vista previsional y fiscal para los empleadores, con el compromiso de que no pueden despedir gente, es decir, un incremento real de las plantillas”, especificó.

En otro aspecto, Heller volvió a plantear que la norma busca “la garantía de espacio en góndolas y exhibidores, algo muy importante para las pymes, reestableciendo la posibilidad de que productos que producen o fabrican pequeñas y medianas empresas alcanzadas en la caracterización que hacemos en este proyecto tengan garantizadas la posibilidad de exhibir sus mercancías en lugares adecuados y no en el fondo de la tabla y que nadie los consume”.

La titular de la comisión, a su turno, manifestó su acompañamiento al dictamen de mayoría dejando planteada una disidencia parcial “por la estructura que se crea”. “Los proyectos de emergencia vienen del 2024 y el Ejecutivo se había comprometido a mandar una ley para las pymes, lo esperamos en este recinto para ser tratado. Pero, dado el tiempo que ha pasado y que, por supuesto, la situación de las pymes ha empeorado, y hoy es necesario brindar una respuesta”, explicó la diputada de Encuentro Federal.

Desde la Coalición Cívica, Mónica Frade apoyó el proyecto y coincidió con la misma disidencia que planteó Fein. Luego, Roxana Monzón (UP) afirmó que “estamos defendiendo el trabajo nacional, que no se terceriza ni se fuga; defender a la pyme hoy es tener amor por la Argentina, entendiendo que cuando cierra una pyme no es sólo un número estadístico, sino que se rompe un pedazo del tejido social”.

En tanto, la diputada Paula Omodeo (CREO) propuso un dictamen alternativo con el acompañamiento de distintos bloques, entre ellos LLA, el Pro y Libertad y Futuro. El mismo -según su criterio- “antes que una zancadilla política, busca darle respuestas concretas a los que producen, invierten, trabajan y terminar con estos regímenes distorsivos y discriminatorios que estaban terminando con nuestro país”, subrayó la legisladora.

“Creemos que el dictamen que se propone es volver a aplicar las mismas recetas que fracasaron tanto tiempo, que sólo beneficiaba a un grupo, donde hemos arrastrado a las pymes a la informalidad con un sistema tributario y recaudatorio perverso, y creemos que la línea macroeconómica que se está marcando es clara”, argumentó Omodeo.

Para cerrar el tema, habló la diputada Melina Giorgi, de Democracia para Siempre, quien anticipó que no acompañará ninguno de los dos dictámenes al sostener que “un dictamen tiene por demás y que el otro no tiene nada; estamos con dos dictámenes que son, prácticamente, dos extremos”, afianzó.

El otro de los proyectos de ley que avanzó en la Comisión fue el que apunta a desburocratizar las pymes. En este caso hubo dos dictámenes, uno de mayoría con el acompañamiento de Unión por la Patria, la UCR, Democracia para Siempre y Encuentro Federal; y el de minoría, con las firmas del Pro, CREO y de La Libertad Avanza.

Mónica Fein brindó detalles del proyecto al detallar que “el objetivo es dotar de algunas herramientas para colaborar con las pequeñas y medianas empresas como, por ejemplo, la Ventanilla Única para PyMEs (VUPyME), el legajo único financiero económico y la definición de mipyme por ley”, entre otras cuestiones.

Antes de concluir la reunión, hizo uso de la palabra el director de Fronteras de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Hryniewicz, para referirse al proyecto de ley sobre el régimen de promoción pymes en zonas fronterizas, que se continuará debatiendo en asesores. “Con este proyecto de ley podemos ayudar a que el comercio de frontera se fortalezca, se transparente y genere mano de obra; merecemos tener regulada la actividad”, sostuvo.

Cabe aclarar que, al comienzo del encuentro, la titular de la Comisión Fein informó que el diputado nacional Gustavo Bordet reemplazará a Daniel Arroyo dentro de la nómina, ambos legisladores de Unión por la Patria.

Organizado por la senadora nacional Nora del Valle Giménez (UP-Salta), junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el próximo miércoles 7 de agosto se realizará el conversatorio “Desafíos y perspectivas de las MiPyMEs en el Sistema Agroalimentario Argentino. Hacia la Agenda 2030”. Será a partir de las 14 en el salón auditorio Emar Costa del Anexo del Senado.

El encuentro tendrá como objetivo atender y visibilizar los desafíos y oportunidades de la relación entre el agro y la industria, entendidos como socios estratégicos para el desarrollo argentino sostenible en el fomento de una cadena de valor integrada que permita reducir las asimetrías y agregar valor en origen a nuestros productos primarios.

El conservatorio se propone como un espacio propositivo, que reunirá a referentes del sector agropecuario, pequeñas y medianas empresas, sector público y organismos nacionales e internacionales (FAO, CEPAL, PACTO GLOBAL), para intercambiar información, experiencias novedosas y buenas prácticas en la búsqueda de nuevas soluciones.

En Benavídez, el intendente de Tigre, Julio Zamora y el ministro bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, presentaron la segunda etapa de Créditos para la Reactivación Productiva. Fue en las instalaciones de la empresa Patagonia CNC Machines, dedicada a la automatización de procesos industriales. Junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo y el presidente de la firma beneficiada por el crédito, Gastón Bua Bonaldi, las autoridades recorrieron la planta y dieron a conocer el alcance e impacto de la herramienta que permitirá a micro, pequeñas y medianas empresas ampliar su capacidad productiva, agregar valor y generar empleo. 

“Tanto el Banco Provincia como el Ministerio de Producción acompañan el desarrollo de las empresas, en este caso una firma que se radica en Tigre. Se trata de 200 nuevos puestos de trabajo que se van a generar a partir del apoyo del estado provincial, a través del Banco y del Ministerio. Esto significa un trabajo articulado entre el municipio y la provincia de Buenos Aires. Lo que queremos es poner de relieve esta política central del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, colocando el eje en la producción, el empleo y el desarrollo productivo”, destacó Zamora. 

Por su parte, el ministro bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, expresó: “Es una alegría estar nuevamente en Tigre para una política tan importante, que es poder financiar en condiciones convenientes a emprendimientos por parte de micro, pequeñas y medianas empresas de la Provincia de Buenos Aires para que puedan invertir, incorporar tecnología, mejorar su productividad y particularmente que puedan incorporar más puestos de trabajo. Es una de las líneas del plan 6x6 que lanzó el gobernador Axel Kicillof para tener una planificación integral de la política pública con mira hacia el desarrollo de la Provincia después de años de crisis y donde necesitamos un estado presente para poder garantizar las condiciones de crecimiento equitativo”. 

La línea de crédito “Provincia en Marcha” cuenta con tres opciones o sublíneas de financiamiento: inversión general, destinada a financiar proyectos de inversión en sentido amplio; inversión de empresas en agrupamientos industriales para financiar proyectos de inversión de empresas radicadas en agrupamientos o que deseen trasladarse a un agrupamiento industrial. Tanto para la inversión en bienes de capital (maquinarias y equipos), como la construcción o ampliación de naves industriales; e inversión en proyectos sustentables, apuntada a financiar aquellos de inversión con impacto ambiental, como reducción de emisiones o efluentes, y eficiencia energética. 

“Siento mucha alegría por estar hoy en Tigre, redoblando el compromiso para en el marco del programa 6x6 que lanzó nuestro gobernador; y seguir generando políticas que tengan impacto concreto en la vida diaria de los y las bonaerenses. Esta es la segunda etapa de un programa que en su inicio superó todas las expectativas que teníamos. Habíamos pensado un cupo orientativo en el orden de 4 o 5 mil millones de pesos y recibimos solicitudes y estamos trabajando por créditos de 7 mil millones en toda la provincia de Buenos Aires, es por eso que ahora lanzamos esta etapa, que hoy en Tigre vemos los resultados concretos. Apostar al desarrollo nacional, la producción y la industria tiene un valor agregado fundamental; y este es un proyecto que vamos a volver antes de fin de año para verlo en pleno funcionamiento y que igual esta primera etapa ya impacta por la calidad del trabajo, el compromiso de la familia y de los trabajadores que manejan esta empresa”, afirmó el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. 

Patagonia CNC Machines es una empresa dedicada a la automatización de procesos industriales, que busca brindar soluciones a medida de las necesidades de cada proyecto. Hace la ingeniería, el diseño, la fabricación, el try out y el apoyo postventa de manera integral. Además, fabrica máquinas de corte láser y routers CNC; y en ella también se diseñan y fabrican integralmente todo tipo de dispositivos, calibres de control y celdas para procesos manuales y robotizados. Actualmente representa importantes marcas internacionales. 

Gastón Bua Bonaldi, presidente de Patagonia CNC, sostuvo: “Estamos muy contentos, con expectativas y esperanzas. Ya participamos de la línea anterior, así que esto permite una renovación. Conociendo la zona, somos nuevos, venimos de Esteban Echeverría; y estamos súper entusiasmados con el municipio de Tigre, encontramos muy bien muchas obras muy bien y nos estamos adaptando. El crédito lo vamos a utilizar para hacer mecanizado de estructuras de máquinas láser, que tiene que ver con sustituir las importaciones de equipos industriales de corte de chapa. A nosotros nos guía la pasión por lo que es la fabricación nacional y lo que es industrializar en Argentina. Creemos que es parte de nuestra soberanía y que es fundamental así que acompañamos 100% esta idea y estos conceptos”. 

La diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro – Ciudad de Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para eximir de impuestos al trabajo a las MIPyME que contraten nuevos empleados y crear el “Programa de Incentivo al Empleo Formal” en todo el territorio nacional.

El objeto de la propuesta busca reducir las contribuciones patronales para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas en pos de promover la generación de empleo y el aumento de la producción.

Entre los objetivos enumera: “Disminuir la tasa de desocupación; incrementar el empleo formal en detrimento de relaciones laborales precarias y/o subocupaciones; reducir las contribuciones patronales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; incentivar el incremento de la producción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”.

Serán beneficiados los empleadores que contraten nuevos trabajadores y gozarán de una reducción de 100% de sus contribuciones patronales vigentes, por el plazo de veinticuatro (24) meses contados desde el inicio de la relación laboral.

Acompañan con su firma los diputados Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Mario Negri, Juan Manuel López, Humberto Marcelo Orrego, Ricardo López Murphy, Maximiliano Ferraro, Diego Santilli, Luciano Laspina, Susana Alicia Laciar, Martín Tetaz, Carla Carrizo, María de las Mercedes Joury, María Luján Rey y Sabrina Ajmechet.