Quienes pensaron que con la extensa discusión reglamentaria del inicio de la sesión, que se extendió por casi tres horas, se había completado la cuota de discusiones de ese tipo se equivocaron rotundamente. La parte final de la sesión de este miércoles/jueves tenía reservada una discusión reglamentaria que no le fue en saga a la de más temprano. Fue durante el debate en particular de la emergencia en discapacidad, cuando el miembro informante del dictamen de mayoría, Daniel Arroyo, anunció que en el capítulo IV se incorporaban al inicio dos artículos a pedido del dictamen de minoría.

Los leyó la diputada radical Natalia Sarapura. El primero versaba en torno a las auditorías, mientras que el siguiente tenía que ver con el empleo de personas discapacitadas. Ese último artículo fue el origen de la gran controversia de la noche.

El mismo modificaba el articulo 87 de la ley 24.013, que señalaba que “los empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales por este tipo de contratos a las cajas de jubilaciones y INSSPJ, a la Caja de Asignaciones y Subsidios Familiares y al Fondo Nacional de Empleo”.

Natalia Sarapura detalló los dos artículos del dictamen del radicalismo que había aceptado el miembro informante.

Martín Tetaz intervino a continuación para sugerir eliminar el porcentaje y que la eximición fuera total, dado que en general “rara vez contrata a personas en situación de discapacidad”. Sin embargo Arroyo rechazó esa modificación de Tetaz, pero sí la de Sarapura, pues era lo que ya estaba acordado.

La primera en presentar una objeción fue Vanina Biasi, para quien “es una farsa plantear que la reducción de los aportes patronales van a incentivar la contratación de esas personas”, y concluyó advirtiendo que “quieren seguir vaciando las cajas de asistencia social de este país”. En el mismo sentido se pronunció desde UP el cordobés Pablo Carro, quien sostuvo que “hace rato que cada vez que queremos promocionar algo, la manera es que las patronales no hagan los aportes jubilatorios… Después vienen acá a explicarnos que se desfinancian las cajas jubilatorias. No puede ser que estemos buscando ese tipo de mecanismos que terminan desfinanciando las cajas jubilatorias”.

El dipusindical Mario Manrique intervino para decir lo mismo. Habló para plantear lo que tomaba como un contrasentido, sobre todo después de lo que se había escuchado durante el debate sobre las jubilaciones. Además, agregó, “el empleador no está haciendo un esfuerzo de contratar acá una persona con discapacidad. Es parte de la responsabilidad social empresaria. Entonces no lo tratemos como que el empleador se está sacrificando porque le da trabajo a una persona con discapacidad. No podemos seguir sacándole plata a los sistemas, tanto de seguridad social como de salud”. Pidió entonces reformular el tema, sin que Daniel Arroyo aceptara esa sugerencia. Estaban por votar, pero la diputada Vanesa Siley planteó también objeciones sobre ese artículo, alertando que además dañaba al sistema previsional argentino.

Dadas las circunstancias, el presidente del bloque UP, Germán Martínez pidió retirar el artículo, lo que fue resistido por Martín Tetaz, quien sostuvo que el mismo cambiaba dramáticamente el paradigma de la discapacidad, era un incentivo para contratar trabajadores y no tenía costo fiscal.

Otro diputado sindical, Sergio Palazzo también abogó por el retiro de ese artículo que significaba “más desfinanciamiento del sistema previsional.

Visiblemente molesto, el presidente de la Cámara, Martín Menem, observó que estaban haciendo un trabajo en el recinto que tendría que haberse hecho en comisión. “Para la próxima les pido que trabajemos de otra manera”.

Tetaz explicó que el tema había sido trabajado, pero al fusionarse dictámenes para conseguir los votos para su aprobación pasaban cosas como esas. E insistió en mantener el texto en la redacción, atendiendo que nadie perdía nada pues esa persona discapacitada “hoy no está buscando trabajo, porque está excluido”.

En ese contexto, Daniel Arroyo quiso volver sobre sus pasos. Dijo que entendía el espíritu de ese artículo, pero dado que era complementario de la ley, pensaba ahora que convenía retirarlo. Y ante las exclamaciones en sentido contrario, se comprometió a trabajar en una ley que promueva la incorporación de personas con discapacidad al trabajo. “Creo que no podemos abrir ese debate en este momento, así que lo mejor es retirar el artículo”, concluyó.

Muy molesta, la radical Natalia Sarapura explicó que la inclusión de ese artículo era parte del acuerdo político para aprobar la ley. Apuntó que ese artículo era muy parecido al que figuraba en el dictamen del Pro, así que los deberían acompañar también. Pero aclaró que no iban a entrar en el juego de hacer caer la ley, por lo que mostró disposición a que fuera retirado.

Ya que habían mencionado el dictamen del Pro, Martín Maquieyra pidió la palabra para ver si podía colar el artículo en cuestión. Reconoció que era muy similar, pero con una diferencia en cuanto a la temporalidad. “Habíamos hecho el cálculo de tres años”, explicó y propuso incorporarlo al texto que estaban votando. Detalló que ellos incorporaban al tiempo de 3 años por los cuales serían eximidos los empleadores del pago de cargas sociales. El impacto social era de 2.000 millones de pesos anuales. “En este caso se triplicaría y creemos que es viable”, dijo.

Martín Maquieyra logró colar un artículo suyo en el texto aprobado.

Margarita Stolbizer planteó que no se estaba votando el dictamen de minoría, por lo que se estaba haciendo era improcedente, pero Juan Manuel López opinó lo contrario, señalando que el artículo 162 del reglamento permitía hacer eso que estaban haciendo: trayendo un texto de otro dictamen para incorporarlo. Y era lo que justamente habían hecho el año anterior con el artículo que en la Ley Bases sumó al tema del tabaco.

Daniel Arroyo hizo otro intento por desembarazarse ahora del artículo en cuestión, y reiteró sus promesa de darle prioridad a una ley de empleo para discapacitados en la próxima semana, pero a continuación Karina Banfi cortó por lo sano y presentó su moción por votar. Que fue lo que se hizo con el artículo de Maquieyra, que dide: “Modifíquese el artículo 87 de la Ley 24.013, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Los empleadores que contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales y las cajas de jubilaciones correspondientes al Instituto Nacional de Seguridad Social, Pensiones y Jubilaciones, a la Caja de Asignacioneos y Subsidios Familiares y al Fondo Nacional de Empleo por el período de 3 años, independientemente de lo que establezca la Ley 22.431’”.

Finalmente se votó y fue incorporado por 123 votos afirmativos, 82 en contra y 6 abstenciones.