Pocas veces una reunión de Labor Parlamentaria como la que está prevista para este miércoles en el Senado despertó tantas expectativas. Porque la sesión que impulsa el Ejecutivo para este jueves -la cual todavía no ha sido oficializada- puede llegar a incluir cuestiones imprevistas por La Libertad Avanza, que pensaba convocarla para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y siete pliegos judiciales, pero en la que la oposición puede darle alguna que otra sorpresa.

En rigor, dadas las circunstancias ya nada puede sorprender al oficialismo, que sabe que la oposición más dura buscará avanzar con iniciativas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lo que puede llegar a surgir es una propuesta de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución para interpelar al funcionario, con la intención posterior de avanzar con la moción de censura para removerlo del cargo. Ya el bloque Justicialista presentó la semana pasada un proyecto en ese sentido, que tiene entre otras las firmas de los senadores José Mayans, Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti.

Para su tratamiento, al no contar con dictamen, se necesitaría contar con los 2/3 para habilitar un debate sobre tablas. Pero lo que era impensado hasta hace unos días hoy es una posibilidad concreta. El peronismo cuenta con los 21 votos del bloque Justicialista de José Mayans, más los 2 santiagueños de Gerardo Zamora, los 3 de Convicción Federal y los 2 de Justicia Social Federal (Fernando Salino y Fernando Rejal). A esos 28 senadores debería plegarse una veintena más de los bloques hasta ahora dialoguistas, que han encontrado diferencias sustanciales con el Gobierno respecto del tema Adorni, al punto tal que muchos de ellos estarían hoy dispuestos a plegarse a la embestida, al menos para interpelar al jefe de Gabinete.

No alcanzó que se haya establecido que Adorni vaya a concurrir a dar el informe de gestión el 2 de julio. Más bien indignó más hasta a los más cercanos al oficialismo que originalmente el funcionario sugiriera concurrir en una fecha no determinada del mes de julio. Siendo además que el Senado no recibe a un jefe de Gabinete desde hace justo un año -la última vez fue el 26 de junio, con Guillermo Francos en el cargo-. Adorni decidió ir a la Cámara baja el 29 de abril pasado, siendo que le correspondía concurrir al Senado, y esquivó esa cámara en mayo y junio.

Ahora quienes están dispuestos a dar quórum para habilitar el debate sobre una interpelación al jefe de Gabinete deberían surgir de entre los 10 radicales, los 3 del Pro, la tucumana Beatriz Ávila, los 2 santacruceños de Movere, la salteña Flavia Royón, los 2 misioneros, los 2 de Provincias Unidas, la chubutense Edith Terenzi y la neuquina Julieta Corroza. Los poroteos previos anticipan que un buen número de esos legisladores estaría dispuesto a votar el tratamiento del tema este jueves.

De ahí que en el oficialismo ya no estén muy convencidos de reunirse este jueves para sesionar. Tal vez la intangibilidad de la propiedad privada deba esperar más.

Aclaremos cómo serían los tiempos para el caso de que prosperase un llamado a interpelar: esa sesión debería ser convocada para la semana que viene, y al cabo de la eventual interpelación podría votarse la moción de censura, que necesita una mayoría absoluta (37 votos). Después, tendría que repetirse el proceso en Diputados para prosperar una remoción que hasta ahora nunca ha sucedido desde la reforma constitucional.

“Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”.

¿Cuánto puede valer la palabra de quien un mes y medio atrás dijo esto en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación? No les mintió solo a los legisladores, con el Presidente, su hermana y todo el gabinete como testigos presenciales; también les mintió a los periodistas cuando en la Casa Rosada les aseguró que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde (…) Todo lo que yo tenga que declarar, lo declaré. Está todo impecable”. ¿Fin?

Resulta que no fue tan así. Al cabo de varios meses de estar elaborando su declaración jurada, 35 días después de la noche en que el propio Presidente aseguró que su exvocero presentaría esa documentación de manera inminente, Manuel Adorni cumplió ese trámite que acompañó con declaraciones en las que desmintió lo dicho antes, admitiendo haber ocultado información y haber evadido, con argumentos desopilantes que se convirtieron al instante en la comidilla de todo el mundo.

De los autores de “el deslomado” y “la cascada”, Adorni presentó el miércoles pasado su nuevo hit: “el pendrive”. Todos elementos capaces de hacer carrera en la consideración popular, con un gran público que consume esta saga interminable que aporta periódicamente datos de interés. Tan es así que -intencionalmente- Adorni hizo su irrupción justo en vísperas del inicio del Mundial, ingenuamente confiado en que lo suyo fuera devorado por la atención generada por el torneo ecuménico. No fue así, al menos de momento, ya que al día siguiente de la imperdible entrevista que concedió a La Nación+, la atención pública era monopolizada por el exvocero, tanta tela para cortar dejó.

Fuentes consultadas por este medio relativizaron el efecto legal de la estrategia del exvocero. Puede servirle para evitar la figura de “enriquecimiento ilícito”, pero no lo pone definitivamente a resguardo de otras figuras penales. En rigor, los 200 mil dólares “fundacionales” con los que él y su esposa supuestamente cimentaron la fortuna que luego ocultarían al fisco son objeto hoy de investigación, para saber si se condicen con los ingresos que en el sector privado obtuvo la pareja.

Una parte no precisada parece surgir de una cantidad de dinero en efectivo hallada por Adorni y su hermano -hoy diputado provincial- en el departamento de su padre fallecido en 2002. Pesaba sobre esa propiedad una hipoteca impaga de unos 22.000 dólares, que tardaron más de una década regularizar. A la luz de los dichos del funcionario, ¿por qué no utilizaron ese dinero hallado para saldar la deuda? ¿Por qué no usó parte de los 200 mil dólares que invirtió en bitcoin para sacarse de encima esa carga, teniendo en cuenta que necesitaban vender ese departamento y no podían hacerlo por esa hipoteca?

Una especialista en el tema reveló también a este medio que en caso de ser real la historia contada por Adorni, con su inversión de 200 mil dólares en 2013 o 2014 en bitcoins, hoy debería tener unos 46 millones de dólares…

Convencidas como todo el mundo de lo irreal de las revelaciones de Adorni respecto del crecimiento legal de su patrimonio, las malas lenguas dicen que durante este tiempo gente de inteligencia estuvo buscando a un usuario de bitcoin que pudiera proporcionar la “billetera fría” (mal llamada pendrive) que tuviera movimientos similares a los descriptos por el funcionario, de modo tal de darle verosimilitud a la estrategia. Lo que no habrían conseguido en cambio es quienes se hicieran cargo de las propiedades adquiridas, de modo tal de brindar cierta credibilidad en ese aspecto: todas las personas consultadas, a las que se les habrían prometido favores impensados, se negaron al conocer el nombre del personaje involucrado.

El plan revelado por fuentes oficiales el día de la presentación de la declaración jurada establecía una entrevista periodística en la que el reporteado anunciaría haber cumplido finalmente con dicho trámite, tras lo cual el gabinete en pleno saliera a apoyar nuevamente al jefe de ministros. Eso último no sucedió: al cabo de la nota, solo salió a respaldarlo Santiago Oría, el “cineasta” presidencial, quien resumió su interpretación de los hechos así: “Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ, y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE. La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN”. El Presidente reposteó ese tuit, cosa que no hicieron otros oficialistas, salvo excepciones como Lilia Lemoine. Nadamás gráfico para describir lo devaluado que está el jefe de Gabinete internamente.

Por el contrario, la ascendente Patricia Bullrich salió a diferenciarse una vez más al día siguiente, antes de meterse en la reunión de la Mesa Política supuestamente presidida por Adorni: “Esto es más que un error, esto es una omisión ética”, sintetizó la senadora, que horas después aparecería en el centro de la foto de esa reunión que se encargó de difundir la propia hermanísima, Karina Milei, para mostrar el festejo de cumpleaños que le hicieron a la excandidata presidencial, que aparece soplando una vela. En la imagen, a Adorni se lo ve a un costado, con impostada sonrisa.

No son pocos en el oficialismo los que se quejan por el lastre en el que se ha transformado el funcionario. Prueba de ello es que el Gobierno no pudo capitalizar como es debido la semana “soñada” que tuvo: segundo mes consecutivo con baja de la inflación -con un número inferior al previsto-; los bonos y acciones de la Argentina operando con fuertes subas luego de la recalificación de la deuda pública por parte de Standard & Poors; y un el riesgo país cerrando en 443 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2018.

En ningún lado se hablaba de esas novedades positivas, sino del pendrive de Adorni, transformado en meme de por vida. Un estudio de la consultora Reputación Digital realizado en la antesala de la declaración jurada del jefe de Ministros dejaba claro que la conversación digital ya había emitido veredicto: 82,1% de menciones negativas sobre 1.906 clasificadas. De cada 100 menciones con opinión sobre Adorni, 82 son negativas y solo 7 positivas, siendo buena parte de las positivas expresadas con sarcasmo.

En cuanto a las emociones, el sentimiento más generado es el de la ira (78,5%).

Las consecuencias del sostenimiento de Manuel Adorni por parte de los Milei ya se advierten en el Congreso, un ámbito que desde octubre del año pasado hasta marzo se consideraba blindado. Hoy el dominio oficialista no es absoluto. Una derivación concreta del Adornigate es el freno seguro que tendrá el nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal que el Gobierno se aprestaba a mandar al Congreso, para realizar cambios que permitieran captar más dólares que lo conseguido hasta el momento. La semana pasada se conoció el anteproyecto, que elimina topes para ingresar al régimen, flexibiliza controles y redifine las condiciones para evitar sanciones… pero hoy es impensado que eso pueda suceder: no habrá dialoguistas dispuestos a aposar esa norma a la que acaban de acogerse Adorni y su esposa.

Aunque el jefe de Gabinete no es el único funcionario que aprovechó dicha legislación. El caso más curioso es nada menos que el titular de ARCA, Juan Pazo, quien el 5 de junio del año pasado fue el encargado de presentar la ley en una conferencia de prensa que dio junto al defenestrado José Luis Espert. Esa vez Pazo garantizó: “Estaremos blindando para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al ya anunciado régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias”. Fue a lo que apeló el propio Adorni ahora, quien al celebrar la aprobación de la ley, el 30 de diciembre pasado, dijo que la Ley de Inocencia Fiscal “revierte un paradigma instalado por más de 100 años; en lugar de ser potenciales sospechosos, todos los ciudadanos son inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario”.

El caso Adorni despertó a una oposición que busca la forma de recuperar la iniciativa y -sobre todo- la contundencia del año pasado en el Parlamento. Si bien en el fondo no hay nada mejor para la oposición que la permanencia de Manuel Adorni en donde hoy está, a los bloques de ambas cámaras no les quedó otra alternativa que ir por su destitución, en Diputados, mientras que el Senado trata de acelerar el cara a cara con el devaluado funcionario.

En la Cámara baja, un variopinto grupo de legisladores convocó a sesionar el 23 de junio, con la moción de censura como punto de llegada. No será un camino sencillo; en realidad, no se hacen demasiadas ilusiones, más allá de que el bloque Pro -clave para conseguir el éxito de semejante plan- se haya mostrado en la semana extremadamente crítico del jefe de Gabinete y le haya pedido directamente a Milei expulsarlo. Todo indica que llegarán hasta allí.

El 23 la oposición necesitará primero lograr el quórum, cosa complicada; luego, los 2/3 para imponer el tratamiento sobre tablas, y en caso de no lograrlo -lo más probable-, deberían votar emplazamientos a las comisiones. Es que necesitan ir al recinto con un dictamen, y una vez allí votar primero la interpelación, para recién después impulsar una moción de censura, para lo cual necesitarían al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.

No son pocos los que piensan que Adorni no llegará al 23. Y no son solo oficialistas los que lo piensan.

Con una cuota de pragmatismo, la oposición más dura eligió una fecha más o menos distante para embestir contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestión de tener tiempo para sumar voluntades. Convencidos de que después de la presentación de la declaración jurada y su fallida autodefensa en La Nación+ no les dejaba más margen de espera, los diputados de la oposición resolvieron poner en marcha un nuevo intento para abrir las puertas del recinto con la intención de sancionarlo.

31 firmas rubricaron ese llamado a sesionar el 23 de junio, en representación de muchos bloques, pero no los suficientes como para garantizar el quórum, preocupación inicial que obsesiona a los convocantes. Es que según el poroteo que puede hacerse a partir de los nombres que suscriben la convocatoria, no llegan a los 129. Aun con asistencia perfecta.

Veamos quiénes fueron. Por Unión por la Patria: Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Victoria Tolosa Paz, Ariel Rauschenberger, Gabriela Pedrali, María Graciela Parola, Jorge Mukdise, Juan Marino, Itai Hagman, Gabriela Estévez, Marcelo Barbur y Ernesto “Pipi” Alí. Ese bloque por sí solo, con asistencia perfecta, podría aportar 91 asistentes.

Por Provincias Unidas, un bloque de 18 miembros, firmaron Pablo Juliano, Esteban Paulón, Carlos Gutiérrez, Martín Lousteau, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Pablo Farías y María Inés Zigarán. Ahí surgen las mayores dudas, ya que de esta bancada estarían asegurados los cordobeses, que el viernes se pronunciaron duramente en contra de la continuidad de Adorni, pero hay dudas sobre los alineados con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, aunque el socialista Farías -de este sector- estampó la firma. No firmó Lourdes Arrieta, que en la última sesión -la del 20 de mayo, donde se votó Zonas Frías- dio quórum. De los 18, solo estarían asegurados 13.

A ellos podrían sumarse Miguel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, que no sumaron sus firmas.

Sí lo hicieron los dos de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro; y los cuatro de la izquierda, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, Nicolás del Caño y Romina del Plá; como así también los monobloquistas Natalia de la Sota, Jorge Fernández y Marcela Pagano.

De ahí que uno piense que sin contar eventuales ausencias, los convocantes podrían asegurar la presencia de 115 diputados. Les faltan 14 para arrancar la sesión.

Este fin de semana confirmaron su presencia en la sesión del 23 los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone. El primero considera que Adorni les tomó el pelo cuando concurrió a brindar el informe dando una versión y después sostuvo otras cosas “totalmente distintas”. Aclaró que en una instancia anterior, su bloque no acompañó iniciativas contra Adorni, por entender que le correspondía al Poder Ejecutivo resolver la situación, pero al no concretarse su salida, se justifica respaldar el pedido de interpelación. Eso sí, se mostró escéptico sobre una moción de censura, ya que interpreta que no están los números para conseguirlo.

Necesitarían contar con los diputados del Pro y/o los de la UCR, que estos días emitieron declaraciones muy críticas contra Adorni, pero está en duda que vayan a sumarse a una embestida contra el jefe de Gabinete. Tal vez algunos sí.

En el Pro llamaron al presidente Milei a “defender el cambio y no a Adorni”, pero es muy probable que no se sumen para el quórum. Los radicales, a su vez, calificaron a través de las presidencias de ambos bloques lo del jefe de Gabinete como de “una gravedad ética incompatible” con la responsabilidad que conlleva ocupar una de las más altas funciones del Estado. Aunque si bien exigieron “explicaciones claras e inmediatas”, no queda claro que eso sea en el marco de una interpelación. Menos aún que vayan a votar tal cosa.

Karina Banfi, integrante de un monobloque que integra el interbloque Fuerza del Cambio, que suma a radicales y del Pro, prefiere augurar que Adorni no llegará en el cargo al 23. En el Pro y el radicalismo muchos piensan lo mismo, y todos lo desean.

¿Y si llegan al quórum?

Con este panorama, se le hace cuesta arriba a la oposición llegar al quórum, pero si eso se diera, todavía la tendrían muy complicada en el marco de la sesión.

Sucede que en ese caso se pondría a disposición media docena de proyectos que conforman el temario de la sesión pedida. De los mismos, dos son pedidos para que Adorni brinde informes verbales ante el Congreso sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos, además de informar sobre su situación patrimonial; uno es un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con la situación patrimonial de Adorni; y los tres restantes van al hueso: son para interpelar al jefe de Gabinete con el fin de iniciar una moción de censura.

Conforme lo establecido por la Constitución en su artículo 101, la moción de censura establece la posibilidad de remover al jefe de Gabinete por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras.

Pero por tratarse de proyectos que no tienen dictamen, la oposición necesitaría de los dos tercios de los presentes para habilitar su tratamiento sobre tablas. Lo cual hace imposible que ese debate pueda llegar a darse el 23 de junio.

A lo máximo que puede aspirar la oposición en ese caso es a emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, a reunirse para dictaminar, y una vez que eso suceda, habría que pedir una nueva sesión en la que sí, quórum mediante, podrían votar una interpelación y luego sí avanzar con la moción de censura. Necesitan mayoría absoluta, en las dos cámaras. No sería en lo inmediato, sino después del Mundial, en el segundo semestre. Con viento a favor.

Las novedades en el caso Adorni generaron rápida reacción en el Congreso de la Nación. Más allá de las declaraciones de sus miembros en redes, en ambas cámaras comenzó a sonar fuerte la posibilidad de abrir las puertas de los recintos para debatir la situación del jefe de Gabinete. En Diputados, particularmente, la oposición se despabiló para ir contra el funcionario que acaba de presentar finalmente su declaración jurada e hizo declaraciones en las que admitió haber ahorrado “en negro”.

Y lo que es peor: dejó claro -sin admitirlo- que le había mentido a los diputados.

Es por eso que un grupo de diputados de la oposición pidieron una sesión especial para el martes 23 de junio a las 14, para debatir seis proyectos presentados sobre Manuel Adorni, que van desde pedidos de informes a moción de censura.

Puntualmente hay 2 pedidos para que el funcionario de informes verales ante el Congreso sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos, además de informar sobre su situación patrimonial; otro pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con la situación patrimonial de Adorni; y 3 pedidos de interpelación con el fin de iniciar una moción de censura.

La moción de censura, conforme lo establecido por la Constitución en su artículo 101, establece la posibilidad de remover al jefe de Gabinete por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras.

El pedido de sesión lleva las firmas de 31 diputados miembros de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, monobloques y la izquierda.

Esas firmas corresponden a los diputados Germán Martínez, Pablo Juliano, Maximiliano Ferraro, Cecilia Moreau, Esteban Paulón, Carlos Gutiérrez, Myriam Bregman, Martín Lousteau, Natalia de la Sota, Jorge Fernández, Marcela Pagano, Paula Penacca, Néstor Pitrola, Mónica Frade, Victoria Tolosa Paz, Mariela Coletta, Nicolás del Caño, Guillermo Snopek, Jorge Rizzotti, Ariel Rauschenberger, Romina del Plá, Gabriela Pedrali, Pablo Farías, María Graciela Parola, María Inés Zigarán, Jorge Mukdise, Juan Marino, Itai Hagman, Gabriela Estévez, Marcelo Barbur y Ernesto “Pipi” Alí.

Para el día siguiente, 24 de junio, el oficialismo evalúa llevar adelante una sesión especial para tratar, entre otros temas, el acuerdo con los holdouts por la deuda.

Después de elevar el pedido formal, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, oficializó este martes la sesión especial de este jueves a las 11. La oposición buscará, primero, lograr el quórum reglamentario, y luego el emplazamiento de una serie de pedidos de informes, de interpelación y la moción de censura sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Detrás del telón, Unión por la Patria, bloque opositor que no firmó la petición encabezada por Esteban Paulón, conversa para incorporar otros emplazamientos vinculados al esquema de desendeudamiento familiar. La bancada peronista cuenta con 93 integrantes y es quien hará el mayor aporte de legisladores que se sentarán en sus bancas desde las 11. De todos modos, la confección del quórum está frío aún.

El temario, por el momento, está compuesto por el pedido de informes verbales sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos que presentó Germán Martínez, titular de bancada de UP; los informes del Poder Ejecutivo sobre la situación patrimonial y la declaración jurada del ministro coordinador, de Pablo Juliano; la moción de censura impulsada por el Frente de Izquierda; y un pedido de informes a Manuel Adorni de Paulón.

En la oposición saben que con la composición actual de integrantes no les alcanza. A los espacios firmantes del pedido de sesión -un sector de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Defendamos Córdoba- se sumarán con seguridad Unión por la Patria, Coherencia de Marcela Pagano y tal vez Primero San Luis del monobloquista Jorge “Gato” Fernández.

Los aliados del oficialismo

Se especuló que el Pro podría tener una intención de avanzar con la interpelación a Manuel Adorni, luego del comunicado elevado por el partido este domingo por la noche donde criticó se desmarcó de la gestión libertaria. De todas maneras, desde la conducción del bloque, a cargo del bonaerense Cristian Ritondo, dejaron trascender que no tuvieron incidencia en el texto y que la estrategia parlamentaria es la misma: seguir siendo aliados de La Libertad Avanza.

Por su parte, está claro que nadie de La Libertad Avanza dará quórum. Lo mismo ocurrirá con la Unión Cívica Radical, que preside la mendocina Pamela Verasay; ninguno de los integrantes de Innovación Federal, que tiene como titular al misionero Alberto Arrúa; los tres tucumanos de Independencia; los sanjuaninos de Producción y Trabajo; y el santacruceño José Luis Garrido.

La incógnita pasa por los monobloques como Adelante Buenos Aires de Karina Banfi; La Neuquinidad de Karina Maureira; y el MID integrado por Oscar Zago y Eduardo Falcone, quienes pese a ser aliados del oficialismo, vienen siendo muy críticos de la situación de Manuel Adorni y el Gobierno nacional.

La división de Provincias Unidas

Provincias Unidas ha marcado un división explicita desde el momento de su creación. A los cinco legisladores firmantes del pedido de sesión especial se le sumarán Martín Lousteau y Lourdes Arrieta. También hay chances que lo haga el jujeño Jorge Rizzotti.

Lo que no está garantizado es la presencia de la presidenta del bloque, Gisela Scaglia, ni tampoco de los diputados cordobeses Carolina Basualdo, Juan Brügge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Alejandra Torres. Los otros tres nombres en duda serán los del chubutense Jorge “Loma” Ávila ni de José Núñez y Sergio Capozzi, estos últimos cercanos a Patricia Bullrich.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de interpelación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con posterior moción de censura en donde lo acusa nuevamente por presunto enriquecimiento ilícito. El anuncio del santafesino surgió minutos después de que un contratista declare en la Justicia que cobró 245.000 dólares en efectivo en calidad de refacciones en la casa del ministro en el country Indio Cuá.

La declaración fue realizada por Matías Tabar, contratista y socio del grupo Alta Arquitectura, quien fue llamado a indagatoria ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de las investigaciones por enriquecimiento ilícito. El trabajador declaró que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble.

Del mismo modo, señaló que los trabajos de remodelación se llevaron a cabo entre septiembre del 2024 y julio del 2025 en el lote de 400 metros cuadrados ubicado en Exaltación de la Cruz.

NO HAY MÁS EXCUSAS POSIBLES

Ante las nuevas revelaciones en la causa contra @madorni por Enriquecimiento ilícito, INSTÓ a las y los Diputados nacionales a avanzar en la interpelación del Jefe de Gabinete y su posterior remoción por moción de censura. pic.twitter.com/jx4YECMDtY

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 4, 2026

La semana pasada, cuando el ministro coordinador enfrentó a la oposición en la Cámara de Diputados, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, había adelantado que estaban trabajando para avanzar con la interpelación y la moción de censura.

Ocho resoluciones contra Adorni en dos meses

Desde que se conoció que Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, viajó a Nueva York con la comitiva presidencial los primeros días de marzo de este año, se han presentado un total de 8 proyectos de resolución en contra de Manuel Adorni.

El primero fue de Paulón y estuvo vinculado a un pedido de informes por la presencia de Angeletti en la comitiva que viajó al Argentina Week 2026 en Estados Unidos. En el mismo sentido, el Frente de Izquierda pidió informes por el uso del avión presidencial y los gastos del contingente.

A los pocos días, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, por una lado, y el Frente de Izquierda, por otro, presentaron sendos pedidos de informes sobre la presunta participación y conocimiento de Manuel Adorni en la difusión del token $LIBRA.

Sobre finales de marzo, Pablo Juliano, Paulón y Ferraro encabezaron un pedido de informes verbales al jefe de Gabinete por la situación patrimonial del mismo. Para ese entonces, ya había sido acusado por el viaje en vuelo privado a Punta del Este; la compra de la casa en el country Indio Cuá; y la compra de un departamento en Caballito a valores que superarían la declaración jurada del funcionario.

El 31 de marzo, el Frente de Izquierda presentó el primer pedido de interpelación con posterior moción de censura sobre el jefe de Gabinete. Y por último, un pedido de informes sobre la situación patrimonial que impulsó el diputado Esteban Paulón.

"La gravedad institucional de los hechos involucrados requiere una respuesta acorde por parte de este Congreso", señaló Paulón en los fundamentos. "No se trata únicamente de evaluar conductas individuales, sino de reafirmar principios estructurales del orden constitucional: la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la publicidad y rendición de cuentas, la responsabilidad política de un funcionario de tal envergadura, la ética e integridad que exige la función pública, la supremacía de la ley", concluyó.

El grueso de la oposición -los bloques Unión por la Patria y la mayoría de Encuentro Federal y Democracia para Siempre- se alzaron este martes con un dictamen de mayoría (29 firmas) en comisiones de la Cámara de Diputados para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Además, en el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento -que fue emplazado la semana pasada- hubo un dictamen de rechazo del oficialismo y sus aliados del Pro (19 firmas), y otro de minoría (7 firmas) impulsado por un sector minoritario de DpS y EF, el cual solamente habla de interpelación y no menciona la moción de censura.

El texto del dictamen de mayoría prevé la citación de Francos “a los efectos de ser interpelado por la decisión de suspender la ejecución de la Ley 27.793 de emergencia en materia de discapacidad, dejándose establecido que la moción de censura será decidida por la Honorable Cámara en la misma sesión, una vez terminada la interpelación”.

Defensor de ese texto, el diputado Oscar Agost Carreño (EF) explicó que la idea es “primero, interpelar; que explique los motivos, las razones y las circunstancias por las cuales decidió no cumplir con una ley”. Y, en segundo término, “proceder al voto si se tiene confianza o no en el Congreso respecto de las respuestas que ha dado, y si las explicaciones brindaron la confianza necesaria”. “Esa es la censura, no es otra cosa. Si hubiéramos querido avanzar con la remoción, también el (artículo) 101 (de la Constitución) nos permitía presentar proyectos en ese sentido”, aclaró, alejando la chance de una eventual remoción.

La segunda parte del artículo 101 de la Constitución indica que el jefe de Gabinete “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.

Agost Carreño planteó que este proceder “no es por una cuestión personal”, sino que “la Constitución dice que es el administrador y quien tiene que reasignar partidas”, pero “firmó un decreto en el que dijo que no va a cumplir la ley, por lo tanto, nos toca reclamarle a él”. “Estamos buscando interpelarlo, que dé las explicaciones y después analizar la confianza a través de la votación o no de censura”, insistió.

El pasado 22 de septiembre, tras la caída del veto en el Congreso, el Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le pidió al Poder Legislativo que establezca su fuente de financiamiento y que, hasta tanto, estará suspendida su ejecución.

El legislador de EF recordó que “el Gobierno ha hecho lo suficiente para que no haya presupuesto” y “los montos de 2023 son absolutamente irrisorios”, con lo cual es “imposible de hacer” lo pedido por el Poder Ejecutivo. “Ellos no dicen tampoco de dónde salen los fondos cuando bajan las retenciones a la minería o cuando les suben los montos a los espías por DNU”, lanzó y agregó: “No podemos no hacer nada como Congreso cuando no se cumple una ley. La excusa es que no hay plata cuando vemos que hay plata para muchas cosas”.

Oscar Agost Carreño 

Autor del proyecto que originó la ley, el diputado Daniel Arroyo (UP) advirtió que “la situación de las personas con discapacidad y sus familias está colapsada”. “La persona que trabaja en un taller protegido sigue cobrando 28 mil pesos por mes sin ninguna actualización del nomenclador, trabaja 4 horas por día. El acompañante terapéutico sigue cobrando 3 mil pesos la hora a 180 días. El transportista sigue cobrando 541 pesos el kilómetro, cuando la nafta sólo en el último mes aumentó cinco veces”, enumeró.

“El Gobierno hizo algo inédito: la promulgó en su artículo 1, y en el artículo 2 decidió suspender su puesta en marcha por decir que no especificaba la ley de dónde se sacan los recursos. Estamos ante un hecho inconstitucional, absurdo y brutal contra las personas con discapacidad y sus familias. El Gobierno hace dos años que tiene presupuesto prorrogado, todo el tiempo saca partidas de un lado y compensa en el otro”, enfatizó.

Tras recordar el camino de la ley, votada en cuatro oportunidades por más de dos tercios de ambas cámaras, el legislador rechazó que, respecto al colectivo de personas con discapacidad, el Gobierno “dice permanentemente cosas que no son ciertas; se han dicho números absurdos sobre auditorías que no terminaron siendo ciertas; se decidió estigmatizar y lastimar a las personas con discapacidad y sus familias, con el único objetivo de recortar”. “Hay inconstitucionalidad, crueldad e ignorancia sobre lo que se está haciendo”, completó.

A su turno, Pablo Juliano (DpS) recordó que “en la misma ley le estamos diciendo lo que tiene que hacer, lo estamos facultando” al jefe de Gabinete, sin embargo, decidió “suspender” la ejecución de la ley, en lo que representa “un ejemplo cabal de la arbitrariedad” y una “legalidad selectiva” del Gobierno, en la que cual le “preocupan algunos artículos de la Ley de Administración Financiera”.

“No nos queremos subir a la carroza de la censura, no queremos darle de comer a un Gobierno tan sensible y tan débil. Y como no andamos con ganas de ser golpistas y de ser maltratados nuevamente por el Gobierno, lo que le estamos pidiendo, quizás le estamos pidiendo un milagro, es que agarre la ley, que mire el artículo 19 y que destine las partidas de un presupuesto autoprorrogado”, sostuvo el jefe de Democracia para Siempre.

Rodrigo de Loredo (UCR) consideró que “la figura de la censura aplicada en esta ocasión” le parece “un hecho desproporcionado, efectista, que desestabiliza y poco contribuye a que la marcha del Gobierno o la Argentina mejore en algún sentido”.

A su vez, el cordobés dijo que “lo que hizo el Gobierno con esta chicana promulgatoria es grave desde el punto de vista institucional” y “le va a traer aparejado consecuencias judiciales”. Sin embargo, “no estamos de acuerdo con la desproporcionalidad que sería expulsarlo” a Francos, insistió.

Finalmente, el presidente de la bancada de la UCR advirtió al oficialismo de que “no se les ocurra volver a aplicar esta idea con otras leyes, como la universitaria o la del Garrahan, porque no van a hacer más que deteriorar una fragilidad política que tiene el Gobierno”.

Aliada de LLA, la bullrichista Silvana Giudici (Pro) señaló que “el instituto de la moción de censura no solo en este caso es desproporcionado, sino que además no está reglamentado”, y mencionó distintos proyectos que se presentaron desde 2003 para reglamentarlo. Además, indicó esta figura “nunca había querido utilizarse por las mayorías anteriores”. “Cuando se aplica con desmesura, desproporcionadamente o para ejercer un control político, lo que está generando es un intento de desestabilización”, denunció.

En el cierre, la oficialista Nadia Márquez (LLA) afirmó que la moción de censura “es un mecanismo excepcional de control político” que se aplica “si el funcionario excede facultades constitucionales o si viola de forma manifiesta la ley”. “No hubo una decisión personal del ministro de suspenderla, acá hay un incumplimiento de la propia ley que no establece cuál es la forma de financiamiento”, defendió.

En esta línea, la neuquina dijo que “no se suspende la ley, es la propia Ley 24.629 la que la suspende, y al jefe de Gabinete lo que le corresponde es cumplir con la ley”. “La moción de censura no es si me das confianza o no me das confianza, es si está actuando conforme a derecho”, respondió al argumento de Agost Carreño.

Hay tres formas de remover a un jefe de Gabinete. Una está a cargo del Presidente (decreto de remoción); y las otras dos están a cargo del Congreso: 1) Juicio Político (Arts. 53, 59 y 60 Constitución Nacional); 2) Moción de Censura (Art. 101 Constitución Nacional). Jamás el Congreso destituyó a un jefe de Gabinete.

Ahora se está intentando hacerlo a través de la Moción de Censura, y se dice que, si así fuera, el presidente podría volver a elegirlo.

UN DELIRIO. Veamos. Si la destitución fuera por juicio político, el Senado podría destituirlo e inhabilitarlo para ocupar cargos públicos. En este caso se evitaría que pueda ser nuevamente designado.

Es cierto que el Art. 101, para la moción de censura, no prevé la inhabilitación, pero debe ser aplicada, esa posibilidad, por analogía con el juicio político. NO PUEDE SER DE OTRA MANERA, porque no tendría absolutamente ningún sentido que el Congreso pudiera remover por Moción de Censura y que al día siguiente el removido sea repuesto en el cargo por el primer mandatario.

Con proyectos de resolución presentados en cada cámara, los bloques de diputados y senadores nacionales de Unión por la Patria se sumaron al pedido de moción de censura hacia el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el Ejecutivo realizó con el pedido al Congreso de indicar de dónde saldrán los fondos para aplicarla.

La moción de censura se presenta "por la decisión de 'suspender' la ejecución de la Ley N° 27.793 de emergencia nacional en materia de discapacidad, incumpliendo sus deberes de funcionario público, avasallando las facultades del Congreso y atentando contra la división de poderes que se encuentra en la base de nuestro sistema constitucional", indican las iniciativas.

Además, uno de los artículos reza: "Dejar establecido que la moción de censura y/o, en su defecto, la remoción del Jefe de Gabinete de Ministros sea resuelta por el pleno de esta Honorable Cámara en la misma sesión en que se lleve a cabo su interpelación".

En los argumentos -que ambos textos comparten- los legisladores de la oposición señalaron que el decreto 681/25 de promulgación "no sólo vulnera los derechos de las personas con discapacidad sino que viola el procedimiento de sanción de las leyes establecido por la Constitución".

Tras un repaso de todo el trámite parlamentario que tuvo la norma, apuntaron que "la facultad del Poder Ejecutivo de vetar la ley ya fue utilizada. Lo invocado en esta oportunidad, respecto del artículo 5° de la Ley 24.629 sólo se aplica cuando existe una ley de presupuesto vigente lo cual no ocurre en el presente".

"El jefe de Gabinete, como responsable de la administración general, incurre en omisión grave al suspender por decreto una ley vigente", afirmaron y aseveraron que "ante la irresponsabilidad flagrante del Poder Ejecutivo y su afán de vulneración de la institucionalidad democrática, el Poder Legislativo no puede permanecer impasible y debe impulsar las acciones previstas bajo el imperio de la Constitución Nacional".

La moción de censura se encuentra establecida en la segunda parte del artículo 101 de la Constitución Nacional e indica que el jefe de Gabinete "puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras".

Este lunes, luego de la promulgación de la ley, pero con su ejecución en "suspenso", la oposición salió a cuestionar tal decisión y afirmó que el decreto 681 es nulo de nulidad absoluta e insanable.

Tras la presentación de una moción de censura por parte de diputados de Encuentro Federal, Francos se refirió al tema este martes temprano, antes que se sumaran los proyectos de UP. "Estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación, si me convocan para una interpelación, iré", dijo y defendió lo hecho por el Ejecutivo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este martes a las críticas de la oposición por la decisión del Gobierno de promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero mantener en suspenso su ejecución, al pedirle al Congreso que determine la fuente de financiamiento.

Luego que un grupo de diputados presentaran un proyecto de moción de censura, el ministro coordinador afirmó: "Estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación, si me convocan para una interpelación, iré".

Igualmente aclaró que "todavía estos proyectos tienen que ser tratados en las comisiones, ir al pleno de la cámara y tienen que ser aprobados por las mayorías que manda la ley. Y después, obviamente, pueden hasta si quieren censurarme, destituirme o hacer una moción de censura sin destituirme”.

“No sé si alguno fue censurado. Yo creo que no hay antecedentes de eso. Entonces, me tocará debutar en este tema y lo haremos”, agregó respecto de sus antecesores y el mecanismo previsto en la Constitución Nacional.

En declaraciones a radio Mitre, Francos observó que "esto es una discusión entre el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo, vinculado a qué se interpreta como disponibilidad de fondos para la aplicación de una ley".

"Tenemos absolutamente en claro que hemos cumplido la ley como manda, aunque no estamos de acuerdo con la ley", dijo sobre la promulgación que efectuó el Poder Ejecutivo.

Respecto de una denuncia de los legisladores socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein -que este lunes fue ampliada-, el jefe de Gabinete expresó: "Me habían hecho una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Yo creo que por error, porque entendieron que no estábamos promulgando la Ley de Discapacidad, que efectivamente sí la promulgamos".

"Promulgamos la ley en su artículo primero y en el artículo segundo decimos, 'se la devolvemos al Congreso para que nos indiquen de dónde salen los fondos'", insistió y se defendió: "El jefe de Gabinete no puede generar recursos que no están en el presupuesto, puede reasignar partidas a lo sumo".

En ese sentido, Francos añadió que "no basta con que digan que reasigne partidas, tienen que decir cuál es la fuente para financiarla. Eso fue lo que no hizo el Congreso, por eso esto es una cuestión de interpretación. No se me pueden adjudicar responsabilidades que no tengo".

Un grupo de diputados nacionales de Encuentro Federal presentó un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a los efectos de iniciar una moción de censura por la promulgación sin aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad publicada en el Decreto 685/2025.

El texto fue encabezado por Oscar Agost Carreño y avalado con las firmas de Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Mónica Fein. Se espera que otros bloques de la oposición también presenten en mesa de entradas de la Cámara baja iniciativas con el mismo espíritu.

Así las cosas, los integrantes de la banda multisectorial mencionaron como causales de la moción de censura al incumplimiento de la Ley 27.793, la violación de la división de poderes del Estado, el incumplimiento en la asignación de partidas, el incumplimiento de la Ley 24.156 y otras cuestiones que surjan hasta el momento de la comparecencia.

En el sistema constitucional argentino, la moción de censura, incorporada en la reforma de 1994, consiste en dos etapas: la iniciativa y la de ejecución. Respecto a la primera parte, se trata de la aprobación de la interpelación; y la segunda parte establece que tras la aprobación de ese proyecto -requiere mayoría absoluta en el recinto- de resolución el efecto inmediato es la remoción del funcionario.

Así las cosas, la moción de censura es el procedimiento por el que el Poder Legislativo le exige responsabilidad política al Ejecutivo de la Nación. En el caso del sistema argentino, la moción de censura no implica responsabilidad política, sino solo sustitución.

EL GOBIERNO ROMPIÓ EL ESTADO DE DERECHO

Junto con diputados de nuestro bloque pedimos la interpelación y moción de censura al Jefe de Gabinete.

👉🏼 Por incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
👉🏼 Por dictar decretos nulos e inconstitucionales.
👉🏼 Por no reasignar… pic.twitter.com/FoPFUI3Nue

— Oscar Agost Carreño (@oagost) September 22, 2025

"La Promulgación de la ley aludida, pero sin cumplir, sienta un peligroso antecedente puesto que mediante una interpretación ilegal e inconstitucional, condiciona a un poder del Estado en su labor, a una tarea que compete al Poder Ejecutivo, que dicho sea de paso, gobierna sin presupuesto hace dos años", señaló el diputado cordobés en los fundamentos de la iniciativa.

Sobre la situación económica y la falta de partidas presupuestarias en el área de Discapacidad, Agost Carreño enfatizó: "La pregunta madura por sí sola, ante un contexto de emisión cero, equilibrio e incluso superávit fiscal, ¿Por qué está tan urgido de divisas?".

Luego, deslizó: "No corresponde hacer dicho análisis aquí puesto que excede el objeto de los presentes fundamentos, pero es una clara muestra que algunas cuestiones, en el plan económico, no están funcionando".

Temprano, Esteban Paulón, cofirmante de la iniciativa, se había hecho presente en Comodoro Py para ampliar su denuncia contra Javier Milei por incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. “El decreto 681/25 es nulo de nulidad absoluta. Esto es inédito. Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente", acusó el santafesino.

Luego, agregó que "el presidente tiene todas las herramientas para implementar la Emergencia porque se ha estipulado una ampliación y reasignación de partidas presupuestarias", y le contestó al Poder Ejecutivo que “esta maniobra siniestra contra los más vulnerables es un modus operandi del Gobierno nacional".

El presidente del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, presentó un proyecto de resolución en el que plantea una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Juan Manzur, por violar el artículo 101 de la Constitución, que establece la obligación de rendir cuentas mensualmente -de manera alternada- en ambas cámaras legislativas.

El radical recordó que el funcionario asumió el 20 de septiembre de 2021 y desde entonces no asistió nunca a la Cámara baja. Sumado a ese retraso, este lunes volvió a postergar su comparecencia prevista para el 31 de agosto hasta el 14 de septiembre.

"Manzur asumió en septiembre de 2021, es decir que lleva casi un año en el cargo. Han cambiado los ministros de muchas áreas, pero no la Jefatura de Gabinete. Es poco razonable que no pueda responder las casi 4.000 preguntas que se le formularon. Si el número es tan alto es justamente por la demora exorbitante en cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional", enfatizó el cordobés en referencia a los argumentos que dio el tucumano sobre el cambio de la fecha para asistir a brindar el informe.

En el proyecto de resolución, Negri subrayó que desde que asumió, Manzur "compareció solo una vez ante el Senado y nunca en la Cámara de Diputados. Da la impresión que el jefe de Gabinete de ministros no comprende cabalmente que en tanto funcionario público se encuentra sometido a la Constitución. Concurrir a rendir el informe del artículo 101 no es una opción, sino su obligación".

"No debe perderse de vista que más allá de que el jefe de Gabinete es nombrado por el presidente de la Nación, el artículo 101 de la Constitución Nacional lo expuso a responsabilidad ante el Congreso al someterlo a la moción de censura para su eventual remoción. Con sus inasistencias recurrentes e injustificadas, el jefe de Gabinete se ha sustraído y ha frustrado el contralor de la marcha del gobierno que la Constitución le asignó al Congreso, característica además fundante de nuestra forma republicana de gobierno", completó el diputado.

El artículo 101 de la Constitución establece que el jefe de Gabinete "debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del Gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71".

Asimismo, el artículo contempla que "puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras". Es decir, si la oposición en la Cámara de Diputados juntara 129 legisladores, pueden aprobar la moción para interpelarlo.

Días atrás, también desde Juntos por el Cambio, los diputados del Pro Gerardo Milman y Cristian Ritondo presentaron una moción de censura bajo el mismo reclamo.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) se refirió a la presentación de una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y sostuvo que "tenemos que hacer cosas, sin caer fuera del marco normativo, que hagan llamar la atención del Gobierno".

"Manzur es simbólicamente quien representa al Gobierno frente a la Cámara de Diputados", señaló en declaraciones a Radio Rivadavia, y recordó que esta herramienta constitucional "no tiene antecedentes de haber sido usada".

El legislador explicó la diferencia con el juicio político, para cual se "necesitan dos tercios de la cámara, una situación que por la propia composición hoy se vuelve abstracta". Mientras que la moción de censura, para interpelar al funcionario, abre "la posibilidad de un mecanismo que resulte efectivo".

"Tenemos que hacer cosas, sin caer fuera del marco normativo, que hagan llamar la atención del Gobierno, que hagan que cambie, que tome otras decisiones y que, sin son incapaces de tomar otras decisiones en el sentido de que la gente deje de sufrir, bueno, lo admitan, y ellos mismos tomen los recursos que la Constitución Nacional les otorga", expresó.

Milman resaltó que para votar esta moción "se necesitan 129 diputados", un número que Juntos por el Cambio junto a otros bloques de la oposición han conseguido en distintas oportunidades. "Es un número mucho más posible que los dos tercios que establece el juicio político", insistió.

Sin embargo, sobre el juicio político que el liberal José Luis Espert anticipó que presentará contra el presidente Alberto Fernández, el diputado del Pro consideró que "deberíamos incluir a la vicepresidenta" porque "no es solo la incapacidad de gobernar del presidente, sino la hostilidad, los palos en la rueda y solo sostener sus problemas personales con la Justicia por encima del bien común", en alusión a Cristina Kirchner.

Cabe recordar que desde que asumió, el 20 de septiembre de 2021, Manzur todavía no asistió a la Cámara de Diputados a brindar un informe de gestión. Sí lo hizo el pasado 2 de junio al Senado. Sin embargo, el viernes pasado, el jefe de Gabinete envió una nota a Sergio Massa en la que confirmó su disposición para asistir durante el mes de agosto.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó una moción de censura para intimar al señor jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, para que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional, concurra al pleno de esta Cámara a fin de ser interpelado “en atención a los graves actos de violencia verbal cometidos durante la sesión informativa del 3 de junio pasado”.

El proyecto fue acompañado por los senadores Luis Naidenoff, Laura Rodríguez Machado, Pedro Braillard Poccard, Alfredo De Angeli, Humberto Schiavoni, Esteban Bullrich, María Belén Tapia, Pamela Verasay, Claudio Poggi, Víctor Zimmermann, Roberto Basualdo, Oscar Castillo, Eduardo Costa, María Clara del Valle Vega y Julio Martínez.

La moción de censura fue introducida en nuestra Constitución Nacional a través de la reforma de 1994 como mecanismo especial y operativo de control de gestión del Congreso respecto del Poder Ejecutivo.

“Este mecanismo, previsto en el artículo 101 de la Constitución, establece que el jefe de Gabinete puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta, la mitad más uno del total de legisladores, de cada una de las Cámaras”, explicó Blanco.

“Tomando en cuenta que el presidente Alberto Fernández dio por inaugurados el 138° y 139° período de sesiones ordinarias, el señor Jefe de Gabinete debería haberse presentado 13 veces a rendir su informe por ante el Congreso y solo lo hizo en 4 oportunidades: 1 en la Cámara de Diputados y 3 en este Senado a pesar de que en el artículo 101 de la Constitución Nacional queda establecido que “el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71”, expresa la presentación.

“Esto significa una flagrante evasión de sus obligaciones y de su mandato constitucional -estima el senador Blanco-. Este hecho, que constituye una verdadera violación al precepto constitucional, intentó ser minimizada por la Jefatura de Gabinete de Ministros con el relato épico que se trató del informe donde se respondieron más preguntas en la historia”.

“El informe escrito remitido por el Jefe de Gabinete estuvo plagado de respuestas pobres, incompletas e inconexas en atención a los interrogantes hechos lo que implica una profunda falta de respeto a la institución”, afirman los senadores opositores.

“Además, su comportamiento en la sesión fue violento, chicanero, irresponsable, fuera de todas las reglas del debido respeto y decoro”, afirmó Blanco.

Agrega el senador fueguino: “En lo personal me enrostró la vacuna que legalmente me aplique ‘la vacuna que posiblemente tenga el senador Blanco, también las compró este gobierno nacional’, afirmó Cafiero. Me trató de mandadero de un medio nacional: ‘Parece ligero para hacerle los mandados a Clarín’, dijo. Y me insultó violenta y directamente al decir: ‘En síntesis: el senador, más que preguntarse, se habló encima’”.

 El senador Blanco advirtió que “la vacuna que me inocularon en mi provincia de ningún modo fue un regalo del Señor Presidente de la Nación tal como hizo alusión el señor Cafiero. Y tampoco fue fruto de una avivada a la que son tan afectos infinidad de funcionarios que forman parte del elenco oficial al recurrir a vacunatorios VIP salteándose impúdicamente la fila”.