La diputada oficialista es autora de uno de los proyectos en el que propone reducir la jornada laboral a 36 horas semanales. Así, planteó que “no es una idea descabellada”, sino que “es un buen momento para actualizar la legislación”.
La diputada nacional Mónica Litza (FdT) destacó la “importancia” del debate sobre la reducción de la jornada laboral y consideró “necesario” impulsar la modernización de las leyes laborales con el propósito de estar en sintonía con “las nuevas realidades del mundo del trabajo” porque “estamos modificación una ley del siglo pasado”. Por otro lado, elogió al candidato/ministro Sergio Massa.
“Es muy importante que estemos discutiendo en la Argentina la reducción de la jornada laboral. Es necesario modernizar los parámetros de nuestra ley a las nuevas realidades del mundo del trabajo que se están dando no sólo en la región, sino en todo el planeta”, sostuvo la legisladora en declaraciones radiales.
Litza consideró que “no es una idea descabellada porque el mundo está avanzando hacia la reducción de las jornadas laborales”, y explicó que “somos uno de los países dentro de la región que tiene mayores horas de exigencia de trabajo. Estamos modificando una ley que es del siglo pasado”.
“Tenemos el teletrabajo, la conectividad y la tecnología cambió la vida de las personas y eso obviamente el mundo del trabajo. Es un buen momento para ir a esta actualización de la legislación que es del siglo pasado”, ratificó.
La diputada oficialista es autora de uno de los proyectos del cual indicó que propone reducir la jornada laboral a seis horas diarias o a 36 horas semanales en contraposición con las ocho horas diarias y 48 semanales, que rigen en la actualidad.
“Cuando estas regulaciones sobre la extensión de las ocho nacieron, en el mundo laboral no existieron modalidades como el trabajo a distancia que está tan vigente en la actualidad. De la misma manera en la que cambia la realidad, es necesario cambiar las regulaciones”, insistió la legisladora.
Además, recordó “el artículo 14 bis que expresa y consagra el derecho a la jornada laboral reducida”, y recordó que “en la actualidad, países latinoamericanos como Ecuador y Chile redujeron sus jornadas laborales a 40 horas semanales, mientras que Colombia y Brasil tienen establecido como máximo entre 42 y 44 horas semanales”.
Al referirse al impacto de la medida en la creación de empleo, la diputada nacional afirmó que “la norma se complementará con otras medidas, como la aplicación de un plan de desarrollo de inclusión social”.
“Son iniciativas que está llevando adelante el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa. Pero este es un paso que hay que dar y es muy importante que estemos discutiendo este tema hoy en la Argentina de la misma manera en la que no está discutiendo el mundo”, finalizó.
Por otro lado, destacó la figura del candidato presidencial de UP: “Creo que Massa es un gran piloto para este momento de la Argentina realmente confío mucho en el gran conocimiento que tiene él del Estado, en la forma de ejercer el poder. Es una persona que no padece el poder. Tomo la situación de la economía en un momento difícil y le metió para adelante. Creo que si va a tener un reconocimiento de la gente al gran esfuerzo que está haciendo y el tema de estabilizar una economía dañada y frágil”.
La diputada oficialista cuestionó el dictamen de minoría, pero destacó la incorporación de beneficios fiscales para los propietarios tomados del proyecto de su autoría, que busca garantizar el derecho de los inquilinos.
Tras la media sanción de la reforma a la Ley de Alquileres, la diputada nacional Mónica Litza (FdT) cuestionó el dictamen de minoría y sostuvo que la oposición “votó a pedido del mercado inmobiliario”. Sin embargo, destacó la incorporación de beneficios fiscales para los propietarios tomados del proyecto de su autoría que busca garantizar el derecho de los inquilinos.
En diálogo con LaNoticia1.com la legisladora expresó: “Entendemos que un camino razonable pasa por registrar los contratos y dar incentivos a los propietarios para que aumenten la oferta de inmuebles en alquiler. También estamos trabajando sobre la posibilidad de dejar a las provincias la facultad de legislar sobre la materia, ya que no es lo mismo la situación en Jujuy que en el AMBA”.
Al detallar los puntos conflictivos de la reforma, Litza precisó: “Buscamos que los propietarios puedan ser monotributistas en función al monto total de los alquileres que perciban y no por cantidad de inmuebles”.
En ese sentido, recordó que “en la actualidad si el propietario tiene más de un inmueble ya salen del monotributo para ser responsables inscriptos”. Además, plantea que “los inmuebles dados en alquiler para casa habitación estén exentos del impuesto a los bienes personales”.
Por último, al ser consultada acerca de por qué se demoró tanto el tratamiento de la reforma de esta ley en Diputados, la legisladora apuntó directamente hacia la oposición: “Se demoró porque Juntos por el Cambio quería flexibilizar a pedido del mercado inmobiliario dos cuestiones claves que nosotros no estábamos dispuestos a negociar: El plazo (de 3 a 2 años) y el índice de actualización que para nosotros era ICL o alguno más favorable a los inquilinos. Ellos van por los 2 años y libre negociación entre las partes. Y no conseguían los votos hasta que finalmente los consiguieron”.
La modificación buscará establecer que “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes”. La modificación introducida permitió especificar que esta periodicidad deberá ser “por intervalos no inferiores a 4 meses”.
En tanto, “para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
El plazo mínimo de duración de los contratos es de 2 años, volviendo al esquema anterior a la actual ley. Este no es válido para alquileres como las unidades amuebladas “para fines de turismo, descanso o similares y para cualquier otro fin temporario en interés del locatario”.
La diputada massista explicó que la frase de CFK “Argentina circular” se refiere a dirigentes como Bullrich o López Murphy que estuvieron en el 2001 y pretenden volver al poder.
La diputada nacional Mónica Litza (FdT – Buenos Aires) opinó este viernes sobre una potencial precandidatura del ministro de Economía, Sergio Massa, y expresó que le da prioridad a la gestión, antes que a la “rosca política”.
Del mismo modo, Litza sostuvo que la vicepresidenta Cristina Kirchner “representa el liderazgo del espacio”. Asimismo, agregó que “se generó una expectativa grande en La Plata, pero sentí que cuando dijo que lo había dado todo, ratificó decir no esperen todo de mí”.
En declaraciones a AM 530, la diputada massista continuó con los elogios hacia la vicepresidenta de la Nación: “Ella habló desde un lugar de grandeza, y fue como decir lo dí todo y sigo estando”. Sin embargo, Litza sostuvo que a esta gestión le ha tocado atravesar problemas como la pandemia, la gripe aviar y la sequía.
Por otro lado, habló respecto al lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner y advirtió que “en los sondeos de opinión los jóvenes te dicen que votarían a Javier Milei”. Tras esto, aseveró: “Se va a impartir historia y muchos no saben que Patricia Bullrich fue ministra de Trabajo y recortó el 13 por ciento a los jubilados o que Ricardo López Murphy buscó arancelar la educación”.
“Así como estalló el país en el 2001 y estos dirigentes que buscan volver es lo que Cristina llamó la Argentina circular por los ciclos en Argentina que se buscan repetir”, señaló.
Respecto al FdT, sostuvo que “le están faltado voceros que hablen más en el barrio”, y habló sobre una reforma del acuerdo al FMI: “La realidad nos hace que las metas fijas no se cumplan y se renegocien”. “Los que tienen dinero hacen tambalear el mercado”, manifestó.
En esa línea, explicó: “El Banco Central es una herramienta legitima y el acuerdo con el FMI se está modificando”. Del mismo modo, afirmó que “Massa está absolutamente dedicado el programa”.
Además, hablo sobre Vaca Muerta y afirmó que “está siendo elogiado por el mundo”, pero advirtió: “Escucho a los libertarios de hablar de cielo abierto o de arancelar las universidades”.
En el cierre, expresó: “Uno de los objetivos de Massa es resguardar la integridad del salario”, porque “muchos asalariados son pobres y eso no está bien”. “Tenemos que trabajar para seguir siendo gobierno y que no nos arancelen las universidades ni la salud”, concluyó.
La diputada massista señaló que a pesar de la situación económica, “Argentina sigue funcionando”. “En otro momento, frente a un tembladeral, se hubiera disparado todo muy mal”, dijo.
La diputada nacional Mónica Litza (FdT) destacó este miércoles “la templanza del equipo económico” frente a la histórica suba del dólar y rescató “como un logro el tema de la estabilidad”, la cual justificó al opinar que “la Argentina sigue funcionando”.
“Son días difíciles, de mucha especulación financiera, esta es una historia que lamentablemente en Argentina la conocemos mucho y muy bien; estos movimientos que intentan desbalancear la economía en momentos que sabemos que vivimos un estado de mucha fragilidad y vulnerabilidad, sobre todo en el tema de reservas y el dólar, en el que Argentina tiene un mercado muy pequeño en el que unos pocos concentrados pueden desequilibrar las variables que el equipo económico estaba tratando de tener estabilizadas”, sostuvo.
Para la massista, “en otros momentos esto hubiera sido grave” y ponderó que el ministro Sergio Massa “tomó ayer la decisión de salir a intervenir, y lo hizo con convicción y con coraje”. Al asegurar que no cree que “esté todo descontrolado”, recordó que “uno de los objetivos que tiene Massa en su gestión es el tema de la estabilidad”.
“Entendemos y reconocemos cuáles son los números, no hay una negación”, admitió, pero hizo hincapié en “el potencial que tiene Argentina” y el crecimiento de las exportaciones. También que “en medio de lo que está pasando el Fondo sigue negociando y aceptando” lo que plantea Argentina.
En esa línea, la legisladora insistió: “En otro momento frente a un tembladeral se hubiera disparado todo muy mal”.
Sobre la relación de los máximos dirigentes del Frente de Todos, Litza señaló que Massa “conversa permanentemente con ambos”, por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y “hay una sintonía en cuanto a lo que está llevando adelante”.
“Por ahí no hay una mesa cara a cara, pero hay una coordinación de las medidas. Puedo dar fe del trabajo permanente que está haciendo Massa con ambos”, agregó en diálogo con CNN Radio.
Por otra parte, la bonaerense aseguró que “desde el Frente Renovador Sergio Massa es nuestro candidato a presidente, desde siempre”. “Para nosotros es absolutamente candidato, por más de que él no nos lo manifestó en privado”, aclaró.
Se trata de Legislación Penal, que está presidida por la diputada del Pro María Luján Rey, para tratar un proyecto que el Gobierno necesita tener aprobado cuanto antes. El FdT hizo lo mismo con Facundo Manes.
Quedó demostrado esta última semana que un problema del que no debe preocuparse el oficialismo es el de hacer andar las comisiones. Esto, en el marco de la decisión de la principal oposición de retacear el quórum hasta tanto el Frente de Todos persista en su embate contra la Corte Suprema de Justicia. En la reunión de Recursos Naturales de la Cámara baja realizada el miércoles pasado, el oficialismo contó con la anuencia de la diputada Graciela Camaño, que en los últimos tiempos se ha manifestado muy a favor de los temas ambientales y que en este caso, para tratar el proyecto de creación del Parque Nacional Laguna El Palmar, anticipó que con toda lógica iba a dar quórum.
Como dato anexo, vale recordar que no fue alguien de los “bloques del medio” quien terminó completando el quórum, sino un oficialista, Máximo Kirchner, el último en llegar a seis minutos del plazo de espera para dar por caída la sesión.
Para alivio del oficialismo, también cabe destacar que cuenta con la ventada de poder hacer las modificaciones que necesite en la composición de la comisión en cuestión, de modo tal que si por motivos relacionados con las vacaciones alguno no puede estar, se lo cambia y listo. Es lo que hizo el Frente de Todos en el inicio de la reunión de la comisión del miércoles pasado, cuando anunció cuatro reemplazos.
Pero no todo está solucionado para el oficialismo: el problema lo tiene cuando alguno de los proyectos incluidos en extraordinarias debe pasar por una comisión manejada por la oposición, que en ese caso tiene la potestad de no convocar. Pasará, por ejemplo, con la ley de agrobioindustria, que tanto viene reclamando el ministro Sergio Massa, y que no consiguió dictamen el año pasado. Una de las comisiones en las que debe recoger el visto bueno es Agricultura, presidida por el radical formoseño Ricardo Buryaile. Ahí tendrá entonces un gran problema el Frente de Todos.
Otra comisión en manos de la oposición por la que debe pasar un proyecto en este caso clave para el Gobierno, es la de Legislación Penal, que encabeza la diputada del Pro María Luján Rey. Es una de las comisiones que debe dar dictamen a la modificación del proyecto de ley sobre lavado de activos. El proyecto del Ejecutivo fue enviado al Congreso el pasado 31 de mayo, con giros a Legislación General, Finanzas y Legislación Penal. El 30 de noviembre pasado, oficialismo y oposición avanzaron hacia un consenso de esa iniciativa que busca actualizar la normativa sobre lavado de activos. En esa oportunidad estuvo presente el titular de la UIF, Juan Carlos Otero, quien no solo escuchó las propuestas de la oposición, sino que también se mostró dispuesto a aceptarlas, de modo tal que todo indicaba que se podría llegar a buen puerto, pero al día siguiente estalló la guerra en la Cámara de Diputados por el conflicto generado en torno a las designaciones de miembros para el Consejo de la Magistratura.
El tema quedó en stand by, y el 20 de diciembre habían sido convocadas las comisiones de Legislación General y de Finanzas para darle dictamen al tema, pero el Gobierno dispuso un feriado para ese día (por el triunfo argentino en el Mundial), con lo cual al proyecto le falta todavía el dictamen correspondiente. Y que Legislación Penal se sume también, que es lo que solicitaron por nota la diputada nacional Mónica Litza y otros legisladores del frente de Todos, para que la diputada Rey “ponga en tratamiento la modificación de la ley vinculada a la prevención y represión del lavado de activos.
A la iniciativa de Litza se sumaron sus pares Bernardo Herrera, Mara Brawer, Carolina Gaillard, Leonardo Grosso, Aldo Levia, Vanesa Massetani, Leopoldo Moreau, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Marisa Uceda, Eduardo Valdés y Natalia Zaracho.
Luego de la nota a María Luján Rey, se conoció otra enviada por Mara Brawer para que la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovacion Productiva, que preside el radical Facundo Manes, también ponga en tratamiento el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 2030.
Consultado este viernes por la noche en el programa La Rosca, de TN, Manes respondió: “A mí no me gusta que me aprieten”.
Acompañan a Brawer sus pares del FdT Tomás Ledesma, Brenda Vargas Matyi, Roberto Mirabella, Constanza Alonso, Daniel Gollán, Dante López Rodríguez, Eduardo Fermández, Julio Pereyra, Lía Caliva, Lisandro Bormiolli, Pablo Carro, Susana Landriscini, Rogelio Iparraguirre y Rossana Chahla.
Los cruces se plantearon fundamentalmente en torno a las de Ezeiza y Madres de Plaza de Mayo. Hubo reproches desde JxC por el ajuste a la educación y datos sobre el acceso de los sectores vulnerables a la universidad.
Un plenario de comisiones emitió dictamen para la creación de cinco nuevas universidades, que quedaron listas para ser debatidas en el recinto de la Cámara baja este jueves. En rigor no todos, pues una de las universidades habilitadas, la Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la capital entrerriana, por el momento no figura en la convocatoria conocida este martes.
El plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda fue encabezado por la titular de la primera, la entrerriana Blanca Osuna, precisamente autora de ese último proyecto. Los otros puestos a consideración eran los de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, propuesta por la exdiputada y hoy ministra bonaerense Daniela Vilar; la de Madres de Plaza de Mayo, de Hugo Yasky; la de Ezeiza, impulsada originalmente por la diputada (MC) Dulce Granados y vuelta a presentar por la hoy ministra Victoria Tolosa Paz; y la de Río Tercero, propuesta por sendos proyectos de Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Gabriela Estévez (Frente de Todos).
En el arranque del debate, la entrerriana Blanca Osuna enfatizó que la creación de nuevas universidades va en línea con los conceptos de “inclusión y democratización”. En el primero de los casos, lo vinculó a “la generación de conocimiento y la asunción de problemas propios y específicos de las comunidades donde (las universidades) están asentadas”, en tanto que la democratización tiene que ver con “la oportunidad que da el acceso a la educación”.
Desde la izquierda, la diputada Romina del Plá adelantó su apoyo en disidencia con todos los proyectos, por cuanto si bien aclaró que no iban a oponerse a la creación de nuevas universidades no se estaban contemplando cuestiones relacionadas con salarios, infraestructura, pero de paso ratificó su rechazo a la Ley de Educación Superior “desde su origen”. “Es necesaria una superación de esta ley”, reclamó.
El clima comenzó a tensarse a partir de la intervención del diputado Máximiliano Ferraro, quien pidió hacer hincapié en “la mirada y la interpelación que tiene que tener esta Cámara a la hora de dictaminar” estos proyectos. Para el presidente del partido Coalición Cívica, se debe asumir “algo que no estamos teniendo en cuenta y que es una mirada mucho más estructural, sistémica e integral de lo que es la educación superior en la Argentina”.
Para Ferraro, “el planeamiento estratégico de la educación superior tiene que ser un camino virtuoso que no estamos teniendo para nada con estos dictámenes a la marchanta y creación de universidades como si fueran una fábrica de churros”.
“Y digo que no es virtuoso, porque no hay previsibilidad, donde no tenemos garantizada una asignación de recursos que pueda ser sostenible y que esta asignación de recursos también incluya todos los componentes y procesos que deba tener la educación superior. Y no solo se trata de crear más instituciones, sino de cómo mejoramos los indicadores, la calidad y la articulación con los niveles obligatorios de la enseñanza”, sostuvo Ferraro, para quien “la intención de crear ocho universidades -porque sumó a las tres que ya tienen dictamen y esperan recibir media sanción este jueves- no puede estar analizada por afuera de un contexto de reducción presupuestaria en educación obligatoria, y esto nos debe interpelar en pensar las prioridades en lo que hace a la asignación de recursos para la educación”.
Ferraro pidió no pasar por alto “el contexto de ajuste y reducción en términos de la política universitaria, que el presupuesto asignado a las universidades quedó muy por debajo del solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y que eso lo que hace es virar para otro lado cuestiones que no podemos pasar por alto a la hora de pensar otras universidades”.
El referente de la Coalición Cívica protestó por la “ausencia de áreas de vacancia y de estudios de factibilidad”, como así también apuntó en “la inequidad desde el punto de vista de la distribución federal”. Es que advirtió que si este jueves se aprueban las universidades pedidas la provincia de Buenos Aires “va a tener 29 universidades nacionales, que se suman a los más de 178 institutos de formación docente y formación de técnica superior”.
Así las cosas, se preguntó “cómo vamos a sostener la creación de estas universidades”
A continuación, Ferraro fue puntualmente a las universidades propuestas. En el caso de la de Madres de Plaza de Mayo, consideró el proyecto como “claramente violatorio de la Ley de Educación Superior”, por cuanto la misma establece que el consejo superior de las universidades debe estar compuesto por hasta el 50% del claustro docente y el resto estudiantes graduados y no docentes. “Y lo que dice clarito el Estatuto de la Universidad de las Madres es que deberá contemplar en su consejo superior a dos de las madres y representantes de la asociación civil, los que serán designados a propuesta de esa asociación civil que integran las Madres. Sentando un precedente que viola los principios de la autonomía universitario”, advirtió.
Luego se refirió al caso de la universidad entrerriana, sobre la cual dijo que no cuenta con el dictamen del CIN, ni con el estudio de prefactibilidad, “cosas que nos pide la Ley de Educación Superior”. Alertó que se trata de un presidente que consideró “una locura”, y advirtió que se está “convirtiendo en universidad nacional a una facultad específica, que es la de Humanidades”, y se preguntó sobre la necesidad de una universidad de ese tipo en esa zona.
Le contestó Hugo Yasky, como autor del proyecto de creación de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. “Estamos tratando de construir un entramado que permita que los altos estudios de la educación superior dejen de ser inaccesibles para muchos ciudadanos de nuestro país. Que muchas veces por cuestiones que tienen que ver con su arraigo geográfico, se ven alejados de la posibilidad de acceder a los estudios”, señaló.
Luego la emprendió contra “supuestas universidades de elite que lo que menos garantizan es la calidad educativa”, asegurando que hay “sobrados ejemplos” de eso. Más adelante dijo en referencia a la de las Madres que “ninguna universidad nació grande, ni con un nivel académico de excelencia desde el primer día. Son procesos que se construyen, por supuesto hacen falta buena calidad de los docentes y también presupuesto educativo”.
A continuación le contestó a Maximiliano Ferraro diciendo que él pertenece a una fuerza de la que demostraron con gráficos que durante su gestión de gobierno tuvieron una “caída abrupta del proceso educativo”, y caracterizó al Gobierno de Mauricio Macri como “una catástrofe en términos de reducción presupuestaria”.
En referencia a los cuestionamientos planteados por el diputado de la CC, Yasky aclaró que las dos miembros de las Madres solamente estarían en el consejo superior “como representantes de la institución y no como comisarios políticos”, y desafiante cerró: “Nunca en esta universidad se le va a intentar hacer un homenaje a un personaje como el juez Moro”, en referencia al magistrado brasileño que mandó a la cárcel a Lula. “Esclarecedor el comentario”, celebró la presidenta de la Comisión de Educación.
“De los autores de ‘para qué vamos a hacer universidades si los pobres no van’, seguimos con ‘universidades hechas a la marchanta o como fábrica de chorizos’”, arrancó a pura ironía la diputada oficialista Mónica Litza, que defendió el proyecto de creación de la Universidad de Ezeiza. Ella habló desde su experiencia personal y destacó el papel de la de su distrito, Avellaneda, que “se integró a la comunidad”.
Recordó que esa casa de estudios lleva once años de vida y promovió 1.700 universitarios nuevos, el 50% de los cuales es primera generación de universitarios, además de destacar “la primera experiencia inédita con los beneficiarios del programa Potenciar, donde “chicos que pensaban que la universidad no era para ellos, pueden tener la oportunidad de transitar por las aulas y ser beneficiarios de una educación de calidad”.
Litza cerró abogando por “más universidades de cercanía”.
Fue luego el turno del exministro de Educación Alejandro Finocchiaro (Pro), quien se refirió puntualmente al caso de la Universidad de Ezeiza. Recordó que la misma ya está constituida, y se normalizó el 14 de marzo de 2019, oportunidad en la cual eligió sus autoridades, cumpliendo con las prescripciones del artículo 1° de la Ley de Educación Superior. Por lo tanto, dijo, “goza de autonomía universitaria”.
Tras enfatizar que él es un egresado de la universidad pública, que lleva 26 años como docente en la Universidad de Buenos Aires y 20 en la Universidad de La Matanza, el diputado del Pro dijo saber lo que hace la educación pública “porque lo he vivido”. En ese sentido remarcó que “mucha lucha ha costado la autonomía presupuestaria para nuestras universidades” y eso sirve para que “los poderes políticos no tengan injerencia dentro de los claustros”.
Fue el preámbulo de su crítica: “Aquí estamos tratando la nacionalización de la Universidad de Ezeiza”, aclaró, enfatizando que “no existen precedentes de esta ley en los términos que esta ley está planteada”. Puso como ejemplo que durante su gestión se nacionalizó la UNIPE (Universidad Pedagógica Nacional), que lejos estaba de ser afín a esa administración, pero se respetó a las autoridades que habían sido elegidas democráticamente y en virtud de la autonomía universitaria.
Por el contrario, dijo que en el caso de la de Ezeiza “se la pasa (a Nación), pero sin las autoridades constituidas el 14 de marzo de 2019”. En ese sentido advirtió que “se vulnera la autonomía universitaria y de hecho en el informe del CIN se dice claramente que estos dos últimos artículos desconocen la autonomía de la Universidad Nacional de Ezeiza”.
“Además, se establece que es una forma de intervenir una universidad sin las causales del artículo 30 de la Ley de Educación Superior. Lo que aquí se está proponiendo es un partido donde si la pelota entra dentro de mi arco son goles, pero si entra dentro del de ustedes, no…”. Puso también el ejemplo de la universidad entrerriana que se estaba dictaminando: ya está constituida, pero “pasa con sus autoridades”.
“Vulnerar la autonomía universitaria es algo que no se ha hecho nunca en estos años de democracia”, advirtió Finocchiaro, quien anunció que “vamos a dar lucha” y llevarán el tema hasta la Corte Suprema de ser necesario.
Antes de cerrar, pidió autorización para que hablara el rector de la Universidad de Ezeiza, recordando que en una anterior reunión, cuando se dio dictamen a, entre otras, la Universidad del Delta, se le permitió hablar al intendente de Pilar, Felipe Achával, cosa que esa vez despertó críticas de la oposición, reconoció. Le contestó el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien recordó que esa vez desde Juntos por el Cambio habían impugnado la intervención de Achával, pero él había hablado cuando ya estaba el dictamen, “para agradecer, no formó parte del debate. No es lo mismo”. Y dejó claro que no iba a haber intervenciones fuera de los diputados.
Finocchiaro le pidió entonces que leyeran una carta de ese rector y se le dijo que lo harían al final de la reunión. “Como va a ser una voz extraña, lo vamos a hacer una vez que hayamos concluido con el debate”, aclaró Osuna.
La diputada del Pro Sabrina Ajmechet salió al cruce de esa postura. “¿Qué creen que es una universidad nacional, sino un espacio de libertad de expresión? Porque le están cercenando la palabra… ¿No tienen nada para decir sobre cómo están silenciando a un rector? No me sorprende”.
Rechazó luego los dichos de Mónica Litza respecto del reproche al Pro por haber dicho una representante de ese espacio que los pobres no llegan a la universidad. Y lo hizo con datos: “Más del 50% de los chicos de entre 10 y 14 años en la Argentina hoy son pobres; de ese 50%, el 71% no logra conocimientos mínimos en Lengua. El 68% no logra satisfactorios en Matemática. Cada 8 minutos un joven abandona el secundario; solo 16 están terminando el secundario en tiempo y forma. Si miramos realidades provinciales, vamos a encontrar en Santiago del Estero, Chaco, Formosa, que solo 5 jóvenes terminan el secundario en tiempo y forma. De los mayores de 25 años de sectores vulnerables, 3 de cada 10 termina el secundario… Hasta donde yo sé, no se puede empezar la universidad sin haber terminado el secundario”.
“Si miramos el número de ingreso a universidades, solo un joven entre los sectores vulnerables asiste a la universidad de cada 10. ¿Quieren dar la discusión, o quieren salir de la fantasía a la que se mudaron? Si no se hubieran mudado a una burbuja de ficción les tendría que doler tanto como a mí”, remarcó.
Para cerrar, Ajmechet sostuvo que “desde 2009 hasta hoy setamos hablando de 24 universidades nuevas en 13 años. 17 están en la provincia de Buenos Aires, solo 7 en el resto. ¿Cuál es la realidad en las provincias que no están atendiendo? Por qué crean tantas universidades en Buenos Aires, qué concepto del federalismo tienen?”, y cerró preguntándose cómo se van a financiar y advirtiendo que esas casas terminan convirtiéndose en “refugio de intendentes”.
Proveniente del ámbito universitario, Danya Tavela dio también números: la provincia de Buenos Aires va a tener un ratio de 613 mil habitantes por universidad, muy por arriba de la media del país, que es de 349.685 habitantes por universidad y que además está muy por arriba de países desarrollados, como el caso de Estados Unidos, India, Brasil o México, detalló.
La diputada de Evolución Radical aclaró que no estaba en contra de la creación de nuevas universidades, aunque pidió considerar ese tipo de cuestiones y la necesidad de que “la distribución debe ser federal.
Apuntó además que acompañaría el dictamen de la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, pero con disidencia respecto del artículo 7°, donde pedía que las autoridades de la actual universidad que hubieran sido elegidas por el claustro oportunamente puedan ejercer “idénticas funciones hasta concluir sus mandatos”.
Con los tapones de punta salió la oficialista Mara Brawer, que se manifestó orgullosa de los 12 años de gestión de Néstor y Cristina Kirchner en materia de políticas educativas, y los contrapuso con la gestión macrista: “Ustedes despreciaron a los docentes, también hablaron de la escuela pública como una caída”, y hasta les endilgó buscar acuerdos con Javier Milei, de quien recordó que se desentendió de la posibilidad de que haya escuela pública. “La diputada que está hablando forma parte de la fuerza política cuya presidenta está proponiendo aliarse con una persona que tiene ese pensamiento”, dijo en referencia a Sabrina Ajmechet, y cerró afirmando que “fueron ustedes los que bajaron el presupuesto educativo, los que no construyeron escuelas”.
Le contestó la diputada aludida, que consideró lo de Brawer una “falta de respeto”. Y le pidió que le citara “una sola opinión de alguien de Juntos por el Cambio en contra de la escuela pública. No hay ninguna razón de asociar, salvo difamar, tratar de esconder el ajuste que están haciendo en educación con tres palabritas: ‘Ah, pero Macri’”.
Fue luego el turno de la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri, quien expuso que “solo el 25% egresan de nuestras universidades en tiempo y forma de ese porcentaje mínimo que llega a la universidad”. Se preguntó “de dónde vamos a sacar el dinero” para financiar universidades, si será “del sistema obligatorio, que ya está abandonado”.
Y a continuación se registró una desopilante pulseada con las autoridades del plenario, pues intentó leer la carta que el rector de la Universidad de Ezeiza había dejado. Sin pedir permiso arrancó leyéndola, pero Blanca Osuna la frenó en seco. Ella siguió leyendo, y Heller intentó callarla: “Está trasgrediendo reglas, quien dispone la palabra es el presidente”.
Morales Gorleri aclaró que estaba ejerciendo su potestad para hablar y Heller replicó: “Puede hablar, pero no puede leer sin pedir autorización”. Entones ella siguió exponiendo lo que su compañero Martín Tetaz le iba dictando, y todo se transformó en un diálogo (o discusión) de sordos. “Tiene que ver con el reglamento”, le insistieron las autoridades del plenario, a lo que ella se interrumpió para decir: “Yo no sé qué le preocupa, voy a seguir leyendo…”.
Le cortaron el micrófono y ella siguió hablando a través de otros micrófonos. Finalmente Osuna y Heller se dieron por vencidos y Morales Gorleri pudo llevar adelante la lectura, en la que el rector de Ezeiza hablaba de antecedentes históricos en los que la universidad nacionalizada mantenía sus autoridades. Mencionó a la UNIPE, donde “no se designó ningún interventor o interventora exógena de la autonomía de la propia universidad”, e incluso citó el caso de la Universidad de las Madres, y el de la de Paraná.
“Entiendo que debo acompañar el proyecto de las autoridades municipales”, señaló el rector en la misiva leída por Morales Gorleri, que cerró reclamando que Argentina fortalezca el sistema universitario provincial. “No fue tan grave”, sugirió la diputada del Pro al concluir.
No era lo que pensaba Blanca Osuna, que habló de una actitud “prepotente”, reclamó ser “respetuosos de quien coordina la reunión”, y consideró que ese respeto había sido impugnado.
Finalmente la cordobesaGabriela Brouwer de Koning defendió su propuesta para crear la Universidad de Río Tercero, remontándose a la tragedia que vivió esa ciudad con la voladura de la Fábrica de Río Tercero hace 27 años, hecho que definió como “un golpe letal que afectó todo el entramado de la ciudad”.
“Desde ese momento muchos riotercerenses se fueron y desde ese momento esta ciudad que era vigorosa y pujante se convirtió en una ciudad peligrosa y temida –aseguró-. La Fábrica Militar, que fue la empresa madre que le dio su perfil a la ciudad, paradójicamente fue el talón de Aquiles. Fue la misma empresa la que desvaneció la ciudad”.
La diputada de Evolución Radical aclaró que Río Tercero “nunca bajó los brazos y siempre quiso salir adelante”. Sostuvo que siempre reclamaron una reparación simbólica y que finalmente concluyeron en que “la única herramienta que puede resultar reparativa y que puede recrear el entretejido social es la educación pública, gratuita y de calidad”.
Recibió el apoyo de su par oficialista Eduardo Fernández, quien aclaró que junto a sus compañeros de bancada Gabriela Estévez y Pablo Carro habían presentado un proyecto que iba en el mismo sentido, y celebró que hubiera un dictamen único con apoyo de las dos comisiones.
Al cabo, una señal de consenso al final de un debate extenso y sumamente tenso.
Además la diputada del Frente de Todos afirmó que “se renueva la oportunidad de hacer crecer a la Argentina”, y mencionó “los 5 ejes del plan de Massa”.
La diputada nacional Mónica Litza (FdT – Buenos Aires) fue consultada por la designación del entonces titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, y lo definió como “un actor importante”, y afirmó que “está cuestión se venía hablando desde hace tiempo con Alberto Fernández y Cristina Kirchner”.
En conversación por AM 530, la legisladora bonaerense dijo que “con Massa llega una nueva oportunidad de coordinar el área de Economía, Producción, Aduana y el BCRA”, y afirmó que “esas áreas, al estar separadas quedaron paralizadas e impedían el crecimiento económico de la Argentina”.
En ese sentido, contó que “Massa estuvo preparando un equipo por años”, y adelantó que “su gestión se basará en 5 ejes: la ley agroindustrial, ley automotriz, cadena del valor del litio, el tema de la electromovilidad y la economía del conocimiento”.
Al ser consultada sobre la devaluación, Litza advirtió: “Creo que va a haber ajuste en el tipo de cambio, y habrá una política para que campo liquide las divisas y destrabe a los mercados”. A su vez, afirmó que “para septiembre dejaremos de perder reservas porque estamos saliendo de la crisis energética”.
“Cuando comenzamos en el 2019, prometimos poner de pie a la Argentina, pero luego vino la pandemia, guerra y la crisis energética”, relató la diputada oficialista y argumentó que la falta de divisas “impedía cumplir esa promesa de mejorar la calidad de vida de los argentinos”.
Por último se refirió a la situación entre el Gobierno y el sector agropecuario: “No son soluciones personales, ni aisladas o mágicas”, y agregó que: “El campo tiene que ser nuestro aliado para poder recuperar reservas para el Banco Central de la República Argentina”.
“Argentina crece, pero el crecimiento está concentrado en unos pocos, por eso hay que distribuir mejor las ganancias”, acusó la diputada y cerró: “Durante dos años y medios hicieron medidas para cuidar el bolsillo de los trabajadores, para alentar el consumo”.
“ProyectAR CABA” será coordinada por la exdiputada y dirigente porteña del FR Carla Pitiot, quien se encuentra abocada a trabajar para que la Ciudad de Buenos Aires cuente con propuestas de políticas públicas orientadas al desarrollo y a la modernización con inclusión.
El Frente Renovador porteño está muy activo en estos tiempos, a la reunión de hace unos días organizada por Matías Tombolini, se suma la convocada por Carla Pitiot para brindar los detalles del lanzamiento de la escuela de gobierno ProyectAR, presidida por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y que ella coordinará en la Ciudad de Buenos Aires.
Presidió la reunión junto con Pitiot, la diputada nacional y referente del FR Avellaneda y directora de la Escuela a nivel nacional, Mónica Litza.
“ProyectAR sigue creciendo en todo el país. Nos propusimos ser bien federales y lo estamos logrando. Ahora llega el turno de CABA Y estamos organizando todo para un gran lanzamiento, convencidos que el intercambio entre el conocimiento que aportan las universidades y la experiencia de la gestión política deben nutrir a los nuevos líderes que tendrán una enorme responsabilidad en la construcción de un mejor futuro para nuestro país”, sostuvo Litza.
Por su parte, Pitiot detalló que “en las conversaciones que he tenido con Sergio Massa en las cuales le comenté las propuestas que estoy trabajando para la ciudad de Buenos Aires, surgió la iniciativa de armar ProyectAR CABA para trabajar políticas públicas focalizadas en las necesidades puntuales de la ciudad”.
“Coincidimos con Sergio en que, así como estamos haciendo con la escuela en varias provincias, la ciudad también necesita propuestas concretas que den respuesta a los problemas y a las necesidades que tienen las porteñas y los porteños”, agregó.
En este sentido, la referente del FR adelantó que el lanzamiento se realizará en el mes de agosto y que “buscará que todos los referentes y las referentes del espacio formen parte y ayuden a trabajar iniciativas y propuestas de políticas públicas para la ciudad junto con especialistas de diferentes áreas”.
También participaron del encuentro los dirigentes Carlos Lazzarini, Matías Tombolini, María Stroman, Facundo Prieto; y los representantes de Jóvenes CABA, Francisco Caporiccio y Carlos Jurina.
“Sergio Massa es un actor fundamental dentro del Frente de Todos, que defiende la unidad y que quiere lo mejor para la Argentina. Me consta que sus decisiones las hace pensando en qué es lo mejor para las y los argentinos”, dijo Pitiot y concluyó: “Por eso es necesario que los dirigentes de su espacio lo acompañemos en cuidar la unidad y pensar propuestas y acciones de gestión para la Argentina”.
La diputada oficialista respaldó el proyecto de Sergio Massa que busca “corregir ese desacople que hubo entre la inflación, que es un fenómeno que afecta a los montos de facturación. Proponemos adelantar al 1 de julio el 2022 la actualización de los montos de las categorías”.
Tras dos horas de cuestiones de apartamiento, la diputada nacional Mónica Litza (FdT) abrió la ronda del debate del proyecto del titular del Cuerpo, Sergio Massa, sobre alivio fiscal para monotributistas y autónomos, respecto del cual señaló que “tratamos de cuidar los ingresos de los trabajadores y de mantener la integridad de monotributistas y autónomos”, por lo que la iniciativa “busca corregir ese desacople que hubo entre la inflación, que es un fenómeno que afecta a los montos de facturación. Proponemos adelantar al 1 de julio el 2022 la actualización de los montos de las categorías”.
La legisladora oficialista defendió el proyecto de alivio fiscal al que calificó de “importante” porque “trae un alivio para un universo muy grande de 5 millones que son quienes trabajan y tributan como pequeños contribuyentes”.
“Cuando ocurrió la modificación de la actualización del piso del impuesto a las ganancias, que trajo alivio también a muchos trabajadores, dijimos que tanto los autónomos, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia eran trabajadores, aunque estuvieran en distintas categorías y el alivio tenía que llegar para todos”, recordó y agregó: “En aquel momento con el impuesto a las ganancias se había producido una distorsión, respecto a que se habían adelantado las paritarias, y produjo un aumento en el valor nominal de los salarios y estábamos cerca de los aguinaldos, lo que iba a producir que esos ingresos fueran alcanzados por el tributo que queríamos evitar con ganancias por lo tanto hubo que hacer un equilibrio donde la realidad había producido un desequilibrio”.
En suma, manifestó que “había que hacer otro equilibrio con el tema de los trabajadores monotributistas y autónomos”, y destacó la participación de la asociación de monotributistas quienes colaboraron con el estructurado del proyecto. En ese sentido remarcó que “todos los días tienen que ponerse al pie de sus obligaciones, levantar las persianas de sus negocios, no cobran aguinaldo, no tuvieron beneficios durándote la pandemia el esfuerzo fue muy grande y el Estado debe acompañar”.
“Los salarios no son ganancias y los ingresos de los monotributistas tampoco. Defendemos la integridad de los ingresos, de los salarios. Desde las herramientas que nos da el Congreso tratamos de cuidar los ingresos de los trabajadores, de cuidar el bolsillo de los argentinos y de mantener la integridad de monotributistas y autónomos”, sostuvo Litza.
Respecto al proyecto señaló que busca “corregir ese desacople que hubo entre la inflación, que es un fenómeno que afecta a los montos de facturación, por lo que proponemos adelantar al 1 de julio el 2022 la actualización de los montos de las categorías de monotributos”.
“La ley 29.977 prevé que esa actualización se hace por el índice de movilidad jubilatoria se haga anualmente, pero se contradice con la reglamentación de AFIP de que la recategorización del monotributo sea semestral, entonces si no hiciéramos esta corrección se corre el riesgo de que al primero de julio muchos monotributistas tengan el riesgo de saltar de categoría o, incluso, algunos salir del régimen simplificado”, advirtió la diputada del FdT.
En esa línea, solicitó “la actualización de los montos al 1ro de julio y no esperar a enero utilizando el mismo índice que indica la reglamentación de la ley vigente”.
“Es importante destacar que esta actualización de los montos de categorías no implica un aumento de cuotas, van a pagar lo mismo. El universo es muy importante y está en la gente porque preguntan por este tema. Es una alegría poder traer este alivio para tantos trabajadores”, resaltó.
Continuando con la explicación del proyecto, describió que “en su título primero modifica la ley de monotributo y en el segundo modifica la ley de impuesto a las ganancias para el tema de autónomos, buscamos un alivio y mejora para trabajadores autónomos”.
“Hay un plazo que tiene que ver con AFIP y tiene que ser rápido la sanción antes de julio. Pedimos darle una autorización al Ejecutivo para que hacer todos los años la ley pueda hacer la actualización semestralmente y no anualmente y hacer la corrección de desacople a través de una ley”, explayó Litza.
Y cerró: “Lo que ingresa al bolsillo de un trabajador va al consumo, a fortalecer el mercado interno del país, va a estimular y alentar a emprendedores a que puedan seguir invirtiendo y va, sin duda, a poner en movimiento el círculo virtuoso del consumo, del fortalecimiento del mercado. Éstas son las herramientas legislativas que tenemos, que seguimos trabajando para cuidar el ingreso y recuperar los niveles que tienen que tener los trabajadores, ese es el objetivo que perseguimos”.
La diputada oficialista sostuvo a través de las redes sociales que “es incompatible con el texto de la Constitución permitir que quien preside y administra la Corte Suprema, a la vez, también presida el órgano que administra el Poder Judicial”.
Tras la asunción de Horacio Rosatti al frente del Consejo de la Magistratura, luego de que venciera el plazo dado por el máximo tribunal para que se sancione una nueva ley, la diputada oficialista Mónica Litza comparó el fallo de la Corte Suprema con la consiga de la dictadura militar: “El gobierno a la Corte”. Además, remarcó: “Si el constituyente hubiese querido que la presidencia de la Corte y del Consejo estuviesen en cabeza de la misma persona, el art. 114 lo habría dicho expresamente”.
A través de sus redes sociales, la diputada del Frente de Todos se preguntó: “¿Volvimos a 1945?”, y recordó: “El gobierno a la Corte era la consigna de los gorilas en los primeros meses de 1945. Provocaron el arresto de Perón y el 17 de octubre. No cambian nunca. No aprenden más. Ni siquiera actualizan los métodos”.
“Es incompatible con el texto de la Constitución permitir que quien preside y administra la Corte Suprema, a la vez, también presida el órgano que administra el Poder Judicial”, expresó.
A su vez, instó al Congreso a sancionar una nueva ley que establezca “claramente que la presidencia del Consejo de la Magistratura se define mediante la elección de uno de sus miembros”.
“Si el constituyente hubiese querido que la presidencia de la Corte y del Consejo estuviesen en cabeza de la misma persona, el art. 114 lo habría dicho expresamente”, remarcó Litza en otro posteo y agregó: “El silencio implica que eso no debe ser así, ya que la regla de la Constitución es la no concentración de poder.
En ese marco, señaló: “El Consejo de la Magistratura aparece en 1994 precisamente para limitar el poder de la Corte al quitarle la administración del presupuesto del poder judicial”.
“El art. 114 de la CN determina expresamente quiénes componen el Consejo (legisladores, jueces, abogados, académicos) sin otorgarle la presidencia permanente a ninguno de ellos, y mucho menos, a un miembro particular del Poder Judicial que es a quien debe controlar”, cerró.
