La CGT resolvió este lunes activar un paro general el mismo día en que la Cámara de Diputados ponga en debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La medida, que será sin movilización orgánica, incluirá la adhesión de los gremios del transporte y dejará al país sin colectivos, trenes ni vuelos comerciales.

La decisión fue adoptada por el consejo directivo de la central obrera luego de una reunión virtual encabezada por los cotitulares Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo. El encuentro comenzó cerca del mediodía y concluyó minutos antes de las 14, adelantando así la definición que se esperaba para más adelante en la semana.

Según confirmaron fuentes sindicales, la fecha exacta del paro quedará atada al avance legislativo del proyecto: el oficialismo aspira a obtener dictamen este miércoles y llevarlo al recinto el jueves 19, aunque las diferencias con sus aliados sobre algunos puntos sensibles —en especial las licencias por enfermedad— podrían trasladar la sesión al miércoles 25. En cualquier caso, la CGT ya dejó establecido que el día elegido por Diputados para discutir la reforma será jornada de huelga nacional.

Como es habitual, la conducción anticipó “libertad de acción” para los sindicatos, aunque en esta ocasión la adhesión del transporte quedó garantizada. La Unión Tranviarios Automotor confirmó su acompañamiento por la tarde, a través de un comunicado de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT). Allí se anunció que los gremios del sector “acatan plenamente” la convocatoria y que se garantizará la paralización total de los servicios de pasajeros. También La Fraternidad y los pilotos de avión comunicaron que se sumarán a la medida.

La participación de la UTA resultaba clave: en el paro del 10 de abril de 2025, la conciliación obligatoria que pesaba sobre el gremio permitió que los colectivos funcionaran con normalidad, lo que debilitó la protesta y dio margen al Gobierno para considerarla un “fracaso”. Esta vez, la presión interna dentro del movimiento obrero y la postura más combativa de varios gremios terminó forzando un alineamiento general.

La definición de la CGT llegó luego de una semana marcada por tensiones en el frente sindical. La movilización al Senado cuando se debatió el proyecto había dejado expuestas las diferencias entre la conducción y sectores más duros, como Aceiteros, la UOM o las CTA, que directamente llamaron al paro ese día. En el sector marítimo, además, la alarma se encendió por la exclusión expresa del personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo. El secretario general del Centro de Patrones Fluviales, Mariano Moreno, advirtió que la reforma deja a los marinos “sin ni siquiera el 14 bis” y los equipara, en términos de derechos, a personas privadas de libertad.

Para ampliar su postura, la CGT dará una conferencia de prensa este miércoles en la sede de Azopardo. Pero la línea ya está trazada: cuando el oficialismo lleve su proyecto al recinto, la central obrera responderá con la cuarta huelga general desde que Javier Milei llegó al Poder Ejecutivo, esta vez sin transporte y sin presencia masiva en las calles.

La senadora Patricia Bullrich admitió este domingo que harán una modificación a la ley de Modernización Laboral en lo referente a las licencias por enfermedad, para que en aquellas que sean consideradas severas, el empleado pueda cobrar el 100%. Eso no implica que vaya a volver al Senado, por cuanto están analizando alternativas para implementar esa modificación.

Entrevistada por TN, la jefa del bloque libertario de la Cámara alta sostuvo que “uno de los principales problemas que tiene la Argentina es la industria del juicio laboral”, y ejemplificó: “Hay juicios que llegan a 2.500 millones de pesos para el trabajador”. Por eso aclaró que ahora le ponen límite: piso y techo.

“¿A un empleado que tiene 20 años de antigüedad le va a caer la nueva ley?”, le preguntaron, a lo que Bullrich contestó afirmativamente, aclarando que “lo que se cambió es ‘la crema’ que le ponían a los juicios. La Ley de Contrato de Trabajo siempre dijo: un mes por año. ¿Qué dice la nueva ley? Un mes por año”, pero planteó que “ahora no podrán poner que si te pagaban la SUBE eso era salario; si te pagaban el comedor también… Engordaban, engordaban, engordaban y entonces una PyME como “Naranja Mandarina”, una tienda de tres trabajadores en Jujuy, que vende ropa, tuvo un juicio de 380 millones de pesos… Cierra Naranja Mandarina, desaparece”.

Según Bullrich, “la trampa se hizo ley”, y garantizó que a partir de la nueva norma “no le pueden poner aditamentos” al cálculo indemnizatorio, al tiempo que explicó que no se le pone ningún tope a la indemnización.

El cambio en las licencias

Consultada sobre la polémica que se ha dado en torno a los porcentajes que se pagarán a partir de ahora a quienes pidan licencias, Patricia Bullrich sostuvo que los cambios “no fueron a último momento”, y consideró que se trata de un tema “muy sensible”, dado que “como hay una mafia en la litigiosidad laboral, hay una mafia también con los certificados médicos”.

Se quejó porque la Argentina hoy tiene 15% de ausentismo en el sector privado, y detalló cómo es el pago de sueldos en otros países en casos de licencia: en Portugal pagan el 65% del salario; en Francia el 70; Uruguay 70; España 64; Suiza 80; Austria 50; Italia 67; Suecia 80; Bélgica 60; Finlandia 70 y Alemania 70.

Respecto de las enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables, la jefa del bloque LLA respondió: “Vamos a hacer una modificación, le vamos a dejar el 100%. Lo estamos trabajando. Solo en caso de corroboración concreta y fehaciente”.

Con todo, aclaró que hay que dejar en líneas generales el pago de solo el 50% por los abusos que en la materia se realizan. “Hay presos en todo el país por certificados truchos -aseguró-. Nosotros vinimos a terminar con las mafias, esto es una mafia”.

La senadora dijo que habrá junta médica en hospitales públicos o lugares de reconocida capacidad médica,  pero eso será para las enfermedades que suceden en el trabajo.

Ante una pregunta sobre las modificaciones que van a hacer para las enfermedades severas, Bullrich dijo que “hoy en día el trabajador tiene reserva de un año en el cargo; a los dos años le aplican el 245, que es la indemnización. Lo que cambió es el porcentaje (salarial)  por las mentiras de las mafias”. Y destacó: “Como en ningún momento la Ley de Contrato de Trabajo distinguía entre enfermedades no severas y  las severas, vamos a trabajar este tema y ahí sí va a volver a lo que era el 100%”.

“Estamos analizando si lo  hacemos por Diputados; hoy lo hablé con Martín Menem, vamos a ver si lo hacemos por reglamentación, o lo buscamos como un artículo de ley que se vote como  otra ley, le vamos a buscar la forma”.

Por último citó los diagnósticos sobre salud mental, afirmando que “en eso hay un excesos enorme. El certificado psiquiátrico es un exceso enorme. Es una de las licencias que más se usan”.

Los tiempos se aceleran. De cara a una semana corta por el feriado de Carnaval, el oficialismo diagramó un cronograma para la misma, aprovechando los tres días hábiles restantes. Resultado: habrá plenario en Diputados el miércoles que viene, y sesión al día siguiente. Una sesión tan larga que concluirá seguramente el viernes. Pero para llegar a esa conclusión, pasó una serie de cosas a lo largo de este viernes que pasaremos a detallar.

La Cámara de Diputados recibió por la tarde la comunicación de la media sanción de la Ley de Modernización Laboral aprobada el 12 de febrero a la madrugada. El trámite fue oficializado por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara alta, que al término de la sesión extraordinaria, recibió el pedido explícito de Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, para que la comunicación fuera “lo antes posible”. Finalmente, el texto rubricado por Victoria Villarruel y Agustín Giustinian fue comunicado a las 16.30 de este viernes.

Tras ello, el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, citó a un plenario de comisiones con la de Presupuesto y Hacienda para este miércoles 18 de febrero, a las 14, en la sala de reuniones ubicada en el 2° piso del Edificio Anexo C.

Solo faltaba que se cumpliera un trámite para poder llevar adelante el plenario: extender las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, pues el reglamento establece que la fecha límite para emitir dictamen es diez días antes del cierre del período correspondiente. Y como ya hemos dicho, la convocatoria original a extraordinarias tenía como fecha de cierre el 27 de febrero. Ese trámite se cumplió por la noche, cuando los presidentes de ambas cámaras recibieron la comunicación suscripta por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Guillermo Ignacio Debitt, según la cual se extienden las sesiones extraordinarias un día más.

Con una composición favorable en las comisiones de Legislación del Trabajo, donde fue designado el correntino Lisandro Almirón, y en Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch, La Libertad Avanza buscará el dictamen ese mismo miércoles para ir al recinto al día siguiente con la Ley de Modernización Laboral como único tema.

La duración será más extensa que lo que ocurrió este miércoles en el Senado con una sesión que se extendió de 16 horas. Una alta fuente reveló a parlamentario.com que en el oficialismo imaginan una sesión que supere las 20 horas.

De todas maneras, en La Libertad Avanza dejaron trascender que son optimistas de poder sancionar definitivamente la ley sin modificaciones, pese a que el Pro, bloque aliado, reiteró en más de una oportunidad que van a insistir con la incorporación de las billeteras virtuales como método de pago de salarios en el artículo 35. El problema no son los principales aliados del oficialismo, sino que se junten las voluntades suficientes para hacer alguna otra modificación.

En caso de que eso prospere y la Ley de Modernización Laboral sufra modificaciones en la Cámara de Diputados, el Gobierno contará con una semana más antes del final del período extraordinario. Por eso es que se aceleran los tiempos para esta semana corta. Previsores, el bloque que preside Patricia Bullrich piensa en ese caso en una eventual sesión el jueves 26 para insistir con el dictamen de la cámara de origen.

El Gobierno se aseguró tener doble chance para dar con el objetivo de tener la sanción de la Ley de Modernización Laboral antes del 1ero. de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure el 144° período ordinario en el Congreso.

Texto Definitivo -

 

Tras una intensa jornada, el Senado de la Nación aprobó con 42 votos a favor y 30 en contra el proyecto de Modernización Laboral, más conocido Reforma Laboral. La votación en general ocurrió a las 1.22 de este jueves, luego de 14 horas de debate con más de 40 oradores, y a continuación se inició el tratamiento en particular de las modificaciones.

Tal como se esperaba, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del grueso de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista se mantuvo unido y rechazó en su totalidad la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

A los 21 votos positivos del interbloque oficialista se sumaron los 10 integrantes de la Unión Cívica Radical, 3 del Pro, 2 de Provincias Unidas y 6 de bloques provinciales que responden a sus gobernadores, como los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la chubutense Edith Terenzi; la tucumana Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza.

En tanto, los 30 votos en contra fueron 28 del interbloque peronista, que no sufrió fracturas pese a las tensiones internas, y de los 2 santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

La votación en particular

A la hora de la votación en particular, el Título I fue aprobado por 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención, de Julieta Corroza. Antes de votar, las senadoras del Pro Andrea Cristina y Victoria Huala pidieron que constara en la versión taquigráfica su rechazo al artículo 44°, que en la realidad terminarían votando a favor, por decisión del bloque. Cabe consignar que el citado artículo tiene que ver con los casos de accidente o enfermedad del trabajador, que tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica.

El Título II, que incluye el polémico Fondo de Asistencia Laboral, resultó aprobado, con 41 votos a favor y 31 en contra. En este caso, y tal cual había anticipado durante la sesión, la salteña Flavia Royón votó en contra. En el Título III, el resultado favorable al Gobierno se amplió como en ningún otro título: 44 a 28, sumándose en esa oportunidad los santacruceños Carambia y Gadano.

El resultado 42 a 30 se reiteró en buena parte de los títulos, por su puesto con los mismos protagonistas siempre: en los títulos IV; V; VI; VIII; IX; X; XI; XII; XVI; XVIII; XIX; XX;  XXI; XXII y XXIII.

El título VII resultó con 41 votos a favor, 30 en contra y la abstención de Alejandra Vigo. La propia senadora cordobesa votó en contra en el título XIII, que resultó con 41 votos afirmativos y 31 en contra. En el Título XIV el resultado fue de 40 a 32. En ese título, el jefe del bloque Pro, Martín Göerling había pedido retrotraer las modifiaciones al texto original, lo cual fue rechazado, pese a lo cual votó a favor. Quienes votaron en contra fueron los santacruceños Carambia y Gadano. En cambio ambos santacruceños votaron a favor en el Título XVII, que resultó 44 a 28.

El resultado 41 a 31 se repitió con los títulos XV y XXIV, con el voto en contra de la salteña Royón. En el Título XV, el resultado fue de 40 a 29, estando ausentes Maximiliano Abad, José María Carambia y Natalia Gadano. Por último, al votarse el Título XVI, que incluía las derogaciones (entre otras, la del Estatuto del Periodista), el resultado fue 38 a favor y 31 en contra, sumándose al rechazo Flavia Royón.

Los principales funcionarios del Gobierno, con Karina Milei y Manuel Adorni a la cabeza, se hicieron presentes en el recinto de la Cámara alta en el cierre del debate. El ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo instalado desde temprano, a cargo también de las frenéticas negociaciones.

La jornada estuvo marcada por la concentración en las afueras, donde se movilizó el sindicalismo y la izquierda. Hubo graves incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad, que terminaron con varios detenidos.

Aunque el día anterior la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, protagonista indiscutida del tratamiento de este proyecto, había anunciado un total de 28 modificaciones consensuadas, las conversaciones por los cambios a la letra chica del proyecto continuaron durante todo el día, mientras se desarrollaba la sesión.

El debate dividió las aguas entre el oficialismo y sus aliados, que defendieron la premisa de que la reforma busca "generar trabajo" y "no quita derechos", mientras que el peronismo/kirchnerismo dejó sentada su postura de que es una norma "para despedir" y "va en contra de los trabajadores".

Luego que se haya dictaminado en diciembre, el ambicioso proyecto de la gestión libertaria -que introduce numerosos cambios a la Ley de Contrato de Trabajo- llegó al recinto en la segunda etapa de las sesiones extraordinarias. El día anterior, en Labor Parlamentaria, se había definido que la votación en particular sería por títulos, un total de 26.

Uno de los últimos cambios que se conoció antes de la votación fue en beneficio de los gremios y el sector empresario: se decidió mantener el cobro compulsivo de los "aportes solidarios" a los trabajadores, aunque con un tope del 2% para los sindicatos, un pedido de la CGT, que este miércoles se movilizó, más había resuelto no llamar a un paro. Por su parte, los aportes que cobran cámaras empresarias continuarán en un 0,5%.

Para el sindicalismo hubo otros guiños, como la eliminación de la reducción del aporte patronal a las obras sociales, que se quería llevar del 6% al 5%; y se mantuvo el rol de los empleadores como agentes de retención de los aportes, sin modificar la posibilidad de que se requiera autorización previa de los trabajadores.

A pedido de los gobernadores, en la previa de la sesión se anunció la quita de la propuesta de rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades (tramo 2 y 3), que implicaba una merma en la coparticipación para las arcas provinciales. La Casa Rosada cedió y se anticipó que el tema formará parte de una discusión más profunda en una eventual futura reforma tributaria.

Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR se diferenció a las empresas en cuanto al financiamiento que se hará con contribuciones patronales: las grandes aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%. El texto original preveía un 3% sin distinción.

Uno de los puntos que generó incertidumbre durante la jornada fue la intención de incluir el acuerdo por el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad.

Otro de los temas que despertó tensiones fue que en la antesala de la sesión se anunció como modificación la eliminación de la posibilidad de que se paguen salarios a través de billeteras virtuales y se mantenga solamente a los bancos.

El Pro salió con un comunicado a favor de las fintech. "Restringir opciones digitales es cerrar alternativas en lugar de ampliarlas y poner límites donde la sociedad ya avanzó", planteó el partido amarillo y resaltó que "millones de argentinos usan billeteras virtuales todos los días para cobrar, pagar y organizar su plata".

Entre otros cambios, se dispuso un plazo de un año para la derogación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista; y se postergará hasta 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.

Uno de los artículos muy cuestionados durante el debate fue el referido a "nuevas reglas" para la licencia por enfermedad, con la intención de reforzar "el derecho del empleador a control médico y junta médica". De acuerdo a esto, se introdujo que si la dolencia del trabajador no derivara de su actividad laboral, éste podría percibir no el 75% del salario sino el 50%.

En cuanto a indemnizaciones, solo se considerarán conceptos "mensuales, normales y habituales", y se excluyen adicionales no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones. La ley establece además que la indemnización pasa a ser "la única reparación frente al despido sin causa", un reclamo histórico de empresas y aseguradoras para limitar la litigiosidad.

Se establece el mecanismo de "banco de horas", a partir del cual el empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral: no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días.

Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1ro. de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.

También, el extenso proyecto prevé la creación de un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión; y del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

En el tramo final del debate de la Reforma Laboral, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, enfatizó que "esta es una ley abiertamente inconstitucional" que "que va a traer alta litigiosidad".

"¿Cuál es el problema que tiene la República Argentina? ¿Los trabajadores? No. El problema que tiene la República Argentina es el plan económico del Gobierno y que tienen unos economistas que están dedicados a la usura", lanzó el formoseño.

En ese sentido, cuestionó que "dicen que esta ley va a generar empleo, va a traer inversiones y dicen que la ley anterior es obsoleta. ¿Qué es obsoleto? ¿Ocho horas de trabajo, las vacaciones?".

"Saben que es mentira, no va a generar trabajo esto. Este modelo no funciona, no le echen la culpa a los trabajadores, a los sindicalistas, a las provincias, a los municipios", pidió.

Además, lanzó que "este Gobierno es sustentado por (Donald) Trump, si Trump no entraba a poner plata en el Tesoro , hoy (Javier) Milei ya no estaba en el Gobierno. Es una factoria americana prácticamente. No sé qué va a pedir".

Tras hacer una introducción basada en referencias biblícas y conceptos históricos, el presidente del bloque Justicialista denunció el "avasallamiento y una violación al reglamento del cuerpo", a partir de la conformación de comisiones, donde cuestionó que no se respetó la proporcionalidad. "Nos robaron dos senadores por comisión", dijo.

También, el formoseño criticó el tratamiento exprés del proyecto, del cual consideró "el espíritu es la tergiversación y mentira".

Recordó que en diciembre pasado, los representantes de la CGT sostuvieron que "esto es violatorio, es regresivo" porque "viola el artículo 14 bis de la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica". Mientras que otros oradores advirtieron por el contexto en el que se intenta aprobar, marcado por el hecho de que "el poder adquisitivo de los trabajadores está por el piso".

Mayans objetó el "consenso" del oficialismo y los bloques dialoguistas, y afirmó que la iniciativa "tiene vicios de inconstitucionalidad" y "es una ensalada legislativa", donde "se tocan 41 leyes", incluyendo temas impositivos que "por acá no pueden empezar, tienen que empezar por Diputados".

Luego de mencionar varias de las normas que se modifican, no solo la de Contrato de Trabajo, el senador exclamó: "Esto es poco serio, es realmente una falta de respeto al pueblo argentino y al Parlamento".

Y disparó contra la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich: "Es una actitud de atropello al derecho del otro, sobre todo la que preside el bloque, en su actitud de atropello al sector previsional. No importa, ella es muy fuerte. Maneja la policía, la Prefectura, reprime, trae a 200 (efectivos) acá, mete gas. Claro, es muy fuerte, impresionante lo fuerte que es. Es un esquema humillante".

En su discurso, el opositor remarcó que "la idea de esto es de (Federico) Sturzenegger, porque ni Milei entiende mucho de este tema". "Este modelo ya fue probado, fracasó y va a fracasar", aseveró y nombró a gobiernos de facto, el de Fernando De la Rúa y el de Mauricio Macri.

En otro tramo, apuntó que "13.413 era el total de empleos registrados cuando empezó Milei y ahora son 12.852. 561 mil empleos registrados se perdieron. Este es el modelo que ustedes están apoyando".

En su discurso durante el debate de la reforma laboral, el jujeño oficialista Ezequiel Atauche cargó duramente contra el kirchnerismo, y en uno de los pasajes más severos alertó sobre la litigiosidad, a la que definió como “la industria del juicio”.

Habló de 640 mil expedientes judiciales laborales. “Pensar en lo que eso representa para la justicia y más del 50% de las PyMEs, que tienen problemas de litigios laborales”.

“¿Qué vinimos a hacer? Pusimos multas a los abogados que presenten demandas excesivas -informó-. Pusimos fechas límites, hicimos que los peritos dejen de ser socios del negocio. Mientras más alta era la indemnización, más cobraba el perito. Eran socios de este negocio que el kirchnerismo apañó”.

Atauche señaló a continuación que “desde 2003 a 2025, los juicios laborales subieron un 4.300%, porque la política del kirchnerismo era destruir a los emprendedores, a las empresas, al progreso… Y 10 años después no crearon un puesto de trabajo, salvo militantes metidos en el Estado”.

Continuó asegurando que hay 350 denuncias diarias, y aseguró que “el valor de esta industria es de 2 billones de pesos. La litigiosidad en Argentina es 23 veces superior a la de España; 16 veces superior a la de Chile”.

“Eso crearon ustedes”, les dijo a los kirchneristas, y completó: “Eso apañaron ustedes y de eso son parte ustedes”.

El sector mayorista expresó su “profundo rechazo” al cambio introducido por el oficialismo en el artículo 128 del proyecto de reforma laboral, al que calificaron de “llamativo y contradictorio”. La versión original establecía que los aportes a cámaras empresarias tendrían carácter voluntario, pero la nueva redacción —advierten— transforma ese criterio y “otorga impunidad y una doble garantía” para que determinadas entidades continúen recaudando fondos millonarios sin mecanismos públicos de rendición de cuentas.

Según empresarios del sector, el conflicto de intereses es evidente: la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) participan de la mesa paritaria del sector mercantil y, al mismo tiempo, son beneficiarias de los aportes obligatorios que se negocian en ese ámbito a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Esto alcanza a todos los empleadores con personal bajo convenio de Comercio.

El aporte obligatorio a INACAP equivale al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada uno de los 1,2 millones de trabajadores del sector. La mayor parte de esos fondos se redistribuye entre CAC y CAME bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional. Sin embargo, los empresarios denuncian que, al tratarse de montos atados a las paritarias, estas organizaciones “se autobenefician” cada vez que se acuerdan aumentos salariales.

El propio organismo, en el marco de la causa judicial que frenó el Decreto 149/2025 impulsado por Federico Sturzenegger para volver voluntarios los aportes, reconoció que recauda más de $30.000 millones anuales. Pero —señalan desde el sector mayorista— no detalla cuánto destina realmente a capacitación, ni cuánto a sostener cámaras empresarias, ni si se utilizan recursos para fines políticos, viáticos o viajes de dirigentes.

Tampoco existe trazabilidad clara de los fondos: empresarios recuerdan que hay cámaras de representación dudosa, que van desde entidades de calles y avenidas hasta agrupaciones de jóvenes, mujeres o espacios étnico-culturales.

Un reclamo que viene creciendo desde 2024

Diversas entidades empresarias expusieron ante el Congreso su descontento con el sistema. Entre ellas:

• ● Confederación Federal PyME
• ● Unión de Kiosqueros de la República Argentina
• ● Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos)
• ● Federación Económica de Mendoza
• ● Cámara de Perfumerías de Argentina

Todas cuestionaron la administración y el destino de los aportes obligatorios.

A estos reclamos se sumaron sectores industriales como AFAC y CAMIMA, que también padecen esquemas similares de “aportes para capacitación” en sus convenios colectivos y respaldaron la iniciativa para volverlos voluntarios.

El aporte solidario por COVID-19 que aún se cobra

Desde CADAM también volvieron a exigir la eliminación de la Contribución Solidaria por COVID-19 a OSECAC, vigente desde abril de 2021 en plena pandemia. Pese al tiempo transcurrido y a que fue creada como una medida excepcional, aún se sigue cobrando por cada empleado, incluso cuando el trabajador no está afiliado a esa obra social.

“La reforma laboral sigue sosteniendo de esta manera costos ocultos en paritarias que aumentan el costo laboral”, remarcaron.

La letra fina de la modificación que generó indignación

La ley original impulsada por el Ejecutivo establecía la voluntariedad inmediata de los aportes. Pero la modificación introducida en las últimas horas fijó nuevos topes y difirió la voluntariedad plena recién para 2028.

Entre los puntos más cuestionados por el sector empresario se destacan:

• ● Los aportes a cámaras no podrán superar el 0,5% de la remuneración del trabajador.
• ● Los aportes a sindicatos no podrán superar el 2%.
• ● La voluntariedad efectiva para los empleadores se aplicará recién a partir del 1° de enero de 2028, tanto para aportes patronales como para contribuciones sindicales.
• ● A partir de esa fecha, cualquier aporte del trabajador requerirá consentimiento individual previo y expreso.

El texto, que circula con indignación entre empresarios mayoristas y pymes, es visto como un retroceso frente al objetivo de reducir cargas para la actividad y promover la formalidad.

Después de siete horas de sesión extraordinaria, llegó el turno de la intervención de la senadora jujeña Carolina Moisés, quien se mostró crítica del peronismo por “no tener una propuesta superadora” en este debate, pero dejó en claro que el bloque Convicción Federal va a votar en contra de la Modernización Laboral.

También señaló que “esta Reforma Laboral no mejora nada, no moderniza, ni mucho menos genera empleo”, pero se mostró autocrítica del último gobierno del Frente de Todos: “Es una pena que el peronismo que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento no haya podido estar a la altura de las circunstancias”.

Luego de haber apoyado la sanción del Presupuesto 2026, la senadora que integra el bloque Convicción Federal anunció que votará en contra de la Modernización Laboral (se estima que será después de la medianoche). Así también lo van a hacer sus pares de bancada: el puntano Fernando Salino; el riojano Fernando Rejal; la tucumana Sandra Mendoza; y el catamarqueño Guillermo Andrada.

“Defender a los jujeños es mi principal convicción y por eso represento a cada trabajador en el voto de rechazo a la reforma laboral”, reiteró Moisés en su intervención durante la sesión de este miércoles. Del mismo modo, sostuvo que “esta ley no resuelve ningún problema”, pero aclaró que “Argentina necesita una Reforma Laboral, pero no es esta”.

En ese sentido, lamentó que los últimos gobiernos, puntualmente el de Alberto Fernández y los de Cristina Kirchner, no hayan avanzado con una norma de esta índole: “El peronismo se caracterizó por tener la percepción de lo que pasa en la gente y se fue reduciendo a un debate de cúpulas”. “No voy a negar la realidad por más que otros prefieran mirar para otro lado, pero este interbloque no ha tenido una propuesta superadora en este debate”, cargó.

Luego de haber cuestionado los puntos centrales de esta Reforma Laboral, se defendió de las agravios sufridos en redes por sectores que integran Unión por la Patria -sin nombrarla se dirigió a La Cámpora y una compañera de interbloque-, y concluyó: “Mi voluntad no está conducida por una persona, ni por un partido”.

Muy crítica contra la Reforma Laboral, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización”.

Al recordar la reforma laboral impulsada por el expresidente Fernando de la Rúa, la mendocina apuntó: “Esto es lo que hizo el radicalismo la última vez que gobernó la Argentina y hoy vuelven a tropezar con la misma piedra. Todos los conceptos que tiene esta ley estaban en la Ley Banelco de 2001, que tristemente se trató en este recinto”.

“Me asusta que el radicalismo vuelva a acompañar a un Gobierno a hacer lo mismo”, dijo y cruzó a su comprovinciana Mariana Juri, que se preguntó más temprano qué había hecho el peronismo en cuestión laboral. “Nosotros cuando fuimos gobierno sancionamos 48 leyes laborales”, resaltó Fernández Sagasti.

A continuación, la camporista lanzó contra Patricia Bullrich: “La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina. ¡Cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001! La verdad que la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta”.

Para la senadora, “a partir de esta ley los argentinos pueden darse cuenta de la gran estafa que es este Gobierno nacional”. “Se han arrodillado ante la caja de los gobernadores, ante los bancos, ante la CGT y lo único que hacen con esta ley es manotearle la plata a los jubilados y la dignidad a los trabajadores”, sostuvo.

“Se arrodillaron a todo lo que decían que venían a combatir. ¿Cuáles son las modificaciones que están introduciendo? ¿A quién están protegiendo? ¿A los laburantes, a los jubilados, qué PyME están protegiendo?”, continuó.

Y criticó al gobierno libertario: “¡Qué valientes! Fuertes con los débiles y débiles con los poderosos. No hay casta ante la que no se arrodillaron y/o obedecieron. Un aplauso al león”.

“Son un fraude, un mamarracho y una estafa. Y también es una estafa semántica porque se llama modernización laboral”, expresó.

Tras duros cuestionamientos al gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, la legisladora hizo hincapié en que “el mundo está debatiendo qué vamos a hacer cuando la robotización nos reemplace. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No, la respuesta es démosle vacaciones en cuotas a los laburantes, bajemos las indemnizaciones, paguémosle el 50% si se enferman”.

Mientras el Senado debate la Ley de Modernización Laboral, manifestantes arrojaron bombas incendiarias contra las fuerzas policiales y la ministra de Seguridad, Alejandro Monteoliva, confirmó las respectivas detenciones. Por el enfrentamiento, también  informó que hay cuatro oficiales de Gendarmería y la Policía Federal heridos.

El hecho sucedió poco después de las 15 cuando un grupo de seis masculinos se fue acercando al vallado de la calle Entre Ríos donde se encontraba el cordón policial que custodiaba el Palacio Legislativo. En parejas, los manifestantes portaban placas de madera que fueron utilizadas como escudos ante los camiones hidrantes y las balas de goma de la Policía.

Una vez que quedaron frente a frente sobre la Avenida Rivadavia esquina Entre Ríos, uno de los manifestantes comenzó a arrojar “bombas molotov” contra los efectivos de la Policía Federal: fueron dos impactos que cayeron del lado interior de las vallas y uno provocó un incendio en medio de los agentes policiales. Minutos después, se hizo viral una imagen televisiva que mostraba a uno de los manifestantes con una bolsa que contenía más de cuatro de estas bombas caseras.

Un video publicado por el diputado libertario Manuel Quintar, presuntamente grabado desde las oficinas del Anexo de la Cámara baja, muestra como la bomba molotov impactó del lado interior del vallado donde formaban el cordón las fuerzas de seguridad.

No son manifestantes, son DELINCUENTES! Sin piedad ministra @AleMonteoliva. Toda mi solidaridad a @gendarmeria pic.twitter.com/qc7Dgiyrgu

— Manuel Quintar (@manuelquintar) February 11, 2026

La ministra Monteoliva recogió el guante y señaló que "las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica". Luego, advirtió que "ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir". "No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol", cargó.

También, acusó a los manifestantes por los hechos acontecidos: "Están armados con morteros, molotovs y gomeras con tuercas". "Los tenemos identificados y van a pagar las consecuencias", informó la funcionaria. Antes había mencionado que hay dos detenidos; y un agente de la Policía Federal y tres gendarmes heridos.

Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir.

Ya hay 2 detenidos por agredir a nuestro personal. Tenemos 3 efectivos de Gendarmería Nacional heridos y 1 de la Policía Federal Argentina.

No vamos… pic.twitter.com/a4tigY0VTN

— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 11, 2026

El ministro del Interior, Diego Santilli, también se refirió a los hechos sucedidos en las afueras del Congreso y consideró que "estos no son defensores de los trabajadores, son delincuentes organizados". "Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio", agregó.

Luego del episodio incendiario, los agentes de la Policía Federal avanzaron con motos, camiones hidrantes y gases lacrimógenos sobre la Plaza de los Dos Congresos, donde los presentes en la movilización se fueron trasladando hacia las calles laterales hasta desconcentrar la manifestación en su totalidad.

En su perfil de X, la diputada nacional Myriam Bregman del Frente de Izquierda denunció que las fuerzas de seguridad "disparó a los ojos" contra los presentes en la Plaza y contra la prensa. También Nicolás del Caño acusó que hubo "una feroz represión", por parte de las fuerzas de seguridad.

Cerca de las 18, se conocieron imágenes en redes sociales donde se apreció que la Policía de la Ciudad efectuó la detención de más de 50 personas.

Al exponer como miembro informante del interbloque peronista, en contra del proyecto de Modernización Laboral, el senador Mariano Recalde destrozó el Fondo de Asistencia Laboral que se crea respecto a las indemnizaciones.

El porteño cuestionó “el despido subsidiado por el Estado”. “El FAL es un escándalo. Es un negociado horrendo y brutal que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP”, enfatizó y cargó contra los bloques dialoguistas: “Van a ser cómplices de un negociado de los amigos de Caputo”.

En ese sentido, apuntó que “es un fondo que se los van a quedar administradoras privadas”. “Los premiados van a ser los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos de esos dueños y cuando volvamos al Gobierno los vamos a meter presos. Acuérdense. Acuérdense. Otra vez lo de las AFJP no”, advirtió.

Sobre la ley, el legislador aseguró que “no tiene nada de moderno, copia todo lo viejo” y “es volver para atrás”. “En todo el debate no han podido decirnos un solo artículo que beneficie en algo, que mejore en algo, la situación de los trabajadores. Sí mucho que beneficia la situación de las empresas frente al trabajador”, observó.

Recalde sostuvo que el proyecto es “duro con los trabajadores que reclaman, pero al mismo tiempo derogan el artículo 275 (de la LCT), que es cuando los empresarios incurren en conductas temerarias o maliciosas en los juicios”.

“Es una ley absolutamente desequilibrada. De un revanchismo… Producto de que siguen enojados con que los trabajadores pidan respetar sus derechos y que el empresario cumpla la ley”, afirmó el abogado laboralista.

En su discurso, insistió con sus críticas: “La denominan modernización laboral. No encuentro nada de moderno ni modernizante, sino todo lo contrario”. “Dicen que es una ley que va a crear empleo. Lo mismo nos dijeron hace un año y medio con la Ley Bases” y, en ese mismo tiempo, “se perdieron 270 mil puestos de trabajo registrados y cerraron 21.900 empresas”, subrayó.

“No es una norma para generar empleo”, consideró, sino que “quieren terminar con los derechos laborales para que no haya juicios”. Además, opinó que “así como van por la baja de la edad de imputabilidad, van a ir por el trabajo infantil, porque quieren ir por mano de obra barata”.

Para el opositor, “esta ley busca equiparar para abajo, legalizar los incumplimientos que hoy suceden para que después no tengan derecho de reclamar en la justicia ni en ningún lado”.

“Es un plan para despedir”, reiteró y, entre los puntos que mencionó, se refirió a la quita del preaviso de 15 días para el período de prueba. “Me da vergüenza que senadores que fueron votados por el pueblo peronista en sus provincias vengan acá a convalidar quita de derechos a los trabajadores”, expresó.

En el cierre de su discurso, manifestó: “Me parece que esta es una norma pensada con mucha mala leche, pensada por las grandes empresas y estudios jurídicos para ir aflojando los tornillos de un sistema normativo que tiende a la protección de la parte más débil, que es la persona que trabaja”. Y dijo que esperaba, en la votación en particular, “conmover a los senadores a ver si podemos lograr que algunas cosas indefendibles no pasen”.

Tras la reunión formal que se llevó a cabo este martes en el despacho de Victoria Villarruel, La Libertad Avanza -con el visto bueno de los aliados y los bloques dialoguistas- propuso que el Plan de Labor Parlamentaria de la sesión sobre la Modernización Laboral se lleve a cabo “a reglamento”, dando un máximo de 20 minutos por discurso a cada legislador y otros 40 para los cierres de bancadas.

La sesión extraordinaria de este miércoles 11 está convocada a las 11.00 y el quórum no corre ningún riesgo. Patricia Bullrich, en el rol de miembro informante por ser la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, deberá leer las modificaciones al despacho que se firmó el pasado 18 de diciembre dentro del plazo de los 40 minutos.

El despacho al que accedió parlamentario.com, revela que hay un total de 28 modificaciones tal como la exministra anunció este martes en el Salón de las Provincias de la Cámara alta. Sin embargo, una alta fuente del oficialismo mencionó que "puede haber cambios muy chiquitos de redacción" que, lógicamente, llevarán su tiempo de corrección durante el desarrollo de la sesión.

Atendiendo a las labores del miembro informante, seguida por las cuestiones de privilegio y los discursos de la oposición dentro de los plazos fijados en el artículo 163 del reglamento del Senado (20 minutos para cada senador y 40 minutos para los presidentes de bancada),  los referentes libertarios y de bloques aliados más optimistas creen que la votación general recién será “muy” pasadas las 23.

A partir de ese momento comienza la votación en particular que será por Títulos: el primero será el de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo; sigue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL); las modificaciones a la Ley de Procedimiento de Justicia Nacional del Trabajo; y así hasta llegar al XXVI que deroga varios Estatutos, entre ellos, el del periodista profesional.

La Libertad Avanza llega al recinto con la garantía de que el Pro, la UCR y los representantes de las gobernaciones van a acompañar en el tablero. Una vez que la general se vote, se llevarán a cabo un total de 26 votaciones en particulares dirigidas a cada Título. Con optimismo, desde el oficialismo consideran que esto sucederá a la medianoche y que se extenderá hasta las 2 de la madrugada, pero todo puede pasar.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso, la CGT y diferentes organizaciones políticas opositoras al gobierno de Javier Milei se van a movilizar desde las primeras horas del miércoles. Pese a que las fuerzas de seguridad desplegarán el Protocolo Antipiquetes para repeler los cortes de calle, varias arterias de la zona se verán afectadas por la presencia de los gremios.

El jefe del interbloque Popular en el Senado, José Mayans, cuestionó en duros términos el proyecto de Reforma Laboral que se tratará este miércoles y advirtió que "muchos de los artículos tienen vicio de inconstitucionalidad, nosotros lo estamos estudiando. Obviamente que habrá un planteo de inconstitucionalidad a esta ley".

"Yo no lo trataría ahora, lo pasaría para (sesiones) ordinarias. Llegaría a un acuerdo con la CGT, con las PyMEs, con los distintos sectores, porque sino es darle sanción a una ley que irá directo a la justicia", agregó este martes en declaraciones a Radio Con Vos.

Según el formoseño, "esta es una ley hecha ideológicamente por (Javier) Milei y (Federico) Sturzenegger". "En campaña, Milei ya había dicho que si pudiera haría desaparecer el artículo 14 bis (de la Constitución), porque él quiere volver a la Argentina del 1900; o sea, previa a la primera guerra mundial, a la revolución bolchevique, a la revolución china, a la Segunda Guerra mundial", criticó.

"Esta ley hasta en su denominación es mentirosa, porque dice que es de modernización laboral y es todo lo contrario. Además, es una ley impositiva porque afecta también los recursos de las provincias", continuó.

El presidente de la bancada Justicialista apuntó: "El Fondo de Asistencia Laboral es un curro que armaron, con el que le sacan al sistema previsional prácticamente el tres por ciento. Es un fondo de más o menos tres mil millones de dólares que van a manejar ellos, con una comisión del uno por ciento".

"Esta pretendida ley es un ataque al sistema laboral argentino, es la precarización del sistema laboral", enfatizó, además de remarcar que "es una ley inconsulta con los trabajadores y es una ley hecha por patrones para patrones".

Para el legislador, "el problema es el programa económico, el problema no es la actual legislación laboral". "Esta es una ley inoportuna, hecha de forma exprés", se quejó y consideró que "el grado de improvisación y el grado de apuro que tienen es para que Milei pueda anunciar que cambió la ley laboral argentina el 1ro. de marzo".

"Este no es un proyecto de consenso. El oficialismo ya se fagocitó al Pro y a parte del radicalismo, pero eso no es consenso", dijo sobre los acompañamientos de la oposición dialoguista con los que se anticipa contará La Libertad Avanza.

En otro tramo, el senador expresó: "Yo creo que la CGT tiene que dar respuesta a los trabajadores acerca de qué es lo que acepta y qué no, y a partir de ahí tiene que encarar la lucha, porque este no es un esquema que beneficie a los trabajadores". "Como ya lo dijimos, en esta ley no hay un solo artículo que beneficie a los trabajadores, sino todo lo contrario", completó.

En la antesala de la sesión de este miércoles, y luego que el Gobierno haya cedido a una serie de cambios en el proyecto de Reforma Laboral, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que llegarán al recinto con un texto consensuado en 28 modificaciones, entre las que se encuentra la quita de la propuesta sobre rebaja en Ganancias a empresas, que era resistida por los gobernadores.

Desde el Salón de las Provincias, luego de la reunión de Labor Parlamentaria que tuvo lugar este martes en el despacho de Victoria Villarruel, Bullrich encabezó una conferencia de prensa acompañada por los presidentes de otras bancadas, como Eduardo Vischi, de la UCR, y Martín Göerling Lara, del Pro; y legisladores del oficialismo: Bartolomé Abdala, Emilia Orozco, Belén Monte de Oca, Pablo Cervi, Carmen Álvarez Rivero, Gonzalo Guzmán Coraita y Ezequiel Atauche.

"Desde el principio de la democracia la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido nuestro país, el mercado laboral y las relaciones entre empresas y trabajadores. Un gran bloque de distintos partidos políticos hemos logrado un acuerdo para tratar mañana la primera ley laboral en democracia, que realmente va a ser un cambio estratégico", arrancó la oficialista.

La exministra de Seguridad afirmó que la iniciativa "tiene el aporte de muchos bloques y provincias" y "se construyó con horas y horas de trabajo". "Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo", anunció.

Entre esas modificaciones, habló de que "el primer punto fundamental es la eliminación de la industria del juicio". Luego se refirió al Fondo de Asistencia Laboral, un nuevo régimen de indemnizaciones que se crea y será financiado con recursos de la ANSeS.

"Por una propuesta de la Unión Cívica Radical y aceptada por el grupo de los 44 (en alusión a LLA y toda la oposición menos el peronismo) hemos dividido el FAL en dos categorías: 1% para las grandes empresas y un 2,5% para las PyMEs, que podrá llegar a 1,5% para las grandes y al 3% para las PyMEs con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, con la comisión bicameral de previsión social", detalló.

Entre varios detalles que la presidenta del bloque oficialista profundizó, estuvo también el Régimen de Incentivo para Formación Laboral al que definió como "capacitación permanente para evitar que las personas queden fuera del mercado laboral". Adelantó, además, que ese punto está vinculado "a la baja en la carga impositiva con el objetivo de formalizar a los trabajadores".

Después de presentar otros puntos, Patricia Bullrich anticipó el acuerdo logrado con los gobernadores en virtud de un "Compromiso de Reforma Fiscal" y que alcance los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. Confirmada la eliminación de la modificación al Impuesto a las Ganancias, el correntino Vischi y el misionero Goërling Lara destacaron el consenso acordado con La Libertad Avanza.

Por último, la jefa de bancada del oficialismo confirmó que el último capítulo del proyecto de Ley de Modernización Laboral no se cambia y quedó firme la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, entre otros, a partir de los 180 días de reglamentada la Reforma. Para Bullrich, ese plazo es suficiente para que se acuerde un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo que reemplace a la Ley 12.908 sancionada en 1946.

En vísperas de la sesión extraordinaria en el Senado que debatirá la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Poder Ejecutivo de la Nación, Patricia Bullrich, jefa de bancada libertaria, se reunió con los presidentes de bloques aliados y provinciales, a quienes les informó que el Gobierno nacional dará lugar al pedido de las gobernaciones y será quitado del dictamen el capítulo que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias.

El encuentro se prolongó varias horas: comenzó a las 18 y concluyó cerca de las 22. A esa hora, la senadora Bullrich se retiró del Congreso y dialogó con la prensa acreditada, ante quienes señaló que habían hecho un repaso “artículo por artículo” del dictamen que se va a votar el miércoles, y aseguró que “llegamos a un acuerdo muy sólido respecto de una ley laboral muy equilibrada, muy buena... Así que el miércoles, a votarla”.

Consultada respecto de las objeciones que persistían respecto del texto, la jefa del bloque oficialista dijo que “lo que se hizo fue una construcción colectiva. Hay una cantidad de artículos, alrededor de 30, que se van a modificar, en los que nos fuimos poniendo de acuerdo. Es una ley que tiene el aporte de muchos bloques y muchas provincias”. Asimismo aclaró que todos los bloques se dedicarán este martes a darle una última lectura a la ley, que sostuvo que “ya está cerrada”.

¿Todavía mantiene la idea de que hay un 95% de posibilidades de que salga la ley?, le preguntaron, ante lo que Bullrich se animó a señalar que “hoy aumento un par de puntos”.

Lo cierto es que lo conversado con los senadores es lo que Patricia Bullrich llevará este martes a la reunión de la Mesa Política que a partir de las 10 se reunirá en Casa de Gobierno. De ese encuentro participará el ministro Luis “Toto” Caputo, el más reacio a eliminar las modificaciones en Ganancias.

Trascendió asimismo que la discusión en particular de este miércoles va a ser artículo por artículo y no capítulo por capítulo, como pedía el oficialismo.

En la previa al encuentro, al arribar al Palacio Legislativo el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, le confirmó a la prensa acreditada que los diez integrantes de su bancada van a votar afirmativamente el miércoles en el recinto de la Cámara alta. De esta manera, La Libertad Avanza llegará al recinto con la garantía de que el quórum y los avales para la general no corren peligro.

Durante este verano, el ministro del Interior, Diego Santilli, buscó persuadir a los gobernadores dialoguistas de mantener el Título II del Capítulo XXIV referido al Impuesto a las Ganancias, el cual modificaba el artículo 73 de la norma y reducía las alícuotas a las ganancias netas imponibles de las sociedades de capital del 30 al 27%, y del 35 al 31.5%. Esto impactaba de lleno a la recaudación de las provincias y fue el pedido explícito de los mandatarios.

La sesión del miércoles

Con la suscripción de 44 senadores nacionales al pedido de sesión extraordinaria para este miércoles 11 de febrero a las 11, el oficialismo descontaba lograr el quórum y la aprobación en general, pero no lograba las adhesiones sobre la reducción en el Impuesto a las Ganancias.

De cara a la cita en recinto, La Libertad Avanza pondrá a sus 20 integrantes más Luis Juez, parte del monobloque con el oficialismo; a los 10 radicales; y a los 3 integrantes del Pro. Y también contará con la colaboración del correntino Carlos "Camau" Espínola; la chubutense Edith Terenzi; la neuquina Julieta Corroza; la salteña Flavia Royón; la tucumana Beatriz Ávila; la cordobesa Alejandra Vigo; los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia; y los dos integrantes de Moveré por Santa Cruz.

Por su parte, resta saber que harán los integrantes de Convicción Federal, alineados a los gobernadores dialoguistas: la tucumana Sandra Mendoza que responde a Osvaldo Jaldo; el catamarqueño Guillermo Andrada cercano a Raúl Jalil; y la jujeña Carolina Moisés que se viene mostrando junto al gobernado salteño Gustavo Sáenz, quien este lunes denunció "amenazas por parte del kirchnerismo" en relación al debate de la Reforma Laboral.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció este lunes que se movilizará el próximo miércoles 11 hacia la Plaza de los Dos Congresos, en el inicio del debate legislativo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La medida se enmarca en una jornada de protestas y estará acompañada por un cese de actividades desde las 13 en el sector aéreo, marítimo, portuario y en los subterráneos, con el fin de garantizar la presencia de trabajadores en la convocatoria.

Durante la conferencia de prensa, la CATT advirtió que el proyecto oficial “constituye una reforma regresiva”, al considerar que “avanza peligrosamente sobre derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de décadas de lucha”. Según expresaron, la iniciativa busca “precarizar las condiciones de trabajo, flexibilizar jornadas, debilitar la estabilidad laboral y erosionar el sistema de protección social, en beneficio exclusivo de los sectores concentrados de la economía”.

La organización explicó que el cese de actividades será implementado “de manera conveniente, según cada sindicato y cada una de las actividades que tenemos”, con el objetivo de asegurar “la mayor afluencia de compañeros frente al Congreso de la Nación” durante la protesta.

El secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid, reiteró el rechazo de la entidad a la reforma al sostener que “ataca los derechos constitucionales”, “violenta acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo” y “favorece decididamente al sector empresarial”. Además, cuestionó la lógica con la que —según afirmó— se impulsa la modificación del régimen laboral: “Desde hace cuarenta años, cada vez que hay un estancamiento económico, se agita la idea de que modernizando las relaciones laborales vamos a terminar con el desempleo, la regresión de salarios y la mala distribución de la riqueza. Pero esto no ha sucedido: acá hay gente que cada vez trabaja más para ganar menos”.

En otro tramo de su intervención, Schmid apuntó contra el rol del Congreso nacional y criticó a los legisladores que, a su juicio, “han demostrado en varias oportunidades estar más permeables al poder económico y a la conveniencia de los gobernadores que al interés común de nuestra gente y de la nación”.

Por su parte, el secretario gremial de la CATT, Juan Pablo Brey, llamó a una participación masiva en la jornada de reclamo. “El miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más. Hay que movilizar y afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido desde esta confederación”, sostuvo.

A horas de una trascendental sesión para el oficialismo, donde se debatirá el proyecto de Modernización Laboral, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, mantendrá una nueva reunión con presidentes de bloques dialoguistas, dispuestos a acompañar la iniciativa.

Con la intención de pulir al máximo la letra chica y acordar los cambios (que no se revelarán antes públicamente), y atento a la compleja votación en particular que implicará el proyecto de 213 artículos, el encuentro tendrá lugar una vez más en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical.

Allí fue donde la semana pasada los mismos protagonistas se vieron las caras y, tras la reunión, Bullrich y el jefe de la UCR, el correntino Eduardo Vischi, afirmaron que había "un 95%" del texto acordado.

Sin embargo, tras ese encuentro, la mesa política del Gobierno anunció que no avanzaría en modificaciones. Esto fue pese al fuerte reclamo de los gobernadores sobre el capítulo fiscal referido a una rebaja el impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que implicaría una merma en los fondos coparticipables para las provincias.

El dictamen de la Reforma Laboral se firmó en diciembre pasado, pero las negociaciones para que vea la luz verde continuarán hasta el mismo día de la sesión. No obstante, Bullrich dijo días atrás que "el martes a la mañana tiene que estar todo cerrado". De allí, la reunión de este lunes, que será desde las 18.

El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró este lunes que el oficialismo va a “tener los votos” necesarios para aprobar la Reforma Laboral que se tratará este miércoles en el Senado y que esperan "dar un primer paso" camino a la ley.

Tras valorar el "gran trabajo" de la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, el funcionario afirmó que se aceptará "alguna corrección o modificación que se vislumbre importante", pero "siempre y cuando el objetivo central de la ley no sea cambiado".

Según reveló en declaraciones a radio Rivadavia, los gobernadores le ha transmitido que "hay que crecer y generar trabajo" y "está claro que la ley actual impide la generación de trabajo", al ser consultado sobre los apoyos provinciales que tendría el proyecto.

“El presidente Javier Milei, para los segundos dos años de su mandato, ha planteado claramente que el objetivo es crecer y generar trabajo formal, que es lo que necesitamos como país, y esta ley va en esa dirección”, destacó.

Santilli expresó que para la Argentina “es importante tener una nueva ley laboral, aggiornada a los tiempos que tenemos, porque es preciso modernizar leyes que se aprobaron cuando no existía el celular, ni el trabajo remoto, y otras situaciones que esta ley ayuda a mejorar”.

Más adelante señaló que “más del 50% de los trabajadores están en la informalidad y con esta ley la idea es que pasen a estar en la formalidad” con lo cual “tener acceso a una jubilación futura, a la salud, a vacaciones, a tener su sueldo bancarizado”.

Además, el ministro indicó que se apunta a “terminar con la industria del juicio que ha destruido el trabajo en la Argentina, y no precisamente en las grandes compañías que son las que más se pueden proteger, sino en las PyMEs”.

Santilli vaticinó que este año tendrán "una excelente agenda parlamentaria, no solo en extraordinarias sino también en ordinarias".

El Senado de la Nación se prepara para una de las sesiones más sensibles del período de extraordinarias. El próximo miércoles 11, desde las 11, la Cámara alta debatirá el proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que el oficialismo considera central para su programa económico y que llega al recinto tras semanas de negociaciones reservadas con bloques dialoguistas y gobernadores.

La convocatoria, firmada por la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, fijó una agenda única, concentrada exclusivamente en la reforma laboral, una señal de la magnitud del debate que se espera y del interés del Gobierno por evitar que otros temas diluyan los acuerdos alcanzados hasta ahora.

Un acuerdo amplio, pero no cerrado

Desde el oficialismo aseguran contar con un consenso cercano al 95% del articulado, una cifra que se repite como mantra en los despachos libertarios, aunque con una advertencia recurrente: los cambios finales se conocerán recién en el recinto. Así lo expresó la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien encabezó las negociaciones con senadores del Pro, la UCR y fuerzas provinciales. Y que ante la consulta respecto de si están los votos para aprobar la norma, contestó de manera afirmativa, “sino, no convocaríamos a sesionar”. Bien que tengan en cuenta ese detalle.

El hermetismo no es casual. La estrategia del oficialismo apunta a llegar a la sesión con los votos contados artículo por artículo, evitando fisuras de último momento. En ese marco, varios senadores aliados admiten en privado que el texto que se debatirá no será idéntico al dictamen original, sino el resultado de concesiones técnicas y políticas acordadas en las últimas semanas.

Los ejes centrales de la reforma

Aunque el articulado definitivo permanece bajo reserva, los lineamientos generales del proyecto ya son conocidos. La iniciativa propone modificaciones estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad, bajar costos laborales y fomentar la formalización del empleo.

Entre los puntos más relevantes se destacan:

✅ Cambios en el régimen de indemnizaciones, con una nueva base de cálculo que excluye conceptos no habituales del salario y habilita sistemas alternativos, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un porcentaje de las contribuciones patronales.

✅ Mayor flexibilidad en el régimen de vacaciones, permitiendo su fraccionamiento en tramos no menores a siete días y habilitando acuerdos entre empleador y trabajador fuera del período tradicional.

✅ La incorporación del “banco de horas”, un esquema que flexibiliza la jornada laboral y permite compensar períodos de mayor carga horaria con descansos posteriores, reduciendo el pago de horas extras tal como se conoce actualmente.

✅ Cambios en materia sindical, como la eliminación de la cuota solidaria obligatoria y una redefinición del alcance del derecho de huelga en actividades consideradas esenciales.

Ganancias, el nudo político

Si el capítulo laboral parece encaminarse a un acuerdo amplio, el frente fiscal sigue siendo el principal escollo. En particular, la propuesta de reducir el Impuesto a las Ganancias para sociedades encendió alarmas entre los gobernadores, que advierten sobre el impacto negativo en la coparticipación.

Las negociaciones por este punto se trasladaron fuera del Senado y quedaron en manos del ministro del Interior, Diego Santilli, y del titular de Economía, Luis Caputo, quienes mantienen conversaciones directas con los mandatarios provinciales. En el oficialismo confían en destrabar este capítulo antes de la sesión, aunque reconocen que podría haber ajustes de último momento en el recinto.

El poroteo previo muestra un escenario favorable para el Gobierno, con el respaldo de senadores del Pro, la UCR y bloques provinciales. No se descarta tampoco cierto apoyo de parte del peronismo no kirchnerista. Sin embargo, el debate promete ser extenso y con discursos encendidos, especialmente desde los sectores que rechazan la reforma por considerarla regresiva en materia de derechos laborales.

El tratamiento parlamentario estará acompañado por movilizaciones sindicales. Las dos CTA ya anunciaron protestas para el mismo miércoles, mientras que la CGT ha dejado de lado un paro y solo anticipó una marcha contra la norma.

De obtener media sanción, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a tratarlo antes de fin de mes, aunque los tiempos reglamentarios y el calendario de extraordinarias podrían estirar el trámite hasta el inicio de las sesiones ordinarias.

Sucede que, como ya hemos dicho, el feriado de Carnaval impide cumplir la premisa reglamentaria de dictaminar antes de diez días antes del cierre del período correspondiente. Esto es, si fuera en período ordinario, se puede dictaminar hasta el 20 de noviembre; en este caso, el cierre de este período fue establecido por el propio Gobierno en el decreto correspondiente en el 27 de febrero, razón por la cual el plazo vence el martes 17, feriado. Quedan dos caminos: la prórroga del período extraordinario hasta el sábado 28 de febrero, o dejar la sesión de Diputados para el período ordinario.

Entrevistado por Diputados TV, el diputado Nicolás Mayoraz se hizo eco de este problema reglamentario y sugirió esta segunda alternativa, que dependerá de la decisión del Gobierno. Y la certeza de que, en caso contrario y que se prorrogue un día extraordinarias, no haya problemas para dictaminar en el plenario de Diputados ese martes 18.

Por lo pronto, la atención está centrada en lo que vaya a suceder el miércoles que viene y que el oficialismo pueda asegurarse la media sanción que, al menos de la boca para afuera, se anticipa segura.

Con la sesión extraordinaria confirmada para las 11 del próximo miércoles 11 de febrero, Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT, anunció que van a movilizarse en contra del proyecto de Ley de Modernización Laboral, pero no habrá paro general. La concentración se fijó para las 15 en la Plaza de los Dos Congresos.

El anuncio se llevó a cabo en la sede de la Confederación General de Trabajo este viernes, donde el consejo directivo resolvió no realizar huelgas. Algunos gremios propusieron un cese de actividades de 12 a 24 horas; mientras que otros sindicatos más beligerantes con el gobierno de Javier Milei llevaron a la mesa la de idea de un paro general de 48 horas. Ninguna prosperó.

El secretario general del Sindicato del Seguro, Jorge Sola, habló en la sede de Azopardo y ratificó el “plan de acción que comenzó cunado se presentó el proyecto de ley”. Explicó, además, que buscan “movilizar para llevar adelante nuestra protesta que será multitudinaria y contundente”. En su discurso apuntó contra los senadores nacionales que ingresaron por boletas peronistas y que tendrían decidido acompañar al oficialismo en el recinto.

Además, anunció que habrá réplicas de la movilización en las sedes de las casas de gobierno de varias provincias en rechazo a la reforma laboral. Con relación al poroteo de la Modernización Laboral, uno de los lideres cegetista apuntó contra la oposición dialoguista y lanzó: “Hay que preguntarles si van a defender los derechos de los trabajadores o los de un proyecto político que les es ajeno”.

El pedido de sesión extraordinaria contó con la firma de Patricia Bullrich y los presidentes de bloques aliados. La redacción definitiva será presentada por la jefa de bancada del oficialismo una vez que la sesión comience, ya que el texto fue dictaminado el pasado 18 de diciembre. En aquella ocasión, La Libertad Avanza optó por darle prioridad al tratamiento de la Ley de Presupuesto 2026, mientras que la CGT se había movilizado a la Plaza de Mayo.

Además de los gremios, diferentes organizaciones políticas peronistas y de izquierda están llamando a convocarse el próximo miércoles. El Gobierno nacional desplegará el Protocolo Antipiquetes para evitar cortes de calle, pero se prevé que varias arterias se vean afectadas por la movilización. También se va a instalar un anillo de seguridad alrededor del Congreso con masiva presencia de fuerzas de seguridad.

La sesión está convocada a las 11 y se descuenta que el oficialismo tenga dificultad en la confección del quórum ya que hay 44 legisladores que adhieren al pedido. De todas maneras, el contenido del proyecto de ley es extenso y su votación en general y en particular llegaría recién a la noche del miércoles.

Confirmada la sesión en el Senado el próximo 11 de febrero para tratar el proyecto de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó este jueves que "no se quita ningún derecho esencial" a través de esta reforma.

Según el funcionario, "hay motivos para que los trabajadores estén absolutamente esperando que esto suceda". En ese sentido, mencionó que hay "empleo registrado detenido desde 2011” y que la gestión de Javier Milei busca “reactivar la economía y generar trabajo formal”.

"Acá hay una instrucción de (Sandra) Pettovello de que no se quite ningún derecho esencial de los trabajadores. Y así se envió (el proyecto)", defendió el secretario que forma parte del Ministerio de Capital Humano.

Consultado en radio Rivadavia sobre una eventual medida de fuerza de la CGT, Cordero recordó que la central obrera tuvo parte en la mesa del Consejo de Mayo, donde se trató este tema.

"Yo no haría una medida de fuerza. Son costumbres que las personas no la ven con buenos ojos, pero cada uno, luego, es responsable de los actos que hace frente a la sociedad", dijo en relación al sindicalismo, que rechaza la reforma.

Por otra parte, respecto de cambios que prevé la iniciativa, como fraccionar las vacaciones, el funcionario opinó: "Los jóvenes, cuando quieran, van a poder partir las vacaciones. Los jóvenes no quieren irse 35 días de vacaciones todos juntos, muchas veces. Siempre se pone un límite de siete días porque no es el descanso semanal, son las vacaciones".

En cuando a las indemnizaciones, resaltó la creación del Fondo de Asistencia Laboral, con el objetivo de asistir sobre todo a PyMEs que quieran poner fin a relaciones laborales. "La indemnización continúa, aclarada, para no hacerse un juicio que dure años, que es un mes de sueldo por año de servicio, ese mes se toma según la mejor remuneración habitual y mensual. Ahora sí la van a cobrar", detalló.

El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de Régimen Permanente de Formalización Laboral, Protección Integral del Trabajo y de la Producción, orientado a reafirmar la centralidad del trabajo como derecho humano fundamental y a establecer un dique normativo frente a cualquier intento de regresión en materia de derechos laborales. Esta acción parlamentaria se da en el marco del debate por la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo. “La modernización laboral que exige el siglo XII va de la mano con más derechos. Hay que saltar la trampa de la falsa dicotomía que plantea el gobierno nacional”, indicó Valdés.

El proyecto reafirma el carácter de orden público social del Derecho del Trabajo, impide su degradación normativa y garantiza que el progreso tecnológico y productivo no se realice a costa de la dignidad de las personas que trabajan. “El trabajo no es una mercancía ni una variable de ajuste, sino el eje estructurante de la justicia social, la cohesión democrática y el desarrollo productivo”, señaló Valdés.

El proyecto aborda además uno de los desafíos más relevantes del siglo XXI: el trabajo en plataformas digitales. En este sentido, se propone establecer una presunción de laboralidad cuando existan elementos de dirección, organización o control —incluido el control algorítmico—, reafirmando la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo y el principio de primacía de la realidad. “Vamos a impedir que la innovación tecnológica sea utilizada como mecanismo de evasión de responsabilidades laborales, priorizando la registración efectiva, la protección social y la transparencia en los sistemas digitales de gestión del trabajo”, aseguró Valdés.

Finalmente, la iniciativa propone un enfoque integral para combatir la informalidad estructural a través de la articulación de políticas laborales con herramientas de protección social tales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como instrumento transitorio de transición al trabajo formal; la actualización del Sueldo Anual Complementario (SAC o aguinaldo) y un régimen moderno de licencias laborales basado en la corresponsabilidad en las tareas de cuidado.

El proyecto de ley presentado por Valdés representa una propuesta coherente y de largo plazo, tal lo indicó su autor: “No proponemos una reforma aislada ni fragmentaria, sino la construcción de un sistema normativo coherente, orientado a formalizar, proteger e integrar, preservando las conquistas históricas del Derecho del Trabajo argentino y proyectándolas hacia los desafíos del siglo XXI. Se trata de una ley que afirma que no hay justicia social sin trabajo digno, ni producción sostenible sin derechos laborales efectivos”.

Valdés se refirió los antecedentes históricos que toma el proyecto: “Buscamos recuperar y actualizar el Decálogo de los Derechos del Trabajador de 1947, posteriormente incorporado al constitucionalismo social argentino. Este decálogo consagró por primera vez en forma expresa un conjunto de derechos que hoy integran el núcleo duro del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, entre ellos el derecho al trabajo, a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas y seguras, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia y a la defensa de los intereses profesionales”, indicó el diputado de Unión por la Patria.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó ante el Senado su respaldo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, al considerar que representa una herramienta clave para actualizar las relaciones de trabajo, promover el empleo formal y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Una delegación encabezada por el vicepresidente de CADAM, Armando Farina, junto a asesores legales, mantuvo una reunión con los equipos técnicos que trabajan en la redacción del proyecto, donde presentaron aportes y observaciones sobre los principales ejes de la iniciativa.

La entidad destacó especialmente la implementación del banco de horas como mecanismo de flexibilidad acordado entre las partes, la posibilidad de convenios adaptados a la realidad de las PyMES, la habilitación de billeteras virtuales para el pago de haberes y el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresariales, solicitando que esta condición se extienda también a las organizaciones sindicales.

Los representantes mayoristas plantearon además la necesidad de eliminar aportes solidarios y contribuciones que, según señalaron, encarecen de manera innecesaria el costo laboral, como el aporte por COVID-19 a la obra social Osecac —independientemente de la afiliación del trabajador— y el seguro de retiro La Estrella.

En relación con el artículo 128, que establece la voluntariedad de los aportes a cámaras empresarias y generó controversias con CAME y CAC, Farina fue categórico al afirmar que “las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”, señalando un conflicto de intereses dado que ambas entidades participan de la negociación y son beneficiarias directas de esos fondos.

El caso más citado fue el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A, cuyos recursos se redistribuyen mayoritariamente entre la CAC y la CAME. Según CADAM, esto implica que con cada aumento salarial estas entidades incrementan su recaudación mientras intervienen en la negociación que determina esos incrementos.

CADAM respaldó el Decreto 149/2025, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que estableció la voluntariedad de estos aportes. Sin embargo, una medida cautelar promovida por INACAP dejó sin efecto la norma, mientras el instituto reconoció recaudar más de $30.000 millones anuales sin detallar su destino entre capacitación, sostenimiento institucional o gastos políticos.

Diversas entidades empresarias vienen manifestando sus quejas ante el Congreso por estos mecanismos, entre ellas la Confederación Federal PyME, la Unión de Kiosqueros, la Federación Económica de Mendoza y cámaras sectoriales que denuncian “costos ocultos” en más de 1500 convenios colectivos. También sectores industriales como AFAC y CAMIMA apoyaron la eliminación de aportes compulsivos para capacitación.

“Desde CADAM reafirmamos que la libertad de asociación, la transparencia y la representatividad genuina son pilares indispensables”, sostuvo Farina, quien agregó que la reforma laboral “termina con mecanismos compulsivos que encarecen el empleo y desalientan la inversión, especialmente en las PyMES, principal motor del trabajo formal en la Argentina”.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, mantuvo esta mañana una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acompañado por el ministro del Interior, Diego Santilli, en la que volvió a expresar su rechazo al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno nacional. Además, reiteró el reclamo por la deuda previsional que la Nación mantiene con la provincia, estimada por su administración en $400.000 millones.

Ziliotto arribó a Balcarce 50 a las 10, tras dos intentos previos de audiencia que debieron suspenderse por motivos personales y por las complicaciones climáticas que afectaron a La Pampa. El encuentro se extendió poco más de una hora.

Al salir, el mandatario peronista sostuvo que la Reforma Laboral debería “beneficiar a todos” y cuestionó la ausencia de sindicatos y pymes en la elaboración del borrador que diseñaron los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Caputo (Economía).

“Una Reforma Laboral debe discutirse con todos los sectores. Si quienes van a ser directamente afectados por la ley no participaron de su redacción, el debate nace sesgado”, afirmó desde el Patio de las Palmeras.

En esa línea, el gobernador pidió abrir la discusión a la CGT y a las cámaras empresarias: “La CGT ya lo planteó y yo también hablé con CAME: las pymes no fueron consultadas. Son reformas necesarias, pero sin todos los actores terminan siendo leyes sin consenso”.

Ziliotto insistió además en que los cambios normativos no resolverán por sí solos la falta de empleo: “La generación de trabajo no depende solo de una ley. Tiene que ver con la economía y con las relaciones laborales. Tal como está, esta Reforma no soluciona nada”.

Aunque mantiene un vínculo tirante con el Ejecutivo nacional, Ziliotto se mostró dispuesto al diálogo, pero pidió que las conversaciones sigan realizándose en Casa Rosada y no en territorio pampeano.

Como en cada encuentro con representantes del Gobierno, volvió a exigir que se regularice la deuda previsional con La Pampa. La provincia -al igual que otras 13-no transfirió su caja jubilatoria a la Nación y, según denuncian, ANSES no actualiza los pagos mensuales correspondientes al déficit.

En el marco del esquema de negociación por deudas provinciales, también reclamó la transferencia de la operatoria de 636 viviendas de Procrear, que La Pampa está dispuesta a finalizar y administrar, además de plantear la situación de varias rutas nacionales dentro del territorio provincial.

Mientras tanto, el Gobierno busca sumar apoyos para aprobar su proyecto de “Modernización Laboral”, una de las prioridades legislativas del presidente Javier Milei. Con el inicio del período de sesiones extraordinarias y la posibilidad de que el debate llegue al Senado el miércoles 11 de febrero, la Casa Rosada intenta acercar posiciones con todos los gobernadores, incluso con los más críticos.

En vísperas del debate por la Modernización Laboral, los representantes de las tres centrales sindicales se reunieron en la sede de la UOM para reafirmar el rechazo al proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y reiteraron la decisión de realizar paro general y movilizaciones cuando la norma se trate en el recinto del Senado el próximo 10 de febrero.

Con la presencia del diputado nacional Hugo Yasky (Unión por la Patria), estuvieron en la cumbre sindical el secretario general de la UOM, Abel Furlán; y por la CTA Autónoma, Mariana Mandacovic, secretaria general adjunta; Alejandra Angriman, secretaria gremial; Daniel Jorajuría, secretario administrativo; Jorge Castro, secretario de Finanzas; Matías Fachal, secretario de Discapacidad; y Rodolfo Kempf, secretario de Relaciones Institucionales. También participaron Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, y María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA.

Asimismo, resolvieron una movilización para el próximo jueves 5 de febrero en la ciudad de Córdoba y otra para el martes 10 en Rosario. “Los derechos conquistados por el movimiento obrero no pueden ser moneda de cambio en acuerdos entre gobernadores y el Gobierno nacional”, manifestaron en el encuentro entre gremialistas.

“No se puede permitir que, en nombre de negociaciones políticas, se avance sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador”, aseveraron respecto al debate legislativo que La Libertad Avanza llevará al recinto del Senado en la segunda semana de febrero durante el período de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación.

Anunciaron, además, que en estos días van a difundir un comunicado de rechazo al proyecto de Ley de Modernización Laboral en el que van a denunciar que “no surge de un debate democrático, sino de negociaciones realizadas a espaldas de los trabajadores”.

“El proyecto implica graves retrocesos: debilita la negociación colectiva, restringe el derecho de huelga, facilita los despidos, ataca a los sindicatos, legaliza la precarización laboral e impone límites salariales. No busca crear empleo ni mejorar las condiciones de trabajo, sino consolidar un modelo basado en salarios bajos y pérdida de derechos”, concluyeron.

Mientras el Gobierno se alista para ir en búsqueda de la aprobación de leyes, la jefa de bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, encabezó un encuentro con los representantes de la oposición dialoguista para receptar las sugerencias de modificación del despacho firmado del proyecto de ley de Modernización Laboral. La propia senadora será quien los lleve a Casa Rosada y traerá la devolución el próximo martes.

Según supo parlamentario.com, además de la exministra estuvieron presentes Eduardo Vischi, presidente del bloque radical, junto al monobloquista Luis Juez -que forma parte de un interbloque con La Libertad Avanza-; el correntino Carlos “Camau” Espínola; el misionero Carlos Arce; la tucumana Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón; la neuquina Julieta Corroza; la chubutense Edith Terenzi; y la santacruceña Natalia Gadano. No estuvo ninguno de los tres integrantes del Pro.

El encuentro que se llevó a cabo en el segundo piso de la Cámara alta donde se reúne la bancada de la Unión Cívica Radical, comenzó poco antes de las 15 y terminó a las 17.20. Tampoco hubo presencia de los integrantes del bloque Justicialista, del Frente Cívico de Santiago del Estero ni de Convicción Federal, donde habría legisladoras que podrían aportar votos al oficialismo.

El tema central de la reunión de este jueves fue el proyecto de Ley de Modernización Laboral, el cual fue dictaminado, pero postergado para este segundo tramo de sesiones extraordinarias que comienza el próximo lunes 2 de febrero. Una fuente reveló a este medio que se plantearon sugerencias de modificación a algunos puntos de la redacción, pero también hubo una reafirmación de apoyo a la aprobación del texto.

Las sugerencias de modificación serán llevadas por la propia Patricia Bullrich a la discusión de la mesa chica de Casa Rosada y el martes 3 a las 15, traerá las respuestas cuando se vuelva a reunir con la oposición dialoguista. Una fuente del oficialismo consultada respecto al poroteo señaló a este medio que los cálculos dan para superar los 37 votos requeridos en el recinto cuando se lleve a cabo la sesión extraordinaria en dos semanas.

Así las cosas, la posibilidad de que el despacho de la reforma laboral tenga cambios estuvo contemplado por Patricia Bullrich desde el momento en que el texto pasó a la firma, pero dejando su tratamiento para febrero. Esto ocurrió el 18 de diciembre pasado cuando la jefa de bloque de La Libertad Avanza concentró los acuerdos y discusiones en la sanción de la Ley de Presupuesto 2026.

Con el cronograma legislativo confirmado, el integrante del triunvirato de la CGT, Octavio Argüello, desmintió versiones acerca de un eventual encuentro entre la central obrera y emisarios del Gobierno sobre el texto de Modernización Laboral. “Hasta el momento no hubo diálogo con el Gobierno por la reforma laboral”, señaló.

La aclaración del referente de la CGT surgió a partir de que esta semana hubo versiones que anunciaban un mesa de diálogo entre la central obrera e integrantes del Gabinete nacional. Sin embargo, esto fue desmentido por Argüello y en el Gobierno nacional continuaron con los encuentros con cámaras empresariales.

En diálogo por Delta 90.3, el referente sindical reiteró que “si el Gobierno no nos convoca, nosotros vamos a tomar las medidas para ser escuchados”. Lejos de analizar positivamente el dictamen, Argüello señaló que “esta ley lo único que favorece es a las multinacionales”, y advirtió que “desde que está este gobierno se perdieron casi 280 mil puestos de trabajo”.

“Hasta el momento no hubo diálogo con el Gobierno por la reforma laboral”, reiteró el líder de la CGT, quien además remarcó que desde la central obrera “vamos a discutir lo que sea necesario, ya sea en la justicia o en la calle, defendiendo el derecho y la dignidad del trabajador”. Advirtió, además, que “nosotros como gremio tenemos cantidad de currículums de gente pidiendo trabajo”.

El pasado 18 de diciembre, mientras la CGT se movilizaba a Plaza de Mayo, La Libertad Avanza en el Senado lograba pasar a la firma el proyecto de ley de Modernización Laboral, pero postergaba el debate en el recinto para el verano 2026. Con el segundo llamado a sesiones extraordinarias oficializado, la fecha que maneja el oficialismo para llevar el texto al hemiciclo de la Cámara alta es la del miércoles 11 de febrero.

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó este jueves Entre Ríos y mantuvo un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio, quien le transmitió su “apoyo contundente” al proyecto de ley de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno nacional. La reunión tuvo lugar un día después de que el mandatario provincial denunciara un intento de espionaje en su despacho, donde se hallaron micrófonos y dispositivos tecnológicos.

De esta manera, Santilli continúa así con su gira por distintas provincias para sumar adhesiones al proyecto, tal como hizo con el Presupuesto 2026. En los últimos días pasó por Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta y Neuquén, donde obtuvo el visto bueno de la mayoría de los gobernadores.

El encuentro con Frigerio se desarrolló temprano en Paraná y marcó la segunda visita de Santilli a la provincia desde que asumió su cargo. Tras la reunión, el gobernador ratificó públicamente su respaldo al proyecto de Modernización Laboral.

Frigerio sostuvo que la iniciativa permitirá “incluir derechos a la mitad de los trabajadores que no los tienen”, y aseguró que seguirán trabajando en conjunto para avanzar con las reformas". Diego Santilli, por su parte, calificó el apoyo como “muy importante” para el país y para el presidente de la Nación, Javier Milei.

No obstante, el ministro aclaró que el mandatario entrerriano planteó reparos sobre algunos puntos que impactan directamente en las provincias, inquietudes que también le manifestaron otros gobernadores durante su recorrido.

El ministro del Interior remarcó la necesidad de impulsar cambios estructurales para reactivar el empleo formal: “Argentina tiene que crecer y generar trabajo. No generamos trabajo formal neto hace 15 años y hace 20 que no creamos una pyme neta”.

Aunque Frigerio respaldó la reforma, su influencia en el Senado es limitada, ya que Entre Ríos no cuenta con legisladores propios del gobernador. Las bancas renovadas en 2025 quedaron en manos de representantes de La Libertad Avanza.

Hasta ahora, Santilli logró apoyos explícitos de los mandatarios de Mendoza, Chaco, San Juan y Salta, mientras que Ignacio Torres y Rolando Figueroa se mostraron más cautos pero abiertos al diálogo.

Con la confirmación del temario del segundo tramo de sesiones extraordinarias, el tema principal del verano será la reforma laboral. Jorge Sola, integrante del triunvirato que conduce la CGT, consideró que el texto dictaminado que será llevado al recinto el 11 de febrero “pretende profundizar la precariedad laboral y eliminar derechos consagrados por la Constitución Nacional”.

Del mismo modo, planteó que “no es la legislación laboral, sino la política económica que aplica el Gobierno, que prioriza a los financieros y abandona la productividad, la que está agravando la crisis en las empresas, especialmente en las PyMes, destruyendo el tejido industrial del país”. Luego, alertó sobre “la caída del consumo, aumento de la desocupación, caída de la recaudación”.

Y aseveró que “aún a la gente con trabajo, la plata le alcanza cada vez menos. Mientras aumenta el endeudamiento familiar y el del Estado nacional”. Respecto al debate legislativo, Sola agregó que “a medida que se conoce el contenido real del proyecto de la mal llamada reforma laboral, hay una percepción compartida, especialmente en los jóvenes, que lo que se pretende es profundizar la precariedad laboral y eliminar derechos consagrados por la Constitución”.

En el final, se dirigió a los integrantes de la Cámara de Senadores y deslizó: “Antes de votar deben pensar en legislar a favor del país y de los trabajadores”. Pidió, además, que “no castigarlos con un cambio que va a empeorar su situación, y cerró: “No tengo dudas que de aprobarse el proyecto enviado por el gobierno al Congreso, la justicia dictaminará su total inconstitucionalidad”.

Luego del paro y movilización del 18 de diciembre, el Gobierno no aceleró con la reforma laboral y postergó el debate para febrero. Sin embargo, a tres semanas de la fecha estipulada de sesión extraordinaria, el tema vuelve a estar en agenda y la central obrera reitera su rechazo al proyecto de Modernización Laboral.

El Gobierno nacional confirmó el segundo llamado a sesiones extraordinarias y en La Libertad Avanza reina el optimismo respecto a alcanzar los votos para dar con la media sanción del proyecto de Ley de Modernización Laboral en el Senado. Las reuniones del ministro del Interior, Diego Santilli, con varios gobernadores serán claves para dar con los 37 avales requeridos.

Según le comentó a parlamentario.com un importante senador oficialista que está en contacto permanente con los integrantes de la mesa chica de Casa Rosada, los números son alentadores. Pese a que el Congreso está en receso hasta el 2 de febrero, los emisarios del Gobierno han logrado sellar diferentes acuerdos y el poroteo marca que ya estarían los votos.

El proyecto de ley de Modernización Laboral cuenta con dictamen de comisiones desde el 18 de diciembre, pero los principales referentes libertarios anunciaron que la redacción tendrá varios cambios que serán planteados directamente en el recinto.

Ya con el bloque completo, La Libertad Avanza, presidida por Patricia Bullrich, presentará a sus 20 integrantes en la sesión extraordinaria que buscan llevar al recinto de la Cámara alta el 11 de febrero. A ellos, hay que sumar al cordobés Luis Juez, quien ha conformado un interbloque con el oficialismo desde que se consumó la ceremonia de juras el 28 de noviembre pasado.

En la misma sintonía están los tres integrantes del Pro: el misionero Martín Goërling Lara -presidente del bloque-, la pampeana Victoria Huala y la chubutense Andrea Cristina, alineada con el gobernador Ignacio Torres. En igual situación está la postura de la tucumana Beatriz Ávila, quien cerró un acuerdo con el mandatario Osvaldo Jaldo y está dispuesta a apoyar al oficialismo con la reforma laboral.

Respecto a la oposición dialoguista, la Unión Cívica Radical aportaría el voto afirmativo en la general y en las particulares de los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galarreto; los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri; la chaqueña Silvana Schneider; y los correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela. De todos modos, Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger también estarían en condiciones de votar a favor, al menos en la general.

También, está la salteña Flavia Royón que responde a Gustavo Sáenz con quien Santilli se reunió este lunes; la chubutense Edith Terenzi, representante del gobierno provincial; y la neuquina Julieta Corroza que está alineada con el mandatario Rolando Figueroa. A estas legisladoras hay que sumar el voto de Carlos “Camau” Espínola, correntino de Provincias Unidas cercano a Gustavo Valdés, que daría su voto a favor de la Modernización Laboral.

Si bien la norma se aprueba en el recinto con 37 votos a favor, hay un flanco de senadores dialoguistas que podría nutrir la cantidad de adhesiones a la reforma laboral, pero que aún no han definido su postura: los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; los dos santacruceños, Natalia Gadano y José María Carambia; y la cordobesa Alejandra Vigo que integra Provincias Unidas.

A su vez, el oficialismo podría convencer a algunos miembros del interbloque Popular, como ya sucedió el 26 de diciembre pasado con la aprobación del Presupuesto 2026 y la ratificación del Capítulo II: la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada son los apuntados por el Gobierno para conseguir votos afirmativos, como sucedió con la sanción de la "ley de leyes".

Del otro lado están los 21 integrantes del bloque Justicialista, tres de Convicción Federal y los dos santiagueños del Frente Cívico, quienes no van a dar quórum y votarán en contra del proyecto de Modernización Laboral que el Gobierno nacional pretende tener sancionado antes del 1ero. de marzo cuando se lleve a cabo la Asamblea Legislativa 2026.

El Poder Ejecutivo cumplió este lunes en publicar en el Boletín Oficial el llamado a extraordinarias para el mes de febrero. Es la segunda convocatoria, luego de la hecha en diciembre para tratar seis temas (de los cuales fueron abordados cuatro) y ahora se incluyen cuatro cuestiones: tres proyectos de ley y una designación diplomática.

La convocatoria que apareció este lunes en el BO tiene fecha del viernes pasado y comprende la realización de extraordinarias entre el lunes 2 de febrero y el 27 de ese mismo mes, tal cual había sido adelantado oportunamente por parlamentario.com. Ingresó este mismo lunes a ambas cámaras.

Los temas a tratar son la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de Modernización Laboral; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y el acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias.

Recordemos que el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial ya cuenta con dictamen de comisiones en el Senado y quedó listo el año pasado para su tratamiento en el recinto. Lo mismo que el proyecto de ley de Modernización Laboral, que será el tema central de estas sesiones extraordinarias.

En el caso del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, este sábado en Asunción el presidente Javier Milei adelantó que enviaría “en los próximos días” el proyecto de ley para su aprobación legislativa en extraordinarias. Al respecto, el mandatario abogó por cuidar que los parlamentos no introduzcan mecanismos que distorsionen lo negociado. Tanto el Parlamento Europeo como los de los países miembros del Mercosur deben dar curso al acuerdo establecido entre ambos mercados regionales.

En el caso del exdiputado Fernando Iglesias, el pasado 8 de enero había sido oficializada su designación como embajador en Bélgica. Por decreto se publicó en el Boletín Oficial su designación “en comisión” como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica”, nombramiento que ahora deberá pasar por el Senado de la Nación.

El pliego del exdiputado del Pro deberá ser considerado en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que hasta el año pasado conducía la ahora exsenadora Guadalupe Tagliaferri.

Recordemos que el anterior llamado a extraordinarias, que abarcó del 10 al 30 de diciembre, incluía el Presupuesto Nacional 2026 y el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, ambos convertidos en ley. También la reforma laboral y Glaciares, que consiguieron dictámenes en el Senado. De los temas incluidos esa vez y que ahora no figuran están la reforma del Código Penal, y el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, también conocido como “regla fiscal”.

Tampoco figura en el temario de extraordinarias el tratamiento del DNU 941/25 que establece una profunda reforma del sistema de inteligencia, pero el tema puede ser abordado en cualquier momento a instancias de la propia oposición, si así lo impulsa y logra quórum.

Convocatoria extraordinarias Febrero

Sin actividades oficiales a la vista, el Gobierno vuelve a reunir este viernes a la mesa política que definirá la estrategia para avanzar en la Ley de Modernización Laboral y la modificación a la Ley de Glaciares. Será a las 10 de la mañana en Casa Rosada y estarán presentes Patricia Bullrich, jefa de bloque oficialista en el Senado, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

De todos modos, el objetivo central del Gobierno nacional es avanzar sobre la reforma laboral, para la cual pretende hacer una sesión extraordinaria el miércoles 11 de febrero en el Senado. Además de los representantes legislativos estarán presentes en Balcarce 50 el ministro del Interior, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación.

El Poder Ejecutivo de la Nación deberá enviar el segundo llamado a sesiones extraordinarias que irá desde el 3 hasta el 27 de febrero. En principio el temario solo incluirá al proyecto de Ley de Modernización Laboral y a la modificación de la Ley de Glaciares. Sin embargo, se ha especulado con que también esté presente la reforma al Código Penal de la Nación.

Así las cosas, en La Libertad Avanza ya hubo movimientos de cara a la sesión extraordinaria que buscará la media sanción del texto: la jefa de bancada libertaria, Patricia Bullrich, estuvo en Mar del Plata para reunirse con empresarios, quienes apoyaron el contenido de la iniciativa, la cual tiene dictamen de comisiones.

En el primer día de la agenda de reuniones con mandatarios provinciales, el ministro del Interior, Diego Santilli, visitó este lunes al gobernador Leandro Zdero en la provincia de Chaco. A menos de un mes del inicio del segundo llamado a sesiones extraordinarias, el funcionario aseguró que “no creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina”.

El Gobierno nacional tiene como primer objetivo legislativo avanzar con la sanción del proyecto de Ley de Modernización Laboral. Este primer encuentro fue para manifestar que los propósitos de la norma, entre varios puntos, son “modernizar el mercado de trabajo, fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo del país y las provincias”.

La agenda de visitas de Diego Santilli continuará con una visita del gobernador pampeano Sergio Ziliotto, mandatario peronista opositor al gobierno de Javier Milei, en Casa Rosada. Después volará a la Patagonia, en medio de los incendios forestales; visitará Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo; y culminará la próxima semana con Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

“Esta reforma va a ser muy importante para las provincias porque va a dinamizar sectores claves: energía, minería, agro, industria del conocimiento y generar nuevos empleos”, consideró el funcionario, quien además, reiteró: “No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina".

Por su parte, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, señaló que “si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el riesgo país y equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía”. “Aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”, finalizó.

"Reunidos, vamos a avanzar en una agenda conjunta de trabajo, para fortalecer la articulación entre la Nación y provincia, impulsando más gestión, desarrollo y oportunidades para los chaqueños", auguró el mandatario provincial.

En los planes del Gobierno nacional está el segundo llamado a sesiones extraordinarias desde el lunes 2 de febrero hasta el viernes 27. La fecha señalada para ir al recinto del Senado con la Modernización Laboral -ya está dictaminada- es la del miércoles 11 de febrero. En caso de avanzar, la Cámara de Diputados tendrá dos semanas completas para buscar la sanción del texto.

Pasada la primera semana del año, el Gobierno metió el acelerador en torno al proyecto de "Modernización Laboral", que se dictaminó de manera exprés en comisiones del Senado en diciembre, pero su debate en el recinto se postergó hasta febrero en busca de mayores consensos con la oposición dialoguista.

No solo jefa del bloque, sino principal figura hoy por hoy del oficialismo en la Cámara alta, la senadora Patricia Bullrich encabezará este sábado una actividad en torno a la Reforma Laboral que ambiciona la Casa Rosada.

El anuncio de su agenda se conoció este viernes, horas después de una reunión que mantuvo en la quinta de Olivos con el Presidente Javier Milei. Allí, ambos compartieron un desayuno y el proyecto fue el principal tema que abordaron.

Según confirmaron desde su entorno, la exministra estará este sábado en Mar del Plata, donde realizará recorridas y reuniones con representantes de diferentes sectores sociales y económicos, "interesados en analizar los aspectos más destacados del proyecto".

Además, Bullrich encabezará el "Conversatorio sobre la Modernización Laboral" en dicha ciudad, acompañada por Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, entre otros. El evento se realizará desde las 17 en el Torreón del Monje (Paseo Jesús de Galíndez).

"Desayuno de trabajo con el Presidente para acelerar las reformas que están cambiando la Argentina. Decisión, coraje y rumbo claro. Lo que hace falta para transformar el país de verdad. Argentina va a ser ENORME y próspera. Y no hay vuelta atrás", escribió este viernes la senadora en su cuenta de la red social X, junto a una foto con Milei, vestido con uno de sus mamelucos de YPF.

Además de las visitas a gobernadores por parte del ministro del Interior, Diego Santilli, también con la mirada puesta en buscar votos para la aprobación de la Reforma Laboral, la próxima semana habrá una reunión de la mesa política del Gobierno.

Con la intención de acelerar la estrategia en torno a esta iniciativa, para el próximo viernes 16 de enero el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la mesa política. Además de los mencionados Bullrich y Santilli, estarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia; Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

También podrían participar la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes ocasionalmente se hacen presentes.

Entre los puntos que se encuentran en evaluación de eventuales modificaciones al proyecto, tras recibir varias críticas de la oposición, están el capítulo tributario y la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Con la atención puesta en Venezuela y en pleno receso veraniego, legisladores del oficialismo se encuentran en reuniones con cámaras empresarias de cara al segundo llamado a sesiones extraordinarias. Tal como anunció la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, será el lunes 2 de febrero la semana de la reanudación de las actividades oficiales en el Congreso.

El gran objetivo del Gobierno nacional es el de poder avanzar en el proyecto de Ley de Modernización Laboral, el cual fue dictaminado, pero el oficialismo acordó con la oposición dialoguista retrasar su tratamiento en búsqueda del consenso necesario para aprobar el texto. Sin embargo, una fuente de La Libertad Avanza confirmó a parlamentario.com que la fecha elegida para ir al recinto será el miércoles 11 de febrero.

En paralelo, la bancada libertaria confía en que también podrá avanzar con la modificación a la Ley de Glaciares que al igual que la reforma laboral, cuenta con dictamen de comisiones, sujeto a las modificaciones que observen los senadores provinciales, claves para el quórum y para la media sanción en el recinto.

Con la jura del rionegrino Enzo Fullone, La Libertad Avanza cuenta con la nómina de legisladores completa y si se cuenta el interbloque junto al cordobés Luis Juez, parten de una base de 21 adhesiones, a 16 del quórum. De todos modos, el oficialismo sabe que podría contar con gran parte del radicalismo, los tres del Pro, el correntino Carlos “Camau” Espínola, la tucumana Beatriz Ávila, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y la neuquina Julieta Corroza.

En la última sesión del 26 de diciembre quedó en evidencia que los 21 integrantes del bloque Justicialista -presidido por José Mayans- y los santiagueños Gerardo Zamora y Elia Moreno del Frente Cívico se posicionaron como la oposición dura. Sin embargo, en La Libertad Avanza son optimistas de lograr adhesión en Convicción Federal, bancada peronista que tuvo a Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada votando a favor del Presupuesto 2026 en la general y en la particular.

Por otro lado, está confirmado que el 24 de febrero se llevará a cabo la sesión preparatoria en la Cámara alta en la que se definirán las autoridades del período 2026.

El texto dictaminado

Con el proyecto de Ley de Modernización Laboral dictaminado el pasado 18 de diciembre, el oficialismo ganó dos meses para acercar los consensos necesarios que le permitan girar el texto a la Cámara de Diputados. El despacho al que accedió este medio cuenta con 213 artículos (casi 20 más al texto que envió el Ejecutivo con 196).

Cuenta, además, con 26 títulos con modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, a la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional de Trabajo, a la Ley de Empleo, a la Ley de Jornada de Trabajo, a la Ley de Régimen Laboral, al Régimen de la Pequeña y Mediana Empresa, a la Ley de Trabajo a Domicilio y al Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

También, propone cambios en el Régimen de Trabajo Agrario, en el Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto que utilizan plataformas tecnológicas, a la Ley de Convenios Colectivos, en la legislación de Asociaciones Sindicales y en el Procedimiento para la Negociación Colectiva, y en la Ley sobre Riesgos del Trabajo.

Finalmente, establece el capítulo de derogaciones contra el Estatuto del Periodista Profesional, del del Viajante de Comercio, el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, sobre el Estatuto del Peluquero, el cese del Fondo de Garantía de Créditos Laborales, de la Licencia que gozan los ciudadanos de países limítrofes, a los fines de que puedan concurrir a emitir su voto en su país y a la Ley 24.493 que adoptó medidas en relación a la denominada “mano de obra nacional”, entre varias más.

El Gobierno nacional reactivó las negociaciones para conseguir los votos que le permitan aprobar la reforma laboral, uno de los proyectos más ambiciosos del presidente Javier Milei. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará este miércoles una gira por Chubut, donde se reunirá con el gobernador Ignacio Torres, y ya tiene en agenda visitas a al menos diez provincias durante enero.

La estrategia apunta a consolidar acuerdos antes de la prórroga de las sesiones extraordinarias, prevista para el 2 de febrero. La iniciativa, bautizada como “Modernización Laboral”, es considerada por Milei como una prioridad para este verano.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomó las conversaciones con el equipo legislativo que responde a Javier y Karina Milei, replicando el esquema que permitió aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. En esa mesa también participan Patricia Bullrich y Martín Menem, encargados de aceitar vínculos en el Senado y Diputados, junto a Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El primer paso será el encuentro entre Santilli y Torres, referente del PRO con relaciones tensas con la Casa Rosada. En su última reunión, el mandatario chubutense anticipó que llevará a la Corte Suprema el reclamo por fondos previsionales retenidos por el Estado, que según la provincia superan los $51.000 millones.

Desde el Ministerio del Interior aseguran que escucharán los planteos de cada distrito y buscarán soluciones dentro de lo que autorice Economía, bajo la conducción de Luis Caputo. “La idea es avanzar en acuerdos que permitan la sanción de la reforma laboral”, remarcaron.

Bullrich y Menem también intensificarán contactos con bloques aliados en los próximos días para limar diferencias sobre el articulado del proyecto y garantizar los votos necesarios.

La senadora provincial electa Valeria Arata destacó la importancia de que el Frente Renovador participe activamente del debate por la reforma laboral aportando propuestas propias.

Arata señaló que “desde el Frente Renovador estamos trabajando en una actualización del marco legal laboral, pero desde nuestra visión: una propuesta que contemple la realidad del mercado de trabajo actual, que promueva más empleo y más producción, y que modernice sin perder derechos”.

En ese sentido, remarcó que “la discusión no puede quedarse en frenar una reforma regresiva; debemos acercar alternativas concretas que mejoren el empleo, fortalezcan a las PyMEs y acompañen los cambios tecnológicos sin precarizar”.

La senadora electa subrayó que el espacio viene desarrollando estas iniciativas en diálogo con distintos sectores.

“Escuchamos a los trabajadores, a las PyMEs, al sector productivo y a la sociedad en su conjunto. De ese intercambio construimos propuestas que no son parches aislados, sino que forman parte de una mirada integral que también contempla cambios necesarios en materia tributaria y previsional”, aseguró.

Arata enfatizó además que “una reforma laboral responsable debe apoyarse en la realidad de quienes sostienen la economía todos los días. Por eso nuestro trabajo empieza escuchando y recogiendo inquietudes”.

Desde los equipos técnicos del Frente Renovador ya se está avanzando en el desarrollo para cinco sectores determinados. Por un lado, para jóvenes, con el objetivo de generar incentivo económico con becas para la terminalidad educativa, acompañar la inserción laboral y vincular la formación específica en nuevas tecnologías como lo es la Inteligencia Artificial.

Para mujeres emprenderos, a través de tasas bajas, refinanciamiento de deudas previas, y un apoyo económico en concepto de licencia por maternidad por 3 meses.

Para PyMEs, con el objetivo de generar un régimen impositivo específico con la eliminación del impuesto a las ganancias sobre las utilidades no distribuidas, exención de impuestos internos para PyMEs que empiecen a exportar, y un plan de regularización de deuda en hasta 120 cuotas mensuales.

También, se trabaja en un programa para la reinserción laboral para mayores de 45 años, a través de la capacitación y vinculación productiva de este segmento, en especial en sectores afectados por la apertura comercial y la reconversión productiva.

Y por último, en cuanto a los nuevos trabajos, como los de las aplicaciones, se busca mejorar y transparentar los ingresos, las condiciones de trabajo y la cobertura frente a riesgos de los repartidores, sin afectar su flexibilidad horaria.

Al finalizar, Valeria Arata afirmó “la Argentina necesita una reforma laboral que genere oportunidades reales, no que avance sobre derechos. Nuestro compromiso es impulsar una agenda moderna, productiva y construida junto a la gente, para que el país crezca sin dejar a nadie atrás”.

Mientras la CGT llevaba a cabo la marcha en Plaza de Mayo, Patricia Bullrich se había reunido con Diego Santilli, Martín Menem y Javier Milei en Casa Rosada. De regreso al Senado, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta le ofreció a la oposición pasar a la firma el dictamen -sujeto a modificaciones-, pero se comprometió a llevarlo al recinto recién el 10 de febrero, en un segundo llamado a sesiones extraordinarias.

De esta manera, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado confirmó que la sesión extraordinaria del próximo viernes 26 de diciembre quedará abocada solamente al proyecto de Ley de Presupuesto 2026 y a Inocencia Fiscal. Ambas iniciativas obtuvieron la media sanción en la Cámara de Diputados en la madrugada de este jueves.

HABEMUS DICTAMEN DE REFORMA LABORAL

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 18, 2025

En la segunda jornada de tratamiento informativo del proyecto de ley de Modernización Laboral entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a Trabajo y Previsión Social, los vocales presentes oyeron las posturas de los gerentes de plataformas digitales, quienes se manifestaron a favor del proyecto, y de trabajadores de moto, del universo cinematográfico y periodístico, en contra de la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional.

Según supo parlamentario.com, tras la cumbre entre la senadora con el ministro del Interior, el titular de la Cámara baja y el presidente de la Nación en Balcarce 50 de este jueves, desde el Gobierno nacional coincidieron en que debían levantar el pie del acelerador para evitar la caída de artículos o capítulos, tal como ocurrió con el XI del Presupuesto 2026 durante esta madrugada en la Cámara baja.

Ante la consulta del jefe de bloque de Convicción Federal, Fernando Salino, Patricia Bullrich adelantó que el segundo llamado a sesiones extraordinarias irá desde el lunes 3 de febrero al viernes 27. Del mismo modo, aclaró que en ese lapso se llevará a cabo la sesión que trate la Modernización Laboral y la modificación a Ley de Glaciares.

En un clima diferente al del miércoles por la mañana, José Mayans volvió a elevar el reclamo del principal interbloque opositor y exigió que le asignen 7 vocalías y no 5 como le han otorgado hasta ahora. En relación al proyecto que el oficialismo decidió pausar hasta febrero, consideró que "nació torcido".

Los nuevos oradores

A favor de la propuesta del Poder Ejecutivo, Nicolás Debernardi representante de la plataforma digital Pedidos Ya mencionó que tienen una flota de “3.000 ‘empleados’ en la Argentina con 45.000 comercios que venden sus bienes a través de la plataforma, con millones de transacciones por mes y un crecimiento del 20% en este 2025”.

Sobre el texto, que finalmente no irá al recinto este año, sino recién en febrero del 2026, consideró que “el desarrollo de la economía de plataformas es enorme”, y luego, incorporó: “Creemos que es esencial la sanción de este proyecto de ley porque despega las incertidumbres jurídicas con las que venimos lidiando en estos 15 años, y este proyecto recepta lo que el ecosistema quiere”.

En la banquina opuesta estuvo Marcelo Pariente de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, quien acusó a las plataformas digitales de “vulnerar” los derechos los trabajadores de aplicación. “Es mentira que nuestros compañeros tienen una libertad porque el algoritmo te condiciona y te categoriza de tal forma que si te desconectas te baja el ranking”, añadió.

En otro punto, pidió que el Senado rechace el proyecto de ley de Modernización Laboral, pero también cargó contra el sistema de estas start-ups: “Los conductores no gozan de los mismos derechos porque no podés discutir nuestro salario, ni el valor del viaje, y ponemos la moto, pero tenemos un convenio de trabajo y no lo cumplen”.

“Es mentira que los trabajadores no quieren temer derechos, porque en realidad los necesitan”, aseveró Pariente, quien remarcó que “estamos en contra, avanzar con este proyecto es eliminar la esperanza de los trabajadores de vivir mejor” porque “legaliza la vulnerabilidad y el fraude laboral”.

Luego de haber planteado los tiempos que el oficialismo pretende en el Senado para avanzar con la Modernización Laboral y la modificación a la Ley de Glaciares, fueron convocadas cuatro reuniones constitutivas y dos plenarias para este miércoles.

A las 9, Patricia Bullrich -jefa de bloque de La Libertad Avanza- será designada presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Media hora después, la Cámara alta conformará la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Si bien Ezequiel Atauche tenía los números puestos para seguir en el cargo, trascendió que el oficialismo podría designar a Agustín Monteverde.

Luego seguirá la conformación de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; y después se hará lo mismo con la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Con las reuniones constitutivas consumadas, las comisiones de Trabajo y Previsión Social, junto a Presupuesto y Hacienda darán comienzo a las 11 al debate del proyecto de ley de Modernización Laboral.  En paralelo, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable van a dar inicio al tratamiento del proyecto de ley de modificación a la Ley de Glaciares.

Para este miércoles está prevista la presencia de invitados para exponer sobre la reforma laboral, y abrirá el juego un viejo conocido del Congreso, el secretario de Trabajo Julio Cordero. Concurrirán también otros invitados, y lo mismo sucederá el jueves. Habrá alrededor de quince expositores y el viernes está prevista la emisión del dictamen, de  modo tal que una semana más tarde se pueda realizar la sesión en la que el oficialismo espera aprobar tanto la ley laboral, como la reforma de la Ley de Glaciares.

La conformación de las comisiones

Sin los cinco integrantes de Unión por la Patria, fueron confirmados en Trabajo y Previsión Social Patricia Bullrich, Carmen Álvarez Rivero, Joaquín Benegas Lynch, Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera Lucero por La Libertad Avanza; Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Silvana Schneider por la Unión Cívica Radical; Martín Goërling Lara por el Pro; Sonia Rojas Decut por el Frente de la Concordia; Carlos “Camau” Espínola de Unidad Federal; y Flavia Royón de Primero los Salteños.

En Presupuesto y Hacienda, el esquema es similar: el interbloque que preside José Mayans tiene cinco vocalías, pero no presentó los nombres aún. Luego, están Ezequiel Atauche, Agustín Monteverde, Patricia Bullrich, Bruno Olivera Lucero y Bartolomé Abdala por el oficialismo; Flavio Fama, Mariana Juri y Silvana Schneider por la UCR; Andrea Cristina por el Pro; Alejandro Vigo por Unidad Federal; Edith Terenzi por Despierta Chubut; y Beatriz Ávila por Independencia.

Respecto a la conformación de Minería, Energía y Combustibles, La Libertad Avanza designó a Pablo Cervi -con chances de ser el presidente-, Bruno Olivera Lucero, Juan Cruz Godoy, Gonzalo Guzmán Coraita, Agustín Coto y Patricia Bullrich; el radicalismo, a Flavio Fama, Mariana Juri y Eduardo Galaretto; el Pro a Andrea Cristina; y también la salteña Royón, el santacruceño José María Carambia y la neuquina Julieta Corroza. Los seis vocales de UP siguen vacantes.

Otra que fue conformada, pero no convocada es la Comisión de Justicia y Asuntos Penales: Por La Libertad Avanza fueron nominados a integrarla Juan Carlos Pagotto, Belén Montes de Oca, Gonzalo Guzmán Coraita, Patricia Bullrich y Luis Juez; por el radicalismo Carolina Losada, Maximiliano Abad y Eduardo Vischi; Victoria Huala del Pro; la tucumana Beatriz Ávila; el misionero Carlos Arce; y Carlos “Camau” Espínola. Unión por la Patria tampoco envío los nombres.

Por último, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable tendrá a los oficialistas Ezequiel Atauche, Carmen Álvarez Rivero, Vilma Bedia, Romina Almeida y Bartolomé Abdala; a los radicales Eduardo Vischi, Mercedes Valenzuela y Daniel Kroneberger; la chubutense Edith Terenzi; la santacruceña Natalia Gadano; y la misionera Sonia Rojas Decut. Al igual que en las otras tres comisiones, el peronismo no presentó sus cinco vocales.

El Senado buscará sesionar el viernes 26 de diciembre para debatir la reforma laboral impulsada por el Gobierno y la modificación de la Ley de Glaciares, conforme se resolvió en la reunión de Labor Parlamentaria realizada este martes por la mañana bajo la conducción de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La definición fue informada por fuentes parlamentarias y ratificada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, al término del encuentro.

En paralelo, Bullrich comunicó la redefinición del cronograma de trabajo a raíz del retraso en el envío del proyecto laboral por parte del Poder Ejecutivo: este miércoles quedarán conformadas las comisiones de Trabajo y Previsión Social (que ella presidirá), Presupuesto y Hacienda, Minería y Ambiente; el objetivo es obtener dictamen el viernes luego de dos jornadas de exposiciones y debate.

La jefa de bancada anticipó que el oficialismo y sus aliados buscarán una mayoría operativa en comisiones para sostener el ritmo de tratamiento, en línea con la estrategia de llevar ambos proyectos al recinto el 26 de diciembre, una fecha inusual por la cercanía de las Fiestas. En ese marco, distintas señales públicas ubican al oficialismo explorando acuerdos con bloques dialoguistas (UCR, Pro y provinciales) para garantizar los dictámenes en tiempo y forma.

El plan del Senado se inscribe en el escenario abierto por las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo para este tramo de diciembre, con un temario que incluye —además— Presupuesto 2026 y paquetes tributarios y penales.

La Casa Rosada ya envió la reforma de la Ley 26.639 (Glaciares) al Senado, con argumentos orientados a “clarificar” el alcance de protección y reforzar el rol provincial; la discusión técnica y política sobre ese punto se dará en Recursos Naturales y Minería.

En cuanto a la reforma laboral, el Gobierno la presenta como una “modernización” de amplio espectro que ingresó por la Cámara alta, con cambios en contratos, licencias, tiempo de trabajo, negociación colectiva y régimen indemnizatorio, con el oficialismo procurando la aprobación antes de fin de año.

La CGT, otras centrales sindicales y la izquierda preparan protestas para este jueves 18.

De sostenerse el itinerario trazado por Bullrich —conformación de comisiones el miércoles, debate miércoles-jueves y dictamen el viernes— el Senado quedaría en condiciones de convocar la sesión para el 26 de diciembre, con dos proyectos de alto impacto en la agenda: la reforma laboral y la Ley de Glaciares.

En medio de las tensione entre el Gobierno nacional y la CGT por el comienzo del debate del proyecto de modernización laboral, la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (Seivara) fue atacada y el despacho del secretario general Cristian Jerónino -quien además es parte del triunvirato que conduce la central sindical- fue destrozado.

A poco de conocerse lo acontecido en Juan de Garay al 370 en el barrio porteño de San Telmo, el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo tituló un comunicado con “no nos van a amedrentar”. Además, catalogaron el hecho de ser “un hecho que nos retrotrae a viejas prácticas que creíamos superadas en nuestro país”.

Del mismo modo, acusaron que los responsables del hecho “no fueron identificadas”, pero señalaron que “resulta ingenuo creer que este hecho responde a un simple delito policial y no a un intento de amedrentamiento hacia todo el movimiento obrero en las vísperas de la movilización que se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre en defensa del trabajo y contra la reforma laboral”.

Desde el Congreso de la Nación, diferentes legisladores de Unión por la Patria salieron a repudiar lo sucedido. Una de las primeras fue la senadora bonaerense Juliana di Tullio, quien sintetizó que “el ataque a una sede sindical es un grave retroceso democrático”. “Repudiamos el ataque cobarde a la sede del sindicato del vidrio (SEIVARA) y nos solidarizamos con los trabajadores y su conducción gremial, Cristian Jerónimo. Exigimos un pronto esclarecimiento de los hechos”.

El ataque a una sede sindical es un grave retroceso democrático.

Repudiamos el ataque cobarde a la sede del sindicato del vidrio (SEIVARA) y nos solidarizamos con los trabajadores/as y su conducción gremial, Cristian Jerónimo.

Exigimos un pronto esclarecimiento de los hechos.

— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) December 15, 2025

Integrante de los diputados sindicalistas, Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria, agregó: “Mi más absoluto repudio al ataque sufrido en las oficinas del Sindicato del vidrio, con la clara intención de intimidar al secretario general y compañero Cristian Jerónimo ante la convocatoria a la movilización nacional contra la reforma laboral”. Luego, expresó: “Fuerza compañero y no nos van a doblegar”.

Desde el PJ de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Máximo Kirchner señalaron que “estos actos de intimidación se producen en el marco del avance del gobierno nacional sobre los derechos laborales y a días de la marcha convocada por la Confederación General de los Trabajadores”. El comunicado fue reposteado por la diputada nacional Vanesa Siley.

“Los intentos de intimidación a quien ha manifestado el rechazo a todos los puntos del proyecto de reforma laboral del FMI que defienden Sturzenegger, Bullrich y Milei son una muestra más de que no buscan debatir las condiciones de los trabajadores sino poner de rodillas e instalar el miedo entre quienes se opongan a la entrega, el ajuste y la flexibilización”, aseveraron.

MI SOLIDARIDAD CON EL COMPAÑERO CRISTIAN JERÓNIMO @JeronimoCOK.
Repudiando el criminal acto de amedrentamiento que sufrieron hoy por parte de encapuchados que ingresaron en el Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (@seivaraoficial) rompiendo todo.

Cristian Jerónimo…

— Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) December 15, 2025

Para el diputado Eduardo Valdés el ataque al sindicato "no es un hecho aislado", sino que se trata de "una señal de intolerancia y violencia política contra las organizaciones sindicales y los trabajadores. Es un mensaje de amedrentamiento contra quienes defienden derechos laborales y organizan a los trabajadores”.

El legislador advirtió que "cuando se naturaliza el odio contra los sindicatos, el paso siguiente es la violencia. Y eso pone en riesgo la convivencia democrática”. Además, sostuvo que “no hay democracia plena sin libertad sindical” y llamó al Gobierno nacional a condenar de manera explícita estos hechos y a garantizar la seguridad de las organizaciones gremiales. “Los sindicatos forman parte de la historia democrática argentina y han sido actores centrales en la construcción de derechos, justicia social y paz social”, subrayó.

El senador nacional Mariano Recalde (Unión por la Patria) criticó el proyecto oficial de modernización laboral y consideró que "hay que discutir una actualización, pero de una naturaleza totalmente distinta".

"No estamos mal por las leyes laborales, nunca las leyes laborales generan o destruyen empleo. Lo que genera actividad y necesidad de contratar empleados o despedir es la actividad económica, la política económica", subrayó.

En ese sentido, el legislador apuntó que "desde que asumió (Javier) Milei cerraron 19 mil empresas", pese a que hubo cambios laborales a través de la Ley Bases "que decían que iban a traer beneficios para que los empleadores puedan contratar".

En diálogo con radio La Red, el kirchnerista señaló que "el mundo va hacia menos horas de trabajo y más tiempo libre, va hacia más licencias parentales". "El trabajo de plataformas hay que discutirlo con otra mirada distinta a la que propone el Gobierno, que es que siga todo como está", agregó.

Sobre los sindicatos, Recalde dijo que "uno puede tener muchas discusiones sobre cómo funcionan, pero la solución no es destruirlos como propone esta ley".

"Vuelven con cosas muy viejas y muy sucias, que lo que buscan es abaratar el costo laboral a costa de los trabajadores. No hay nada nuevo en esta ley, lo único nuevo es el curro del Fondo de Asistencia Laboral", observó.

Sobre el FAL, el senador explicó que "del 18% que aportan las empresas al sistema previsional le sacan el 3%. Y con esa plata se van a pagar los despidos". "Los pequeños y medianos (empresarios) no son los que despiden; son las grandes empresas las que se van a beneficiar con que el Estado les subsidie los despidos", cuestionó.

Por su parte, opinó que una reforma laboral debería consistir en debatir sobre paritarias libres, disminución de la jornada de trabajo, incluir dentro del sistema formal a los trabajadores de plataformas, derecho de desconexión y modificación de las licencias parentales, entre otros puntos.

Inaugurado el período extraordinario el mismo 10 de diciembre, cuando se activó formalmente el recambio legislativo, los días siguientes estuvieron monopolizados por la disección dedicada al proyecto de Modernización Laboral finalmente presentado el jueves 11, pero no se aprovechó el resto de esa primera semana “extraordinaria” para activar las comisiones, como se había supuesto en un principio.

En efecto, a la hora de imaginar el cronograma elegido por el Gobierno, se sospechaba con toda lógica que entre el miércoles y el viernes se aprovecharía para poner en marcha la maquinaria legislativa al menos en Diputados, para dar cuenta en comisión del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, dos de los temas que monopolizarán la atención en la Cámara baja al menos este mes de diciembre. Con los dictámenes en la mano, se podría haber avanzado con la sesión entre el martes y el miércoles, y así arrancar el debate en el Senado ese mismo jueves.

Sin embargo sobre la marcha se supo del interés oficial de activar la Cámara alta ya no solo para la ley de leyes, sino aprovechar este período acotado de diciembre para avanzar con la reforma laboral. Una alternativa auspiciosa, en términos de uso intensivo de los recursos legislativos, pero complicada para cuando se la lleva a la práctica.

Ni se aprovechó la primera semana de extraordinarias para avanzar con el Presupuesto, ni se pudo arrancar con el debate laboral, como se había ilusionado Patricia Bullrich, que en modo “topadora” había amagado con dictaminar el mismísimo jueves 11 con semejante tema.

Así las cosas, toda la atención y actividad plena estará dedicada a esta semana que se inicia con un lunes en el que se comenzará a recuperar el tiempo ¿perdido? Será con sendas reuniones de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara baja, que sucederán este mismo lunes, con reuniones previstas para las 16, en el caso de la comisión que seguirá siendo encabezada por la ahora diputada de LLA Laura Rodríguez Machado; y las 17, cuando se ponga en marcha la de Presupuesto y Hacienda, que seguirá en manos de Bertie Benegas Lynch. En ambos casos serán reuniones constitutivas, en las que se fijarán las fechas para tratar los proyectos de Presupuesto y de Inocencia Fiscal, que se descuenta serán al día siguiente, directamente para pasar a la firma los dictámenes.

Está también el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una norma que establece que el Presupuesto Nacional deberá ser siempre equilibrado o superavitario, y que cualquier nuevo gasto o ley que implique erogaciones debe contar con financiamiento explícito y sustentable -tema que generará no poca controversia-, pero el texto no ingresó aún al Congreso.

La idea de La Libertad Avanza es que una vez cuenten con los dictámenes correspondientes, el martes 16, se lleve todo al recinto en sendas sesiones a realizarse el miércoles 17 y el jueves 18, o bien en una sola sesión maratónica el miércoles. En cualquier caso, los diputados quedarán ya el mismo jueves relevados por lo que resta del año: habrán cumplido su misión de diciembre y podrán pasar las fiestas tranquilos, a la espera de que el Senado haga lo suyo y ellos puedan irse tranquilos de vacaciones al menos la primera quincena de enero.

Lo que viene en el Senado

La Cámara alta tiene prevista una reunión de jefes de bloques para este martes 16 a las 11 de la mañana. Será en el Salón Gris, de la Presidencia de la Cámara, y allí prevén organizar el trabajo legislativo en el Senado para este período extraordinario. O al menos para lo que resta del mes, en semanas complicadas por los feriados de las fiestas, que caen sucesivamente miércoles y jueves.

Por lo pronto, este martes deberán ponerse de acuerdo con la integración de las comisiones. En principio, para el debate de la Modernización Laboral tendrán que armar Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social. En el primero de los casos, por el componente impositivo incluido en el texto del citado proyecto, y que ya ha generado reacciones críticas de parte de la oposición, que advierte que ese factor obliga a que el proyecto ingrese por la otra Cámara. Un tema que complica, en el que podría llegar a intervenir la Justicia, y que llegó a hacer pensar a muchos en una separación de ese componente para tratarlo en Diputados y evitar así inseguridad jurídica futura. Pero de momento eso fue dejado de lado.

Para las leyes que vienen de Diputados, se constituirá la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y de paso también se constituirá la de Minería, Energía y Combustibles, para cuando se aborde la reforma de la Ley de Glaciares.

Lo cierto es que este martes se hablará del debate de la Modernización Laboral, que el interbloque encabezado por José Mayans buscará extender el máximo posible, al reclamar la realización de reuniones informativas que el oficialismo a priori no quería conceder. Tendrá que hacerlo, pero al menos deberá conformarse con reducir el número de invitados: Unión por la Patria quiere un centenar; La Libertad Avanza aceptaría una treintena. Así las cosas, con un número más reducido de expositores se podría liquidar el trámite entre miércoles y jueves, para emitir dictamen el lunes venidero, ya en la previa navideña.

También podría pasar a la firma entre jueves y viernes, por la necesidad de que pasen siete días entre la emisión del dictamen y la llegada al recinto, que en todo caso quedaría reservada para el lunes y/o martes 29 y 30 de diciembre. Fechas en las que también tendrían que tratar el Presupuesto 2026, para convertirlo en ley. Es de imaginar que un doble debate de semejantes temas plantea un objetivo de máxima demasiado ambicioso, que tal vez llegado el momento exigirá moderar expectativas y dejar pendiente parte del debate para el regreso del receso, con una nueva convocatoria a extraordinarias que, inexorablemente, habrá para parte de enero y febrero.

Referente en temas laborales, la diputada nacional Vanesa Siley (Unión por la Patria) se manifestó en contra del proyecto de modernización laboral presentado por el Gobierno y sostuvo que "el pueblo tiene que expresarse en la calle y tensionar al Parlamento" para que no avance.

"Este tema está en manos del pueblo, por eso celebro la movilización del 18 (de diciembre)", dijo sobre la convocatoria de la CGT y las dos CTA, en rechazo a la iniciativa.

La legisladora aseguró que "el FMI le exige al Gobierno esta reforma, está escrito". "La quita de derechos laborales no generó ni va a generar nunca nuevos puestos de trabajo en el sector privado y en el público tampoco", advirtió.

Secretaria General de SITRAJU, Siley cuestionó: "El latiguillo del Gobierno es, como lo fue en los '90, 'si flexibilizamos las condiciones, es decir, si reducimos los costos laborales, se va a generar más empleo'. En el título IV y V de la Ley Bases hubo quita de derechos, esos títulos se llamaron 'modernización laboral', como se llama esta ley que acaban de presentar".

"A un año y medio después de la Ley Bases, ¿se generó más empleo registrado en la Argentina? No. Se perdieron 276 mil puestos de trabajo y 19 empresas. ¿Se piensan que los trabajadores nos vamos a creer de nuevo esa mentira?", se preguntó este viernes en declaraciones radiales.

Además, se expresó en contra de que se genere un enfrentamiento entre trabajadores formales e informales. "Si un trabajador que hoy no tiene derechos puede llegar a pensar que sacándole el parámetro de derechos al que sí los tiene va a estar mejor, se equivoca, va a estar mil veces peor", dijo.

La diputada de UP resaltó que lo que atraviesan los trabajadores es "la pérdida del poder adquisitivo", que provoca pluriempleo, el cual deriva en consecuencias para la vida.

Como contrapropuestas, Siley consideró que debería haber "una actualización del salario mínimo, por encima de la canasta básica". "El motor de la economía es el consumo y si no hay buenos salarios -y buena protección- nadie va a poder vender nada", observó.

También planteó "una reducción de la jornada laboral paulatina y esto es ponerse en sintonía con el mundo". Al recordar que durante el gobierno anterior propiciaron este debate (ella presidía la Comisión de Legislación del Trabajo), mencionó que "el actual secretario de Trabajo (Julio Cordero) era el representante de la UIA que vino a exponer en contra".

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió este viernes el proyecto de modernización laboral y sostuvo que "es una ley para llevar a los argentinos a la formalidad laboral; tiene su foco en las nuevas modalidades de trabajo, en los jóvenes".

"A veces hay sectores que quieren poner un poquito de miedo respecto de esto", contestó sobre las críticas de la oposición y resaltó que "las reglas laborales de hoy han expulsado a la gente al mercado informal, no es que venimos de Suiza". Sobre esto, agregó que los empleados no han contratado de manera formal "por la incertidumbre y los costos que tienen".

Además, el funcionario justificó que, pese a tocar temas impositivos, la iniciativa haya ingresado por el Senado y dijo que "hay antecedentes" de este tipo. "Es un proyecto de 200 artículos, de los cuales una decena tiene que ver con lo tributario, pero es todo subsidiario a la reforma laboral", expresó.

Durante una entrevista en radio Mitre, el ministro manifestó que "Argentina hace 10 años no crea empleo formal, ha ido expulsando a sus trabajadores de la formalidad y el 50% de los trabajadores son informales". "Los más perjudicados son las PyMEs y los jóvenes. Los jóvenes demandan modalidades laborales totalmente diferentes", insistió.

Respecto de los cambios sobre las vacaciones, Sturzenegger indicó que actualmente "te las tenes que tomar en un período muy particular del año", como es el mes de enero, y "hoy la gente pide algo más flexible". "(La modificación) es en beneficio del trabajador, es lo que están reclamando sobre todo los jóvenes", añadió.

"No se terminan las horas extra", aseguró en otro tramo de la entrevista y, sobre el banco de horas, explicó: "Es por si hay que quedarse dos horas más y el empleador te dice vamos a hacer dos horas más y no vengas el viernes a la mañana". "Así como hablamos de la flexibilización de las vacaciones, acá se trata de que también el empleador y el trabajador puedan diseñar una estructura más flexible", señaló.

Sobre las indemnizaciones, el ministro apuntó que "no se cambia el monto de la indemnización, sino que se da precisión para el cálculo", y aclaró que esto correrá para todos los trabajadores, no solo para los nuevos. "Estamos clarificando temas de la Ley de Contrato de Trabajo, que aplica para todos. Lo que es para los nuevos es el RIFL (Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral) y el FAL (Fondo de Asistencia Laboral)", sostuvo.

"En la comparativa internacional, (el de indemnizaciones) es uno de los regímenes más generosos que hay. Son pocos los países que lo tienen así. Lo que los empresarios nos decían es que no es un problema eso, o sea, pagar un mes por año que trabajó una persona, pero sí cuando se tiene algún de litigio, que hace pasar de los 5 años a 20 años, generando una incertidumbre respecto al despido", profundizó.

En ese sentido, Sturzenegger defendió que se busca "bajar esa incertidumbre". "Hemos tratado de tipificar bien el cálculo con el fin de evitar esos grises que dan margen para el litigio. Otro tema en el cual aparecía una incertidumbre muy grande es la tasa en la cual actualizas los juicios; vos tenes un juicio de hace 15 años y hay que traerlo a plata de hoy", indicó, señalando la discrecionalidad que quedaba a cargo del juez. "La ley estipula cómo se hace esa actualización de manera lógica", añadió.

También, el funcionario admitió que el FAL estará financiado por el Estado, ya que surge de “la baja del gasto y la motosierra que nos permite bajar impuestos”. "En el contexto de este proyecto de modernización laboral, el ministro de Economía dijo 'voy a poner parte de esta baja de impuestos al mercado laboral'. Eso va a implicar una baja de los impuestos al trabajo del 3%. El empleador los tiene que poner en un Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo de ahorro previo para hacer frente a las contingencias", explicó.

Y completó que "es plata que está poniendo el Estado, porque está bajando las cargas, le está bajando lo que pagaba el empleador. Hay una parte que el Estado no se lleva, y lo que no se lleva queda del empleador para hacer frente a esas contingencias judiciales y los despidos. También es una tranquilidad para los trabajadores".

Sobre el pago del salario en pesos, moneda extranjera, especie, habitación o alimentos, el ministro de Desregulación afirmó que "eso ya está en la ley; en esto no estamos innovando", y negó que vuelvan los tickets canasta.

Después de conocer el contenido de la reforma laboral y su ingreso temprano en Mesa de Entradas del Senado, el diputado nacional Esteban Paulón intimó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que retiren el proyecto de ley y sea ingresado por la Cámara baja. “Incluye reformas en cargas y contribuciones además de modificaciones en Ganancias e IVA”, señaló el legislador de Provincias Unidas.

Para el diputado santafesino esto fue un “mal arranque” porque consideró en la carta documento que la Cámara de Senadores “no puede ser cámara de origen para el tratamiento primario de tal proyecto puesto que el mismo posee materias -impositiva- que es competencia expresa de la Cámara de Diputados”. En ese sentido, Paulón invocó los artículos 52 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.

MAL ARRANQUE: LA REFORMA LABORAL DEBE IR A DIPUTADOS

Acabamos de intimar a @VickyVillarruel y @madorni para que retiren el proyecto de ley de Modernización Laboral y la presenten donde corresponde, @DiputadosAR
El proyecto incluye reformas en cargas y contribuciones además de… pic.twitter.com/cNHntL7SNR

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) December 11, 2025

Por tanto, aseveró que “la maniobra de presentar el proyecto en el Senado de la Nación en lugar de Diputados demuestra que no es interés del Poder Ejecutivo Nacional darle tratamiento urgente a la pretendida reforma laboral sino sólo sumar escollos, dimes y diretes legislativos que no contribuyen en nada al debate parlamentario”. En resumen, para Esteban Paulón “es humo”.

También cargó que el ingreso por Senado solo responde al “capricho” de Patricia Bullrich de “capitalizar” su posible aprobación. Luego, siguió: “Si de verdad quieren dar los debates que dicen querer dar, deben respetar a este Congreso de la Nación y utilizar los canales interpoderes que supimos construir a pesar de las diferencias políticas”.

La intimación del santafesino fue dirigida al jefe de Gabinete y a la titular del Senado para que en el plazo perentorio e improrrogable de 24 horas el proyecto de ley sea retirado de la Cámara alta e ingresado por Mesa de Entradas de la Cámaras de Diputados.

En el Senado reclamaron por lo mismo

Temprano, la senadora jujeña Carolina Moisés advirtió que “la Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político: son las reglas de juego que garantizan el equilibrio institucional de la República y el artículo 52 establece con claridad que las leyes relativas a impuestos deben tener origen en la Cámara de Diputados”.

Luego, remarcó que “cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir este procedimiento desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas, y puede anularse judicialmente el procedimiento”. De todos modos, en la Cámara alta Villarruel ya convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el próximo martes a las 11 con los jefes de todos los bloques en virtud del inicio del debate.

LA CONSTITUCIÓN NO SE NEGOCIA.

El proyecto de Reforma Laboral NO puede entrar por @SenadoArgentina.

El Gobierno ingresó hoy un proyecto que incluye cambios impositivos en IVA y Ganancias y derogaciones de leyes tributarias.

¿Y saben qué? Eso viola la Constitución. El artículo… pic.twitter.com/FQzlMOX1QY

— Carolina Moises (@CarolinaMoises) December 11, 2025

La Presidencia de la Cámara de Senadores convocó a los presidentes de bloques de ese Cuerpo a una reunión de Labor Parlamentaria para el próximo martes 16 de diciembre. La cita es a las 11 de la mañana, en el Salón Gris de esa Cámara.

La convocatoria se emitió este jueves por la mañana y tiene por objeto organizar el trabajo legislativo en el Senado para este período extraordinario. La primera tarea a la que deben abocarse es el armado de las comisiones, para lo cual el oficialismo ahora estará mucho mejor posicionado que lo que estuvo en 2024, cuando alcanzó una mayoría junto a aliados circunstanciales con los que suplió su endeblez numérica.

Ahora La Libertad Avanza cuenta con 21 miembros, considerando al cordobés Luis Juez, quien se sumó al oficialismo a modo “interbloque” este miércoles.

Entre esa bancada y Unión por la Patria, cuyo interbloque suma 28 integrantes, serán los más beneficiados en el reparto de las comisiones que corresponderá hacer a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.

Las comisiones que deberán ponerse en marcha este verano y para las que ya la vicepresidenta solicitó las nóminas sugeridas a los bloques son las de Presupuesto y Hacienda; Trabajo y Previsión Social; Justicia y Asuntos Penales; y Minería, Energía y Combustibles. En principio Ezequiel Atauche suena para seguir al frente de Presupuesto y Hacienda, en tanto que Patricia Bullrich estaría al frente de Trabajo, al menos para este período en el que se debatirá el proyecto de Modernización Laboral. Juan Carlos Pagotto continuaría también al frente de Justicia y Asuntos Penales, mientras que el neuquino Pablo Cervi estaría al frente de Minería, Energía y Combustibles.

Los temas que ingresarán por el Senado son, según ha trascendido, la modernización laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal de la Nación.

Para el debate de la Modernización Laboral el oficialismo había amagado con iniciar el debate este mismo jueves, pero la demora en la presentación del proyecto replanteó los tiempos. El inicio del debate en comisión arrancará entonces la próxima semana y para entonces se verá si pueden avanzar con rapidez al recinto, para alcanzar la media sanción antes de fin de año. Los feriados de las fiestas complican sin duda el cronograma.

El proyecto de ley de Modernización Laboral enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso introduce cambios en dos regímenes especiales: el trabajo a domicilio y el contrato para el personal de casas particulares.

El texto propone modificaciones puntuales en leyes vigentes para simplificar trámites y actualizar condiciones laborales en actividades que históricamente tuvieron regulaciones específicas. 

Trabajo a domicilio

El artículo 102 del proyecto sustituye el artículo 6° de la Ley N° 12.713 y establece un sistema único de registración:

“Los empresarios, intermediarios y talleristas que den trabajo a domicilio, deberán registrar a los trabajadores mediante su inscripción en los sistemas que la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) disponga a tal fin, sin que, a estos efectos, se les pueda exigir el cumplimiento de trámite adicional alguno ante otra autoridad”.

La norma aclara que esta inscripción será suficiente para cumplir con lo dispuesto por la Ley N° 24.013 sobre empleo, evitando exigencias adicionales. Además, el artículo 103 fija sanciones para quienes incumplan:

“El empresario, intermediario o tallerista que no se inscriba en los sistemas de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA)… será sancionado conforme los términos contenidos en el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales previsto en el Anexo II de la Ley Nº 25.212 y sus modificatorias”.

Casas particulares

El proyecto también modifica el régimen especial regulado por la Ley N° 26.844. El artículo 104 redefine el período de prueba:

“El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros SEIS (6) meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y sin generarse derecho a indemnización alguna con motivo de la extinción. El empleador no podrá contratar a un mismo empleado más de UNA (1) vez utilizando el período de prueba”.

El artículo 105 detalla derechos y deberes comunes para el personal con y sin retiro:

“Jornada de trabajo que no podrá exceder de OCHO (8) horas diarias o CUARENTA Y OCHO (48) horas semanales; descanso semanal de TREINTA Y CINCO (35) horas corridas a partir del sábado a las TRECE (13) horas; provisión de ropa y elementos de trabajo, que luego del período de prueba podrá cumplirse mediante el pago de una suma no remunerativa; alimentación sana y suficiente; y la obligación del empleador de contratar un seguro por riesgos del trabajo”.

También se establece que entre el cese de una jornada y el inicio de la siguiente deberá mediar una pausa no inferior a DOCE (12) horas para el personal con retiro.

En cuanto a la formalidad de los pagos, el artículo 106 dispone:

“El recibo deberá ser instrumentado de forma electrónica, emitido por el sistema que determine la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA). La documentación obrante en el banco o la constancia que éste entregare al empleador constituirá prueba suficiente del hecho de pago”.

Finalmente, el artículo 107 incorpora la actualización de créditos laborales:

“Los créditos demandados provenientes de las relaciones laborales reguladas por la presente ley serán actualizados y devengarán intereses en los mismos términos y condiciones previstas en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744”.

El proyecto de ley de Modernización Laboral redefine el régimen de despidos e indemnizaciones previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, con el objetivo declarado de dar previsibilidad a los costos laborales y habilitar mecanismos alternativos para el pago de compensaciones. La indemnización será de un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual, con topes basados en el convenio aplicable. Además, habilita a empleadores a constituir fondos de cese laboral para solventar dicha indemnización, y reafirma que esta compensación es la única reparación posible, excluyendo reclamos civiles paralelos. Se ajusta el régimen de preaviso y se mantienen las indemnizaciones especiales para supuestos de enfermedad, accidente o muerte del trabajador.

Indemnización por despido sin causa

El nuevo artículo 245 establece que, en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, se deberá abonar al trabajador:

“Una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”.

La norma precisa qué conceptos integran esa base: solo se considerarán las remuneraciones mensuales efectivamente devengadas y pagadas, excluyendo pagos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones o premios extraordinarios. Para los rubros variables (horas extra, comisiones, premios mensuales), se tomará el promedio de los últimos seis meses o del último año, el que resulte más favorable al trabajador.

El proyecto introduce un tope indemnizatorio:

“La base salarial no podrá exceder el equivalente a tres veces el importe del salario mensual promedio de las remuneraciones previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al trabajador al momento del despido”.

Ese tope será calculado por las partes del convenio y homologado por la autoridad de aplicación. Para trabajadores fuera de convenio, se aplicará el del establecimiento o el más favorable entre los convenios aplicables. Además, se fija un piso:

“En ningún supuesto la aplicación del tope podrá ser inferior al 67% de la remuneración mensual, normal y habitual calculada conforme a lo establecido”.

La indemnización nunca podrá ser inferior a un mes de sueldo y constituye la única reparación frente a la extinción sin causa del contrato. El artículo también habilita que, mediante convenio colectivo, se sustituya este régimen por un fondo o sistema de cese laboral, cuyo costo estará a cargo del empleador.

Contratos a plazo fijo

El artículo 95 regula el despido anticipado en contratos con fecha de vencimiento:

“El despido injustificado dispuesto con antelación al vencimiento del plazo convenido, dará derecho al trabajador a percibir las indemnizaciones que correspondan considerando, a ese solo efecto, la antigüedad que habría acumulado hasta la fecha de finalización del plazo originariamente pactado”.

Si la extinción se produce con preaviso y el contrato está íntegramente cumplido, se pagará lo previsto en el artículo 250.

Indemnización por muerte del trabajador

El artículo 248 mantiene el derecho a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247, que se distribuirá entre cónyuge o conviviente, hijos menores y mayores con discapacidad.

Fondo de Asistencia Laboral

Una novedad es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), regulado en el artículo 58. Este mecanismo busca garantizar el pago de indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la extinción del vínculo.

“Los Fondos de Asistencia Laboral se conformarán con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las contribuciones patronales con destino al SIPA”.

Cada empleador tendrá una cuenta individual, inembargable y de afectación específica, administrada por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores. Los recursos podrán aplicarse para cubrir pagos previstos en los artículos 95, 245 y otros vinculados a indemnizaciones por despido, preaviso e integración. La existencia o insuficiencia de fondos no limita la responsabilidad del empleador, que sigue siendo el único obligado al pago.

El proyecto aclara que este régimen no reemplaza el sistema indemnizatorio vigente, sino que lo complementa. Además, prevé beneficios fiscales para los rendimientos del fondo y una reducción de tres puntos en las contribuciones patronales para quienes cumplan con la obligación.

La reforma laboral propuesta tiene por objeto modernizar el régimen de empleo en Argentina a través de reglas claras y previsibles, que desalienten la judicialización y permitan el desarrollo de relaciones más ágiles y acordes a las dinámicas productivas actuales.

A través de distintos mecanismos, el proyecto apunta a reducir los costos laborales, promover la creación y formalización del empleo, incentivar nuevas inversiones y simplificar la carga administrativa.

1. Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 o Ámbito de aplicación. Se excluye de la aplicación de la ley, a los trabajadores independientes y sus colaboradores (conf. artículo 97 de la Ley 27.742) y a los trabajadores de las plataformas tecnológicas.

■  Principio de la norma más favorable al trabajador. Se limita el principio de “norma más favorable para el trabajador”, a la aplicación del derecho y no las cuestiones de hecho.

■  Interpretación y aplicación de la ley. Se elimina como concepto interpretativo para la aplicación de la ley, la “justicia social”.

■  Acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios. Se prevé, con el fin de reducir la judicialización, que la homologación de los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios celebrados ante autoridad judicial o administrativa les otorga “autoridad de cosa juzgada”.

■  Aplicación analógica de las convenciones. Se elimina la aplicación analógica de las convenciones colectivas.

■  Antigüedad. Se aclara el alcance del cómputo de la antigüedad para la indemnización en el caso del trabajador que ingrese a trabajar con un empleador anterior. Esto, a fin de evitar que se abone dos (2) veces por el mismo período de servicios.

■  Jornada reducida. La reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones vigentes en la materia, o se encuentre estipulado en los contratos individuales, Convenios Colectivos de Trabajo u otros acuerdos colectivos celebrados con la representación sindical en la empresa. Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base a promedio, de acuerdo con las características de la actividad, siempre y cuando se respeten los descansos mínimos entre jornada y jornada de 12 horas y de descanso semanal de 35 horas. Asimismo, se podrá utilizar el banco de horas de modo de compensar la mayor jornada de algún día con la menor de otro, siempre y cuando no se supere el máximo legal de la jornada semanal.

■  Gratuidad. Se dispone que, en los casos de "pluspeticiones inexcusables", las costas serán soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante.

■  Solidaridad. Se limita, a través de diversas disposiciones del proyecto, la extensión de la solidaridad entre una empresa usuaria y la principal; entre empresas subordinadas o relacionadas; y entre el adquirente y transmitente. En este último caso, únicamente respecto de la información oculta o viciada que no deba ser conocida como consecuencia de una debida diligencia.

■  Limitación a elecciones gremial del trabajador eventual. Se prevé que el trabajador eventual no puede ser candidato o designado en cargo gremial alguno.

■  Registración. Se simplifican las disposiciones referidas a la registración y libros de los trabajadores y se dispone que no podrán exigirse requisitos de registración adicionales a los dispuestos por ARCA.

■  Formación profesional. Se mantiene el principio vinculado a la promoción profesional yla formación del trabajo y se crea, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, el “Programa de Formación Laboral Básica” con el objeto de garantizar el desarrollo de las competencias mínimas necesarias para la incorporación al mundo laboral de las personas que por diversas situaciones no hubieran podido adquirirlas. También se eliminan las referencias a las organizaciones sindicales.

■  Remuneración. Se definen con la mayor precisión posible los conceptos que integran la remuneración a los efectos de reducir el margen de conflictividad respecto a los rubros que deben ser tenidos en cuenta para el pago de las indemnizaciones.

En este sentido:

a) Beneficios sociales.

➔  Se aclara que los beneficios sociales no podrán ser considerados "salarios en especie".

➔  Se dispone expresamente que no corresponde el pago de aportes ni contribuciones a la seguridad social ni de contribuciones patronales o aportes del trabajador, sobre los beneficios sociales.

➔  Se define con criterio más estricto que el actual, los conceptos que componen los beneficios sociales (e.g. servicios de comedor dentro del establecimiento del empleador o en establecimientos cercanos durante la jornada laboral contratados por empleador o los planes médicos integrales otorgados en especie o las diferencias de pago de las cuotas de dichos planes).

b) Propinas. Se aclara (en línea con las reformas ya realizadas por el Gobierno) que las propias no serán consideradas como remuneración.

c) Componentes retributivos dinámicos. Se habilita a que, mediante negociación colectiva, se puedan incorporar por arriba de los salarios otros componentes retributivos dinámicos adicionales considerando para ello, tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización.

d) Formas de pago. Se habilita el pago del salario en moneda nacional o extranjera.

e) Prestaciones complementarias. Se amplían y define con mayor precisión las excepciones a las prestaciones complementarias que integran la remuneración del trabajador.

■  Vacaciones. Se habilita la posibilidad de convenir el goce de las vacaciones fuera del período determinado en la ley y el fraccionamiento de las vacaciones siempre y cuando se respete un mínimo 7 días.

■  Banco de horas. Se habilita a las partes a que acuerden voluntariamente un “régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo” siempre que se respeten los descansos mínimos legales (entre jornada y jornada y de descanso semanal) y se asegure la protección, el beneficio e interés del trabajador.

■  Licencias por enfermedad. Se especifican los requisitos para acreditar la incapacidad.

Se establece la exigencia de que los certificados médicos contengan diagnóstico, tratamiento y cantidad de días de reposo. Además, se prevé que éstos sean emitidos por profesionales médicos habilitados.

Se regula la existencia de una junta médica para los casos de discrepancia entre los profesionales.

■  Reincorporación ante accidente o enfermedad con disminución definitiva. Se mantiene la obligación del empleador de sostener el empleo al trabajador que presente una disminución definitiva como consecuencia de accidente o enfermedad, pero se habilita la reducción del salario para que sea acorde a las nuevas condiciones de categoría y jornada.

■  Reserva de empleo para trabajadores electivos. Se elimina la obligación de reserva del empleo a los trabajadores que asumen cargos electivos.

■  Preaviso. Se elimina la obligación del empleador de preavisar durante el período de prueba.

■  Extinción del trabajo por mutuo acuerdo. Se agrega como causal de extinción por mutuo acuerdo en contratos de prestaciones continuas y permanentes, el transcurso del tiempo -dos (2) meses- sin que alguna de las partes haya manifestado su voluntad de continuidad.

■  Indemnización. Se mantiene la regla general según la cual, la indemnización en caso de despido sin justa causa luego de transcurrido el período de prueba es el monto equivalente a “1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”.

A los fines de dar certidumbre a las relaciones laborales, se define:

1. a) Remuneración. La devengada y pagada en cada mes calendario, por cuanto no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual, etcétera.
2. b) Habitual. Aquellos conceptos devengados como mínimo seis (6) meses en el último año aniversario.
3. c) Normal. En el caso de conceptos variables como ser premios mensuales, horas extra, comisiones, etc., el promedio de los últimos seis (6) meses, o del último año si fuera más favorable al trabajador.

Se establece de forma explícita que esta será la única reparación procedente en materia de indemnización por extinción de la relación laboral sin causa, por lo que no procederán reclamos de daños y perjuicios. Estos solo procederán cuando exista un daño autónomo y distinto al despido debidamente probado.

■  Actualización. Se da claridad y certidumbre respecto de la actualización de los créditos laborales.

■  Limite al reclamo. Se prohíbe la posibilidad de reclamar hacer reclamos de daños y perjuicios por fuera de las reglas de la Ley de Contrato de Trabajo y a través del Código Civil y Comercial de la Nación.

 

2. Fondos de Asistencia Laboral (FAL)

Se dispone la creación de los “Fondos de Asistencia Laboral” destinados a favorecer el cumplimiento de las indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado.

Así, entre otras cosas se prevé que:

1. a) Los FAL deberán ser creados como un patrimonio separado, de afectación específica, independiente, inajenable e inembargable, en uno de los fondos administrados por una de las entidades habilitadas a tal fin por la CNV, a elección del empleador.
2. b) Las cuentas de los Fondos de Asistencia Laboral se conformarán con una contribución mensual obligatoria del tres por ciento (3%) de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino. Asimismo, serán recursos del FAL las contribuciones voluntarias del empleador, los rendimientos de sus inversiones, donaciones, y cualquier otro ingreso autorizado.
3. c) Los empleadores incluidos en el presente régimen, excepto por las relaciones laborales previstas en el régimen de nuevo empleo y mientras persista el efecto de este, tendrán el beneficio de computar una alícuota reducida en tres puntos porcentuales respecto de la que resulte vigente en concepto de contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias.

 

3. Modificaciones a las Leyes 18.345 y 25.877

■  Obligaciones de los jueces laborales de seguir los precedentes de la CSJN.

■  Prohibición a los magistrados de la Cámara Nacional del Trabajo a dictar normas de superintendencia. Se establece que los criterios para resolver causas judiciales sólo podrán ser definidos por vía de sentencia plenaria.

■  Impulso procesal. Se modifica la Ley 18.345 a los efectos de prever el principio de impulso del proceso judicial a cargo de las partes.

■  Ofrecimiento de prueba. Se establece que, al igual que en el proceso civil y comercial, se deberá ofrecer la prueba en conjunto con la demanda.

■  Recusación sin causa. Se habilita la recusación sin expresión de causa de los jueces laborales, secretario, árbitros y peritos, al igual que en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

■  Excepciones de previo y especial pronunciamiento. Se establece que, en conjunto con la oposición de la excepción, deberá ofrecerse toda la prueba referida a ella.

■  Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. Se establece que la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta que se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias a la CABA.

■  Huelga y los servicios esenciales o actividades de importancia trascendental. Se insiste con la reforma dispuesta por el Decreto 70/23 respecto al derecho de huelga y sus limitaciones en materia de servicios esenciales o actividades de importancia transcendental.

■  Eliminación de la competencia del fuero laboral en las causas que involucran al Estado Nacional. Se establece que será el CAF el fuero que entienda en esas causas.

 

4. Modificaciones al Régimen de Casas Particulares

■  Período de prueba. Se extiende de treinta (30) días a seis (6) meses.

■  Recibo. El recibo deberá ser en forma electrónica

■  Constancia bancaria. La constancia bancaria constituirá prueba suficiente.

 

5. Régimen de Servicios Privados de Reparto y Movilidad de Personas que utilizan plataformas tecnológicas

Se prevé un régimen específico a los efectos de establecer reglas adecuadas para promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas asegurando la independencia de los prestadores de servicios de movilidad de personas y/o reparto.

 

6. Modificaciones a la Ley 14.250 sobre Convenios Colectivos

■  Ultraactividad. Se termina esencialmente con el principio de la “ultraactividad de los convenios colectivos”. En este sentido, se establece que un convenio cuyo término estuviere vencido, solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue. El resto de las cláusulas (obligacionales) mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes.

■  Suspensión de las cláusulas normativas. Además de lo anterior, la reforma prevé que, de oficio o a petición de parte, la autoridad administrativa podrá decretar la suspensión de las cláusulas normativas se hallaren vigentes sólo por ultraactividad hasta tanto la comisión paritaria concluya su cometido, cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población.

■  Prelación de los convenios colectivos. Se prevé un cambio sustancial en las reglas de prelación de los convenios colectivos. En este sentido, se establece que:

1. a) Los convenios de ámbito mayor no pueden modificar ni disponer contenido de los convenios de ámbito menor; y,
2. b) Un convenio de ámbito menor prevalece frente a otro de ámbito mayor, anterior o posterior (actualmente, el posterior, cualquiera sea el ámbito, prevalece sobre el anterior en caso de que sea favorable para el trabajador).

 

7. Modificaciones a la Ley 14.250 sobre Asociaciones Sindicales

■  Límite a realizar Asambleas. Se dispone el deber de la asociación sindical de contar con autorización previa del empleador para la celebración de una asamblea tanto donde se realizará el horario y el tiempo de su duración y en caso de que se realice dentro del establecimiento deberá requerir autorización respecto del lugar. Además se aclara que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma

■  Infracciones graves. Bloqueos de empresa. Se dispone, en línea con el DNU 70/23, entre las conductas prohibidas y consideradas infracciones muy graves, provocar el bloqueo o tomar un establecimiento.

■  Sindicatos de empresa. Se facilita el procedimiento para la obtención de personería gremial de los sindicatos de empresa.

■  Límite de horas. Se limita a diez (10) horas, el crédito para el ejercicio de las funciones de los delegados del personal.

■  Tutela sindical. Se regula con mayor precisión los límites a la tutela sindical.

 

8. Modificaciones a la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 27.348

Se incorpora, para aquellas jurisdicciones provinciales que hayan adherido, conforme el artículo 4 de la Ley, la obligación expresa a la “Tabla de evaluación de incapacidades laborales” y se prevén reglas uniformes para su aplicación.

 

9. Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral -Nuevo Empleo- (RIFL)

Se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por un (1) año, destinado a los empleadores del sector privado con el objeto de fomentar el nuevo empleo.

Sus notas principales son:

1. a) Beneficios. Alícuota del dos por ciento (2%) por contribuciones patronales al SIPA, FNE y RNAF. En todos los casos, aplicable para los cuarenta y ocho (48) primeros meses del inicio de nueva relación laboral.
2. b) Condiciones para gozar de los beneficios:

➔ Trabajador: i) no haya contado con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025; o (ii) previo al mes de alta laboral, hubiera estado desempleado en los últimos seis (6) meses; o (iii) hubiera estado inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes; o (iv) su último empleo haya sido bajo relación de dependencia en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

➔ Incremento: que la incorporación implique un incremento neto de la nómina de trabajadores. Para ello se calcula la diferencia de trabajadores entre el promedio de los 6 meses anteriores a la vigencia de la ley y el mes devengado en que se imputa el beneficio.

c) Impedimento. No se pueden usar los beneficios respecto de trabajadores que hayan sido declarados en el Régimen General de la Seguridad Social y, luego de producido el distracto laboral, sean reincorporados por el mismo empleador dentro de los 12 meses desde su desvinculación.

d) Empleadores excluidos. Los inscriptos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL); y los que incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio (sustituciones de personal).

e) Beneficios sociales: Los trabajadores que gocen de planes de asistencia social no perderán dicho beneficio durante el primer año de la relación laboral.

 

10. Beneficios al Empleo ya Registrado -Stock-

Se establecen beneficios aplicables al stock laboral del empleo actual.

En este sentido:

a) A partir del mes siguiente a la promulgación de la ley se reducen las contribuciones para el funcionamiento de obras sociales, a cargo del empleador de un seis por ciento (6%) a cinco por ciento (5%).

b) A partir del mes siguiente a la promulgación de la ley se reducen las contribuciones patronales con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social INSSJ, Fondo Nacional de Empleo, SIPA y Régimen de Asignaciones Familiares de la siguiente manera:

- Del veinte coma cuarenta por ciento (20,40%) al diecisiete coma cuarenta por ciento (17,40%) para los empleadores de los sectores “servicios” y “comercio”, siempre que sus ventas totales anuales superen los límites para la categorización como empresa mediana tramo 2 (Resol. SEPyME N° 220/2019); y - Del dieciocho por ciento (18%) a quince por ciento (15%) para el resto de los empleadores del sector privado.

 

11. Promoción del Empleo Registrado (PER)

A los efectos de promover el empleo registrado:

a) Se prevé la posibilidad de regularizar relaciones laborales no registradas o deficientes, extinguiendo sanciones, deudas y acciones penales.

b) Se conceden condonaciones parciales de capital e intereses.

c) Se otorga reconocimiento previsional de hasta 60 meses a trabajadores regularizados y fijan parámetros de planes de pago.

 

12. Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI)

Se crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) con el objeto de incentivar las medianas inversiones nacionales y extranjeras, promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios; y favorecer la creación de empleo.

Entre los beneficios se destaca la amortización acelerada en el IG y devolución anticipada del IVA aplicable a las inversiones.

 

13. Modificaciones a leyes impositivas

■  Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se reduce la alícuota aplicable a la provisión de energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial.

■  Impuesto a las Ganancias. Se eliminan los 2 Impuestos cedulares (inmuebles y renta financiera, excepto monedas digitales), eximiéndose las ganancias que hoy tributan bajo dichos regímenes, y se reducen las dos alícuotas máximas de la escala aplicable a personas jurídicas. Asimismo, se incorporan exenciones aplicables sobre la renta proveniente de los intereses generados por depósitos a plazo fijo en moneda extranjera, así como sobre la renta originada en el alquiler de inmuebles destinados a casa-habitación.

■  Valuación de hacienda de invernada. Se modifican los parámetros para acompañar el ciclo de vida del ganado, postergando la valuación de mercado al ejercicio de su realización.

■  Actualización de quebrantos: Se admite la actualización por IPC de quebrantos generados a partir de periodos fiscales iniciados a partir del 01/01/2025.

 

14. Reducción de la carga tributaria

■  Impuestos internos. Se eliminan los impuestos internos a:

a) Objetos suntuarios.

b) Automotores, motos, aeronaves y embarcaciones.

c) Servicios de telefonía celular y satelital.

d) Seguros.

e) Servicios de Comunicación audiovisual.

f) Entradas a espectáculos cinematográficos.

g) Videogramas grabados.

INLEG-2025-136819284-APN-PTE (1)

Si bien la prioridad para este mes de diciembre es el Presupuesto 2026 (más la ley de inocencia fiscal), el Gobierno quiere mantener activas ambas cámaras y aprovechar eso para que el Senado tenga participación también y no tan solo deba esperar la llegada de la ley de leyes para ponerse en marcha.

En ese sentido, se sabe de las intenciones de llevar el proyecto de ley de modernización laboral al recinto en esa cámara este mismo mes de diciembre, con la intención al menos de darle media sanción a esa reforma clave.

No será fácil pero el tema ya le ha sido encomendado a la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien viene desarrollando en las últimas semanas una ultraactividad notoria en sus nuevas funciones. Tan es así que se le ha pedido que se haga cargo también de la comisión encargada del tema: la de Trabajo y Previsión Social. Una comisión que encabezaba hasta la renovación parlamentaria la cordobesa del Pro Carmen Álvarez Rivero, quien se pasó a La Libertad Avanza recientemente. No sería un buen mensaje para quien ha sido tan fiel al Gobierno de Javier Milei correrla de la comisión que presidía hasta ahora, pero el argumento utilizado sería que la medida es momentánea y a los efectos de aprovechar el conocimiento que en materia laboral tiene Bullrich (recordemos su paso por la cartera laboral en los 2000) para este fin inmediato. El año que viene, Álvarez Rivero ya retornaría a esa función.

No es habitual que quienes presiden bloques lo hagan también en las comisiones, pero La Libertad Avanza tuvo que hacer excepciones durante esta gestión, puesto que Ezequiel Atauche debía estar al frente también nada menos que de Presupuesto y Hacienda, en función de los pocos senadores que eran del oficialismo hasta ahora. Una condición que súbitamente LLA ha solucionado, pero utilizarán igual el antecedente en la emergencia.

La intención oficial era aprovechar esta semana para arrancar con el debate laboral en comisión. Este mismo jueves, en lo posible, cuestión de emitir un dictamen “exprés” y llevarlo al recinto el jueves venidero. No es lo que quiere Unión por la Patria, que reclama una “ronda de expositores”. Habrá roces con el oficialismo si eso  no sucede, que si se garantiza los votos con sus eventuales aliados, LLA ignorará.

Todo dependerá, obviamente, de cuándo ingrese el proyecto. Porque hasta ahora circuló un borrador del que todos los medios se hicieron eco, pero la realidad es que el texto concreto todavía no está. Se esperaba que se conociera al final de este martes, para que ingresara a Mesa de Entrada del Senado este miércoles. La espera continúa y las versiones de cambios están a la orden del día, de modo tal que el eventual tratamiento del tema en el Senado queda en veremos. “Todos los cálculos se deberán hacer una vez el texto esté ingresado”, aclaró a parlamentario.com una fuente oficialista de la Cámara alta.

Tal cual había adelantado el viernes pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo publicó este martes en el Boletín Oficial la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Lo hizo a través del decreto 865/2025, que establece como período de sesiones extraordinarios el comprendido entre los días 10 al 30 de diciembre del presente año.

El decreto consta de tres artículos y lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se remite allí a asuntos comprendidos en un anexo en el que se detallan los temas a tratar en extraordinarias, a saber:

1. Proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026.
2. Proyecto de ley de Inocencia Fiscal.
3. Proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
4. Proyecto de ley de Modernización Laboral a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.
5. Proyecto de ley de Reforma del Código Penal a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.
6. Proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial - Ley Nº 26.639 a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.

De todos estos proyectos, el Presupuesto 2026 ya se encuentra en el Congreso de la Nación, donde alcanzó dictamen, pero ese trámite deberá volver a empezar, ya que la composición de la Cámara ha variado.

También el proyecto de Inocencia Fiscal fue remitido el 5 de junio al Congreso, donde nunca fue tratado ni siquiera en comisiones. La iniciativa propone actualizar los montos previstos para las multas y reformula el régimen de prescripción, al establecer la posibilidad de reducir el plazo de prescripción tributaria a tres años en aquellos casos en que la declaración jurada haya sido presentada en término y no se verifiquen diferencias significativas.

En un segundo capítulo, establece modificaciones al Código Civil y Comercial con el objetivo de armonizar el régimen de prescripción en materia tributaria y de la seguridad social. Además, se incorpora la posibilidad de prever plazos reducidos en las leyes de previsión social, en condiciones análogas a las contempladas en materia impositiva.

En cuanto al Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, se trata de una norma que establece que el Presupuesto Nacional deberá ser siempre equilibrado o superavitario. No se autorizarán presupuestos con déficit, incluso en prórrogas presupuestarias. Así las cosas, cualquier nuevo gasto o ley que implique erogaciones, debe contar con financiamiento explícito y sustentable; de lo contrario, será nula de nulidad absoluta.

La norma establece la prohibición de emisión para gasto: se veta la emisión monetaria para financiar el déficit o gasto público, cerrando el acceso a fondos del Banco Central con ese fin.

En cuanto a la modernización laboral y la reforma del Código Penal, son proyectos que deben ser todavía enviados al Congreso, lo mismo que la modificación de la Ley de Glaciares.

El Gobierno entró en la etapa final de elaboración del proyecto de ley de Modernización Laboral, un texto de casi 200 artículos que reescribe buena parte de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y que, según fuentes oficiales, será enviado al Congreso la próxima semana. La iniciativa, que comenzó a circular en despachos parlamentarios y que este medio revisó en detalle, propone cambios estructurales en el régimen laboral argentino, desde la definición misma de trabajo hasta el sistema de indemnizaciones, pasando por nuevas modalidades contractuales, regulaciones sobre registro y un nuevo esquema financiero para cubrir despidos.

El articulado —extenso, técnico y de impacto transversal en la normativa vigente— se presenta como un intento de “modernizar un régimen pensado para 1974”, según suelen explicar en el oficialismo. La premisa aparece expresada también en el corazón del texto, que redefine el concepto central del sistema: “Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”, señala el nuevo artículo 4°, con un agregado conceptual: “El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre”. 

Redefinir el alcance de la ley

Uno de los cambios más discutidos internamente es el nuevo artículo 2°, que establece el ámbito de aplicación de la LCT. La propuesta excluye explícitamente a empleados públicos, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, contrataciones civiles y comerciales, trabajadores independientes y trabajadores de plataformas digitales, “conforme la regulación específica”. La redacción abre la puerta a un debate sobre la frontera entre trabajo dependiente y autónomo, y plantea una intención oficial clara: reducir la presunción de relación de dependencia allí donde existan otras formas de contratación.

En la misma línea, el artículo 23 limita la presunción de vínculo laboral cuando existan facturas o recibos correspondientes a contratos de obra o servicios profesionales. El Gobierno considera que esta precisión es clave para “dar seguridad jurídica a la contratación moderna”.

La reforma otorga un rol central a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), nuevo organismo recaudador creado por el Ejecutivo, que pasa a unificar la registración laboral. El artículo 52 establece que los empleadores deberán registrar trabajadores “ante la ARCA”, y que esa registración será suficiente “a todos los fines”, evitando requisitos adicionales de otros organismos.

El Ejecutivo interpreta esta modificación como una simplificación; los sindicatos, como una recentralización que desplaza la capacidad de fiscalización del Ministerio de Trabajo.

El proyecto incorpora también la posibilidad de digitalizar libros y recibos, y redefine la entrega de certificados de aportes al momento de la desvinculación, permitiendo su cumplimiento de manera enteramente digital.

Indemnizaciones: un régimen con topes

Uno de los capítulos más extensos y políticamente sensibles es el que rediseña el sistema de indemnizaciones.

Dice el proyecto: “En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso y luego de transcurrido el período de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”.

Se entiende como remuneración, a estos fines, la devengada y pagada en cada mes calendario, por cuanto no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual, etcétera. Se define como habitual, a estos fines, aquellos conceptos devengados como mínimo seis meses en el último año aniversario.

Así lo establece el artículo 245, que propone una nueva fórmula de cálculo, basada en la “mejor remuneración mensual, normal y habitual”, pero delimita los conceptos considerados habituales y fija un tope equivalente a tres veces el salario promedio del convenio correspondiente. A la vez, establece un piso: la indemnización nunca podrá ser inferior al 67% de esa base teórica.

El texto también habilita alternativas al régimen tradicional. “Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará a cargo del empleador”, indica el proyecto. Esta posibilidad abre el camino para un esquema similar al de la construcción, donde el empleador aporta mensualmente y evita la indemnización final.

Ese esquema se profundiza con el Título II, que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Su objetivo es coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones derivadas de despidos y preavisos. El fondo se financia con una contribución del 3 % mensual sobre la masa salarial y se administra como “un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica”. El empleador podrá usarlo para cubrir total o parcialmente las liquidaciones finales, pero la responsabilidad por el pago al trabajador seguirá siendo exclusiva del empleador.

Desde el Gobierno lo presentan como “una herramienta para darle previsibilidad al sistema”, mientras que sectores sindicales lo ven como “la antesala de la eliminación progresiva de las indemnizaciones”. 

Beneficios sociales, modalidades y remuneración

El capítulo de remuneración no solo redefine los conceptos remunerativos sino que vuelve a establecer con claridad qué no es salario. Los “beneficios sociales”, como reintegros médicos, ropa de trabajo, cursos, guardería o servicios de alimentación, se consideran conceptos no remunerativos y no pagan cargas sociales. El artículo 103 bis es explícito: “En ningún caso corresponderá el pago de aportes ni contribuciones a la seguridad social”.

También se habilita, mediante el artículo 104 bis, que empleadores y trabajadores pacten “componentes retributivos dinámicos adicionales”, fijos o variables, que no generarán derecho adquirido ni continuidad tácita. Para los especialistas en derecho laboral, esta disposición introduce flexibilidad salarial con una amplitud inédita.

En cuanto a modalidades, el proyecto reescribe el contrato a tiempo parcial, habilita la realización voluntaria de horas suplementarias y permite que los convenios colectivos fijen porcentajes máximos de personal bajo esta modalidad.

Además, introduce un artículo clave sobre bancos de horas, permitiendo que empleadores y trabajadores “acuerden voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, formalizado por escrito y con un sistema de control verificable. Para el oficialismo, esto apunta a “acomodar la jornada al siglo XXI”; para los sindicatos, representa “una desregulación encubierta de la jornada laboral”.

Enfermedades, certificaciones y control médico

Uno de los puntos donde el Ejecutivo buscó ser más preciso es el régimen de ausencias por enfermedad. El artículo 210 exige que los certificados sean “firmados digitalmente” a través de plataformas autorizadas, un cambio que busca reducir los conflictos por licencias médicas. En caso de discrepancia entre el médico del trabajador y el designado por el empleador, se convocará a una Junta Médica, pudiendo intervenir organismos privados “de reconocida solvencia técnica”.

El proyecto sustituye el artículo 276 y establece que los créditos laborales se actualizarán por el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa del 3 % anual. El Gobierno sostiene que la fórmula “equilibra el resguardo del crédito del trabajador con la previsibilidad para el empleador”, mientras que especialistas laborales advierten que la tasa podría quedar por debajo de la inflación real.

En materia judicial, el nuevo artículo 277 fija que los honorarios de primera instancia no podrán exceder el 25 % del monto de la sentencia y prohíbe pactos de cuota litis que superen el 20 %. También ordena que “todo pago se efectivizará mediante depósito en la cuenta sueldo del trabajador”. 

Una reforma integral que el Ejecutivo calificará como “histórica”

El Gobierno planea presentar el proyecto acompañado de un mensaje político fuerte: que se trata de la reforma más profunda del sistema laboral en medio siglo. En privado, funcionarios del área señalan que la intención es “ordenar un mercado laboral fragmentado, reducir la litigiosidad y potenciar el empleo registrado”.

Sin embargo, en los bloques opositores ya anticipan resistencia. El paquete toca intereses sindicales, empresariales y profesionales, y se superpone con debates preexistentes en el Congreso. Los gremios, por su parte, estudian el texto artículo por artículo: no descartan medidas de fuerza, pero esperan el envío formal para fijar posición.

Lo cierto es que, tal como está redactado, el proyecto de modernización laboral abre una discusión de enorme impacto político y económico. Y si, como prevé el Ejecutivo, se presenta la próxima semana, será uno de los debates más intensos de la agenda parlamentaria de fin de año.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reiteró que los temas que se tratarán en extraordinarias serán “principalmente Presupuesto, modernización laboral y reforma tributaria. En ese orden”. Y apuntó en ese sentido que “vamos a trabajar coordinados con el Senado para ir adelantando lo más rápido posible”. Contó que han iniciado recorridas en las provincias que definió como “el tour de la gratitud”, y no descartó que ello implique ir instalando la idea de la reelección.

Entrevistado en el canal TN, el riojano aclaró que todo lo que se dice en torno a los textos que debatirán los legisladores no es acertado, dado que los que hablan “no conocen la letra de los proyectos que va a mandar el Gobierno, ni nosotros lo conocemos”; al tiempo que resaltó la importancia de la ley de modernización laboral, dado que hay “ocho millones y medio (de personas) en la informalidad”.

Minimizó en ese sentido las críticas hacia el proyecto laboral, enfatizando que el mismo representa “un incentivo en el sistema para que esa gente pase a la formalidad. Los que tanto dicen defender a los laburantes deberían estar interesados en que pasen a la formalidad”.

Al preguntársele cuándo fue la última vez que se trató una reforma laboral, Menem citó a “la fallida del 2001”, y remarcó que “era muy chico yo”.

El presidente de la Cámara señaló que están trabajando en el proyecto de reforma laboral “Toto Caputo, la secretaria de Legal y Técnica, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, para llegar a una muy buena modernización para que la gente entre al sistema”.

Con todo, aclaró que “lo prioritario va a ser el presupuesto, pero vamos a ir trabajando en paralelo el resto”. Entre esas cuestiones está la reforma del Código Penal, respecto a lo cual Menem dijo que buscan “que los delincuentes tengan mayores penas para que la gente esté más segura en las calles”.

“Están terminando de definir (los proyectos), todavía no han ingresado, por lo que cualquier opinión es poco seria”, agregó.

Respecto del acuerdo anunciado con los Estados Unidos, Martín Menem dijo que “hay una coincidencia ideológica con (Donald) Trump en el rumbo”. A su juicio, “la gente vive mejor en este tipo de países; a los que abrazan las ideas del socialismo les ha ido mal”.

Por otra parte aseguró que “los viajes del presidente están rindiendo sus frutos; y en materia de inversiones es fenomenal… Tenemos que estar orgullosos del presidente que tenemos”.

Respecto de las negociaciones con los gobernadores, el presidente de la Cámara consideró que “en ningún momento se perdió la confianza” de los mismos, y atribuyó algunos cruces a “la previa electoral”. “Hay expresiones que se tensan un poco, pero todo vuelve después a la normalidad”.

“La confianza está instalada con los gobernadores; queremos seguir trabajando junto a ellos, queremos que la Argentina se encamine hacia un mismo rumbo y los gobernadores nos tienen que acompañar”, agregó en otro pasaje en el que destacó que el mensaje de las urnas “ha sido contundente”, y tomó como un dato en ese sentido que la semana pasada en Córdoba se haya anunciado una baja de impuestos.

Sobre el final, al ser consultado sobre la causa ANDIS en la que se lo ha involucrado junto a su primo Lule Menem, el presidente de la Cámara baja remarcó que “la justicia tiene que investigar sin intervención del poder político”, pero destacó que “el dictamen del fiscal no menciona a nadie, porque hay algunos periodistas pícaros que con toda mala fe tienen como un embarazo psicológico con los Menem, y el dictamen del fiscal no menciona nombres”.

Menem concluyó resaltando el “vínculo de trabajo y de confianza” constituido con Karina Milei, en el marco de la instalación del partido La Libertad Avanza en todo el país, y anunció que la semana pasada empezaron lo que definió como “el tour de la gratitud”.

“Sembramos la semilla de La Libertad Avanza y el 26 de octubre dio su fruto -apuntó-. En las elecciones conseguimos 64 de los 127 diputados que se eligieron, o sea la mitad más uno; y 13 senadores de 24, también la mitad más uno. Ahora empezamos una gira de agradecimiento, porque queremos seguir trabajando en las provincias, queremos que las provincias adopten esta agenda”.

Cuando Franco Mercuriali le preguntó si esa era una gira de campaña para la reelección, Menem la enmarcó en un intento de “agradecerle a la gente de todos los distritos”, y admitió: “Seguramente esa base será la que nos va a llevar a consolidar el proyecto del presidente, y seguramente vamos a trabajar para la reelección del presidente en 2027. No tengan dudas”.

El mercado laboral argentino enfrenta una situación de desigualdad nunca vista: el ingreso de los trabajadores informales alcanzó una distancia sin precedentes con respecto al de los formales, exactamente la mitad, a lo que se añade que casi el 50% de quienes cuentan con empleo se encuentra en modos precarios de trabajo y que solo el 32% de los trabajadores del sector privado poseen relación de dependencia (EPH).

¿Qué hacer cuando nuestra pobreza ha alcanzado récords históricos, los índices de desempleo son alarmantes, y lo mismo ocurre con las pérdidas de fuentes de trabajo formales? ¿Cómo recuperar la inserción laboral en el mercado formal de trabajo, siempre defendiendo los derechos de los trabajadores, representando una solución o atracción para los empleadores y buscando un consenso rápido y ágil de los distintos partidos políticos y de todos los actores involucrados?

Para dar respuesta a todas estas preguntas he presentado un proyecto de ley con el objetivo principal de promover la inserción laboral formal y reducir el desempleo en Argentina. El proyecto, que de convertirse en ley beneficiaría a 3.5 millones de personas y daría también un marco legal a los PPP provinciales, se basa en una modificación del régimen actual de contratos a plazo fijo al crear un marco jurídico con un nuevo tipo de contrato temporal para grupos específicos, como jóvenes en pasantías, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad, exintegrantes de las Fuerzas Armadas y personas en recalificación para nuevos oficios.

El proyecto también prevé incentivos para la contratación mediante reducciones temporales en cargas sociales para las empresas, especialmente beneficiosas para las PyMEs -el primer año solo se paga ART y obra social; el segundo, el 50% de las cargas sociales-, y ofrece asimismo contratos a plazo para jubilados con el objetivo de que, por su experiencia, capaciten a los nuevos empleados.

Con esta ley se esperan beneficios tan decisivos como la creación de más empleo formal, la inserción laboral de grupos vulnerables y la ya mencionada reducción de los costos laborales, todo ello salvaguardando los derechos laborales básicos, reduciendo a solo dos años los contratos temporales limitados (ahora se trata de cinco) y, por último, promoviendo la equiparación salarial de los beneficiarios de la ley con los trabajadores permanentes, por lo que a todas luces se trata de una iniciativa que moderniza la legislación laboral y promueve el empleo formal sin desproteger a quienes lo desempeñan.

El trabajo se ha transformado profundamente. Así, según un reciente informe de la BBC, solo se conserva el 1% de los puestos de trabajo que había a comienzos del siglo XX y alrededor del 65% de los niños que este año ingresaron a la escuela primaria trabajará en puestos laborales que aún no fueron creados. Pero no podemos pensar el futuro desatendiendo el presente. Sería irresponsable. Sería insolidario. Sería sobre todo profundamente injusto. Y legislar hoy a favor de la inserción laboral es el nuevo nombre de la responsabilidad y de la solidaridad. Ese es mi trabajo, ese es mi compromiso.