La diputada de Hacemos Coalición Federal Mónica Frade fue designada este miércoles como presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico.

En la vicepresidencia primera fue elegido el macrista Gabriel Chumpitaz; en la secretaría primera, la libertaria María Emilia Orozco; y en la secretaría segunda, la radical Marcela Antola. En tanto, la vicepresidencia segunda y la secretaría tercera, para Unión por la Patria, se reservaron.

Frade, de la Coalición Cívica, aseguró: “La aspiración de esta presidencia es poder hacer de esta comisión un actor principal, en un momento histórico que nos toca, que tiene que ver con la lucha que se ha emprendido contra el narcotráfico”.

La bonaerense alertó que no sólo hay una problemática muy grande en Rosario, sino también “en provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa, que no está visibilizado”. “La porosidad de nuestro país hace que nosotros tengamos en materia de narcotráfico una actividad muy intensa a través de los puertos y fronteras”, continuó.

La legisladora afirmó que buscará “revitalizar la comisión, que es la manera de revitalizar el Congreso, al que se está castigando” y “trabajar transversalmente, sin ningún tipo de preferencia por ningún sector político”.

“Va a ser mi impulso que esta comisión se contacte en los lugares geográficos donde nos necesitan, donde tenemos que interactuar con la Justicia, las fuerzas de seguridad y escuchar a las víctimas”, completó.

Por su parte, Chumpitaz, oriundo de Rosario, expresó: “Para nosotros los rosarinos es muy importante la temática. Allá por 2019 denuncié la llegada de a guerra narco a la ciudad de Rosario. Desde aquel momento estamos dando discusión en todos los ámbitos que nos toca”.

“La lucha contra el narcotráfico no es una lucha idealista, sino una lucha para la supervivencia nacional porque esto se puede derramar en todo el país”, advirtió.

Desde UP, Carlos Castagneto resaltó que “sería muy importante que abordemos la parte presupuestaria del SEDRONAR, porque no es sólo la lucha contra el narcotráfico, sino la prevención. Las granjas (de rehabilitación) no están recibiendo los fondos”.

Mientras que la radical Natalia Sarapura apuntó que “la disminución de la política social acrecienta los riesgos; el aumento de la desigualdad nos pone en un escenario de mayor complejidad y, sin duda, estamos en un momento que se hace necesario profundizar las acciones de seguridad y contención”.

Decididamente opositor contra el Gobierno de Javier Milei, Héctor Daer, uno de los titulares cegetistas, salió a militar contra la ley ómnibus que trataría el Congreso esta semana, lanzando una amenazante advertencia contra los diputados que puedan llegar a apoyar al oficialismo.

En declaraciones a Radio Splendid, el secretario general expresó que “los dialoguistas no van a poder caminar por la calle” si apoyan al Gobierno con la ley de Bases. El dirigente dijo que “si van y entregan el Banco Nación, no van a poder caminar porque no es un tema de los trabajadores sino que generó las posibilidades de desarrollo de todo el país”.

Para Daer, “el debate de fondo es si se va a destruir un instrumento, que no es el mejor pero que existe, para la actualización de las jubilaciones y el tema de las privatizaciones. Me extraña que hoy en los medios lo único que quieran sacar de las privatizaciones es YPF”.

Desde el Congreso salieron a responderle. El presidente de la Coalición Cívica y miembro de Hacemos Coalición Federal, Maximiliano Ferraro, replicó: “Es realmente cínico ver cómo algunos sindicalistas millonarios se mantuvieron en silencio durante cuatro años mientras la inflación devoraba los ingresos de trabajadores y jubilados. Ahora, con el descaro de amenazar y exigir, es evidente que su prioridad es mantener sus lujosos estilos de vida, alejados de la realidad de aquellos que realmente sufren las consecuencias de sus acciones”.

“Hace tiempo dejaron de representar a los trabajadores, ya que su falta de acción demuestra una desconexión total con las necesidades y preocupaciones de quienes dicen representar”, agregó el legislador.

También desde la Coalición Cívica, Mónica Frade dijo que “si alguno dudaba de la posición equilibrada de Hacemos Coalición Federal, que no lo haga. Nos amenaza Javier Milei, un presidente sin Plan B…quizá sin ninguno, más que romper lo que anda bien. Nos amenaza también la cúpula de la CGT, a través de Daer (una buena noticia). País normal”.

A su vez, la diputada radical Karina Banfi tuiteó por su parte: “Nos presiona el Presidente, nos presiona la CGT. ¿Diagnóstico? Estamos bien encaminados dándole al Gobierno herramientas pero sin exceder los límites fijados por la Constitución y cuidando a los trabajadores que la CGT dejó a la deriva. CERO paros le hizo la CGT a Alberto…”.

A su vez, el exdiputado nacional Alvaro de Lamadrid lanzó: “Inaceptable el matonerismo de los gordos de la CGT, extorsionando a Diputados, URGE acabar con el negociado que los mantiene artificialmente en el poder. Soy autor del proyecto de democratización, modernización y transparencia sindical que va en esa línea”.

A su vez, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli retrucó: “Los que ya no pueden caminar por la calle son ustedes, Héctor Daer, que con vuestras prácticas cerraron empresas, creció el trabajo informal, y callados soportaron la merma del salario estos 4 años de alta inflación. Sigan de vacaciones en Miami”.

Desde el Pro, el diputado Hernán Lombardi expresó por su parte: “A 6 semanas de haber asumido el gobierno batieron  los récords: hacen paro los que se callaron 4 años. Descaradamente completan la acción amenazando diputados”. Y cerró: “No pasarán con su prepotencia y sus conductas antidemocráticas”.

Fernando Iglesias contestó en este tono: “Así es, Daer, bobina. No se puede caminar por la calle. La calle es para los autos. Hay que ir por la vereda. Si van por la calle los va a correr Pato Bullrich”.

Consultado por Radio Mitre al respecto, el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert le contestó a Daer: “A mí nadie me mete miedo y mucho menos un mafioso de cuarta como lo son estos sindicalistas”.

Agregó que los gremialistas “son la causa de por qué la mitad de la población trabajadora está totalmente precarizada”, y concluyó: “Lo tomo como un desafío de un mafioso y, por lo tanto, enfrentaremos a la mafia con la Constitución, con el Código Penal”.

Ya la Coalición Cívica tomó distancia en su momento de cualquier acercamiento con Javier Milei. Fue en vísperas del balotaje, cuando se diferenciaron del Pro, cuyo sector más duro anunció su apoyo a La Libertad Avanza, al punto tal de anunciar entonces su salida de Juntos por el Cambio.

Este miércoles dirigentes de ese espacio se diferenciaron de su excandidata presidencial por la aplicación del protocolo antipiquetes.

Es el caso de la diputada nacional Mónica Frade, que en la red social X posteó la captura de una imagen televisiva en la que se anunciaba que frentaron un colectivo para bajar a 30 posibles manifestantes. Y el siguiente texto: “Esto no @PatoBullrich, esto no. Coincido en la necesidad de ordenar y mantener la normalidad de la circulación; pero prácticas abusivas NO”.

Y advirtió entonces que “el derecho a asistir a una marcha no se puede impedir. Los delitos son otra cosa. Hay caminos de los que no se vuelve”.

Esto no @PatoBullrich, esto no. Coincido en la necesidad de ordenar y mantener la normalidad de la circulación; pero prácticas abusivas NO.
El derecho a asistir a una marcha no se puede impedir. Los delitos son otra cosa
Hay caminos de los que no se vuelve. pic.twitter.com/4Zll2lNKal

— Monica Frade (@MonicaFradeok) December 20, 2023

También opinó el diputado porteño del mismo espacio Facundo del Gaiso, quien cuestionó el discurso contra los piquetes, sugiriendo en cambio “auditar, cortar los intermediarios y valorar a los que trabajan socialmente separando a los grupos que extorsionan. Ese es el camino correcto. Generar una “épica del anti piquete” en este contexto social no se sostiene. ¿Qué hacemos cuando corten los jubilados porque no pueden vivir?”.

Luego en otro tuit expresó que “el Estado tendría que auditar los planes y separar los grupos que  trabajan de los grupos q utilizan  los planes  para financiar la política. Esa es la forma de cortar los piquetes rápidamente y valorar a los grupos comunitarios que trabajan si no son todos ‘feos, sucios y malos’”.

La diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica – Buenos Aires) cuestionó duramente este martes a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por convalidar el nombramiento Guillermo Giménez Pérez como prefecto nacional.

“Mal inicio. Mal augurio. La red de contrabando intacta, más allá de los deseos y promesas”, aseveró la diputada de la CC, quien recordó que Giménez Pérez está “cuestionado y señalado en hechos de corrupción”. “Pruebas en manos de la señora ministro”, agregó Frade.

La publicación se dio en X, tras la convalidación del prefecto, quien ya fue director de Inteligencia Criminal e Investigaciones en la gestión ministerial del Aníbal Fernández dentro del gobierno saliente de Alberto Fernández.

Frade fue reelecta como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires para el período 2023 – 2027 acompañando a la boleta presidencial de Bullrich, cuando salió tercera en las elecciones generales del 22 de octubre. Varios usuarios la cuestionaron por sus críticas perteneciendo a Juntos por el Cambio.

Así las cosas, Frade le respondió a un usuario con “comentario desafortunado el tuyo. O sea, la corrupción debe ocultarse debajo de la alfombra según sea”, y amplió: “Todos los que integramos la lista engrosamos sus votos y queremos ejemplaridad y sacar a este país adelante. No hay sitio para la tibieza, ni encubrimiento”.

Un grupo de 13 diputados de la oposición presentó en el Congreso Nacional un pedido para que el Gobierno informe cuánta plata le giró al clan piquetero de Emerenciano Sena, principales acusados en la desaparición de la joven chaqueña Cecilia Strzyzowski (28) y cercanos al gobernador Jorge Capitanich.

En el escrito, los diputados piden que “informe el monto de dinero total girado por el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Desarrollo Social a la Provincia de Chaco”.

También, “si se giraron partidas de modo directo, bajo cualquier modalidad contractual, para el financiamiento de actividades y/u obras y/o insumos y/o logística y/o servicios, en beneficio del Movimiento Emerenciano y/o en beneficio del Partido Socialista Unidos de Chaco, o de Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña “.

La nueva causa nace a partir del allanamiento realizado hace una semana en casa de los Sena, donde la Policía encontró el dinero escondido en un mueble metálico para herramientas. Eran tres compartimientos iguales, cargados de billetes. Lo que más llamó la atención es que abundaban principalmente los billetes de cien pesos, lo que dificultó la tarea de recolección.

A partir de estos datos, la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó el pedido de informes. La acompañaron Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Rubén Manzi, Leonor María Martínez Villada, Virginia Cornejo, Ingrid Jetter, Gustavo Hein, Héctor Stefani, Graciela Ocaña y Mariana Stilman.

Entre otros argumentos, la oposición señala sobre Sena: “Desde 2007, con la Gobernación de Jorge Capitanich, que su figura y actividad quedó consagrada como de permanente y estrecha colaboración. Desde entonces, fue uno de los beneficiarios prebendarios de recursos estatales sin control”.

“En el Sur de la ciudad de Resistencia construyó un barrio de ochenta (80) viviendas que ocupan treinta (30) hectáreas, de nombre homónimo. El barrio cuenta con obras de infraestructuras: asfaltos, centro de salud, natatorio público; escuela primaria, secundaria e Instituto terciario”, agregan los diputados opositores.

“La ‘obra’ se extendió a la apertura de escuelas de gestión local; oficializadas por el actual gobierno de Capitanich. Admiten la existencia y funcionamiento de 14, pero las cifras extra oficiales afirman la existencia de un centenar. Sena paso a ser un protegido del Gobernador, sin intermediación en la relación entre ambos, lo que facilitó ese crecimiento colectivo y, personal”, remarcan.

Encabezados por la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica – ARI – Buenos Aires), los legisladores que responden a Elisa Carrió volvieron a presentar este lunes un pedido al titular de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Federido Angelini, para realizar una sesión presencial de trabajo, invitando a declaraciones informativas a todas las autoridades, académicos y víctimas implicadas en Rosario ante la avanzada de la violencia en las calles.

En el marco de la puja interna de JxC en Santa Fe, donde la Coalición Cívica-ARI denunció al precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro de “tener vínculos con el narcotráfico”, los legisladores reflotaron dos pedidos hechos en octubre de 2022 y marzo del 2023 al presidente la comisión Federico Angelini, quien es el compañero de fórmula de la radical Carolina Losada, protagonista de duros cruces con Pullaro.

“Quienes integramos esta comisión, no podemos ser ajenos a esta situación. Asumimos un rol y una participación institucional, directamente vinculada a la temática, lo que nos obliga a un compromiso irrenunciable en la lucha contra el narcotráfico, el delito complejo y la irrestricta defensa de la integridad física de nuestros compatriotas”, explicó Frade en el pedido.

Del mismo modo, presentaron las siguientes estadísticas: “En la Provincia de Santa Fe, la tasa de homicidios durante los últimos 8 años, registra un aumento del 10,93 por ciento. Según reportes del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe, entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de 2022, se registraron 287 homicidios dolosos”.

Así también, mencionaron que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Poder Judicial nacional y provincial, compartieron una jornada, cuyos ejes han sido: el avance del narcotráfico y la insuficiencia de la estructura judicial actual. En la ocasión fue destacada la actividad de narcotraficantes desde las propias cárceles federales.

Además, Frade manifestó que “es nuestro desafío realizar todas las acciones posibles, no sólo para aportar a esa ciudad y a los damnificados por el accionar de esas bandas y sicarios, sino para prevenir el avance en otros puntos de nuestra geografía, en los que el fenómeno se presenta como propicio, sea por ausencia de políticas públicas en seguridad, como en cuanto a vulnerabilidad geográfica, o ambas”.

Con más profundidad, desarrollaron los datos que competen solamente a la ciudad de Rosario: “Se registraron solo en la ciudad de Rosario 287 homicidios en todo el año 2022, la cifra más alta de los últimos 9 años, alcanzando una tasa de 22,01 por ciento. Una cifra aberrante si la comparamos con la tasa de la Ciudad de Buenos Aires, que alcanzó en el 2022 el 2,86, y la de Nación, que, según los últimos datos oficiales del 2021, había llegado a 4,61”.

Y también, recordaron el episodio que ocurrió el pasado de marzo, cuando se produjo un violento ataque contra la cadena de supermercados “Unicos” de la ciudad de Rosario, perteneciente a la familia de Antonela Roccuzo, esposa del futbolista de la selección argentina, Lionel Messi.

“Dos hombres llegaron al lugar en moto y uno de ellos efectuó 14 detonaciones de arma de fuego contra la persiana del comercio. No conforme con ello, dejaron una nota dirigida al futbolista y al intendente rosarino, la cual decía lo siguiente: Messi, te estamos esperando. (Pablo) Javkin es narco, no te va a cuidar”, remarcaron.

Por último, Frade volvió a cuestionar las declaraciones de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, quien había afirmado que “los narcos han ganado”.

Acompañaron con su este pedido, el presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, y los diputados nacionales, Maximiliano Ferraro y Leonor María Martínez Villada.

La diputada nacional Mónica Frade (CC-ARI) presentó una denuncia contra el exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain y pidió a la Justicia que sea citado a ratificar o no declaraciones que tuvo sobre el narcotráfico.

“Sus declaraciones fueron reveladoras de la posible comisión del delito de encubrimiento de narcotráfico”, advirtió la legisladora de Juntos por el Cambio, en alusión a dichos que el exfuncionario tuvo durante una entrevista brindada a CNN Radio Rosario el 3 de marzo pasado.

Durante esa nota, Sain cuestionó que “no contamos con el apoyo que íbamos a tener del Gobierno nacional” para atacar la problemática y agregó: “El Gobierno nacional fue desastroso. El desempeño del Gobierno nacional durante toda nuestra gestión… Yo pensé que una compañera mía de la universidad como Sabina Frederic, un amigo histórico político como Alberto Fernández, iban a tener un compromiso mucho más importante”.

Pero puntualmente, el exministro de Seguridad reveló detalles sobre una reunión que existió en la Casa Rosada, durante la cual junto al gobernador Omar Perotti habrían puesto en conocimiento de información sensible al presidente Alberto Fernández y funcionarios nacionales.

“Nosotros tuvimos una reunión el 15 de enero (no precisa año) con medio Gabinete nacional y con el propio presidente donde le pusimos nombre y apellido, jueces federales, fiscales, componenda policial, estructura política. Yo me encargue personalmente delante de (Eduardo) ‘Wado’ de Pedro, de Santiago Cafiero, de la ministra, del propio presidente de darle todo el panorama… Me miraban con una cara como diciendo de qué se trata esto… Bueno, les pedimos apoyo, nunca llegó ese apoyo. Nunca… Tres veces relanzamos esto y la interpretación que hay…allí en Santa Fe es que lo que tiene que hacer el Gobierno es hacer lo que hace la policía de Santa fe y patrullar las calles. No es más investigación criminal”, sostuvo Sain.

Por eso, Frade reclamó que se lo cite “a efectos de reconocer el contenido de la entrevista y prestar declaración testimonial, sobre integrantes de la mencionada reunión de Gabinete, ministros presentes y nombres aportados como vinculados al narcotráfico”.

“Teniendo en cuenta que los hechos se produjeron en una reunión de Gabinete nacional, lo que presupone se llevó adelante en la Casa Rosada, resulta competente en razón del lugar en el que se produjeron los hechos. Lo propio en relación a la materia, teniendo en cuenta que estaríamos en presencia del delito de encubrimiento en autoría del propio presidente de la Nación y de los ministros ‘Wado’ de Pedro, Sabina Frederic, Santiago Cafiero y/o quienes, sin haber sido aludidos, hayan estado presentes en dicha reunión, según el testigo”, señaló la diputada de la CC-ARI.

Otras frases de Sain que destacó Frade en su denuncia:

-“…tenés un Ministerio Público de la Acusación, donde muy excepcionalmente investiga estas cuestiones porque saben muy bien muchos fiscales que detrás… saben el riesgo que corren ellos si investigan a fondo… es que llegan a alguna estructura policial con protección política… alguna estructura judicial y saben que ahí se les acabo la carrera…”.

-“…la gran diferencia entre Hermes (en alusión a Binner) y el resto de los socialistas, (Antonio) Bonfatti y (Miguel) Lifschitz, es que Hermes no jugó la interna criminal, en cambio estos dos sí… Definieron como política prioritaria convalidar un grupo criminal, esto es lo que le vendió la policía, y ellos aceptaron. Convalidar un grupo criminal para tratar de ordenar el mercado de la droga e ir contra el otro. Fueron contra ‘Los Monos’. Cuando ‘Los Monos’ dijeron van contra nosotros, pero nunca van contra los enemigos que era el Clan Medina-Alvarado. (…) cuando investigamos a Alvarado contaba con una protección policial fuerte y con una convalidación del gobierno socialista y de un sector del peronismo”.

-“Bonfatti y Lifschitz a través de (Maximiliano) Pullaro (diputado de la provincia de Santa Fe-UCR) jugaron con una de las bandas”.

-“…al gobierno que estuvo decidido a ir en contra de todo esto, y lo dijo desde el primer minuto en la Asamblea Legislativa Omar Perotti el 11 de diciembre del 2019, al que iba a cortar el vínculo entre Estado y delito, interpretando esto que yo estoy diciendo, que a mí me tocó bajar eso a las políticas concretas, digamos… le doblegaron la voluntad y a mí me sacaron del medio”.

La Coalición Cívica volvió a exigir, como ya lo había hecho en octubre del año pasado, que la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados se constituya para sesionar en la Ciudad de Rosario.

A través de una nota dirigida al presidente de la comisión, el oficialista Ramiro Gutiérrez, firmada por la diputada Mónica Frade, los legisladores nacionales de la CC insisten en realizar una sesión presencial de trabajo, en la que se invite para que realicen declaraciones informativas a todas las autoridades políticas, judiciales, académicos y víctimas de este accionar en aquella ciudad. 

La nota es acompañada por el jefe de bloque de diputados nacionales de la CC Juan Manuel López y por el presidente del partido Maximiliano Ferraro. Frade envió, también, la nota a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Prevención de las Adicciones de la Cámara, que preside el diputado Federico Angelini, que fue firmada además por la legisladora Leonor Martínez Villada, miembro de esta comisión.

“El kirchnerismo que admite, mediante la confesión de su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ser el responsable político de la expansión del narcotráfico, ahora elige abandonar su rol y confesar su prescindencia”, sostienen desde la Coalición Cívica.

Además, plantearon: “Luego de confesar la notable expansión del narcotráfico y la violencia durante los años en que su espacio político estuvo a cargo del Gobierno, el ministro Aníbal Fernández tomó la decisión de poner a su hombre de confianza histórico, Lucas Gancerain, como nexo entre el Ministerio que conduce y la provincia de Santa Fe”.

“Evidentemente, Fernández se aferra a su fracaso histórico para emprender esta nueva tarea”, señalaron desde la CC. Gancerain fue denunciado por Elisa Carrió y la propia Frade por su rol durante años de desplazamiento del narcotráfico por la Hidrovía.

Frade afirmó que “Gancerain es ´contador´. Es el ´especialista´ designado por el ministro para abordar esta tarea, lo que confirma que no se trata de solucionar nada, sino de tomarnos el pelo, como lo ha hecho desde que nació a la política”.

“No solo la designación de Gancerain para trabajar en este tema es la confirmación de que, en el mejor de los casos, nada va a cambiar, sino que la continuidad de un ministro de Seguridad que confesó públicamente su fracaso, es la declaración del desinterés y la irrelevancia de un presidente de la Nación que desconoce el país en el que vive”, añadieron desde la CC.

HONORABLE-CAMARA-DE-DIPUTADOS-DE-LA-NACION

La diputada nacional Mónica Frade (CC-ARI) explicó los motivos de su denuncia contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa; y el secretario de Comercio, Matías Tombolini; por autorizar al gremio de Camioneros el control del programa “Precios Justos” y exigió: “Queremos una intervención judicial rápida para que hagan cesar esto”.

“Nosotros consideramos que hay incumplimientos de deberes, abuso de poder e intimidación pública y denunciamos al presidente de la Nación, obviamente, y al ministro de Economía, Sergio Massa, y a su secretario de Comercio. Nos parece que esta delegación que han hecho de facultades propias que son del Estado, y para lo cual el Estado tiene una burocracia en grupos irregulares que, para nosotros, son grupos paraestatales, es inadmisible y gravísimo como pocas cosas que hemos visto en los últimos tiempos”, explicó en diálogo por Radio Rivadavia.

En esa línea, Frade recordó que “históricamente la medida del control de precios en este país no ha funcionado nunca. Nosotros, no obstante, somos respetuosos porque los que gobiernan son ellos, nosotros tenemos otra visión, no es ese el punto sino lo metodológico”, y disparó: “Ellos saben que estas medidas no van a funcionar entonces la burocracia no les alcanza, la normativa no les alcanza entonces ponen estos grupos de choque cuya sola presencia intimida a cualquier supermercadista o empresario”.

“No es que nosotros decimos ‘los Moyano son unos mafiosos’, ‘la dirigencia de camioneros son unos mafiosos’, son unos mafiosos, son unos violentos asociados a parte de un Gobierno que aprueba este tipo de mecanismos”, apuntó la diputada de la CC-ARI.

Y sumó: “Massa en este caso dio el aval y el presidente por supuesto también, por eso está denunciado, para que estos grupos paraestatal tomen a su cargo el rol que tienen los funcionarios, inspectores que tienen un mecanismo, como eso saben que no va a funcionar patean las puertas”.

“Todos sabemos lo que hizo Borda en septiembre cuando entró a Logística MILO en Sarandí con el saldo de seis heridos. Ahora resulta que un tipo imputado por esto lo ponen al frente de esto por ser estar al frente de la logística en el gremio de camioneros”, recordó la diputada y denunció: “No eligen a cualquier gremio, eligen al gremio que tienen claro que va a conseguir a cualquier costo las cosas por método violentos y hacemos responsable al gobierno por esto”.

Respecto de los dichos de Juan Grabois defendiendo la decisión del Gobierno, Frade le contestó: “A Grabois le está faltando información y es raro porque es un chico informado. Primero decirle a Grabois que hay un Observatorio de Precios que me encantaría saber qué hacen. Segundo hay una Ley de defensa de la competencia. Tercero hay una legión de inspectores. Cuarto la Resolución 823 de diciembre donde la secretaría de Comercio decide el congelamiento de ciertos productos establece una app para que cualquier persona sea denunciante”.

“Los mecanismos están y sobran, porque cada uno de los que vamos a comprar podemos denunciar perfectamente eso a través de la aplicación. No necesitamos a la patota de Moyano para fuerza de choque, porque si lo que vamos a hacer es a través de fuerzas de choque, le quiero recordar a Grabois que este país tuvo una Triple A. Si él está de acuerdo en que las patotas sindicales controlen todo con milicias populares, deberíamos discutir otro sistema, si no le guste que emigre a otro país que tiene varios para eso”, planteó.

Además, remarcó: “Nosotros hacemos responsable a este Gobierno si llega a haber un herido porque los que se dejan controlar de esta manera puede ser gente que no quiere enfrentar esto, pero puede que haya gente que si, por eso hemos pedido en el marco de la denuncia que radicamos como medida cautelar que dicte una orden para que se abstengan de continuar con esto”.

“Queremos que haya una intervención judicial rápida para que hagan cesar esto, porque el clima de violencia en el que esta el país, no abonemos más violencia”, exigió Frade y agregó: “Usen toda la burocracia estatal porque todos los días ingresa más gente al Estado más organismos, si son inútiles que los cambien, pero la normativa para todo ese control está”.

Por último, al ser consultada por la próxima visita de Nicolás Maduro al país en el marco de las CELAC, la legisladora opinó: “La visita de Maduro al país no aporta nada, es para retener a un núcleo de personas. Los argentinos queremos vivir en un Estado de derecho”.

En la sesión especial de este jueves, la Cámara baja convirtió en ley por 189 votos a favor, 13 negativos y una abstención, la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2023.

La norma, enviada por el Poder Ejecutivo, modifica además el artículo 4 de la Ley 26.216, sobre las finalidades del programa, que serán: la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; y la sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego.

También, la promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos; el control y reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego; y la incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales.

Los votos en contra correspondieron a los diputados de la Coalición Cívica Victoria Borrego, Laura Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Juan Manuel López, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto y Mariana Stilman. También votaron en contra Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Francisco Sánchez y Alfredo Schiavoni del Pro, y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza). La única abstención fue de la chaqueña Marilú Quiroz (Pro).

El debate

Defendió el dictamen el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Ramiro Gutiérez (FdT-Buenos Aires), resaltó la aprobación unánime que el proyecto tuvo en el Senado. Un proyecto que “importa una voluntad, una política del Estado nacional, decidida en el año 2006 y que ha tenido una continuidad, Gobierno tras Gobierno, de sostener este programa que retira el remanente de las armas”.

Destacó el legislador que en 2017 se hizo la primera encuesta de victimología, que “reveló un número que pocas veces he visto en mi desarrollo profesional: para robos de autos, camiones y camionetas, en el 93,2% de los casos intermedió un arma de fuego. Es un número altísimo. Por eso, como esas armas si no se entregan para su destrucción, permean al mercado ilícito, nosotros tenemos que ayudar y fomentar estos programas”.

Ramírez puntualizó que “menos armas disponibles son menos violencia y menos víctimas”.

A continuación, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Juan Martín, sumó algunos datos, correspondientes a su provincia, Santa Fe. Entre 2014 y 2021, 7 de cada 10 homicidios fueron con armas de fuego.

“Casi la mitad de las muertes no son en defensa propia, sino conflictos interpersonales resueltos de manera muy violenta. Por eso es que hacen falta programas como este”, estimó.

A continuación aclaró que desde Juntos por el Cambio sentían que habían diferencias de criterios en la materia, pero resaltó el consenso mínimo alcanzado para reducir la violencia. “Nadie duda de la herramienta para reducir la violencia”, señaló, pero aclaró que tenían algunas discrepancias sustanciales. Por ejemplo respecto de la dinámica misma del sistema. Por eso planteó que no debía ser renovado sistemáticamente, sino que el programa debía regir de manera permanente.

De hecho, advirtió que “hoy el programa está vencido”, por eso llamó a “ir a un régimen integral”, al tiempo que reclamó también un incentivo económico sustantivo, porque en la actualidad el pago por esas armas ha quedado “totalmente desfasado”.

“Hechas estas salvedades, es mejor tener un programa a no tener ninguno”, reconoció.

A continuación, la diputada chubutense Estela Hernández (Frente de Todos) reconoció coincidencias con el diputado Martín, por ejemplo en el carácter permanente que debía tener el programa. Pero le puso al tema un tono político al preguntarse “cómo se puede pacificar la vida social, los conflictos, cuando permanentemente vemos violencia, ironía, descalificación, aun en esta Cámara”.

“¿Cómo podemos pacificar una sociedad cuando hay diputados de la Nación, alguno sentado quizás aquí, que livianamente en sus redes sociales pide pena de muerte?”, se preguntó en referencia al diputado neuquino Francisco Sánchez (Pro), al que no mencionó puntualmente. Se quejó porque no había escuchado a ningún diputado o diputada de la oposición repudiando esas palabras. “Porque las palabras tienen consecuencias, no se pueden emitir porque sí, tienen consecuencias, porque las escuchan muchísimas personas, y cuando somos representantes, tenemos una función política. Esa palabras pueden tener consecuencias”.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade se manifestó a favor del proyecto, pero hizo ciertas observaciones, objetando “lo que hoy se va a votar, en el contexto en que se va a votar”.

“Todo lo que han planteado es teórico, y ni siquiera han distinguido las armas que el Estado tiene y la entrega voluntaria de armas, se habla como si fuera todo lo mismo y no es todo lo  mismo. Cuando uno empieza a recabar información se encuentra que hay muy poca”, se quejó, advirtiendo que “como está funcionando el programa, quizá sea más inofensivo que Don José tenga un arma guardada en un placard y no que la entregue al Estado y no sepamos qué sucede después”.

Así las cosas, y basándose en un informe enviado al ANMAC que no la convenció en absoluto, planteó sus dudas respecto del destino de las armas entregadas, reclamó que se haga presente la titular del organismo ante la Comisión de Seguridad Interior, e hizo una moción para que el proyecto volviera a comisión, adonde deberían concurrir las autoridades para responder las dudas planteadas.

La moción fue rechazada.

A su turno, el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) coincidió con su colega Mónica Frade en cuanto a que la ANMAC no había brindado la suficiente información reclamada y por eso él y la legisladora de la CC habían expresado sus disidencias en la comisión. “Estamos votando a ciegas”, reconoció López Murphy, quien consideró también “inadecuado” el sistema de incentivo, y llamó la atención a sus colegas por “haber subestimado el pedido de la diputada Mónica Frade”.

Más allá de compartir el objetivo de la norma, coincidió con la diputada de la Coalición Cívica en la necesidad de que el proyecto volviera a comisión.

Cerró el debate la radical Ximena García que sostuvo que “tenemos que abordar la seguridad como una política de Estado que no dependa de una u otra administración”.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, encabezados por Mónica Frade, presentó este jueves un proyecto de pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por mal desempeño en sus funciones tras el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Acompañaron con su firma los diputados por Pro Ingrid Jetter, Soher El Sukaria y Gustavo Hein.

“Quien no está en condiciones de garantizar la integridad física de las máximas autoridades de la Nación, mal puede garantizar la seguridad de los habitantes de nuestro país”, afirmaron en la iniciativa.

En otro pasaje, mencionan que “el Juez Roberto Gallardo había resuelto que la custodia de la vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner quedara a cargo de las autoridades de seguridad federales, por lo que le dio intervención al ministro de Seguridad Aníbal Fernández. También estableció que ´la fuerza federal encargada de la custodia presidencial sería la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso´”.

“La manda judicial le asignó al ministro de Seguridad toda la cobertura de seguridad del sitio donde aconteció el ataque contra la vicepresidente y, por lo mismo, de la propia funcionaria, con prescindencia de su custodia personal”, señala el proyecto presentado por los legisladores.

En ese sentido, plantean: “Las imágenes reflejaron el instante del atentado, pero también los momentos posteriores. Es aquí, por tanto, donde podemos comenzar a evaluar el comportamiento de la red de seguridad federal, responsabilidad y competencia del denunciado”.

“El atentado se produjo en medio de la multitud, momento en el que el agresor, sin obstáculo alguno, empuñó un arma cargada contra la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Las imágenes muestran a la vicepresidente y a su custodia, sin registro de la tentativa de homicidio y la gresca posterior. No existió intervención alguna de efectivos de seguridad. No los había”, agregan.

En tanto, explican: “Se observó una muchedumbre rodeando a la vicepresidente y a su vehículo, ausencia de uniformados de la Policía Federal, ausencia de ´adelantados´ o custodios civiles. No se activó el protocolo previsto para ese tipo de hipótesis”.

“La actuación del Ministerio continúa en la etapa judicial, en la que situaciones confusas atribuyen al quiebre de la cadena de custodia del aparato de telefonía celular del agresor a la propia Policía Federal, a cargo de Fernández, quien declaró ‘la Policía Federal lo que hizo fue recogerlo, ponerlo en una bolsa Faraday y enviarlo al Juzgado’. Lo cierto es que el aparato llegó al Juzgado reseteado, lo que impidió, hasta la fecha, extraer la información e imágenes contenidos en su memoria. Información que resulta vital para la averiguación de los hechos. La verificación del reseteado del celular fue constatada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, se destaca en el proyecto.

Por último, argumentan que “el mal desempeño del ministro es inocultable e ineludible” motivo por el que solicitan el pedido de juicio político porque “quien no está en condiciones de garantizar la integridad física de las máximas autoridades de la Nación y, como corolario, quien no puede controlar la eventual impericia del personal a su cargo, mal puede garantizar la seguridad de los habitantes de la Nación Argentina”.

jp-AF

La diputada nacional Mónica Frade (CC-ARI) se refirió a los dichos de Elisa Carrió que desataron una interna en Juntos por el Cambio, y sostuvo que “hay que ajustar algunas cosas” en la alianza opositora.

Al afirmar que cree en la libertad de expresión, la bonaerense consideró “saludable” la serie de planteos de la líder de su espacio que, recordó, “son cosas que ha dicho en público y lo ha venido diciendo”. “No son nuevas. Son temas que se han tratado internamente”, agregó.

“Creemos que hay que ajustar algunas cosas en Juntos por el Cambio. Es una herramienta muy perfectible, con muy buenos dirigentes”, expresó en declaraciones a radio Futurock, y sumó que no tiene “dudas” de que JxC puede ganar las próximas elecciones.

La legisladora ratificó la pertenencia al espacio al afirmar que “la Coalición Cívica no tiene ninguna intención de irse” y tampoco cree que esa “sea la intención del resto” de los socios.

Al enfatizar en las declaraciones de Carrió, Frade resaltó que “nadie la desmintió”, por eso es necesario “correr las formas” de “Lilita”, quien “es centralmente disruptiva”, para “debatir las cuestiones de fondo que planteó”.

En ese sentido, advirtió que dirigentes de JxC “están sumando personas que no están en líneas con lo que queremos hacer”. “Vemos con suma preocupación que cuando dicen ‘ensanchar las bases’ estén hablando de gente que no viene a lo mismo”, continuó.

En contra del ministro de Economía, la diputada aseguró: “Para nosotros Sergio Massa es siniestro, estamos en las antípodas. Estamos diciendo ojo en los dirigentes de Juntos por el Cambio que pueden ver en Sergio Massa una salida intermedia en la ancha avenida”.

Al ser consultada por las acusaciones que la líder de la CC disparó contra dirigentes de JxC como Rogelio Frigerio, Frade trató de minimizar los dichos: “No habló de hechos de corrupción. No aludió a eso”. Sino que alertó sobre los “conflictos de intereses” que se podrían originar, dijo.

Más precisamente sobre la frase de Carrió respecto a que “la caja de Aysa era de Frigerio” durante el gobierno anterior, la legisladora señaló que habrá que investigar y analizar para después, eventualmente, presentar una denuncia. En ese sentido, destacó que las denuncias de la Coalición Cívica “siempre están bien trabajadas, sostenidas, fundadas y por eso llegan hasta donde llegan. Sino mirá por estos días…pregúntale a Cristina Kirchner”, en referencia al juicio por la obra pública contra la vicepresidenta.

Los diputados nacionales por la Coalición Cívica, Juan Manuel López y Mónica Frade, presentaron un pedido de interpelación a la directora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, expresara en un acto en Rosario que “la cárcel no debe controlar a la calle, que sea al revés. Es necesario contar con las herramientas de información necesarias, como ocurre en todos los países interesados en combatir este flagelo, obtenidas dentro de los parámetros constitucionales”. “Garrigós de Rébori debe dar explicaciones por la eliminación del Departamento de Inteligencia Penitenciaria”, señalaron los legisladores.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro de la Justicia Federal realizado este jueves en la ciudad de Rosario, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que su mensaje “tuvo como destinataria a la directora del Servicio Penitenciario Federal quien eliminó el Departamento de Inteligencia Penitenciaria”.

En ese marco, desde el bloque de la Coalición Cívica solicitarán que Garrigós de Rébori se presente en el Congreso de la Nación para brindar explicaciones acerca de cómo están trabajando para evitar que los narcos sigan controlando el delito desde adentro de los pabellones.

La CC y Elisa Carrió investigan y denuncian la penetración del narcotráfico en el país desde hace muchos años, pero en especial en Santa Fe, donde estuvo la Corte Suprema. Aquel trabajo fue hecho en soledad, ya que ni los diputados nacionales de esa provincia, en los primeros años de crecimiento exponencial del narcotráfico, se ocuparon del tema.

El pedido de interpelación presentado por los diputados nacionales de la CC también está fundamentado en la falta de respuestas a los reclamos realizados ante el entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

“En el año 2009 la Cámara Federal de Salta le solicitó a Ricardo Lorenzetti que gestione la radarización del norte del país porque ´llovía droga´. Lorenzetti tuvo una inacción pasmosa, y esa fue una de las causales por las que le solicitamos el juicio político en su momento”, señalaron López y Frade.

Y agregaron: “Cuando actúo lo hizo mediante la creación de una comisión que, lejos de ayudar a los jueces salteños, tomó como ejemplo de la lucha contra el narcotráfico al magistrado local Raúl Reynoso, que era cómplice del delito y se encuentra condenado por encubrimiento y connivencia con bandas narcos. Da vergüenza que ahora Lorenzetti hable del combate contra el narcotráfico”.

Interpelacion-Garrigos

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, denunciaron penalmente a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por haber hecho el año pasado 21 vuelos con la flota presidencial a Santa Cruz y gastado más de 14 millones de pesos. La mayoría de los viajes fueron por motivos personales.

La denuncia involucra también al presidente, Alberto Fernández, y al secretario general de presidencia, Julio Vitobello, por los delitos de malversación de caudales. La misma recayó en el juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscalía de Gerardo Pollicita.

La denuncia penal es “por la posible comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos y peculado de uso”, y tiene base en los 21 viajes realizados por la vicepresidente con la “Flota Aérea Presidencial” (en 4 de ellos, fue contratada la aeronave Learjet 60, matrícula LV-BTA, perteneciente a YPF S. A.) que la trasladaron desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta las ciudades de El Calafate y Río Gallegos.

“La mayoría de estos viajes fueron motivados por razones personales, y solo dos tuvieron relación con actividades de la agenda oficial, cuando la vicepresidente estuvo a cargo del Poder Ejecutivo. En general, los vuelos coinciden con fines de semana largo, semana santa, o navidad y año nuevo. Solo dos revisten carácter de gestiones oficiales”, destacó Frade.

A su vez, remarcó: “No cabe duda de que la vicepresidente hizo un uso abusivo, pero, por sobre todas las cosas, ilegal de los aviones de la flota presidencial que se encuentran a exclusiva disposición del Poder Ejecutivo”.

Y también, Frade denuncia al jefe de Estado dado que “esa malversación no puede consumarse con la sola aspiración de la señora Fernández de Kirchner, por cuanto requiere la autorización de quien dispone del bien, bajo cuya esfera se encuentra en custodia. Desde luego, este no es otro que el propio titular del Poder Ejecutivo, Alberto Fernández”.

Una disposición que circuló el viernes pasado en la Cámara baja de cara al debate del acuerdo con el Fondo Monetario establecía que los periodistas que participaran de las reuniones de comisión de los días 7, 8  y 9 de marzo deberían presentar el carnet de vacunación completo contra el Covid. La medida se extendía a los legisladores nacionales y así fue que dejó fuera a una diputada nacional.

Se trata de la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, quien a través de las redes sociales informó que “el médico de la Cámara de Diputados acaba de decidir que, por estar ‘en falta’ Con mi información sobre esquema vacunatorio, no puedo asistir a la Comisión de Presupuesto sin un PCR”.

“Sí pueden asistir los que robando vacunas y con tres dosis ‘transmiten’ poquito”, disparó, concluyendo con un irónico: “Los veo por zoom muchachos”.

Luego del traspié que sufrió Juntos por el Cambio a fines del año pasado con la votación de Bienes Personales por la ausencia de tres legisladores, una por Covid, pero dos por estar de viaje, parece que en el espacio ya no quedan dudas de que eso que pasó no puede volver a sucederles.

Botón de muestra fue la respuesta que le dio una diputada de la Coalición Cívica a un tuit de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich. “¡Vamos a Kiev! Todos los demócratas del mundo debemos movilizarnos. Apoyo la propuesta de ponerle el cuerpo a la paz junto a @ZelenskyyUa. Esta es la manera de defender la democracia. ¡Somos muchísimos más los que estamos con Ucrania y en contra de los gobiernos autocráticos!”, tuiteó la exministra de Seguridad.

Le contestó así la diputada Mónica Frade: “Estaría hoy mismo volando hacia allí, salvo el detalle no menor que, quienes tenemos responsabilidad en la Cámara de Diputados, apenas viajemos, los K votaran reforma judicial y todo lo que CFK está esperando detrás de las cortinas”.

El que se quema con leche…

Legisladoras de Juntos por el Cambio rechazaron la postulación de Gustavo Fuentes como titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Se trata del candidato principal del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pero las diputadas y senadora oficialistas lo tildaron de “poco idóneo”. El puesto está sin ocupar desde hace cuatro meses.

Con Karina Banfi a la cabeza, las diputadas Marcela Campagnoli, Mónica Frade y Dolores Martínez, junto a la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, cuestionaron la “falta de idoneidad de Gustavo Fuentes y su independencia política” y le enviaron una nota al Jefe de Gabinete para que dé por concluida esa postulación y habilite una nueva. 

“La Agencia de Acceso a la Información Pública está acéfala desde el primero de enero de este año cuando renunció Eduardo Bertoni, designado por Mauricio Macri en 2017. Durante estos meses, el Poder Ejecutivo sigue sin designar a nadie para que comande un organismo clave en materia de transparencia y de protección de datos personales de los ciudadanos”, explicaron las legisladoras.

“El 23 de marzo se presentó en audiencia pública la candidatura del abogado Gustavo Fuentes, impugnada tanto por la oposición como por organizaciones de la sociedad civil porque no cuenta con ninguna experiencia en la materia y carece de independencia política ya que viene de desempeñarse como asesor del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La idoneidad y trayectoria en los temas de acceso a la información es fundamental porque es requisito indispensable para ocupar el cargo como exige la propia ley 25.275.  Sin embargo, el Poder Ejecutivo busca continuar con esa designación violando la Ley de Acceso a la Información Pública”, continuaron.

Frente a estas irregularidades, las diputadas y senadora de Juntos por el Cambio que se dedican a los temas de transparencia le enviaron una nota a Cafiero para solicitar que se proceda al cierre formal del proceso de selección Fuertes y se habilite un nuevo proceso de designación con otros candidatos que cumplan con los requisitos correspondientes al cargo, y que cuenten con la colaboración y participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil especializadas en esta temática.

“Sin una dirección idónea la Agencia (AAIP) se ve debilitada para garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos. Este es un mecanismo clave para supervisar los actos de gobierno y la rendición de cuentas”, afirmó la diputada Banfi, impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública y autora de la nota.

“El acceso a la información que produce el Estado es un derecho humano fundamental y autónomo que obliga a todo el Estado a priorizar y defender el pleno ejercicio ciudadano”, agregó. En caso de que el Gobierno decida avanzar con esta candidatura, reclamarán ante los organismos de derechos humanos internacionales. En el documento se le solicita que el nuevo titular surja de una nueva audiencia pública, donde el procedimiento de presentación y selección del candidato sea verdaderamente participativo, público y transparente.

La vicejefa del bloque oficialista, Cecilia Moreau, y la representante de la Coalición Cívica Mónica Frade protagonizaron un fuerte cruce en la sesión de este sábado, luego de que la diputada de la oposición la emprendiera contra el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, por la vacunación de sus familiares.

“En esta Cámara hubo diputados que se vacunaron”, lanzó Frade, que en primer lugar se refirió, sin nombrarlo, al oficialista Eduardo Valdés, quien se había inoculado para viajar a México como parte de la comitiva oficial.

“Afirmó haberse vacunado con una primer dosis para viajar a México, pero parece que no le alcanzó porque hoy está en su casa, sesionando desde ahí, con lo cual no entendemos por qué se robó una vacuna”, lanzó Frade.

Acto seguido, advirtió que “este Parlamento ha guardado absoluto silencio respecto de quiénes son los diputados que han abusado de privilegios sin cumplir con todos los requisitos que los ciudadanos comunes han cumplido”.

Fue entonces cuando apuntó a Massa. “Usted es el primero que ha guardado silencio”, lo acusó, y agregó que “perdió autoridad moral” tras conocerse que su padre, Alfonso Massa, y sus suegros, Fernando Galmarini y Marcela Durrieu, recibieron la vacuna contra el Covid.

“No informó qué pasó con usted y el resto de la familia. Hubiera querido que todo el acting que se hizo por un diputado que le tocó un pecho a su mujer lo hubiera hecho para que esta Cámara y el pueblo de la Nación sepan qué pasó acá adentro con las vacunas, empezando por usted”, remató.

Moreau no dejó pasar los dichos de la diputada y recordó que “en el peor momento de la pandemia nos recomendaba no usar tapaboca, marchar y tomar lavandina”.

La diputada del Frente de Todos pidió la palabra y salió en defensa de Massa: “El presidente de la Cámara, así como todos los diputados de la provincia de Buenos Aires, estamos anotados en la app Vacunate de la provincia de Buenos Aires, donde ya llevamos vacunados millones de bonaerenses”.

“¡Es una vergüenza! ¡Usted es una descarada!”, bramó, y sentenció: “¡Va a Formosa porque por Quilmes no puede caminar!”.

La situación en Formosa

Frade no solo cuestionó a Massa por las vacunaciones de privilegio, sino que también lo responsabilizó por una situación que vivió junto a su par Maximiliano Ferraro durante una visita a Formosa.

La diputada relató que el 16 de marzo, “policías desatados por orden de Insfrán” impidieron que ella y Ferraro llegaran a un pueblo cercano a Paraguay, donde iban a mantener una reunión con productores agropecuarios cuya actividad está paralizada.

“Tuvimos que desafiar la orden ilegal y eso implicó que tuviéramos por delante 30 kilómetros con 40 grados de temperatura. Afortunadamente solo caminamos 5 kilómetros porque un periodista nos asistió y nos acercó en su vehículo”, comentó.

Por eso, Frade le reclamó a Massa que “nos garantice a los diputados que vamos a seguir yendo a Formosa y a otros feudos del país la libre circulación y el ejercicio de nuestra tarea representativa”.

La situación de Formosa se coló nuevamente en el Congreso de la Nación. Desde la oposición hubo numerosos legisladores que denunciaron la situación imperante en esa provincia, comenzando por el  presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien presentó una cuestión de privilegio por la situación registrada el 16 de marzo, cuando nueve diputados y un senador fueron detenidos en plena ruta hacia Clorinda por lo que definió como “la guardia policial del gobernador Insfrán”.

“Lo que interpela esta cuestión de privilegio es si tenemos la valentía como legisladores elegidos por el pueblo de que esta Cámara actúe como corresponde ante quien viola la Constitución”, señaló Negri, afirmando que el mandatario formoseño violó los artículos 14 y 69 de la Carta Magna, pero también “se rió de la reglamentación” que el presidente de la Cámara baja estableció, señalando que los legisladores son personal esencial de libre circulación, en el marco de la pandemia.

“Además, desacató el propio DNU 168/21 que establecía que salvo casos sospechosos, o  positivos, a ningún ciudadano se le podía interrumpir la circulación”, puntualizó el diputado cordobés, aclarando que “no es el peronismo republicano; es Gildo Insfrán, es el modelo de la autocracia usada a través de la soberanía popular para dominar la conciencia de la gente”.

Negri reclamó enfáticamente que Diputados se pronuncie sobre el tema, y apuntó: “Espero que este Congreso tenga la dignidad de meterle una sanción para que sepa que la democracia no es propiedad de nadie”.

Luego el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio recordó las presentaciones realizadas ante organismos internacionales para denunciar la situación, e informó que están esperando respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que una comisión visite en algún momento la provincia. “El agua perforó la piedra y la libertad no se podrá detener”, aclaró el legislador cordobés.

Negri terminó planteando dos situaciones que, a su juicio, demuestran que en Formosa impera “una caricatura de democracia”, y citó puntualmente el caso del ministro de Gobierno provincial, al que definió como “pichón de Goebbels”, pues “desparrama afiches con las caras de legisladores de la oposición diciendo que son asesinos y culpables de lo que les pasa. Esta Cámara debe pedir una sanción… ¡Anímense, porque algún día les va a pasar a ustedes!”.

Mario Negri concluyó advirtiendo que Gildo Insfrán “confunde lo público con el Estado; se alza contra la autoridad nacional”, y tras señalar que las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, advirtió que el Tribunal Supremo “debería darle una zurra institucional mucho más fuerte”.

“Insfrán debería estar preso”

A su turno, la diputada Mónica Frade sostuvo que “Insfrán debería estar preso por vejaciones, torturas. Vayan a ver a las mujeres, a los jóvenes, a los trabajadores que no pueden comercializar sus productos porque Insfrán así lo decide”.

Recordó luego que el 16 de marzo “policías desatados por orden de Insfrán impidieron que el diputado Maximiliano Ferraro y yo llegáramos” a una reunión con productores agropecuarios en un pueblo cerca de Paraguay. “Tuvimos que desafiar la orden ilegal y eso implicó que tuviéramos por delante 30 kilómetros con 40 grados de temperatura. Afortunadamente solo caminamos 5 kilómetros porque un periodista nos asistió y nos acercó en su vehículo”.

En ese marco pidió al presidente de la Cámara que “arbitre los medios para que nos garanticen la circulación a los diputados, que vamos a seguir yendo a Formosa”.

También presentó una cuestión de privilegio el formoseño Mario Arce (UCR), quien advirtió que mientras casi todo el país se prepara para enfrentar la segunda ola del coronavirus, “los formoseños todavía estamos en la primera, debido al gran virus que reina en la provincia de Formosa, que es el autoritarismo estatal”.

“Los ciudadanos piden un cambio en la política, que cesen las actitudes autoritarias, que cesen estas excesivas limitaciones. Por eso no renunciamos, no claudicamos, seguimos defendiendo nuestros derechos, acompañando al pueblo formoseño”, afirmó el radical.

Finalmente, convocó a todos los diputados a “que acompañen, que alcen la voz, para que esta pandemia no nos lleve puestos con la excusa de violar los derechos que tanto nos costó conseguir”.

Los diputados nacionales de la CC ARI Mónica Frade (integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías) y Maximiliano Ferraro (presidente de la CC ARI e integrante de la Comisión de Mujeres y Diversidad) viajarán este lunes a Formosa.

“El gobernador Gildo Insfrán decidió no acatar el contenido del Decreto 168/21, pese a que la provincia de Formosa no registra alarma sanitaria alguna, al menos provocada por el Covid-19”, afirmaron.

“Ese gobernador insiste en suprimir preventivamente` los derechos, garantías y libertades del pueblo formoseño y, en particular de los clorindenses. Es por eso que a partir del lunes, nos constituiremos una vez más en la provincia”, sostuvieron Frade y Ferraro.

Los diputados nacionales de la CC ARI, que estarán en esa provincia hasta el miércoles, mantendrán encuentros sectoriales y con los ciudadanos en la capital formoseña y Clorinda.

Por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, se llevó a cabo este miércoles un allanamiento en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, a raíz de una denuncia de diputadas de la oposición por supuesta “vacunación VIP”.

Efectivos policiales y personal del Juzgado se hicieron presentes en el centro de salud para recolectar información sobre la vacunación que allí tiene lugar, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La denuncia que dio lugar al allanamiento fue realizada por las diputadas nacionales de la Coalición Cívica Mónica Frade y Marcela Campagnoli contra el diputado provincial y exintendente de Florencio Varela Julio Pereyra; el intendente de Berazategui, Juan José Mussi; el funcionario de Florencio Varela Daniel González; el funcionario de Salud de la Nación Arnaldo Medina; el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva; y el director del hospital, Ariel Sáez de Guinoa.

Según las legisladoras en la denuncia a la que tuvo acceso NA, el Hospital El Cruce se utilizó para “estas ilegales preferencias” y allí “se vacunó el exintendente de Florencio Varela, hoy diputado provincial Julio César Pereyra”.

“Esa vacunación preferentemente lo era a sabiendas de la alteración ilegal, para lo cual también se falseó la información documental, consignando que el nombrado lo hacía como ‘personal de salud’”, expresaron en la denuncia.

Señalaron, a la vez, que “el vacunatorio ilegal reúne a casi todos los personajes políticos tradicionales del partido de Florencio Varela, aunque aquí se habría sumado el actual intendente de Berazategui, cuya hija es presidenta del Consejo del Hospital”.

“Lo expuesto conduce a la necesidad de avanzar en la investigación, entre otras cosas, verificando los registros del sistema SISA y la propia documentación obrante en sede del Hospital”, agregaron.

Además, existe otra denuncia que indica que en el Hospital El Cruce habrían sido vacunados de manera preferencial integrantes de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade tomó en sus manos la bandera de la situación en la provincia de Formosa, en el marco de la pandemia y las libertades individuales de los habitantes de esa provincia. Al punto tal que fue a la Asamblea Legislativa del lunes pasado ataviada con una remera a rayas, con la fecha 30/08/20, en alusión a cuando se cerró el paso a la localidad formoseña de Clorinda. Y también puso sobre su banca una máscara con el rostro del gobernador Gildo Insfrán y un gorro de presidiario. Este jueves la siguió, al tuitear un fragmento del discurso de un funcionario formoseño en el que expresa que “hemos salido adelante. De la mano del conductor que tenemos hemos ‘supido’ vencer todas y cada una de las vicisitudes que se nos han presentado”.

Ministro de Educación de Formosa….hemos "supido"
Me rindo… pic.twitter.com/F0H1WH0Ni0

— Monica Frade (@MonicaFradeok) March 3, 2021

En rigor, erróneamente le atribuye la frase al ministro de Educación provincial, pero en realidad es Rubén Solalinde, intendente de la localidad de Riacho He-Hé. Para el caso, como diría Minguito, “se gual”.

Presentes y ausentes. Los ministros y secretarios del Gabinete, que habitualmente se sientan en las bandejas laterales al estrado principal, se ubicaron esta vez en los palcos superiores del recinto de Diputados. Los grandes ausentes fueron, como estaba previsto, Carla Vizzotti, quien dio positivo de Covid-19, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien se aisló por ser contacto estrecho de la ministra de Salud. Ambos se conectaron al evento de modo virtual, al igual que el canciller Felipe Solá, quien espera el resultado del PCR que se realizó en las últimas horas.

Gobernadores de distintas provincias y los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia también se unieron a la videoconferencia. Quien no participó -bajo ninguna modalidad- fue la primera dama, Fabiola Yáñez.

Otros concurrentes de la Asamblea Legislativa fueron la responsable de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; los titulares de la ANSES, Fernanda Raverta; del  PAMI, Luana Volnovich; y del ENACOM, Claudio Ambrosini; y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, entre otros.

Cristina, sin barbijo. Con un refinado vestido en tono nude, la vicepresidenta arribó al Congreso minutos después de las 11 y tiempo después abrió la Asamblea Legislativa junto al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El dato fue que la titular del Senado, a diferencia de los funcionarios y colaboradores que la rodeaban, no usó barbijo. Y el diputado Fernando Iglesias, sentado en una banca, no dejó pasar la oportunidad. “¡Póngase el barbijo!”, le gritó.

Atuendo de protesta. La situación que se vive en la provincia de Formosa por las medidas sanitarias aplicadas por el gobierno local mantiene en alerta a la oposición, que ya se presentó ante la Justicia y organismos internacionales por supuestas violaciones a los derechos humanos. En ese marco, una diputada llevó la protesta al recinto… a través de su vestuario. Se trata de Mónica Frade, de la Coalición Cívica, quien lució una remera rayada con la leyenda “30/08/20”, la fecha en que se cerró el paso a la localidad formoseña de Clorinda. Al extravagante atuendo le agregó una máscara con el rostro de Gildo Insfrán y un gorro de presidiario.

Esperando al Presidente de la Nacion y a la vice presidente sra Kirchner, prontos a comenzar el inicio del nuevo año legislativo pic.twitter.com/OdUF1cpA6E

— Monica Frade (@MonicaFradeok) March 1, 2021

A tono con el tema, otro legislador, el radical Ricardo Buryaile, usó un barbijo rojo con el mensaje “Clorinda libre”.

Sin carteles. Sorprendió en esta oportunidad la ausencia generalizada de carteles en las bancas. Solo se vio al diputado de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano con el mensaje “Repudio al vacunatorio VIP. Vacunas para todos y todas”.

Hacia el final del debate sobre el proyecto relacionado a la vacuna contra el Covid-19 en la Cámara de Diputados, sorprendió el discurso de Mónica Frade (Coalición Cívica), quien se preguntó “por qué el Gobierno argentino le está negando al pueblo argentino  alternativas” como el dióxido de cloro o el ibuprofeno inhalable.

Frade se expresó así antes de abstenerse en la votación del proyecto que establece condiciones, en los futuros contratos a suscribir con los laboratorios, para la adquisición de la vacuna contra el coronavirus.

“Tengo la sensación de que estamos siendo extorsionados por la dictadura de las empresas farmacéuticas”, lanzó la legisladora por Buenos Aires.

Agregó que “en nuestro país tenemos un doble problema, porque es cierto que tenemos el virus, pero también es cierto que tenemos un gobierno que hace siete meses tiene enrejado al país, y con eso no ha demostrado que pueda evitar estar en el primer lugar de muertes por habitantes en el mundo”.

“Escuché que la única solución es la vacuna. Yo los exhorto a que se contacten con el alcalde de San José de Chiquitos, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), que ha utilizado métodos alternativos y que hoy no tiene en su ciudad ni un caso de Covid”, aseguró.

Frade insistió en que “tendríamos que mirar otros ejemplos, países latinoamericanos que, por ejemplo, tienen autorizado el uso de dióxido de cloro, o provincias argentinas que tienen autorizado el ibuprofeno inhalable, y que con eso minimizan las consecuencias de un virus que es tremendo, que tiene un alto nivel de contagiosidad”.

“Me pregunto por qué el Gobierno argentino le está negando al pueblo argentino esas alternativas para minimizar los daños del virus”, planteó la diputada.

Finalmente, concluyó: “Exhorto a que hablemos con información, porque todos han dicho que desconocemos las consecuencias de la vacuna. Exhorto a que escuchemos todas las voces y todas las experiencias de países hermanos”.

Mientras el oficialismo aún no presentó ante la Justicia la impugnación de la sesión del martes pasado, un fallo judicial presentado por una diputada de Juntos por el Cambio hace algunos meses generó confianza en las autoridades de la Cámara baja respecto de que una acción judicial de la principal oposición en ese sentido no vaya a prosperar.

El fallo en cuestión se conoció este jueves y es de la sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que declaró inoficioso el recurso en el amparo presentado por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, con lo cual quedó firme el rechazo in limine del día 8 de junio del amparo presentado por la propia Frade, dispuesto por el Juzgado Contencioso Federal N° 12.

Cabe recordar que el episodio en cuestión sucedió el pasado 21 de mayo, cuando el Frente de Todos junto a otros bloques, rechazó el pedido para tratar en el recinto el polémico DNU 457/20 -que le otorgaba al jefe de Gabinete mayores facultades para reasignar partidas presupuestarias sin aval del Congreso-, oportunidad en la cual la diputada santafesina denunció que Sergio Massa no le había tomado su voto a favor de tratar el DNU.

Con este fallo, la Cámara de Diputados emitió este jueves por la tarde un comunicado suscripto por Eduardo Cergnul, secretario Parlamentario; Rodrigo Rodríguez, secretario Administrativo, y Juan Manuel Cheppi, secretario general, en el que dan por ratificado que “el Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto, aprobado por la Cámara en sesión del 13 de mayo y prorrogado por acta de labor parlamentaria del día 2 de julio y 1ro de septiembre, se encuentra plenamente vigente”.

Lea también: El caso de Mónica Frade, la diputada que nunca pudo votar con el sistema virtual

Con todo, voceros del interbloque Juntos por el Cambio relativizaron el alcance de ese fallo al señalar que el mismo quedó abstracto, por cuanto responde a “un estado de situación anterior al martes”.

“No resuelve lo que pasó el martes en Labor Parlamentaria”, remarcó una fuente consultada.

El tema fue analizado por el Gobierno el miércoles en Olivos, en el marco de una reunión realizada en Olivos, de la que tomaron parte el presidente Alberto Fernández, el titular de la Cámara baja Sergio Massa, y el del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Más tarde, durante una entrevista que concedió al canal TN, Alberto Fernández no dudó en responsabilizar de todo a Juntos por el Cambio: “La culpa la tiene la oposición, claramente”, resumió.

A la espera de un avance en las negociaciones, las autoridades de Juntos por el Cambio demoraron la presentación de la impugnación judicial. Pero según pudo saber parlamentario.com, el presidente de la Cámara no se comunicó con el interbloque ni el miércoles, ni el jueves, por lo que la relación continúa fría y los que trabajan en el texto impugnatorio siguen avanzando entonces con el mismo.

De la redacción están ocupándose los diputados Pablo Tonelli (Pro), Gustavo Menna (UCR) y Lucila Lehmann (CC).

Se viralizó este fin de semana un insólito episodio en el que cinco policías detuvieron en Bariloche a una mujer que estaba paseando a su perro, por haber infringido la cuarentena que impide la circulación un día domingo.

El hecho sucedió cerca del INVAP, en una zona despoblada y fue captada por un video luego difundido, que generó tal reacción que se viralizó el hashtag #LiberenASabrina. Allí se ve a la mujer vestida con ropa deportiva interceptada por los policías con el perro al que paseaba atado con una correa. Se produjo un forcejeo y finalmente fue detenida y liberada recién en horas de la noche, cuando el propio intendente tomó participación en los hechos.

Entre quienes reaccionaron estuvo la diputada Graciela Camaño, quien también difundió el video, advirtiendo que eso acababa de pasar en Bariloche, arrobando al presidente Alberto Fernández, al ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y a la gobernadora rionegrina Arabela Carreras. “La policía no puede actuar como las patotas de la dictadura, agrediendo impunemente ciudadanos honestos.  Actúen!!! esto ya está hartando”, clamó la diputada nacional.

Desde la Coalición Cívica también reaccionó la diputada Mónica Frade, quien en el mismo tuit de su colega respondió: “Los mensajes políticos de las máximas autoridades deberían ser otros, para que cambie el actuar de las fuerzas de seguridad. Mucho DNU… les hace sentir libres de actuar así”.

Esto pasó en #Bariloche. Detenida por pasear el perro. Mientras tanto, a pocos kilómetros de ahí, en #VillaMascardi un grupo de delincuentes incendia casas.@marianoobarrio @edufeiok @vivicanosaok @guadavazquez @gusmura pic.twitter.com/pyH5xfb3cz

— Juan Martin (@jmrionegro) August 16, 2020

El diputado del Pro Juan Martin posteó también el video del episodio y señaló: “Esto pasó en #Bariloche. Detenida por pasear el perro. Mientras tanto, a pocos kilómetros de ahí, en #VillaMascardi un grupo de delincuentes incendia casas”.

Mientras que el senador Esteban Bullrich se preguntó: “Sola con su perro y va presa. ¿No era que no se estaban restringiendo libertades?”.

La Comisión de Legislación del Trabajo emitió dictamen este miércoles para el proyecto de ley de teletrabajo, con lo cual el tema quedó listo para ser tratado en la próxima sesión de la Cámara baja.

El dictamen tuvo el acompañamiento de prácticamente toda la comisión, con disidencias parciales de parte de los diputados de Juntos por el Cambio, en tanto que el diputado Pablo Ansaloni presentó un dictamen propio solo firmado por él.

El dictamen tuvo el acompañamiento de prácticamente toda la comisión, con disidencias parciales de parte de los diputados de Juntos por el Cambio, en tanto que el diputado Pablo Ansaloni presentó un dictamen propio solo firmado por él.

La presidenta de la comisión, Vanesa Siley, resaltó al inicio de la reunión de este miércoles que “hemos trabajado con un espíritu de diálogo social, con tres reuniones informativas”, a las que asistieron representantes de todos los sectores. Así las cosas, remarcó que “hemos confluido, no sin dificultades, disidencias, no sin diferentes opiniones, en un dictamen de consenso donde intentamos contener la mayor cantidad de intereses posibles en esta regulación”.

“Este dictamen de consenso parte de la base de considerar el teletrabajo como una modalidad laboral, y así la integramos al contrato de trabajo y delegamos las especificidades dentro de las convenciones colectivas de trabajo”, destacó Siley.

Por su parte, el diputado radical Albor Cantar, vicepresidente primero de la comisión, valoró el esfuerzo realizado para alcanzar “los máximos niveles de consenso”. En ese sentido resaltó el momento en el que finalmente se consiguió avanzar con este tema. “No es casualidad”, dijo, recordando que “llevamos 13 años desde los primeros proyectos que se presentaron en esta Cámara, y ahora llegamos a compatibilizar una veintena de proyectos”.

El legislador santafesino destacó que el proyecto tiene dos objetivos centrales: facilitar el acceso al trabajo, en momentos en que precisamente la desocupación acaba de llegar a los dos dígitos y –adelantó- será mucho peor cuando concluya la pandemia y el aislamiento social obligatorio, y por otro lado “garantizar un piso de derecho a los trabajadores”.

Con todo, Cantar planteó sus disidencias respecto del proyecto consensuado. Por ejemplo respecto del artículo 3° referido a derechos y obligaciones, donde se habla de la facultad de delegar en el Convenio Colectivo de Trabajo, puntualizó que “es una facultad y no una obligación. Entendemos que el término utilizar debería ser ‘podrán’ y no ‘deberán’”. Cuestionó además el tema de la “reversibilidad”, de la que habla la ley y cuyo último párrafo debería ser sacado, dijo.

Asimismo consideró que el proyecto debería haber contemplado “algún incentivo para esta modalidad para las pymes”, de modo tal de promoverla.

A su turno, el diputado Hugo Yasky resaltó que este proyecto establece “un piso derechos para que a partir de ahí y de acuerdo a las características de cada sector de trabajo y sus convenios, se puedan definir cuestiones relativas a cada sector”. Asimismo valoró “la voluntad convergente de todos los diputados intervinientes para lograr concretar esta ley”.

Desde la Coalición Cívica, Mónica Frade planteó fundamentalmente sus disidencias con un proyecto que la llevó a preguntarse “cuál es la razón o la urgencia” para tratar ese proyecto de manera tan acelerada, “teniendo en cuenta que muchas de las cosas que dijeron muchos de los que expusieron ante esta comisión deberían haber sido recogidas con más interés y cuidado. Y deberían haber sido recogidas con un poco de más atención”.

A la hora de plantear sus disidencias, objetó el artículo 5° que le prohíbe a los empleadores remitir comunicaciones a los trabajadores fuera de la jornada laboral. “Se tendría que haber puesto que el empleado no está obligado a responder, pero no se le puede impedir al empleador que organice su propia tarea para el día siguiente”, observó Frade.

También advirtió que el artículo 6° “va a desalentar profundamente la contratación de empleados” con esta modalidad. Sucede que el mismo menciona el caso de aquellos trabajadores que tengan a cargo personas menores de 13 años, o adultos mayores, y establece numerosas penalidades para el empleador que no contemple la disponibilidad en cuanto a horarios y hasta considera esas actitudes como “delitos”. Eso hará que esas personas sean descartadas por los empleadores, advirtió Mónica Frade, entre otras objeciones que planteó.

“A mí no me conforma sacar una ley, sino que lo que quiero es sacar la mejor ley, que va a ser la que fomente este tipo de contrataciones”, destacó la diputada de la CC, apelando a que “podamos afinar un poco más su redacción”.

Con esta diputada coincidió en varios puntos Facundo Moyano al intervenir en un debate que consideró “auspicioso” y que atribuyó a “la insistencia y persistencia, y el dinamismo que adquirió la comisión bajo la presidencia de Vanesa Siley”.

Moyano citó también el artículo 4° del proyecto, señalado que “es imposible evitar que el empleador, fuera del horario laboral, no pueda mandar un mensaje. Sí podríamos regular que el trabajador no deba estar obligado a responderlo. Yo directamente sacaría ese párrafo”.

Facundo Moyano también objetó el artículo 8°, y también el referente a la “reversibilidad” del consentimiento.

Qué dice el proyecto

En el proyecto que obtuvo dictamen se incorpora el artículo 102 bis a la Ley de Contrato de Trabajo para regular que “habrá contrato de Teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios” sea “efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.

Además, ese nuevo artículo señala que “las regulaciones específicas del Teletrabajo se establecerán para cada actividad mediante la negociación colectiva, respetando los principios de orden público establecidos en esta ley”.

El proyecto indica que “las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad, gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración será la correspondiente al convenio colectivo de trabajo, no pudiendo ser inferior, en su caso, a la que percibía o percibiría bajo la modalidad presencial”.

Asimismo, “la reglamentación de la ley y los convenios colectivos deberá prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo”.

En lo que respecta a la jornada laboral, ésta deberá “ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos”. En tanto, “las plataformas y/o software utilizados por el empleador” tendrán que “desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma”.

En ese sentido se introduce el concepto de “derecho a la desconexión digital”, por el cual la persona que trabaja bajo esta modalidad “tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias” y “no podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho”.

“El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral”, enfatiza el texto.

Sobre la tarea de cuidados, quienes “acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”.

“Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio resultando aplicables las previsiones la Ley 23.592 -Actos Discriminatorios-“, agrega el articulado y establece que “mediante la negociación colectiva podrán establecerse pautas específicas para el ejercicio de este derecho”.

El proyecto indica que “el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito”.

En lo que respecta a la reversibilidad del consentimiento, el mismo podrá ser revocado por el trabajador “en cualquier momento de la relación”. “En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”, se dispone.

Si el empleado se negare, “dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas”.

Pese a que desde el sector empresario pidieron que se tengan en cuenta las facultades de “organización y dirección del empleador”, la reversibilidad sólo se dará con la voluntad del empleado, aunque se aclara que “en los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.

La iniciativa establece que “el empleador debe proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja. La compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.

En tanto, el trabajador remoto “tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar” y “dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva, y quedará exenta del impuesto a las Ganancias”, un punto solicitado por la CGT.

La autoridad de aplicación de la ley -que entrará en vigencia 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio-, será el Ministerio de Trabajo, que dictará normas referidas a la seguridad e higiene; incorporará las nuevas enfermedades laborales por esta modalidad; tendrá a cargo la fiscalización.

Además, llevará un registro en el cual deberán estar anotadas “las empresas que desarrollen esta modalidad, acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual” y “esta información deberá ser remitida a la organización sindical pertinente”.

Sobre las “prestaciones transnacionales”, se aplicará “al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja”.

“En caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación. Los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones”, señala el proyecto.

La iniciativa también abarca cuestiones referidas a la capacitación; la protección de la información laboral; el derecho a la intimidad; la representación digital; y el goce de todos los derechos colectivos.

Sobre el mediodía concluyó la sesión en minoría convocada por Juntos por el Cambio para derogar los poderes especiales al jefe de Gabinete. Había vuelto Sergio Massa, que durante buena parte de la sesión se había ausentado para participar de una videoconferencia de líderes parlamentarios latinoamericanos, y antes de cerrar la reunión, saludó por su cumpleaños al diputado mendocino Omar de Marchi, y luego se permitió una ironía al “agradecerles a todos los diputados que hoy no tuvieron ningún problema para conectarse y poder utilizar este sistema, aun aquellos que eran muy críticos”.

La referencia tenía que ver especialmente a la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, que se quejó en la última sesión por no haber podido sumar su voto por dificultades técnicas y denunció “el muteo de Massa”.

Por Carolina Ramos

Luego de que el oficialismo rechazara, junto a otros bloques, el pedido para tratar en el recinto el polémico DNU 457/20 en la sesión de este jueves la Cámara baja, una diputada denunció que el presidente del cuerpo, Sergio Massa, alteró el sentido de su voto. Se trata de Mónica Frade (Coalición Cívica), discípula de Elisa Carrió y opositora al sistema virtual.

La moción para tratar sobre tablas el decreto que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas presupuestarias sin aval del Congreso, no reunió la mayoría de tres cuartos -recibió 119 votos a favor y 127 en contra-, por lo cual resultó rechazada. Si bien el voto de Frade no alteraba el resultado, la legisladora apuntó a Massa y levantó una discusión.

Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo funciona el sistema? Media hora antes de la votación, Massa notifica a los diputados para que chequeen su conexión y logueo a la aplicación que permite dar quórum y votar, a través de la red VPN. Para la votación se otorga un tiempo considerable de tres minutos.

El tablero arroja entonces el resultado, pero el sistema exhibe una debilidad: a algunos diputados el sistema no les registra el voto a pesar de que estuvieran dando quórum y hayan intentado hacerlo. Por eso, el presidente les da una segunda oportunidad: nombra uno por uno a aquellos que no pudieron votar, y les permite hacerlo “a viva voz”. Eso, siempre y cuando hayan estado logueados en la app al momento de la votación.

No fue el caso de Frade, quien al momento de votar la moción del DNU figuraba ausente. Según fuentes autorizadas consultadas por parlamentario.com, Frade se conectó a la plataforma CISCO Webex -utilizada para el uso de la palabra- cerca del mediodía, pero el primer registro en la app que permite dar quórum y votar fue a las 15.13, cuando la votación se produjo entre las 14.57 y las 15.07.

La representante de la Coalición Cívica, no obstante, pidió la palabra insistentemente a Massa para que su voto quedara registrado. Cuando el presidente de la Cámara le permitió hablar, Frade aclaró que su voto era positivo, y Massa lo tomó.

Pero tiempo después, Massa volvió sobre sus pasos, y aclaró: “(Frade) marcó el logueo que da el quórum siete minutos después de la votación, manifestado su voto de manera verbal por el sistema CISCO Webex. Quiero aclarar que más allá de que no modifica el resultado de la votación, el voto de la diputada Frade, de acuerdo al protocolo, se considera ausente”.

En efecto, en el acta de la votación que figura en la web de la Cámara de Diputados, el registro de Frade es ausente. En su cuenta de Twitter, denunció: “Se me consideró ausente por no poder acceder al dispositivo por inconvenientes entre Fibertel y la HCDN, o sea, razones ajenas a mí. Democracia pandémica. Good show”.

Este viernes, en declaraciones radiales, Frade habló del tema y reconoció: “El sistema a mí nunca me terminó de funcionar del todo, incluso en los ensayos. Siempre hubo dificultades. A las 13.30 empezaron las conexiones (para iniciar la sesión) y mi celular no me tomó la plataforma de VPN”.

“Nos contactamos con el equipo informático, estuvimos dos horas intentando conectarme con mi celular. Me conecté desde la computadora, pero los dos sistemas juntos es imposible, entonces se conectaba y se desconectaba”, relató Frade en diálogo con FM Concepto, y agregó: “En la primera votación no pude votar, se me desconectó, y cuando vi que no estaba mi voto, avisé que no me había tomado el voto”.

Gravedad institucional, parte 1, sesion 21/5/20 en la Sesion virtual HCDN.
Avisaba mi dificultad para emitir el voto por VPN. La interrupción es el.muteo que Massa decidio pic.twitter.com/XNXjKyXo4C

— Monica Frade (@MonicaFradeok) May 22, 2020

Lo cierto es que dar quórum es una condición necesaria para que un diputado pueda votar. En el recinto, los diputados dan quórum al sentarse en las bancas, que tienen un sensor de peso; si se levantan, dejan de dar quórum. Por eso, si un legislador sale del recinto al momento de la votación y al regresar quiere votar, ya no puede hacerlo.

En el nuevo sistema, existe la opción “Salir del recinto”, el equivalente levantarse de la banca. Para poder hacerlo, la plataforma exige una nueva identificación de identidad del RENAPER. Solo se deja de dar quórum pulsando ese botón.

Como la propia Frade comentó, no es la primera vez que tuvo problemas de conexión. De hecho, desde que debutó el sistema no pudo votar nunca: figura ausente en las votaciones del Protocolo de Funcionamiento Remoto, los proyectos de exención del impuesto a Ganancias, protección del personal de salud, educación a distancia y receta digital, y la moción sobre el DNU.

En las primeras capacitaciones a diputados, a principios de mayo, Frade fue advertida por personal de la Cámara sobre la baja calidad de su red wifi y se le sugirió sesionar desde algún organismo oficial cercano. También le recomendaron que utilice los datos -la app funciona con 4G y también 3G-. A pesar de estas advertencias, no pudo conectarse en la primera sesión, y el personal de Mesa de Ayuda de la Cámara no logró contactarse con ella, tras haber insistido “en 15 oportunidades”.

Los inconvenientes se repitieron este jueves y, tras haber conseguido al fin conectarse a la app, la diputada luego salió y volvió a ingresar al recinto virtual varias veces, una actitud que algunos consideraron malintencionada. Su última conexión fue a las 16.09. A las 20.17, cuando se votó el último proyecto de ley, era un hecho que la diputada ya no estaba presente.