En el rol de miembro informante, la diputada nacional Mónica Frade (CC) presentó en el recinto de la Cámara baja al proyecto de ley de prevención de ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea, en adultos, niños y adolescentes. Como presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico destacó la unificación de 28 proyectos y el debate llevado a cabo desde mayo.

Si bien lamentó resignar del texto final la regulación del juego físico de bingos y casino, manifestó que “después de varios intentos desde el año 2016, quizás haya llegado el momento que, sin chicanas y obturaciones reglamentarias, podamos votar esta norma”. En ese punto, planteó que esta iniciativa va en contra de la “recaudación de gobernadores y un mega negocio que en la Argentina ha tenido un desarrollo inusitado en estos años”.

De ese modo, detalló que “la AFIP graba 5% sobre las apuestas legales y en 2023 hubo más de 7.300 millones de pesos de recaudación”. Asimismo, añadió que en la provincia de Buenos Aires “sobre juegos en línea, se facturaron 20.000 millones de pesos legales, sumando a 1.300 millones de dolares anuales”.

“Si bien son competencias provinciales, venimos a dar un marco nacional, venimos a aportar a la justicia que está investigando muchos casos de influencers y le venimos a dar herramientas”, explicó la diputada nacional de la Coalición Cívica. De ese modo, anticipó que han aportado, por medio de este proyecto, nombres de influencers, actores y actrices que promocionan el juego on line.

Así las cosas, Frade apuntó contra Federico de Achaval, Daniel Angelici y Marcelo Rocchetti, a quienes llamó como los “zares del juego”, y aseveró: “Nos empezamos a meter en los intereses que estamos tocando porque muchos dudaron en dar quórum”. Allí, relacionó a los empresarios y cargó: “Hagamos el cuadro de cómo se va conectando la mafia del juego y la justicia”.

En rigor de las consecuencias del juego en la sociedad argentina, relató que se trata de “un flagelo que lento y silencioso que empezó a tomar a todas las familias”, y agregó: “Basta con escuchar a padres cuyos hijos le están robando el dinero o hijos que piden dinero para jugar”. También, enfatizó que “está desnatuiralizando los resultados del deporte”.

Respecto a la publicidad, a la que llamó “tema nodal del proyecto”, señaló que se gastaron “7.300 millones de pesos en medios tradicionales”, y nombró a las firmas BetWarrior, Betsson, Codere y BetPlay por desembolsar millonarias sumas para sponsorear a la camiseta de la Selección Argentina, Boca Juniors y River Plate, entre otros.

En el final, Mónica Frade añadió: “Nosotros adoptamos el mismo temperamento que en el tabaco, prohibimos los bonos de bienvenida incluyendo la figura del influencer, que hacen de cajeros en las redes y con la prohibición de la publicidad y la baja en la recaudación, tenemos la obligación de obturar ese avance”.

Además, mencionó que el proyecto de ley incluye programas de capacitación a docentes, padres y alumnos; líneas telefónicas y sitios web porque se trata de “un tema de salud mental y federal”. Para concluir, anunció que va a haber votación en general, y luego, en particular para incorporar las modificaciones.

¿La tercera será la vencida? Es la pregunta que se hacen todos los diputados convocados para debatir a partir del mediodía el proyecto de ley de prevención de ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea.

Luego de los dos intentos fallidos registrados ayer en el recinto de Diputados, donde sucesivamente fracasaron al no obtener quórum las sesiones para tratar la reforma sindical, primero, y el decreto de necesidad y urgencia 846/24, después, ahora llega el momento de debatir en una sesión pedida por cinco bancadas. En efecto, el pedido fue formulado por un grupo de diputados de varios bloques, encabezados por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, quien presidió el plenario que debatió todo este año el tema y alcanzó a firmar dictamen el miércoles pasado.

Firmaron el pedido elevado al presidente del Cuerpo, Martín Menem, la citada Mónica Frade y sus compañeros de bloque Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López; el santacruceño Sergio Acevedo; Mónica Fein, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, Esteban Paulón y Oscar Agost Carreño, por Encuentro Federal. También firmaron, por Democracia para Siempre Pablo Juliano, Facundo Manes, Carla Carrizo, Marcela Antola, Danya Tavela, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Jorge Rizzotti; y por la izquierda, Mónica Schlotthauer.

Precisamente esta última no asistirá a la sesión, luego de haber tenido un percance de salud en la provincia de Jujuy, que motivó su internación.

Al haber tantas bancadas y existir dos dictámenes que reúnen prácticamente a todos los bloques de la Cámara, a priori esta sesión debería tener mejor suerte que las dos del día anterior. Sin embargo son tan fuertes los lobbies que están presionando contra esta iniciativa, que el final podría considerarse abierto.

Hay dos dictámenes sobre este tema, el de mayoría firmado por los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda, que prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas, de pronósticos y apuestas deportivas en línea; y otro del Pro, el oficialismo y la UCR.

El elemento diferenciador entre uno y otro dictamen está en el dictamen de mayoría en el artículo 8°, referido a la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio. Es muy extenso el detalle de las prohibiciones, comenzando por la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar, de pronósticos y apuestas deportivas y de apuestas en línea. Quedan comprendidas las plataformas y redes sociales a través de internet, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, la cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, emplazamiento del producto, podcast o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro.

Quedan prohibidos los bonos de bienvenida de juegos de azar y apuestas en línea, como también el auspicio de equipos deportivos o deportistas en forma individual, utilizar su marca o denominación comercial para identificar a una instalación deportiva, estadios, academias deportivas, centros recreativos, espacios públicos, centros de entrenamiento, la promoción de pronósticos deportivos y la colocación de cartelería fija o digital en los campos de juego y estadios. También su difusión en festivales o recitales artísticos o musicales y eventos culturales en general.

El otro dictamen establece en su artículo 3° establece la prohibición del acceso y la permanencia de las niñas, niños y adolescentes menores de dieciocho años a plataformas digitales y sitios de juego de azar y/o  apuestas en línea.

El artículo 6° refiere las prohibiciones, que en este caso alcanza “toda publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y/o apuestas en línea y de agencias y/o plataformas de juegos de suerte, envite, azar y/o apuestas en línea, tanto de forma directa como indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación”.

Se deja claro que en ningún caso los programas de fidelización de clientes, membrecías especiales, o similares, podrán incluir premios o beneficios en sumas de dinero o créditos de cualquier tipo, que permitan al beneficiario iniciar o continuar los juegos de azar abarcados por la presente ley.

Luego del dictamen obtenido la semana pasada en un plenario de cinco comisiones, y en una carrera contrarreloj de cara al cierre del período ordinario, un sector de la oposición pidió una sesión especial para tratar la ley de prevención de ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea.

El pedido fue formulado por un grupo de diputados de varios bloques, encabezados por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, quien presidió el plenario que debatió todo este año el tema y alcanzó a firmar dictamen el miércoles pasado. La convocatoria es para el miércoles 27 de noviembre a las 12.

Firman el pedido elevado al presidente del Cuerpo, Martín Menem, la citada Mónica Frade y sus compañeros de bloque Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López; el santacruceño Sergio Acevedo; Mónica Fein, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, Esteban Paulón y Oscar Agost Carreño, por Encuentro Federal.

Por Democracia para Siempre están Pablo Juliano, Facundo Manes, Carla Carrizo, Marcela Antola, Danya Tavela, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Jorge Rizzotti; y por la izquierda, Mónica Schlotthauer.

Hay dos dictámenes sobre este tema, el de mayoría firmado por los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda, que prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas, de pronósticos y apuestas deportivas en línea.

El elemento diferenciador entre uno y otro dictamen está en el dictamen de mayoría en el artículo 8°, referido a la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio. Es muy extenso el detalle de las prohibiciones, comenzando por la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar, de pronósticos y apuestas deportivas y de apuestas en línea. Quedan comprendidas las plataformas y redes sociales a través de internet, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, la cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, emplazamiento del producto, podcast o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro.

Quedan prohibidos los bonos de bienvenida de juegos de azar y apuestas en línea, como también el auspicio de equipos deportivos o deportistas en forma individual, utilizar su marca o denominación comercial para identificar a una instalación deportiva, estadios, academias deportivas, centros recreativos, espacios públicos, centros de entrenamiento, la promoción de pronósticos deportivos y la colocación de cartelería fija o digital en los campos de juego y estadios. También su difusión en festivales o recitales artísticos o musicales y eventos culturales en general.

El otro dictamen fue apoyado por el Pro, La Libertad Avanza y el bloque UCR. En su artículo 3° establece la prohibición del acceso y la permanencia de las niñas, niños y adolescentes menores de dieciocho años a plataformas digitales y sitios de juego de azar y/o  apuestas en línea.

El artículo 6° refiere las prohibiciones, que en este caso alcanza “toda publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y/o apuestas en línea y de agencias y/o plataformas de juegos de suerte, envite, azar y/o apuestas en línea, tanto de forma directa como indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación”.

Se deja claro que en ningún caso los programas de fidelización de clientes, membrecías especiales, o similares, podrán incluir premios o beneficios en sumas de dinero o créditos de cualquier tipo, que permitan al beneficiario iniciar o continuar los juegos de azar abarcados por la presente ley.

 

Un plenario de cinco comisiones dio finalmente este miércoles un paso importantísimo en el trabajo de avanzar con la prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea, al suscribir los dictámenes que habilitan a este tema a ser tratado en el recinto de la Cámara baja.

En efecto, luego de un intenso trabajo a lo largo del presente año, se suscribieron dos dictámenes: el de mayoría, respaldado entre otros sectores por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda; y el de minoría, apoyado por el Pro, La Libertad Avanza y la UCR. Sobre 148 firmas, el dictamen de mayoría reunió 90, mientras que el de minoría tuvo 58.

Fue el corolario de un extenso trabajo legislativo que se vio empañado en parte durante esta reunión, por una durísima discusión plagada de insultos entre quienes fueron voceros de los dos dictámenes puestos a consideración. Cuando la reunión enfilaba hacia su finalización, los diputados Silvana Giudici y Maximiliano Ferraro se enfrascaron en un áspero contrapunto del que tomaron parte otros actores y concluyó con el abandono de la sala por parte de varios de los legisladores que fueron protagonistas de la reunión.

Todo ocurrió en la reunión de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; Acción Social y Salud Pública; Comunicaciones e Informática; Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes, donde se pusieron a consideración proyectos de los diputados Gabriela Brouwer de Koning, Maximiliano Ferraro, Silvana Giudici, Constanza Alonso, Marcela Campagnoli y Sergio Acevedo.

En el marco del debate, Margarita Stolbizer apoyó el que luego sería el dictamen de mayoría, aunque admitió que “hubiera preferido algo más sencillo, porque cuanto más cosas ponemos en el dictamen, más se dificulta la posibilidad de conseguir consensos en su camino al Senado”. La diputada reconoció los “enormes intereses” políticos y económicos que hay en juego y “los obstáculos que tendrá este proyecto” de parte de ese tipo de intereses.

Hizo votos porque el proyecto se apruebe antes de fin de año, y advirtió que “no sirve encapricharnos en posiciones personales, sino detrás de un objetivo central que es demostrar que estamos preocupándonos” por este tema.

A continuación, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro resaltó los meses de trabajo que demandaron estos proyectos, y valoró la “respuesta transversal de todo el arco político para una epidemia que ha crecido exponencialmente en la Argentina, que tiene que ver con la ludopatía y haciendo foco en la ludopatía infantil-juvenil”.

Ferraro alertó sobre el crecimiento del juego legal y clandestino y detalló los datos de una encuesta de Faro Digital, que marca que el 65% de los participantes conocen a algún joven que sufre algún problema producto de las apuestas. “Este fenómeno se manifestó espontáneamente en nuestro país, porque hubo un corrimiento, con la regulación más estricta que se decidió en Europa, por lo cual vino hacia nuestra región”.

“Nos hubiera gustado muchísimo tener un dictamen de consenso”, dijo, pero cuestionó que durante meses esperaron en vano los aportes de parte de la diputada del Pro Silvana Giudici, que estuvo al frente del otro dictamen. Ferraro dijo que esperaron “que mostrara borradores y propuestas concretas de lo que estaba trabajando, pero no recibimos un solo aporte, salvo algunos del bloque radical”.

Por último, señaló que “entre un dictamen y otro pueden haber muchas coincidencias, pero una de las diferencias sustanciales que tienen que ver con la cuestión de la prohibición de la publicidad. Somos muy claros en que no solamente es la prohibición de publicidad a través de medios de comunicación, sino también con clubes de fútbol, camisetas, vía pública… Estamos equiparándola con lo que fue la base de la prohibición del tabaco”.

Desde Unión por la Patria, la diputada Constanza Alonso lamentó que no hubiera habido un dictamen de consenso, pero remarcó “la necesidad de esta prohibición total de la publicidad” de las apuestas. “Hoy está naturalizado desde muy temprana edad el acceso de los jóvenes a este tipo de plataformas. La naturalización de la publicidad hace que los jóvenes estén permanentemente permeables a caer en este tipo de plataformas”, dijo, informando a continuación que siete de cada 10 chicos, en su entorno tienen a alguien que apuesta. Se ha convertido en un hábito que hoy está afectando la salud mental de los chicos”.

Habló a continuación Silvana Giudici, quien aclaró de entrada que si bien figuraba como autora del dictamen del Pro, habían trabajado desde principios de año en cinco proyectos presentados por su bancada. Y consideró “muy injusto” que se hubiese dicho que “no estuvieron claros nuestros aportes. Un asesor se quejó por escrito de que los aportes no tenían devolución, y cada vez que se circulaba el dictamen de mayoría, venía sin justificación”, apuntó la diputada.

Giudici recordó que “explicamos por qué el dictamen de mayoría es demasiado reglamentarista y extenso, e incurre en algunas cuestiones que pueden llegar a poner en duda la constitucionalidad de la norma”.

Giudici resaltó el trabajo del Pro, la UCR, La Libertad Avanza, y todos los que trabajaron en ese dictamen que definió como “simplificado”, pero de ninguna manera “light”. Al referirse a las diferencias entre ambos dictámenes, dijo que ellos prohibieron la publicidad del juego en todas sus plataformas, de manera directa e indirecta. “Dentro de las competencias que tiene este Congreso”, remarcó, aclarando que “lo que no vamos a hacer es avanzar en cuestiones que puedan limitar o lesionar otros derechos, como la libertad de expresión y contenidos en Internet. No nos parece que haya que regular y limitar de esta manera”, y alertó con que el otro dictamen “abre la puerta a que cualquiera luego de esta ley pueda decir ‘vamos a tratar de que tal o cual persona diga tal cosa’”.

Consideró que estaba mal que la prohibición avanzara sobre internet y las redes sociales, porque “en nuestro país rige suficiente jurisprudencia respecto de la responsabilidad de los intermediarios. Debemos abordar el tema desde la conducta y no avanzar en cuestiones que pueden poner en riesgo la constitucionalidad de la ley”, reclamó.

Criticó también “lo excesivo” en cuanto a la reglamentación por los límites de las tarjetas de crédito, de débito y las billeteras virtuales. “Lo hemos planteado porque lo que hay que penar es al cajero, al intermediario, y pedimos que se incorpore en el dictamen de mayoría”.

También mencionó que el dictamen de mayoría equipara el máximo de la pena prevista con el homicidio imprudente, lo cual “atentaría contra el principio de proporcionalidad de la pena”.

A su turno, la presidenta de la Comisión de Familias, Roxana Reyes, consideró que estaban dando “un paso muy importante, independientemente de no haber conseguido un dictamen de consenso”. Aclaró que “uno y otro prevén que tenemos que trabajar en prevenir el acceso de la niñez al juego. Es un paso delante de concientización a los padres”.

Agregó que desde la UCR habían acompañado el proyecto de Giudici, que “recibió nuestras propuestas y consideramos que es un dictamen que logra sintetizar lo básico en lo que hay que trabajar, para evitar que se complejice cuando llegue al Senado, o al Ejecutivo”.

Mónica Macha destacó como un hecho “controversial” el reciente nombramiento del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordóñez, ya que fue CEO de Codere, una de las principales empresas de apuestas. No fue la única diputada que hizo hincapié en eso. En su caso, dejó asentada su preocupación porque “es muy difícil pensar que quien se enriquece con estas apuestas vaya a ser quien tiene que velar por nuestra propuesta”.

Eduardo Toniolli alertó sobre el bombardeo de publicidad que a diario se hace en materia de apuestas, y destacó que entre 2021 y 2023, las diez plataformas que más invirtieron en publicidad, pusieron 11 mil millones de pesos, sin contar internet y redes. “Y esto va in crescendo. Todos estos recursos puestos a disposición de incentivar el juego”, dijo, valorando del dictamen de mayoría “que va al hueso. Al huevo de la serpiente”, al plantear la prohibición de la publicidad masiva en plataformas de apuestas de juegos online, sin subterfugios”.

En nombre del oficialismo habló la diputada salteña María Emilia Orozco, quien aclaró que el Ejecutivo nacional está abordando la cuestión, y recordó la participación de funcionarios en las reuniones informativas. Lamentó que “muchas de las observaciones que hicieron no se han tenido en cuenta”, y por eso dijo que apoyarían el dictamen del Pro, con algunas disidencias. Advirtió que “el exceso regulador no contribuye; necesitamos normas simplificadas, no más regulaciones”. Apuntó además que “lo que salga de acá va a ser el camino a seguir por parte de las provincias”.

En ese sentido, Karina Banfi hizo votos porque las provincias puedan adherir a la ley nacional que surja. Especialmente la suya, Buenos Aires, y le dio un toque político al tema al recordar la fastuosa exhibición de un político con fuertes vínculos con el juego al que se vio paseando en un yate “con una prostituta”, referencia que cosechó aplausos.

El fortísimo cruce entre diputados

Ya de cara al final de la reunión intervino, Maximiliano Ferraro pidió la palabra para remarcar el tipo de prohibición que establecía el dictamen de mayoría. “Sin ningún tipo de ambigüedades”, dijo, para diferenciarlo del texto del Pro. Y leyó en ese sentido el artículo 8, que prohíbe “la  publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar, de pronósticos y apuestas deportivas y de apuestas en línea. Quedan comprendidas las plataformas y redes sociales a través de internet, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, la cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, emplazamiento del producto, podcast o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro”.

Asimismo destacó la prohibición de “los bonos de bienvenida de juegos de azar y apuestas en línea, como también el auspicio de equipos deportivos o deportistas en forma individual, utilizar su marca o denominación comercial para identificar a una instalación deportiva, estadios, academias deportivas, centros recreativos, espacios públicos, centros de entrenamiento, la promoción de pronósticos deportivos y la colocación de cartelería fija o digital en los campos de juego y estadios. También su difusión en festivales o recitales artísticos o musicales y eventos culturales en general”.

Lo diferenció del otro dictamen, que circunscribe las prohibiciones a su artículo 6°, en el cual “se prohíbe toda publicidad, promoción y  patrocinio de juegos de azar y/o apuestas en línea y de agencias y/o plataformas de juegos de suerte, envite, azar y/o apuestas en línea, tanto de forma directa como indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación

Le contestó Karina Banfi, señalando que “la aclaración del diputado Ferraro oscurece, y acá tenemos que ser muy, muy concretos. Porque para nosotros el planteo detallado abre la posibilidad de que en el futuro, desconocido e incierto, se puedan introducir algunas cuetioines permitidas, porque así lo avala nuestra Constitución en el artículo 19, que dice ‘todo lo que no está prohibido, está permitido’. Por lo cual el concepto de prohibir en manera total directa e indirecta la posibilidad del juego, para nosotros es la mejor redacción”.

Habló a continuación el diputado de UP Rogelio Iparraguirre, quien rescató un planteo de la diputada de izquierda Mónica Schlottahuer, referido al presupuesto asignado al proyecto. “Efectivamente este proyecto está saliendo sin presupuesto”, admitió, aclarando que habían hecho entre los bloques un acuerdo para promover a partir de este jueves en el Presupuesto 2025 la modificación de las alícuotas del juego online. “En una coordinación muy virtuosa, aceptamos correrlo de este dictamen, pero sí incorporarlo a partir de mañana para que existan partidas para financiar este  proyecto de ley”.

Pero encendió la mecha del escándalo cuando advirtió que “no ha habido en ninguna de las reuniones de este plenario, ni ninguna de asesores un solo aporte de algún miembro del Pro o La Libertad Avanza. Tienen otro dictamen porque no están de acuerdo en ponerle el cascabel al gato en este negocio, y están en todo su derecho”.

Fue entonces cuando las voces de fondo que acompañaron toda la reunión se hicieron más fuertes y la diputada Giudici lanzó un exabrupto contra Maximiliano Ferraro, siendo reprendida por la diputada Mónica Frade, que presidía el plenario. “Hijo de puta”, le dijo la legisladora del Pro, ante lo cual Frade replicó: “Le pido que se retire”. Esa expresión generó la inmediata reacción de Ferraro, que salió disparado hacia el lugar donde ella se encontraba.

“Sos un tarado vos, cómo me vas a decir eso”, se le escuchó decir a la diputada del Pro, que tildó a su colega de la Coalición Cívica de “ególatra”. Los cruces siguieron un largo rato, con participación de otros diputados y el constante reclamo de Frade por retomar la calma. Cuando eso se consiguió, la diputada de la CC dijo: “Soy civilizada y no integro un gobierno de locos, así que voy a continuar”.

Retomó la palabra Iparraguirre, concluyó diciendo que esa no era una ley de regulación para menores de edad, sino para la sociedad en su conjunto. Porque los pibes no bajan de un plato volador, el problema es el conjunto de la sociedad, particularmente los adultos”.

Antes de la intervención de los presidentes de las comisiones intervinientes, la radical Carla Carrizo advirtió que no era la primera vez que había agresiones entre colegas, como lo que acababan de ver. Y lamentó que no exista en la Cámara una Comisión de Ética, o de Disciplina, que mocionó constituir para evitar situaciones como la que acababan de vivir.

Pido las disculpas correspondientes por haber participado, junto a otra colega, en una conducta que no está a la altura del debate que nos demanda esta Honorable Cámara de Diputados.

De la misma forma y en el mismo espíritu espero las disculpas pertinentes por la infundada y…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) November 13, 2024

Sobre el final, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin advirtió sobre las dificultades de avanzar con una ley que necesita del Estado “con un Gobierno que dice que el Estado no es importante. Y se necesita un Estado para regular”. Le apuntó al oficialismo al señalar que “es difícil acompañar un dictamen cuando tenés que valerte del ENACOM, que tiene que controlar las plataformas, cuando quisiste cerrar todas sus sedes en las provincias”.

“Necesitamos que el Estado nacional entienda el rol que tiene como rector del sistema de salud argentino. Ojalá podamos en la sesión juntar las diferencias y lograr una media sanción”. El camino demuestra que cuando el tema es de importancia para la sociedad, los diputados conseguimos resultados”, cerró el diputado tucumano.

La agitada reunión concluyó con las palabras de Mónica Frade, que valoró que estaban cerrando un período de varios meses, que constituyó “un verdadero desafío”. Detalló que habían tenido desde mayo 37 expositores, 4 jornadas y otras tantas reuniones de asesores.

“Cuando dispuso esta cámara que iba a tener que presidir cinco comisiones, tuve claro que el oficialismo no quería este proyecto”, advirtió Frade, que recordó que la Ley de Bases “la tratamos con solo tres comisiones, y repasamos todo el Derecho argentino”. Con todo, reconoció que la situación “se pudo salvar gracias a la colaboración de los presidentes de las comisiones que aceptaron el desafío de hacer estos plenarios en conjunto”.

La diputada de la CC dijo que “tratar de consensuar con 150 diputados una ley no me resultó fácil. Muchos me tildaron de intolerante; si hubiera sido intolerante, no hubiéramos llegaod hasta acá. Una ley no puede contentar a todos; la Coalición Cívica tuvo que renunciar a la regulación de bingos y casinos… Resignamos posiciones”.

Por último se comprometió a que “todos aquellos que hayan hecho disidencias, las podamos trabajar de acá a que el proyecto llegue al recinto, para llegar a una ley que sirva”.

Con el objeto de cerrar el año al menos con el dictamen, sino la media sanción con la que algunos se ilusionaban, para este miércoles han sido convocadas las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; Acción Social y Salud Pública; Comunicaciones e Informática; Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes.

La cita es a las 9.30 en el 2° piso del Anexo C, y ese horario tempranero fue elegido por la titular de Prevención de Adicciones, Mónica Frade, pensando en la posible sesión que se esperaba que el oficialismo convocara para tratar la privatización de Aerolíneas y ficha limpia. Sin visos de que esa sesión se realice esta semana, la convocatoria igual se formalizó para esa hora, a la espera de poder avanzar con un dictamen para la modificación de la Ley 26.934, de prevención y abordaje integral e interdisciplinario de la adicción de juegos de azar virtuales en niños/as y adolescentes. La convocatoria incluye el Plan integral para abordaje de consumos problemáticos, más la prohibición de publicidad de juegos de apuestas online y la limitación de publicidad en la transmisión de futbol profesional.

Se esperaba que esta reunión se realizara el jueves pasado, pero según confió la titular de la comisión cabecera del plenario, Prevención de Adicciones, la misma fue suspendida porque Legislación Penal tenía diputados en Estados Unidos, y la titular de Familias no quería dictaminar.

Cabe recordar que esta última comisión llegó a realizar una reunión sobre el tema de manera individual, y fue incorporada al plenario para la última reunión, que tuvo lugar el 13 de agosto pasado.

Toda la expectativa está puesta ahora en si consiguen avanzar con el dictamen, objetivo que pretenden alcanzar antes del 20 de noviembre, fecha en la que concluye el tiempo para emitir dictámenes.

El de la ludopatía y el creciente negocio de las ciberapuestas es un tema que ha generado la mayor atención en ambas cámaras, donde hay decenas de proyectos presentados para atender esta problemática. Y si bien todo parecía encaminado finalmente a conseguir dictamen para antes de que concluya el presente año, en principio el intento quedó en veremos. Postergado, al menos, una semana.

Mónica Frade, la titular de la comisión cabecera del plenario que desde el mes de mayo viene trabajando sobre un dictamen, Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, confirmó a parlamentario.com que la reunión que había pedido para este jueves 7 de noviembre no pudo ser oficializada porque no se consiguió la anuencia de las cinco comisiones convocadas. Ante ello, habrá una nueva convocatoria para la próxima semana.

Según pudo saberse, Legislación Penal negó participación para esta semana, argumentando que algunos de sus miembros -incluida su titular, Laura Rodríguez Machado- estaban en Estados Unidos, invitados para asistir a la jornada electoral de este martes 5 de noviembre. Paralelamente, Familias, Niñez y Juventudes, comisión que preside la radical Roxana Reyes, se negó a dictaminar.

Cabe recordar que esta última comisión llegó a realizar una reunión sobre el tema de manera individual, y fue incorporada al plenario para la última reunión, que tuvo lugar el 13 de agosto pasado.

La diputada Frade dijo que no dieron desde Familias ninguna razón para no dictaminar, por lo que volverá a intentar convocar al plenario para el próximo miércoles 13 a las 9.30. “Dispusimos ese horario para evitar que se superponga con una potencial sesión y que nos dé tiempo a que, si fracasa, de ahí al 20 pueda haber una nueva convocatoria”, expresó la diputada de la Coalición Cívica, que espera ver cuál es el temperamento de Familias y Legislación Penal para la próxima semana.

Para el caso de que no accedan a dictaminar, la presidenta de Prevención de Adicciones señaló que tratará de llamar antes del 20 a una nueva reunión con las comisiones que sí están dispuestas a dictaminar, Acción Social y Salud Pública, y Comunicaciones e Informática. “Esperemos que tengan buena predisposición, porque (de lo contrario) estarían colocándome al límite de abortar un dictamen este año”, alertó la diputada Frade.

Uno de los temas que mayor atención despertó este año en la Cámara baja fue el análisis que varias comisiones desarrollaron sobre dos temas de suma importancia: la ludopatía y el creciente negocio de las ciberapuestas.

Numerosas comisiones se abocaron al análisis del tema y con Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico como cabecera, se desarrollaron cuatro reuniones a lo largo de este año para escuchar a decenas de invitados que debatieron la temática de ciberapuestas y ludopatía.

Tras un intenso trabajo, ese debate entró en un impasse, pues la última reunión se desarrolló el pasado 13 de agosto. Lo cual no implica que no se haya seguido trabajando, y según pudo saber parlamentario.com, es intención de los diputados realizar el jueves 7 de noviembre un nuevo plenario en el que pueda firmarse el dictamen que deje habilitado el tema para llegar al recinto.

El trabajo formal en las comisiones arrancó el 14 de mayo pasado, cuando la presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones, Mónica Frade, anunció la intención de realizar una serie de reuniones informativas para tratar el tema del juego online. Una cuestión que, dijo, “está quebrando a las familias y adolescentes. Es un problema que corroe silenciosamente a las familias”, dijo entonces.

Uno de los problemas administrativos más serios para avanzar con este tema se da en los numerosos giros que tienen los proyectos puestos a consideración. De ahí que se resolviera realizar reuniones conjuntas con otras comisiones para tratar de avanzar más rápido.

Y así se hizo, pues se realizaron tres reuniones más, ya como plenario, con la participación, además de Prevención de Adicciones, de Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática y Legislación Penal. Durante el primer encuentro celebrado por esas comisiones, Karina Banfi pidió sumar a la Comisión de Familias, premisa en la que también insistía Marcela Campagnoli, porque le parecía que “es fundamental que esté en este plenario. Me dicen que son demasiadas, no dictaminás nunca… Pero bueno, bajemos alguna, es importante que esté familia… Todos te hablan de temas de familias: del hijo, del padre, del marido… que quebró la familia… Así que sí o sí tiene que estar esa comisión”.

La primera reunión fue el 28 de mayo, ocasión en la que Prevención de Adicciones resolvió convocar a informáticos y docentes a exponer sobre la problemática. A partir del 11 de junio se comenzó a trabajar con plenarios, sumándose Acción Social y Salud Pública; Comunicaciones e Informática y Legislación Penal.

Esas mismas comisiones continuaron el 3 de julio, con la presencia de más especialistas, y finalmente el 13 de agosto se reunieron por última vez, sumando en esa oportunidad a Familias, Niñez y Juventudes.

“Fueron dos meses de gestionar dificultosamente los consensos”, confió Mónica Frade a parlamentario.com al anunciar que estaría llamando a dictaminar el próximo 7 de noviembre.

- ¿Un dictamen de todas las comisiones? ¿No quedará ninguna pendiente? –le preguntó este medio.

- En principio no… Salvo que haya quien no quiera que salga (el dictamen) y haga planteos de mala fe –respondió la diputada de la Coalición Cívica.

Tras recordar que la Ley Bases avanzó con el tratamiento de solo tres comisiones, admitió que consensuar con nada menos que cinco “fue demasiado trabajoso”.

La idea de los diputados siempre fue esa: dejar listo el dictamen antes de fin de año. Si se conseguía la media sanción, tanto mejor. Sino se avanzará con la misma el próximo año, y luego será el turno del Senado, donde también quieren avanzar con el tratamiento del tema.

De hecho, en la sesión celebrada el pasado 26 de septiembre en la Cámara alta, varias mociones de preferencia fueron presentadas por senadores para que una vez que tengan dictamen de comisión se traten en el recinto los proyectos vinculados a prevenir la ludopatía infantil. Todas fueron avaladas por el pleno. Al respecto, la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti recordó que un mes atrás había presentado una iniciativa que propone “un marco regulatorio para los juegos de azar y apuestas en línea para la prevención de la ciberludopatía”.

“Es un tema urgente”, enfatizó la senadora camporista mendocina.

A los efectos de agilizar la obtención de una ley, sería menester evitar un debate paralelo entre las dos cámaras y en todo caso enriquecer la media sanción con proyectos propios.

Durante el debate para instituir día de duelo nacional al del inicio de la cuarentena por la pandemia de Covid, un fuerte cruce protagonizaron los diputados Mónica Frade y Fernando Iglesias.

Fue durante la intervención de la diputada de la Coalición Cívica, que habló a continuación del presidente de su partido, Maximiliano Ferraro, quien había cuestionado que entre sus ares se estuvieran arrojando “baldes de mierda” y pidió terminar con “esta cuestión de carancheo que me da vergüenza”.

Frade recordó cuando expuso en la Comisión de Derechos Humanos por las violaciones que se daban en Formosa, y señaló en un pasaje que “sabía que iba a venir a esta comisión a escuchar patotas, personas que solamente provocan; incluso algunos hasta recientes  compañeros míos de ruta, que lo único que hacen es provocar. Y no puedo dejar de recordar el enorme consenso que el señor… saco señor; que Alberto Fernández tuvo durante la cuarentena…”.

Y continuó: “No me vengan ahora a hablar de los supuestos abusos de Alberto Fernández… Se sentaban todos juntos todos los días a la tarde, a darnos clases de cómo tenías… ¿qué te pasa Iglesias? Ah, sí, porque vos te borraste… Porque vos te borraste… El único que vino es Waldo Wolff. Vos te borraste, vos sos un cagón”.

Más tarde Iglesias le contestó: “Me han dicho cagón. Me ha dicho cagón alguien que ni siquiera me puede mirar a la cara mientras le estoy contestando. Le contesto a la diputada que me dijo cagón que este cagón en el año 2008 fue uno de los diez diputados que denunció penalmente al Gobierno kirchnerista por lo que era: una asociación ilícita. Éramos 10 diputados de la Coalición Cívica que seguíamos la denuncia de Carrió preparada por la diputada Paula Oliveto, y entre ellos estaba yo y estaba Patricia Bullrich. Y no estaban muchos de los que ahora abren la boca”.

“Este cagón fue el que firmó la denuncia contra el kirchnerismo sabiendo las consecuencias de eso cuando casi todo este país era kirchnerista. No sé dónde estaban los que hoy me dicen cagón a mí”. Y este cagón también fue el que se bancó por ejemplo a la patota de D’Elía cuando empezó el conflicto con el campo”.

Se llevó a cabo este martes el tercer mega plenario de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; Acción Social y Salud Pública; Comunicaciones e Informática; Legislación Penal; y Familias, Niñez y Juventudes para ampliar el debate sobre la problemática de las ciberapuestas y la ludopatía con la idea de avanzar hacia una legislación regulatoria.

En esta jornada, expusieron autoridades de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR), especialistas que abordaron la problemática desde la psicología y la psiquiatría, estudiantes de secundaria y el hermano del exfutbolista Javier Mascherano, en calidad de coordinador en la Aprecod y persona recuperada de las adicciones.

En el cierre de la reunión, la presidenta de la comisión cabecera Mónica Frade anunció que en los próximos días va a confirmar una nueva reunión informativa para el tratamiento de este tema. También, mencionó que remitirá una carta de invitación para participar del próximo encuentro a representantes de los equipos de futbol de Primera División y a las federaciones de box, tenis, futbol, golf, rugby y básquet.

Los expositores

Por el SEDRONAR, estuvieron presentes Facundo Prietto, jefe de Gabinete del organismo; y la subsecretaria de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas, Silvia Pisano, quien sugirió “trabajar fuertemente en la prevención con profesionales de distintos ámbitos con campañas de prevención, y trabajar para la erradicación de la publicidad en niños, niñas y adolescentes”.

Señaló, además, que se investigue con evidencia científica de calidad y evidencia y articulación con el saber universitario”. Asimismo, propuso la creación de una línea 140 de ayuda para abordar la consulta a los familiares sobre tratamiento terapéutico y comunitario, y cerró que “no lo estamos poniendo como patología y se trata de un consumo problemático”.

De forma virtual, Luciano Monchiero, magíster en investigación sobre ciber-crimen, amplió el debate sobre esta legislación y afirmó que tendrá “un impacto más grande con la Ley de Protección de Datos para que la ley de ludopatía tenga mejor soporte”. “El marco integral es la protección de los datos de los niños y adolescentes porque en muchos casos, el ingreso es con datos ficticios o ayuda de mayores”, sumó.

“La adicción es una enfermedad del cerebro y es crónica porque produce deterioro cognitivo, y si no lo atajamos a tiempo es irreversible”.

La tercera expositora fue la médica psiquiatra Silvina Gobbi, quien diferenció al juego normal como actividad de goce, placer y satisfacción, pero remarcó que la ciberludopatía “ha hecho que se inmerge en nuestros jóvenes”. De igual modo, aportó que “el inicio es a los 12 años, y repercute a los individuos y a terceros”.

No obstante, Gobbi afirmó que “la adicción es una enfermedad del cerebro y es crónica porque produce deterioro cognitivo y si no lo atajo a tiempo es irreversible”. Asimismo, enfatizó que “los consumos no son problemáticos, digamos las cosas por su nombre, son consumos adictivos”.

“Deberíamos considerar a quienes venden esto como narcotraficantes”, reiteró la especialista en psiquiatría. “No es una respuesta ante un mundo hostil y la persona además de volverse esclava a la conducta de la sustancia padece trastornos de adicción y alimentación”, concluyó.

Luego, Clara Guadalupe y Franco Medrano, alumnos de escuela secundaria, coincidieron en que se debe “concientizar y difundir la importancia en las escuelas”. También, mencionaron como parte del problema a las empresas que publicitan en camisetas de futbol.

En quinto lugar, expuso el politólogo Ariel Parajon quien explicó que “el celular puede más que lo puede nuestro cuerpo y por eso, queremos estar en más de una conversación a la vez”. En ese sentido, amplió que “hay una sociedad atravesada por la angustia, la ansiedad y la precariedad de la vida”.

Por otro lado, trajo a debate el contexto post-pandemia y al ASPO como factor que “aceleró la digitalización del capitalismo”. A su vez, propuso como una solución “crear el derecho a la desconexión porque sería algo saludable”, pero advirtió que para eso “hace falta un Estado presente y un Estado que regule y más presupuesto en salud mental porque esta es una problemática de salud mental”.

El columnista en tecnología de TN Julio López puso el foco en la supervisión de los padres y cuestionó: “Debemos preguntar sobre la responsabilidad de los influencers y sobre la publicidad en la Selección Argentina y los clubes de Primera División”. Aportó a la legislación en cuestión, “garantizar que sitios regulados tengan medición de audiencia en tiempo real para tener un radar y un monitor para saber cuándo crece y cuándo hay un desvío en la atención de la gente” porque “no medimos las horas que pasan con la tecnología, sino que medimos las que pasan con la realidad”, aseveró.

La anteúltima exposición estuvo a cargo de Sebastián Mascherano, coordinador en la Aprecod (Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento de las Adicciones de Santa Fe. Quien relató sus vivencias personales con las adicciones y remarcó: “La enfermedad sale por la boca, hay que empezar a hablar”.

Asimismo, planteó que “las drogas llegaron porque son un gran negocio y llenan vacíos y nadie consuma porque le gusta”. En el cierre, contó: “Me enfermé con el casino, perdí 300.000 dólares”, y cerró: “En la ruleta y en el póker veía una forma de drogarme sin sustancias porque hay muchas formas de drogarse y hoy está al alcance como un caramelo”.

El último expositor fue el psicólogo Gonzalo Sanguinetti, quien diferenció los términos “juego” y “consumo”, aportó: “Nos encontramos con un síntoma digital con una problemática de orden cultural ¿Por qué infancias y adolescencias juegan a ganar plata? ¿Jugar a ganar plata es una escena lúdica?”, y concluyó: “El problema no es jugar, el problema es que hemos confundido jugar con apostar y consumir”.

No es un tema nuevo, pero sí creciente. Tanto que ha motivado que este año la Cámara de Diputados se haya abocado de lleno al análisis del tema, al punto tal que en lo que va del año se han desarrollado ya cinco reuniones de comisión para debatir los proyectos que existen sobre esta cuestión. Como así también  se han involucrado cuatro comisiones, lo que da cuenta de la importancia que le están dando los legisladores nacionales al problema de la ludopatía y el creciente negocio de las ciberapuestas.

Y tal es la atención que el asunto ha generado en el ámbito legislativo que los múltiples proyectos que existen sobre el mismo están siendo analizados en el marco de plenarios. Lo cual indica que hay una decisión política de buena parte de los legisladores de dar los pasos necesarios para avanzar en una legislación que intente al menos poner en caja la industria del juego y las apuestas. Un negocio que crece de manera exponencial, como ya veremos a lo largo de este informe.

Autora del primer proyecto presentado en esta materia de los que tienen estado parlamentario, la diputada Marcela Campagnoli contó de qué manera se involucró de manera personal en este debate. Ella trabaja desde hace bastante tiempo con el tema de salud mental y sobre ese tema participó el año pasado de una reunión del Consejo Social en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el mismo era presidido por Cynthia Hotton, junto con las integrantes de La Madre Marcha, una entidad que preside Marina Charpentier, mamá del músico Chano, que se ocupa de ayudar a las familias y busca cambiar algunos artículos de la Ley de Salud Mental vigente. “Ahí alguien me comentó lo que estaba pasando con el tema de las ludopatías”, recordó, para admitir que advirtió que el problema también lo involucraba.

Su hijo menor, de poco más de 20 años, solía estar pegado al celular y ante su consulta minimizaba la situación argumentando que si bien estaba haciendo apuestas online, debía quedarse tranquila pues era “poca plata”. “Sí, poca plata, ¿pero cuántas veces?”, replicó, recordando que solía verlo así. Eso que para entonces era una adicción creciente, pudo ser controlado. “El abandonó el juego y pudo ser ejemplo para sus amigos”, recuerda la diputada de la Coalición Cívica, que a partir de su experiencia personal presentó su primer proyecto para restringir las apuestas online. “Porque empecé a prestar atención y era un bombardeo constante de publicidad, no solo en el colectivo, el subte, la tele y las camisetas de fútbol, sino que yo me metía en el diario online y aparecían diez segundos de publicidad”, comentó a Parlamentario, detallando que en esa publicidad se ofrecen bonos de recompensa para quien se registre y pueda empezar a apostar con esos bonos, que previsiblemente son los que generan después la adicción.

“Porque vos primero jugás con eso y después tenés que jugar con la tuya”, ejemplifica Campagnoli, que lo habló con psicólogos advierten que la pantalla está diseñada de modo tal que pueda capturar la atención sobre todo de los más jóvenes, que son los más vulnerables. El placer se genera por el solo hecho de jugar; no importa si uno gana o pierde; el valor es estar allí, jugando. No importa si el equipo de fútbol al que uno apuesta está ganando o no, sino que el placer irresistible está puesto en apostar.

Decíamos que el problema de la ludopatía no es nuevo. En el Congreso hay 158 proyectos sobre el tema, siendo el más antiguo el que en abril de 2005 presentó el diputado peronista fueguino Miguel Angel Baigorria para crear el Régimen de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía. Un mes después, el entonces senador Miguel Angel Pichetto presentaba un proyecto para modificar el inciso 1 del artículo 152 bis del Código Civil, sugiriendo la inhabilitación judicial de los ludópatas. Una condición que antes se limitaba a “los ebrios habituales” y a “los consumidores de estupefacientes”.

Pero ya en 2014 un grupo de diputados de Unen organizó una jornada sobre el juego y la ludopatía en Diputados, denominado “El juego, la ludopatía, las apuestas online en el deporte y sus implicancias sociales”. Entre otros, participaron de ese evento Margarita Stolbizer y los entonces diputados Virginia Linares, Ricardo Cuccovillo, Gabriela Troiano, Marcelo Díaz, Ricardo Vago y Miguel Bazze. También estuvieron presentes los periodistas Federico Poore y Ramón Indart, que expusieron sobre su libro “El poder del juego”. Por entonces, Stolbizer señalaba que “la ludopatía no reconoce clases sociales, pero es en los barrios de sectores más vulnerables, donde proliferan las salas de juego. La provincia de Buenos Aires es una sala a juego a cielo abierto”.

Los periodistas Poore e Indart señalaron que el negocio generaba 125 mil millones de pesos (cifra del 2013) y eso equivalía entonces a la recaudación de impuestos del Gobierno nacional durante un mes y medio. También señalaron que según su investigación las salas en todo el país ascendían entonces a 502 y que el tesoro de la actividad estaba en las tragamonedas, permitidas a partir de 1998. Ambos coincidieron con el resto de los expositores, en que no soluciona prohibir el juego, sino que se lo debe controlar, reordenarlo. Dando reglas, dosificando la oferta y considerando las consecuencias que trae en la población vulnerable.

También hubo testimonios de miembros de ONGs que atienden a los adictos. Se refirieron a las circunstancias emocionales de quienes caen en estas conductas y las consecuencias en su grupo familiar Señalaron que la proliferación de salas atentaban contra la red social. El bingo, es un “no lugar”, que contribuye a la ruptura de los lazos con la familia y con el resto de la sociedad. El Estado y las empresas deben asumir su parte de la responsabilidad. Por último, hubo una referencia a la publicidad: “Debe ser una actividad tolerada, pero no promovida”. Y hubo un capítulo para los juegos online, apuestas no reguladas que iban adquiriendo protagonismo.

Esto se hablaba hace exactamente una década. Hoy ya no hay que desplazarse hasta el casino o el bingo: alcanza con encender el celular. “No hay actividad que crezca al 150% anual”, advierte el diputado de UP Rogelio Iparraguirre, vicepresidente segundo de la Comisión de Prevención de Adicciones, quien pone la lupa en otras cifras que grafican el auge del juego: “De las empresas legales, la número 1 invirtió en publicidad en 2022 16,5 millones de pesos; en 2023, 948 millones. Y en 2024 proyecta invertir 7.500 millones de pesos”.

El fenómeno es mundial. Un informe Global Online Gambling Market detalla que los juegos de azar online crecen a pasos agigantados, con una recaudación en 2020 de 65.316 millones de dólares; unos 87.910 millones en 2023 y se proyecta que para 2027 serán al menos 130.000 millones.

Media sanción en el Senado

El 8 de noviembre de 2018 obtuvo dictamen en la Comisión de Salud de la Nación un proyecto sobre prevención de la ludopatía, proveniente de la fusión de dos iniciativas presentadas por la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez y el jujeño Mario Fiad, cuyo objetivo era prevenir el juego compulsivo y ofrecer a las personas información para su ayuda. También regulaba las salas de juego de azar y casinos de manera tal que sean actores esenciales y coadyuven en la tarea de prevención. “La ludopatía tiene graves consecuencias individuales, familiares y sociales, que impactan en la persona, pero también generan ruptura de vínculos, depresión, pérdida de bienes y en muchos casos, hasta del trabajo”, precisó ese día Fiad, presidente de la Comisión de Salud, que agregó que “a nivel nacional el problema carece de un marco jurídico, y esta orfandad le resta visibilidad a la problemática que resulta una cuestión de salud pública”.

El 20 de marzo de 2019 el proyecto obtuvo media sanción. La iniciativa, que implementaba además una línea telefónica gratuita y la creación de un Registro Nacional de Autoexclusión, no fue tratado en Diputados y perdió estado parlamentario.

Un debate avanzado

Ex secretaria de Educación en Pilar, Marcela Campagnoli mantuvo un vínculo con docentes y rectores de colegios que la convocaron a charlar sobre el tema, al haber detectado que los chicos no estaban yendo al comedor. Cuando consultaron a los padres, ellos dijeron que les transferían todos los días a la billetera virtual dinero para el comedor. “Ahí yo digo: ‘Follow the money’… y este dinero iba a las apuestas, no iba al comedor”, cuenta la diputada de la Coalición Cívica, que fue convocada para dar charlas en colegios sobre este tema.

“Yo siempre digo que los padres somos autoridad, no somos pares; también tenemos que ponerles un horario de pantalla… decirles que tienen que bajar a cenar, que no pueden quedarse en el cuarto. Hay un montón de cosas que uno tal vez ha naturalizado, y nosotros como padres tenemos una responsabilidad para que esto no se transformen un juego compulsivo -señaló Campagnoli a Parlamentario-. ¿Porque qué es lo que le pasa al ludópata? Empieza a aislarse, engaña, miente… Porque necesita conseguir dinero; piensa que le va a ganar al juego y sigue apostando, pensando que va a recuperar lo que perdió”.

La diputada habla de casos de chicos con mucha depresión, porque empiezan a aislarse de sus hábitos saludables, de su entorno, de sus familias. Mienten y la mentira los lleva a aislarse y hay casos de jóvenes que se han quitado la vida porque no han podido sostener ni la mentira ni las deudas que les generan no solo las apuestas legales, sino también las ilegales, que han crecido mucho.

La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside Mónica Frade (Coalición Cívica – Buenos Aires), anunció el 14 de mayo pasado la realización de una serie de reuniones informativas para tratar el tema del juego online. “Es un tema que está quebrando a las familias y adolescentes. Es un problema que corroe silenciosamente a las familias”, señaló Frade.

En esa oportunidad, y de cara al debate por delante, el presidente del bloque Unión Federal, Germán Martínez, pidió atender una cuestión administrativa como era la de los giros de los proyectos sobre apuestas online, pues se hacían a numerosas comisiones. Por eso recomendó que cuando arrancara el debate se hiciera una tarea administrativa para ordenar y agilizar el mismo. “Lo vamos a hacer”, garantizó Frade. “Incluso vamos a hacer reuniones conjuntas con otras comisiones para avanzar rápido con eso”.

Y así se hizo, pues se realizaron tres reuniones más, dos de ellas a modo de plenario, con la participación, además de Prevención de Adicciones, de Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática y Legislación Penal. Durante el primer encuentro celebrado por esas comisiones, Karina Banfi pidió sumar a la Comisión de Familias, premisa en la que también insiste Marcela Campagnoli, porque le parece que “es fundamental que esté en este plenario. Me dicen que son demasiadas, no dictaminás nunca… Pero bueno, bajemos alguna, es importante que esté familia… Todos te hablan de temas de familias: del hijo, del padre, del marido… que quebró la familia… Así que sí o sí tiene que estar esa comisión”.

Con ese diagnóstico coincide la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, pero suma también a la Comisión de Educación, porque “los más perjudicados y vulnerables son los niños”.

No obstante difícilmente haya un cambio en ese sentido. Respecto de la Comisión de Familias, Mónica Frade señaló a este medio que “ellos tienen segunda competencia. Nosotros ya estamos trabajando desde el inicio 4 comisiones juntas, así que luego el dictamen pasará a la Comisión de Familia”.

El 28 de mayo, la Comisión de Prevención de Adicciones realizó una nueva reunión en la que expusieron los autores de las iniciativas puestas a consideración. Al cierre del encuentro, Frade expresó: “Vamos a sacar una ley buena que nos va a representar a todos pateando el hormiguero que hay que patear, y los clubes de fútbol también tienen mucho que explicar sobre esto”.

La diputada de Unión por la Patria Constanza Alonso alertó: “Esto está calando muy profundo, es una preocupación en las instituciones educativas y deportivas. Las autoridades se nos acercaron a contarnos que chicos de 14 o 15 años apostaban en el aula”.

“Es una problemática que no tiene mucha difusión entre los adultos, pero entre los chicos ha penetrado muy fuerte y en todos los grupos de jóvenes del país hay alguien que está apostando con distintos niveles de problemas”, señaló y sumó que los casinos y las apuestas “hoy están en todos lados. Antes había un límite de edad de 18 años y de horarios, pero ahora está al alcance de todos y con un clic al entrar a las plataformas legales e ilegales que no tienen ninguna restricción para su acceso”.

Alonso detalló que en Argentina 7 de cada 100 personas tienen problemas de ludopatía y alertó que “es la única cifra oficial y no hay aún cifras oficiales sobre la ciberludopatía infanto-juvenil”.

“El proyecto que presentamos es muy prohibitivo porque buscamos una restricción total de la publicidad en todos los medios de comunicación, tanto visuales como plataformas. Esto está muy extendido incluso en el fútbol hay publicidades en los clubes de fútbol. Esto tiene que ver con la salud mental de los jóvenes por la naturalidad que dan las publicidades y tenemos que regularlo y el Estado tiene que tener algo para decir”, explicó y precisó que “las violaciones a la ley sean sancionadas con multas y con suspensiones de licencias de las casas de apuestas online”.

A su turno, la radical Marcela Antola planteó que “el diagnóstico en las escuelas es fundamental, hay que tratar el tema porque los chicos cada vez en edad más joven se dedican al juego y a las apuestas online”.

El pampeano Martín Maquieyra (Pro) comentó: “En el proyecto legislamos con respecto a las apuestas en general, planteando todas las edades, abordando el tema con campañas de concientización en medios, con la creación de una línea telefónica, con un registro de autoexclusión”.

“Los proyectos son muy buenos, han tocado todo el espectro y tenemos una gran oportunidad. En la parte de ilegalidad nuestro Código Penal solo tiene una regulación que es deficitaria en el art. 301 bis”, analizó el bonaerense Ramiro Gutiérrez (UP), en tanto que la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá opinó: “Acá el primer problema es que hace poco habilitaron entre otras cosas las apuestas deportivas online. Todos los gobiernos han ido habilitando primero los casinos, luego los bingos, por el enorme negocio que esto significa”.

El 11 de junio pasado, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que preside la radical Roxana Reyes, realizó su propia reunión informativa para analizar el auge de la ludopatía en niños y adolescentes. Es un flagelo que “está atravesando y está creciendo sobre todo en niños, niñas y adolescentes y demanda urgentemente que el Congreso comience a tratarlo y dar una respuesta”, alertó la diputada santacruceña.

Gabriela Brouwer de Koning puso énfasis en la falta de estadísticas oficiales sobre el tema, pero destacó hay algunas consultoras que se han abocado al tema, revelando “datos son alarmantes”. Según la consultora Opina Argentina, 3 de cada 10 personas en el país conoce a alguna persona de su entorno social que está siendo afectado por la ludopatía y menciona que la cifra de participación de niños y adolescentes trepa al 16% y la mayoría coincide en que el Estado debería regular la publicidad y las ciberapuestas.

“El 39% habla de una prohibición, el 38% habla de regular, pero quiere decir que 6 de cada 10 se muestran a favor de que el Estado esté presente y genere las herramientas legales y tenga un rol clave el Congreso de la Nación”, informó la cordobesa.

“Los médicos hablan de que la ludopatía para que una persona pueda salir adelante tiene que hacer un mismo tratamiento que las personas que tienen adicciones con sustancias o alcohol, por ende, es un tema de salud pública muy grave y por eso tiene que estar el Estado nacional porque es la única manera de que las personas se inserten en centros especializados”, explicó Brouwer de Koning y sumó que su proyecto busca un abordaje integral que tiene que estar asociado a la Ley de Consumo problemático y de Salud Mental.

Por otro lado, resaltó que hay 14 provincias que regulan el juego online, pero cuestionó que “muchas de esas regulaciones son poco claras que no abordan de manera tajante las consecuencias del problema”.

Aldo Pablo Dománico, psicólogo clínico especialista en entornos digitales, sostuvo “la necesidad de fortalecer a los adultos referentes”, para que puedan “enseñarles a los chicos a navegar en los entornos digitales”. “Cualquier juego tecnológico, sea apuesta o no, es problemático para la infancia porque fue pensado por un mercado que sólo busca ganar dinero”, puntualizó.

Desde la Fundación Proyecto Padres, Pía del Castillo, aseguró que “hoy, las pantallas están siguiendo la misma trayectoria que han tenido el tabaco y el alcohol”. Además, indicó que, aunque no hay cifras oficiales, las investigaciones muestran que “el uso precoz de las pantallas daña el cerebro de nuestros hijos”. “Tenemos que retrasar su uso para evitar la ludopatía”, especificó.

Paula Wachter, directora de Red por la Infancia analizó los distintos enfoques que tienen las legislaciones a nivel mundial. “La falta de alfabetización digital de los adultos es un factor de riesgo para nuestros chicos”, destacó e hizo un llamado a la creación de una legislación para erradicar la ludopatía infantil. “Necesitamos una legislación armoniosa que interconecte todas las redes que puedan combatir este problema,” enfatizó Watcher.

La diputada Silvana Giudici (Pro) se refirió al proyecto de su autoría y en ese sentido, señaló: “El 95 por ciento de la franja etaria (15 a 17 años) tiene acceso a Internet”. “El enfoque de mi iniciativa se orienta a las comunicaciones: limitar la publicidad indiscriminada de las plataformas de juegos online y que empezar a trazar un camino porque los estímulos publicitarios tienen que ver con un incremento de la conducta”, detalló.

Por otra parte, desde Unión por la Patria, la diputada Micaela Morán afirmó que el proyecto de ley que presentó sobre ludopatía infantil apunta a “modificar el Artículo 301 bis del Código Penal”, con el objetivo de “agravar la punibilidad cuando exista la intervención de un menor en un juego, legal o ilegal”.

El trabajo en el plenario

Ese mismo 11 de junio el tema comenzó a ser abordado en el marco de un plenario en el que además de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico participaron Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática y Legislación Penal. Ese día expusieron más de una decena de especialistas, y en ese marco el exdiputado nacional Gabriel Mraida -actual ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA-, llamó a la ludopatía online “pandemia silenciosa”.

Afirmó que “hay preponderancia en el AMBA y en estratos socioeconómicos más bajos, hubo un aumento en el componente ilegal y existen 11,4 millones de argentinos registrados en casinos virtuales”. “Antes la esquina representaba el lugar de consumo, hoy es el sillón de la casa”, expresó.

El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, hizo hincapié en la atracción a través de la publicidad vía redes sociales y señaló que la problemática se inicia con la posibilidad de registrarse en billeteras virtuales a una temprana edad, 13 años.

Del mismo modo, apuntó contra el contenido de la red social Instagram como “la principal fuente de invitación a menores sobre el juego para empezar a participar”. Señaló, en tal sentido, que las publicidades son “atractivas con el diseño sobre estética publicitaria”, y afirmó que “el 30% de los jóvenes apuestan más de dos veces por semana”.

Por otro lado, amplió, a través de una serie de diapositivas, que las principales firmas de apuestas online han invertido más de 11 millones de pesos en publicidad desde el 2021. También, relacionó el comienzo de la problemática a que “hay un celular por persona y la utilización comienza en los ocho años”.

Uno de los miembros de la Cámara Argentina Fintech, Santiago Serra, habló del mecanismo que rechaza las inscripciones de menores de edad en sitios web de apuestas online: “Se detectan los concentradores porque son personas mayores de edad que reciben muchas trasferencias y luego las depositan en sitios web de casas de apuestas”.

A modo de testimonio personal, el tenista Nicolás Kicker relató una vivencia que atravesó en el pasado con relación a las casas de apuestas: “Fui a un torneo en Barranquilla y había tenido contacto con apostadores que me ofrecían plata por perder partidos”.

Y agregó: “Mi carrera no iba bien y cuando me volvieron hacer el contacto, acepté la propuesta. Me dejé ganar el partido porque me ofrecían mucho más dinero del que hubiese ganado si salía campeón del torneo”. “El camino fácil salió mal”, expresó el deportista tras relatar que fue procesado por la justicia por lo ocurrido en esa ocasión.

En representación del Faro Digital, Milagros Schroeder, se refirió a la problemática a partir de las adolescencias y remarcó que “es en el ecosistema de las redes sociales, a través de influencers, que los jóvenes son atraídos al mundo del juego”. En esa línea, manifestó que “es esencial reconocer que somos vulnerables a explotar nuestras debilidades”, y añadió que “la ludopatía es una emergencia social”.

Especialista en Adicciones, el psicólogo Claudio Grecco llamó a la problemática de las ciberapuestas como “pandemia narco tecnológica”, y explicó que “la ciberludopatía tiene un marketing científico porque es el entrenamiento para ganar y luego perder”.

“Nadie pierde al principio y el cerebro reconoce el estímulo de ganar”, agregó Grecco, quien sugirió que “la ciberludopatía y el consumo problemático de sustancias deben ser políticas de Estado”. “Los jóvenes apuestan en pijama desde la cama y un cerebro entrenado es un cerebro compulsivo”, cerró.

El columnista en tecnología del canal TN Julio López amplió que “el juego regulado es todo lo que ocurre en los dominios Bet.Ar, que significa visibilidad buena, y el juego no regulado son los chicos jugando en las redes sociales”. En tal sentido, mencionó la relación de la difusión del juego por medio de los influencers y propuso copiar medidas españolas respecto a no realizar contenido audiovisual vinculado al juego, ni tampoco instructivos que tengan relación.

Estuvieron invitados al megaplenario un integrante de un cuerpo docente de una escuela secundaria de Quilmes y algunos estudiantes. El docente relató una experiencia sobre un alumno que reconoció “estar en la timba”, y luego le confesó al profesor que “dejé porque al principio ganaba y después perdí todo”.

Del mismo, los alumnos exigieron “empezar a contrarrestar la publicidad silenciosa”, y afirmaron que los jóvenes son atraídos para trabajar como cajeros de casino abiertos a los 15 años. “Amigos y conocidos en algún momento apostaron o apuestan”, aseveró una joven.

Por último, jóvenes integrantes de Chicos Net, una ONG que promueve los derechos del niño, niñas, adolescentes y jóvenes en entornos digitales, detallaron que la problemática nace muchas veces en “los problemas socioeconómicos donde a las familias no les alcanza la plata, por ende, no alcanza la mensualidad para los chicos y el juego parece que sea una salida fácil”.

Y un día apareció el VAR

Durante una de las jornadas realizadas en Diputados, intervino Víctor Lupo, dirigente del Movimiento Social del Deporte, que habló de una “triada” de herramientas fundamentales para lograr sus “nefastos objetivos”. Hablaba de las Sociedades Anónimas Deportivas, el juego online y el VAR. Sobre este último dijo que ese elemento “que venía a imponer justicia en el fútbol, parece que solo llegó para alentar las apuestas online. Especialmente cuando vemos las grandes demoras de tiempo para verificar una sanción… y que esto coincide casualmente con la suba del volumen de apuestas que se realizan”

Cómo sigue

Entrevistada por Parlamentario, la diputada Mónica Frade anticipó que el 9 de agosto se realizará una última reunión informativa de las cuatro comisiones que están trabajando de manera conjunta. Paralelamente informó que “nos estamos reuniendo con loterías, con billeteras virtuales. Estamos interiorizándonos de los avances que están haciendo en sus respectivas áreas, y vamos a tratar de consensuar un dictamen único”.

Se sigue trabajando y ha habido reuniones con representantes de Mercado Libre, quienes contaron haber bloqueado a 12 mil jóvenes que intentaron mandar dinero a apuestas online, como así también detectaron algunos sitios ilegales. Los menores, a partir de los 13 años pueden tener una billetera virtual con autorización de los padres.

“Hay muchos denominadores comunes respecto a la publicidad, respecto a las alertas que hay que adoptar y mecanismos y filtros para los menores”, agregó.

Negó haber recibido presión de algún tipo de lobby y consideró “muy importante haber escuchado y estar escuchando a todos los sectores que participan en este tema. Incluso ludópatas, chicos que en tiempo real nos cuentan cómo es la experiencia, así que esto nos da un acabado panorama no solo de la gravedad de la situación actual, sino de lo que habría que incorporar en una norma para tratar de prevenir el juego clandestino y desincentivar también las apuestas online del juego legal, por supuesto”.

La idea de los legisladores es dictaminar este año, para que pueda pasar al Senado. En líneas generales, todos los legisladores apuntan a lo mismo: a controlar el juego compulsivo. ¿De qué manera? Con concientización, restringiendo la publicidad y los medios de pago. Todos coinciden en que tiene que haber un registro biométrico de la persona, para estar seguros de que el que apuesta no sea un menor. Así y todo, por más que el que juega sea un adulto, que la sesión online se pueda cerrar y el que apuesta pueda tener alertas sobre el tiempo que lleva en pantalla.

Todos coinciden también en que no puede haber publicidad en el deporte; no puede haber influencers. Que no haya publicidad asociando las apuestas online con el deporte. Eso es a grandes rasgos en lo que todos coinciden.

El pasado 3 de julio fue presentado un proyecto de declaración expresando el reconocimiento a las autoridades del club Vélez Sarsfield, que dio de baja un contrato millonario de publicidad de apuestas online en sus camisetas. El proyecto fue encabezado por Marcela Campagnoli, pero lo firmaron también miembros de UP, el Pro, La Libertad Avanza. “Fue bien transversal”, remarcó la autora, que agregó que “justamente lo presentamos para demostrar que estamos todos metidos en el objetivo de combatir esto que es perjudicial para los jóvenes, pero también para adultos, y así como pasó con el tabaco, queremos que pase con las apuestas online”.

El plenario de comisiones entre Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática y Legislación Penal se reunió este martes para ampliar el debate sobre la temática de ciberapuestas y ludopatía con la exposición de más de una decena de especialistas.

En el comienzo la titular de la comisión cabecera - Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico-, la diputada nacional Mónica Frade (CC – Buenos Aires), anticipó que “las estrellas van a ser los expositores, no nosotros”. A su vez, le dio lugar a Karina Banfi (UCR – Buenos Aires), quien pidió incluir a la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes para trabajar en un proyecto integral.

El primer expositor fue el exdiputado nacional Gabriel Mraida –actual ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA-, quien a través de una diapositiva llamó a la ludopatía online como “pandemia silenciosa”, y afirmó que “a diferencia de otros consumos problemáticos tiene rasgos de abordajes singulares”.

Presentó, también, que “hay preponderancia en el AMBA y en extractos socioeconómicos más bajos, hubo un aumento en el componente ilegal y existen 11,4 millones de argentinos registrados en casinos virtuales”. “Antes la esquina representaba el lugar de consumo, hoy es el sillón de la casa”, expresó.

El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, hizo hincapié en la atracción a través de la publicidad vía redes sociales y señaló que la problemática se inicia con la posibilidad de registrarse en billeteras virtuales a una temprana edad, 13 años.

Del mismo modo, apuntó contra el contenido de la red social Instagram como “la principal fuente de invitación a menores sobre el juego para empezar a participar”. Señaló, en tal sentido, que las publicidades son “atractivas con el diseño sobre estética publicitaria”, y afirmó que “el 30% de los jóvenes apuestan más de dos veces por semana”.

Por otro lado, amplió, a través de una serie de diapositivas, que las principales firmas de apuestas online han invertido más de 11 millones de pesos en publicidad desde el 2021. También, relacionó el comienzo de la problemática a que “hay un celular por persona y la utilización comienza en los ocho años”.

Uno de los miembros de la Cámara Argentina Fintech, Santiago Serra, mencionó al mecanismo que rechaza las inscripciones de menores de edad en sitios web de apuestas on line: “Se detectan los concentradores porque son personas mayores de edad que reciben muchas trasferencias y luego las depositan en sitios web de casas de apuestas”.

A modo de testimonio personal, el tenista Nicolás Kicker relató una vivencia que atravesó en el pasado con relación a las casas de apuestas: “Fui a un torneo en Barranquilla y había tenido contacto con apostadores que me ofrecían plata por perder partidos”.

Y agregó: “Mi carrera no iba bien y cuando me volvieron hacer el contacto, acepté la propuesta. Me dejé ganar el partido porque me ofrecían mucho más dinero del que hubiese ganado si salía campeón del torneo”. “El camino fácil salió mal”, expresó el deportista tras relatar que fue procesado por la justicia por lo ocurrido en esa ocasión.

En representación del Faro Digital, Milagros Schroeder, se refirió a la problemática a partir de las adolescencias y remarcó que “es en el ecosistema de las redes sociales, a través de influencers, que los jóvenes son atraídos al mundo del juego”. En esa línea, manifestó que “es esencial reconocer que somos vulnerables a explotar nuestras debilidades”, y añadió que “la ludopatía es una emergencia social”.

Especialista en Adicciones, el psicólogo Claudio Grecco llamó a la problemática de las ciberapuestas como “pandemia narco tecnológica”, y explicó que “la ciberludopatía tiene un marketing científico porque es el entrenamiento para ganar y luego perder”.

“Nadie pierde al principio y el cerebro reconoce el estímulo de ganar”, agregó Grecco, quien sugirió que “la ciberludopatía y el consumo problemático de sustancias deben ser políticas de Estado”. “Los jóvenes apuestan en pijama desde la cama y un cerebro entrenado es un cerebro compulsivo”, cerró.

Luego, el columnista en tecnología del canal TN noticias, Julio López, amplió que “el juego regulado es todo lo que ocurre en los dominios Bet.Ar, que significa visibilidad buena, y el juego no regulado son los chicos jugando en las redes sociales”.

En tal sentido, mencionó la relación de la difusión del juego por medio de los influencers y propuso copiar medidas españolas respecto a no realizar contenido audiovisual vinculado al juego, ni tampoco instructivos que tengan relación.

Luego, Sebastián Bortnik, socio de TecnoKids, comparó a las ciberapuestas con lo que ocurre en la ciudad estadounidense de Las Vegas: “Ves en los pasillos del aeropuerto máquinas tragamonedas con gente jugando y en 2022 anunciaron que habían llegado a la recaudación de mil millones de dólares”.

En esa línea, agregó: “Imagínense eso en el colegio porque los chicos se pasan el recreo jugando en esas maquinitas y apuestan el dinero que era para el almuerzo”. “El celular, las aplicaciones y las redes sociales convirtieron a todos en adictos porque a todos nos cuesta cortar con el celular y sentimos que nos cuesta dejarlo”, enfatizó Bortnik.

Estuvieron invitados al megaplenario un integrante de un cuerpo docente de una escuela secundaria de Quilmes y algunos estudiantes. El docente relató una experiencia sobre un alumno que reconoció “estar en la timba”, y luego le confesó al profesor que “dejé porque al principio ganaba y después perdí todo”.

Del mismo, los alumnos exigieron “empezar a contrarrestar la publicidad silenciosa”, y afirmaron que los jóvenes son atraídos para trabajar como cajeros de casino abiertos a los 15 años. “Amigos y conocidos en algún momento apostaron o apuestan”, aseveró una joven.

Por último, jóvenes integrantes de Chicos Net, una ONG que promueve los derechos del niño, niñas, adolescentes y jóvenes en entornos digitales, detallaron que la problemática nace muchas veces en “los problemas socioeconómicos donde a las familias no les alcanza la plata, por ende, no alcanza la mensualidad para los chicos y el juego parece que sea una salida fácil”.

Para terminar, la titular de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico anunció que la próxima reunión informativa plenaria será el martes 25 de junio junto a más invitados y especialistas.

El presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, y su par de bloque Mónica Frade cuestionaron el acuerdo al que llegó el Gobierno con las empresas de medicina prepaga que pagarán los incrementos que hicieron en estos meses en 12 cuotas a partir del mes de julio.

A través de su cuenta de “X”, Ferraro apuntó: “EL ACUERDO DE LAS PREPAGAS ES PREOCUPANTE E INJUSTO. En enero cuando liberaron los precios se cartelizaron y aumentaron en exceso las cuotas afectando a millones de personas”.

“Finalmente el gobierno y las prepagas acordaron volver a desregular sin límite alguno desde el próximo mes y que las devoluciones de esos cobros en exceso se realicen a los usuarios en 12 cuotas. Donde no hay competencia hay abuso, y en el mercado de prepagas no hay libre competencia, los usuarios no son libres de entrar y salir cuando quieren de ellas”, manifestó.

Para Ferraro “es inaceptable que la Superintendencia de Servicios de Salud se desentiende de los ciudadanos que reclaman por sus casos.  Seguimos igual que en enero, vamos a insistir con tener una regulación adecuada de supervisión de los precios ex post. Es preocupante e injusto”.

En el mismo sentido, Frade se expresó: “¿No era que este gobierno garantizaba la propiedad? Se apropiaron ilícitamente del dinero de los afiliados, indefensos frente a eso y ahora deciden cómo y cuándo lo devuelven. Que lluevan acciones de amparo. No pueden disponer del dinero ajeno asi”.

La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside Mónica Frade (Hacemos Coalición Federal – Buenos Aires), realizará una serie de reuniones informativas para tratar el tema del juego online, mientras que desde Unión por la Patria se insistió con el planteo de dividir a esa comisión, para separar dos temas que estiman desde allí tienen características distintas.

Tras completar sus autoridades, al designar como vicepresidente segundo al diputado Rogelio Iparraguirre y en la Secretaría Tercera a Eduardo “Pipi” Alí, ambos de UP, la titular de la comisión mencionó la existencia de varios proyectos que tienen que ver con el juego online y la ludopatía. “Es un tema que está quebrando a las familias y adolescentes. Es un problema que corroe silenciosamente a las familias”, señaló, enfatizando la importancia de poder darle tratamiento al tema, sobre el cual adelantó que a partir del martes tendrán algunas sesiones informativas donde cada integrante de la comisión puede aportar quiénes quieren que expongan.

A propósito de eso, sobre el final del encuentro, que se extendió por espacio de una hora, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió atender una cuestión administrativa que tiene que ver con los giros de los proyectos sobre apuestas online, que como ya vienen reclamando desde esa bancada se hacen a numerosas comisiones. Por eso, el diputado santafesino le dijo a la presidenta de la comisión que el riesgo es que “cuando usted quiera arrancar (con el tratamiento de esos proyectos) dejemos afuera algunos autores de proyectos. Hay que hacer una tarea administrativa para que en la próxima reunión estemos ordenados”, e insistió en que “llaman mucho la atención los giros”.

“Lo vamos a hacer”, garantizó Frade. “Incluso vamos a hacer reuniones conjuntas con otras comisiones para avanzar rápido con eso”.

Tras ser ungido como vicepresidente, el diputado Rogelio Iparraguirre adelantó que presentarán por quinto año consecutivo un proyecto dirigido a la Comisión de Petición, Reglamento y Poderes para desdoblar “esta comisión”, y explicó: “Tenemos la mirada de que la atención y la prevención de las adicciones y el control y combate del narcotráfico son dos campos de naturaleza distintas y en muchos aspectos contradictorias. No solo atienden dimensiones muy diferentes, sino que además cuando tienen los puntos de contacto son de tipo contradictorios y no complementarios”.

“Depende mucho la coyuntura y los temas que emergen porque hay un año que esta comisión solo atiende lo que es adicciones y se solapan los temas y responsabilidades que tiene el Parlamento a lo que hace a la lucha y control del narcotráfico o viceversa”, argumentó.

Iparraguirre remarcó que la prevención de las adicciones “hacen al campo de la salud pública”, y planteó que “tiene que haber en el Congreso una comisión de control y combate al narcotráfico que dote al Gobierno de herramientas legislativas que hagan a la mejora en la lucha que es una verdadera emergencia”.

Por otro lado, se refirió a la situación del narcotráfico y planteó que “se ha demostrado a lo largo de los años que la oferta es elástica y la demanda inelástica. Hay un fracaso notorio y no se ha puesto la carga frente a esto, porque este Congreso tiene responsabilidad, en el aspecto patrimonial porque no hay narcotráfico si no hay negocio y acá tendríamos que poner el foco”, y precisó que de 10 pesos que se invierten en las fuerzas federales de Seguridad contra el narcotráfico, 9,50 es para los operativos y 0,50 centavos y “esto en los gobiernos anteriores” a los aspectos patrimoniales como lavado de activos.

Iparraguirre señaló que la comisión debería ser parte de la discusión del blanqueo de capitales de la ley Bases y comentó que el GAFI advirtió que “convierte a la Argentina en un paraíso fiscal y de lavado de activo de negocios ilegales”, y cerró: “Hay que trabajar en el aspecto patrimonial”, y criticó que vio “muy pocas iniciativas” que apunten en ese aspecto.

Frade respaldo la propuesta del diputado preopinante y afirmó que es autora de un proyecto que va en esa línea.

Al pedir la palabra, el diputado sanjuanino Walberto Allende (UP) pidió saber cómo quedó el rol del Sedronar “con este agrupamiento de instituciones y eliminación de ministerios porque fue un organismo que siempre tuvo problemas económicos. El interior depende mucho del CEDRONAR”.

Seguidamente, la jujeña Natalia Sarapura (UCR) destacó que “estamos frente a una potenciación de las políticas de seguridad. No es menor que esta comisión ponga foco sobre un equilibrio con los derechos humanos, con la no criminalización. No es menor poner un marco de reflexión del retiro del Estado en el territorio para los temas que nos toca trabajar como la prevención de adicciones porque es un tema delicado”.

“No podemos avalar el tema del retiro del Estado en temas tan sensibles. Es Sedronar saber cómo se va a garantizar la presencia de los servicios que hacía el SEDRONAR, queremos tener un escenario de qué se tiene pensado porque hay una mirada de servicios que el Estado debería realizar y cuáles no. Tenemos que poner sobre la mesa primero la presencia del Estado garantizando servicios que son elementales”, manifestó la radical.

Además, indicó que “la situación de pobreza hay que abordar y cómo está vinculada con la situación de adicciones en el territorio”, y resaltó: “En los últimos años hemos crecido en políticas públicas provinciales y tenemos que mirar el carácter federal para atender la situación de niños y jóvenes. Hay una serie de experiencia en las provincias hechas por los gobiernos provinciales para abordar la situación”.

“Ante el retiro o falta de presencia del Estado tenemos muchos espacios de abordaje de carácter comunitario que hacen asistencia o acompañamiento a jóvenes. El Congreso tiene que abrir las puertas a todos los actores involucrados para tener una agenda de carácter federal”, planteó y propuso abordarlo junto con los proyectos de ludopatía con actores de la sociedad civil.

Germán Martínez resaltó la necesidad de abordar la cuestión de la Sedronar y sostuvo: “Hay que convertir esta comisión de plataforma de intercambio de experiencias federales en torno al tema”.

“Soy de Rosario y está muy fragmentado el debate sobre lo que está pasando porque en cada comisión están debatiendo temas por separado, los giros son distintos, esta comisión no tiene participación en el tema siendo que tiene competencia. Hay que organizar los giros de los proyectos para verlo con toda la complejidad que tiene el tema porque no solo es una cuestión de seguridad”, remarcó.

Sobre las apuestas online, comentó: “Aparece muy fuerte el tema y acá hay muchos proyectos sobre eso. Hay un consenso amplio de que estamos frente a un problema y hay que abordarlo con seriedad y urgencia. Hay que hacer una invitación formal a las autoridades de la Sedronar para trabajar con algún intercambio federal”.

Frade aclaró que “empezar por la ludopatía no significa que no vamos a abordar el tema de narcotráfico, solo que empezamos por esto porque son los que están en la comisión y entraron en primera competencia. Vamos a hacer lo que podemos en el ámbito de esta comisión. Estoy convencida que este tema va a salir con consenso”.

A su turno, Carolina Gaillard expresó su preocupación porque se sabe que en el Ministerio de Salud se está evaluando modificar el decreto 438, que permitió que el Registro del Programa Cannabis (Reprocam) esté en funcionamiento. “Hay una iniciativa del ministerio de restringir el Reprocam para que sea para determinadas patologías… Sería un retroceso enorme para todo lo que se ha avanzado. Se pueden revisar algunas cuestiones, pero retroceder sería un error gravísimo”.

Por su parte, el diputado Daniel Gollán se refirió a la Ley de Salud Mental, que muchos quieren cambiar, y remarcó que la misma es “muy buena”. “Pero no nos compremos la ilusión de que cambiando la ley vamos a modificar la realidad, si no ponemos más recursos, los recursos que marca la ley”, advirtió. Respecto de las internaciones y la crítica que hay sobre el tema, el exministro de Salud bonaerense comentó que “los dos tercios de las intervenciones que realiza la Justicia en la provincia de Buenos Aires son involuntarias. El problema es que no hay lugar para poner a la gente, las obras sociales niegan y retacean las internaciones. No nos ilusionemos que cambiar la ley, si no hay más recursos, va a cambiar el problema”.

La diputada de Hacemos Coalición Federal Mónica Frade fue designada este miércoles como presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico.

En la vicepresidencia primera fue elegido el macrista Gabriel Chumpitaz; en la secretaría primera, la libertaria María Emilia Orozco; y en la secretaría segunda, la radical Marcela Antola. En tanto, la vicepresidencia segunda y la secretaría tercera, para Unión por la Patria, se reservaron.

Frade, de la Coalición Cívica, aseguró: "La aspiración de esta presidencia es poder hacer de esta comisión un actor principal, en un momento histórico que nos toca, que tiene que ver con la lucha que se ha emprendido contra el narcotráfico".

La bonaerense alertó que no sólo hay una problemática muy grande en Rosario, sino también "en provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa, que no está visibilizado". "La porosidad de nuestro país hace que nosotros tengamos en materia de narcotráfico una actividad muy intensa a través de los puertos y fronteras", continuó.

La legisladora afirmó que buscará "revitalizar la comisión, que es la manera de revitalizar el Congreso, al que se está castigando" y "trabajar transversalmente, sin ningún tipo de preferencia por ningún sector político".

"Va a ser mi impulso que esta comisión se contacte en los lugares geográficos donde nos necesitan, donde tenemos que interactuar con la Justicia, las fuerzas de seguridad y escuchar a las víctimas", completó.

Por su parte, Chumpitaz, oriundo de Rosario, expresó: "Para nosotros los rosarinos es muy importante la temática. Allá por 2019 denuncié la llegada de a guerra narco a la ciudad de Rosario. Desde aquel momento estamos dando discusión en todos los ámbitos que nos toca".

"La lucha contra el narcotráfico no es una lucha idealista, sino una lucha para la supervivencia nacional porque esto se puede derramar en todo el país", advirtió.

Desde UP, Carlos Castagneto resaltó que "sería muy importante que abordemos la parte presupuestaria del SEDRONAR, porque no es sólo la lucha contra el narcotráfico, sino la prevención. Las granjas (de rehabilitación) no están recibiendo los fondos".

Mientras que la radical Natalia Sarapura apuntó que "la disminución de la política social acrecienta los riesgos; el aumento de la desigualdad nos pone en un escenario de mayor complejidad y, sin duda, estamos en un momento que se hace necesario profundizar las acciones de seguridad y contención".

Decididamente opositor contra el Gobierno de Javier Milei, Héctor Daer, uno de los titulares cegetistas, salió a militar contra la ley ómnibus que trataría el Congreso esta semana, lanzando una amenazante advertencia contra los diputados que puedan llegar a apoyar al oficialismo.

En declaraciones a Radio Splendid, el secretario general expresó que “los dialoguistas no van a poder caminar por la calle” si apoyan al Gobierno con la ley de Bases. El dirigente dijo que “si van y entregan el Banco Nación, no van a poder caminar porque no es un tema de los trabajadores sino que generó las posibilidades de desarrollo de todo el país”.

Para Daer, “el debate de fondo es si se va a destruir un instrumento, que no es el mejor pero que existe, para la actualización de las jubilaciones y el tema de las privatizaciones. Me extraña que hoy en los medios lo único que quieran sacar de las privatizaciones es YPF”.

Desde el Congreso salieron a responderle. El presidente de la Coalición Cívica y miembro de Hacemos Coalición Federal, Maximiliano Ferraro, replicó: “Es realmente cínico ver cómo algunos sindicalistas millonarios se mantuvieron en silencio durante cuatro años mientras la inflación devoraba los ingresos de trabajadores y jubilados. Ahora, con el descaro de amenazar y exigir, es evidente que su prioridad es mantener sus lujosos estilos de vida, alejados de la realidad de aquellos que realmente sufren las consecuencias de sus acciones”.

“Hace tiempo dejaron de representar a los trabajadores, ya que su falta de acción demuestra una desconexión total con las necesidades y preocupaciones de quienes dicen representar”, agregó el legislador.

También desde la Coalición Cívica, Mónica Frade dijo que “si alguno dudaba de la posición equilibrada de Hacemos Coalición Federal, que no lo haga. Nos amenaza Javier Milei, un presidente sin Plan B...quizá sin ninguno, más que romper lo que anda bien. Nos amenaza también la cúpula de la CGT, a través de Daer (una buena noticia). País normal”.

A su vez, la diputada radical Karina Banfi tuiteó por su parte: “Nos presiona el Presidente, nos presiona la CGT. ¿Diagnóstico? Estamos bien encaminados dándole al Gobierno herramientas pero sin exceder los límites fijados por la Constitución y cuidando a los trabajadores que la CGT dejó a la deriva. CERO paros le hizo la CGT a Alberto...”.

A su vez, el exdiputado nacional Alvaro de Lamadrid lanzó: “Inaceptable el matonerismo de los gordos de la CGT, extorsionando a Diputados, URGE acabar con el negociado que los mantiene artificialmente en el poder. Soy autor del proyecto de democratización, modernización y transparencia sindical que va en esa línea”.

A su vez, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli retrucó: “Los que ya no pueden caminar por la calle son ustedes, Héctor Daer, que con vuestras prácticas cerraron empresas, creció el trabajo informal, y callados soportaron la merma del salario estos 4 años de alta inflación. Sigan de vacaciones en Miami”.

Desde el Pro, el diputado Hernán Lombardi expresó por su parte: “A 6 semanas de haber asumido el gobierno batieron  los récords: hacen paro los que se callaron 4 años. Descaradamente completan la acción amenazando diputados”. Y cerró: “No pasarán con su prepotencia y sus conductas antidemocráticas”.

Fernando Iglesias contestó en este tono: “Así es, Daer, bobina. No se puede caminar por la calle. La calle es para los autos. Hay que ir por la vereda. Si van por la calle los va a correr Pato Bullrich”.

Consultado por Radio Mitre al respecto, el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert le contestó a Daer: “A mí nadie me mete miedo y mucho menos un mafioso de cuarta como lo son estos sindicalistas”.

Agregó que los gremialistas “son la causa de por qué la mitad de la población trabajadora está totalmente precarizada”, y concluyó: “Lo tomo como un desafío de un mafioso y, por lo tanto, enfrentaremos a la mafia con la Constitución, con el Código Penal”.

Ya la Coalición Cívica tomó distancia en su momento de cualquier acercamiento con Javier Milei. Fue en vísperas del balotaje, cuando se diferenciaron del Pro, cuyo sector más duro anunció su apoyo a La Libertad Avanza, al punto tal de anunciar entonces su salida de Juntos por el Cambio.

Este miércoles dirigentes de ese espacio se diferenciaron de su excandidata presidencial por la aplicación del protocolo antipiquetes.

Es el caso de la diputada nacional Mónica Frade, que en la red social X posteó la captura de una imagen televisiva en la que se anunciaba que frentaron un colectivo para bajar a 30 posibles manifestantes. Y el siguiente texto: “Esto no @PatoBullrich, esto no. Coincido en la necesidad de ordenar y mantener la normalidad de la circulación; pero prácticas abusivas NO”.

Y advirtió entonces que “el derecho a asistir a una marcha no se puede impedir. Los delitos son otra cosa. Hay caminos de los que no se vuelve”.

Esto no @PatoBullrich, esto no. Coincido en la necesidad de ordenar y mantener la normalidad de la circulación; pero prácticas abusivas NO.
El derecho a asistir a una marcha no se puede impedir. Los delitos son otra cosa
Hay caminos de los que no se vuelve. pic.twitter.com/4Zll2lNKal

— Monica Frade (@MonicaFradeok) December 20, 2023

También opinó el diputado porteño del mismo espacio Facundo del Gaiso, quien cuestionó el discurso contra los piquetes, sugiriendo en cambio “auditar, cortar los intermediarios y valorar a los que trabajan socialmente separando a los grupos que extorsionan. Ese es el camino correcto. Generar una “épica del anti piquete” en este contexto social no se sostiene. ¿Qué hacemos cuando corten los jubilados porque no pueden vivir?”.

Luego en otro tuit expresó que “el Estado tendría que auditar los planes y separar los grupos que  trabajan de los grupos q utilizan  los planes  para financiar la política. Esa es la forma de cortar los piquetes rápidamente y valorar a los grupos comunitarios que trabajan si no son todos ‘feos, sucios y malos’”.

La diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica – Buenos Aires) cuestionó duramente este martes a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por convalidar el nombramiento Guillermo Giménez Pérez como prefecto nacional.

“Mal inicio. Mal augurio. La red de contrabando intacta, más allá de los deseos y promesas”, aseveró la diputada de la CC, quien recordó que Giménez Pérez está “cuestionado y señalado en hechos de corrupción”. “Pruebas en manos de la señora ministro”, agregó Frade.

La publicación se dio en X, tras la convalidación del prefecto, quien ya fue director de Inteligencia Criminal e Investigaciones en la gestión ministerial del Aníbal Fernández dentro del gobierno saliente de Alberto Fernández.

Frade fue reelecta como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires para el período 2023 – 2027 acompañando a la boleta presidencial de Bullrich, cuando salió tercera en las elecciones generales del 22 de octubre. Varios usuarios la cuestionaron por sus críticas perteneciendo a Juntos por el Cambio.

Así las cosas, Frade le respondió a un usuario con “comentario desafortunado el tuyo. O sea, la corrupción debe ocultarse debajo de la alfombra según sea”, y amplió: “Todos los que integramos la lista engrosamos sus votos y queremos ejemplaridad y sacar a este país adelante. No hay sitio para la tibieza, ni encubrimiento”.

Un grupo de 13 diputados de la oposición presentó en el Congreso Nacional un pedido para que el Gobierno informe cuánta plata le giró al clan piquetero de Emerenciano Sena, principales acusados en la desaparición de la joven chaqueña Cecilia Strzyzowski (28) y cercanos al gobernador Jorge Capitanich.

En el escrito, los diputados piden que "informe el monto de dinero total girado por el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Desarrollo Social a la Provincia de Chaco".

También, "si se giraron partidas de modo directo, bajo cualquier modalidad contractual, para el financiamiento de actividades y/u obras y/o insumos y/o logística y/o servicios, en beneficio del Movimiento Emerenciano y/o en beneficio del Partido Socialista Unidos de Chaco, o de Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña ".

La nueva causa nace a partir del allanamiento realizado hace una semana en casa de los Sena, donde la Policía encontró el dinero escondido en un mueble metálico para herramientas. Eran tres compartimientos iguales, cargados de billetes. Lo que más llamó la atención es que abundaban principalmente los billetes de cien pesos, lo que dificultó la tarea de recolección.

A partir de estos datos, la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó el pedido de informes. La acompañaron Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Rubén Manzi, Leonor María Martínez Villada, Virginia Cornejo, Ingrid Jetter, Gustavo Hein, Héctor Stefani, Graciela Ocaña y Mariana Stilman.

Entre otros argumentos, la oposición señala sobre Sena: "Desde 2007, con la Gobernación de Jorge Capitanich, que su figura y actividad quedó consagrada como de permanente y estrecha colaboración. Desde entonces, fue uno de los beneficiarios prebendarios de recursos estatales sin control".

"En el Sur de la ciudad de Resistencia construyó un barrio de ochenta (80) viviendas que ocupan treinta (30) hectáreas, de nombre homónimo. El barrio cuenta con obras de infraestructuras: asfaltos, centro de salud, natatorio público; escuela primaria, secundaria e Instituto terciario", agregan los diputados opositores.

"La 'obra' se extendió a la apertura de escuelas de gestión local; oficializadas por el actual gobierno de Capitanich. Admiten la existencia y funcionamiento de 14, pero las cifras extra oficiales afirman la existencia de un centenar. Sena paso a ser un protegido del Gobernador, sin intermediación en la relación entre ambos, lo que facilitó ese crecimiento colectivo y, personal", remarcan.

Encabezados por la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica – ARI – Buenos Aires), los legisladores que responden a Elisa Carrió volvieron a presentar este lunes un pedido al titular de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Federido Angelini, para realizar una sesión presencial de trabajo, invitando a declaraciones informativas a todas las autoridades, académicos y víctimas implicadas en Rosario ante la avanzada de la violencia en las calles.

En el marco de la puja interna de JxC en Santa Fe, donde la Coalición Cívica-ARI denunció al precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro de “tener vínculos con el narcotráfico”, los legisladores reflotaron dos pedidos hechos en octubre de 2022 y marzo del 2023 al presidente la comisión Federico Angelini, quien es el compañero de fórmula de la radical Carolina Losada, protagonista de duros cruces con Pullaro.

“Quienes integramos esta comisión, no podemos ser ajenos a esta situación. Asumimos un rol y una participación institucional, directamente vinculada a la temática, lo que nos obliga a un compromiso irrenunciable en la lucha contra el narcotráfico, el delito complejo y la irrestricta defensa de la integridad física de nuestros compatriotas”, explicó Frade en el pedido.

Del mismo modo, presentaron las siguientes estadísticas: “En la Provincia de Santa Fe, la tasa de homicidios durante los últimos 8 años, registra un aumento del 10,93 por ciento. Según reportes del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe, entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de 2022, se registraron 287 homicidios dolosos”.

Así también, mencionaron que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Poder Judicial nacional y provincial, compartieron una jornada, cuyos ejes han sido: el avance del narcotráfico y la insuficiencia de la estructura judicial actual. En la ocasión fue destacada la actividad de narcotraficantes desde las propias cárceles federales.

Además, Frade manifestó que “es nuestro desafío realizar todas las acciones posibles, no sólo para aportar a esa ciudad y a los damnificados por el accionar de esas bandas y sicarios, sino para prevenir el avance en otros puntos de nuestra geografía, en los que el fenómeno se presenta como propicio, sea por ausencia de políticas públicas en seguridad, como en cuanto a vulnerabilidad geográfica, o ambas”.

Con más profundidad, desarrollaron los datos que competen solamente a la ciudad de Rosario: “Se registraron solo en la ciudad de Rosario 287 homicidios en todo el año 2022, la cifra más alta de los últimos 9 años, alcanzando una tasa de 22,01 por ciento. Una cifra aberrante si la comparamos con la tasa de la Ciudad de Buenos Aires, que alcanzó en el 2022 el 2,86, y la de Nación, que, según los últimos datos oficiales del 2021, había llegado a 4,61”.

Y también, recordaron el episodio que ocurrió el pasado de marzo, cuando se produjo un violento ataque contra la cadena de supermercados “Unicos” de la ciudad de Rosario, perteneciente a la familia de Antonela Roccuzo, esposa del futbolista de la selección argentina, Lionel Messi.

“Dos hombres llegaron al lugar en moto y uno de ellos efectuó 14 detonaciones de arma de fuego contra la persiana del comercio. No conforme con ello, dejaron una nota dirigida al futbolista y al intendente rosarino, la cual decía lo siguiente: Messi, te estamos esperando. (Pablo) Javkin es narco, no te va a cuidar”, remarcaron.

Por último, Frade volvió a cuestionar las declaraciones de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, quien había afirmado que “los narcos han ganado”.

Acompañaron con su este pedido, el presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, y los diputados nacionales, Maximiliano Ferraro y Leonor María Martínez Villada.

La diputada nacional Mónica Frade (CC-ARI) presentó una denuncia contra el exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain y pidió a la Justicia que sea citado a ratificar o no declaraciones que tuvo sobre el narcotráfico.

"Sus declaraciones fueron reveladoras de la posible comisión del delito de encubrimiento de narcotráfico", advirtió la legisladora de Juntos por el Cambio, en alusión a dichos que el exfuncionario tuvo durante una entrevista brindada a CNN Radio Rosario el 3 de marzo pasado.

Durante esa nota, Sain cuestionó que "no contamos con el apoyo que íbamos a tener del Gobierno nacional" para atacar la problemática y agregó: "El Gobierno nacional fue desastroso. El desempeño del Gobierno nacional durante toda nuestra gestión… Yo pensé que una compañera mía de la universidad como Sabina Frederic, un amigo histórico político como Alberto Fernández, iban a tener un compromiso mucho más importante".

Pero puntualmente, el exministro de Seguridad reveló detalles sobre una reunión que existió en la Casa Rosada, durante la cual junto al gobernador Omar Perotti habrían puesto en conocimiento de información sensible al presidente Alberto Fernández y funcionarios nacionales.

"Nosotros tuvimos una reunión el 15 de enero (no precisa año) con medio Gabinete nacional y con el propio presidente donde le pusimos nombre y apellido, jueces federales, fiscales, componenda policial, estructura política. Yo me encargue personalmente delante de (Eduardo) 'Wado' de Pedro, de Santiago Cafiero, de la ministra, del propio presidente de darle todo el panorama… Me miraban con una cara como diciendo de qué se trata esto… Bueno, les pedimos apoyo, nunca llegó ese apoyo. Nunca… Tres veces relanzamos esto y la interpretación que hay…allí en Santa Fe es que lo que tiene que hacer el Gobierno es hacer lo que hace la policía de Santa fe y patrullar las calles. No es más investigación criminal”, sostuvo Sain.

Por eso, Frade reclamó que se lo cite "a efectos de reconocer el contenido de la entrevista y prestar declaración testimonial, sobre integrantes de la mencionada reunión de Gabinete, ministros presentes y nombres aportados como vinculados al narcotráfico".

"Teniendo en cuenta que los hechos se produjeron en una reunión de Gabinete nacional, lo que presupone se llevó adelante en la Casa Rosada, resulta competente en razón del lugar en el que se produjeron los hechos. Lo propio en relación a la materia, teniendo en cuenta que estaríamos en presencia del delito de encubrimiento en autoría del propio presidente de la Nación y de los ministros 'Wado' de Pedro, Sabina Frederic, Santiago Cafiero y/o quienes, sin haber sido aludidos, hayan estado presentes en dicha reunión, según el testigo", señaló la diputada de la CC-ARI.

Otras frases de Sain que destacó Frade en su denuncia:

-“…tenés un Ministerio Público de la Acusación, donde muy excepcionalmente investiga estas cuestiones porque saben muy bien muchos fiscales que detrás… saben el riesgo que corren ellos si investigan a fondo… es que llegan a alguna estructura policial con protección política… alguna estructura judicial y saben que ahí se les acabo la carrera…”.

-“…la gran diferencia entre Hermes (en alusión a Binner) y el resto de los socialistas, (Antonio) Bonfatti y (Miguel) Lifschitz, es que Hermes no jugó la interna criminal, en cambio estos dos sí… Definieron como política prioritaria convalidar un grupo criminal, esto es lo que le vendió la policía, y ellos aceptaron. Convalidar un grupo criminal para tratar de ordenar el mercado de la droga e ir contra el otro. Fueron contra 'Los Monos'. Cuando 'Los Monos' dijeron van contra nosotros, pero nunca van contra los enemigos que era el Clan Medina-Alvarado. (…) cuando investigamos a Alvarado contaba con una protección policial fuerte y con una convalidación del gobierno socialista y de un sector del peronismo”.

-“Bonfatti y Lifschitz a través de (Maximiliano) Pullaro (diputado de la provincia de Santa Fe-UCR) jugaron con una de las bandas”.

-“…al gobierno que estuvo decidido a ir en contra de todo esto, y lo dijo desde el primer minuto en la Asamblea Legislativa Omar Perotti el 11 de diciembre del 2019, al que iba a cortar el vínculo entre Estado y delito, interpretando esto que yo estoy diciendo, que a mí me tocó bajar eso a las políticas concretas, digamos… le doblegaron la voluntad y a mí me sacaron del medio”.

La Coalición Cívica volvió a exigir, como ya lo había hecho en octubre del año pasado, que la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados se constituya para sesionar en la Ciudad de Rosario.

A través de una nota dirigida al presidente de la comisión, el oficialista Ramiro Gutiérrez, firmada por la diputada Mónica Frade, los legisladores nacionales de la CC insisten en realizar una sesión presencial de trabajo, en la que se invite para que realicen declaraciones informativas a todas las autoridades políticas, judiciales, académicos y víctimas de este accionar en aquella ciudad. 

La nota es acompañada por el jefe de bloque de diputados nacionales de la CC Juan Manuel López y por el presidente del partido Maximiliano Ferraro. Frade envió, también, la nota a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Prevención de las Adicciones de la Cámara, que preside el diputado Federico Angelini, que fue firmada además por la legisladora Leonor Martínez Villada, miembro de esta comisión.

“El kirchnerismo que admite, mediante la confesión de su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ser el responsable político de la expansión del narcotráfico, ahora elige abandonar su rol y confesar su prescindencia”, sostienen desde la Coalición Cívica.

Además, plantearon: “Luego de confesar la notable expansión del narcotráfico y la violencia durante los años en que su espacio político estuvo a cargo del Gobierno, el ministro Aníbal Fernández tomó la decisión de poner a su hombre de confianza histórico, Lucas Gancerain, como nexo entre el Ministerio que conduce y la provincia de Santa Fe”.

“Evidentemente, Fernández se aferra a su fracaso histórico para emprender esta nueva tarea”, señalaron desde la CC. Gancerain fue denunciado por Elisa Carrió y la propia Frade por su rol durante años de desplazamiento del narcotráfico por la Hidrovía.

Frade afirmó que “Gancerain es ´contador´. Es el ´especialista´ designado por el ministro para abordar esta tarea, lo que confirma que no se trata de solucionar nada, sino de tomarnos el pelo, como lo ha hecho desde que nació a la política”.

“No solo la designación de Gancerain para trabajar en este tema es la confirmación de que, en el mejor de los casos, nada va a cambiar, sino que la continuidad de un ministro de Seguridad que confesó públicamente su fracaso, es la declaración del desinterés y la irrelevancia de un presidente de la Nación que desconoce el país en el que vive”, añadieron desde la CC.

HONORABLE-CAMARA-DE-DIPUTADOS-DE-LA-NACION

La diputada nacional Mónica Frade (CC-ARI) explicó los motivos de su denuncia contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa; y el secretario de Comercio, Matías Tombolini; por autorizar al gremio de Camioneros el control del programa “Precios Justos” y exigió: “Queremos una intervención judicial rápida para que hagan cesar esto”.

“Nosotros consideramos que hay incumplimientos de deberes, abuso de poder e intimidación pública y denunciamos al presidente de la Nación, obviamente, y al ministro de Economía, Sergio Massa, y a su secretario de Comercio. Nos parece que esta delegación que han hecho de facultades propias que son del Estado, y para lo cual el Estado tiene una burocracia en grupos irregulares que, para nosotros, son grupos paraestatales, es inadmisible y gravísimo como pocas cosas que hemos visto en los últimos tiempos”, explicó en diálogo por Radio Rivadavia.

En esa línea, Frade recordó que “históricamente la medida del control de precios en este país no ha funcionado nunca. Nosotros, no obstante, somos respetuosos porque los que gobiernan son ellos, nosotros tenemos otra visión, no es ese el punto sino lo metodológico”, y disparó: “Ellos saben que estas medidas no van a funcionar entonces la burocracia no les alcanza, la normativa no les alcanza entonces ponen estos grupos de choque cuya sola presencia intimida a cualquier supermercadista o empresario”.

“No es que nosotros decimos ‘los Moyano son unos mafiosos’, ‘la dirigencia de camioneros son unos mafiosos’, son unos mafiosos, son unos violentos asociados a parte de un Gobierno que aprueba este tipo de mecanismos”, apuntó la diputada de la CC-ARI.

Y sumó: “Massa en este caso dio el aval y el presidente por supuesto también, por eso está denunciado, para que estos grupos paraestatal tomen a su cargo el rol que tienen los funcionarios, inspectores que tienen un mecanismo, como eso saben que no va a funcionar patean las puertas”.

“Todos sabemos lo que hizo Borda en septiembre cuando entró a Logística MILO en Sarandí con el saldo de seis heridos. Ahora resulta que un tipo imputado por esto lo ponen al frente de esto por ser estar al frente de la logística en el gremio de camioneros”, recordó la diputada y denunció: “No eligen a cualquier gremio, eligen al gremio que tienen claro que va a conseguir a cualquier costo las cosas por método violentos y hacemos responsable al gobierno por esto”.

Respecto de los dichos de Juan Grabois defendiendo la decisión del Gobierno, Frade le contestó: “A Grabois le está faltando información y es raro porque es un chico informado. Primero decirle a Grabois que hay un Observatorio de Precios que me encantaría saber qué hacen. Segundo hay una Ley de defensa de la competencia. Tercero hay una legión de inspectores. Cuarto la Resolución 823 de diciembre donde la secretaría de Comercio decide el congelamiento de ciertos productos establece una app para que cualquier persona sea denunciante”.

“Los mecanismos están y sobran, porque cada uno de los que vamos a comprar podemos denunciar perfectamente eso a través de la aplicación. No necesitamos a la patota de Moyano para fuerza de choque, porque si lo que vamos a hacer es a través de fuerzas de choque, le quiero recordar a Grabois que este país tuvo una Triple A. Si él está de acuerdo en que las patotas sindicales controlen todo con milicias populares, deberíamos discutir otro sistema, si no le guste que emigre a otro país que tiene varios para eso”, planteó.

Además, remarcó: “Nosotros hacemos responsable a este Gobierno si llega a haber un herido porque los que se dejan controlar de esta manera puede ser gente que no quiere enfrentar esto, pero puede que haya gente que si, por eso hemos pedido en el marco de la denuncia que radicamos como medida cautelar que dicte una orden para que se abstengan de continuar con esto”.

“Queremos que haya una intervención judicial rápida para que hagan cesar esto, porque el clima de violencia en el que esta el país, no abonemos más violencia”, exigió Frade y agregó: “Usen toda la burocracia estatal porque todos los días ingresa más gente al Estado más organismos, si son inútiles que los cambien, pero la normativa para todo ese control está”.

Por último, al ser consultada por la próxima visita de Nicolás Maduro al país en el marco de las CELAC, la legisladora opinó: “La visita de Maduro al país no aporta nada, es para retener a un núcleo de personas. Los argentinos queremos vivir en un Estado de derecho”.

En la sesión especial de este jueves, la Cámara baja convirtió en ley por 189 votos a favor, 13 negativos y una abstención, la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2023.

La norma, enviada por el Poder Ejecutivo, modifica además el artículo 4 de la Ley 26.216, sobre las finalidades del programa, que serán: la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; y la sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego.

También, la promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos; el control y reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego; y la incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales.

Los votos en contra correspondieron a los diputados de la Coalición Cívica Victoria Borrego, Laura Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Juan Manuel López, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto y Mariana Stilman. También votaron en contra Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Francisco Sánchez y Alfredo Schiavoni del Pro, y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza). La única abstención fue de la chaqueña Marilú Quiroz (Pro).

El debate

Defendió el dictamen el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Ramiro Gutiérez (FdT-Buenos Aires), resaltó la aprobación unánime que el proyecto tuvo en el Senado. Un proyecto que “importa una voluntad, una política del Estado nacional, decidida en el año 2006 y que ha tenido una continuidad, Gobierno tras Gobierno, de sostener este programa que retira el remanente de las armas”.

Destacó el legislador que en 2017 se hizo la primera encuesta de victimología, que “reveló un número que pocas veces he visto en mi desarrollo profesional: para robos de autos, camiones y camionetas, en el 93,2% de los casos intermedió un arma de fuego. Es un número altísimo. Por eso, como esas armas si no se entregan para su destrucción, permean al mercado ilícito, nosotros tenemos que ayudar y fomentar estos programas”.

Ramírez puntualizó que “menos armas disponibles son menos violencia y menos víctimas”.

A continuación, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Juan Martín, sumó algunos datos, correspondientes a su provincia, Santa Fe. Entre 2014 y 2021, 7 de cada 10 homicidios fueron con armas de fuego.

“Casi la mitad de las muertes no son en defensa propia, sino conflictos interpersonales resueltos de manera muy violenta. Por eso es que hacen falta programas como este”, estimó.

A continuación aclaró que desde Juntos por el Cambio sentían que habían diferencias de criterios en la materia, pero resaltó el consenso mínimo alcanzado para reducir la violencia. “Nadie duda de la herramienta para reducir la violencia”, señaló, pero aclaró que tenían algunas discrepancias sustanciales. Por ejemplo respecto de la dinámica misma del sistema. Por eso planteó que no debía ser renovado sistemáticamente, sino que el programa debía regir de manera permanente.

De hecho, advirtió que “hoy el programa está vencido”, por eso llamó a “ir a un régimen integral”, al tiempo que reclamó también un incentivo económico sustantivo, porque en la actualidad el pago por esas armas ha quedado “totalmente desfasado”.

“Hechas estas salvedades, es mejor tener un programa a no tener ninguno”, reconoció.

A continuación, la diputada chubutense Estela Hernández (Frente de Todos) reconoció coincidencias con el diputado Martín, por ejemplo en el carácter permanente que debía tener el programa. Pero le puso al tema un tono político al preguntarse “cómo se puede pacificar la vida social, los conflictos, cuando permanentemente vemos violencia, ironía, descalificación, aun en esta Cámara”.

“¿Cómo podemos pacificar una sociedad cuando hay diputados de la Nación, alguno sentado quizás aquí, que livianamente en sus redes sociales pide pena de muerte?”, se preguntó en referencia al diputado neuquino Francisco Sánchez (Pro), al que no mencionó puntualmente. Se quejó porque no había escuchado a ningún diputado o diputada de la oposición repudiando esas palabras. “Porque las palabras tienen consecuencias, no se pueden emitir porque sí, tienen consecuencias, porque las escuchan muchísimas personas, y cuando somos representantes, tenemos una función política. Esa palabras pueden tener consecuencias”.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade se manifestó a favor del proyecto, pero hizo ciertas observaciones, objetando “lo que hoy se va a votar, en el contexto en que se va a votar”.

“Todo lo que han planteado es teórico, y ni siquiera han distinguido las armas que el Estado tiene y la entrega voluntaria de armas, se habla como si fuera todo lo mismo y no es todo lo  mismo. Cuando uno empieza a recabar información se encuentra que hay muy poca”, se quejó, advirtiendo que “como está funcionando el programa, quizá sea más inofensivo que Don José tenga un arma guardada en un placard y no que la entregue al Estado y no sepamos qué sucede después”.

Así las cosas, y basándose en un informe enviado al ANMAC que no la convenció en absoluto, planteó sus dudas respecto del destino de las armas entregadas, reclamó que se haga presente la titular del organismo ante la Comisión de Seguridad Interior, e hizo una moción para que el proyecto volviera a comisión, adonde deberían concurrir las autoridades para responder las dudas planteadas.

La moción fue rechazada.

A su turno, el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) coincidió con su colega Mónica Frade en cuanto a que la ANMAC no había brindado la suficiente información reclamada y por eso él y la legisladora de la CC habían expresado sus disidencias en la comisión. “Estamos votando a ciegas”, reconoció López Murphy, quien consideró también “inadecuado” el sistema de incentivo, y llamó la atención a sus colegas por “haber subestimado el pedido de la diputada Mónica Frade”.

Más allá de compartir el objetivo de la norma, coincidió con la diputada de la Coalición Cívica en la necesidad de que el proyecto volviera a comisión.

Cerró el debate la radical Ximena García que sostuvo que “tenemos que abordar la seguridad como una política de Estado que no dependa de una u otra administración”.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, encabezados por Mónica Frade, presentó este jueves un proyecto de pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por mal desempeño en sus funciones tras el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Acompañaron con su firma los diputados por Pro Ingrid Jetter, Soher El Sukaria y Gustavo Hein.

“Quien no está en condiciones de garantizar la integridad física de las máximas autoridades de la Nación, mal puede garantizar la seguridad de los habitantes de nuestro país”, afirmaron en la iniciativa.

En otro pasaje, mencionan que “el Juez Roberto Gallardo había resuelto que la custodia de la vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner quedara a cargo de las autoridades de seguridad federales, por lo que le dio intervención al ministro de Seguridad Aníbal Fernández. También estableció que ´la fuerza federal encargada de la custodia presidencial sería la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso´”.

“La manda judicial le asignó al ministro de Seguridad toda la cobertura de seguridad del sitio donde aconteció el ataque contra la vicepresidente y, por lo mismo, de la propia funcionaria, con prescindencia de su custodia personal”, señala el proyecto presentado por los legisladores.

En ese sentido, plantean: “Las imágenes reflejaron el instante del atentado, pero también los momentos posteriores. Es aquí, por tanto, donde podemos comenzar a evaluar el comportamiento de la red de seguridad federal, responsabilidad y competencia del denunciado”.

“El atentado se produjo en medio de la multitud, momento en el que el agresor, sin obstáculo alguno, empuñó un arma cargada contra la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Las imágenes muestran a la vicepresidente y a su custodia, sin registro de la tentativa de homicidio y la gresca posterior. No existió intervención alguna de efectivos de seguridad. No los había”, agregan.

En tanto, explican: “Se observó una muchedumbre rodeando a la vicepresidente y a su vehículo, ausencia de uniformados de la Policía Federal, ausencia de ´adelantados´ o custodios civiles. No se activó el protocolo previsto para ese tipo de hipótesis”.

“La actuación del Ministerio continúa en la etapa judicial, en la que situaciones confusas atribuyen al quiebre de la cadena de custodia del aparato de telefonía celular del agresor a la propia Policía Federal, a cargo de Fernández, quien declaró ‘la Policía Federal lo que hizo fue recogerlo, ponerlo en una bolsa Faraday y enviarlo al Juzgado’. Lo cierto es que el aparato llegó al Juzgado reseteado, lo que impidió, hasta la fecha, extraer la información e imágenes contenidos en su memoria. Información que resulta vital para la averiguación de los hechos. La verificación del reseteado del celular fue constatada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, se destaca en el proyecto.

Por último, argumentan que “el mal desempeño del ministro es inocultable e ineludible” motivo por el que solicitan el pedido de juicio político porque “quien no está en condiciones de garantizar la integridad física de las máximas autoridades de la Nación y, como corolario, quien no puede controlar la eventual impericia del personal a su cargo, mal puede garantizar la seguridad de los habitantes de la Nación Argentina”.

jp-AF

La diputada nacional Mónica Frade (CC-ARI) se refirió a los dichos de Elisa Carrió que desataron una interna en Juntos por el Cambio, y sostuvo que "hay que ajustar algunas cosas" en la alianza opositora.

Al afirmar que cree en la libertad de expresión, la bonaerense consideró "saludable" la serie de planteos de la líder de su espacio que, recordó, "son cosas que ha dicho en público y lo ha venido diciendo". "No son nuevas. Son temas que se han tratado internamente", agregó.

"Creemos que hay que ajustar algunas cosas en Juntos por el Cambio. Es una herramienta muy perfectible, con muy buenos dirigentes", expresó en declaraciones a radio Futurock, y sumó que no tiene "dudas" de que JxC puede ganar las próximas elecciones.

La legisladora ratificó la pertenencia al espacio al afirmar que "la Coalición Cívica no tiene ninguna intención de irse" y tampoco cree que esa "sea la intención del resto" de los socios.

Al enfatizar en las declaraciones de Carrió, Frade resaltó que "nadie la desmintió", por eso es necesario "correr las formas" de "Lilita", quien "es centralmente disruptiva", para "debatir las cuestiones de fondo que planteó".

En ese sentido, advirtió que dirigentes de JxC "están sumando personas que no están en líneas con lo que queremos hacer". "Vemos con suma preocupación que cuando dicen 'ensanchar las bases' estén hablando de gente que no viene a lo mismo", continuó.

En contra del ministro de Economía, la diputada aseguró: "Para nosotros Sergio Massa es siniestro, estamos en las antípodas. Estamos diciendo ojo en los dirigentes de Juntos por el Cambio que pueden ver en Sergio Massa una salida intermedia en la ancha avenida".

Al ser consultada por las acusaciones que la líder de la CC disparó contra dirigentes de JxC como Rogelio Frigerio, Frade trató de minimizar los dichos: "No habló de hechos de corrupción. No aludió a eso". Sino que alertó sobre los "conflictos de intereses" que se podrían originar, dijo.

Más precisamente sobre la frase de Carrió respecto a que "la caja de Aysa era de Frigerio" durante el gobierno anterior, la legisladora señaló que habrá que investigar y analizar para después, eventualmente, presentar una denuncia. En ese sentido, destacó que las denuncias de la Coalición Cívica "siempre están bien trabajadas, sostenidas, fundadas y por eso llegan hasta donde llegan. Sino mirá por estos días…pregúntale a Cristina Kirchner", en referencia al juicio por la obra pública contra la vicepresidenta.

Los diputados nacionales por la Coalición Cívica, Juan Manuel López y Mónica Frade, presentaron un pedido de interpelación a la directora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, expresara en un acto en Rosario que “la cárcel no debe controlar a la calle, que sea al revés. Es necesario contar con las herramientas de información necesarias, como ocurre en todos los países interesados en combatir este flagelo, obtenidas dentro de los parámetros constitucionales”. “Garrigós de Rébori debe dar explicaciones por la eliminación del Departamento de Inteligencia Penitenciaria”, señalaron los legisladores.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro de la Justicia Federal realizado este jueves en la ciudad de Rosario, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que su mensaje “tuvo como destinataria a la directora del Servicio Penitenciario Federal quien eliminó el Departamento de Inteligencia Penitenciaria".

En ese marco, desde el bloque de la Coalición Cívica solicitarán que Garrigós de Rébori se presente en el Congreso de la Nación para brindar explicaciones acerca de cómo están trabajando para evitar que los narcos sigan controlando el delito desde adentro de los pabellones.

La CC y Elisa Carrió investigan y denuncian la penetración del narcotráfico en el país desde hace muchos años, pero en especial en Santa Fe, donde estuvo la Corte Suprema. Aquel trabajo fue hecho en soledad, ya que ni los diputados nacionales de esa provincia, en los primeros años de crecimiento exponencial del narcotráfico, se ocuparon del tema.

El pedido de interpelación presentado por los diputados nacionales de la CC también está fundamentado en la falta de respuestas a los reclamos realizados ante el entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

“En el año 2009 la Cámara Federal de Salta le solicitó a Ricardo Lorenzetti que gestione la radarización del norte del país porque ´llovía droga´. Lorenzetti tuvo una inacción pasmosa, y esa fue una de las causales por las que le solicitamos el juicio político en su momento”, señalaron López y Frade.

Y agregaron: “Cuando actúo lo hizo mediante la creación de una comisión que, lejos de ayudar a los jueces salteños, tomó como ejemplo de la lucha contra el narcotráfico al magistrado local Raúl Reynoso, que era cómplice del delito y se encuentra condenado por encubrimiento y connivencia con bandas narcos. Da vergüenza que ahora Lorenzetti hable del combate contra el narcotráfico”.

Interpelacion-Garrigos

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, denunciaron penalmente a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por haber hecho el año pasado 21 vuelos con la flota presidencial a Santa Cruz y gastado más de 14 millones de pesos. La mayoría de los viajes fueron por motivos personales.

La denuncia involucra también al presidente, Alberto Fernández, y al secretario general de presidencia, Julio Vitobello, por los delitos de malversación de caudales. La misma recayó en el juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscalía de Gerardo Pollicita.

La denuncia penal es “por la posible comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos y peculado de uso”, y tiene base en los 21 viajes realizados por la vicepresidente con la “Flota Aérea Presidencial” (en 4 de ellos, fue contratada la aeronave Learjet 60, matrícula LV-BTA, perteneciente a YPF S. A.) que la trasladaron desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta las ciudades de El Calafate y Río Gallegos.

“La mayoría de estos viajes fueron motivados por razones personales, y solo dos tuvieron relación con actividades de la agenda oficial, cuando la vicepresidente estuvo a cargo del Poder Ejecutivo. En general, los vuelos coinciden con fines de semana largo, semana santa, o navidad y año nuevo. Solo dos revisten carácter de gestiones oficiales”, destacó Frade.

A su vez, remarcó: "No cabe duda de que la vicepresidente hizo un uso abusivo, pero, por sobre todas las cosas, ilegal de los aviones de la flota presidencial que se encuentran a exclusiva disposición del Poder Ejecutivo”.

Y también, Frade denuncia al jefe de Estado dado que "esa malversación no puede consumarse con la sola aspiración de la señora Fernández de Kirchner, por cuanto requiere la autorización de quien dispone del bien, bajo cuya esfera se encuentra en custodia. Desde luego, este no es otro que el propio titular del Poder Ejecutivo, Alberto Fernández".

Una disposición que circuló el viernes pasado en la Cámara baja de cara al debate del acuerdo con el Fondo Monetario establecía que los periodistas que participaran de las reuniones de comisión de los días 7, 8  y 9 de marzo deberían presentar el carnet de vacunación completo contra el Covid. La medida se extendía a los legisladores nacionales y así fue que dejó fuera a una diputada nacional.

Se trata de la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, quien a través de las redes sociales informó que “el médico de la Cámara de Diputados acaba de decidir que, por estar ‘en falta’ Con mi información sobre esquema vacunatorio, no puedo asistir a la Comisión de Presupuesto sin un PCR”.

“Sí pueden asistir los que robando vacunas y con tres dosis ‘transmiten’ poquito”, disparó, concluyendo con un irónico: “Los veo por zoom muchachos”.

Luego del traspié que sufrió Juntos por el Cambio a fines del año pasado con la votación de Bienes Personales por la ausencia de tres legisladores, una por Covid, pero dos por estar de viaje, parece que en el espacio ya no quedan dudas de que eso que pasó no puede volver a sucederles.

Botón de muestra fue la respuesta que le dio una diputada de la Coalición Cívica a un tuit de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich. “¡Vamos a Kiev! Todos los demócratas del mundo debemos movilizarnos. Apoyo la propuesta de ponerle el cuerpo a la paz junto a @ZelenskyyUa. Esta es la manera de defender la democracia. ¡Somos muchísimos más los que estamos con Ucrania y en contra de los gobiernos autocráticos!”, tuiteó la exministra de Seguridad.

Le contestó así la diputada Mónica Frade: “Estaría hoy mismo volando hacia allí, salvo el detalle no menor que, quienes tenemos responsabilidad en la Cámara de Diputados, apenas viajemos, los K votaran reforma judicial y todo lo que CFK está esperando detrás de las cortinas”.

El que se quema con leche…

Legisladoras de Juntos por el Cambio rechazaron la postulación de Gustavo Fuentes como titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Se trata del candidato principal del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pero las diputadas y senadora oficialistas lo tildaron de “poco idóneo”. El puesto está sin ocupar desde hace cuatro meses.

Con Karina Banfi a la cabeza, las diputadas Marcela Campagnoli, Mónica Frade y Dolores Martínez, junto a la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, cuestionaron la “falta de idoneidad de Gustavo Fuentes y su independencia política” y le enviaron una nota al Jefe de Gabinete para que dé por concluida esa postulación y habilite una nueva. 

“La Agencia de Acceso a la Información Pública está acéfala desde el primero de enero de este año cuando renunció Eduardo Bertoni, designado por Mauricio Macri en 2017. Durante estos meses, el Poder Ejecutivo sigue sin designar a nadie para que comande un organismo clave en materia de transparencia y de protección de datos personales de los ciudadanos”, explicaron las legisladoras.

“El 23 de marzo se presentó en audiencia pública la candidatura del abogado Gustavo Fuentes, impugnada tanto por la oposición como por organizaciones de la sociedad civil porque no cuenta con ninguna experiencia en la materia y carece de independencia política ya que viene de desempeñarse como asesor del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La idoneidad y trayectoria en los temas de acceso a la información es fundamental porque es requisito indispensable para ocupar el cargo como exige la propia ley 25.275.  Sin embargo, el Poder Ejecutivo busca continuar con esa designación violando la Ley de Acceso a la Información Pública”, continuaron.

Frente a estas irregularidades, las diputadas y senadora de Juntos por el Cambio que se dedican a los temas de transparencia le enviaron una nota a Cafiero para solicitar que se proceda al cierre formal del proceso de selección Fuertes y se habilite un nuevo proceso de designación con otros candidatos que cumplan con los requisitos correspondientes al cargo, y que cuenten con la colaboración y participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil especializadas en esta temática.

“Sin una dirección idónea la Agencia (AAIP) se ve debilitada para garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos. Este es un mecanismo clave para supervisar los actos de gobierno y la rendición de cuentas”, afirmó la diputada Banfi, impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública y autora de la nota.

“El acceso a la información que produce el Estado es un derecho humano fundamental y autónomo que obliga a todo el Estado a priorizar y defender el pleno ejercicio ciudadano”, agregó. En caso de que el Gobierno decida avanzar con esta candidatura, reclamarán ante los organismos de derechos humanos internacionales. En el documento se le solicita que el nuevo titular surja de una nueva audiencia pública, donde el procedimiento de presentación y selección del candidato sea verdaderamente participativo, público y transparente.

La vicejefa del bloque oficialista, Cecilia Moreau, y la representante de la Coalición Cívica Mónica Frade protagonizaron un fuerte cruce en la sesión de este sábado, luego de que la diputada de la oposición la emprendiera contra el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, por la vacunación de sus familiares.

“En esta Cámara hubo diputados que se vacunaron”, lanzó Frade, que en primer lugar se refirió, sin nombrarlo, al oficialista Eduardo Valdés, quien se había inoculado para viajar a México como parte de la comitiva oficial.

“Afirmó haberse vacunado con una primer dosis para viajar a México, pero parece que no le alcanzó porque hoy está en su casa, sesionando desde ahí, con lo cual no entendemos por qué se robó una vacuna”, lanzó Frade.

Acto seguido, advirtió que “este Parlamento ha guardado absoluto silencio respecto de quiénes son los diputados que han abusado de privilegios sin cumplir con todos los requisitos que los ciudadanos comunes han cumplido”.

Fue entonces cuando apuntó a Massa. “Usted es el primero que ha guardado silencio”, lo acusó, y agregó que “perdió autoridad moral” tras conocerse que su padre, Alfonso Massa, y sus suegros, Fernando Galmarini y Marcela Durrieu, recibieron la vacuna contra el Covid.

“No informó qué pasó con usted y el resto de la familia. Hubiera querido que todo el acting que se hizo por un diputado que le tocó un pecho a su mujer lo hubiera hecho para que esta Cámara y el pueblo de la Nación sepan qué pasó acá adentro con las vacunas, empezando por usted”, remató.

Moreau no dejó pasar los dichos de la diputada y recordó que “en el peor momento de la pandemia nos recomendaba no usar tapaboca, marchar y tomar lavandina”.

La diputada del Frente de Todos pidió la palabra y salió en defensa de Massa: “El presidente de la Cámara, así como todos los diputados de la provincia de Buenos Aires, estamos anotados en la app Vacunate de la provincia de Buenos Aires, donde ya llevamos vacunados millones de bonaerenses”.

“¡Es una vergüenza! ¡Usted es una descarada!”, bramó, y sentenció: “¡Va a Formosa porque por Quilmes no puede caminar!”.

La situación en Formosa

Frade no solo cuestionó a Massa por las vacunaciones de privilegio, sino que también lo responsabilizó por una situación que vivió junto a su par Maximiliano Ferraro durante una visita a Formosa.

La diputada relató que el 16 de marzo, “policías desatados por orden de Insfrán” impidieron que ella y Ferraro llegaran a un pueblo cercano a Paraguay, donde iban a mantener una reunión con productores agropecuarios cuya actividad está paralizada.

“Tuvimos que desafiar la orden ilegal y eso implicó que tuviéramos por delante 30 kilómetros con 40 grados de temperatura. Afortunadamente solo caminamos 5 kilómetros porque un periodista nos asistió y nos acercó en su vehículo”, comentó.

Por eso, Frade le reclamó a Massa que “nos garantice a los diputados que vamos a seguir yendo a Formosa y a otros feudos del país la libre circulación y el ejercicio de nuestra tarea representativa”.

La situación de Formosa se coló nuevamente en el Congreso de la Nación. Desde la oposición hubo numerosos legisladores que denunciaron la situación imperante en esa provincia, comenzando por el  presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien presentó una cuestión de privilegio por la situación registrada el 16 de marzo, cuando nueve diputados y un senador fueron detenidos en plena ruta hacia Clorinda por lo que definió como “la guardia policial del gobernador Insfrán”.

“Lo que interpela esta cuestión de privilegio es si tenemos la valentía como legisladores elegidos por el pueblo de que esta Cámara actúe como corresponde ante quien viola la Constitución”, señaló Negri, afirmando que el mandatario formoseño violó los artículos 14 y 69 de la Carta Magna, pero también “se rió de la reglamentación” que el presidente de la Cámara baja estableció, señalando que los legisladores son personal esencial de libre circulación, en el marco de la pandemia.

“Además, desacató el propio DNU 168/21 que establecía que salvo casos sospechosos, o  positivos, a ningún ciudadano se le podía interrumpir la circulación”, puntualizó el diputado cordobés, aclarando que “no es el peronismo republicano; es Gildo Insfrán, es el modelo de la autocracia usada a través de la soberanía popular para dominar la conciencia de la gente”.

Negri reclamó enfáticamente que Diputados se pronuncie sobre el tema, y apuntó: “Espero que este Congreso tenga la dignidad de meterle una sanción para que sepa que la democracia no es propiedad de nadie”.

Luego el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio recordó las presentaciones realizadas ante organismos internacionales para denunciar la situación, e informó que están esperando respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que una comisión visite en algún momento la provincia. “El agua perforó la piedra y la libertad no se podrá detener”, aclaró el legislador cordobés.

Negri terminó planteando dos situaciones que, a su juicio, demuestran que en Formosa impera “una caricatura de democracia”, y citó puntualmente el caso del ministro de Gobierno provincial, al que definió como “pichón de Goebbels”, pues “desparrama afiches con las caras de legisladores de la oposición diciendo que son asesinos y culpables de lo que les pasa. Esta Cámara debe pedir una sanción… ¡Anímense, porque algún día les va a pasar a ustedes!”.

Mario Negri concluyó advirtiendo que Gildo Insfrán “confunde lo público con el Estado; se alza contra la autoridad nacional”, y tras señalar que las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, advirtió que el Tribunal Supremo “debería darle una zurra institucional mucho más fuerte”.

“Insfrán debería estar preso”

A su turno, la diputada Mónica Frade sostuvo que “Insfrán debería estar preso por vejaciones, torturas. Vayan a ver a las mujeres, a los jóvenes, a los trabajadores que no pueden comercializar sus productos porque Insfrán así lo decide”.

Recordó luego que el 16 de marzo “policías desatados por orden de Insfrán impidieron que el diputado Maximiliano Ferraro y yo llegáramos” a una reunión con productores agropecuarios en un pueblo cerca de Paraguay. “Tuvimos que desafiar la orden ilegal y eso implicó que tuviéramos por delante 30 kilómetros con 40 grados de temperatura. Afortunadamente solo caminamos 5 kilómetros porque un periodista nos asistió y nos acercó en su vehículo”.

En ese marco pidió al presidente de la Cámara que “arbitre los medios para que nos garanticen la circulación a los diputados, que vamos a seguir yendo a Formosa”.

También presentó una cuestión de privilegio el formoseño Mario Arce (UCR), quien advirtió que mientras casi todo el país se prepara para enfrentar la segunda ola del coronavirus, “los formoseños todavía estamos en la primera, debido al gran virus que reina en la provincia de Formosa, que es el autoritarismo estatal”.

“Los ciudadanos piden un cambio en la política, que cesen las actitudes autoritarias, que cesen estas excesivas limitaciones. Por eso no renunciamos, no claudicamos, seguimos defendiendo nuestros derechos, acompañando al pueblo formoseño”, afirmó el radical.

Finalmente, convocó a todos los diputados a “que acompañen, que alcen la voz, para que esta pandemia no nos lleve puestos con la excusa de violar los derechos que tanto nos costó conseguir”.

Los diputados nacionales de la CC ARI Mónica Frade (integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías) y Maximiliano Ferraro (presidente de la CC ARI e integrante de la Comisión de Mujeres y Diversidad) viajarán este lunes a Formosa.

“El gobernador Gildo Insfrán decidió no acatar el contenido del Decreto 168/21, pese a que la provincia de Formosa no registra alarma sanitaria alguna, al menos provocada por el Covid-19”, afirmaron.

“Ese gobernador insiste en suprimir preventivamente` los derechos, garantías y libertades del pueblo formoseño y, en particular de los clorindenses. Es por eso que a partir del lunes, nos constituiremos una vez más en la provincia", sostuvieron Frade y Ferraro.

Los diputados nacionales de la CC ARI, que estarán en esa provincia hasta el miércoles, mantendrán encuentros sectoriales y con los ciudadanos en la capital formoseña y Clorinda.

Por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, se llevó a cabo este miércoles un allanamiento en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, a raíz de una denuncia de diputadas de la oposición por supuesta “vacunación VIP”.

Efectivos policiales y personal del Juzgado se hicieron presentes en el centro de salud para recolectar información sobre la vacunación que allí tiene lugar, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La denuncia que dio lugar al allanamiento fue realizada por las diputadas nacionales de la Coalición Cívica Mónica Frade y Marcela Campagnoli contra el diputado provincial y exintendente de Florencio Varela Julio Pereyra; el intendente de Berazategui, Juan José Mussi; el funcionario de Florencio Varela Daniel González; el funcionario de Salud de la Nación Arnaldo Medina; el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva; y el director del hospital, Ariel Sáez de Guinoa.

Según las legisladoras en la denuncia a la que tuvo acceso NA, el Hospital El Cruce se utilizó para “estas ilegales preferencias” y allí “se vacunó el exintendente de Florencio Varela, hoy diputado provincial Julio César Pereyra”.

“Esa vacunación preferentemente lo era a sabiendas de la alteración ilegal, para lo cual también se falseó la información documental, consignando que el nombrado lo hacía como ‘personal de salud’”, expresaron en la denuncia.

Señalaron, a la vez, que “el vacunatorio ilegal reúne a casi todos los personajes políticos tradicionales del partido de Florencio Varela, aunque aquí se habría sumado el actual intendente de Berazategui, cuya hija es presidenta del Consejo del Hospital”.

“Lo expuesto conduce a la necesidad de avanzar en la investigación, entre otras cosas, verificando los registros del sistema SISA y la propia documentación obrante en sede del Hospital”, agregaron.

Además, existe otra denuncia que indica que en el Hospital El Cruce habrían sido vacunados de manera preferencial integrantes de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade tomó en sus manos la bandera de la situación en la provincia de Formosa, en el marco de la pandemia y las libertades individuales de los habitantes de esa provincia. Al punto tal que fue a la Asamblea Legislativa del lunes pasado ataviada con una remera a rayas, con la fecha 30/08/20, en alusión a cuando se cerró el paso a la localidad formoseña de Clorinda. Y también puso sobre su banca una máscara con el rostro del gobernador Gildo Insfrán y un gorro de presidiario. Este jueves la siguió, al tuitear un fragmento del discurso de un funcionario formoseño en el que expresa que “hemos salido adelante. De la mano del conductor que tenemos hemos ‘supido’ vencer todas y cada una de las vicisitudes que se nos han presentado”.

Ministro de Educación de Formosa....hemos "supido"
Me rindo... pic.twitter.com/F0H1WH0Ni0

— Monica Frade (@MonicaFradeok) March 3, 2021

En rigor, erróneamente le atribuye la frase al ministro de Educación provincial, pero en realidad es Rubén Solalinde, intendente de la localidad de Riacho He-Hé. Para el caso, como diría Minguito, “se gual”.

Presentes y ausentes. Los ministros y secretarios del Gabinete, que habitualmente se sientan en las bandejas laterales al estrado principal, se ubicaron esta vez en los palcos superiores del recinto de Diputados. Los grandes ausentes fueron, como estaba previsto, Carla Vizzotti, quien dio positivo de Covid-19, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien se aisló por ser contacto estrecho de la ministra de Salud. Ambos se conectaron al evento de modo virtual, al igual que el canciller Felipe Solá, quien espera el resultado del PCR que se realizó en las últimas horas.

Gobernadores de distintas provincias y los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia también se unieron a la videoconferencia. Quien no participó -bajo ninguna modalidad- fue la primera dama, Fabiola Yáñez.

Otros concurrentes de la Asamblea Legislativa fueron la responsable de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; los titulares de la ANSES, Fernanda Raverta; del  PAMI, Luana Volnovich; y del ENACOM, Claudio Ambrosini; y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, entre otros.

Cristina, sin barbijo. Con un refinado vestido en tono nude, la vicepresidenta arribó al Congreso minutos después de las 11 y tiempo después abrió la Asamblea Legislativa junto al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El dato fue que la titular del Senado, a diferencia de los funcionarios y colaboradores que la rodeaban, no usó barbijo. Y el diputado Fernando Iglesias, sentado en una banca, no dejó pasar la oportunidad. “¡Póngase el barbijo!”, le gritó.

Atuendo de protesta. La situación que se vive en la provincia de Formosa por las medidas sanitarias aplicadas por el gobierno local mantiene en alerta a la oposición, que ya se presentó ante la Justicia y organismos internacionales por supuestas violaciones a los derechos humanos. En ese marco, una diputada llevó la protesta al recinto… a través de su vestuario. Se trata de Mónica Frade, de la Coalición Cívica, quien lució una remera rayada con la leyenda “30/08/20”, la fecha en que se cerró el paso a la localidad formoseña de Clorinda. Al extravagante atuendo le agregó una máscara con el rostro de Gildo Insfrán y un gorro de presidiario.

Esperando al Presidente de la Nacion y a la vice presidente sra Kirchner, prontos a comenzar el inicio del nuevo año legislativo pic.twitter.com/OdUF1cpA6E

— Monica Frade (@MonicaFradeok) March 1, 2021

A tono con el tema, otro legislador, el radical Ricardo Buryaile, usó un barbijo rojo con el mensaje “Clorinda libre”.

Sin carteles. Sorprendió en esta oportunidad la ausencia generalizada de carteles en las bancas. Solo se vio al diputado de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano con el mensaje “Repudio al vacunatorio VIP. Vacunas para todos y todas”.

Hacia el final del debate sobre el proyecto relacionado a la vacuna contra el Covid-19 en la Cámara de Diputados, sorprendió el discurso de Mónica Frade (Coalición Cívica), quien se preguntó “por qué el Gobierno argentino le está negando al pueblo argentino  alternativas” como el dióxido de cloro o el ibuprofeno inhalable.

Frade se expresó así antes de abstenerse en la votación del proyecto que establece condiciones, en los futuros contratos a suscribir con los laboratorios, para la adquisición de la vacuna contra el coronavirus.

“Tengo la sensación de que estamos siendo extorsionados por la dictadura de las empresas farmacéuticas”, lanzó la legisladora por Buenos Aires.

Agregó que “en nuestro país tenemos un doble problema, porque es cierto que tenemos el virus, pero también es cierto que tenemos un gobierno que hace siete meses tiene enrejado al país, y con eso no ha demostrado que pueda evitar estar en el primer lugar de muertes por habitantes en el mundo”.

“Escuché que la única solución es la vacuna. Yo los exhorto a que se contacten con el alcalde de San José de Chiquitos, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), que ha utilizado métodos alternativos y que hoy no tiene en su ciudad ni un caso de Covid”, aseguró.

Frade insistió en que “tendríamos que mirar otros ejemplos, países latinoamericanos que, por ejemplo, tienen autorizado el uso de dióxido de cloro, o provincias argentinas que tienen autorizado el ibuprofeno inhalable, y que con eso minimizan las consecuencias de un virus que es tremendo, que tiene un alto nivel de contagiosidad”.

“Me pregunto por qué el Gobierno argentino le está negando al pueblo argentino esas alternativas para minimizar los daños del virus”, planteó la diputada.

Finalmente, concluyó: “Exhorto a que hablemos con información, porque todos han dicho que desconocemos las consecuencias de la vacuna. Exhorto a que escuchemos todas las voces y todas las experiencias de países hermanos”.

Mientras el oficialismo aún no presentó ante la Justicia la impugnación de la sesión del martes pasado, un fallo judicial presentado por una diputada de Juntos por el Cambio hace algunos meses generó confianza en las autoridades de la Cámara baja respecto de que una acción judicial de la principal oposición en ese sentido no vaya a prosperar.

El fallo en cuestión se conoció este jueves y es de la sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que declaró inoficioso el recurso en el amparo presentado por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, con lo cual quedó firme el rechazo in limine del día 8 de junio del amparo presentado por la propia Frade, dispuesto por el Juzgado Contencioso Federal N° 12.

Cabe recordar que el episodio en cuestión sucedió el pasado 21 de mayo, cuando el Frente de Todos junto a otros bloques, rechazó el pedido para tratar en el recinto el polémico DNU 457/20 -que le otorgaba al jefe de Gabinete mayores facultades para reasignar partidas presupuestarias sin aval del Congreso-, oportunidad en la cual la diputada santafesina denunció que Sergio Massa no le había tomado su voto a favor de tratar el DNU.

Con este fallo, la Cámara de Diputados emitió este jueves por la tarde un comunicado suscripto por Eduardo Cergnul, secretario Parlamentario; Rodrigo Rodríguez, secretario Administrativo, y Juan Manuel Cheppi, secretario general, en el que dan por ratificado que “el Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto, aprobado por la Cámara en sesión del 13 de mayo y prorrogado por acta de labor parlamentaria del día 2 de julio y 1ro de septiembre, se encuentra plenamente vigente”.

Lea también: El caso de Mónica Frade, la diputada que nunca pudo votar con el sistema virtual

Con todo, voceros del interbloque Juntos por el Cambio relativizaron el alcance de ese fallo al señalar que el mismo quedó abstracto, por cuanto responde a “un estado de situación anterior al martes”.

“No resuelve lo que pasó el martes en Labor Parlamentaria”, remarcó una fuente consultada.

El tema fue analizado por el Gobierno el miércoles en Olivos, en el marco de una reunión realizada en Olivos, de la que tomaron parte el presidente Alberto Fernández, el titular de la Cámara baja Sergio Massa, y el del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Más tarde, durante una entrevista que concedió al canal TN, Alberto Fernández no dudó en responsabilizar de todo a Juntos por el Cambio: “La culpa la tiene la oposición, claramente”, resumió.

A la espera de un avance en las negociaciones, las autoridades de Juntos por el Cambio demoraron la presentación de la impugnación judicial. Pero según pudo saber parlamentario.com, el presidente de la Cámara no se comunicó con el interbloque ni el miércoles, ni el jueves, por lo que la relación continúa fría y los que trabajan en el texto impugnatorio siguen avanzando entonces con el mismo.

De la redacción están ocupándose los diputados Pablo Tonelli (Pro), Gustavo Menna (UCR) y Lucila Lehmann (CC).

Se viralizó este fin de semana un insólito episodio en el que cinco policías detuvieron en Bariloche a una mujer que estaba paseando a su perro, por haber infringido la cuarentena que impide la circulación un día domingo.

El hecho sucedió cerca del INVAP, en una zona despoblada y fue captada por un video luego difundido, que generó tal reacción que se viralizó el hashtag #LiberenASabrina. Allí se ve a la mujer vestida con ropa deportiva interceptada por los policías con el perro al que paseaba atado con una correa. Se produjo un forcejeo y finalmente fue detenida y liberada recién en horas de la noche, cuando el propio intendente tomó participación en los hechos.

Entre quienes reaccionaron estuvo la diputada Graciela Camaño, quien también difundió el video, advirtiendo que eso acababa de pasar en Bariloche, arrobando al presidente Alberto Fernández, al ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y a la gobernadora rionegrina Arabela Carreras. “La policía no puede actuar como las patotas de la dictadura, agrediendo impunemente ciudadanos honestos.  Actúen!!! esto ya está hartando”, clamó la diputada nacional.

Desde la Coalición Cívica también reaccionó la diputada Mónica Frade, quien en el mismo tuit de su colega respondió: “Los mensajes políticos de las máximas autoridades deberían ser otros, para que cambie el actuar de las fuerzas de seguridad. Mucho DNU... les hace sentir libres de actuar así”.

Esto pasó en #Bariloche. Detenida por pasear el perro. Mientras tanto, a pocos kilómetros de ahí, en #VillaMascardi un grupo de delincuentes incendia casas.@marianoobarrio @edufeiok @vivicanosaok @guadavazquez @gusmura pic.twitter.com/pyH5xfb3cz

— Juan Martin (@jmrionegro) August 16, 2020

El diputado del Pro Juan Martin posteó también el video del episodio y señaló: “Esto pasó en #Bariloche. Detenida por pasear el perro. Mientras tanto, a pocos kilómetros de ahí, en #VillaMascardi un grupo de delincuentes incendia casas”.

Mientras que el senador Esteban Bullrich se preguntó: “Sola con su perro y va presa. ¿No era que no se estaban restringiendo libertades?”.

La Comisión de Legislación del Trabajo emitió dictamen este miércoles para el proyecto de ley de teletrabajo, con lo cual el tema quedó listo para ser tratado en la próxima sesión de la Cámara baja.

El dictamen tuvo el acompañamiento de prácticamente toda la comisión, con disidencias parciales de parte de los diputados de Juntos por el Cambio, en tanto que el diputado Pablo Ansaloni presentó un dictamen propio solo firmado por él.

El dictamen tuvo el acompañamiento de prácticamente toda la comisión, con disidencias parciales de parte de los diputados de Juntos por el Cambio, en tanto que el diputado Pablo Ansaloni presentó un dictamen propio solo firmado por él.

La presidenta de la comisión, Vanesa Siley, resaltó al inicio de la reunión de este miércoles que “hemos trabajado con un espíritu de diálogo social, con tres reuniones informativas”, a las que asistieron representantes de todos los sectores. Así las cosas, remarcó que “hemos confluido, no sin dificultades, disidencias, no sin diferentes opiniones, en un dictamen de consenso donde intentamos contener la mayor cantidad de intereses posibles en esta regulación”.

“Este dictamen de consenso parte de la base de considerar el teletrabajo como una modalidad laboral, y así la integramos al contrato de trabajo y delegamos las especificidades dentro de las convenciones colectivas de trabajo”, destacó Siley.

Por su parte, el diputado radical Albor Cantar, vicepresidente primero de la comisión, valoró el esfuerzo realizado para alcanzar “los máximos niveles de consenso”. En ese sentido resaltó el momento en el que finalmente se consiguió avanzar con este tema. “No es casualidad”, dijo, recordando que “llevamos 13 años desde los primeros proyectos que se presentaron en esta Cámara, y ahora llegamos a compatibilizar una veintena de proyectos”.

El legislador santafesino destacó que el proyecto tiene dos objetivos centrales: facilitar el acceso al trabajo, en momentos en que precisamente la desocupación acaba de llegar a los dos dígitos y –adelantó- será mucho peor cuando concluya la pandemia y el aislamiento social obligatorio, y por otro lado “garantizar un piso de derecho a los trabajadores”.

Con todo, Cantar planteó sus disidencias respecto del proyecto consensuado. Por ejemplo respecto del artículo 3° referido a derechos y obligaciones, donde se habla de la facultad de delegar en el Convenio Colectivo de Trabajo, puntualizó que “es una facultad y no una obligación. Entendemos que el término utilizar debería ser ‘podrán’ y no ‘deberán’”. Cuestionó además el tema de la “reversibilidad”, de la que habla la ley y cuyo último párrafo debería ser sacado, dijo.

Asimismo consideró que el proyecto debería haber contemplado “algún incentivo para esta modalidad para las pymes”, de modo tal de promoverla.

A su turno, el diputado Hugo Yasky resaltó que este proyecto establece “un piso derechos para que a partir de ahí y de acuerdo a las características de cada sector de trabajo y sus convenios, se puedan definir cuestiones relativas a cada sector”. Asimismo valoró “la voluntad convergente de todos los diputados intervinientes para lograr concretar esta ley”.

Desde la Coalición Cívica, Mónica Frade planteó fundamentalmente sus disidencias con un proyecto que la llevó a preguntarse “cuál es la razón o la urgencia” para tratar ese proyecto de manera tan acelerada, “teniendo en cuenta que muchas de las cosas que dijeron muchos de los que expusieron ante esta comisión deberían haber sido recogidas con más interés y cuidado. Y deberían haber sido recogidas con un poco de más atención”.

A la hora de plantear sus disidencias, objetó el artículo 5° que le prohíbe a los empleadores remitir comunicaciones a los trabajadores fuera de la jornada laboral. “Se tendría que haber puesto que el empleado no está obligado a responder, pero no se le puede impedir al empleador que organice su propia tarea para el día siguiente”, observó Frade.

También advirtió que el artículo 6° “va a desalentar profundamente la contratación de empleados” con esta modalidad. Sucede que el mismo menciona el caso de aquellos trabajadores que tengan a cargo personas menores de 13 años, o adultos mayores, y establece numerosas penalidades para el empleador que no contemple la disponibilidad en cuanto a horarios y hasta considera esas actitudes como “delitos”. Eso hará que esas personas sean descartadas por los empleadores, advirtió Mónica Frade, entre otras objeciones que planteó.

“A mí no me conforma sacar una ley, sino que lo que quiero es sacar la mejor ley, que va a ser la que fomente este tipo de contrataciones”, destacó la diputada de la CC, apelando a que “podamos afinar un poco más su redacción”.

Con esta diputada coincidió en varios puntos Facundo Moyano al intervenir en un debate que consideró “auspicioso” y que atribuyó a “la insistencia y persistencia, y el dinamismo que adquirió la comisión bajo la presidencia de Vanesa Siley”.

Moyano citó también el artículo 4° del proyecto, señalado que “es imposible evitar que el empleador, fuera del horario laboral, no pueda mandar un mensaje. Sí podríamos regular que el trabajador no deba estar obligado a responderlo. Yo directamente sacaría ese párrafo”.

Facundo Moyano también objetó el artículo 8°, y también el referente a la “reversibilidad” del consentimiento.

Qué dice el proyecto

En el proyecto que obtuvo dictamen se incorpora el artículo 102 bis a la Ley de Contrato de Trabajo para regular que “habrá contrato de Teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios” sea “efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.

Además, ese nuevo artículo señala que “las regulaciones específicas del Teletrabajo se establecerán para cada actividad mediante la negociación colectiva, respetando los principios de orden público establecidos en esta ley”.

El proyecto indica que “las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad, gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración será la correspondiente al convenio colectivo de trabajo, no pudiendo ser inferior, en su caso, a la que percibía o percibiría bajo la modalidad presencial”.

Asimismo, “la reglamentación de la ley y los convenios colectivos deberá prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo”.

En lo que respecta a la jornada laboral, ésta deberá “ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos”. En tanto, “las plataformas y/o software utilizados por el empleador” tendrán que “desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma”.

En ese sentido se introduce el concepto de “derecho a la desconexión digital”, por el cual la persona que trabaja bajo esta modalidad “tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias” y “no podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho”.

“El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral”, enfatiza el texto.

Sobre la tarea de cuidados, quienes “acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”.

“Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio resultando aplicables las previsiones la Ley 23.592 -Actos Discriminatorios-“, agrega el articulado y establece que “mediante la negociación colectiva podrán establecerse pautas específicas para el ejercicio de este derecho”.

El proyecto indica que “el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito”.

En lo que respecta a la reversibilidad del consentimiento, el mismo podrá ser revocado por el trabajador “en cualquier momento de la relación”. “En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”, se dispone.

Si el empleado se negare, “dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas”.

Pese a que desde el sector empresario pidieron que se tengan en cuenta las facultades de “organización y dirección del empleador”, la reversibilidad sólo se dará con la voluntad del empleado, aunque se aclara que “en los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.

La iniciativa establece que “el empleador debe proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja. La compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.

En tanto, el trabajador remoto “tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar” y “dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva, y quedará exenta del impuesto a las Ganancias”, un punto solicitado por la CGT.

La autoridad de aplicación de la ley -que entrará en vigencia 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio-, será el Ministerio de Trabajo, que dictará normas referidas a la seguridad e higiene; incorporará las nuevas enfermedades laborales por esta modalidad; tendrá a cargo la fiscalización.

Además, llevará un registro en el cual deberán estar anotadas “las empresas que desarrollen esta modalidad, acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual” y “esta información deberá ser remitida a la organización sindical pertinente”.

Sobre las “prestaciones transnacionales”, se aplicará “al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja”.

“En caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación. Los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones”, señala el proyecto.

La iniciativa también abarca cuestiones referidas a la capacitación; la protección de la información laboral; el derecho a la intimidad; la representación digital; y el goce de todos los derechos colectivos.

Sobre el mediodía concluyó la sesión en minoría convocada por Juntos por el Cambio para derogar los poderes especiales al jefe de Gabinete. Había vuelto Sergio Massa, que durante buena parte de la sesión se había ausentado para participar de una videoconferencia de líderes parlamentarios latinoamericanos, y antes de cerrar la reunión, saludó por su cumpleaños al diputado mendocino Omar de Marchi, y luego se permitió una ironía al “agradecerles a todos los diputados que hoy no tuvieron ningún problema para conectarse y poder utilizar este sistema, aun aquellos que eran muy críticos”.

La referencia tenía que ver especialmente a la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, que se quejó en la última sesión por no haber podido sumar su voto por dificultades técnicas y denunció “el muteo de Massa”.

Por Carolina Ramos

Luego de que el oficialismo rechazara, junto a otros bloques, el pedido para tratar en el recinto el polémico DNU 457/20 en la sesión de este jueves la Cámara baja, una diputada denunció que el presidente del cuerpo, Sergio Massa, alteró el sentido de su voto. Se trata de Mónica Frade (Coalición Cívica), discípula de Elisa Carrió y opositora al sistema virtual.

La moción para tratar sobre tablas el decreto que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas presupuestarias sin aval del Congreso, no reunió la mayoría de tres cuartos -recibió 119 votos a favor y 127 en contra-, por lo cual resultó rechazada. Si bien el voto de Frade no alteraba el resultado, la legisladora apuntó a Massa y levantó una discusión.

Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo funciona el sistema? Media hora antes de la votación, Massa notifica a los diputados para que chequeen su conexión y logueo a la aplicación que permite dar quórum y votar, a través de la red VPN. Para la votación se otorga un tiempo considerable de tres minutos.

El tablero arroja entonces el resultado, pero el sistema exhibe una debilidad: a algunos diputados el sistema no les registra el voto a pesar de que estuvieran dando quórum y hayan intentado hacerlo. Por eso, el presidente les da una segunda oportunidad: nombra uno por uno a aquellos que no pudieron votar, y les permite hacerlo “a viva voz”. Eso, siempre y cuando hayan estado logueados en la app al momento de la votación.

No fue el caso de Frade, quien al momento de votar la moción del DNU figuraba ausente. Según fuentes autorizadas consultadas por parlamentario.com, Frade se conectó a la plataforma CISCO Webex -utilizada para el uso de la palabra- cerca del mediodía, pero el primer registro en la app que permite dar quórum y votar fue a las 15.13, cuando la votación se produjo entre las 14.57 y las 15.07.

La representante de la Coalición Cívica, no obstante, pidió la palabra insistentemente a Massa para que su voto quedara registrado. Cuando el presidente de la Cámara le permitió hablar, Frade aclaró que su voto era positivo, y Massa lo tomó.

Pero tiempo después, Massa volvió sobre sus pasos, y aclaró: “(Frade) marcó el logueo que da el quórum siete minutos después de la votación, manifestado su voto de manera verbal por el sistema CISCO Webex. Quiero aclarar que más allá de que no modifica el resultado de la votación, el voto de la diputada Frade, de acuerdo al protocolo, se considera ausente”.

En efecto, en el acta de la votación que figura en la web de la Cámara de Diputados, el registro de Frade es ausente. En su cuenta de Twitter, denunció: “Se me consideró ausente por no poder acceder al dispositivo por inconvenientes entre Fibertel y la HCDN, o sea, razones ajenas a mí. Democracia pandémica. Good show”.

Este viernes, en declaraciones radiales, Frade habló del tema y reconoció: “El sistema a mí nunca me terminó de funcionar del todo, incluso en los ensayos. Siempre hubo dificultades. A las 13.30 empezaron las conexiones (para iniciar la sesión) y mi celular no me tomó la plataforma de VPN”.

“Nos contactamos con el equipo informático, estuvimos dos horas intentando conectarme con mi celular. Me conecté desde la computadora, pero los dos sistemas juntos es imposible, entonces se conectaba y se desconectaba”, relató Frade en diálogo con FM Concepto, y agregó: “En la primera votación no pude votar, se me desconectó, y cuando vi que no estaba mi voto, avisé que no me había tomado el voto”.

Gravedad institucional, parte 1, sesion 21/5/20 en la Sesion virtual HCDN.
Avisaba mi dificultad para emitir el voto por VPN. La interrupción es el.muteo que Massa decidio pic.twitter.com/XNXjKyXo4C

— Monica Frade (@MonicaFradeok) May 22, 2020

Lo cierto es que dar quórum es una condición necesaria para que un diputado pueda votar. En el recinto, los diputados dan quórum al sentarse en las bancas, que tienen un sensor de peso; si se levantan, dejan de dar quórum. Por eso, si un legislador sale del recinto al momento de la votación y al regresar quiere votar, ya no puede hacerlo.

En el nuevo sistema, existe la opción “Salir del recinto”, el equivalente levantarse de la banca. Para poder hacerlo, la plataforma exige una nueva identificación de identidad del RENAPER. Solo se deja de dar quórum pulsando ese botón.

Como la propia Frade comentó, no es la primera vez que tuvo problemas de conexión. De hecho, desde que debutó el sistema no pudo votar nunca: figura ausente en las votaciones del Protocolo de Funcionamiento Remoto, los proyectos de exención del impuesto a Ganancias, protección del personal de salud, educación a distancia y receta digital, y la moción sobre el DNU.

En las primeras capacitaciones a diputados, a principios de mayo, Frade fue advertida por personal de la Cámara sobre la baja calidad de su red wifi y se le sugirió sesionar desde algún organismo oficial cercano. También le recomendaron que utilice los datos -la app funciona con 4G y también 3G-. A pesar de estas advertencias, no pudo conectarse en la primera sesión, y el personal de Mesa de Ayuda de la Cámara no logró contactarse con ella, tras haber insistido “en 15 oportunidades”.

Los inconvenientes se repitieron este jueves y, tras haber conseguido al fin conectarse a la app, la diputada luego salió y volvió a ingresar al recinto virtual varias veces, una actitud que algunos consideraron malintencionada. Su última conexión fue a las 16.09. A las 20.17, cuando se votó el último proyecto de ley, era un hecho que la diputada ya no estaba presente.