La diputada socialista dijo que no iba a “responder difamaciones”, valoró el trabajo hecho por Maximiliano Pullaro en la lucha contra el narcotráfico y se lamentó por “el dolor de los rosarinos”.
La emergencia en Rosario producto de la violencia narco era uno de los temas que desde la oposición querían también debatir en la sesión de este miércoles, que se cayó por falta de quórum. Sin embargo, varios legisladores hicieron referencia al drama que atraviesa la ciudad.
La diputada socialista Mónica Fein recordó que hay distintos proyectos presentados para declarar la emergencia en seguridad y, a continuación, dijo: “Tengo que hacer el esfuerzo para no contestar a difamaciones ni a mentiras”. Fue en alusión a las acusaciones que el presidente Javier Milei realizó contra las gestiones del Partido Socialista en Santa Fe y el avance del narcotráfico.
“Vengo a defender al pueblo de Rosario, que está encerrado en sus casas sin transporte público, sin clases hasta el día de ayer, con las estaciones de servicio cerradas y con cuatro familias más destruidas por las muertes de familiares asesinados”, expresó la legisladora.
La exintendenta de Rosario consideró que las organizaciones criminales “dejaron un mensaje a la política: mientras ustedes sigan peleándose, mientras sigan discutiendo tonterías, nosotros vamos a exigir ser los dueños de la ciudad y del país”.
Con la voz quebrada, la diputada lamentó “el dolor de los rosarinos y las rosarinas, los niños en sus casas encerrados”, lo cual la hace -afirmó- “venir acá a no contestarle al presidente de la República, sino exigirle que dé las respuestas que corresponden, que deje de mirar responsables, que haga lo que debe hacer un gobernante, que es darle respuestas al pueblo”.
“El Gobierno provincial está haciendo un gran esfuerzo, un gobernador (Maximiliano Pullaro) amenazado, una familia que tuvo que irse de la ciudad por las acciones que está llevando adelante para intentar controlar lo que era el call center desde las penitenciarias”, destacó.
Finalmente, reclamó que todas las fuerzas políticas aprueben prontamente la emergencia y agregó: “Le pido al presidente que no mire para otro lado y asuma su responsabilidad”.
Desde Unión por la Patria, Florencia Carignano -hablaron también sobre el tema sus pares Eduardo Toniolli, Diego Giuliano y Roberto Mirabella– enfatizó su apoyo a “la institucionalidad que está en jaque en la provincia de Santa Fe”, y remarcó que las bandas de narcotraficantes “están extorsionando todos los días al Gobierno provincial y a todos los santafesinos. Nosotros le decimos que no a eso”.
Pero aclaró que no estaban de acuerdo con las formas cómo se estaban llevando a cabo las cuestiones, ni que ese es un tema de un solo partido, pues ninguno ha podido solucionar esa situación. Por eso, reclamó al Gobierno provincial convocar a todas las fuerzas políticas “y dejar de sacar fotos que después tienen un vuelto, porque es muy inocente pensar que esa foto donde se veía a los presos y donde decía: ‘La van a pasar muy mal’, iba a pasar desapercibida”.
“No vamos a estar de acuerdo nunca en estas posiciones marketineras que tiene la ministra de Seguridad, que al no confiar en sus propias fuerzas de seguridad, llama a las Fuerzas Armadas”, advirtió y disparó contra Patricia Bullrich sosteniendo que había estado cuatro años al frente de la seguridad “y no solucionó nada”. Tras criticar enfáticamente la posibilidad de sumar a las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico, sostuvo que la situación imperante es “una consecuencia de las políticas que el Gobierno nacional está llevando a cabo”.
“¿O ustedes, ¿qué se creen? Que cuando el Estado se retira, ¿quién es el mercado en Rosario? El mercado en Rosario son los narcotraficantes. Entonces, si ustedes cortan la comida en los comedores y todos los programas que urbanizan los barrios más vulnerables y que dan un incentivo de vida, como los programas culturales, el mercado en Rosario en los barrios lo ocupa el narcotráfico”, alertó y sentenció: “Háganse cargo que esto es responsabilidad también de ustedes”.
En el marco de la que sería la primera sesión especial del período ordinario, hay intentos por sumar un tema de máximo interés por estos días.
La crisis de seguridad que se vive en la provincia de Santa Fe ha puesto a ese distrito en el centro de atención de todo el país. Y el Congreso, como caja de resonancia que es, no podía ser la excepción.
Es así que en las últimas horas se presentaron proyectos de ley para declarar la emergencia en seguridad ante la situación generada por la actividad de los narcos, y según pudo saber parlamentario.com, tratarán de debatirlos sobre tablas este mismo miércoles en el recinto.
Por parte del radicalismo, el diputado santafesino Mario Barletta presentó este lunes un proyecto de ley para exigir la declaración de emergencia en seguridad en la provincia de Santa Fe, hasta el 31 de diciembre de 2024, tras los asesinatos y la violencia callejera registrada en la ciudad de Rosario.
El texto señala que el plazo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por un año como máximo. También, propone fortalecer “la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado; la producción y tráfico de estupefacientes”. Y agrega que también está previsto para enfrentar “la corrupción de niños, niñas y adolescentes, terrorismo, las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, los delitos aduaneros, los secuestros extorsivos y la trata de personas”.
El proyecto fue acompañado con la firma de la vicepresidenta del bloque radical Karina Banfi y los diputados nacionales Julio Cobos, Gerardo Cipollini, Pamela Varasay, Soledad Carrizo, Roberto Sánchez y Francisco Monti.
El radicalismo pediría este miércoles tratar el tema sobre tablas, lo mismo que el socialismo, que también presentó su propio proyecto sobre el tema.
“Hace dos años que venimos pidiendo fortalecer la seguridad porque la situación en Rosario es insostenible, lo pudieron comprobar esta semana. La ciudad siempre combatió el problema en soledad y los recursos son insuficientes”, aseguró Mónica Fein, exintendenta de la ciudad y actual legisladora socialista.
El proyecto contempla la generación de un fondo especial, proveer tecnología y equipamiento acorde, y la creación de una Junta de Emergencia de Seguridad, integrada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad, Provincial, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe y cada una de las autoridades locales del Departamento Rosario. “Es fundamental que el comité de crisis también lo integre el Poder Judicial para trabajar mancomunadamente y coordinar las acciones”, fundamentó Fein.
A su vez la propuesta implica el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal, con la inmediata implementación en la jurisdicción de Rosario del nuevo Código Procesal Penal Federal, y la disposición por parte del Ejecutivo Nacional de los recursos necesarios para tal fin.
“En Santa Fe, siendo gobierno, impulsamos una reforma profunda de la justicia para juzgar más rápidamente a los responsables de la violencia y el terrorismo urbano. Así es como logramos condenar y meter presos a los cabecillas de las bandas narco. Este tema requiere seriedad.”, manifestó por su parte el otro diputado socialista, Esteban Paulón, también santafesino como Fein.
Cabe destacar que Rosario es una de las ciudades con mayor índice de violencia del país. En la última semana la ciudad fue blanco de asesinatos que tuvieron como víctimas a civiles en su ámbito laboral.
El proyecto presentado establece un “mecanismo más ágil y restrictivo” y plantearon tres escenarios modificatorios. Entre los argumentos señalaron que “en Argentina es más fácil legislar por DNU que por medio del Congreso”.
Mientras el mega DNU promovido por el presidente Javier Milei sigue vigente y hace pocos días comenzó a ser tratado en la Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso pese a tener los plazos vencidos para su tratamiento en comisión, los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein impulsan un nuevo marco regulatorio para que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
A través de la iniciativa, buscan que los DNU tengan un tratamiento “ajustado” a lo dispuesto por la Constitución Nacional y en base a un mecanismo “más ágil y restrictivo, evitando el exceso en la emisión de normas de carácter legislativo por parte del Poder Ejecutivo” para acelerar el proceso de ratificación o derogación de los decretos dictados por el Ejecutivo.
Además, plantean que la Comisión Bicameral Permanente esté integrada por 15 diputados y 15 senadores designados por el presidente de sus respectivas cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios, respetando la proporción de las representaciones políticas, actualmente se compone de 16 integrantes. “La presidencia y la vicepresidencia no podrán recaer en representantes de la misma Cámara ni de la misma fuerza política, y serán ejercidas en forma alternada correspondiendo un año a cada Cámara respectivamente”, agregan.
“Es inconcebible que aún en dos meses no se haya tratado el DNU que el presidente promovió en diciembre”, aseguraron y cuestionaron que “hoy en Argentina es más fácil legislar por DNU que por medio del Congreso. En el primer caso se necesita la aprobación u omisión de una sola de las cámaras. En el segundo, hay que lograr la votación afirmativa de Diputados y el Senado”. Al respecto, explicaron: “Esta reglamentación promovida por el kirchnerismo desde 2006 debe modificarse con urgencia”.
Los legisladores nacionales del Partido Socialista plantean tres escenarios modificatorios.
– En el caso de que un DNU no sea remitido en el plazo de 10 días de su dictado – plazo establecido en la Constitución Nacional- la norma queda declarada nula, derogándose cualquier efecto jurídico que pudiera haber generado.
– Si el DNU llega al Congreso a los 10 días de su promulgación, la Comisión Bicameral emite su dictamen en los siguientes 10 días, pero si éste no fuera tratado durante los próximos 30 días, el DNU queda derogado. En este supuesto se mantienen vigentes los efectos jurídicos que pudiera haber generado hasta esa fecha.
– Para el caso en que el DNU obtuviera dictamen en los plazos establecidos, dicho dictamen obtiene preferencia automática, por lo que el Congreso tendrá la obligación de tratarlo como primer punto del temario en la primera sesión posterior, sea esta ordinaria o especial.
Entre sus argumentos, destacaron: “Históricamente, el PS no ha acompañado la aprobación o dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia, votando en contra de incorporarlos a la Constitución Nacional, en ocasión de la Convención Constituyente de 1994”.
“Con este tipo de normas el Poder Ejecutivo asume potestades legislativas que no le son propias. Claro está que, a su vez, estamos frente a un gobierno nacional que en sus primeros pasos ha dado señales de tener un enfoque hiper presidencialista y con espíritu anti-republicano”, concluyó la diputada Fein.
Proyecto de Ley Modif Ley 26122 - Regulacion DNU y otros.docxPara Mónica Fein y Esteban Paulón lo que el presidente está haciendo es convocar a la firma “sin condiciones” de lo que definen como un “decálogo refundacional.
Los diputados del Partido Socialista Mónica Fein y Esteban Paulón fijaron su posición luego de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso por parte del presidente Javier Milei.
“El presidente dio un discurso sin soluciones inmediatas a la crisis que sufren a diario los argentinos”, señaló Fein. “Dejó en claro también que quiere gobernar desconociendo el rol del Estado y el Congreso, ajustando a los que menos tienen y destruyendo políticas públicas. Circo sin pan”.
Para Paulón, “el presidente no llama al diálogo, convoca a la firma sin condiciones a su decálogo refundacional. Él pone las condiciones, define el temario, escribe el documento, selecciona la locación y elige quien firma. Muy plural todo”.
Sobre esto, la presidente del PS destaca además que Milei “convocó a los gobernadores a firmar un pacto, sin consenso y con imposiciones. Es una clara extorsión que atenta contra el federalismo, la producción y el trabajo. El Congreso dará todos los debates, porque el camino es el diálogo y el respeto a la democracia”.
Respecto a la situación de jubiladas y jubilados, el diputado del Socialismo denuncia que “el presidente falta a la verdad: En la ley ómnibus no había ningún cambio a la fórmula, sólo su eliminación, arrojando a las jubiladas y jubilados a una situación de miseria aún peor de la que viven”.
También ambos legisladores rechazaron el cierre de la agencia oficial de noticias Télam.
El espacio centenario emitió un documento donde cuestionó las medidas del presidente Javier Milei. También, anticipó su postura respecto al DNU 70/2023.
La diputada nacional Mónica Fein (HCF – Santa Fe) fue reelecta como presidenta del Partido Socialista por dos años más. De este modo, liderará un comité ejecutivo nacional integrado por todas las corrientes internas del espacio.
En este 2024, el partido cumplirá 138 años de existencia en la política argentina, y de cara al inicio del 142º período de sesiones ordinarias, el Partido Socialista emitió un documento donde realiza diferentes cuestionamientos al presidente de la Nación, Javier Milei.
“Desde su asunción La Libertad Avanza ha tomado medidas que profundizan la crisis heredada, pulverizan la capacidad de compra de los ingresos y llevan a millones de argentinos a la exclusión”, aseveró el comunicado del Partido Socialista.
Del mismo modo, planteó que “son las mismas medidas que están llevando a la economía del país hacia una recesión de dimensiones aún incalculables y que repercutirá en la destrucción de puestos de trabajo y disminución de la actividad productiva en especial en pequeñas y medianas empresas”.
Con relación al trato del Gobierno con el Congreso, el comunicado indicó que “denigró el vínculo con el Parlamento, consolidó un modelo antifederal poniendo en el foco de sus ataques y recortes presupuestarios a los gobernadores (quienes tienen a su cargo garantizar la educación, la salid, la seguridad y la justicia), y destruyó los vínculos con los diversos sectores de la trama productiva, laboral y social del país”.
También, enfatizó que el DNU 70/2023 y la llamada ley ómnibus “reflejan el profundo desapego del presidente al diálogo, el consenso y los acuerdos”.
Así las cosas, el Partido Socialista planteó su preocupación por “el deterioro de la calidad democrática institucional impulsado desde el Ejecutivo nacional”. También, expresó su “claro y rotundo” rechazo al DNU 70/2023, “el cual debe ser derogado con urgencia”.
Enfatizó la defensa por la institucionalidad republicana, la división de poderes y el federalismo y remarcó su compromiso con la consolidación y ampliación de los derechos conquistados, convocando a construir una agenda progresista que incluya a las grandes mayorías nacionales.
Por otro lado, promueven la voluntad de impulsar una reforma fiscal y de modernización del Estado serio, y un plan nacional de desarrollo humano y productivo federal que haga especial énfasis en los pequeños y medianos productores.
Y también, la promoción de una agenda ambiental y de mitigación del cambio climático que garantice el cumplimiento de los compromisos internacionales y que proteja nuestros recursos para un desarrollo sostenible.
Finalmente, proponen un plan de crecimiento económico distributivo que permita atender las principales necesidades de la población, acompañando una agenda legislativa centrada en las preocupaciones de los amplios sectores sociales, científicos, educativos, del empleo y productivos que son “sistemáticamente afectados por las medidas tomadas por la Presidencia de la Nación”.
Desde el socialismo elevaron esta solicitud al Poder Ejecutivo. En febrero fue cerrada la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales.
A través de un proyecto de resolución, la diputada socialista Mónica Fein, señala que “hoy no existe certeza sobre lo que sucederá a futuro y sobre las chances de que las personas continúen recibiendo sus tratamientos”. La iniciativa es acompañada por el diputado Esteban Paulon.
La Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), bajo la órbita actual del Ministerio de Capital Humano, es una dirección que otorga subsidios para la adquisición de medicamentos o insumos médicos por razones de salud a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y sanitaria. A principios del mes de febrero, sin explicaciones ni comunicados oficiales que dieran cuenta de las razones por las cuales se llevaba adelante la medida, el Ministerio decidió cerrar la oficina de la DADSE, paralizando así la atención.
Si bien “luego de unos días y gracias a la fuerte presión de trabajadores y pacientes, la oficina reabrió sus puertas; familias y pacientes denuncian que está suspendido el circuito administrativo y que hace más de dos meses que no se entregan medicamentos”, denuncia Fein.
Según la cartera de Capital Humano, la suspensión está vinculada a irregularidades detectadas por la Auditoría Interna. “Más allá de las acciones que pudieran corresponder frente a la presencia de posibles irregularidades, hoy no existe certeza sobre lo que sucederá a futuro y sobre las chances de que las personas continúen recibiendo su tratamiento”, concluye la legisladora socialista.
La normativa incluye un bono extraordinario para familias beneficiarias de la Tarjeta Alimentar, destinado a cubrir la compra de útiles escolares.
Tras conocerse que la inflación de enero alcanzó el 20.6%, acumulando un 51.4% en dos meses, los diputados nacionales Mónica Fein y Esteban Paulón proponen aumentos en jubilaciones, asignaciones y bonos para beneficiarios de la Tarjeta Alimentar. El proyecto dispone una suba del 30%, retroactivo a febrero -con carácter remunerativo-, para los beneficios previsionales equivalentes hasta dos jubilaciones mínimas.
“El Estado nacional debe hacer los mayores esfuerzos para responder en forma prioritaria a las contingencias sociales, centrando la atención en las familias que se encuentran desocupadas o se desempeñan en la economía informal y en los jubilados y pensionados que integran uno de los sectores más empobrecidos de la Argentina”, aseguran.
La normativa incluye un bono extraordinario para familias beneficiarias de la Tarjeta Alimentar, destinado a cubrir la compra de útiles escolares. El beneficio iría de 40 mil hasta 100 mil pesos, de acuerdo a la cantidad de hijos.
“Estos son incrementos de emergencia para los sectores más vulnerables, los que están padeciendo el ajuste de Milei, el que impacta en el precio de alimentos, medicamentos, transporte y educación. Proponemos un incremento extraordinario de jubilaciones para recomponer en parte el poder de compra de las jubilaciones y pensiones, las que fueron recortadas en un 43% por efecto de la licuadora y la motosierra del presidente”, concluye Paulón.
Los diputados que integran el bloque de HCF se dirigieron al presidente de la Nación y le pidieron que “enfoque las energías en resolver los grandes desafíos de inflación, pobreza y recesión que enfrenta el país”.
Los diputados nacional Esteban Paulon y Mónica Fein, del Partido Socialista e integrantes del bloque Hacemos Coalición Federal, rechazaron las declaraciones “injuriantes” del politólogo Agustín Laje, que luego fueron avaladas en un reposteo por el presidente Javier Milei.
A partir de esto, los diputados santafesinos anunciaron que realizarán una presentación judicial en el Fuero Federal a los fines de solicitar que cite a ambos para que ratifiquen o rectifiquen sus dichos y, eventualmente, sustenten con pruebas lo que han denunciado de palabra.
“En 130 años de actuación en la vida política de Argentina, el Partido Socialista y sus dirigentes han demostrado enorme integridad y honestidad, no existiendo a la fecha denuncia alguna contra quienes han representado nuestras ideas desde el Parlamento y la función ejecutiva”, comunicaron desde la cuenta del partido.
En tal sentido, concluyeron: “Hacemos un llamado al presidente y sus seguidores a la sensatez, y a enfocar las energías en resolver los grandes desafíos de inflación, pobreza y recesión que enfrenta el país, entre otros”.
La diputada socialista de Hacemos Coalición Federal Mónica Fein analizó lo sucedido el martes en el Congreso y dijo que la intención del oficialismo parecía ser que se cayera la ley.: “Estaba claro que tenían muchísimas disidencias con aquellos bloques que acompañaban el dictamen en general, e igual decidieron ir a un pleno donde claramente […]
La diputada socialista de Hacemos Coalición Federal Mónica Fein analizó lo sucedido el martes en el Congreso y dijo que la intención del oficialismo parecía ser que se cayera la ley.: “Estaba claro que tenían muchísimas disidencias con aquellos bloques que acompañaban el dictamen en general, e igual decidieron ir a un pleno donde claramente no se sentaron a buscar los acuerdos”.
La legisladora rosarina agregó que “los sectores que habían colaborado con que saliera en general la ley, pedían algunas modificaciones mínimas, diría yo, y se las rechazaba el oficialismo. Trataron de que se cayera la ley”.
Además, cuestionó la metodología que se usó durante el tratamiento: “El presidente nunca pensó que el Congreso es un instituto de la democracia con quien tenía que gobernar”, y expresó que si bien los gobernadores quisieron acompañar la ley, también deben proteger sus economías.
“Por el bien del presidente le pido que reflexione, que gobierna en una República”, pidió al aire de Mañana SI.
Asimismo, expresó su molestia con la desacreditación al Congreso, y apuntó contra el modo en que (Javier) Milei trata a quienes piensan distinto: “Si el presidente tiene alguna denuncia, la tiene que hacer. Creo que es una falta de respeto que nos llamen traidores, y que cree en la sociedad la idea de que nos aprovechamos de la política”, dijo al respecto.
Por otra parte, también fue dura con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y su credibilidad: “Nunca tuvimos por escrito claramente cómo iba a quedar el dictamen de la ley; en el medio no vinieron al Congreso el ministro de Economía, ni de Capital Humano; sólo aquellos ministros que hablaban con los gobernadores intentando acordar, pero en público decían otra cosa. El ministro Francos, concretamente, habló con varios gobernadores del impuesto País y después negaron que esa conversación hubiera existido”, describió.
Para Mónica Fein y Esteban Paulón, “los atropellos no parecen ser la salida de emergencia que Argentina necesita”.
Tras el levantamiento de la sesión en el Congreso de la Nación por el tratamiento de la ley ómnibus, los diputados del Partido Socialista Mónica Fein y Esteban Paulón aseguraron que “esto es el resultado de un gobierno que ha decidido asumir en soledad la gestión de la crisis del país y ahora debe rendir cuentas a la sociedad”.
La ley Bases vuelve a foja cero y deberá ser nuevamente sometida al trabajo en comisiones. “Desde el primer momento estuvimos a disposición y, por más de 30 días, aportamos para que el Ejecutivo tenga herramientas ante las crisis que ha heredado. Fue imposible como se terminó de demostrar hoy. Los atropellos no parecen ser la salida de emergencia que Argentina necesita”, explicó Mónica Fein.
Esteban Paulón, en tanto, manifestó que socialismo presentó un dictamen propio, “donde propusimos herramientas para que el Ejecutivo enfrente la crisis, pero la pretensión autocrática pudo más”, y agregó: “Es importante que un gobierno que está en minoría en el Congreso haga culto del diálogo y el consenso”.
La diputada socialista recordó la delegación de facultades al gobierno anterior y señaló que “no podemos delegarle atribuciones a un presidente que ajusta a jubilados y que niega el cambio climático”.
La diputada nacional Margarita Stolbizer (HCF – Buenos Aires) defendió el dictamen de minoría que presentó junto a Mónica Fein y Esteban Paulón, y señaló que “es para diferenciarnos de los que quieren aprobar este bodrio a libro cerrado y de los que creen que no hay que cambiar nada”.
Del mismo modo, manifestó su preocupación por el “cumulo de desprolijidades del tratamiento”. Esto se traduce en una baja de la calidad democrática y genera la precariedad de nuestro sistema normativo”.
En esa línea, consideró que “el presidente Milei ha perdido una gran oportunidad de enviarnos un proyecto de país porque cuando algo no le gusta recurre al DNU o a la ley ómnibus con exceso de facultades delegadas”. “Nosotros no creemos en las fuerzas del cielo ni en el mercado sin Estado”, se diferenció de sus pares del bloque.
Por otro lado, explicó que “la emergencia debe ser limitada porque el país mejora si nos dedicamos al dialogo y al trabajo y nuestro dictamen pretende ser la escucha de las organizaciones”. Además, planteó que “vamos a excluir los temas que consideramos que no son emergencia y rechazamos de manera explícita los artículos referidos a Cultura, Educación y Ambiente”.
Para culminar, Stolbizer manifestó: “Entendemos que hay un drama en seguridad porque lo vivimos en las puertas de nuestras casas, pero los asesinos no van a las marchas y no van a los piquetes y da vergüenza el artículo que criminaliza la protesta social”.
También, la diputada nacional Mónica Fein (HCF – Santa Fe) cuestionó que “vamos conociendo como ha quedado el dictamen de mayoría”, pero destacó que “el oficialismo ha podido escuchar”.
Sin embargo, remarcó que “no negamos ni desconocemos que haya emergencia porque sabemos que no empezó el 10 de diciembre y a Alberto Fernández se le dio una emergencia mucho más grande”, pero aclaró que “no podemos acompañar la delegación a un presidente que haya hecho perder a los jubilados un 40% desde que asumió.
“El ajuste de los jubilados está claro y no podemos acompañar a un presidente que niega el cambio climático”, añadió Fein. “La delegación pone límites al Congreso y hay un compromiso humano a todas las causas excluidos”.
Por último, señaló que “votaremos en contra de la reforma del Código Penal porque nosotros creemos en la política y en el rol del Estado”. “No acompañamos y proponemos nuestro dictamen de minoría”, aclaró en el cierre.
Así lo aseguró la diputada santafesina, quien consideró que el debate del proyecto del Ejecutivo fue “vergonzoso” y que el país “no se puede resetear en tres semanas”.
La diputada nacional Mónica Fein (HCF) se refirió al proyecto de ley ómnibus del Poder Ejecutivo y aseguró que, en caso que el oficialismo no acepte las modificaciones propuestas por un sector de la oposición, tanto ella como su compañero de bloque –Esteban Paulon– no acompañarán la iniciativa.
“Si es ‘a todo o nada’, por supuesto que nosotros, por lo menos desde el socialismo, vamos a votar por nada. Esta ley viene a resetear el país y no estamos dispuestos a resetearlo en tres semanas”, expresó.
En diálogo con radio Futurock, la santafesina celebró que se haya “descartado la barbaridad de que el sábado podíamos sesionar y no lo digo porque no quiera trabajar. No es un problema de trabajo, es un problema de seriedad. No hay dictámenes todavía. Y si no hay dictámenes para discutir vamos a terminar como quiere mostrar (Javier) Milei, con un Parlamento desordenado, sin poder trabajar correctamente”.
Además, la legisladora consideró que el debate en comisiones “ha sido vergonzoso, no han venido los ministros que tenían que venir, el de Economía (Luis Caputo), el jefe de Gabinete (Nicolás Posse) y la ministra de Capital Humano (Sandra Pettovello)”. Sobre los invitados de la sociedad civil, resaltó que “prácticamente el 90% vinieron a decir que se oponían a la ley”.
“No hay interlocutor serio de La Libertad Avanza”, reclamó y sostuvo: “¿Estamos dispuestos a dar alguna herramienta? Sí, se las hemos dado a todos los presidentes, pero tienen que ser limitadas en tiempo y con facultades muy definidas para qué. Entendemos que tenemos una emergencia económica y fiscal, y esa emergencia puede tener alguna delegación en ese sentido, pero muy limitada en el tiempo”.
Fein continuó: “¿Estamos dispuestos a delegarle la fórmula jubilatoria? No. ¿Estamos dispuestos a darle la capacidad de privatizar empresas? No. ¿Estamos dispuestos a aumentar las retenciones, que ponen en riesgo de desarrollo y competitividad a nuestro país? No. Hay muchas de las cuestiones que Milei plantea que no estamos dispuestos para nada a darle esas atribuciones”.
“Creo que el Parlamento debe tener una predisposición, pero el oficialismo no tiene interés de dialogar”, reprochó y, sobre capítulos que buscan eliminar del proyecto original, apuntó que “todo lo que es educación, salud, medioambiente, penal, laboral, reforma electoral debe ir a ordinarias. No hay nada que discutir en extraordinarias”.
Por otra parte, sobre el discurso del presidente en el Foro de Davos, la titular del Partido Socialista confesó sentir “una mezcla de indignación y vergüenza. Indignación porque me parece que no hay derecho que un presidente de nuestro país vaya a hacer esa alocución tan negacionista, de una soberbia total. Parecía representante de una facción y no del pueblo argentino. Le ha gustado a Milei poner en el socialismo, con una gran ignorancia, todo proceso político con el cual no coincide”.
Para la diputada, Milei planteó “cuestiones absolutamente falaces”. “Tiene que estudiar, además de los economistas austríacos, los datos ciertos del mundo. Lo que él dice no solo no es verdad, sino que los países donde hay mayor expectativa de vida, como Alemania, Francia, España, son los que tienen mayor presión fiscal y menor porcentaje de pobreza”, agregó.
A través de un proyecto de resolución, pidieron garantizar la libertad de expresión en el canal Diputados TV.
Los diputados del Partido Socialista Mónica Fein y Esteban Paulon presentaron un proyecto de resolución en el que exigen “garantizar en la órbita del canal de TV institucional Diputados TV, la más amplia libertad de prensa y de expresión, así como el enfoque de género necesario, teniendo en cuenta la independencia de criterio de los y las periodistas que trabajan en el canal”.
Esta situación se da ante las versiones que indican que, según los legisladores socialistas, se estarían implementando normas de funcionamiento contrarias a principios generales ampliamente receptados por el plexo normativo argentino, así como por las normas de funcionamiento de la Cámara de Diputados como son la libertad de prensa, la libertad de expresión y la perspectiva de género y diversidades.
Según trascendió, entre otras cuestiones, se ordena a los trabajadores a “no emitir opiniones personales… no usar lenguaje inclusivo, en lugar de todes, todas o todos, expresar únicamente todos; no decir diputadas y diputados sino diputados; no infantes o infancias, sino decir niños, etc.”. También se recomienda “hacer preguntas neutras”, señalan Fein y Paulon a través de un comunicado.
“Entendemos que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de acompañar la construcción de una sociedad más justa, democrática e igualitaria resulta prioritario reconocer que el lenguaje es una construcción cultural y que la utilización de un lenguaje no sexista, inclusivo o de género en los medios audiovisuales garantiza una comunicación inclusiva. Prohibirlo o no utilizarlo como opción, vulnera el derecho a la libertad de expresión y el reconocimiento de todas las identidades de género”, señaló el diputado Paulon.
Fue en una reunión informativa celebrada en la Comisión de Salud, con especialistas que expusieron sobre la norma que busca promover el parto seguro.
En la reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, una investigadora del CREP reveló que “el 70% de las mujeres gestantes prefiere el parto vaginal, pero hay un 40% que cree que la cesárea es más segura”.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, que encabeza la socialista Mónica Fein, se reunió este martes para tratar la creación de un Programa Nacional de Uso Adecuado de la Cesárea (PNUAC), en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
La reunión contó con la presencia de Celina Gialdini, médica especialista en Obstetricia y Ginecología e investigadora del CREP (Centro Rosarino de Estudios Perinatales) ; Analía Messina, médica tocoginecóloga; y la licenciada en Obstetricia María Angélica Veiga del hospital materno-infantil Ramón Sardá, quienes expusieron ante los legisladores presentes.
Desde hace décadas se viene alertando sobre las consecuencias del uso inadecuado de la cesárea. Así como existen aún en el mundo personas gestantes que presentando una emergencia obstétrica no pueden acceder a una cesárea, simultáneamente hay muchas otras embarazadas y bebés que son innecesariamente expuestos a los riesgos asociados a esta intervención, sostiene la impulsora de esta iniciativa.
El proyecto remarca que cuando una cesárea tiene justificación clínica, su aplicación disminuye la morbi-mortalidad materna y perinatal. Cuando las tasas de cesárea sin justificación clínica aumentan, también lo hacen la morbimortalidad materna y perinatal. Este uso excesivo e innecesario de la cesárea en países de bajos y medianos ingresos sobre utiliza además recursos materiales y humanos que son esenciales para el cuidado de la población, lo que tiene un impacto negativo tanto en el acceso universal a los servicios de salud, como en la salud materna e infantil.
En la indicación de cesáreas no justificadas, intervienen muchas veces factores no clínicos de diverso origen que involucran a distintos actores, como las personas gestantes y sus familias, los equipos de salud y las instituciones de salud, entre otros. Para reducir las cesáreas injustificadas relacionadas a estos factores no clínicos, se ha demostrado que existen intervenciones no clínicas efectivas y seguras.
En primer lugar, la doctora Celina Gialdini, médica especialista en Obstetricia y Ginecología e investigadora del CREP, afirmó que “la cesárea salvó madres y bebés”, y agregó que “es la cirugía mayor mas realizada en el mundo”.
Sin embargo, advirtió que “es alta la tasa de cesáreas en el tiempo y lo que pasará, si no hacemos algo con su uso excesivo, es que para 2030, más de la mitad de la población nacerá por operación y no por parto”. “La tasa de cesáreas aumentó de manera progresiva en los últimos años”, señaló.
“La seguridad en su uso contribuyó a que el incremento sea sostenido, innecesario y excesivo, y esto se debe a factores como el miedo y la desinformación”, consideró Gialdini, quien también explicó: “La mortalidad materna disminuyó con la cesárea”.
Del mismo modo, planteó que “las mujeres gestantes, un 70% dice que es mejor el vaginal y un 17%, dice que cesárea es mejor, pero un 42% te dice que es más segura”. Además, agregó que “el 71% dice que hay que optimizar el uso de la cesárea”.
En tal sentido, cerró: “Esto es una estrategia para fomentar el acompañamiento y es una herramienta informativa para conocer riesgos y beneficios de cada modo de nacimiento”, y añadió: “Luego de un año de implementación en la red, urge tomar medidas ya, para ampliar derechos”.
Así las cosas, la doctora Analía Messina, médica tocoginecóloga, señaló que “se requieren cambios en la cultura de la organización, es lo que más tiempo lleva, donde no incorporamos ni recurso humano, ni materiales para llevar adelante este modelo”.
Del mismo modo, agregó que “este estudio es muy valioso porque nos brindó datos que nos permitieron bajar de un 39% de cesáreas en grupos de bajo riesgo, y al cabo de 1 año de trabajo lo hemos bajado al 30%, lo cual es altamente satisfactorio”.
“Poner un problema de agenda, tener conversaciones de alto nivel con todos los integrantes de los equipos de salud e incluir a las mujeres en la toma de decisiones es la mejor manera con las decisiones informadas, en un modelo de diálogo”, remarcó la doctora.
A su turno, la licenciada en Obstetricia María Angélica Veiga del hospital materno-infantil Ramón Sardá relató las experiencias de la implementación del cuadernillo interactivo en el hospital y explicó que “era entregado en la primera consulta para que accedan todas las mujeres y personas gestantes”.
En tal sentido, siguió: “En el seguimiento del cuadernillo hay puntos en el que se puede investigar si se comprende la información que brindamos. También existen otras instancias de información en el control prenatal, monitoreo y consultorio para la toma de decisiones informadas”.
Además, Veiga dilucidó que “eran demandas espontáneas, sin grandes tecnologías porque la intención es generar un espacio confidencial que garantice que la mujer se pueda expresar y obtener información en la toma de decisiones”.
“Pudimos generar un espacio y articular una herramienta de información para que la mujer pueda decidir informada sobre cuál es la mejor vía de nacimiento en base a su experiencia personal y la evidencia científica”, indicó.
Al término de las exposiciones, la titular Mónica Fein agradeció al CREP y luego, mostraron un video con los testimonios de tres mujeres jóvenes, quienes tuvieron experiencias positivas con el cuadernillo informativo.
Brevemente, la diputada nacional Natalia Sarapura (UCR) señaló que “necesitamos un acto de reparación permanente” y “ratifiquemos los derechos de las mujeres”.
Asimismo, el vicepresidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Rubén Manzi (Coalición Cívica – ARI – Catamarca), recordó los años en que ejerció la medicina y relató que “me sorprendía la cantidad de cesáreas”.
Finalmente, el otro vicepresidente Daniel Gollán (FdT) remarcó que “las mujeres en general deciden por una cesárea”, pero advirtió que “hay una demanda y los profesionales de la salud fuimos parte”. “Me parece extraordinario de poner esto en agenda y es importante sacar esta ley”, concluyó.
Instalar en la agenda del sector salud y de la sociedad en general el debate acerca de las implicancias que tienen los diferentes modos de nacimiento en la salud de las personas gestantes y los niños por nacer.
Se trata de una iniciativa de la diputada Mónica Fein, que alerta sobre el uso inadecuado de esa práctica. Se abordará en la Comisión de Salud este martes.
En un martes de mucha acción a nivel comisiones, la última en ser convocada el viernes fue la de Acción Social y Salud Pública, que encabeza la socialista Mónica Fein. La misma se reunirá a partir de las 13.30 y será para tratar la creación de un Programa nacional de uso adecuado de la cesárea (PNUAC), en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
La reunión contará con la presencia de especialistas que expondrán sobre este proyecto que es impulsado por la propia Mónica Fein, y cuyo objetivo es promover y garantizar el parto seguro para todas las personas gestantes y sus hijas e hijos, promoviendo el modo de nacimiento más seguro y el seguimiento y monitoreo de datos vinculados a la práctica del nacimiento por cesárea en las instituciones proveedoras de servicios de salud.
Desde hace décadas se viene alertando sobre las consecuencias del uso inadecuado de la cesárea. Así como existen aún en el mundo personas gestantes que presentando una emergencia obstétrica no pueden acceder a una cesárea, simultáneamente hay muchas otras embarazadas y bebés que son innecesariamente expuestos a los riesgos asociados a esta intervención, sostiene la impulsora de esta iniciativa.
El proyecto remarca que cuando una cesárea tiene justificación clínica, su aplicación disminuye la morbi-mortalidad materna y perinatal. Cuando las tasas de cesárea sin justificación clínica aumentan, también lo hacen la morbimortalidad materna y perinatal. Este uso excesivo e innecesario de la cesárea en países de bajos y medianos ingresos sobre utiliza además recursos materiales y humanos que son esenciales para el cuidado de la población, lo que tiene un impacto negativo tanto en el acceso universal a los servicios de salud, como en la salud materna e infantil.
En la indicación de cesáreas no justificadas, intervienen muchas veces factores no clínicos de diverso origen que involucran a distintos actores, como las personas gestantes y sus familias, los equipos de salud y las instituciones de salud, entre otros. Para reducir las cesáreas injustificadas relacionadas a estos factores no clínicos, se ha demostrado que existen intervenciones no clínicas efectivas y seguras.
En compañía de los diputados García Aresca y Mónica Fein, el candidato a presidente señaló que “quien tiene más experiencia de gobierno soy yo porque que soy un candidato del interior productivo”.
El candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, recorrió este jueves al predio de la fábrica de la Cervecería Santa Fe, en compañía del candidato a diputado nacional por el socialismo, Esteban Paulón; con el gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora; los diputados nacionales, Mónica Fein e Ignacio García Aresca; y el candidato al Parlasur, Gustavo Leone.
En la fábrica, donde se producen 1 millón de litros diarios de cerveza, Schiaretti manifestó que “de los cinco candidatos que participan en esta elección, quien tiene más experiencia de gobierno soy yo, que soy un candidato del interior del país, del interior productivo. Los demás son candidatos de la República del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires”.
Y agregó: “Los santafesinos y los cordobeses, junto con todo el interior, pagamos las obras y el déficit que tiene la empresa que presta los servicios de agua y saneamiento en el AMBA”.
“¿Saben cuánto le transfirió el Estado Nacional el año pasado a esa empresa? O sea, que le transferimos todos los argentinos. 153 mil millones de pesos, que es muchísimo más de lo que sale el contrato que acabamos de firmar, para hacer una parte del Acueducto Interprovincial. Esta es la realidad de la Argentina unitaria”, cuestionó el candidato de Hacemos por nuestro País..
Schiaretti se refirió también a la lucha contra el narcotráfico e indicó que “en todos los países del mundo es el Estado Nacional el que lidera y es el responsable de la lucha contra el narcotráfico”. “Acá el Gobierno nacional mira para el costado y deja a las provincias y a los municipios a solas para la pelea con ese flagelo”, criticó.
Luego, Martín Llaryora, sostuvo que “los países que crecen en el mundo, no crecen en 3 o 4 años, crecen en un proceso continuo de política de Estado. Y para que haya política de Estado hay que tener estadistas, hay que tener gobernantes de Estado, como Juan Schiaretti.”
“Sé que lo que él hizo en Córdoba lo va a poder hacer en la Argentina, y si hace lo que hizo en Córdoba en la Argentina tengan fe que Argentina en pocos años más va a salir de donde está hoy de rodillas para empezar un camino de crecimiento y de progreso”, concluyó el gobernador electo de Córdoba.
A través de una cuestión de privilegio, fue repudiado el homenaje de Villarruel en la Legislatura porteña.
La diputada nacional Romina Del Plá (PO) presentó una cuestión de privilegio en repudio al acto de la diputada nacional Victoria Villarruel en “homenaje a las víctimas del terrorismo” llevado a cabo este mes en la Legislatura porteña.
“Los libertarios tratan de disfrazar al terrorismo de Estado como una guerra porque es un operativo en regla para la política que preparan por si llegan a la presidencia”, acusó Del Plá. Del mismo modo, sostuvo que “representan al sector que durante 40 años apoyó las leyes de Punto Final, de Obediencia Debida y los indultos”.
En esa línea, mencionó que “a la fecha solo tenemos 108 personas detenidas, 549 bajo arresto, hay 1506 en libertad, pero bajo investigación y 1036 civiles sin ser procesados”. “Esta es una política de impunidad que Victoria Villarruel va a profundizar porque viene por la impunidad y terminar con los juicios”.
También, acusó a los libertarios de “querer sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para la represión interna”. “No es un tema que se pueda tomar a la ligera y merece señalamiento y repudio”, completó.
En tal sentido, al igual que la diputada Mónica Fein, presentaron una cuestión en contra del libertario Javier Milei por haber dicho que “los socialistas son excrementos humanos”.
La diputada socialista expresó: “La democracia significa una forma de vida en común y exige autocontención de todas las veces”, y añadió: “La democracia no exige que a los adversarios se los trate como ratas, cucarachas o excrementos”.
“Milei sostiene ignorancia porque los países que han ignorado los idearios socialistas son los países que ni siquiera este señor querría vivir. Si no entiende el socialismo que no venga a denostarlo”, lanzó.
Finalmente, Del Plá cargó contra Milei: “El socialismo es el único sector que se organiza en el mundo que le puede dar una salida a la crisis capitalista sin fin”. “Vamos a seguir luchando sin tomar alguna cuestión a la ligera”, concluyó.
En el marco de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, también se aprobó una iniciativa sobre prevención y tratamiento del ACV.
Una de las comisiones que se reunió este martes por la mañana antes de la sesión de Diputados fue la de Acción Social y Salud Pública que preside la socialista Mónica Fein, que trató y dio dictamen de un proyecto que crea la figura del promotor comunitario.
La norma que “propone la creación de la figura del promotor comunitario de salud y del agente sanitario”, obtuvo dictamen unificando dos proyectos.
“Esta ley es muy importante para un colectivo fundamental que tiene un rol destacado en el sector de la salud”, consideró el diputado oficialista Daniel Gollan, autor de una de las iniciativas sobre este tema.
Según el articulado de la norma, se entiende por “promotor/a Comunitario/a en Salud” y Agente Sanitario/a, a la persona de la comunidad, que se forma para promover la participación y organización popular, articula entre las necesidades de la población y el sistema de salud, ocupa un espacio intersectorial entre las áreas que comprenden la salud, el desarrollo social, la educación y el medio ambiente, promoviendo una concepción de la salud entendida como un derecho de la población y un deber del Estado.
Desde la Coalición Cívica, el vicepresidente segundo de la comisión, diputado Rubén Manzi, y autor del otro proyecto, afirmó: “Tanto los promotores como los agentes sanitarios están en la base del sistema de salud, en la atención primaria y mediante este proyecto se les da un rango y un reconocimiento”. “Fortalecer la atención primaria es clave para tener un buen sistema de salud”, aseveró.
En otro sentido, además, se aprobó la iniciativa que busca “declarar de interés nacional al acceso universal a la prevención, diagnóstico y tratamiento integral del accidente cerebrovascular (ACV)”, con la fusión de dos proyectos.
Según el objeto de la norma, esta ley tiene como fin “garantizar el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a través del acceso universal a la prevención, diagnóstico y tratamiento integral del ataque cerebrovascular (ACV)”.
Al respecto, la diputada Rossana Chahla (FdT) se refirió al proyecto de su autoría y señaló: “Tenemos que darle respuesta a las personas en el menor tiempo posible”. “La prevención primaria es fundamental”, enfatizó.
La diputada oficialista informó que “el ACV es la segunda causa de muerte en el mundo”, por lo cual puntualizó: “Con esta norma buscamos que los argentinos tengan la posibilidad de un diagnóstico precoz y de un tratamiento oportuno”.
Luego, el diputado Rubén Manzi (Coalición Cívica), autor del otro proyecto en debate, indicó: “Esta iniciativa intenta universalizar el acceso, lo más igualitario posible -debido a las distancias geográficas-, para que la persona que lo padezca pueda salvar su vida y no tenga secuelas”.
A través de un comunicado, el espacio calificó la iniciativa como un “oportunismo político con fines electorales”, y denunciaron que “mantiene beneficios fiscales para algunos sectores de la economía”. Además, señalaron que en 20 años el kirchnerismo “jamás discutió una reforma tributaria integral y justa”.
Ante la negativa del bloque Córdoba Federal sobre el proyecto que propone eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias permitiendo que sólo lo paguen los mayores ingresos, el bloque Socialista, por el contrario, planteó una serie de observaciones a la iniciativa y bregan para que “se tengan en cuenta”, debido a que según afirmaron a parlamentario.com fuentes cercanas al espacio, están “a favor de que se termine con la distorsión del impuesto a las ganancias.
Mientras dentro del interbloque Federal aún se encuentran “analizando el proyecto” -por sobre todo el espacio de Identidad Bonaerense- el bloque integrado por los santafecinos Mónica Fein y Enrique Estévez ya definió su postura de rechazo frente a la iniciativa.
A través de un comunicado, consideraron que la “la situación crítica del país no se resuelve con oportunismo político”, y acusaron al Gobierno Nacional de usar “las necesidades de la gente con fines meramente electorales” decidiendo de forma “intempestiva” que los trabajadores no paguen ganancias “a costa de los recursos de las provincias y de la inflación que pagaremos todos”.
A su vez, apuntaron que el Gobierno “después de perder las PASO, transita un camino de irresponsabilidad política que nos lleva a un precipicio con históricos niveles de inflación, pobreza, desabastecimiento de insumos y restricciones para el comercio internacional injustificables”, al tiempo que denuncuaorn que “aun así decide mantener privilegios fiscales para algunos sectores concentrados de la economía”.
“Durante los 20 años en los que el kirchnerismo gobernó este país jamás propuso discutir de manera real una reforma tributaria, que sea integral, progresiva y justa. Eligieron también evadir el debate sobre el actual régimen de coparticipación federal”, enfatizaron desde el bloque.
También recordaron que en el 2019 el entonces presidente Mauricio Macri “intentó” durante su gestión “revertir la derrota poniendo en marcha un plan similar al del ministro Massa”.
En ese contexto, señalaron que desde el espacio socialista han presentado “una serie de proyectos” para que los trabajadores no paguen el impuesto a las ganancias y consideraron que el Gobierno “más que seguir anunciando parches, debe sentarse a discutir seriamente sobre este impuesto, sin un plan económico concreto, ninguna medida servirá”.
En esa línea, propusieron incluir una serie de temas al debate tales como que los jueces paguen Ganancias, revisión de la Ley 24.196 de inversiones mineras, actualizar la deducción para poner en pie de igualdad a los trabajadores autónomos, actualizar la deducción por Créditos Hipotecarios y compensaciones a las provincias.
posicionamiento-PDFEl texto fue el resultado de la unificación de dos proyectos, uno de JxC y el otro de la oficialista Silvana Ginocchio. El mismo busca controlar el ejercicio profesional de instrumentador quirúrgico en todas las modalidades, ámbitos y niveles del sistema de salud de la Argentina.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, a cargo de la socialista santafecina Mónica Fein, se reunió este martes para emitir dictamen de consenso al proyecto que busca la regulación y el control del ejercicio profesional de la instrumentación quirúrgica.
Luego de escuchar al especialista de la OMS sobre la importancia de ratificar el Convenio Marco para el Control del Tabaco, la comisión continuó con el tratamiento de los proyectos presentados por la oficialista Silvana Ginocchio y del opositor Humberto Orrego que tienen el mismo objetivo.
Sobre este tema, Fein agradeció a las Asociaciones de Instrumentadores Quirúrgicos por el trabajo realizado junto con asesores y destacó que el dictamen tuvo “amplio consenso” porque se logró unificar ambos proyectos presentados.
“En el país hay 15 licenciaturas, 15 instituciones -de las cuales 3 son universidades públicas- porque el título habilitante es de Técnico Superior en Instrumentación Quirúrgica y Título de Grado en Lic. Instrumentación Quirúrgica y Organización y Asistencia de quirófano”, comentó y agregó: “Todos conocemos el trabajo que realizan y nos parecía importante porque es una ley que ya está en varias provincias, y hay que tener una ley nacional”.
Al cierre, la titular de la Comisión adelantó y pidió que cada diputado seleccione y priorice sus proyectos para “trabajar y lograr máximos consensos en estos tres meses”.
El proyecto tiene por objeto la regulación y control del ejercicio profesional de la Instrumentación Quirúrgica, en todas las modalidades, ámbitos y niveles del sistema de salud de la Argentina.
El mismo se sustenta en la consolidación de la participación de los profesionales de la instrumentación quirúrgica como integrantes del equipo de salud; y el fortalecimiento profesional y desarrollo libre en el marco de las acciones y practicas enumeradas en los tratados internacionales y las leyes que reglamentan su ejercicio.
Entre otras cosas, la norma establece requisitos para ejercer la instrumentación quirúrgica en cada uno de sus dos niveles y se determinan las prohibiciones a las cuales estará sometido el ejercicio profesional. Se crea además el Protocolo de la Instrumentación Quirúrgica, el cual deberá estar confeccionado por el instrumentador quirúrgico y/o el instrumentador circulante que actuare conjuntamente con aquel y deberá ser firmado por ambos instrumentadores intervinientes.
La Comisión de Salud recibió a Sebastián Laspiur, consultor de factores de riesgo y enfermedades no transmisibles en representación de la OPS/OMS.
Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en la que disertó el representante de la OMS, Sebastián Laspiur, quien informó que “Argentina está segundo en la región de las Américas con mayor prevalencia del consumo de tabaco en un 24%”.
En un martes cargado de actividad legislativa, tuvo lugar una reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, presidida por la santafecina Mónica Fein, en la que comenzaron a debatir el “Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del Tabaco – CMCT / OMS -, adoptado en la ciudad de Ginebra – Confederación Suiza – el 21 de mayo de 2003”. También pasaron a la firma el dictamen del proyecto sobre el Régimen Nacional para el Ejercicio Profesional de la instrumentación quirúrgica.
Al encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo “A”, fue invitado a exponer el doctor Sebastián Laspiur, consultor de Factores de Riesgo y Enfermedades No Transmisibles en representación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización mundial de la Salud (OPS/PMS) en Argentina.
Al respecto, Fein adelantó que no se emitiría dictamen el día de la fecha porque lo tratarán en una reunión conjunta con la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el Convenio Marco de la OMS por el Control del Tabaco. “Argentina firma en el 2003 este convenio y no fue ratificado por este Congreso tanto el Ministerio de Salud como otros actores han planteado la necesidad de ratificarlo”, planteó Fein.
A continuación, Laspiur se mostró esperanzado porque “ha entrado, después de muchos años, el Convenio Marco del Control del Tabaco a esta cámara y lo vemos con mucho entusiasmo y optimismo”.
Al respecto, explicó que el Convenio Marco es el primer tratado internacional de salud pública de carácter vinculante y que fue suscripto por la mayoría de las nacionales del mundo. “Este convenio cambió la historia en cuanto a la salud pública y al tabaco”, resaltó y agregó que ya tiene una vigencia de más de 20 años y “ha cambiado la historia en el mundo”.
Respecto del objetivo del Convenio, el especialista precisó que “es proteger a las generaciones presentes y futuras de los daños que ocasiona el consumo de tabaco y la exposición del humo de tabaco ajeno. También contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco”.
“Además de ser el primer tratado de salud pública internacional vinculante, fue realizado bajo el auspicio y asesoramiento técnico de la OMS, de las cuales la OPS es la oficina regional para la OMS y es una respuesta mundial a la epidemia global de tabaco. No fue una epidemia de un solo país, sino que es algo global desde sus inicios”, indicó.
A su vez, contó que el Convenio plantea un abordaje integral porque “no se dedica solo a un tema, sino que aborda de forma integral la problemática para luchar contra ella y contiene medidas basadas en la evidencia que han demostrado ser efectivas que se fueron construyendo con muchos estudios hasta que se plasmó en este tratado internacional”.
“Más del 90% de la población mundial está cubierto por el Convenio Marco para el control del tabaco y se ha tenido una lucha muy eficaz a partir del desarrollo y la implementación del Convenio. Muy pocos países como Argentina o Estados Unidos no están insertos”, precisó y destacó que Argentina tiene una ley que “aplica muchas recomendaciones del Convenio, pero no se suscribió al marco”.
Laspiur recordó que Argentina en el 2003 fue uno de los primeros países en firmar el Tratado Internacional, pero al ser un paquete normativo requiere la ratificación del Congreso algo que “nunca fue posible, entró hace pocos meses y estamos expectantes”.
En esa línea, enumeró las consecuencias del tabaco a nivel global tales como que es un factor de riesgo común a las principales ENT, en el mundo hay 1.300 millones de consumidores de tabaco (de 15 años o más), 24 millones de adolescentes (de 13 a 15 años), el tabaco mata a 8 millones de personas cada año en el mundo, mata a 1 millo de personas cada año en la Región de las Américas, el costo económico del tabaquismo en las Américas es de US$626.000 millones cada año.
Según los datos que aportó, en Argentina cada año se mueren 57 mil personas a causa del tabaco, 24% de la población adulta fuma y se estima que se destinan alrededor del 12% del gasto total sanitario a contrarrestar el consumo del tabaco. Además, uno de cada 5 jóvenes de 13 a 15 años consume tabaco y alertó: “Argentina está segundo en la región de las Américas de los países con mayor prevalencia 24% del consumo de tabaco”.
“Eso no es solo un tratado de salud, sino que es global de todo que involucra a los gobiernos en su conjunto porque, además de los gastos médicos está la falta de productividad, el dinero que se podía destinar a atender otras enfermedades, es decir, los gastos indirectos que genera en el sistema y en la productividad de los países el consumo del tabaco”, manifestó el doctor.
Así, precisó que el Convenio Marco es un Tratado Internacional que consta de 38 artículos en los cuales hay disposiciones generales, medidas para reducir la demanda de tabaco, para reducir la oferta, aspectos legales y capítulos de cooperación internacional y reporte de información entre países.
Entre las obligaciones generales, establece que “cada país genere una unidad de control y que cree un Comité Multisectorial porque involucra economía, salud, comercio exterior, la implementación de este tratado genera y requiere una respuesta multisectorial coordinada”. En tanto, ponderó que “al ser vinculante cuando uno ratifica el Convenio Marco el Gobierno entero forma parte del mismo y tiene que rendir cuentas al órgano que coordina a nivel global dentro de naciones unidas”.
Para Laspiur, un Convenio Marco es importante porque “hay muchas competencias que escapan a los Ministerios de Salud como el tema de impuestos, lucha contra el contrabando, licencias de importación y exportación, educación en las escuelas, relaciones internacionales y temas judiciales”.
Además, indicó que el artículo 5.3 de las Obligaciones Generales que tiene que tener cada país establece la necesidad de luchar contra la industria del tabaco y evitar interferencias de ésta que “manufactura, publicita y empaca, no contra los productores. La industria intervino en todos los países en los procesos legislativos, exageran el beneficio económico que tienen los países sobre esta industria, manipula la opinión pública, utiliza grupos de fachada de opinión, desacredita la evidencia científica, intimida a los países con litigios como Uruguay para que retrocedan con sus políticas”.
Sobre el artículo 6 explicó que plantea un aumento de los impuestos para reducir el consumo en jóvenes y en poblaciones menores de bajos ingresos. También destacó la protección del ambiente al 100% libre de humo, las advertencias sanitarias al frente de los envases que se requiere que esté en el 100% del envase y que tenga un etiquetado neutro donde la marca no esté expresada, sino en una fuente establecida y pequeña.
El artículo 13 del Convenio prohíbe de forma absoluta la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco o cualquier característica y el artículo 14 establece un tratamiento para aquellos que son dependientes a la nicotina.
Entre las medidas para la reducción de la demanda, se encuentran el comercio ilícito que “no solo es transfronterizo, sino también interno. También aumenta la accesibilidad de la población al tabaco y daña la salud las economías al evadir impuestos”.
Laspiur también comentó que el Convenio brinda un apoyo a las actividades económicamente viables regionales. Los productores de tabaco que tienen que ver con apoyo internacional a las alternativas y a la reconversión y a las condiciones de trabajo de los pequeños productores”.
“Desde el 2000 el mundo fumaba desde un 50% ahora un 35%, cada época es un componente duro de mover, pero está funcionando, hay una reducción notable. Esto es un promedio global. Hay países que hicieron las cosas mejor que otros que tuvieron drásticas reducciones con grandes beneficios en salud”, informó.
Respecto de Argentina, entre el 200º y el 2019 el consumo de tabaco disminuyó, pero volvió a crecer a partir del 2020. “A partir del 2011 cuando se aprobó la Ley Argentina de Control de Tabaco empezó a reducirse el consumo, pero después de 2016 se amesetó la reducción y en pandemia comenzó a aumentar el consumo. La ley es eficaz, pero se necesita fortalecer las políticas regulatorias para seguir reduciendo y dar una lucha efectiva contra el control del Tabaco”, alertó.
Sobre la normativa del país, cuestionó que “se permite la publicidad en sitios de venta y la exhibición del producto y publicidad directa. Son debilidades que, ratificando el Convenio, se tienen que acomodar porque fortalece la protección al consumidor”.
La Ley 26.687 de regulación de publicidad, promoción y consumo de productos elaborados con tabaco fue aprobada en 2011 promueve espacios 100% libres de humo, regula el etiquetado de cigarrillos, pero no incluye todos los productos de tabaco.
Promediando su disertación, Laspiur enumeró los motivos por los cuales el país necesita ratificar el Convenio: “Por jerarquía constitucional del tratado, para establecer políticas efectivas. Para cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos que establecen la obligación de garantizar el nivel más alto de salud posible. Para alcanzar las metas de la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible. Para garantizar la transparencia de la relación con la industria. Para combatir eficazmente el contrabando de productos de tabaco, para obtener la asistencia y apoyo necesario para avanzar en la diversificación de cultivos de tabaco, para poder consensuar con los países vecinos políticas de restricción de publicidad y para participar en las decisiones de políticas globales para enfrentar el tabaquismo”.
El Gobierno envió al Congreso el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud para su ratificación el 16 de mayo de este año. El acuerdo cuenta con la adhesión de 182 países y tiene como objetivo lograr una respuesta eficaz a la globalización de la epidemia del tabaquismo, a la vez que reafirma el derecho de todas las personas a lograr el máximo nivel de salud posible.
La iniciativa es impulsada a través de un proyecto por los diputados socialistas, atentos a las alertas que circulan en torno a las consecuencias del uso inadecuado de esas operaciones.
Los diputados socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez presentaron un proyecto para crear un Programa Nacional de Uso Adecuado de la Cesárea. La iniciativa tiene como fin promover y garantizar el parto seguro para todas las personas gestantes y sus bebés, promoviendo el modo de nacimiento más seguro y el seguimiento y monitoreo de datos vinculados a la práctica del nacimiento por cesárea en las instituciones que brindan servicios de salud.
Esta iniciativa establece disposiciones que resultan complementarias y se enmarcan en las establecidas en la Ley 25.929 de Parto Respetado, como así también la Ley 26.529 de Derechos del Paciente y la 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia.
El proyecto consta de una decena de artículos y atiende una realidad: las alertas que circulan en torno a las consecuencias del uso inadecuado de la cesárea. En ese sentido, se advierte que así como existen aún en el mundo personas gestantes que presentando una emergencia obstétrica no pueden acceder a una cesárea, simultáneamente hay muchas otras embarazadas y bebés que son innecesariamente expuestas a los riesgos asociados a esta intervención.
En la Argentina la tasa de cesáreas ronda el 35%; a nivel mundial se observa que, por distintas causas, este dato aumenta 1% por año. Si bien los especialistas sostienen que es una práctica que llegó para salvar vidas, con estos índices comienzan a crecer los riesgos para las madres e hijos.
Cuando una cesárea tiene justificación clínica, su aplicación disminuye la morbimortalidad materna y perinatal. Cuando las tasas de cesárea sin justificación clínica aumentan, también lo hacen la morbimortalidad materna y perinatal, alerta el proyecto de los diputados socialistas. Al respecto señalan que “este uso excesivo e innecesario de la cesárea en países de bajos y medianos ingresos sobre utiliza además recursos materiales y humanos que son esenciales para el cuidado de la población, lo que tiene un impacto negativo tanto en el acceso universal a los servicios de salud, como en la salud materna e infantil”.
En la indicación de cesáreas no justificadas intervienen muchas veces factores no clínicos de diverso origen que involucran a distintos actores, como las personas gestantes y sus familias, los equipos de salud y las instituciones de salud, entre otros. Para reducir las cesáreas injustificadas relacionadas a estos factores no clínicos, se ha demostrado que existen intervenciones no clínicas efectivas y seguras.
Desde el año 2020 se inició en diversos lugares del mundo la estrategia de implementación de intervenciones llamada QUALI-DEC (la sigla en inglés que significa “Uso adecuado de la cesárea mediante la toma de decisiones de calidad por parte de mujeres y profesionales de la salud”), que propone una intervención no clínica multifacética dirigida simultáneamente a los médicos, las personas gestantes, sus familiares y las instituciones de salud para reducir la práctica de cesáreas no justificadas médicamente. Esta estrategia proporciona a estos actores herramientas prácticas que les orienten en la elección del modo de parto más adecuado, combinando cuatro intervenciones de seguridad y efectividad comprobada, señala el proyecto que enumera:
– Acompañamiento elegido por la persona gestante.
– Herramienta de información para la toma de decisión por parte de las mujeres y los profesionales de la salud del modo más seguro de nacimiento (cuadernillo informativo y aplicación web comunicacional para las personas gestantes)
– Auditoría de cesárea en grupos de bajo riesgo (Grupo 1 a 4 de la Tabla de Robson) con retroalimentación de resultados y recomendaciones a los equipos de salud
– Líder de opinión que fomente el uso de algoritmos clínicos de manejo respaldados por la más sólida y actualizada evidencia científica
La investigación se centra en cómo implementar estas intervenciones de la manera más apropiada y eficaz, teniendo en cuenta el contexto local e institucional.
Cuentan Fein y Estévez que este proyecto actualmente evalúa y produce información comparada en la implementación de manera simultánea de la estrategia en cuatro países: Argentina, Burkina Faso, Tailandia y Vietnam. Por nuestro país el proyecto es implementado por el equipo del Centro Rosarino de Estudios Perinatales (CREP) liderado por Guillermo Carroli.
Esta investigación aborda la promoción de la salud, los derechos inalienables de las personas gestantes y sus hijas/os y el empoderamiento de la mujer, la utilización de las mejores prácticas clínicas por parte de los profesionales de la salud y la oportuna disponibilidad de los datos necesarios para accionar positivamente en la toma de decisiones. También contempla el apoyo y acompañamiento continuo de las mujeres durante el trabajo de parto y parto promoviendo la participación de los actores y actoras interesadas y de los destinatarios de la intervención multifacética desde el comienzo mismo de la investigación, para así asegurar la optimización del impacto esperado.
Objetivos de la ley
El proyecto tiene como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud de la Nación y fue girado a las comisiones de Acción Social y Salud Publica, de Mujeres y Diversidad y de Presupuesto y Hacienda.
Prevé implementar mecanismos de recopilación de datos para el monitoreo y evaluación de los diferentes modos de parto, tanto en el ámbito público como privado de la atención de salud en todo el territorio nacional; como así también promueve el acceso a la información basada en evidencia científica sobre los perjuicios asociados al nacimiento por cesárea sin indicación médica para que las personas gestantes puedan tomar decisiones informadas.
Asimismo promueve la capacitación y formación de las y los profesionales de la salud a los efectos de hacer efectivos los objetivos de la presente ley.
También prevé llevar adelante, en coordinación con las jurisdicciones, el monitoreo de los diferentes modos de nacimiento, debiendo recabar datos sobre los nacimientos por cesárea en todo el territorio, confeccionar y brindar estadísticas en relación a las causas que motivan la realización de esta práctica. Específicamente se deberá realizar un seguimiento de los partos por cesárea practicados en población de bajo riesgo de nacimiento por cesárea (Grupos 1 a 4 según la clasificación de la Tabla Robson de la Organización Mundial de la Salud), razones de su indicación, identificación y revisión de los casos en los que podrían haberse evitado la cesárea y la elaboración de recomendaciones y acciones para evitar futuras cesáreas en casos similares.
La OMS estableció que aproximadamente -con las variaciones particulares de cada país- un 15% de las cesáreas que se practican actualmente es un porcentaje razonable. Es decir que, hasta 15% de las cesáreas que se llevan a cabo tenían el máximo de los beneficios y el mínimo de los riesgos. A partir de ahí empiezan a aparecer más riesgos, y se empiezan a hacer cesáreas a mujeres que no las necesitan clínicamente.
En la previa de las PASO en Santa Fe, la diputada nacional y precandidata a gobernadora dijo que la campaña entre sus contrincantes, Pullaro y Losada, “ha sido muy agresiva”.
En la previa de las PASO en una provincia clave, la diputada nacional y precandidata a gobernadora dentro de “Unidos para Cambiar Santa Fe” Mónica Fein afirmó tener “mucha convicción de que vamos a ser la sorpresa de este domingo, más allá de que intenten polarizar”.
Según la socialista, en sus recorridas percibió que “hay una vuelta de página al gobierno de Omar Perotti, que ha sido un mal gobierno para Santa Fe”. Pero también, “la campaña de mis adversarios (dentro del mismo frente), (Maximiliano) Pullaro y (Carolina) Losada, que ha sido muy agresiva, muy descalificatoria, no ha entusiasmado a la sociedad”, aseguró.
“Tengo toda la convicción de que lo nuestro, con propuestas, ha sido muy valorado por la ciudadanía”, agregó en declaraciones a CNN Radio.
Consultada por un tema central que desvela a la provincia, como es el narcotráfico, la exintendenta de Rosario señaló que hay que “tomarlo como política de Estado, liderarlo. Creo que ha habido una gran ausencia del Gobierno nacional y provincial”.
“En Rosario son 12 los barrios que tienen una violencia más extrema”, detalló, al tiempo de destacar la importancia de “un Estado más presente” que trabaje “en coordinación con todas las políticas sociales”.
Para la legisladora, hay que “introducir una serie de cambios en el Servicio Penitenciario” ya que “las últimas acciones han sido organizadas desde las cárceles”. “Eso hay que cambiarlo con inhibidores de señal, porque lo hacen por teléfono, con cárceles especiales para presos de alto perfil”, continuó.
En paralelo, Fein sostuvo que hay que “fortalecer las políticas sociales y de educación” porque “tenemos 100 mil chicos fuera del sistema educativo”. “Si no hacemos una buena educación, de calidad, y no los vamos a buscar, bueno, también estamos apostando a una sociedad sin futuro”, reflexionó.
Además, la diputada consideró que “es necesario una fuerza especial en el tema narcotráfico. Lamentablemente la Policía Federal está hoy muy concentrada en Capital Federal”. “Debemos fortalecer un área de criminalidad compleja en el país”, subrayó, al aseverar que el narcotráfico trasciende Rosario y está “en toda la Argentina”.
Sobre Santa Fe, agregó que “se ha venido abajo un sistema sanitario que era el mejor de Argentina, hoy hay falta de insumos y profesionales, la obra social provincial funciona muy mal. La seguridad atraviesa todos los debates, no solo por Rosario y el récord de homicidios que hay, sino porque los problemas de consumo de sustancias, de droga, que comienzan a aparecer en localidades más pequeñas. También preocupa la falta de trabajo y hay una situación de muchísimas personas en situación de pobreza y que están lejos de tener una vida digna”.
La precandidata a gobernadora de Santa Fe se pronunció en contra de la gestión actual del gobierno: “La realidad en Santa Fe y en Rosario es dramática”. El cordobés inscribirá su alianza que se llamará “Hacemos por Nuestro País”.
La diputada nacional por el Partido Socialista y precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe, Mónica Fein, confirmó que unirá fuerzas con el sector de Juan Schiaretti, de cara a las elecciones primarias del próximo 13 de agosto.
“Hemos decidido acompañar a Schiaretti a nivel nacional”, manifestó la ex intendenta de Rosario en declaraciones radiales, al tiempo que afirmó: “Somos una continuidad del electorado de Miguel Lifschitz”.
No obstante, la legisladora nacional se pronunció en contra de la gestión actual del gobierno: “La realidad en Santa Fe y en Rosario es dramática. Y la respuesta del gobierno realmente es dolorosa”.
“El kirchnerismo nos ha dejado un país sin esperanza, agobiado”, sostuvo Fein, que también apuntó a otra de las candidatas a gobernadora de Santa Fe y senadora, Carolina Losada: “Losada no tiene experiencia para gobernar y ni siquiera vive en Santa Fe”.
El gobernador de Córdoba inscribirá este miércoles la alianza “Hacemos por Nuestro País”, que participará en las próximas PASO del 13 de agosto. Es en medio de la disputa por su ingreso a Juntos por el Cambio.
El espacio estará integrado por peronistas no kirchneristas, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista y otras fuerzas de la provincia de Córdoba.
Sin el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey en el espacio, Schiaretti deberá, como precandidato presidencial, sumar el 1,5% en las PASO para convertirse en candidato formal.
Ante los cuestionamientos en la materia, el jefe de Gabinete sugirió establecer “un acuerdo marco” para determinar cómo abordar el tema.
La crisis que vive la provincia de Santa Fe en materia de seguridad generó hasta no hace mucho tiempo la máxima atención del Congreso de la Nación, que derivó en la aprobación de una ley para el fortalecimiento del Poder Judicial de ese distrito. Y la visita del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. No mucho más.
Este martes el tema volvió a la palestra, ante la visita del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien puede hablar también en primera persona por ser santafesino. El funcionario fue interpelado por sus comprovincianos. Arrancaron los socialistas, Mónica Fein y Enrique Estévez.
La primera fue más allá de la cuestión de la seguridad, al preguntarle al funcionario sobre la estructuración de un país federal “con semejante discriminación a las provincias, particularmente a Santa Fe”. En ese sentido, la presidenta del Partido Socialista detalló que la provincia de Buenos Aires recibe para obras en el AMBA 30 mil pesos por habitante, mientras que el conurbano santafesino recibe apenas 20 pesos. Para comedores en CABA, continuó Fein, ese distrito recibe casi el doble de Santa Fe. Y entre otros datos contó que a la Caja de Jubilación provincial le deben 14 mil millones de pesos mensuales.
Se refirió luego al paro del transporte que se desarrolla este martes en el interior del país, mas no en el AMBA, adonde se destinan fondos por 43 veces más que al interior del país. “Hoy hay paro de transporte en mi provincia”, insistió la diputada, agregando que “en 2022 los municipios santafesinos quedaron en el último puesto en transferencias nacionales: 43.000 pesos por habitante van a otros destinos, mientras que para Santa Fe son 2.227 pesos por habitante”.
Y llegó al tema de la seguridad, donde advirtió que “estamos 19° en cuanto a recursos que el Gobierno nacional destina a las provincias. Para presos federales, siendo que nosotros tenemos la mayor cantidad, nos dan 375 pesos para cada uno para su alimentación”.
Agregó Mónica Fein que “hoy están cerradas todas las escuelas, por haber sido baleadas o amenazadas; el paro es por la inseguridad. Esta realidad que vivimos todos los días me hace preguntarle dónde está el Gobierno nacional, qué está haciendo ante esto”. Y tras detallar uno por uno a todos los legisladores santafesinos que son del mismo signo político que el gobernador Perotti son precandidatos a gobernadores, se preguntó qué estaban haciendo ante ello. “El Gobierno de Alberto Fernández se autopercibe federal; quizá el kirchnerista arrepentido Omar Perotti ha decidido ser más fiel al Gobierno nacional que a su provincia”, disparó, y cerró: “Si no construimos una política realmente federal, no habrá respuesta para ningún argentino”.
A continuación, su par Enrique Estévez se refirió también a la protesta que se estaba dando con escuelas cerradas; habló de comisarías cerradas y valladas por miedo, y cuestionó “la desidia de un Gobierno provincial que no existe en Rosario, y un Gobierno nacional que tiene los recursos y estructura, que nada cumple”. Reclamó, por último, “un plan de seguridad. El pueblo entero pide auxilio por la masacre que estamos viviendo”.
“Creo que todos estamos preocupados por la situación de Rosario”, arrancó el jefe de Gabinete, que a continuación reiteró que él vive allí, lo mismo que su esposa, que trabaja y vive en Rosario, igual que sus hijos. Entonces contestó a los socialistas de manera “fraternal”, dijo, para no ofenderlos, pero lanzó que “se tienen que hacer cargo: 12 años gobernaron la provincia, tres gobiernos consecutivos; y siguen gobernando Rosario. ¿No tienen ninguna responsabilidad? No digo no hacer críticas, sino bajar un tonito la crítica”.
Rossi agregó que “sabemos que es un problema difícil de resolver, no quiero entrar en ninguna chicana”, pero advirtió que “defendieron a un comisario que estaba acusado, como preso político”.
Aclaró entonces que “el abordaje de la seguridad es complejo; yo estoy permanentemente en el tema, y tenemos semanas mejores, y semanas más complicadas”.
Agustín Rossi admitió que obviamente esas eran cosas que podía decirles a los dirigentes, mas no a un vecino que fue víctima de un robo, o de cualquier caso violento, “porque tiene toda la razón. Pero no podemos mirar hacia el costado. Tiene que haber un acuerdo marco de cómo abordar el tema”.
Por último, Agustín Rossi invitó a “no eliminar la crítica; es parte del debate de la democracia, pero para los que hemos tenido responsabilidad de gestión, que busquemos que el diálogo sea más fraterno, porque sabemos que es una problemática difícil”, y detalló medidas como cambios en la forma de patrullar, una intensificación de la inteligencia y medidas en las cárceles para obstaculizar los métodos de comunicación de los narcos que están presos.
“No es que me voy de acá y veo que Rosario está lejos…”, dijo para concluir, admitiendo que tenía números para dar, sobre los miles de millones de pesos que han destinado a esa provincia, pero consideró que ya no era necesario hacerlo y reitero que es una lucha constante que tiene semanas malas y semanas un poco mejores.
Cuando fue el turno de las intervenciones de los diputados de JxC, la primera en hablar fue Germana Figueroa Casas, quien como santafesina retomó el tema para insistir en que su provincia es la que menos recibe en materia de seguridad por habitante: “Hasta ayer, 3.823 pesos”. Y luego advirtió que “los números no mienten”, para reiterar que está en el puesto 19°, “siendo la provincia que más problemas tiene de seguridad”.
“No sé si cargan mal los números, pero realmente necesitamos respuestas. Sus hijos, los míos, le vuelvo a preguntar: si Santa Fe fuera una prioridad, ¿por qué no tendría que ser la que más recibe en ese sentido? Sé que para usted es importante también, pero necesitamos una respuesta”, señaló Figueroa Casas.
La diputada del Pro cerró pidiendo no olvidar que Santa Fe aporta el 13% de los ingresos de todo el país, y reclamó: “No nos dejen solo. Cada vez estamos peor, realmente queremos que nos den una respuesta y nos expliquen por qué no se ve esa prioridad que se está dando”.
Más adelante le contestaría Rossi que había que contabilizar que las fuerzas de seguridad se estaban movilizando permanentemente y ejemplificó contando que la Villa 1-11-14 es patrullada por el Gobierno nacional. Pero aclaró que “independientemente de los números, el compromiso del Gobierno nacional es irrenunciable por parte de nuestro Gobierno y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance”.
La candidata del Partido Socialista en el Frente de Frentes santafesino le envió un mensaje a los otros precandidatos y pidió “no acusarse de campañas sucias”.
La precandidata a gobernadora de Santa Fe y diputada nacional Mónica Fein (Socialista – Santa Fe) lanzó críticas contra los actuales gobiernos nacionales y provinciales respecto al tratamiento que le dan a la inseguridad y al narcotráfico en la ciudad de Rosario.
“Me molesta mucho que el Gobierno nacional mire para otro lado en un problema que no solo está en el conurbano”, dirigió Fein contra el presidente Alberto Fernández y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.
Entrevistada en CNN Radio, la diputada también fue contundente contra el actual gobernador santafesino Omar Perotti: “La falta de este gobierno -provincial- ha hecho que todos esos temas se hayan modificado para mal”, y aseveró: “Tenemos una realidad mucho peor que hace cuatro años atrás en el tema violencia e inseguridad”.
El avance de la violencia en Santa Fe, con su foco más agravado en Rosario, ha sido el tema que todos los precandidatos a la gobernación han cuestionado. “El narcotráfico es un tema que está instalado en nuestro país y no hay localidad donde no haya consumo, comercialización de drogas y lavado de dinero”, afirmó Fein.
En tal sentido, agregó que “mirar para el costado sabiendo que hay fronteras, hidrovías y rutas nacionales sin tener un plan contra el narcotráfico hace que lugares como Rosario los vivamos con mucho dolor al tener 130 asesinatos en lo que va del año”. “Perotti cambió cuatro veces de ministro de seguridad y 11 veces de jefe de la Policía”, remarcó.
Además, la legisladora socialista aseveró que “la falta de una política nacional y provincial tiene sus consecuencias”, y consideró que “si bien hay fuerzas nacionales recorriendo el centro de Rosario y no donde está la mayor violencia, lo que no hay es un plan”.
“Si desde las cárceles se maneja la violencia y el Estado se ha retirado de los barrios estamos en una situación dramática. No hay localidad donde el tema de la inseguridad no esté presente”, enfatizó.
Por otra parte, Mónica Fein propuso un debate público “porque hay que decirle a la gente lo que queremos hacer en cada área, no acusarse de campañas sucias y no ayuda a poner el eje realmente en los problemas de los vecinos”, en referencias a la feroz interna entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, los otros dos precandidatos del Frente de Frentes.
La iniciativa fue ingresada por los diputados Carlos Gutiérrez, Alejandro “Topo” Rodríguez y Mónica Fein, busca la protección y reaseguro a los productores y a la actividad agroganadera frente a eventuales daños y perjuicios producidos por factores climáticos.
Los diputados del interbloque Federal Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal), y la socialista Mónica Fein presentaron el proyecto de Seguro Multirriesgo Agropecuario.
La iniciativa impulsa la creación de un Seguro Multirriesgo Agropecuario como instrumento de protección y reaseguro a los productores y a la actividad agroganadera frente a eventuales daños y perjuicios producidos por factores climáticos o sanitarios.
También contempla una amplia y múltiple cobertura de siniestros derivados de viento, helada, granizo, exceso de lluvia e inundación, altas temperaturas y sequía, así como factores de origen biológico.
Con el objetivo de hacerlo accesible al productor, una parte de los costos del nuevo seguro se financiará mediante el Fondo Multirriesgo Agropecuario, integrado anualmente con el 10% de lo recaudado en concepto de derechos de exportación del Complejo Soja y con partidas del Presupuesto Nacional.
El proyecto contempla que, a medida que disminuyan las retenciones, se vayan aumentando en forma proporcional las partidas del Presupuesto Nacional, hasta llegar a “retenciones cero” y 100% de financiamiento presupuestario.
Así mismo, incorpora como incentivo la deducción del 50% de los gastos de cobertura del Impuesto a las Ganancias.
La diputada socialista encabezará la fórmula junto al periodista Eugenio Fernández. Disputará la interna con los postulantes de JxC Carolina Losada y Maximiliano Pullaro.
Al borde del cierre de listas en Santa Fe generó sorpresa la postulación de la diputada nacional Mónica Fein como precandidata a gobernadora por el Partido Socialista, dentro del “Frente de Frentes” que también integran el Pro y la UCR, entre otros, ya que se especulaba con que fuera Clara García, esposa del fallecido exgobernador Miguel Lifschitz.
La legisladora, exintendenta de Rosario, estará acompañada en la fórmula por el periodista Eugenio Fernández. “Es un orgullo contar con su aporte y compromiso. Nuestra propuesta se basa en la experiencia de gestión, la honestidad y la capacidad de trabajo”, escribió la socialista en sus redes.
Por su parte, García encabezará la lista de legisladores provinciales. “Estoy convencida de que @ClaraGarcia_SF es la persona que mejor va a impulsar esa transformación desde la Cámara de Diputados, porque tiene la experiencia necesaria y la convicción que se necesita para hacer frente a la desidia que nos deja el actual gobierno provincial”, expresó Fein.
Y agregó: “Porque sabemos que necesitamos un gobierno que defienda a los santafesinos y santafesinas y ofrezca un futuro, asumí la responsabilidad de ser precandidata a gobernadora. Lo voy a hacer con seriedad, compromiso y transparencia, representando el legado de Hermes (Binner) y Miguel”.
Dentro de la interna del “Frente de Frentes” el binomio Fein-Fernández competirá con las fórmulas que integran la senadora nacional Carolina Losada y el diputado nacional Federico Angelini, y el legislador provincial -exministro de Seguridad de Lifschitz- Maximiliano Pullaro junto a la exdiputada nacional del Pro Gisela Scaglia. Ambos se sacan chispas dentro de la interna de Juntos por el Cambio.
Sin embargo no todo el socialismo integra esta coalición que busca ganarle al peronismo en las próximas elecciones provinciales, ya que hay sectores que juegan por separado como el de Claudia Balagué o el de Antonio Bonfatti, quien presentará una lista propia de legisladores provinciales.
En el caso del peronismo, el senador nacional Marcelo Lewandowski buscaba ser el candidato único del espacio, pero no habría recibido el aval del gobernador Omar Perotti, quien ungiría a su delfín Roberto Mirabella, actual diputado nacional. Igualmente, en la interna ya están anotados también Marcos Cleri (La Cámpora), Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y Leandro Busatto (La Corriente); los dos primeros son actuales diputados nacionales.
La actividad, en la que se presentaron políticas públicas, fue una nueva muestra de coincidencias entre schiarettistas, socialistas y demás referentes del Interbloque Federal de Diputados.
La senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo (Unidad Federal) y el diputado nacional Carlos Gutiérrez (presidente del bloque Córdoba Federal, miembro del interbloque Federal), participaron de la actividad “Compromiso por la igualdad. Agenda para el desarrollo inclusivo y sustentable de la Argentina”, en la que se expusieron propuestas en materia de políticas de salud, educación, sociales, economía y seguridad.
La jornada, organizada por el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro), contó con el cierre de la presidenta del Partido Socialista, la diputada nacional Mónica Fein.
“No existe una democracia duradera en esta profunda desigualdad que tenemos. Debemos construir todos los días acciones que permitan generar oportunidades y lo debemos hacer con diálogo y con una alta participación ciudadana”, dijo Fein.
“Hay un debate muy fuerte hoy sobre la libertad y que, por supuesto, nosotros estamos a favor de la libertad, pero para que haya libertad tenemos que garantizar la igualdad. Nosotros queremos la igualdad porque sabemos que el mercado no resuelve los problemas en esta profunda desigualdad. Queremos un Estado diferente, participativo, social, un Estado eficiente, un Estado cercano, por eso hablamos mucho con los compañeros de Córdoba, de Buenos Aires, del federalismo, un Estado que reconozca la particularidad de cada región, pero que logre articular igualdad de oportunidades”, agregó.
El encuentro tuvo lugar este miércoles en el Hotel Ibis en CABA; y además de Vigo y Gutiérrez, estuvieron presentes los diputados Enrique Estévez (socialismo-interbloque Federal) y el jefe del interbloque, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez. También, la diputada provincial socialista por Santa Fe Clara García; y la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Margarita Stolbizer (GEN). Además, asistió el legislador provincial socialista Matías Chamorro.
La norma, que establece un protocolo de comunicación a la familia, se sancionó por unanimidad en la Cámara de Diputados.
En la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados sancionó por unanimidad, con 210 votos, una ley sobre diagnóstico humanizado del Síndrome de Down, con el objetivo de brindar contención y acompañamiento a las familias que reciben la noticia durante el embarazo o el nacimiento de su hijo/a.
La iniciativa, que venía siendo reclamada fuertemente desde ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), había tenido media sanción del Senado en diciembre de 2021, impulsada por quien fuera en ese momento senador, el radical Julio Cobos.
En tanto, en diciembre del año pasado, se incluyó en los temarios de sesiones que se frustraron y no se pudieron realizar en la Cámara baja.
La presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Mónica Fein (PS-Santa Fe), defendió el proyecto que tiene como objetivo “discutir la necesidad de abordar un cambio de paradigma en el sistema de salud, en el vínculo entre el sistema de salud y las personas”.
“Específicamente nos están pidiendo que busquemos humanizar aún más el sistema de salud, buscando la herramienta donde el diagnóstico y los pronósticos puedan generar en el vínculo médico-paciente una relación diferente”, señaló la diputada socialista.
Resaltó la importancia de “este proyecto que fue impulsado por familiares, madres, padres, organizaciones como ASDRA”, y agregó: “Como integrante de la comisión, todos sabemos que hay permanentemente actualizaciones científicas, tecnológicas, pero muchas veces se dedica poco tiempo en profundizar cómo los vínculos, el contexto, acompañan y cuidan a una familia en un momento tan importante como el nacimiento de un niño o niña”, señaló.
Fein consideró que “es momento de pensar el paradigma del sistema. Pensar cómo el sistema muchas veces no le da el tiempo para que ese vínculo se profundice y pueda acompañar de otra manera”, y cerró resaltando que esta iniciativa tuvo aprobación unánime en el Senado, y la misma “no hace más que profundizar un concepto que todos los que estamos en salud creemos: humanizar, generar vínculos, fortalecer la información y acompañar y cuidar a aquellos que más lo necesitan”.
A continuación, la diputada Anahí Costa (FdT-Catamarca) destacó que esta iniciativa “reconoce derechos fundamentales, como son el acompañamiento y la contención a los pacientes y sus familias. Todos hemos recibido en algún momento de nuestras vidas diagnósticos de nuestra persona o los que nos rodean, y siempre deben ser humanizados. Por supuesto que es importante lo que se dice, pero más importante aún cómo se dice”.
El proyecto “tiene un objeto central que es la información y capacitación de los equipos de salud. Promover la apertura temprana para asegurar la calidad de vida. Y no solo abarca al diagnóstico de Trisonmia 21, sino también a otras patologías asociadas a la discapacidad”, agregó, para resaltar que “escuchar a las mamás y papás contando sus experiencias con respecto al momento de recibir el diagnóstico, es movilizador, nos deja una gran enseñanza y debemos trabajar muchísimo en eso”.
A su turno, la diputada Dina Rezinovsky (Pro-CABA) celebró el tratamiento de este proyecto que en pocos minutos sería ley. “Es un día de mucha alegría para miles de familias en todo el país, y creo que es un antes y un después para las familias que pueden llegar a vivir en sus vidas alguna vez la necesidad de tener esta ley”, señaló.
Luego dijo que mucho había hablado durante los debates en comisión, y que se preguntaba a sí misma qué decir esta vez, y encontró la respuesta en un posteo de Instagram que graficaba una situación en particular sobre cómo una familia llegó a un diagnóstico. El posteo representaba mejor que nada el tema y lo leyó. Contó el caso de “Romi”, que acababa de dar a luz a Fausti. “¿No entendiste mami, no?”, le preguntaba una persona del servicio médico. Su compañero ya no le sostenía la mano y había salido de la sala de partos. Cuando obstetras y parteros recibieron a su hija, le dijeron: “Mamá, tu hija puede tener un problema genético”. Ella seguía en shock y ante la pregunta de si no había entendido, respondió que no. “Es muy probable que tenga síndrome de Down”, completaron.
Ya en su cuarto, para ella debía ser el día más feliz de su vida y se lo convirtieron en una pesadilla. Romi no puede dejar de llorar –leyó la diputada Rezinovsky-, y se preguntaba “por qué me pasa esto a mí”. En ese momento le traen a su hija y se produce el primer click: “Es lo que siempre soñé, es nuestra familia”, dice Romi. El segundo click se da por la noche, cuando su compañero comienza a buscar a asociaciones como ASDRA para que lo contengan e informe.
“Que esta ley sirva para que las familias nunca tengan que p asar por situaciones como esta”, concluyó la diputada.
Impulsor de la ley en su mandato como senador, el diputado Julio Cobos (UCR-Mendoza) destacó que “afortunadamente en nuestro país tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil que complementan la labor del Estado, y que por ahí nos indican el camino a seguir o las sugerencias a los legisladores sobre problemáticas que viven en carne propia. Este es un típico caso”. El proyecto es “simple pero necesario”, afirmó y expresó: “Yo celebro que esto se transforme en ley”.
Durante su discurso hizo un pedido especial a las presidentas de las comisiones de Salud (Mónica Fein) y Familias (Roxana Reyes) sobre la cuestión de que “la libreta de salud no contempla los parámetros de crecimiento y desarrollo para los chicos con síndrome de Down”. “Esto no tiene ningún costo, simplemente son dos o tres hojas de libreta que hay que incorporar”, explicó.
Poniendo el foco en la responsabilidad de los profesionales, el diputado Luis Di Giacomo (JSRN-Río Negro) dijo que quería “llamar la atención sobre el aspecto del diagnóstico humanizado”, sobre el cual hay proyectos para distintos tipos de enfermedades.
“Lo que hay que cambiar es la formación de los profesionales de salud, en general, y de los profesionales de la educación, para que de alguna manera puedan superar los prejuicios, que los tienen como cualquiera dentro de la sociedad, y puedan emitir un juicio razonado respecto de quien tienen enfrente para ser atendido, educado o acompañado en lo laboral”, sostuvo el presidente de la Comisión de Discapacidad.
En esa línea, el rionegrino consideró que “habría que hacer una ley para que aquel que no trate bien a un paciente o una persona, como se lo merece, y… tiene que ir preso, se le tiene que sacar la matrícula, tiene que tener el castigo a lo que no está haciendo correctamente. Porque lo correcto es que atienda humanizadamente”.
En un discurso muy emotivo, pues se basó en su experiencia personal, el diputado José Luis Gioja (FdT-San Juan) manifestó: “No tengo dudas que este proyecto será una política pública muy importante en el área de salud”. “A nivel personal soy un afortunado por contar en mi vida con mi hijo, más allá de su condición, sin ‘peros’. No hay un pero que menoscabe la felicidad de tener un hijo tan especial”.
De acuerdo a la flamante norma, el diagnóstico deberá hacerse mediante una adecuada comunicación interpersonal e información objetiva y actualizada de la condición informada.
Los objetivos de la ley son: proveer a los progenitores información completa, precisa y actualizada; promover la capacitación en el modelo social de discapacidad y sensibilización de los equipos de salud.
También, promover la atención oportuna y estimulación temprana del recién nacido con diagnóstico de síndrome de Down para asegurar su calidad de vida en igualdad de oportunidades; y contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad, evitando la difusión de estereotipos o el surgimiento de nuevas formas de discriminación.
Entre sus funciones, la autoridad de aplicación tendrá que: promover la formación y capacitación continua a profesionales de la salud; elaborar y difundir un protocolo respecto de la comunicación y la información que debe proveerse a las personas cuyo hijo en gestación o recién nacido recibe un diagnóstico de síndrome de Down; generar, colectar y sistematizar la información respecto a la cantidad de casos diagnosticados; y difundir cartelería en los establecimientos de salud respecto de los derechos de los progenitores.
La ley establece que la comunicación que realicen los profesionales deberá realizarse en un ámbito de intimidad y, de forma presencial o a través de un medio de comunicación o plataforma tecnológica, que haga posible sostener una comunicación interpersonal de calidad y garantice su privacidad; asegurar la disponibilidad de tiempo necesaria para evacuar dudas y consultas; y ser empática, en lenguaje claro, actualizada, neutral, respetuosa de la dignidad de las personas con discapacidad y en formatos accesibles con una perspectiva en derechos humanos.
A su vez, se indica que “al momento del diagnóstico prenatal o posnatal, deberá proveerse información en los términos de la Ley 26.529 (Derechos del Paciente) y la vinculada a la condición diagnosticada, recomendaciones de seguimiento clínico, recursos, grupos y asociaciones de acompañamiento y contención de las personas con discapacidad y sus familias, servicios sanitarios y de apoyo públicos y de la sociedad civil, así como los sitios de interés para usuarios que reciban el diagnóstico prenatal o posnatal del síndrome de Down”.
La diputada santafesina remarcó la necesidad de “un plan integral” en el que “el Estado se involucre más”. También consideró que “la política debe sentarse con seriedad, responsabilidad y sin ataques a los partidos a tratar este problema”.
La diputada nacional Mónica Fein (Partido Socialista – Santa Fe) se refirió a la situación en su provincia sobre el narcotráfico y el envió de fuerzas policiales que hizo el Gobierno Nacional y sostuvo: “Perotti y Alberto Fernández no tienen ningún plan”. En tanto, remarcó la necesidad de “un plan integral” en el que “el Estado se involucre más”.
En declaraciones a la FM 89.9, la santafecina sostuvo: “Nosotros gobernamos Santa Fe con el frente Progresista y fue contra formaciones muy importantes como en la justicia que permitió develar las relaciones de distintos actores del poder con el delito”.
“Nosotros transformamos la justicia, hicimos un sistema acusatorio para que pudiera ser investigado el poder. Los gobiernos del Frente Progresista han sido gobiernos transformadores con errores y aciertos, pero por supuesto ninguno tiene procesos judiciales o está denunciado por el tema del narcotráfico porque me parece inhumano con lo que nos está pasando. Cínico mezclar la política partidaria, la especulación electoral con un proceso tan complejo como es el narcotráfico en el país”, destacó.
Y sumó: “Fuimos parte de un proceso colectivo donde todos teníamos participación. Una coalición en serio con formación en serio que obviamente aportó, cada uno desde su mirada, muchas transformaciones a la provincia con una cantidad de procesos importantes entre otros, enfrentar las violencias que se daban con mecanismos de mayor presencia del Estado, con un nuevo sistema acusatorio, con una reforma policial que quizás ha sido la más dificultosa con programas sociales que hicieron bajar el delito, bajar la violencia, sobre todo”.
“Creo que el gobernador hoy tendría que mirar y tomarlo siempre, para ser sincero con poco o nada acompañamiento del Gobierno nacional que prefirió pensar que el narcotráfico era un problema local de Rosario de los socialistas como le gustaba decirlo, en lugar de entender que el narcotráfico es un problema grave nacional”, disparó Fein.
A su vez, recordó y comparó: “Yo fui intendenta con los dos períodos y Berni tenía acción de venir con gendarmería que nos ayudó en algún momento a pacificar algunos territorios, pero hacer una política más integral desde lo local. Bullrich venía con un plan mucho más integral y discutíamos, no fácilmente porque no teníamos la misma mirada, pero donde bajamos la violencia fue con un plan integral que empezamos a hacer con Patricia a nivel nacional, con Maximiliano Pullaro en el ministerio como un plan de gobierno integral porque estaban sentados también con Desarrollo Social, el área de Justicia, el MPA que descubrió ese sistema de justicia que nosotros transformamos a pesar del sistema judicial antiguo que cuando lo empezamos a implementar cantaba ‘resistiré’ para que no cambiáramos ese sistema escrito inquisidor a un sistema donde pudiera investigar al poder”.
Por otro lado, la presidenta del Partido Socialista le respondió a Lucila Lehmann tras sus declaraciones y manifestó: “El senador Armando Traferri está siendo convocado por esta justicia que nosotros logramos transformar para ir a declarar por denuncias que tiene de relación con el juego ilegal. El Senado donde el Partido Socialista no tiene integrantes decidió no quitarle los fueros y que no vaya a ser investigado por la justicia. Siempre nos hemos expresados a favor de que todos, inclusive cada uno de nosotros, debe ser investigado si así lo quiere la justicia”.
“También hubo un fiscal en Rosario que fue investigado y destituido por estar relacionado con el juego ilegal. Me parece muy terrible plantearlo como un hecho puntual de un partido, pueden ser actores que la justicia debe avanzar”, agregó.
Por último, criticó: “Se cuestiona al frente progresista que logró reformar la justicia, disminuir la violencia, se cuestiona a un frente que perdió en las elecciones frente a Perotti que vino con el esquema ‘la paz y el orden’ en un momento de debilidad, fue una mentira a la sociedad”.
“Es bueno que esté la gendarmería, pero que se necesita un plan integral y con la presencia de otros niveles del Estado para investigar la ruta del dinero, para investigar el poder, para investigar a los financistas que lavan el dinero, y para eso necesitamos que el Estado se involucre un poco más que con esa gendarmería”, consideró.
Y remató: “Creo que no hay plan, que Perotti no tiene plan y Alberto tampoco. Hay que sentarse en una mesa y discutir porque esta realidad duele, en vez de discutir electoralmente quién fue más responsable, la política debe sentarse con seriedad, responsabilidad y sin ataques a los partidos”.
El mandatario cordobés recibió a la presidenta del Partido Socialista de Argentina, y hablaron de alcanzar propuestas que generen “entusiasmo, expectativas y esperanza”.
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, recibió este fin de semana en el Centro Cívico del Bicentenario a la presidenta del Partido Socialista de Argentina y diputada nacional por Santa Fe, Mónica Fein.
Durante el encuentro, coincidieron en que Argentina necesita establecer puntos de encuentro superadores a la grieta, basados en el trabajo, la inclusión y la movilidad social. Que se respete el diálogo y a las instituciones, señalaron.
En ese marco, la titular del Partido Socialista sostuvo al salir de la reunión que “debemos pensar en propuestas que generen entusiasmo, expectativas y esperanza en Argentina”.
“Me parece que los integrantes de la grieta están lejos de lo que les interesa a los argentinos. Basta de pelearnos por cuestiones que no tienen nada que ver con generar trabajo, con bajar la inflación, con garantizar la seguridad, promover la educación y la salud”, subrayó a continuación.
La legisladora nacional agregó que es necesario “pensar cómo construimos o ayudamos a construir un espacio que sea una alternativa en Argentina y que genere esperanza”. Acompañaron a Juan Schiaretti y Mónica Fein, el diputado nacional por Córdoba Carlos Gutiérrez y el legislador provincial Matías Chamorro.
Funcionarios y especialistas en salud evaluaron sendos proyectos en la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
Se realizó en la Cámara baja una nueva reunión informativa, con la presencia de especialistas del sistema de salud. Se habló de la necesidad de establecer una reforma en el sistema de salud, y se revelaron datos sobre los eventos adversos en la seguridad del paciente.
Con la presencia de especialistas en ambos temas, la Comisión de Acción Social y Salud Pública se reunió este miércoles para volver a analizar dos temas claves vinculados con el tema de sanitario: “Evaluación de Tecnologías Sanitarias” y “Seguridad del Paciente”.
La reunión estuvo presidida por la diputada socialista Mónica Fein, quien destacó que esta sería la segunda reunión informativa sobre ambos temas y que habrá más para seguir avanzando en ambas discusiones para la elaboración de proyectos de ley que puedan debatirse en el recinto.
El primer expositor lo hizo a través de un video y correspondió al doctor Esteban Lifschitz, director científico de Hiris Care, quien valoró la creación de una entidad que realice la evaluación de tecnologías sanitarias en la Argentina. “Agencia, instituto, una administración que permita tomar mejores decisiones sobre la cobertura de las tecnologías en general”, remarcó.
Se preguntó a continuación por qué es necesario que el país tenga una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. “¿Por qué no?”, se preguntó como respuesta. Residente en España desde hace tiempo, aclaró que la situación en ese país es similar, y habló de una “tormenta perfecta”, en la que algunos actores, como la industria farmacéutica han logrado influir en los profesionales sanitarios, medios, decisores políticos, prácticamente en todos los estamentos, a favor de sus propios intereses. “Básicamente lo que permitiría una agencia es tomar mejores decisiones de cobertura. Para que todo aquello que a priori se definió que puede ser comercializado, haya una instancia posterior que determine en qué casos se justifica que esa tecnología deba ser financiada por el sistema de salud. ¿Y por qué creo que lo permitiría una agencia? Básicamente porque la evaluación de tecnologías sanitarias realmente lo que intenta es reducir la incertidumbre a la hora de tomar esas decisiones de cobertura y tratar que no se incorporen al mercado muchas tecnologías que están flojas de papeles”, planteó, reconociendo que “gran parte de las innovaciones son basura, no aportan nada, y eso sí, en muchos casos generan costos adicionales”.
Lifschitz recordó también que la evaluación de tecnología no es económica, sino un proceso técnico que intenta determinar si un determinado medicamento en relación con otro que ya está disponible merece ser incluido también en la cobertura”.
Y enfatizó: “Lo nuevo, lamentablemente, no siempre es mejor, pero siempre es más caro. Si la agencia no hiciera ningún tipo de evaluación económica, solo con contarle las costillas a los estudios, con identificar si realmente tenemos confianza en que lo que dicen los estudios después va a pasar en la vida real, eso no sirve”.
Asimismo destacó la importancia de poder tener una agencia que defina cuáles son las enfermedades prioritarias y cuáles son los resultados de salud que importan.
Por último, el especialista advirtió que lo que vaya a resolverse mediante la legislación no debería limitar el posterior funcionamiento de una agencia. Debería establecer lo básico: cómo está compuesta, qué acciones va a tener, etcétera. Pero por otra parte, las decisiones que vaya a tomar deben ser posteriores a las de la ANMAT. Y sostuvo que las decisiones de la agencia deberían ser además vinculantes.
A continuación expuso Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, quien destacó que ya existen agencias en otros países y la existencia de una nos permitirá “ponernos a tono con los otros países de la región”.
Pero antes de hablar sobre evaluación de tecnologías sanitarias, puso énfasis en hablar de una reforma sanitaria, la necesidad de una integración del sistema de salud. Habló en eses sentido de “la necesidad de acciones normativas que vayan ordenando esa fragmentación que tenemos en el sistema de salud. Una de esas propuestas es la organización de la carrera laboral”, y al respecto advirtió que “en la provincia de Buenos Aires no cumplimos este año el cupo del 25% en residentes de Pediatría”.
En ese sentido dejó una sentencia: “En 20 o 30 años quizá no tengamos la cantidad de pediatras necesarios”.
“Cuando discutimos la integración del sistema de salud, hablamos de tres puntos, gobierno, modelo de atención y cuidado y la cuestión de los sistemas de información”, destacó el jefe de asesores bonaerense, quien destacó que cuando se habla del gobierno, se refieren a la capacidad de tomar decisiones del sistema de salud en general. “No hay una cadena de mandos. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay decisiones que se toman para la implementación de determinada tecnología, que después genera problemas de gestión”, señaló.
Puso como ejemplo el acceso a un tomógrafo que un pueblo chico puede llegar a conseguir con mucho esfuerzo. Pero después “¿cómo conseguimos el médico para atenderlo? –se preguntó-. Tengo tomógrafo y no tengo médico; tampoco quiero que vengan pacientes de otros municipios, porque ¿quién paga? Es un botón de muestra de la falta de capacidad del gobierno por no tener herramientas concretas para coordinar estas decisiones”.
Por eso, consideró Enio García, “tiene que haber mesas, instancias para que se puedan tomar esas decisiones de la manera posible”. Y agregó: “Si tenemos una agencia que en primera instancia pueda plantear analizar la tecnología y la necesidad no solo de la cuestión económica, sino de cómo usamos esta tecnología, eso va a abonar en términos de calidad”.
A su turno, Hugo Magonza, director general del CEMIC, planteó que “lo que tenemos es un problema de rectoría”. Respaldó lo que acababa de expresar Enio García y precisó que “la agencia es solo una herramienta de un plan nacional de salud. Si no tiene una rectoría, es un caos”. Puso el ejemplo de dónde poner los medios y recursos tecnológicos. “Tiene que haber un plan rector; la política se fija a través de un plan nacional. La rectoría, desde el Ministerio de Salud de la Nación, pero las provincias adhieren, no es que se subordinan”.
Magonza contó que en los últimos tres años, el gasto en medicamentos creció un 50%. “Los números que acompañan al financiamiento en el sistema público privado de la seguridad social no acompañaron el crecimiento. Y la plata salió básicamente de los trabajadores del sistema de salud. ¿Por qué nos va a llamar la atención que no quieran ser médicos los pediatras?”. Comentó en ese sentido que en el Hospital Sor María Ludovica de La Plata, de 24 vacantes para pediatría, solo se presentaron 4. “Están mal pagos”, enfatizó, recordando que el sistema de salud, en medio de la pandemia, se articuló como pudo y salió adelante. Pero remarcó que hubo “poco reconocimiento, más allá de algunos aplausos”.
“Estamos pagando los platos rotos del año 2020”, reconoció y advirtió que “vamos a ver en adelante un proceso de deterioro progresivo del sistema de salud”, que de todas maneras, aclaró, “sigue siendo muy bueno”.
En cuanto a la innovación tecnológica, Magonza planteó que “todo medicamento o tratamiento innovador, al entrar al sistema, es monopólico. Tiene que haber un organismo que lidie con esta situación”.
“Todos los días se hacen avances en medicina, cada vez que hacemos una innovación en tecnología, hacemos que alguien más no llegue, porque estamos hablando de que las nuevas tecnologías son muy costosas al inicio”, agregó Magonza en otro pasaje, para cerrar señalando que “no puede haber una agencia sola. Vayamos por ella, pero dentro de un plan, sino será una gota de agua en el océano”.
A continuación, la diputada Mónica Fein abrió el juego para el segundo tema puesto en discusión: el proyecto de Seguridad del Paciente, que impulsa el diputado radical Fabio Quetglas.
Habló en primer lugar Claudio Antonio Ortiz, subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, quien habló de la necesidad de “darle marco a la seguridad del paciente”, y resaltó un hecho inédito que la calidad por primera vez tiene una secretaría.
En ese sentido contó que en septiembre de 2021, una resolución ministerial creó el Plan Nacional de Calidad en Salud. “Específicamente la seguridad de los pacientes forma parte de la calidad de la atención en la salud”, señaló, remarcando que “es una condición o valor imprescindible el trabajo en calidad y seguridad, que permite pensarlo con un enfoque sistémico al sistema de salud”.
Agregó que “también está probado en qué puntos centrales aparecen estos eventos adversos en la seguridad de los pacientes. Tieenen que ver con los medicamentos, tienen que ver con las equivocaciones en diagnósticos, tienen que ver con las infecciones. Están estudiados sus costos. Hay un gran desarrollo y el plan nacional toma ese desarrollo”.
Sobre el final habló de evaluar 9 dimensiones, entre ellas la cultura de la seguridad, en cuyo caso se refirió a eventos en su mayoría prevenibles. Dimensiones muy específicas, medicamentos, infecciones asociadas al cuidado de la salud; las dimensiones de prácticas seguras en cirugía; la identificación correcta de pacientes… “Es increíble que todavía estemos charlando de estas cuestiones, pero hay lugares donde no se identifica correctamente a las personas, o a las muestras y eso genera efectos adversos”, comentó, y concluyó con la necesidad de contar con un registro de eventos adversos y resaltó el rol de los pacientes y familias de trabajar conjuntamente en prevenir los eventos adversos”.
A continuación, expuso María Teresita Ithurburu, directora nacional de Callidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud. Y en su calidad de abogada, buscó “bajar más a tierra al proyecto con algunas cuestiones que pueden parecer técnicas pero que queremos transmitir”.
Dijo que la seguridad de la atención no es un hecho aislado y entonces la ley no debe aparecer como una temática aislada tampoco. “Si hablamos de leyes transversales, esta temática integra a todo el sistema: el público y el privado”, señaló.
Al hablar de seguridad de la atención, “consideramos que es un término abarcador, porque no solo alude a la seguridad del paciente si no a los equipos de salud”.
Se refirió luego al abordaje sistémico, que dijo que “está muy vinculado a las herramientas de autoevaluación. Tiene que estar vinculado con los modelos retributivos. La calidad y seguridad deben reconocerse”.
Ithurburu puso de relieve “la falta de formación que hay en los equipos de salud sobre la temática de calidad de seguridad. Muchas veces los pacientes cuando entramos a la institución no tenemos en cuenta que nos pueden pasar todas estas cosas y creemos que es un lugar seguro. Pero los profesionales de la salud no han sido formados en estas temáticas y hay una gran brecha que tenemos que abordar”, sostuvo, enfatizando que “se debe promover el refuerzo de estos conocimientos”.
“Que no seamos los pacientes aquellos con los que se prueba y aprende”, reclamó, para plantear a continuación la necesidad de contar con lenguaje inclusivo en el ámbito de la salud, donde dijo que “el 70% somos mujeres, y esto no se ve en los niveles de conducción”. Por el contrario, se quejó porque se sigue hablando de “el médico”, y agregó: “Se habla tan naturalmente del médico y la enfermera”.
“Tenemos que trabajar en esto también, no es un aspecto de forma, sino sustancial”, remarcó.
Respaldada por placas y gráficos, intervino a continuación Mariana Lichman, gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical Group, quien destacó que en el mundo hoy al menos un 10% de los pacientes que se van de una institución se lleva un evento adverso. “Un daño no intencional causado por el equipo de salud durante el período de atención médica. La mitad se puede evitar con alguna medida”, aseguró, agregando que “la economía de los eventos adversos se lleva un porcentaje de los costos de la salud del 15%”.
“En Argentina tenemos poca información estadística”, admitió, agregando que “el sistema de salud no es seguro, no existe marco regulatorio que exija estándares mínimos de seguridad. Hay un desconocimiento del equipo de salud de todo lo que es regulación específica. Hay un montón de leyes que nos ayudarían a trabajar mejor, pero nuestros equipos de salud no los conocen”.
Lichman afirmó que “casi no hay información de grado y posgrado en seguridad del paciente, y la participación de los pacientes todavía es muy pobre. Todavía nos da miedo darles poder a los pacientes”.
Munida de datos, contó que las complicaciones quirúrgicas, infecciones y eventos asociados a medicación concentran casi el 80% de los eventos adversos en nuestro país, y agregó que la pandemia aumentó la incidencia global en un 50%.
Con relación a los reclamos judiciales que se plantean por estos hechos, el 30% tienen sustento, pero otro 30% constituyen “aventuras judiciales” que alteran las conductas médicas. “Vemos todos los días que excelentes profesionales abandonan sus carreras o terminan internados por depresión”, después de lidiar 6 o 7 años con un juicio.
El 80% no cree que exista en argentina una cultura de la seguridad, advirtió en base a una encuesta propia realizada.
En base al trabajo realizado, contó en otro pasaje, “logramos reducir a 12 mil los eventos anuales. Después vino la pandemia y aumentó todo un 50%”.
Los incidentes reportados fueron cuantificados en 18.686 casos, entre los cuales destacó los casos de violencia contra el equipo de salud.
Luego habló de un abordaje sistémico y planteó casos puntuales, como la existencia de ampollas iguales. Letras chiquitas, al punto tal que los anestesiólogos usan lupa porque la letrita no se lee. “La confusión de ampollas es el evento más frecuente reportado como error de medicina –comentó-. Le estamos pidiendo al ANMAT que los medicamentos de alto riesgo no tienen que tener el mismo color que los medicamentos comunes. Mientras no resolvamos esto, la confusión de ampollas será el elemento más frecuente”.
La última intervención correspondió a Marcelo Pellizari, director del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente Hospital Universitario Austral, quien sostuvo que la cantidad de eventos se explica con claridad en el hecho de que las barreras no funcionan adecuadamente. “La mayoría de los errores son errores de sistema, no individuales y personales. Es el fundamento de por qué no podemos ser punitivos a la hora de evaluar estos eventos adversos, porque no es la enfermera la que administró 10 veces más la dosis de medicamentos, sino que tal vez hubo una prescripción inadecuada, una actuación de farmacia inadecuada, y así continua terminando en un daño en un paciente. ¿Por qué no debemos ser punitivos? Porque los errores son por errores de diseño. Si los sistemas estuvieran vbien diseñados, los eventos tenderían a descender”.
Fue durante una reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja, donde profesionales de la salud expusieron diferentes ideas y pedidos sobre las iniciativas a tratar.
En el marco de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, a cargo de la diputada Mónica Fein (Partido Socialista), profesionales de la salud aportaron información sobre los proyectos acerca de “Seguridad del Paciente” y la “Evaluación de Tecnologías Sanitarias”.
Al inicio del encuentro, la diputada socialista resaltó, como objetivo principal de la reunión informativa, “escuchar a los expositores, para que cuando esta comisión vaya a tratar el tema cuente con la información que brinden”. Además, afirmó que “hay varios proyectos sobre los dos temas”.
El primer expositor fue Ariel Palacios, en representación de la Universidad Austral, quien aportó un dato alarmante a nivel mundial: “Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) fallecen cinco personas por minuto a causa de una atención medica poco segura”, señaló.
A través de la historia de su padre fallecido, Palacios evidenció una situación que sucede en los hospitales: “Mi padre me decía ‘no hagas lío que después me quedó yo acá”, expresó en alusión a que el sistema de salud es más eficiente en las personas cuyos familiares “no hacen reclamos”.
Además, nombró a “los fallos en los procesos, la falta de entrenamiento en los profesionales, y de seguimiento en los protocolos” como algunos de los errores que atentan contra la seguridad del paciente, y agregó: “Necesitamos una ley para que se brinde una atención segura”.
“Necesitamos entender que nuestro sistema de salud está lleno de agujeros y eso tiene que ver con problemas de cobertura, con sistemas de pagos que favorecen el error, sumado a que tenemos profesionales y trabajadores agotados”, cerró.
A su turno, Viviana Rodríguez, del Observatorio Argentino en Seguridad del Paciente, destacó los avances en “esperanza de vida” y “mortalidad infantil”, y expresó: “Nuestro sistema está dando oportunidad de vida a pacientes con leucemia, diabetes o HIV que antes fallecían sin tratamiento”.
Del mismo modo, sostuvo que la sociedad “pretende” que “la Medicina resuelva todo”, pero le adjudicó esa “solución” a la tecnología. “Nos falta conciencia social en muchos aspectos. El sistema de salud tendría que ser seguro, eficiente, equitativo, oportuno y centrado para las personas que se atienden como para las que lo ejercen”, señaló.
Respecto a la tecnología, afirmó que “creció bastante en los últimos 20 años”. Sin embargo, advirtió que, en nuestro sistema, “se tardan 15 en aplicarlos”. En el final, expresó: “Hay más tecnología, pero son necesarias políticas claras que permitan mejorar la seguridad de los pacientes y las familias en el proceso de atención”.
Llegado el momento de la exposición de la directora de Procesos Asistenciales y Calidad del Hospital Posadas, María Cecilia Zerbo, la misma informó: “Asistimos a seis millones de pacientes de toda zona oeste. Tenemos 600.000 consultas anuales, 17.000 egresos, 3.000 nacimientos, 1200 muertes, siete hospitales de día y 130 consultorios que atienden de ocho a 18”. Además, añadió: “Somos 5.600 trabajadores y desde el 2015 tenemos una Oficina del Paciente”.
En tal sentido, la funcionaria explicó que “es necesario y urgente” regular la seguridad del paciente, ya que consideró que “necesita cambiar a un modelo de atención centrado en las personas”. Asu vez, sostuvo que “se debe regular en materia del sistema de asistencia para humanizar este modelo mercantilista, y legislar en materia de seguridad del paciente”.
En representación del Comité de Seguridad Paciente del mencionado Hospital, Nilda Agüeda Vidal expresó que “la atención y la responsabilidad profesional es donde se percibe para que este marco normativo llegue a cada rincón del país y abrace la seguridad del paciente”.
Además, pidió por “un debate” para llegar a “la equidad que la ley propone”. “Tiene q haber una garantía de que los equipos de trabajo tengan como anclar la normativa en cada lugar respetando las realidades socioculturales y cada contexto”, indicó.
La tercera integrante del Hospital Posadas fue María Belén Ecker, quien está cargo de la Oficina del Paciente y mencionó que la atención es de lunes a viernes y tiene incorporado el formato de “reclamo virtual”.
“Es importante este marco normativo para que permita poner en palabras cómo deberíamos actuar y así nos facilite la gestión. Es una necesidad para la oficina del paciente ya que nos vamos adaptamos a las circunstancias sociales”, manifestó.
Al final de las exposiciones sobre “Seguridad del Paciente”, la diputada nacional Rossana Chahla (FdT – Tucumán) pidió “categorizar los hospitales según su seguridad”, y explicó: “la calidad de una institución médica y su seguridad van de la mano. Debería ser obligatorio, más que una elección”.
En una breve postura, el diputado Fabio Quetglas (UCR – Buenos Aires) observó positivamente la visibilización del tema y expresó que “es complejo” por estar atravesado por “el miedo de los profesionales” y “el dolor de las personas que han tenido un mal funcionamiento”.
El vicepresidente segundo Rubén Manzi (Coalición Cívica – Catamarca) hizo referencia a las exposiciones y afirmó: “Es una sensación agridulce porque, por un lado, es ‘agri’ por todo lo negativo que cuenta, y dulce porque los profesionales han estado a la altura”.
En el cierre del tema, los diputados Daniel Gollán y Mónica Macha, ambos del Frente de Todos coincidieron en que deben trabajar por “una ley eficaz”, y “llevar estos debates” al ámbito las universidades en la formación de los profesionales.
El segundo tema a debatir fue sobre “Evaluación de Tecnologías Sanitarias” (ETS), y la primera exposición estuvo a cargo de la doctora Andrea Alcaraz, coordinadora del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), quien consideró: “Tenemos un presupuesto de salud limitado y debemos buscar la manera de incorporar las nuevas tecnologías al sistema de salud”.
Asimismo, Alcaraz explicó que “la ETS es un proceso multidisciplinario que usa métodos explícitos para determinar el valor de una tecnología en su ciclo de vida”, y añadió: “Permite informar la toma de decisiones para promover un sistema de salud equitativo, eficiente y de alta calidad”.
Finalmente, la doctora planteó que “existen un amplio combo de cosas que están intentando ingresar al sistema de salud, pero hay que valorizarlas y eso es lo que hace la ETS”.
En otra instancia, el doctor Gabriel Lebersztein, vicepresidente del Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social afirmó que “las agencias ETS son bárbaras”, pero “en Argentina estamos atrasados”. A su vez, señaló que “algunos elementos deberían empezar a analizar del mercado farmacéutico en el país”.
“Es urgente crear una agencia que controle el precio del medicamento y lo divida con relación al PBI de Argentina”, indicó Lebersztein, y siguió: “Sería una distribución más justa del medicamento. Tenemos una balanza comercial negativa de casi 4 mil millones de dólares de tecnología sanitaria. La cobertura debería ser universal y simultánea para toda la población y no, comercializada”.
También estuvo presente Mario Alberto Manrique, secretario general adjunto del Sindicato Mecánicos y Afines al Transporte, quien afirmó que “el sistema de salud colapsa cada vez más”. Además, sostuvo que la Medicina “atender con la misma urgencia al multimillonario que al que no tiene trabajo”.
Así también abogó por el proyecto y expresó: “Hay que regular y ponerle un límite a la voracidad de los laboratorios y a los dueños de las marcas de los medicamentos que son los que hacen negocios con la salud de la gente”.
En el cierre de la reunión, el presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales, doctor Rubén Torres destacó la importancia de “coincidir” con los expuesto por los profesionales anteriores, y agregó: “Coincido que necesitamos una agencia estatal para la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias que tenga como objetivo el servicio equitativo para todos los habitantes de Jujuy, hasta Buenos Aires, y que sea transparente”.
Además, sostuvo que una agencia de ETS debe centrar su valor en la equidad porque cuando se incorpora ‘acríticamente’ una tecnología lo único que hace es perjudicar a los más pobres”.
Para terminar la reunión, el diputado Daniel Gollán pidió “volver a debatir” en la próxima reunión, y trabajar para que “dentro de un año” sea ley.
El exdiputado nacional durante tres períodos fue homenajeado en el inicio de la sesión de este miércoles.
En su calidad de presidenta del Partido Socialista, la diputada nacional Mónica Fein homenajeó este miércoles a la memoria de Héctor Polino, quien falleció el pasado 18 de septiembre.
“Nuestro querido compañero”, lo recordó la diputada santafesina, que remarcó que “Héctor no se fue, se sembró en miles de vidas que siguen defendiendo sus ideales”.
Tras agradecer a las autoridades de la Cámara baja haber permitido despedirlo en el Congreso de la Nación, “porque fue un hombre público, un hombre de democracia”, Fein destacó que Polino “transitó esa historia con una coherencia difícil de replicar. Fiel a sus principios y también a sí mismo, encarnando una forma de ser socialista, al mismo tiempo emblemática e irrepetible”.
Recordó Mónica Fein que Polino fue concejal a los 27 años, destacó que “su estilo, fervoroso y austero, le valieron una temprana visibilidad, y sus batallas contra la corrupción y en favor del cooperativismo fueron incansables”.
“La claudicación nunca formó parte de su repertorio, y moriría, y así lo hizo, luchando hasta sus últimos días por lo que creía justo”, comentó Fein, que lo recordó también como “animador y trabajador constructor de la unidad del socialismo”, destacando que por su visibilidad y prestigio fue muchas veces tentado para sumarse a otros espacios, pero “él siempre se mantuvo leal y orgánico a su amado Partido Socialista”.
Al concluir su discurso, la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, le envió “un abrazo y nuestro respeto a su familia y compañeros de militancia”.
En una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja dieron dictamen a cinco proyectos.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados se reunió este martes para avanzar con varios dictámenes entre los que destacan la creación de programas nacionales de prevención de discapacidades en el recién nacido, y de informatización y digitalización de las historias clínicas; atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal; pubertad precoz; y reanimación cardiopulmonar en las escuelas.
La titular de la comitiva Mónica Fein (Partido Socialista) explicó que la iniciativa de creación de un programa nacional único de informatización y digitalización de las historias clínicas de la República Argentina “viene con dictamen del Senado”.
Respecto al tema, la diputada nacional Rossana Chahla (FdT) se mostró a favor y dijo que “es el momento de aplicar la tecnología en Salud”. Además, mencionó a la plataforma “Mi Argentina” (organizadora de registro de conducir y vacunas) como “el ejemplo para implementar este nuevo sistema a corto plazo”.
En esa misma línea, el legislador oficialista Daniel Gollán agregó que “el sistema sanitario presenta resultados negativos con relación al monto que se invierte”. A su vez, destacó que este proyecto de ley traerá la posibilidad de evitar “empezar desde cero cada vez que un paciente visita a un profesional de la salud”.
Por otra parte, relató que muchos pacientes pierden su historial médico por “falta de organización del sistema”, lo que genera que la sociedad no acceda completamente a los diagnósticos necesarios. “Muchas personas descubren enfermedades diez años mas tarde de su aparición por no tener cerca el historial médico y su tratamiento necesario”, enfatizó Gollán.
Con relación al sistema de salud en el interior del país, fue la diputada Carolina Gaillard (FdT) quien lo llevó al debate y sostuvo que “los pacientes de las provincias, cuando vienen a Buenos Aires, deben sumar tramites de más por una pequeña dolencia, al no tener un sistema de historial clínico”. En tal sentido argumentó que “un sistema coordinado le facilitaría los tratamientos a las personas que vienen de todo el país”.
La diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) expresó la importancia que tiene la información cuando se accede de forma veloz. Por otro lado, Silvia Lospennato (Pro) pidió que, además de ser sancionada, “la ley tenga un seguimiento en concordancia con organismos nacionales”.
En última instancia, la legisladora oficialista Paola Vessvessian acompañó la ley y pidió que “sea respetuoso en función de los Derechos Humanos de las personas y que se trabaje de manera federal para garantizar la llegada del sistema a todo el país”.
Tras el consenso y firma de los diputados presentes, la presidenta de la comisión anunció “el dictamen favorable” de esta normativa. “Es importante la aprobación de este tema y es un gran paso que se convierta en ley”, sostuvo Fein.
El segundo tema para analizar fue el proyecto de ley sobre Atención de Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal, donde la diputada Chahla propuso agregar “tener un Comité de asesoramiento genético” y “adherir al día 15 de octubre por el día internacional de la muerte perinatal”.
Además, manifestó que “el acompañamiento que implica la muerte perinatal no solo es una cuestión medica sino también psicosocial”. En ese sentido, propuso ayudar a investigar el motivo y la causa de las muertes para conocer “el causante en los diferentes casos”.
El diputado Gollán relató vivencias que le tocaron en épocas de estudiante y remarcó su preocupación sobre “el impacto en la vida real cotidiana”. También añadió que “vamos a tener que trabajar mucho para que lo que legislamos sea realidad y mejore a la calidad de vida de las personas que atraviesan una muerte perinatal”.
Sin emabrgo, el diputado nacional Rúben Manzi (Coalición Cívica) propuso tratar el tema de incorporación del artículo 10 en asesores sobre el asesoramiento genético mencionado por Chahla. “Adhiero a lo que ella plantea, pero es necesario avanzar con el dictamen”, subrayó.
Tras las diferentes opiniones, la titular de la comitiva enunció que “el proyecto pasará a la firma con el dictamen favorable”.
En tercera instancia, se trató la iniciativa de creación del Programa Nacional de Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido, el cual llegó con aprobación del Senado, donde el radical Sebastián Salvador propuso agregar la Atrofia Muscular Espinal (AME) dentro las patologías a incluir en el proyecto.
Manzi adhirió al pedido de Salvador, pero junto a Gollán, pidieron por una ronda de consultas para profundizar el tema. A su vez, el diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Rio Negro) agregó que “deben conocerse los costos de análisis de cada discapacidad en particular para la redacción final”.
En unanimidad, con las firmas correspondientes y “el compromiso a tratar lo que planteó Salvador”, Mónica Fein anunció el dictamen del proyecto de ley.
Al tratar el proyecto de ley sobre Pubertad precoz, unificado entre tres iniciativas, nuevamente Manzi recordó que “el año pasado hubo un planteo solicitando que el Ministerio de Salud de la Nación tome el tema para detectar de reportes originados en pandemia en ocurrencia de la pubertad precoz”.
“Hubo casos de aparición temprana de los caracteres sexuales en cuerpos donde el proceso puberal empezó a los cinco o seis años”, relató Manzi, quien además agregó que “eso genera una tormenta hormonal a destiempo y trae problemas al crecimiento de la talla de cada niño o niña”.
Además, explico que este proyecto busca “evitar secuelas para toda la vida y encausar en desarrollo sexual en lo fisiológico” y pidió que “el tratamiento de pubertad precoz sea gratuito”.
En esa línea, Carla Carrizo mencionó que “la medicación hormonal es costosa garantizar”, y consideró “necesario” la gratuidad para el universo de niños, niñas y adolescentes.
Respecto al tema, Carrizo expuso: “Es necesaria la ley porque evita la asimetría, garantiza accesibilidad en todo el país y el impacto emocional que antes no estaba cubierto”. Tras ello, el proyecto de ley pasa a la firma, con el dictamen favorable por mayoría.
En una breve exposición de la diputada Soledad Carrizo (UCR) se trató la iniciativa sobre Reanimación Cardiopulmonar en las escuelas. “Debe aprenderse en las escuelas, extendiéndose en el personal docente y no docente e incluir en la Ley de Deportes, porque el mayor riesgo se da en ámbitos no hospitalarios”, relató la legisladora radical. La iniciativa obtuvo el dictamen favorable y Fein dio el paso para que inicie la reunión conjunta con la Comisión de Discapacidad.
Por otra parte, la diputada socialista dijo que “es importante acompañar el Presupuesto”, porque “siempre hay que intentar que haya ley”.
La diputada nacional Mónica Fein (Partido Socialista) ratificó la posición de su espacio en contra de una eventual eliminación de las elecciones PASO y aseguró que “no es el momento de cambiar las reglas del sistema electoral”. Además, consideró que “las PASO vienen funcionando bien desde que se implementaron”.
Consultada al respecto en AM 750, la legisladora santafesina defendió la boleta única como alternativa de cambio al sistema electoral, un proyecto que este año, por impulso de la oposición, tuvo media sanción en Diputados pero quedó cajoneado en el Senado. “De no poder implementarse (la BUP), lo correcto es conservar el sistema actual”, agregó.
Por otro lado, en referencia al debate sobre el Presupuesto 2023, Fein dijo que “siempre hay que intentar que haya Ley de Presupuesto en Argentina”, a diferencia del período 2022 cuando la Cámara baja no lo aprobó. “El presupuesto da previsibilidad para todas las áreas”, señaló.
Sobre el proyecto de ley de humedales y la postergación del plenario de comisiones, la diputada resaltó que “fue algo irregular que los jefes de bloques hayan levantado una comisión. Espero que la próxima semana se retome”. “Se demora porque gobernadores y sectores económicos plantean que la ley de humedales afecta a la producción y no es así”, sostuvo.
Previamente a la votación de la norma y tal cual se había anticipado para alcanzar el mayor consenso, se introdujeron una serie de modificaciones que permitieron que no hubiera votos negativos durante la votación en general.
La Cámara de Diputados dio media sanción en la madrugada de este viernes al proyecto de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería. La aprobación se alcanzó con 199 votos a favor, ninguno en contra y solo 4 abstenciones correspondientes a los diputados de la izquierda.
El proyecto fue el último de los tratados en la extensa sesión de la Cámara baja, que concluyó a las 3.22, al cabo de más de 15 horas de debate. En el caso de este último tema, la discusión arrancó en base a tres dictámenes, uno del oficialismo, otro de Juntos por el Cambio y un tercero de la izquierda. Las principales diferencias radicaban en la cuestión presupuestaria que hace a las becas. Sobre el final, antes de la votación, la diputada Blanca Osuna procedió a la lectura de una serie de modificaciones introducidas que fueron aceptadas por su par socialista Mónica Fein.
El proyecto con media sanción, que ahora deberá ser tratado en el Senado, tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para promover la formación de calidad y el incremento de la cantidad de enfermeras y enfermeros, así como la profesionalización y el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional.
Además, declara de interés público nacional la Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería en la República Argentina; y establece la creación de una Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de Enfermería, como organismo de asesoramiento técnico a los fines de brindar recomendaciones sobre cualificaciones profesionales, certificaciones educativas y estrategias para la mejora continua de la formación y el desarrollo del trabajo profesional de enfermería.
En esa comisión deberá haber representantes del Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de Salud, organizaciones sindicales, instituciones de formación técnica superior, universidades y asociaciones profesionales de enfermería, quienes “actuarán ad honórem”, se aclara.
Asimismo, se crea en el ámbito del Ministerio de Educación, el Programa Nacional de Formación de Enfermería, según los lineamientos del Consejo Federal de Educación, a fin de administrar y gestionar los incentivos y aportes económicos para la mejora continua de la calidad de la formación de los enfermeros, incrementar el número de egresados y promover el desarrollo de la enfermería en todo el país.
En el texto, se promueve el derecho de enfermeras y enfermeros a acceder a mayores calificaciones y preparación para el desarrollo de su profesión, ya sea a través de la educación formal como de la formación continua en salud. En consecuencia, se estimulará e incentivará la movilidad entre las distintas calificaciones y certificaciones existentes.
También, se fomentará la profesionalización de los auxiliares de enfermería que actualmente sean parte integrante del sistema de salud, tanto público como privado. Y se dispone que a partir de los dos años de promulgada la ley, se prohíbe la formación de nuevos auxiliares en enfermería en todo el territorio nacional, debiendo las ofertas educativas reconvertirse con dicho propósito en ese lapso.
La iniciativa contempla el otorgamiento de becas, que podrán ser renovables anualmente y el texto indica que “el monto anual de las mismas deberá actualizarse de forma previa al inicio de cada ciclo lectivo, debiendo definirse una escala progresiva en relación con el avance de estudio de la tecnicatura o licenciatura en Enfermería”.
Abrió el debate la titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, la socialista santafesina Mónica Fein, quien destacó el papel de los enfermeros y enfermaras cuya contribución consideró “vital”, destacando que “la pandemia nos demostró la importancia que tiene su rol en nuestro sistema de salud”.
“Pero es necesario y urgente incrementar el número de enfermeras y enfermeros, además de promover y mejorar la formación de la enfermería. Y con este proyecto que vamos a aprobar vamos a mejorar por ley un programa que existe desde 2016 en el Ministerio de Salud y el de Educación, y que ha mejorado sustantivamente el número y la calidad de enfermeras y enfermeros”, resaltó.
Fein reconoció que en el mundo hay un déficit. Mientras en Europa y otros países hay 81 enfermeros cada 10 mil personas en nuestro país, no llegan a 35, además de registrarse “una distribución sumamente inequitativa”.
En ese sentido destacó que “en las grandes ciudades tenemos una concentración muy alta, mientras que en el resto del país no llegan a la mitad”.
“Es fundamental que en nuestro país se considere la formación como una política de Estado y se definan líneas estratégicas que contribuyan a estos objetivos”, señaló sobre el final, concluyendo que “es un gran paso para garantizar una mejor calidad y una mayor cantidad de enfermeros y enfermeras”.
A continuación, la presidenta de la Comisión de Educación, la entrerriana oficialista Blanca Osuna, resaltó el “profundo sentido humano” que tiene la práctica de la enfermería. Coincidió en que “faltan enfermeros, y eso se notó más durante la pandemia. Pero ahí estuvieron ellos y ellas”, resaltó la legisladora.
“Es importante destacar algunos sesgos y detalles que hacen a esta ley. Una tiene que ver con la profesionalización. No solo es despareja la distribución, sino que hay una diversidad de propuestas educativas: auxiliares, técnicos y técnicas y licenciados y licenciadas”, señaló, resaltando que “hay una decisión de que esa jerarquización en la profesión sea acompañada por las universidades, que van a tener un fuerte compromiso, junto al Ministerio de Educación y el de Salud, que deben trabajar coordinadamente en la materia”.
Para Osuna, “uno de los desafíos mayores es justamente la coordinación de distintas áreas. Van a tener ese desafío Salud y Educación”. Y agregó que “otra cuestión que tiene que ver con una decisión de acompañar con un incentivo económico para jerarquizar profesionalmente, sino a través de las becas”.
Recordó la diputada entrerriana que durante el Gobierno de Cristina Kirchner, el Plan Progresar dispuso toda una línea de becas para enfermeros y enfermeras. “El Pronafe es eso, y si bien hubo un período de gobierno donde las becas estuvieron congeladas, han tenido un incremento de montos y cobertura”, remarcó.
En el proyecto, agregó, se incorporan becas de posgrado y de acompañamiento que atienden las fases de la carrera.
Expresó además su deseo de que se esté “abriendo además un gran debate pendiente que tiene la Argentina sobre su sistema de salud. Poner en cuestión acompañar el proceso de formación de actores sustantivos, como son enfermeros. Dar este paso dependerá de la decisión política que conjuguemos oposición y oficialismo, y los distintos actores que van a participar del sistema: sindicatos, asociaciones, universidades, instituciones formadoras y los entes del Estado que asumirán esta responsabilidad con esta ley hoy”.
Expuso por uno de los dictámenes de minoría el diputado catamarqueño Rubén Manzi (CC), quien arrancó con un reconocimiento hacia el exdiputado Pablo Yedlin y la diputada Graciela Ocaña, sobre cuyos proyectos “hoy se llegó a esta síntesis”, dijo.
“La enfermería no es reconocida como debe”, observó, aclarando que “tampoco esta ley va a lograrlo, porque es bueno aclarar que no estamos legislando ni sobre las condiciones de trabajo, ni sobre la remuneración. Lo que estamos legislando, y no es poco, es intentando generar una corriente de mejora en la capacidad técnica, sobre todo destinado a ese 30% de auxiliares que hoy cumplen la tarea de enfermero a la par de técnicas y licenciados en enfermería”.
Manzi resaltó que el objetivo central de la norma es “generar una rápida y significativa expansión del número para acercarnos a ese ideal numérico al que hizo referencia la presidenta”.
“Pero a esta ley a mi criterio hubiese sido el ideal que tuviese un fuerte acompañamiento económico para establecer por ley el monto de becas y que sean ajustables en el tiempo –agregó-. Entendemos que la situación macroeconómica, el desplome económico, impiden que en este momento tomemos esta decisión. Así que vamos a tener que confiar en que el Poder Ejecutivo y los poderes ejecutivos siguientes le den la importancia nodal que los enfermeros y enfermeras tienen. Esos son un actor importante en el sistema de salud y eso tiene que ver con ir cambiando la visión medicocéntrica hacia una visión sistémica del sistema. Y esto también vale para lo siguiente. En esto no hay diferencias sustanciales entre las distintas fuerzas. En la importancia que le damos a la enfermería y la necesidad que todos reconocemos que la enfermería sea atendida y desarrollada como corresponde, creo que no hay grieta y que trabajemos en consecuencia para que esta ley no termine siendo una ley anodina por falta de recursos”.
“Esta ley va a permitir que haya más enfermeras en el país”, resaltó el diputado Gustavo Bouhid (UCR-Jujuy), quien habló de “la injusticia que tienen aquellos auxiliares de la enfermería que están haciendo el mismo trabajo que una enfermera profesional, pero no pueden cobrar el título, la misma cantidad de plata. Esta ley les permite la nivelación. Hay que tratar que todas las enfermeras tengan una formación universitaria”.
Pasadas las 3 de la madrugada, cerró el debate el diputado oficialista Daniel Gollan, quien arrancó descartando el cierre de la escuela de enfermería del Hospital Fiorito, como se expresó durante el debate. “Probablemente esta ley no resuelva todos los problemas, pero es un inicio, es un hito”, valoró, para destacar luego otra ley que prontamente será presentada: la que permitirá el reconocimiento del convenio 149 de la OIT. “Hoy estamos dando un paso fundamental para poner en valor lo que es la enfermería en nuestro país”, enfatizó el exministro de Salud.
A las 3 de la madrugada, cuando los legisladores se aprestaban a votar la última ley puesta a consideración, la diputada Blanca Osuna pasó a leer los cambios acordados con la oposición que permitieron la amplia aprobación de la norma.
La primera modificación figuraba en el Capítulo II, referido a la autoridad de aplicación, que quedó así redactado: “Será el Ministerio de Educación, que podrá articular y cooperar con el Ministerio de Salud en todo aquello que sea pertinente”.
En ese mismo capítulo, el artículo 5° tuvo modificaciones de forma, mientras que en el ar´ticulo 7° se agregó después del Consejo Federal de Educación, el Consejo de Universidades.
Se introdujo un nuevo artículo: el 8°, referido a los requisitos mínimos. “A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad de formación, la Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de la Enfermería considera para las titulaciones de enfermería los siguientes requisitos, a los fines de la validez de las mismas: 1) contenidos curriculares mínimos; 2) perfil profesional; 3) carga horaria mínima; 4) criterios para las prácticas formativas”.
En el Capítulo V, hubo modificaciones en lo referente al Programa Nacional de Formación de Enfermería. En el artículo 13°, de objetivos, se incorporó el inciso K: “Favorecer y promover la creación de becas de posgrado, con el objeto de fortalecer los conocimientos y el trabajo de los proesionales de la enfermería en todo el territorio argentino. Tambén en las áreas de las especialidades críticas como terapia intensiva y neonatología”.
El Capítulo VI tuvo modificaciones en Formación continua profesional. Se incorporó el artículo 16°, de Articulación, que dice: “A los efectos de la mejora de la calidad de la formación en la enfermería, el Ministerio de Educación asistirá a través del INED y también promoverá la articulación a través de convenios entre las universidades y las instituciones formadoras para el desarrollo de ciclos de complementación curricular para alcanzar títulos de grado y de posgrado universitario en la materia”.
El artículo 17°, Reconversión de ofertas educativas de auxiliares en enfermería, dice: “A partir de los 2 años de promulgada la presente ley, se discontinua la formación en auxiliar de enfermería en todo el territorio nacional, debiendo las ofertas educativas reconvertirse con dicho propósito en ese lapso”.
El Capítulo VII, Incentivos y aportes económicos a la formación, tuvo modificaciones en el artículo 22°, que responden a la remuneración, y los artículos 18° y 19° pasaron a ser 20° y 21°.
Las votaciones en particular se hicieron a mano alzada y Juntos por el Cambio votó en contra de los artículos 6°, 7°, 9°, 10° y 11°.
Fue en el marco de una reunión organizada por la Comisión de Acción Social y Salud Pública que se denominó “Desafíos actuales de la salud pública
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados recibió a especialistas en salud para debatir políticas de cara a una reforma sanitaria.
El encuentro fue encabezado por el exministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein; Mario Rovere, médico sanitarista especializado en salud internacional y exviceministro de Salud de la Nación; y Andrea Uboldi, exministra de Salud de la provincia de Santa Fe.
Como primer orador, Rubinstein mencionó los “ejes programáticos” para abordar una reforma sanitaria. “Hay un primer eje que tiene que ver con el serio problema que tiene la salud en cuanto la articulación y la integración en el sector público”, advirtió, antes de remarcar que es necesario determinar “cuál es el rol del ministerio de Salud de la Nación, cómo poder reforzarlo y cómo se articula la relación Nación-Provincias”.
“Otro de los ejes tiene que ver con la expansión de la salud pública universal y una estrategia de abordaje de atención primaria, con la interoperabilidad de las historias clínicas electrónicas y el mejoramiento de las prestaciones”, dijo.
El extitular de Salud de la Nación también se preguntó sobre el funcionamiento de las obras sociales y el PAMI y remarcó que, otro eje programático, implica resolver “qué vamos a hacer con los medicamentos de altos precios y los recursos humanos que necesita el país”.
Por su parte, Mario Rovere analizó el rol de la salud pública durante la pandemia: “El sistema de salud en Argentina tuvo un desempeño razonable si se lo compara con otros países de América Latina. Países de marcada orientación de derecha tuvieron que amenazar a su sector privado porque no querían atender pacientes Covid”.
Asimismo, Rovere llamó a “discutir si efectivamente hay mandato constitucional de que la salud sea provincial, resulta imprescindible discutir eso”. En este aspecto, dijo que “las reformas ya no van a ser una cuestión de sanitaristas, la discusión empieza a ser una discusión política, una discusión de ciudadanos”.
Andrea Uboldi, en tanto, coincidió en que “se necesita una reforma del sistema, para ello deberíamos comenzar por los puntos de consenso; pensar en una integralidad”. “El desafío es grande, debemos considerar hacia dónde vamos y con qué herramientas legislativas contamos”, dijo.
“Cuando legislamos por patologías volvemos atrás en esta discusión que estamos dando, de pensar a la salud como un sistema integral”, detalló.
En este sentido, Uboldi llamó a “empezar a trabajar en acuerdos y empezar a pensar sobre qué implican las herramientas legislativas, vinculadas con el presupuesto, para poder avanzar”.
De la reunión también participaron funcionarios de la cartera de salud de diferentes jurisdicciones, en representación de la Comisión de Legislación del Consejo Federal de Salud (COFESA).
A instancias de la diputada socialista Mónica Fein, la iniciativa pretende que “1.5 millones de jóvenes de todo el país, que dejaron sus estudios, vuelvan a clases”, ante la “alarmante” tasa de deserción escolar post pandemia.
La diputada nacional y miembro del interbloque Federal Mónica Fein (Partido Socialista – Santa Fe) encabezó un conversatorio con referentes en materia educativa. En ese marco, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo que 1.5 millones de jóvenes de todo el país, que dejaron sus estudios, vuelvan a clases.
“La deserción escolar es uno de los temas más preocupantes de la agenda nacional. Estadísticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) indican que, luego de la pandemia, más de 1.5 millones de adolescentes y jóvenes dejaron de estudiar”, explicaron.
En ese sentido, Fein destacó que “el objetivo del proyecto es interpelar y empezar a discutir uno de los problemas más complejos en el marco educativo: la deserción escolar, sobre todo en los sectores medios y bajos de nuestra sociedad”.
La legisladora socialista expresó que “el Gobierno nacional, en el marco del Consejo Federal de Educación, debe impulsar este proyecto innovador que se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe”.
“Vuelvo a estudiar” es un programa socioeducativo que se puso en marcha durante el 2013 en Santa Fe, devolviendo 25 mil jóvenes a las aulas. “La experiencia en nuestra provincia fue replicada en diversos países de América Latina y reconocida por organismos internacionales y muestra la relevancia de una política integral, basada en la escucha y en el conocimiento de cada situación en el territorio y que tuvo impactos positivos en miles de jóvenes que volvieron a vincularse con la educación”, manifestó.
La propuesta fue lanzada para que sea abordada de manera presencial y desde la virtualidad. Garantiza el derecho a la educación secundaria obligatoria, con seguimientos y trayectorias individuales por alumno, a quienes se los va buscar puerta a puerta. Contempla las diversas realidades socioculturales de los estudiantes y reconoce los motivos que determinan la inclusión.
El “Vuelvo a Estudiar”, a su vez, establece nuevos roles y equipos escolares: referentes tecnológicos, consejero juvenil, formación para directivos, sistema informático nominal.
Claudia Balagué, exministra de Educación santafesina (2012-2019), participó de la presentación brindando detalles sobre la implementación del plan: “Fue una propuesta inédita, gestada -por el entonces- Gabinete Social, y contempló la gestión articulada de recursos y estrategias”.
El conversatorio contó, además, con la participación de académicos expertos y actores relevantes del área de diversas instituciones como CIPPEC, Flacso y de casas de altos estudios como la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Di Tella, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional General San Martín, Fundación Moisés Lebehenson, Federación Universitaria Argentina (FUA) además de miembros de “Argentinos por la Educación”.
La norma, que contaba con media sanción desde 2020, fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara baja. De todos los proyectos tratados en esta sesión de la Cámara baja fue la única en convertirse en ley.
Luego de varios meses, pues la media sanción se había votado en el Senado en octubre de 2020, la Cámara de Diputados convirtió en ley ya en la madrugada de este miércoles el proyecto de acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos.
La aprobación no se consiguió por unanimidad como en el Senado, sino con 218 votos a favor, uno negativo y ninguna abstención. El voto en contra fue del diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy.
Miembro informante del proyecto fue la presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, la socialista Mónica Fein, que habló de “acompañar en el buen morir a lo largo de todo el ciclo vital y en todos los niveles y modalidades de atención”.
Rescató el tratamiento del proyecto, pues de lo contrario iba a perder “por segunda vez estado parlamentario en esta Cámara”, dijo.
Resaltó que la aprobación de este proyecto “es garantizar el derecho al acceso a los y las pacientes a una prestación integral de cuidados paliativos acompañados por sus familias. Porque este proyecto piensa en las personas con sus afectos, sus familias, su círculo social y familiar”.
“Cuando hablamos de cuidados paliativos, hablamos de equipos interdisciplinarios, que son capaces de atender para abordar los problemas físicos, psicológicos sociales y espirituales que presentan a lo largo de su evolución en enfermedades potencialmente mortales y con énfasis en particular los que están al final de la vida”, apuntó la diputada socialista.
Agregó que “los cuidados paliativos hablan de una actitud humanizada de la medicina, de la compasión, pero basada en un método científico”.
Por otra parte apuntó que “se considera que el 98% de los niños y niñas que deben ser cuidados con estos tratamientos viven en países de ingresos bajos y medianos”. Y agregó que “en el mundo se considera que solo el 14% de las personas tiene acceso a los cuidados paliativos y se considera también que esos son los indicadores para nuestro país”.
Desde Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión, Rubén Manzi, destacó que “el cuidar está en la génesis de la medicina, en la génesis de cualquier sistema de salud. Y este proyecto apunta y fortalece el paradigma del rol de cuidado de un sistema de salud”.
“Este proyecto apunta a que ni la familia, ni el paciente que transita la etapa final de la vida la viva con la sensación de que fue abandonado por los que no pudieron curarlo”, señaló, considerando que “también es tarea de nuestro sistema recuperar la formación humanista poniendo al sujeto de la acción del sistema. Y creo que tenemos que volver a trazar ese profundo compromiso empático entre los que cuidamos males con sistemas públicos de obras sociales y sistemas prepagos. Tenemos que trabajar en cada uno de los distritos para que esta unanimidad que tenemos en los dictámenes se transmita también en normas provinciales para adherirse a los principios de esta ley”.
Graciela Landriscini abogó por una aprobación unánime “para que refleje el espíritu del máximo respeto por la vida humana en los trances más difíciles de esa existencia, para cada uno de los enfermos y sus familiares”.
Entre otros oradores, el rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) ejemplificó la importancia de esta ley hablando del equipo de salud. “La posibilidad de que esta ley se ponga en práctica va a dar un empuje a esta transformación que están teniendo los equipos de salud, que van desde aquella situación en la que hablábamos del médico y los auxiliares de la medicina a pasar a hablar del equipo multidisciplinario de salud, donde todos somos importantes. Cada uno en su función”, dijo.
Observó además que “también va a ser necesario que en los nomencladores se fije precisamente, para que justamente en especial las prepagas, en especial aquellos que hacen al negocio de la salud, tengan en cuenta que este tipo de pacientes no pueden estar esperando excusas y múltiples papeles y formularios para poder acceder a las prestaciones”.
Cerró el debate la oficialista Jimena López, que se preguntó “cuántos de nosotros y nosotras estaría dispuesto a soportar el dolor en nuestras corporalidades no encontrando respuesta. ¿Cuántos días estaríamos dispuestos a convivir con este dolor? Tenemos que tener claro que hablar de cuidados paliativos es fundamentalmente hablar en el marco de los derechos humanos y pensar en un sistema de salud que ponga la atención de las personas en el centro”.
“Si bien yo entiendo que es un concepto de usos y costumbre hablar de pacientes, el paciente es básicamente el que espera, y acá en cuidados paliativos estamos trabajando en forma conjunta la posibilidad de acompañar a alguien que define una forma digna de morir”, sostuvo, por lo que consideró que “me parece que por ahí estaría bueno empezar a pensar que los usos y costumbres tienen que tener modificaciones en el sistema de salud para poder humanizar también las prácticas”.
La norma asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.
Asimismo, define a los cuidados paliativos como “un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales”.
En ese marco, la ley tiene como objetivo “desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes”.
También se busca “promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa”, e impulsar “la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos”.
En el texto se determina a las obras sociales y entidades de medicina prepaga a cubrir los cuidados paliativos, aunque estos tratamientos ya están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Los principios establecidos son los del respeto por la vida y bienestar de las personas; la equidad en el acceso a las prestaciones; las intervenciones basadas en “la mejor evidencia científica disponible”; y el respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de su enfermedad.
El oficialismo suscribió un despacho de mayoría para la iniciativa que tiene por objetivo “mejorar la calidad de las trayectorias profesionales, fortalecer el sistema sanitario aumentando el personal y a las enfermeras y enfermeros en su formación continua”.
En el marco de un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Educación, que presiden la socialista Mónica Fein y la oficialista Blanca Osuna, respectivamente, dieron dictamen favorable al proyecto de promoción de la formación y del desarrollo de la enfermería.
Al respecto, Fein sintetizó: “Estamos proponiendo elevar a ley el recurso humano de la enfermería, una ley que promueva y jerarquice su formación terciaria, de grado y universitaria, y que incremente el número de 35 enfermeras y enfermeros cada 10.000 personas en la Argentina”.
A su turno, Osuna ponderó “el incremento de las Becas Progresar para los futuros profesionales de la enfermería a partir de la Ley de Aporte Extraordinario, generando un incremento que triplica la cantidad de becas en un año y medio”. La diputada celebró que el proyecto “promueva una perspectiva de género”, y que el Consejo Federal de Educación “haya dado lugar a un sistema nacional de evaluación y certificación de la educación técnica y profesional, resolviendo los problemas ligados a la heterogeneidad y la diversidad de los planes de estudios para la enfermería en todo el territorio nacional”.
A su turno, el diputado Daniel Gollan (FdT-Buenos Aires) expresó que “tenemos la mitad de enfermeros que tendríamos que tener”. Conocedor del tema, comentó que Gran Bretaña tiene un médico cada 20, “el doble de lo que debemos tener nosotros” y precisó que ese país “gasta tres veces menos que Estados Unidos, pero tiene un mejor sistema se salud y parte de ello es el equipo de cabecera que tiene”.
Desde la oposición, que firmó un dictamen de minoría, Alejandro Finocchiaro celebró el tratamiento de ese tema y habló de la necesidad de tener incentivos para contar con más enfermeros en la Argentina. “Necesitamos 3 enfermeros por cada médico y tenemos una cifra infinitamente menor”, comentó. Al justificar el dictamen de minoría discrepó respecto de la autoridad de aplicación, que a su juicio no debe ser el Ministerio de Educación, y cuestionó también que se cree “una burocracia que no debería crearse”. Planteó también discrepancias respecto de las becas, que deberían ser superiores.
Para el catamarqueño Rubén Manzi (Coalición Cívica), se trata de “un tema central” y lo comparó con lo que fue la campaña de vacunación contra el Covid, por su “impacto masivo”, en tanto que Graciela Ocaña (Pro) valoró también el tratamiento de este tema, pero reclamó tener un presupuesto especial para esta ley, cosa que el dictamen del oficialismo no tiene. Se quejó en ese sentido porque el plenario no incluyó a la Comisión de Presupuesto, y por el contrario, cuando pase por la misma probablemente hagan modificaciones con las que no van a coincidir.
Llamó a crear un fondo fiduciario dedicado a las becas y formación de los enfermeros y advirtió su temor porque dentro de 5 o 6 años el sistema adolezca de falta de enfermeros profesionales.
Hizo hincapié también en la cuestión de las becas y sostuvo que los estudiantes de enfermería tienen un compromiso especial durante sus años de estudio, por las prácticas que deben realizar y sugirió que el valor de las becas sea del 60% del salario mínimo vital y móvil, lo cual sería “un gran incentivo que es lo que el sistema de salud necesita”.
La diputada Danya Tavela (Evolución Radical) justificó el despacho por minoría en tanto se basa “en tres aspectos centrales; aumentar y consolidar el valor de las becas, porque quienes estudian enfermería deben tener una dedicación completa; garantizar estándares mínimos de calidad, para una educación necesaria y pertinente en cada uno de los territorios, y establecer al Ministerio de Educación como su autoridad de aplicación”.
La siguiente instancia para el proyecto de promoción de la formación y del desarrollo de la enfermería, implica el giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Según el texto original presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, la ley proveerá de “recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país”. Asimismo, procura “avanzar en el diseño y aprobación de una currícula que contenga lineamientos comunes”. También, a través de la iniciativa se propone otorgar carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación.
El exgobernador y excandidato presidencial, que además fuera dos años diputado nacional fue evocado en un acto celebrado en Pasos Perdidos.
A dos años de su partida, el exdiputado y gobernador santafesino Hermes Binner fue recordado por exmandatarios de distintos países, gobernadores, legisladores y referentes de la ciencia, la salud, el pensamiento y la cultura.
El acto para homenajear al médico, exlegislador nacional y gobernador santafesino se realizó en el Salón Pasos Perdidos de la Cámara baja, por pedido del diputado nacional socialista Enrique Estévez.
Al inicio del evento, se transmitió un video para repasar la trayectoria de quien inició su militancia política a los 17 años, fue intendente de Rosario por dos períodos, y se convirtió en el primer gobernador socialista de la provincia de Santa Fe.
Luego de la ovación para el dirigente nacido en Rafaela el 5 de junio de 1943, la diputada del Partido Socialista Mónica Fein lo recordó así: “Gracias Hermes. Nos enseñaste que la realidad se puede transformar. Que hay que creer en una realidad mejor y construirla todos los días. Nos enseñaste a confiar en nuestro pueblo para lograrlo. Y que no hay territorios sin proyecto, porque hay que trabajar para construir esperanza”.
A su turno, el diputado por el Frente de Todos José Luis Gioja extendió a la familia de Binner un saludo de parte del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Hermes mostró que la política es la actividad que puede solucionar los problemas de nuestro pueblo”, agregó Gioja, e hizo un llamado a tributarle con “el compromiso de construir la mejor democracia, la mejor institucionalidad, y trabajar todos los días para que, definitivamente, la Argentina se pueda poner de pie”.
Luego, el periodista Reinaldo Sietecase moderó una serie de testimonios ligados política o personalmente con el homenajeado. “Hermes era un político full time”, fue la definición del comunicador rosarino, sobre “un militante que buscaba una sociedad menos injusta y menos desigual”.
También brindaron palabras de homenaje José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González y Ricardo Lagos -exmandatarios de España y de Chile, respectivamente-, quienes destacaron los valores del socialismo democrático, del humanismo y del progreso presentes en el dirigente santafesino, así como su visión humanista en pos del avance social de los sectores desposeídos.
En este sentido, también se expresaron la diputada por Encuentro Federal Margarita Stolbizer, y su par de Juntos por el Cambio Facundo Manes. La legisladora caracterizó a Binner como “un revolucionario sin estridencias, sin alardes, porque lo caracterizaba tanto la humildad como la austeridad, pasando desapercibido aun cuando estuviera gestando las transformaciones extraordinarias que hizo”.
Por su parte, Manes afirmó que, “además de un humanista, Hermes fue un líder, porque en Rosario se pueden ver los proyectos en materia de salud, educación, ciencia y tecnología que fueron más allá de su administración”.
La última en rendir tributo a Hermes Binner fue Carolina, una de sus hijas. “Para él la política era cosa seria, donde se proyectaba y no se improvisaba”, ilustró la mayor de los cinco hijos del dirigente. Y aseveró que el mejor modo de homenajearlo es a través “de la política que planifica para otras generaciones, sin importar quien corta la cinta, sino que la sociedad lo tenga”.
El cierre del homenaje significó el panel titulado “Nuevos desafíos del sistema de salud”, promovido por la Organización Mundial de la Salud: una disertación de especialistas de múltiples disciplinas que trabajan, local, nacional y globalmente para prevenir, detectar y responder eficazmente a los desafíos de salud que surgen de la relación entre humanos, animales y medio ambiente.
Participaron del acto el diputado por Identidad Bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez; el exministro de Economía Roberto Lavagna; el intendente de Rosario y diputado nacional por el Partido Socialista (MC), Pablo Javkin; la docente universitaria y vicegobernadora de Santa Fe durante los mandatos de Hermes Binner, Griselda Tesio; el cantautor e intérprete nacional Mario González “Jairo”; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Claudia Levine; el escritor, ensayista, docente de las universidades de Buenos Aires, Tres de Febrero y San Martín, Alejandro Katz; el exobispo de Rafaela y segundo obispo de la diócesis de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto, y la periodista, escritora y ensayista Beatriz Sarlo.
En paralelo, fueron parte del panel de cierre la ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe Andrea Uboldi; el presidente de IPEGSA y de la Federación Latinoamericana de Hospitales, Rubén Torres; el consultor internacional en seguridad alimentaria, Marcos Monteverde, y el líder de investigaciones científicas en agrotecnología, Esteban Hopp.
Tal cual se había anticipado, la norma tuvo un amplio consenso, pero había múltiples cambios que se propondrían durante el tratamiento en particular, y así fue. Qué cosas aceptaron y cuáles no.
Vicepresidente 2° de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, el catamarqueño Rubén Manzi llevó la voz cantante de la mayoría de las modificaciones que se buscaron introducir a la norma. En primer lugar, para el inciso “a” del artículo 1° el legislador de la Coalición Cívica propuso ampliar a la enfermedad de la lepra el espectro alcanzado por la norma, quedando redactado de la siguiente manera: “La respuesta integral e intersectorial para enfermedades infecciosas crónicas de transmisión interhumana tales como el virus de inmuno deficiencia humana (VIH), las hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual (ITS), la tuberculosis (TBC); la lepra y otras que por su evolución, características e impacto sean homologables a estas.
Propuso también agregar un inciso “f” que diga “la promoción del establecimiento de nuevos centros de testeos como estrategia para lograr efectuar mayor cantidad de diagnósticos”, y un inciso “g” que diga “la disponibilidad de los medicamentos en el lugar de residencia de residencia del paciente, con el fin de facilitar su adherencia al tratamiento”.
La presidenta de la comisión, Mónica Fein, aceptó incorporar los citados incisos “f” y “g”, mas no el pedido de sumar otras enfermedades, por cuanto consideró que “esta es una ley integral que inclusive incorpora un régimen previsional, y dejar abierta a otras enfermedades podría generar un universo que no conocemos”.
El diputado Gustavo Bouhid propuso modificar el artículo 3° estableciendo que “la asistencia será general universal y gratuita para aquellas personas que carecen de cobertura médica, quedando a cargo de las entidades comprendidas en este artículo las prestaciones correspondientes a los tratamientos de los afiliados”. Fein aclaró que no aceptaban la modificación por cuanto “se sobreentiende que la asistencia es integral, universal y gratuita como concepto, y obviamente quien tiene obra social o prepaga aporta a partir de esa adhesión a la garantía de la cobertura integral y que no sea un pago de coseguro cuando se tiene la consulta”.
Antes de votar, el diputado Alejandro Cacace aclaró que tal cual se había conversado proponían al final del artículo que diga “y las distintas herramientas e innovaciones de la estrategia de la prevención combinada”, y esa incorporación sí fue aceptada.
Respecto del artículo 8°, el diputado Manzi reiteró lo que había dicho durante el debate respecto de las pruebas de diagnóstico para trabajadores de la salud que pudieran tener un intercambio accidental de sangre con el paciente. Y entre silbidos desde los palcos leyó cómo quedaría el texto: “Se prohíbe la oferta y la realización de la prueba diagnóstica de VIH, hepatitis virales y otras ITS en los exámenes médicos preocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral, exceptuando las relaciones con actividades que estén expuestas a un intercambio accidental de sangre del postulante con sangre de terceros y que por ello requieran la constatación de posibles accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, además de resguardar la salud de terceros afectados. No podrá condicionarse la permanencia o promoción en los puestos de trabajo a la realización o al resultado de esta prueba”. La presidenta de la comisión rechazó las modificaciones propuestas.
Llegando a la parte relacionada con Derechos laborales, el diputado Alejandro Cacace propuso para el inciso “a” del artículo 9°, teniendo en cuenta que muchas veces se producen despidos con otras aparentes justificaciones, pero que tienen que ver con que la persona tiene HIV, sumar al final la siguiente incorporación: “Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y/o TBC ITS o TBC, obedece a razones de discriminación”.
Manzi sumó en el inciso “c”, que dice “el derecho a no ser objeto de pruebas diagnósticas de modo compulsivo”, la frase: “en los casos de HIV y hepatitis virales”. Esto es por cuanto en casos de tuberculosis se podría poner en riesgo a los compañeros de trabajo.
Ahí se produjo una confusión, pues la presidenta de la comisión aceptó en principio la modificación propuesta por Cacace y no la de Manzi, aunque inmediatamente se desdijo y aclaró que la aceptación y rechazo era al revés. Con una sonrisa, el presidente de la Cámara la corrigió: “Yo entiendo que es al revés, diputada. Entiendo que es al revés, se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Cacace, no se aceptan las propuestas por el diputado Manzi”, precisó Sergio Massa.
En cuanto al artículo 17°, el diputado Manzi sugirió incluir un párrafo destinado a las personas que en función de su residencia están alejadas de los centros asistenciales a los cuales deben concurrir: “Establécese asimismo la obligatoriedad de ofrecer al paciente el seguimiento del tratamiento y la provisión de los medicamentos en su lugar de residencia”. Mónica Fein aceptó la modificación.
A continuación, Mónica Fein pidió la reconsideración del artículo 15°, donde retiraron del texto lo referido a las hepatitis B y C. dicho artículo refiere a “la realización y/o procesamiento de las pruebas diagnósticas para la detección de VIH”, para las cuales “es requisito suficiente la solicitud y firma del consentimiento informado de la persona interesada”.
Al llegar al segmento correspondiente a la “seguridad social”, Alejandro Cacace se refirió a la creación de los regímenes previsionales de excepción y para el artículo 24° propuso poner: “Se presumen cumplidas las condiciones para acceder al beneficio establecido en el artículo 17° inciso ‘c’, de la Ley 24.241 para las personas con VIH y/o hepatitis B y C que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 25° de esta ley”.
La presidenta de la Comisión de Salud rechazó la modificación, y a continuación pidió la palabra Maximiliano Ferraro para expresar que “no me parece habilitar en términos de este debate que producto de las dos cuestiones que hacen a la seguridad social, pensiones no contributivas y adelanto de la edad jubilatorias, considerarlos como un régimen especial o de privilegio”.
“Uno puede respetar las opiniones que tiene cada uno con respecto a la situación actual de las jubilaciones, pero, ¿sabe qué siento? Pagan justos por pecadores, porque este Congreso de la Nación históricamente mira a otro lado en el otorgamiento de jubilaciones de privilegio que son escandalosas y acá estamos hablando de que en la Argentina hay 130 mil personas diagnosticadas con VIH, que se está estableciendo qué es una contributiva para personas de alta vulnerabilidad social, pero que esos 130 mil que hoy conocen su serología, tienen que tener 20 años de aporte y 10 años de diagnosticada. Yo respeto la opinión que pueda tener la mayoría de mi interbloque y el resto de los diputados, pero lo que no quiero es que se instale en una cuestión de reparación histórica, en una cuestión de reconocimiento, que es un sistema de jubilación de privilegio o un régimen especial”.
En cuanto al artículo 30°, referido a las pensiones no contributivas para personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, de carácter vitalicio y no contributivo, que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. “Tal dictamen no define qué es la vulnerabilidad social ni a quién aplica”, señaló el diputado Cacace, por lo cual sugirió sumarle al final la aclaración: “cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. El trabajo en relación de dependencia no impedirá el goce de la pensión indicada en el presente artículo. Esta pensión será compatible con otros beneficios sociales”. En rigor, aclaró que esa frase correspondía a un anterior dictamen cuya autoría atribuyó a Carolina Gaillard y otros diputados. La diputada entrerriana intervino para aclarar que eso había sido consultado con la ANSeS, organismo que avaló el régimen especial de jubilaciones, entendiendo que no era de privilegio, y en cuanto a la pensión no contributiva “sugirieron la redacción actual del artículo 30°, por eso vamos a sostener la redacción actual, porque están hechas las consultas con los organismos pertinentes”. Obviamente no se aceptó la modificación de JxC.
El proyecto que busca dar una respuesta integral a personas con Virus de la Inmunodeficiencia Humana, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual fue aprobado en Diputados.
La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves al proyecto que deroga la Ley 23.798 y busca establecer el interés público en relación a la respuesta integral e intersectorial para el abordaje por infección por VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como también la tuberculosis (TBC).
La aprobación se alcanzó por 241 votos a favor, 8 negativos y ninguna abstención.
Los 8 votos en contra correspondieron a los libertarios José Luis Espert, Carolina Píparo, Javier Miley y Victoria Villarruel, y los diputados de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, Pablo Torello, Francisco Sánchez y Paula Omodeo.
En primer lugar habló la presidenta de la Comisión de Salud, Mónica Fein, quien agradeció en primer lugar a los diputados y diputadas que en otros momentos de esa comisión trataron esa propuesta que ingresó al Congreso en 2016, incluso llegaron a darle dictamen, hasta que finalmente ahora llegó al recinto. Pero sobre todo agradeció a “las organizaciones sociales que pusieron en agenda esta ley que permite actualizar la Ley 23.798, que fue muy importante allá por 1990, pero que 30 años después es necesario modificar”.
“Hablar de VIH sida es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años, que no siempre ha estado en el debate público, y ha costado 36 millones de vidas”, destacó la diputada rosarina, que apuntó que hay más de 37 millones en todo el mundo. 140 mil personas viven en Argentina con VIH, a las que se suman cada año 4.500 personas que contraen la infección por VIH.
Fein destacó más adelante que “esta pandemia ha estado marcada por otro tema fundamental: el estigma y la discriminación de aquellos que enfrentan esta enfermedad”.
La diputada socialista habló del proyecto como una herramienta que “viene a dar una mirada integral para avanzar en este camino. Reducir la desigualdad es dar prioridad a personas que aun hoy no tienen acceso a los servicios”. Agregó que “esta ley plantea un abordaje integral e intersectorial en la atención primaria de la salud, garantizando la atención combinada para la reducción de riesgos y daños; con mecanismos claros para la participación de poblaciones clave en el monitoreo de políticas”.
Sostuvo la diputada que la norma garantiza derechos laborales sin discriminación, ni despido, ni suspensiones, ni hostigamientos”. Prohíbe además las pruebas de diagnóstico compulsivos en exámenes preocupacionales, destacó la diputada, que consideró que “esta ley garantiza un derecho humano con perspectiva de género”, y viene a “saldar una deuda histórica con estas poblaciones que viven con VIH”.
“Con esta aprobación estamos cumpliendo con un deber moral y ético y contribuyendo a una sociedad con más igualdad y derechos”.
A continuación, desde el oficialismo habló el vicepresidente 1° de la comisión, Daniel Gollan, quien lamentó el clima de bullicio que había acompañado el discurso anterior, que tuvo lugar justo a continuación de la aprobación del tratamiento en comisión de boleta única. “Parece como que una ley que puede salvar potencialmente 13 vidas por día, quizá no es tan importante. Va para todos”, reprochó.
“Este tipo de leyes son las que veníamos con mucho entusiasmo a discutir aquí, porque hemos trabajado de manera armónica entre todos los bloques”, sostuvo, para remarcar luego que para él esa era “la ley más importante que vamos a tratar hoy”.
Con relación a algunas dudas sobre el impacto de la aplicación de esa norma en el sistema previsional, señaló que a partir de la opinión del ANSeS y los organismos competentes, se determinó que “es ínfimo, y le estamos dando respuesta a sectores que aún no pueden acceder a una vida digna”. En ese sentido precisó que potencialmente se habla de unas 50 jubilaciones anuales, y mil pensiones, con lo cual “le resolvemos la vida a estas personas”. Por eso, dijo, “me parece que poner en tela de juicio esto no tiene ningún sentido”.
Hizo referencia luego a los retoques hechos al proyecto y concluyó afirmando que “hoy va a tener media sanción una ley que debería haber estado hace mucho tiempo”.
A continuación habló el diputado de la Coalición Cívica Rubén Manzi, quien destacó que “la historia de la humanidad está plagada de enfermedades malditas”, y en ese sentido en las últimas décadas “ese rol de enfermedad maldita lo tiene el sida”, que “evidentemente despierta en muchos fantasmas atávicos que tienen que ver con ideas fundadas en el miedo y el posible castigo divino”.
“Creo que todos los miembros de la Comisión de Salud estamos convencidos de que es una ley buena, que puede ser perfectible”, señaló el diputado catamarqueño, quien adelantó el apoyo de JxC en general, “marcando algunas disidencias” que a continuación detalló, con el fin de que “esta ley tenga mayor consistencia técnica y legal”.
En referencia al artículo 1°, dijo que el mismo define un universo de enfermedades infecciosa crónicas de transmisión interhumanas, pero a su juicio eso deja fuera algunas enfermedades que “también merecen ser amparadas y atendidas por nosotros”. Citó el caso de “otra enfermedad maldita histórica, la lepra crónica”.
“Entiendo que este proyecto se estructuró en torno al sida, pero hoy el criterio se amplió y pido eso se respete. Así como se sumó a la tuberculosis, debe sumarse la lepra y alguna otra enfermedad homologable a esta situación”, precisó.
Se refirió luego al artículo 8, que habla de la prohibición de pedir pruebas diagnósticas prelaborales, y al respecto pidió hacer alguna excepción: “hay actividades, sobre todo que tienen que ver con el ámbito de la salud, donde fácilmente se puede poner en contacto el torrente sanguíneo del trabajador con la sangre del paciente al que se está asistiendo”, dijo, ejemplificando con los casos de técnicos de diálisis o hemoterapeutas, que para él deberían tener un diagnóstico previo de la situación inmunológica que tienen.
Con relación al artículo 9°, dijo que quedaron zanjadas las dudas pues el oficialismo aceptó que la prueba de tuberculosis no sea excluida en el prelaboral, por lo que significa para riesgos hacia los compañeros de trabajo.
Por último consideró “una inequidad” establecer un régimen especial jubilatorio por ese tipo de enfermedades, cuando hay otras enfermedades que tienen similares características y no son alcanzadas por el beneficio.
Luego habló quien formalmente presentó el proyecto: Ana Carolina Gaillard. Muy aplaudida desde los palcos, la diputada entrerriana recordó los “cuatro intentos de proyectos presentados; 9 años de trabajo. Se dictaminó en varias oportunidades y no logramos nunca legar al recinto”, dijo, aclarando que la iniciativa “no es de mi autoría, sino de las organizaciones de la sociedad civil”.
“Este proyecto tiene un abordaje de la cuestión social, en el capítulo que tiene que ver con la jubilación y pensión no contributiva, porque las personas que sufren VIH se siguen muriendo de pobreza y por discriminación -enfatizó-. Por eso necesitamos un Estado presente, que garantice que estos derechos sociales estén cubiertos, porque las personas que sufren VIH tienen un deterioro en el organismo y un envejecimiento precoz por el tratamiento que llevan durante años”.
Gaillard insistió en que se necesita la jubilación especial “porque el porcentaje más alto de personas que mueren con VIH está entre los 45 y 55 años. Necesitamos una jubilación especial porque la mayoría no tiene los aportes necesarios que se les exigen, por eso esta ley establece que se les pida 10 años de aporte y 50 años de edad”.
Agregó que “necesitamos pensiones no contributivas porque de 7 personas con VIH en la provincia de Buenos Aires solo una tiene un empleo formal, con lo que esto conlleva: una dificultad para tener la cobertura médica necesaria”.
La diputada Gaillard dio más detalles al señalar que el 67% de las personas que viven con VIH se atienden en el sistema público, mientras que el 65% de la población que no tiene VIH se atiende en el sistema privado. Además, el 17% de la población no sabe que tiene VIH; el 70% no sabe que tiene hepatitis y el 30% de los diagnosticados con VIH son tardíos. “Esta es una ley que salva vidas; cuanto antes salga, menos van a morir con VIH”, concluyó.
Exministra de Salud en su provincia, la tucumana Rossana Chahla hizo hincapié en “la importancia de la prevención primaria” y por eso habló de la propuesta de “poder desarrollar todas las estrategias que tengan que ver con la prevención primaria”.
“La prevención primaria pasa a ser un estandarte en la salud pública”, enfatizó.
Otro exministro de Salud provincial, el jujeño Gustavo Bouhid, habló a continuación de la necesidad de aumentar las pruebas diagnósticas, algo que no está previsto en la ley, para lo cual debería aumentar el número de centros de testeo. “Tenemos que facilitarle a toda la población poder hacer los testeos, que tienen que ser voluntarios, no compulsivos”.
Asimismo hizo referencia a que muchos pacientes dejan de hacer el tratamiento porque en la gran mayoría dependen del sistema de salud pública. Y en sus provincias van al hospital principal de la misma para atenderse, pero sobre todo los sectores más humildes terminan dejando los tratamientos. “Por eso pedimos que la medicación llegue al lugar de residencia del paciente; es algo que podemos hacer y no tiene prácticamente costo”, remarcó el diputado radical.
También cuestionó que el proyecto no contemple hacer el seguimiento de porqué abandonan los pacientes el tratamiento, algo que muchas veces se debe a cuestiones sicológicas y la falta de contención de los equipos.
Planteó también diferencias en el tema previsional: “Pensamos que no tiene que ser solo para esta enfermedad, hay muchas otras que producen envejecimiento prematuro y deberían tratarse aparte, lo mismo lo laboral, nadie debería quedarse sin trabajo por estar enfermo”.
El proyecto aprobado este jueves deroga la actual Ley 23.798, que declaró de interés nacional la lucha contra el SIDA, y fue sancionada en el año 1990.
Además del VIH, la nueva norma busca incorporar a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).
De acuerdo al texto, se prevé “la respuesta integral e intersectorial” y la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc-.
La iniciativa prohíbe la realización de la prueba diagnóstico en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral.
Tampoco podrá solicitarla ninguna institución educativa, pública o privada, como requisito de ingreso, permanencia, promoción o para el acceso a becas.
La prueba diagnóstico será voluntaria, solo con consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial; universal; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test.
Por otra parte, el proyecto establece una jubilación anticipada de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, a la que se podrá acceder a partir de los 50 años, con acreditación de 20 años de aportes y 10 años de transcurrido el diagnóstico. La jubilación resultará incompatible con quien tengan un trabajo en relación de dependencia.
Asimismo, se crea una pensión de carácter vitalicio y no contributivo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Entre otros puntos, la iniciativa plantea que toda mujer y/o persona con capacidad de gestar deberá recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud, como a la de su hijo/a, tanto en el embarazo como en el posparto.
También, todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tendrá derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses.
La diputada socialista aseguró que en la provincia “hay un abandono del Gobierno nacional” y para combatir el narcotráfico hace falta una articulación mayor entre todos los actores.
La diputada nacional Mónica Fein (PS) se refirió al anuncio por parte del Gobierno nacional sobre el envío de 300 gendarmes a la provincia de Santa Fe ante la ola de inseguridad que azota, principalmente, a la ciudad de Rosario.
“Me parece insuficiente y fuera de tiempo absolutamente. Todas estas conversaciones vienen desde mucho tiempo, mientras tanto Rosario aumenta el grado de violencia. Hay un abandono del Gobierno nacional. No sé si alguna vez el ministro Aníbal Fernández, no porque tenga depositada mi confianza en su capacidad, estuvo presente”, sostuvo este martes.
La legisladora reprochó que se proponen 300 efectivos de Gendarmería, que “es parecido a un número de inspectores de tránsito”, cuando “hace años que nos dicen que van a mandar mil, que tampoco soluciona”.
“Hay una falta de política provincial, nacional, y una falta de coordinación de todos los actores”, señaló la santafesina, que observó que “el Gobierno nacional no asume el rol que le corresponde en este tema, que es narcotráfico, que es lavado de dinero, es también el sistema penitenciario”.
En diálogo con radio Mitre, la exintendenta de Rosario expresó: “Nosotros fuimos gobierno, muchas cosas logramos bajar. Fuimos logrando bajar con políticas sociales, de prevención, con acción policial, con acción de la Justicia, pero creo que no pudimos solos tampoco. Si no hay una coordinación de distintos niveles del Estado nadie va a poder avanzar en un delito que tiene muchos recursos, que inclusive puede cooptar sectores de la policía, de la justicia, de la política, del empresariado, que lava dinero en la propia sociedad. Es un delito muy complejo que requiere de la articulación de distintos actores y la verdad creo que estamos muy lejos de eso”.
“Hay falta de decisión política, falta de comprensión de lo que se está viviendo”, insistió, al tiempo que denunció que “la policía de Santa Fe siempre ha sido un actor problemático, muy infiltrado y muy tomado en muchos casos por el delito”. “Es imposible vivir en una ciudad donde no hay patrullaje”, sumó.
Para Fein, “el municipio tiene que fortalecer su presencia en los territorios” porque “cuando el Estado no está presente el narco se convierte en el que soluciona problemas y esto es lo que hay que evitar”.
“Creo que tenemos que exigir los diputados lograr que el Consejo de la Magistratura funcione y, fundamentalmente, nombre buenos fiscales, buenos jueces, que actúen, porque no puede haber una Justicia federal que mire para otro lado”, finalizó.
Fue este jueves durante la reunión constitutiva en Diputados en la que solicitaron la presencia de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para que explique sobre la estrategia de salud mental. Las vicepresidencias quedaron en manos de Daniel Gollan (FdT) y Rubén Manzi (CC).
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja llevó a cabo este jueves en el Anexo “A” la reunión para constituir ese cuerpo de trabajo que era presidida por el tucumano Pablo Yedlin y ahora será manejada por la santafesina Mónica Fein del interbloque Federal.
Las vicepresidencias quedaron en manos de Daniel Gollan (FdT) y de Rubén Manzi (CC). Durante la elección de autoridades, fueron designados secretarios Paola Vessvessian por el FdT, y Dina Rezinovsky y Gustavo Bouhid por JxC, mientras que quedaron dos cupos aún por nombrar.
“Es una comisión muy importante, agradezco la oportunidad de trabajar en ella. Trabajamos mucho durante la pandemia y vamos a continuar con eso”, expresó Fein y sumó: “Es un honor trabajar con personas con tanta trayectoria que han ocupado ministerios, que han llevado adelante políticas concretas, que tienen un compromiso claro con la salud que es un derecho humano que debe ser garantizado con equidad, universalidad, eficacia y eficiencia para todos”. Además, destacó la presencia de la “gran cantidad de mujeres” en la Comisión.
También, aclaró que harán “un recorte de algunos de los temas” y abogó por trabajar con otras comisiones porque hay muchos temas que se entrelazan con un concepto integral de salud.
Por otro lado, remarcó que se formó con sanitaristas que le “enseñaron el rol fundamental del Estado” porque “más allá de los errores, el Estado pudo articular una formidable acción de atención, vacunación con otras provincias y vuelve a poner en debate nuevos desafíos”.
“En este primer día de Comisión presencial hay que reconocer a los profesionales de la salud y trabajar en algunas propuestas que tiene que ver con las condiciones de los equipos de salud para fortalecer en el sistema estructural de salud. Venimos de un sistema fragmentado y la tecnología tiene un centro fundamental, tenemos que trabajar en la centralidad para que el derecho a la salud esté garantizado”, remarcó Fein.
En tanto, señaló: “Tenemos que trabajar para mejorar el sistema de salud, se han presentado muchos proyectos que seguro nos van a llevar a buenos resultados. Creo que hay algunos temas para ponerlos de acuerdo para priorizar y tener una agenda muy activa, pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo para impulsar la Comisión. Creo en el rol del Estado para intermediar, es fundamental, todos queremos un estado eficiente y transparente”.
“Esta pendiente tratar la ley de VIH que tuvo paso por esta Comisión y la de Presupuesto, que tuvo dictamen, pero en extraordinarias no se trató, debemos priorizar el tema”, recordó la presidenta.
Por su parte, su coterráneo Gollan manifestó: “Es una alegría estar como vicepresidente acompañando a Fein con quien hemos trabajado muchos temas. Va a ser muy provechosa y sobre todo en temas muy específicos que están en carpeta sobre todo la desorganización del sistema sanitario y poder hacer aportes desde la Cámara para que el pueblo tenga más y mejor salud”.
A su turno, Bouhid recordó que “desde 1983 la agenda de salud ocupó el centro de la mirada política. No lo elegimos nosotros, lo decidió la pandemia. Está en nosotros aprovechar el impulso que dio este beneficio secundario de la pandemia. Tenemos que seguir trabajando fuerte porque en Argentina subyace un debate profundo de cómo mejoramos el sistema de salud”.
“Dos temas que no fueron mencionados que están en carpeta son resistencia microbiana y carrera o profesionalización de enfermería, podemos avanzar rápido en eso. Hay temas en carpeta que nos darán motivos para vernos seguidos y trabajar”, indicó el jujeño.
Al tomar la palabra, la radical Carla Carrizo solicitó incorporar a la agenda de trabajo el tema de salud mental y niños, niñas y adolescentes porque “no están contemplados en la ley” y eso no se puede “peticionar en términos presupuestarios porque no están mencionados en la ley”. En tanto solicitó la presencia de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, para que explique la estrategia que lanzó este lunes el Ejecutivo sobre salud mental.
“Sería inteligente citarla para poder posicionar todos los proyectos de salud mental que esperan en la comisión y quedaron congelados por la pandemia. Hay un expediente que está hace 6 años esperando que es el primer programa de salud mental para niños en dispositivos comunitarios, algo que no existe en el país y está estudiado, pero el Estado no lo nacionaliza. UNICEF ha declarado la emergencia en salud mental de adolescentes”, añadió la cordobesa.
Por el FdT forman parte los legisladores Juan Carlos Alderete, Mara Brawer, Nilda Carrizo, Rossana Chahla, Federico Fagioli, Daniel Ferreyra, Ana Carolina Gaillard, Daniel Gollan, Florencia Lampreabe, Jimena López, Mónica Macha, María Carolina Moisés, María Luisa Montoto, Cecilia Moreau, Estela Mary Neder y Paola Vessvessian.
Mientras que por JxC estarán Marcela Antola, Lidia Ascárate, Gustavo Bouhid, Sofía Brambilla, Ana Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Camila Crescimbeni, Soher El Sukaria, Jimena Latorre, Silvia Lospennato, Rubén Manzi, Victoria Morales Gorleri, Graciela Ocaña, Dina Rezinovsky, Sebastián Nicolás Salvador y María Sotolano.
Completan la nómina el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad), Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) y la electa presidenta Mónica Fein (Partido Socialista).
En lo que respecta a la agenda de trabajo, acordaron realizar las reuniones los días martes a las 13.30.
El bloque socialista, compuesto por los diputados nacionales Enrique Estévez y Mónica Fein, presentó en el Congreso un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe sobre el alcance de la resolución que aprueba la exploración offshore de hidrocarburos en Mar Argentino. “Presentamos un pedido […]
El bloque socialista, compuesto por los diputados nacionales Enrique Estévez y Mónica Fein, presentó en el Congreso un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe sobre el alcance de la resolución que aprueba la exploración offshore de hidrocarburos en Mar Argentino.
“Presentamos un pedido de informe para que el ministro Cabandié dé explicaciones acerca de la decisión de habilitar la explotación petrolera en el mar argentino”, explicó la diputada nacional y presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, y acotó: “Queremos saber bajo qué criterios lo aprobaron, por qué no lo enmarcaron en los compromisos ambientales que el mismo Estado ya firmó y cuál fue la opinión de las organizaciones del territorio”.
En este sentido, uno de los ítems del proyecto hace foco en la participación; consulta si se le dio voz a los municipios, provincias, defensores del Pueblo de territorios costeros y al Consejo Federal Pesquero, y si se tomaron en cuenta las opiniones de especialistas que asistieron a la audiencia pública.
Además, desde el socialismo remarcaron que “resulta fundamental realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”, y consultaron por qué no se contempló la realización de la misma en el proyecto de prospección sísmica offshore para la exploración de hidrocarburos en los bloques CAN 108, CAN 100 y CAN 114, ubicados en la Cuenca Argentina Norte de la Plataforma Continental, a 300 km de Mar del Plata.
“Los proyectos de explotación de combustibles fósiles en el mar son la antesala de un verdadero ecocidio que atenta sobre la biodiversidad y la vida marina y que también afectan otras actividades socioeconómicas como el turismo y la pesca”, explicó la legisladora nacional, y acotó: “Mientras los países invierten en energías renovables para luchar contra el cambio climático, acá seguimos apostando al pasado y destruyendo nuestros recursos para conseguir petróleo”, reflexionó Fein.
La exintendente de Rosario también indicó: “Esta agenda energética que nos propone el Gobierno va en contramano de la meta climática comprometida por el propio presidente”. En 2020 Alberto Fernández se comprometió a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y también la carbono neutralidad para 2050.
“En este contexto de crisis climática y ecológica necesitamos urgente una agenda ambiental de transición, acompañada de una política seria y con visión de futuro que permita preservar nuestros recursos naturales promoviendo un desarrollo ecológicamente sostenible y socialmente justo”, concluyó Mónica Fein.
A través de un comunicado, los dos miembros del bloque justificaron la decisión de no acompañar el proyecto del Ejecutivo.
“Argentina vive una realidad donde el 40% de nuestros compatriotas son pobres y en particular 1 de cada 2 niños menores de 14 años son afectados por esta situación. Por ese motivo necesitamos de un presupuesto claro, transparente, debidamente consensuado para que el Estado intervenga sobre esta triste realidad y nos lleve al necesario crecimiento sostenido y a la mejor distribución de los recursos”, expresó el bloque socialista de la Cámara de Diputados.
Integrantes del interbloque Federal, que adelantó también su rechazo y la decisión de no dar quórum, Mónica Fein y Enrique Estévez expresaron que “Esta ley de Presupuesto 2022 no representa la realidad; se trata de un proyecto que carece de rigurosidad, con proyecciones irreales, si consideramos la inflación interanual registrada hasta este momento”.
“Claramente se trata de un proyecto de ajuste general, agravado en sectores como el de los jubilados, las tarifas y la educación, donde –por ejemplo- las universidades nacionales quedan al límite de la subsistencia”, agregaron los legisladores santafesinos, que reconocieron que tampoco han podido “evaluar correctamente la consistencia de este proyecto con el contexto macroeconómico, debido a la falta de información sobre la negociación que se está llevando adelante con el FMI. En este punto, sostenemos que la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior se debe constituir y trabajar de forma inmediata”.
Estévez y Fein dijeron no observar tampoco en el proyecto del oficialismo “ningún elemento que genere una mejor distribución de los recursos y un claro federalismo; en cambio, perpetúa la concentración del poder delegando facultades indebidas en el Poder Ejecutivo”, ni tampoco “políticas claras que potencien la producción y la industria o que permitan cuidar nuestros recursos naturales y el medioambiente, y un claro ejemplo es el desfinanciamiento de la Ley de Bosques Nativos”.
“Consideramos fundamental la necesidad de encontrar consensos, así como respuestas innovadoras a los problemas crónicos que el país arrastra. Por eso insistimos en la necesidad de una Reforma Tributaria Integral progresiva, que termine con situaciones como la exención a la actividad minera, que representa la misma inversión que la destinada a
Ciencia y Técnica para todo el año”, afirmaron, concluyendo que la decisión adoptada con el resto del interbloque se debe a que, en definitiva, consideran que el Presupuesto “no se hace eco de la realidad del país”.
