En un encendido discurso en el que se pronunció a favor de modificar la Ley 26.122, la diputada Silvia Lospennato concluyó diciendo: “Sin comprarme el republicanismo repentino de los que propusieron, usaron y abusaron de esta ley durante tantos años; sin comprarme la hipocresía de los que dicen una cosa y cambian de opinión cuando no les conviene la norma, yo quiero ser coherente con lo que mi partido a lo largo de 20 años ha sostenido en este Congreso. Porque creo que para los ciudadanos hay un valor en la coherencia de los políticos: cuando nos votan, tienen que saber que si votan a un republicano vamos a defender la Constitución cuando nos convenga y cuando no nos convenga, porque la Constitución está por sobre los intereses de cualquier partido y de cualquier persona”.

Y antes de que continuaran los expositores, pidió la palabra la diputada massista Mónica Litza para preguntarle: “No me quedó en claro una cosa de la diputada Lospennato. Por sí o por no, diputada, ¿usted le dio facultades delegadas al presidente Milei, ya que habla de republicanismo?”.

La diputada del Pro recogió el guante. “Mire, no es un debate, pero le voy a contestar que la delegación de facultades está habilitada en la Constitución Nacional -dijo-; yo lamento que algunos diputados tengan que ir y retomar algún curso de Derecho Constitucional. Y no solamente está habilitada por la Constitución Nacional, sino que la Corte Suprema en reiterados fallos ha…”.

“Por sí o por no, era, diputada, gracias…”, le lanzó Litza, y Lospennato reaccionó diciendo que justamente le estaba costentando. “Y usted no dice, ‘por sí o por no’, mire… Le fue muy mal al que quiso apurar con eso, yo que ustedes no sería…”.

“Tan mal no le fue”, le gritaron desde Unión por la Patria, y le recordaron a la diputada del Pro que habían salido terceros en las elecciones de 2023. Pero Lospennato insistió: “Perdió, el que dijo por sí o por no perdió… Miren, yo no sería ni tan soberbio ni tan prepotente. Justamente nosotros dimos delegaciones legislativas a todos los presidentes, a todos… Y el único que no las pidió fue el presidente Macri, ahí hay una diferencia que yo quiero resaltar. Pero además digo: las dimos porque eran constitucionales, y lo hicimos en el margen que la Constitución habilita: fijando la materia, los límites y ejerciendo luego la facultad de control que corresponde a este Congreso”.

Y cerró: “Así que si algo no puede hacer un kirchnerista es corrernos a los republicanos con la Constitución”.

Desde Unión por la Patria insisten con activar la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, luego de que en la última sesión el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no permitiera emplazar a las comisiones para tratar una resolución que busca destrabar su funcionamiento.

El expediente que pretendían emplazar tiene giros a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Nicolás Mayoraz y a la Comisión de Peticiones Poderes y Reglamento que preside Silvia Lospennato, del Pro. Por eso, los diputados de UP Sabrina Selva, Mónica Litza y Juan Marino, como integrantes de la Comisión de Asuntos que es cabecera del expediente, presentaron una nota al diputado libertario Nicolás Mayoraz, para que, en virtud del artículo 109 del Reglamento, convoque de manera urgente a la comisión para abordar y dictaminar el expediente que destrabaría la elección de autoridades de la Comisión Investigadora, poniendo fin a su juicio a las dilaciones y artilugios reglamentarios.

“Se nota mucho que quieren seguir bloqueando el tema, pero vamos a agotar todas las instancias para que se pongan a trabajar y abran las comisiones que presiden”, expresó la diputada Selva, quien fue propuesta por la oposición para presidir dicha comisión.

En la nota presentada a Mayoraz, le detallan las razones por las que debería convocar a las comisiones, en virtud de la necesidad de “garantizar el cumplimiento de los fines para los cuales fue creada la Comisión Investigadora por la estafa $LIBRA, garantizando su normal funcionamiento, sin interferencias ni bloqueos”.

“La resonancia política y judicial no solo a nivel nacional sino internacional que reviste el hecho de que el presidente Javier Milei haya promovido una criptomoneda que derivó en un escándalo, requiere de una mayor celeridad y seriedad por parte de esta honorable Cámara, sin más dilaciones ni artilugios reglamentarios”, le indican Selva, Marino y Litza, por lo cual solicitan que el expediente reciba tratamiento “urgente y preferente despacho”.

La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el diputado oficialista Nicolás Mayoraz volvió a reunirse este miércoles para avanzar con el debate de una nueva reglamentación para la Auditoría General de la Nación. En ese marco se resolvió mantener reuniones para escuchar a autores de los proyectos puestos en consideración e invitar a especialistas para que brinden su experiencia, ya sea desde la gestión o bien desde lo académico.

En el inicio de la reunión -la segunda que se realiza sobre este tema, la anterior fue el 21 de mayo-, el titular de la comisión aclaró que a pedido de los diputados habían procedido a hacer la supresión de giros de los otros proyectos que se ponían a consideración, para concentrar todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la ley de AGN teniendo a la vista expedientes que si bien no son específicos con el tema, lo rozan de alguna manera. “Hemos corregido los giros y ampliamos el temario con una presentación que hizo la diputada Mónica Litza”, apuntó Mayoraz.

“Creemos que se puede modificar la ley sin perjuicio de aprovechar este interés concitado avanzando con el tratamiento de una ley integral”, agregó el diputado oficialista.

La diputada Liza pidió avanzar con una reforma “integral” del tema.

Precisamente la diputada Mónica Litza intervino entonces para expresar su “desacuerdo total con centrar y focalizar una reglamentación tan importante solamente basada en la designación del Colegio de Auditores y autoridades” de la Auditoría. La diputada de UP aclaró que les parecía un tema importante, pero no el más importante. Habló de una mora de 31 años en la reglamentación del artículo 85 de la Constitución Nacional, que es el que reglamenta el tema. Y al recordar que la propia CN establece que al frente de la AGN tiene que estar un representante de la fuerza, frente o partido político que tenga más representación en las cámaras, “eso se contradice con el mandato (presidencial), que en Argentina es de 4 años”. Ante lo cual, enfatizó que “por supuesto que tenemos que avanzar en el acortamiento de los mandatos” de los auditores, que actualmente es de 8 años.

Tras recordar que su proyecto lo había presentado por primera vez en 2016 junto con Margarita Stolbizer y Carla Pitiot, miembro de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), y volvió a representarlo en 2018 y ahora, destacó que tuvo un trabajo muy importante de todo el personal que ha trabajado en la AGN. Reclamó entonces “correr el velo” y dejar de focalizar el debate en la constitución del organismo, para tratar de forma integral el funcionamiento de la AGN, porque a su juicio “hasta ahora está funcionando con un marco normativo armado con parches”. Reducir el debate a una integración del auditor general y el Colegio de Auditores es a su juicio “banalizar una oportunidad muy importante que tenemos”, por lo que anticipó que no acompañarían un pedido de dictaminar sobre una parte de la cuestión, sino que reclamó “avanzar con una cuestión integral”.

Mayoraz coincidió con la necesidad de avanzar con la reglamentación del artículo 85. Reconoció que solo se pone foco en la cuestión cuando viene el tiempo de renovar auditores; después de olvida. “El compromiso del presidente de esta comisión y el de la Cámara de Diputados es que atendamos las dos cosas: integrar el Colegio de Auditores y trabajar la ley. Por eso vamos a trabajar en dictaminar sobre una modificación parcial de la ley, sin olvidar avanzar con el resto”.

Abogó entonces por hacer una reunión informativa y corregir cuestiones como la comentada en la reunión anterior por el diputado Julio Moreno Ovalle, quien se quejó por ejemplo de que recién ahora se está trabajando en la Bicameral Revisora de Cuentas sobre la cuenta de inversión de 2017. “Es disfuncional controlar cuentas de un presidente que ya terminó hace dos mandatos”, reconoció Mayoraz.

Autora de otro de los proyectos puestos a consideración, la diputada del Pro Silvina Giudici destacó la necesidad de mejorar el andar de la AGN, y mencionó las contrataciones hechas en tiempo de pandemia. “Falló mucho ahí el Estado como control y la AGN tuvo una intervención bastante pobre”, remarcó Giudici, quien reconoció que “en este momento la mayor dificultad que enfrentamos es que la AGN está incompleta, solo tiene un presidente que no está ejerciendo en su cabal dimensión. Entonces, como propone Mayoraz, sería importante poner la mirada en la integración (de la Auditoría) y la duración de mandatos. Parece que está desfasado de la realidad y hay que corregirlo”. Y como otros diputados pidió invitar a exponer a los directivos de APOC para que hagan un informe pormenorizado de los cambios de la ley que ha creado la AGN.

La diputada de Democracia Para Siempre Carla Carrizo valoró la convocatoria a ese debate y recordó que durante la gestión de Cambiemos se llegó a armar una subcomisión para analizar una nueva reglamentación, cuando al frente de Asuntos Constitucionales estuvo el diputado Pablo Tonelli. “Celebro todos los debates que mejoren las condiciones de trabajo”, dijo la diputada que puso énfasis en las cuestiones pendientes en materia institucional, citando los años que se tardó con el Consejo de la Magistratura y la acefalía de 16 años del defensor del Pueblo. “Algo pasa con el poder que no podemos controlarlo -observó-. Tenemos que hacer un cambio. Una cosa es la economía y otra son las instituciones, pero las dos cosas van unidas”.

Reconoció que el mandato de 8 años que tienen los auditores “es una barbaridad”, y se quejó de que la AGN “controla mal, anuncia tragedias que no se evitan”. A su juicio, “para las grandes decisiones tenemos que prever, cambiar el modo en que se controla y el plan de auditoría. El plan de auditoría está mal”.

Carla Carrizo dijo que la AGN “controla mal, anuncia tragedias que no se evitan”.

Por último, hizo hincapié en la cuestión de género, que atiende el proyecto que ella presentó. Observó que hay una Ley de Paridad y que particularmente la Cámara de Diputados nunca designó una mujer en la AGN. “Esta vez tendría esta Cámara que nominar una mujer. Este tema no puede ser ignorado”, señaló, para finalizar con una reflexión: “No es que primero reformemos y después nominemos (a los auditores); se puede hacer todo junto”.

A continuación, el presidente del bloque Unión  por la Patria, Germán Martínez, expresó su beneplácito porque no se cumplieran las versiones que circulaban el día anterior, que anticipaban la intención del oficialismo de llevar a la comisión un dictamen para pasar a la firma. “Los pasillos hablan y me parece inconveniente eso para un debate de estas características”, señaló. También compartió con su par Mónica Litza la necesidad de avanzar con un debate integral, y contar con el aporte de personas que puedan sumar su visión desde la experiencia.

Martínez valoró el papel de legisladores que luego pasaron por la Auditoría, y citó a un comprovinciano: Oscar Lamberto, quien para él “honró su tarea en la AGN”. Citó también el caso del radical Jesús Rodríguez. “¿Por qué no puede aportar a la AGN alguien que ha tenido un rol destacado?”, se preguntó, citando críticas escuchadas en ese sentido.

Con ironía, señaló que al oficialismo “les brota ese espíritu republicano en el momento que decidimos avanzar con la nominación de un auditor”, en referencia a que la semana pasada la oposición se proponía designar al menos dos auditores. Advirtió entonces contra el hecho de que el oficialismo pretenda bloquear la posibilidad de que el Congreso decida. Remarcó en ese sentido que el artículo 85 está vigente, lo mismo que la Ley 24.186, y al respecto advirtió que “en el momento en que los bloques presenten una moción, eso está dentro de la competencia que tiene el Congreso y las tendremos hasta el momento que haya una nueva ley. Este tema puede resolverse por el mecanismo previsto. Que no funcione este debate parlamentario como un cepo a las atribuciones que tenemos los diputados y senadores”.

A su turno, el diputado Moreno Ovalle dio detalles del proyecto impulsado por el oficialismo, que es el del presidente de la Cámara Martín Menem, destacando que el mismo plantea la misma cantidad de auditores que en la actualidad (siete), pero dándole más jerarquía al presidente, que debe ser designado por el Senado y que debe ser de la oposición. Pasa a ser el único auditor general, mientras que los otros seis serán auxiliares. Y se corrige el número de miembros de cada cámara: 2 por el Senado y 4 por Diputados. Como así también la cuestión remunerativa, ya que en la actualidad los auditores ganan más que el presidente de la Nación.

A continuación, Margarita Stolbizer agradeció que se hubiera corregido el tema de los giros, y elogió también que el oficialismo hubiera presentado un proyecto como el de Martín Menem, que consideró “bastante bueno”. “Creo que lo valioso es presentar un proyecto integral, que reglamenta la Auditoría, que va en línea con lo que sostenemos que es la necesidad de una reforma”, señaló.

Advirtió eso sí sobre “la posibilidad de sacar alguna ventaja ocasional sacando un tema del tratamiento general no se bueno, pone un disvalor en ese buen proyecto que presentó Martín Menem y la bancada oficialista”, y cerró pidiendo dar un plan de trabajo y trabajar en la construcción del consenso, para lograr una ley que rija por 30 o 50 años. “Cada uno que se ponga a discutir la ley tiene que hacerlo pensando en la República. Es una ley demasiado importante, hay que darle tiempo, dedicación y construir consensos y no sacar alguna ventajita a ver si podemos conseguir un auditor más”.

Stolbizer consideró “bastante bueno” el proyecto presentado por el oficialismo.

Desde el oficialismo, la diputada mendocina Mercedes Llano habló de la necesidad de “despartidizar ese organismo” para que no opere como “una suerte de botín político”. Sostuvo que “el espíritu de nuestro proyecto quizá sea extremo y es discutible, pero busca repensar y garantizar la autonomía del organismo. La política ha sido el criterio dominante para elegir a los integrantes de la Auditoría, y se debe garantizar la imparcialidad”. Puso como ejemplo lo que sucede en su provincia, donde dijo que muchos exfuncionarios luego son designados al frente de organismos de control, y se preguntó “de qué control real e independencia hablamos si los que controlan al Gobierno son amigos del gobernador”.

En otro pasaje, la diputada Carla Carrizo volvió a intervenir para expresar su desacuerdo con que el presidente de la AGN tenga acuerdo del Senado, y advirtió que la nuestra “debe ser la única democracia donde el Senado tiene un poder absolutamente desmedido. Eso me parece un poquito una trampa”.

Carolina Gaillard pidió luego que más allá del debate se vaya avanzando en la constitución de los organismos y ponerle condicionamientos a quien se elija al frente sería “desnaturalizar lo que dice la Constitución”.

Recordó también que UP se proponía en la última sesión, la que no se hizo por falta de quórum, votar miembros que faltan en la Auditoría, para que comenzara a integrarse. “Escucho mucho al Gobierno de Milei hablar de las auditorías, pero no podemos hacerlas si no están nombrados los miembros. Hoy en la AGN solo está el presidente y no está pudiendo funcionar”. Por eso pidió “hacer todo en paralelo”.

Sobre el final, la radical Karina Banfi se diferenció de otros discursos considerando que los auditores “tienen que tener un carácter político, pero también meritocrático”. Aclaró que “no es que cualquiera puede ser auditor”, y concluyó señalando que “hablar de que los cargos no tienen que tener algún cariz político es como pedirle a las personas que no tengan ninguna religión”.

Por eso reclamó “dejar de demonizar la política. Hemos detonado los política, cuando los problemas se resuelven con más política y no menos”.

Encargadas de fundamentar el dictamen de Unión por la Patria fueron las diputadas Mónica Litza y Vanesa Siley. La primera rechazó que ese espacio no quiera ficha limpia, como “quieren instalar”, según sostuvo. A su juicio, ese es “un golpe de efecto que les da resultado”.

“No es verdad, por si la verdad todavía importara”, aseguró, afirmando que ficha limpia ya existe en nuestra legislación. “Lo que no estamos de acuerdo es con querer votar o acompañar un proyecto que violenta el principio de sentencia firme o presunción de inocencia”, continuó.

Luego Litza planteó las tres grandes diferencias que su espacio tiene con el proyecto oficial. Uno es los delitos abarcados, que ellos quisieran extender como inhabilitantes; también la extensión para las sociedades offshore y un respeto a la Constitución Nacional. “No solo deben ser inhabilitados los delitos de corrupción, sino extenderlos al contrabando, malversación, delitos de índoles sexual, trata de personas, a los evasores y administradores de las sociedades offshore”, sostuvo, asegurando que “todos estos delitos que estamos incorporando son tan inmorales como los delitos de corrupción”. Asimismo, sostuvo que “la presunción de inocencia es fundamental, solo se rompe con la sentencia firme”.

Litza advirtió de todas maneras que si este proyecto se convierte en ley, “en algún momento la Corte lo va a declarar inconstitucional”, y puso como ejemplo uno que involucró a Carlos Menem, tío del actual presidente de la Cámara. “También le prohibían ser candidato nacional, y casi lo logran. Tuvo que intervenir la Corte, dijo que la condena estaba mal impuesta, lo sobreseyó y pudo ser candidato. Lo mismo ocurrió con Lula en Brasil”.

“Estamos convirtiéndonos en una casta que decide quiénes pueden ser candidatos y quiénes no”, sostuvo, y concluyó alertando con que “están buscando inhabilitar a Cristina Kirchner”.

A continuación, Vanesa Siley sostuvo que “por lo menos ha reconocido el oficialismo que estamos hablando del ejercicio de los derechos políticos, porque se ha intentado disfrazar esto como la transparencia, garantías, y estamos hablando de una limitante importante a la soberanía popular: el derecho a elegir y ser elegido”.

En otro pasaje, Siley recordó que el proyecto original de 2015 inhabilitaba a los procesados para ser candidatos. “Si nosotros lo hubiéramos votado, no hubiera podido presentarse (Mauricio) Macri”, advirtió la diputada, que detalló a continuación la “cronología de cambios que fue siguiendo el estado procesal de Cristina Fernández de Kirchner, para ir corriendo la cancha. Y por otro lado, (fue siguiendo) el estado procesal de Mauricio Macri, para que siempre pueda quedar adentro del escenario electoral”.

Y cerró: “Cuando decimos proscripción, nos referimos a esto”, advirtiendo que “persiguen opositores”.

La oposición consiguió este miércoles el objetivo que se había propuesto cuando aprobó un emplazamiento para debatir la reforma de la Ley 26.122 que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. En su tercera reunión, firmó el dictamen que habilitará su tratamiento en el recinto.

Ahora se inicia otra pulseada, en la que la oposición correrá una carrera contrarreloj para forzar un tratamiento que el oficialismo y sus aliados buscarán evitar. Hay tiempo hasta fines de noviembre, cuando concluya el período ordinario.

El dictamen de mayoría obtuvo 36 firmas, correspondientes a Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre (el nuevo espacio radical, formado la semana pasada).

Hay además tres dictámenes de minoría: el de rechazo, que tiene las firmas de 9 diputados de La Libertad Avanza (no así las de su aliados del Pro); otro de Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, con 2 firmas, y el de Karina Banfi, del bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, también con 2 firmas.

El debate

Tras la exposición de los invitados que habían quedado pendientes de las dos jornadas previas, a la hora de la intervención de los diputados, abrió el juego la diputada de UP Mónica Litza, quien resaltó el “desafío” que era tratar la modificación de la Ley 26.122, que “vino a suplir una necesidad y un vacío que había respecto de la reglamentación de los DNU, que fue recogido por la Constitución de 1994”. Tras valorar esa ley que consideró muy importante, llegó hasta el presente, situándose en diciembre de 2023, cuando el presidente Javier Milei “nos sorprendió con el envío a esta casa de un decreto de necesidad y urgencia de 366 artículos, donde había muchísimas materias que no tenían que ver con la necesidad y la urgencia, y empezamos a poner el foco en cuáles eran los puntos que deberíamos rever y trabajar para que el espíritu de los constituyentes de 1994 pudieran ser reflejados en una herramienta que tiene que tener una utilización mínima, limitada”.

Admitió que el dictamen que estaban presentando podía no ser “perfecto”, pero valoró la importancia de haberse puesto de acuerdo en cosas que consideró “importantes”. En ese sentido resaltó que estaban proponiendo que “ante el silencio de ambas cámaras se derogue el DNU”, y contra lo manifestado durante esa tarde por uno de los expositores, dijo que “el silencio nunca puede interpretarse en forma afirmativa, como hasta ahora”.

Respecto de los plazos, detalló las diferencias que había entre los múltiples proyectos puestos a consideración, habiéndose concluido en que fueran 90 días corridos los considerados. “Es muy importante haberle puesto un plazo”, enfatizó, como así también destacó la asimetría que existía entre el proceso de formación de las leyes y un DNU. “Para que una ley sea ley, necesita la aprobación de ambas cámaras; con el decreto de necesidad y urgencia pasa algo diferente: basta que una cámara lo apruebe para que sea vigente”, destacó.

“Corregimos eso y también si una cámara podía abocarse o tenía que esperar una convocatoria -agregó-. Lo saldamos. Ojalá que pronto podamos llevarlo al recinto y que se convierta en ley”.

Durante el plenario, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer aclaró que firmó con disidencias el dictamen. "La corrección que se está haciendo es la que se debe hacer, pero es insuficiente", consideró.

"La Ley 26.122 no es buena. Y además es inconstitucional. Esto no es desde que gobierna Milei. El uso y abuso de los DNU viene desde hace mucho tiempo. La ley ha sido funcional a todos los gobiernos. Ha permitido atrocidades y un deterioro muy grande de nuestra calidad institucional", observó.

Por su parte, el socialista Esteban Paulón, también miembro de EF, dijo que en caso que este proyecto fuera ley y el presidente lo vetara, él le tiene "mucha fe en la insistencia de esta ley en la Cámara de Diputados", pese a haber fracasado la oposición con los vetos anteriores de jubilaciones y universidades.

En ese sentido, desafió a los legisladores que en el pasado "gritaban desde sus bancas" favor de "la República, la democracia y las instituciones". "Esta vez seguro van a sumar sus votos para que esta ley quede firme", agregó.

En un día especial, por cumplirse 41 años del retorno de los argentinos a la democracia, varios de los diputados radicales comenzaron sus exposiciones con esa referencia y, en particular, las expresiones que durante el día ya habían repudiado del presidente de la Nación, contra Raúl Alfonsín. Lo hicieron Fernando Carbajal, Cecilia Moreau y Karina Banfi, quien consideró “un agravio” los dichos de Mile, que atribuyó a “la ignorancia y los prejuicios”.

Respecto de su posición y el dictamen elaborado por el bloque radical, señaló que “tenemos que buscar ese equilibrio de los pesos y contrapesos que tienen los poderes. Esta reforma hace justicia con el espíritu de la reforma de 1994 para evitar los excesos del presidencialismo”.

“Esta reforma hace justicia con el espíritu de la reforma de 1994, justamente para evitar los excesos del presidencialismo”, señaló, remarcando la intención de “normalizar los procesos legislativos, donde se necesiten las dos cámaras para aprobar un DNU, comprometiendo a la Comisión Bicameral con plazos, y darle una lógica a los procedimientos y tratamientos de múltiples materias”.

Desde el oficialismo, el correntino Lisandro Almirón enfatizó: "No podemos dejar pasar por alto la hipocresía". "Parece que tienen la memoria frágil", dijo al recordar que pasaron 12 años desde la reforma constitucional a la sanción de la ley para regular los decretos.

El libertario apuntó que esta reforma se da en un marco de "capricho de sectores del Poder Legislativo". A continuación, denunció una "obstrucción de la gobernabilidad del país" por un acuerdo de espacios opositores que serían "una alianza que en términos electorales jamás se hubiera pensado".

Visiblemente en contra de la reforma, Almirón acusó a la oposición de "ir en contra del cambio que votó la gente" por "egos, vanidades y ventajismo político". Confiado en las elecciones del año que viene, afirmó: "Vamos a ser nosotros mismos con mayoría los que modifiquemos las cosas que dejaron mal".

"No especulen, las elecciones las van a perder en las urnas. Y si llega el veto, bien merecido el veto, por hipócritas, mentirosos y por fomentar la inseguridad jurídica", lanzó.

Para Fernando Carbajal, la 26.122 “fue siempre una mala ley, porque ha permitido que lo que era una excepción, se convirtiera en una regla”. Hizo un mea culpa de las responsabilidades que personalmente le correspondían y admitió que el Gobierno de JxC utilizó esa ley, admitiendo que si hubo algún intento de reforma, “nunca fue planteada seriamente, porque a cualquier oficialismo le gusta tener el mayor poder político”.

“Y es lo que está haciendo Javier Milei, por lo que yo no me voy a poner acá en la posición del gran ético político, que lo censuro a Milei por tratar de mantener esa ley, porque sería un gesto de hipocresía política, porque quienes lo precedieron hicieron lo mismo”, advirtió. Eso sí, aclaró que ha cambiado la correlación de fuerzas, “y esto sí es consecuencia del libre juego de la democracia y las instituciones. Y le guste o no le guste a Javier Milei y a su partido, van a tener que aceptar que esta es la oportunidad histórica para mejorar el funcionamiento institucional”.

La voz de los invitados

Al comienzo de la reunión, expusieron especialistas quienes compartieron su postura sobre la modificación a la Ley 26.122.

El abogado Enrique Hidalgo consideró que “esta ley fue un avance institucional pero también creo que el tiempo que transcurrió autoriza que el Congreso haga una revisión de los efectos de la ley”.

Jorge Enríquez, exdiputado del Pro y uno de los expositores de este miércoles.

En tanto, Jorge Enríquez, diputado nacional mandato cumplido, expuso que “no hace falta modificar la ley totalmente, sino en un elemento esencial”. En este sentido, Enríquez recordó que como diputado presentó un proyecto “estableciendo la caducidad del DNU si no era aprobado expresamente por ambas cámaras en el plazo de 90 días”.

Por su parte, el constitucionalista Maximiliano Toricelli dijo que la “ley tiene serios déficits y demostró que no funciona”. “Es el momento de hacer un cambio, la sociedad está requiriendo consensos básicos para ver qué tipo de República queremos, de qué manera vamos a legislar y qué vamos a dejar para la posteridad”, argumento Toricelli.

En el marco del debate sobre discursos negacionistas, Mónica Litza fue la primera diputada en exponer este miércoles en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, y lo hizo para defender una iniciativa propia sobre la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática.

En su larga y fundada exposición se interrumpió en un momento dado. “Puedo… -arrancó-. Siento un… Parezco Milei…”. Entre risas, y mientras el presidente de la comisión, Hugo Yasky, pedía silencio para escuchar la exposición de su colega, Lizta completó, riendo: “Perdón… siento voces”.