La iniciativa, que fue tratada sobre tablas, tuvo una sola modificación y cosechó 149 votos afirmativos y una abstención. La misma tenía dictamen de comisión desde julio y fue girada al Senado.
Previo al recambio legislativo, la Cámara de Diputados le dio media sanción en la sesión especial de este jueves -en donde se aceptaron las renuncias de legisladores- al proyecto de ley de seguridad de la paciente también conocida como “Ley Nicolás” que tenía dictamen de comisión desde julio. Giró al Senado.
La iniciativa cosechó 149 votos afirmativos y 1 abstención de Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos). El texto resultó de la unificación de los proyectos de los diputados Fabio Quetglas (UCR) y Mónica Macha (FdT). Fue lo último que la composición actual aprobó de forma exprés y sin debate, debido a que se trató de un proyecto muy consensuado.
No se había adelantado el tratamiento de esta norma. Quien pidió incluirla al hacer uso de la palabra fue el propio Quetglas -autor de una de las propuestas-, quien hizo entonces un pedido de apartamiento para poner a consideración el orden del día 721 “Ley de Seguridad y Calidad Sanitaria. Ley Nicolás”, que fue aprobado con las ¾ partes de los votos, y con las 2/3 partes se logró su tratamiento sobre tablas.
El oficialista Daniel Gollan procedió a leer a continuación una modificación al texto que “está completamente consensuado”, sobre el título del capítulo quinto por el siguiente: “Verificación de la aptitud profesional del equipo de salud”, y detalló un cambio en la redacción del artículo 18: “Verificación de aptitud profesional a fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria es obligatoria la verificación periódica de la aptitud profesional del equipo de salud. Este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por la vía reglamentaria”.
En su carácter de presidenta de la Comisión de Salud, la socialista Mónica Fein aceptó las modificaciones que “están ampliamente consensuadas”, y agregó: “Es una alegría que en esta última sesión se trate algo de la Comisión de Salud”.
Tras la votación, de profesión médica el catamarqueño Rubén Manzi (Coalición Cívica) se despidió del recinto con un breve y emotivo mensaje que le valió el aplauso de toda la cámara: “Terminar este periodo con una ley de salud, con un dictamen unificado también es un buen mensaje para terminar un periodo donde la Comisión de Salud hemos trabajado básicamente por consensos. Quiero agradecer a todos, por supuesto a los autores de la ley, y a todos los diputados y diputadas de este proyecto”.
La iniciativa tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.
De acuerdo al proyecto, todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán cumplir con esta ley. A su vez, estas entidades tendrán que “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas”, entre otros puntos.
También se establece que “la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos”.
“A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación periódica de las condiciones psicofísicas del equipo de salud. Este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por vía reglamentaria”, estipula otro de los artículos.
La iniciativa determina que “el equipo de salud debe realizar capacitaciones periódicas en materia de calidad y seguridad de la atención sanitaria y legislación vigente vinculada a temáticas de acceso al derecho a la salud, independientemente del área y cargo en el que se desempeñe”.
Entre otros aspectos, adhiere al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, instituido el 17 de septiembre de cada año, “con el objetivo de promover una agenda que busque generar la cultura de la seguridad en el diseño y la prestación del servicio de salud”.
La propuesta recibió el nombre de “Ley Nicolás” en referencia al caso del joven Nicolás Deanna, quien falleció en 2017 cuando le dieron un diagnóstico errado y en realidad padecía una meningitis bacteriana.
La norma fue aprobada por unanimidad, con 230 votos positivos. Cuáles son las modificaciones que introduce a la Ley 26.485.
Tras volver con un cambio en su redacción desde el Senado, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva en la sesión de este martes a la Ley sobre Violencia Digital, más conocida como “Ley Olimpia”, en alusión a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien impulsa legislaciones para luchar contra este tipo de violencia contra las mujeres.
El proyecto fue votado en el transcurso de la sesión de este martes, luego que en el inicio de la misma se aprobara su tratamiento, con los dos tercios del cuerpo, por no contar con dictamen de comisión.
La norma, que recibió 230 votos a favor, ninguno en contra, ni abstenciones, incorpora al artículo 4 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, en la definición de violencia contra las mujeres, el término “participación política”. Esta modificación fue incluida por la Cámara alta.
La diputada Karina Banfi (UCR) celebró el avance en el recorrido del proyecto y dijo esperar “su pronta reglamentación”. “Necesitamos que se garanticen el respeto y la dignidad, la reputación y la identidad de las mujeres en espacios digitales”, enfatizó y también resaltó la necesidad de que “el Congreso avance en la creación de la figura del tipo penal de la difusión de videos de naturaleza sexual sin conocimiento”, con el fin de “acabar con el acoso sexual que viven muchas mujeres cuando es violada su confianza. 41% de las mujeres en América Latina fueron objeto de violencia por medio de redes sociales, cuya consecuencia principalmente es la autocensura, por miedo a que se difundan cuestiones de su privacidad o se ponga en riesgo su seguridad”.
Por su parte, la oficialista Mónica Macha resaltó que esta ley es producto de distintas organizaciones, entre las que mencionó al Ley Olimpia en Argentina. “Algo que me parece central es nuestra ley 26.485, que fue sancionada en 2009 y que tiene una cuestión particular que es ubicar la violencia por motivos de género en distintos ámbitos. En esos años el entorno digital no era un espacio ni de amenaza, ni de violencia, no existía, y en este momento sí es un territorio donde pasamos mucho tiempo, y empieza a ser también un espacio donde sufrimos esa violencia”, observó la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad.
La legisladora kirchnerista también consideró que el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner es consecuencia de la violencia digital, y también se solidarizó con la diputada Myriam Bregman “que está sufriendo violencia digital también en estos momentos”.
Además, entre los cambios que introduce a la normativa vigente, se establece como objetivo garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital”. Asimismo, se deberán respetar “su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales” y agrega la frase “el espacio analógico o digital” dentro de la definición global de la violencia contra las mujeres.
Mediante la nueva ley, se incorpora en el artículo 6 de la 26.485 la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.
Por otro lado, se estipula que se deberá “implementar un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible” destinado “a dar contención, información y brindar asesoramiento” sobre la violencia digital.
En otra de las modificaciones, establece que se deberán “promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las TIC’s y la comunicación y de identificación de las violencias digitales, en las clases de Educación Sexual Integral como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente”.
Sobre los derechos que se les deberán garantizar a las mujeres en procedimientos judiciales, se incorpora el “resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados u organismos públicos correspondientes”.
Respecto a las medidas preventivas urgentes, el juez podrá “ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer, tanto en el espacio analógico como en el digital”.
También, “ordenar la prohibición de contacto del presunto agresor hacia la mujer que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital”.
Y tendrá la competencia para “ordenar por auto fundado, a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital”.
El oficialismo logró dictamen de mayoría. Juntos por el Cambio y el socialismo firmaron dictámenes de minoría. Se logró una síntesis entre 55 proyectos presentados por diversos bloques.
La diputada oficialista consideró que hay que poder “administrar” las tensiones para “tener una mejor instancia de gobierno, si el pueblo así lo decide”.
La diputada nacional Mónica Macha (FdT) opinó este jueves que en Unión por la Patria tienen el “desafío” de “poder construir una agenda que contenga a todos los espacios” de la coalición, donde hay “una heterogeneidad de voces”.
“Yo hubiera preferido un candidato único, pero entiendo que la posibilidad de tener dos candidatos amplia la base electoral”, dijo en referencia a la interna que habrá entre Sergio Massa y Juan Grabois el próximo 13 de agosto.
Para la legisladora, existe en el oficialismo “un desafío” que consiste en “administrar” las tensiones que hay al interior, “para poder tener una mejor instancia de gobierno, si el pueblo así lo decide”.
Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Mujeres de Diputados se refirió al debate sobre licencias laborales y destacó que se trata de establecer “un trato igualitario en el caso de hijos biológicos o por adopción”, además de que contempla “una gama bastante amplia” de licencias.
“Son cuestiones cotidianas que nos pasan con nuestras familias, y que necesitamos tiempo para poder dedicar y estar, buscando la corresponsabilidad”, explicó en diálogo con FM La Patriada.
Al mencionar que también se incluye a monotributistas y autónomos, la legisladora señaló que “uno de los problemas de Argentina” es resolver “cómo ampliamos el universo de trabajadores formales”.
“El trabajo informal crece día a día, y ese trabajo está despojado de los derechos laborales”, sostuvo y agregó: “El trabajo por la igualdad y la puja redistributiva tiene que ver con la incorporación de más personas al trabajo formal, con la creación del trabajo genuino”.
Además, la oficialista afirmó que “una discusión que esperamos que también pueda darse en el Congreso es la reducción de la jornada laboral”.
El texto que recibió la comitiva del Frente de Todos plantea una serie de pedidos para avanzar en el Congreso contra la reforma constitucional de esa provincia.
Las diputadas nacionales Paula Penacca (CABA), Mónica Macha (PBA), Natalia Souto (PBA), Mara Brawer (CABA) y Lía Caliva (Salta), y el diputado Juan Marino (PBA), recibieron un petitorio del III Malón de la Paz en la Ciudad de Salta Capital.
En el marco de las protestas y el rechazo a la reforma constitucional que impulsó el gobernador Gerardo Morales, los miembros de los pueblos originarios entregaron a la comitiva de legisladores un documento con una serie de pedidos para avanzar en el Congreso nacional con una agenda legislativa vinculada a la reforma de la Constitución provincial.
Concretamente, en el documento le piden a los diputados y diputadas nacionales que gestionen una sesión extraordinaria en la Cámara a realizarse la primera semana de agosto para tratar las diferentes problemáticas que atraviesa la provincia de Jujuy en relación a lo que definieron como “la violación sistemática del Convenio 169 de la OIT”, que es la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El petitorio del III Malón de la Paz denuncia la “profundización de la violencia institucional en Jujuy, la represión, persecución, las detenciones arbitrarias, los procesamientos con imputaciones absurdas, acusaciones falaces y multas exorbitantes” que tuvieron lugar en la provincia desde que se trató la reforma de la constitución de Jujuy.
Sobre la nueva Carta Magna, el comunicado advierte que es “violatoria de los derechos y garantías establecidas por la Constitución Nacional, implicando esto la violación de derechos humanos y tratados internacionales”.
Durante la tarde del miércoles, tras la reunión con los miembros del Malón, la comitiva mantuvo una reunión con Daniel Hoyos, rector de la Universidad Nacional de Salta, en la que conversaron sobre las distintas necesidades y demandas de los pueblos originarios del noroeste argentino. El rector de la UNSa colaboró con el Malón de la Paz en cuestiones logísticas vinculadas al viaje que comenzó el martes. El III Malón salió desde Jujuy y tiene previsto llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1 de agosto.
Más tarde, durante la tarde de este miércoles, la comitiva viajó a San Salvador de Jujuy para continuar con su agenda. Entre otras actividades, realizaron una reunión con dirigentes políticos, sociales y sindicales de la provincia que también manifestaron su preocupación por la escalada de represión que tiene lugar Jujuy tras la reforma de la constitución.
Este jueves la comitiva continuará con su agenda visitando a la dirigente social Milagro Sala, que se encuentra presa en su domicilio, y también, por la mañana, los diputados realizarán una conferencia de prensa para presentar el proyecto de ley para la creación de la “Comisión Bicameral Especial Investigadora de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy”.
La autora del proyecto es Leila Chaher, diputada nacional del Frente de Todos de Jujuy, y propone una comisión que estará integrada tanto por miembros de la Cámara de Diputados como del Senado de la Nación.
También visitarán al abogado defensor de las comunidades indígenas Alberto Nallar, que se encuentra detenido en su domicilio tras ser acusado de sedición el 12 de julio.
En el marco de un plenario de comisiones y con la presencia de expositores, debatieron sobre licencias de cuidado en el ámbito laboral. Durante el encuentro, se propició un intercambio en torno a la actualización de la Ley de Contrato de Trabajo.
Las comisiones de Legislación de Trabajo y Mujeres y Diversidad, que presiden las diputadas oficialistas Vanesa Siley y Mónica Macha, respectivamente, encabezaron este martes una nueva jornada con eje en la modificación de las licencias laborales de cuidado, extensivas tanto para trabajadores gestantes como no gestantes.
El encuentro contó con la participación de exponentes de distintos sectores sociales como las centrales sindicales CGT y CTA de los Trabajadores, representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados nucleadas en la Conarcoop.
Así como lo había hecho durante la reunión anterior de la comisión que ella preside y en la que se analizó una reparación para trabajadores de empresas públicas privatizadas en los 90, en el inicio Siley recordó que este 7 de julio se recuerda “La Noche de las Corbatas” y en ese sentido recordó particularmente al abogado Norberto Centeno, responsable en 1974 del proyecto de ley de contrato de trabajo -aún vigente en la Argentina- y uno de los juristas desaparecidos en esa fecha. Siley evocó que “este tema de licencias parentales tuvo dictamen 4 veces en la historia parlamentaria (2006, 2008, 2013 y 2014), y media sanción una única vez en el 2006”, al tiempo que ponderó que “ambas comisiones llevan tratados más de 54 proyectos de modificación a la ley de contrato de trabajo, en lo que respecta a licencias parentales y licencias especiales”.
El inicio de la ronda expositora correspondió a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Si bien reconoció como “pionera en la región” a la ley formulada por Centeno, la ministra advirtió que “todavía representa un concepto discriminador, que reconoce el cuidado exclusivamente para las mujeres”. En contrapartida, Díaz calificó como excelente al borrador actual, “porque no solo trata las licencias especiales, y recoge la ampliación de las licencias para personas gestantes y no gestantes, sino que además toma el reconocimiento de las nuevas familias en esta sociedad más diversa y compleja”. Finalmente, la ministra resaltó “el reconocimiento de la licencia para padres y personas no gestantes en el proceso educativo y en la crianza”, en línea con el agregado de las licencias por violencia de género, por lo que instó a los representantes parlamentarios a no perderse esta enorme e histórica oportunidad, “porque reproducir la vida y cuidarla es una tarea del conjunto de la sociedad”.
A su turno, Juan José Etala, presidente del Área de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), se diferenció de la postura de Díaz al teorizar que “este proyecto preliminar, a pesar de sus numerosos y mayores derechos, tiene un problema de origen, o, mejor dicho, en las consecuencias, que es quiénes lo pagan”. Etala manifestó “una profunda preocupación por el impacto fiscal del proyecto”, a la vez que denunció que “los trabajadores no hacen un solo aporte para las asignaciones familiares, ni son un beneficio que otorga graciosamente el Estado, sino que la pagan los empleadores, quienes históricamente hemos hecho aportes al sistema de seguridad social”. El referente de la UIA teorizó que los potenciales beneficios de las modificaciones se limitarían a los empleadores formales, “por lo que el 38 o el 40 por ciento de los trabajadores no van a tener acceso, y otro 38 por ciento de empresas no lo podrán conceder, por lo que los mayores costos, en merced de mayores beneficios, siempre caen en las mismas empresas, y es algo que no nos parece equitativo”.
Encolumnado con el posicionamiento de Etala, el presidente del movimiento nacional pyme (MoNaPi), Alejandro Bestani, describió como necesario “pausar este proyecto, encontrando primero la salida al desastre de la pobreza, con la generación de 8 millones de empleo más, y con una expansión del PBI”. “Por eso, para corregir este terrible y peligroso desvió, venimos a proponer una nueva ley pyme que resolverá el problema de la pobreza y estos derechos que estamos hablando”, formuló el titular de MoNaPi.
En contrapartida a la postura referenciada en Etala y Bestani, hicieron uso de la palabra Karina Moyano, Secretaria General Adjunta de las 62 Organizaciones Peronistas y secretaria de Genero de Camioneros, y Josefa Ávila, exponente de la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados Domiciliarios.
Moyano exigió a la parte empresarial “que entienda la situación del país y piense con la cabeza y el corazón, pensando en una Argentina mejor. “El cambio no es sólo para el bolsillo de algunos, sino para todas y todos, como corresponde”, sentenció la referente gremial, quien celebró “las palabras nuevas que amplían conceptos, porque se trata darle el mismo derecho a la persona que gesta y no gesta, al padre adoptivo que al biológico”. En ese sentido, Josefa Ávila remarcó que “es la primera vez que el Estado mira, a través de este proyecto, una legislación que cuida al que cuida, sobre todo a las personas gestantes y no gestantes mediante las licencias inscriptas en el dictamen”. “Necesitamos un país más justo, donde todes les trabajadores puedan gozar de los mismos derechos”, añadió Ávila, en representación de más de 50 organizaciones de cuidados de la economía social y solidaria, asociaciones civiles, fundaciones y otros actrices y actores de la sociedad civil”.
Finalmente, Macha anticipó que “la semana que viene convocaremos a asesores nuevamente, trataremos de arribar a los mayores consensos”.
“Luego del receso invernal volveremos a convocar para la dictaminación por mayoría y por minoría de este proyecto”, anticipó por su cuenta Siley, previo al debate entre parlamentarios que diera cierre formal a la reunión conjunta.
El tema se debatió en el marco de otra sesión informativa organizada por un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad.
Comunicaciones e Informática emitió el último dictamen que faltaba y la iniciativa ya puede ser debatida en la próxima sesión, si así lo disponen. Polémica por los discursos de odio.
La Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja se reunió este miércoles para tratar y emitir dictamen sobre el proyecto de ley que modifica la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, contemplando la figura de violencia de género digital.
El tema iba a ser debatido el pasado 30 de mayo en un plenario con la Comisión de Mujeres y Diversidad, pero al prever que no tendría quórum, solo sesionó ese día la comisión que dirige Mónica Macha, por lo que Comunicaciones e Informática se reunió este miércoles para completar el circuito. Ahora sí quedó listo el tema para llegar al recinto.
Se trata de un proyecto bien transversal, y prueba de ello resultó el hecho de que quien presidiera el debate en una comisión que encabeza el oficialismo fuera una diputada radical, Karina Banfi. En realidad, ella lo explicó al inicio de la reunión, al aclarar que el presidente de la comisión, el kirchnerista Pablo Carro, está con una liciencia por temas de salud. “Y me ha pedido que tome la posta”, precisó.
El proyecto, como bien dijo en ese momento Karina Banfi, es de las diputadas Macha (FdT) y Danya Tavela, y “veníamos hablando con Pablo (Carro) de la importancia de poder dictaminarlo en la comisión, porque es muy importante que haya un marco regulatorio en la Argentina en esa materia”. Destacó a continuación el consenso alcanzado y le pidió a la diputada Macha que, a pesar de no ser de la comisión, se encargara de explicarlo.
La diputada del Frente de Todos destacó que con el dictamen que ya se estaba circulando se podría pasar al recinto “para poder seguir avanzando en la búsqueda de iniciativas que permitan erradicar estas prácticas”.
Recordó que esta norma está inspirada en la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de violencia digital y ha impulsado en su país una legislación en la materia que es la que ahora en Argentina se está a punto de replicar. “Lo que busca es poder incorporar a nuestra ley una tipificación de la violencia digital como una forma de violencia por motivos de género, lo que nos permitirá incluirla en las políticas públicas”, señaló Mónica Macha.
La legisladora oficialista habló de la necesidad de “situar el entorno digital como territorio de esta época: lo que sucede ahí es real; lo virtual es real, tiene efectos en las vidas de las persona”. Habló de los efectos de lo que sucede en la virtualidad, de la difusión de imágenes o videos sin consentimiento, como una nueva forma de violencia que afecta las relaciones humanas.
Esa circulación de imágenes sin consentimiento “es lo que genera un padecimiento psíquico, que tiene después consecuencias en la salud física y personal”, agregó, precisando que esta norma se complementa con la Ley Belén que apunta a poder considerar la violencia digital como un delito y por eso busca establecer una modificación a la ley penal.
A continuación habló la diputada Silvana Ginocchio (FdT),quien destacó el valor de “un proyecto que tiene tanta importancia, por cuanto aborda un problema de enorme gravedad, facilitado por las plataformas digitales, y que en pandemia tuvo un incremento grande y que afecta más a las mujeres”.
“Esta violencia conlleva una violación a los derechos humanos, impide el empoderamiento de las mujeres y el libre y pleno desarrollo a la integridad y los derechos humanos”, agregó la diputada catamarqueña.
El debate se tensó con la intervención de la diputada kirchnerista Florencia Lampreabe, que tras destacar la importancia “del paso que vamos a dar hoy”, valoró abrir este tipo de discusiones para “empezar a entender a las redes sociales y plataformas como un espacio que ya no es de la virtualidad, sino que es parte de nuestra vida cotidiana. Todos tenemos mediada la vida con las plataformas”.
Y a continuación advirtió que “no se puede no hablar de la violencia política, de los discursos de odio y del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Porque lo planteé en su momento: cómo hacemos para poner un límite a los discursos de odio, preservando la libertad de expresión, y cómo hacemos para trabajar en la regulación de las plataformas digitales, que son espacios de autorregulación donde rige el interés empresarial”.
“Yo siempre cito un estudio del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la UNSAM, porque ellos han estudiado específicamente la esfera pública digital”, señaló Lampreabe, precisando que los casos vienen en aumento. “En los últimos dos años -ellos hicieron un corte de 2020 y 2022-, aumentaron un 10%, y estamos hablando de promoción de los discursos de odio en la esfera pública digital, en torno al 34%; y la admisión de ello llega casi hasta el 50%. Quiere decir que hay una tolerancia a determinados discursos, a bajar el filtro, que ocurre en la esfera pública digital, que en la realidad no”.
En ese sentido destacó que previamente al atentado contra la vicepresidenta “había un clima que se había gestado contra Cristina Kirchner; no me voy a poner a discutir la cuestión digital, no hay duda que se venía gestando un clima a través de los grandes medios, con discursos deshumanizantes”. La diputada oficialista citó el informe del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos, que abonó esa teoría y sostuvo que “lleva 20 años esta generación de un clima que termina pasando a la violencia real”.
Agregó Lampreabe que según las investigaciones señaladas por ella, cuando se estudia en Argentina cuál es el objeto, aparece primero “candidatos y entidades políticas”. Otro componente que aparece cuando se estudian los objetos de odio es que el 70% se destinan a mujeres. En conclusión, para la diputada bonaerense, “es imposible hablar en Argentina de violencia digital a las mujeres sin hablar de violencia política y del intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Lo dije en la Comisión de Mujeres, y también acá”, y llamó a “tomar el compromiso de ver cómo defendemos nuestra democracia”, alertando que las empresas que manejan las plataformas digitales muchas veces están en el exterior y “quedan fuera de las normativas vigentes”.
“Lo que ocurre en las plataformas digitales es un desafío para la comunicación democrática en la Argentina”, concluyó.
Le contestó la diputada Sabrina Ajmechet, que acababa de ser elegida presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión. En su intervención dijo lamentar “que en un proyecto que viene siendo trabajado y que recibió unanimidad en la Comisión de Mujeres, en el medio de esta discusión se traiga otra donde se sabe que tenemos claras diferencias. Ayer se vio cuando vino el jefe de Gabinete, que el oficialismo tiene convicciones determinadas sobre la libertad de expresión, y lamento muchísimo que se traiga acá el ejemplo de un centro de estudios de la UNSAM, que tiene una visión militante y sesgada sobre el tema, y que se esté tratando de ensuciar un proyecto de esta relevancia haciendo chicanas a la oposición y sin llevar a una discusión seria sobre qué es un discurso de libertad y un discurso de odio”.
“No aceptamos eso -enfatizó-. Me gustaría que entienda que es un tema que está en discusión, donde existen miradas puntuales. Me parece lamentable que busquen ensuciar, con el trabajo que da reunir el quórum, con esta visión de la diputada preopinante”.
En el mismo sentido se pronunció la diputada Paula Omodeo (Creo-Tucumán), que tras aclarar que no pensaba intervenir, lo hacía por lo que acababa de escuchar, lamentando llevar ese tema a “una discusión ideológica y política”. “En vez de poner el problema en el centro y trabajar sobre consensos, empezamos a ideologizar una comisión que no tenía por qué. Estamos poniendo las cuestiones políticas sobre los problemas de los argentinos, y los argentinos están cansados de que todas las discusiones sean políticas”, sostuvo.
Subió el tono al reclamarle al oficialismo que “si quieren defender la democracia empiecen a defender a la Constitución, la República, la división de poderes y el principio fundamental del Estado argentino, que es la libertad”, dijo, advirtiendo que “lo que quieren hacer es coartar la libertad de expresión y avanzar con discursos de censura, que es minar los principios fundamentales de la Constitución y el derecho argentino”.
Salió en defensa de su compañera de bancada la oficialista María Rosa Martínez, que aclaró en primer lugar que “los diputados hacemos política, somos militantes y construimos políticas para transformar la realidad. La incorporación de la violencia política dentro de la Ley 26.485 ha sido un avance muy importante y los estudios demostraron que alrededor del 79% de las mujeres padecemos violencia política en los ámbitos donde estamos”.
Por eso, consideró “imprescindible, necesario, una acción que corrobora la dimensión a la que estamos sometidos todos. Particularizar en el caso de la vicepresidenta, pensé que iba a ser algo absolutamente racional en esta comisión, más allá de la ideología política”. Y agregó que “las consecuencias sobre la vida y circunstancia familiar que acontece a Cristina y Florencia (Kirchner) y su desempeño es absolutamente evidente. Nuestra responsabilidad en este sentido es enorme a la hora de aclarar y proponer una dimensión que ya ha sido incorporada a la ley”.
Para María Rosa Martínez, “la regulación de plataformas es una cuestión que vamos a tener presente sin ninguna duda, y me asombra el planteo hacia una universidad pública de reconocida trayectoria y a la Comisión de Seguimiento de Belem do Pará”.
Volvió a hablar Lampreabe para aclarar que su posición era “claramente política” y recordó que “estamos en una casa política. Hablé de debates políticos porque todos tenemos el mandato de hacerlo. No dije ninguna chicana, no entiendo cómo esto ensuciaría el avance que estamos haciendo”. Por el contrario, dijo, “me parece que abre la puerta para contemplar otros aspectos, lo hice con esa intención”, y cerró diciendo que “los discursos de odio en nombre de la libertad de expresión limitan y silencian otras voces”.
Ajmechet aclaró a continuación que no se había referido a la Universidad de San Martín, donde señaló que además da clases, sino “a una investigación de un grupo específico. La UNSAM es una universidad plural”.
Cerró el debate Karina Banfi, que expresó su convicción respecto de que “este proyecto Olimpia y la posibilidad de haber logrado unificar posiciones con el proyecto de la diputada Tavela, junto con muchas diputadas de esta casa, logra configurar la ausencia de herramientas que necesitamos en el marco de lo que llamo la second life, la realidad virtual, en el marco de nuestra exploración y nuestra vida digital. Creo que la ley Olimpia viene a traer un marco que puede ayudar a un punto que es fundamental para mí, la alfabetización digital. Hay mucho desconocimiento y el desconocimiento trae miedo”.
Por otra parte citó su experiencia personal de haber sido amenazada en las redes y aclaró entones que “la culpa no es de Google, es nuestra”. Porque fue la justicia la que demoró en encontrar al responsable, aunque tras dos años y medio lo halló y quedó preso. “Si hay un crimen o alguien te amenaza, lo podés buscar”, dijo, precisando que están las herramientas legales para hacerlo pagar. Y también alertó sobre la responsabilidad de los padres en velar sobre la participación de los menores en las redes.
Se trata de dos iniciativas que proponen modificar el Código Penal y la Ley de Violencia de Género con el fin de tipificar como delito la violencia de género en el ámbito digital.
Varias diputadas opinaron que el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner el año pasado se relaciona directamente con la violencia generada desde las redes sociales.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, presidida por la diputada nacional Mónica Macha (FdT), se reunió este martes para emitir dictamen favorable sobre la inclusión de la “violencia digital” en la Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Al inicio de la reunión, Mónica Macha explicó que “se complementa con la Ley Belén” y que “está enmarcada en una estrategia regional”. Además, afirmó que “necesitamos contar con política pública en distintas instancias” porque “Argentina es un país que en estos temas tiene un retraso”.
Del mismo modo, amplió que “debemos ponernos en sintonía con lo que ocurre en otros países”. Macha aseguró que la violencia en redes “tiene más efectos en las vidas reales”, y agregó que “las redes sociales se han convertido en territorio de exposición”.
“La violencia por motivos de género es una pandemia porque que se viralice contenido íntimo genera padecimientos psíquicos, ataques de pánico y aislamiento y necesita acompañamiento, pero es una forma más de violencia por motivos de género”, señaló. Finalmente, pidió que “las personas que avanzan sobre imágenes sin consentimiento merecen una sanción”, y cerró: “Cada uno sabe cuándo hace algo que perjudicará a otro”.
En segunda instancia, la diputada nacional Danya Tavela (Evolución Radical – Buenos Aires), quien es autora de uno de los proyectos puestos a consideración -el otro es de Mónica Macha-, manifestó que “hemos logrado un consenso en la modificación”, porque “forma parte de las leyes de la época”. “La violencia digital es parte de las violencias a las que somos sometidas”, aseveró.
También, enfatizó en que hay que “tener en cuenta el daño que genera la revictimización permanente de quienes sufren violencia digital”, y añadió: “Lo más importante es que las consecuencias tienen una restricción a la libertad y una mujer se ve afectada, pero es muy importante que podamos avanzar sobre el dictamen de esta norma”.
De igual manera, la diputada Gabriela Lena (UCR – Entre Ríos) explicó que “este tema lo padecemos mucho las mujeres del ámbito político”, y amplió que “no estamos exentas y somos agredidas por nuestro aspecto físico y sexualidad”.
“Es sumamente necesario tener la definición de este tipo de violencia para la Ley 26.485 porque nosotros creemos que es necesario que se tome conciencia y se pueda implementar en las escuelas a través de la ESI Educación Sexual Integral) para que la persona evite ser víctima del “ciber-bullyng” y se evite la revictimización”.
Por su parte, la legisladora María Dolores Martínez (Evolución Radical – CABA), la cual no es parte de la Comisión de Mujeres y Diversidad, expresó que “es un buen avance y nos permite hablar de la violencia de género y justamente enmarcarlo en los entornos digitales de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores”.
Así también, llevó a cabo una serie de cuestionamientos a la ley de datos informativos: “Me parece importante que discutamos porque no se avanzó en la ley de datos informativos porque a esa ley le falta la perspectiva de género”.
También, manifestó que “tenemos que evitar hablar de lo mismo y llamarlo de diferentes formas. Unifiquemos ámbito digital y entorno digital por ejemplo”. “No es menor tratar de seguir avanzando para que no quede atado a un sistema binario o heteronormativo”, indicó.
La vicepresidenta de la comisión, Silvia Lospennato (Pro – Buenos Aires), realizó una breve intervención en la que consideró que “esto es un paso, pero nos queda trabajar sobre el Código Penal para que la Justicia pueda avanzar sobre el castigo en quienes ejerzan este tipo de violencias”.
“La violencia tiene dos objetivos, el castigo y el disciplinamiento, y busca el repliegue de las mujeres a sus vidas privadas”, arengó. Del mismo modo, agregó que “estamos protegiendo un derecho constitucional que es el derecho a la intimidad y no puede estar ajena a la complementación porque este problema afecta a todas las mujeres y a las poblaciones”. “Una cosa es un insulto y otra cosa es el acoso”, señaló.
Además, la diputada nacional Ana Clara Romero (Pro – Chubut) se mostró emocionada por el dictamen y expresó: “Hemos logrado un gran avance para dejar de naturalizar cuestiones que padecen las mujeres en la calle, en sus trabajos o en la universidad”. “Se las discrimina y se las hace cargo de situaciones de las que son víctimas y me parece muy importante que hayamos podido poner luz sobre esta situación”, concluyó.
Del lado del oficialismo, la primera en intervenir fue la diputada nacional Florencia Lampreabe (FdT – Buenos Aires), quien recordó el intento de magnicidio que padeció la vicepresidenta Cristina Kirchner el 1ro. de septiembre del 2022: “Me parece importante poner el tema en la agenda del Congreso, porque muchas de nuestras relaciones sociales son a través de las redes y eso que sucede construye una realidad”.
“Estos discursos de odio están cada vez más naturalizados y hay una relación directa entre los discursos de los medios de comunicación y las réplicas de las redes sociales donde hay estrategias para generar hostigamiento”, añadió Lampreabe.
De igual manera, la diputada nacional María Rosa Martínez (FdT – Buenos Aires) agregó que “no es casual que los discursos de odio se hayan efectuado previo al intento de magnicidio y luego hayan desaparecido”, y mencionó el hostigamiento que también sufrió Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta.
La última en intervenir fue la diputada nacional Mara Brawer (FdT – CABA) quien apuntó contra el periodista Baby Etchecopar por sus dichos contra el cuerpo de mujeres trabajadoras y de partidos populares y pidió que esos discursos de odio no estén más en los medios de comunicación.
Si bien en principio se había anunciado que sería en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Comunicación e Informática de Diputados, solo está convocada la primera.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, presidida por Mónica Macha, mantendrá una reunión para tratar dos proyectos de ley que buscan modificar la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres con el fin de incorporar a la misma la “violencia digital” como una modalidad de violencia.
Cabe consignar que originalmente había sido convocado un plenario de Mujeres y Diversidad y de Comunicación e Informática, este lunes por la tarde se resolvió que solo la primera se reuniera. “Razones de quórum”, deslizaron fuentes consultadas. Igual, no se modificó nada más: el encuentro se llevará a cabo este martes 30 de mayo a las 12 en la Sala del segundo piso del Edificio Anexo “C” de Diputados.
Las dos iniciativas corresponden a las diputadas Mónica Macha (FdT) y Danya Tavela (Evolución Radical) que buscan proteger los derechos y bienes digitales de las mujeres, su desenvolvimiento y permanencia en el ciberespacio, así como también su dignidad digital, su identidad y su reputación, en los entornos virtuales, con motivo de la violencia machista. Asimismo, apuntan a establecer un marco de reconocimiento de la existencia de la violencia digital hacia las mujeres, como tipo; y de la violencia telemática, como modalidad.
Ambos proyectos proponen modificar varios artículos de la Ley 26.485. Uno de ellos es el artículo 4 para que quede redactado de la siguiente manera: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.
También plantea incorporar como inciso “G” del artículo 6 la violencia digital o en línea como aquella que “se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres, sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas, o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC, así como cualquier otra que pueda surgir a futuro ejercida por este medio, que afecte los derechos protegidos de la presente ley”.
Además, establece el desarrollo e implementación de protocolos de detección y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres a través de las TIC; programas de alfabetización digital y planes de formación docente.
Cabe recordar que el Senado se analizó en comisiones un proyecto de la misma temática cuya autoría era de la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT) en septiembre de 2021, pero nunca llegó al recinto.
Ese fue el eje de una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad que avanzó en el tratamiento de cuatro proyectos sobre el tema.
Sin presencia de JxC, funcionarias del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad defendieron la iniciativa con datos estadísticos sobre expectativa de vida de personas travesti trans.
La Comisión de Mujeres y Diversidad, a cargo de la diputada nacional Mónica Macha (FdT – Buenos Aires), se reunió este miércoles para debatir respecto a la creación de una pensión reparatoria para personas travestis trans.
La reunión fue informativa y asistieron funcionarias nacionales y de algunas provincias, entre ellas Alba Rueda, representante especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores; Agustina Ponce, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; y la interventora del INADI, Greta Pena.
También participaron Daniela Castro, directora de Políticas de Diversidad de la provincia de Buenos Aires; Úrsala Sabarece, directora de Diversidad del Chaco; y Cintia Pili, coordinadora de acceso al empleo del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
La reunión tuvo la presencia de varias invitadas que participaron de forma presencia y virtual: Marlene Wayar, de la Asociación Civil Futuro Trans; Claudia Vásquez Haro de OTRANS Argentina; Say Joaquín Sacayán, militante travesti; Sachi, sobreviviente a la última dictadura; Marcela Tobaldi, de la Asociación Civil La Rosa Naranja; Paula Salva, activista y militante por los derechos travesti – trans; Ivana Gutiérrez, referente travesti de conurbanes por la diversidad; Flor Guimaraes, militante política travesti; Eva Arraigada, secretaria de diversidad de Partido Justicialista de CABA; Diana Aravena, Cooperativa La Paquito Putos Peronistas; Karin Tuma y Adam López, de Devenir Diverse y Somos Diverses, de la Liga LGBTIQ+ de las provincias.
En primer lugar, Agustina Ponce celebró que “Argentina reconozca a través del Congreso de la Nación años de persecución por parte de la policía a la comunidad”, y remarcó “el pedido de perdón a la comunidad y una contribución económica que permita que compañeras puedan acceder a este beneficio y que permita llenar la olla”.
La funcionaria sostuvo que Argentina es “un ejemplo a nivel mundial en Derechos Humanos”, mencionó a la histórica militante trans Loana Berkins, y afirmó que el Estado antes “perseguía, criminalizaba y judicializaba” a las travestis. “Era un delito contra la fe pública”, recordó.
Del mismo modo, Ponce presentó datos estadísticos: “Las mujeres travestis trans tienen una probabilidad de vida de 40 a 44 años, según la ReNaPer, cuando la expectativa mostrada en personas binarias es de 75 u 80 años”.
“Es una probabilidad de finales del Siglo XVI o XVII y es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos de buena fe”, indicó. Así también, sostuvo que el “Ministerio de Diversidad estableció 3.477 personas inscriptas -desde la sanción de la ley del cambio de identidad- y solo 1.124 tienen más de 40 años”. “En términos económicos, esta pensión no moverá el amperímetro al Tesoro Nacional”, cerró.
Luego fue el turno de Alba Rueda, quien sostuvo que “hablamos de reparación porque hubo vulneración de los DDHH”, y explicó que “la vejez en la Argentina ronda los 60 años, lo que representa el 14 de la población total en Argentina y en los 70, solo eran el 7 por ciento”.
A su vez, agregó: “Solo captaron de manera binaria y va en contradicción de todo lo que hemos aprobado en cuestiones de genero e identidad, ya que 16.090 hicieron el cambio registral, y la edad de fallecimientos es de 44 años con 394 personas que murieron”.
La interventora del INADI, Greta Pena, aportó datos de una encuesta realiza en el 2012 y desarrolló: “Más del 50 por ciento -de las mujeres travestis y trans- sufrió detenciones sin intervención de jueces, el 76 por ciento discriminaciones policiales y un 33 extorsión, amenaza y humillación”. “Un 30 por ciento sufrió violación y un 2.5 tortura”.
La directora de Políticas de Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Daniela Castro, recordó muchas vivencias atravesadas y afirmó que “reconocer es reparar”. También, le pidió al Congreso nacional y provincial que “deben hacerse cargo”, y lamentó la ausencia de los diputados de Juntos por el Cambio.
“Qué lástima que no hayan estado de Juntos porque de 257 diputados hay 2 ó 3 que demuestran el interés que despertamos como sociedad y es vergonzoso”, disparó Castro. En la reunión sólo estuvieron presentes las diputadas nacionales María Rosa Martínez, Lucila Masín, Gabriela Estévez (del Frente de Todos) y Romina Del Plá (Partido Obrero).
También, Cintia Pili, la coordinadora de acceso al empleo del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y Úrsala Sabarece, directora de Diversidad del Chaco -de forma virtual- sostuvieron la importancia de la reunión informativa sobre el proyecto de ley sobre la creación de una pensión reparatoria para personas travesti trans.
Al término de las exposiciones, la diputada nacional Gabriela Estévez, autora de uno de los cuatro proyectos puestos a consideración, opinó que “lo vamos a militar y a pelear”. “Después de haberlas escuchado, no puedo agregar más nada porque ustedes relataron las vivencias que le atravesaron el cuerpo durante toda su vida”, indicó.
Así también, Del Plá remarcó su acompañamiento y compromiso con la reparación del colectivo, expresó: “No es menor que siempre seamos las mismas” y pidió por “una apertura masiva para que podamos invitar a muchos que ni saben que hay un derecho que podrían reclamar”.
Para finalizar, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, anunció que alrededor del 15 de junio se avanzará con asesores y de ahí sacar el consenso para que el proyecto siga con el camino legislativo correspondiente.
Fue en un plenario de comisiones en donde se empezó a abordar los proyectos que proponen modificar las licencias contempladas en la Ley del Contrato de Trabajo. La próxima semana presentarán un borrador unificando todas las iniciativas presentadas.
Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad se reunió este martes para comenzar el debate para crear un Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA) que surgió a partir de una serie de proyectos elaborados por legisladores de todas las bancadas relacionados con tareas de cuidado, que complementan la iniciativa que había presentado el Poder Ejecutivo hace más de un año que contempla la modificación de regímenes de licencias maternales, paternales y parentales.
En el encuentro de las comisiones que encabezan las diputadas oficialistas Vanesa Siley y Mónica Macha, celebrado en la Sala 1 del 2° piso del Edificio Anexo A, se puso a consideración un total de 48 proyectos de ley.
El temario contempló 35 proyectos de ley sobre licencias y una docena sobre cuidados. Asimismo, se tuvo en cuenta como base un proyecto de ley del Poder Ejecutivo presentado el 3 de mayo de 2022, y fue elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Siley explicó que en esta primera etapa se trabajará sobre licencias vinculadas a normativas ya existentes, mientras que quedará para más adelante la creación de licencias para monotributistas, autónomos y monotributistas sociales. En tanto, asesores serán convocados en las próximas semanas para iniciar el tratamiento del otro cúmulo de proyectos que tienen que ver con cuidadoras comunitarias, domiciliarias.
También adelantó que la próxima semana volverán a reunirse y presentarán un borrador con las ideas principales en común de cada proyecto. Siley celebró que hay “más coincidencias que diferencias. Si nos vamos a parar en las coincidencias vamos a avanzar rápido”.
Al comienzo del plenario, el secretario de la Comisión de Legislación del Trabajo procedió a leer que por la Resolución 558/23 de la presidencia se efectuaron, a partir de la fecha, las siguientes modificaciones: se designó a la diputada Natalia Souto en reemplazo de José Pablo Carro; la diputada Macha ingresó por Gisela Marziotta; y la diputada Estela Hernández en reemplazo de Sergio Palazzo.
Por su parte, la secretaria de la Comisión de Mujeres leyó la designación de Silvana Ginocchio en reemplazo de Lucila Masin, Marisa Uceda ingresó por Leonardo Grosso. También se designó a Siley en reemplazo de Gabriela Estévez, a Daniel Arroyo en reemplazo de Florencia Lampreabe; Varinia Lis Marín por Mara Brawer.
“El secretario acaba de mencionar 48 proyectos de ley de distintos diputados y diputadas. Además de estos 48 mencionados y convocados para la orden del día, hay cuatro más de la diputada Carla Carrizo y uno del diputado Lucas Godoy que también los vamos a incluir, pero como no están en el boletín de asuntos entrados todavía no los hemos circulado por comisión”, aclaró Siley.
Respecto a la iniciativa, la titular de la Comisión de Legislación remarcó que el tema de cuidados “nos atraviesa socialmente a las mujeres y a las disidencias. Es un tema muy importante. Si encontramos tantos proyectos de ley, es porque los representantes del pueblo nos hacemos eco de las demandas de las realidades que tiene nuestra sociedad que necesitamos resolverlas. No resueltas son problemas”.
“Una ley no resuelve nada, pero es el comienzo de muchas cosas”, opinó Siley y explicó que “luego tienen que articularse los tres poderes del Estado y la sociedad toda, incluso el sector privado para abordar los temas tan importantes como los cuidados”.
“Los cuidados se tratan de un trabajo, que es un trabajo no reconocido y cargamos muchas veces individualmente y en soledad las mujeres, las madres, las abuelas, y se trata de algo sustancial para la humanidad porque todos recibimos cuidados en algún momento de nuestra vida de forma necesaria y todos en algún momento cuidamos a otros que necesitan asistencia específica, un cuidado particular a nuestros niños y niñas que son el futuro de nuestras sociedades y también a la memoria de nuestras sociedades en cabeza de las personas mayores”, explayó la oficialista.
En esa línea, agregó que es un cuidado que “también se destina a las personas con discapacidad”. “Esta discusión puede ser muy grande e infinita y nunca llegar a resolverse porque tenemos los cuidados realizados en los hogares. La necesidad de regular las leyes laborales en función de armonizar la vida privada con la vida productiva. Tenemos los cuidados en las comunidades. Tenemos distintos universos”, detalló Siley.
“Hemos decidido comenzar por uno, no significando esto que se vaya a dejar de lado el resto de las discusiones, sino que metodológicamente y por técnica legislativa necesitamos comenzar por partes. Por eso vamos a abordar los proyectos que refieren a licencias y que tocan normativas existentes como ley de contrato de trabajo, ley de asignaciones familiares, la 24.241 del Sistema Previsional, y otras leyes especiales que no están contenidas en al Ley del Contrato de Trabajo como la Ley del Trabajador de Casas Particulares y Ley del Trabajo Agrario”, aclaró.
Al respecto, indicó que “tenemos el trabajo comunitario que también tenemos un montón de proyectos de ley para regular el trabajo de otras tantas mujeres en otros ámbitos y de otras maneras, pero vamos a comenzar por estas normativas de licencias con el objetivo de llegar a un dictamen y avanzar en una discusión hacia el recinto”.
A continuación, hizo uso de la palabra la titular de la Comisión de Mujeres, Mónica Macha, explicó las estrategias que utilizaron para pensar el tratamiento de las distintas dimensiones que implican el cuidado en el país.
“Hoy comenzamos con el tema de licencias y en pocos días vamos a convocar a asesores para trabajar el otro cúmulo de proyectos que tienen que ver con cuidadoras comunitarias, domiciliarias tanto monotributistas como cooperativas. La intención es avanzar con ese tratamiento pensando que hoy vamos a estar trabajando la situación de las personas que están en un contexto de trabajo formal y, del otro modo, vamos a trabajar y generar instancias para que esas personas que dedican mucho tiempo a esta tarea que es parte de ganarse la vida también puedan ir adquiriendo instancias de trabajo formal”, manifestó.
En suma, Macha resaltó que es un tema de “agenda política, social y cultural” y “poder mejorar las condiciones de trabajo para poder mejorar las condiciones de cuidar y es algo que también tiene que ver con la distribución de la renta”.
Sin ser parte de ninguna comisión, pero en carácter de autora de una de las iniciativas, la primera en tomar la palabra fue la vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, consideró que “teniendo en cuenta la propuesta del Ejecutivo Nacional que es más completo, mi propuesta en el proyecto es puntual tiene que ver con la licencia por adopción equiparable a la maternidad biológica”.
Además, citó la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 158 “hace referencia al nacimiento biológico y a las licencias que pueden tener las trabajadoras solamente en casos de maternidades biológicas”. En esa línea, Banfi remarcó que ha presentado tres veces el proyecto en la posibilidad de “reconocer los derechos que tienen los niños adoptados a poder también contar con la licencia de sus padres o no gestantes, en función de la construcción familiar, la posibilidad de contar con todo ese tiempo equiparable a la maternidad biológica”.
“Cuando hablamos de licencias, y en este caso por adopción, es principalmente necesaria para el niño que se lo incluye en un nuevo grupo familiar y todo ese tiempo es extremadamente valioso, sin duda para un bebé también, pero que se da en otro contexto. Creo que un concepto que en el Congreso debemos trabajar cuando hablamos de inclusión es cómo identificar las diferencias y a partir de ahí poder ser inclusivos”, manifestó la radical y celebró que el proyecto del Ejecutivo contemple la adopción equiparable a la licencia por maternidad biológica.
A su turno, la diputada de izquierda Myriam Bregman celebró el tratamiento de las iniciativas por temas, pero hizo algunas consideraciones. La legisladora planteó que América Latina “viene muy atrasada y desfasada en esta cuestión incluso de las discusiones que se están dando en otros lugares como en algunos países de Europa”.
“En Argentina estamos en mora, tenemos una de las legislaciones más atrasadas de la región. Hasta UNICEF cuestiona el tema de las licencias y tareas de cuidado en el país. Claramente la extensión del trabajo precario feroz tiene que ver con esto”, expresó Bregman y contó que a ella le tocó parir siendo monotributista: “Trabajé hasta el momento que tuve dolores de parto y no veía la hora de poder volver a hacerlo porque no tenes manera de poder sostenerte. Esto se agravó y muchísimo”.
En tanto, preguntó: “¿Cuál es el compromiso con este debate? Yo creo que hoy tiene que quedar claro cuál es el compromiso. Sobre todo, las fuerzas mayoritarias. Veo que la mayoría somos mujeres nuevamente”, y cuestionó: “Me gustaría saber qué compromiso van a poner las fuerzas mayoritarias en el debate para que no pase como en otros temas como, por ejemplo, hipotecados UVA que se debate, se debate y nunca se llega a una situación a pesar de lo apremiante que es para las familias”.
“Queremos que esto tenga un costo para las empresas y que podamos empezar a discutir todo tipo de protección en los trabajos incluso para las mamás que amamantan, que tengan un lugar para dejar a sus hijos, etc. Tenemos que aclarar cuál va a ser la agenda y hasta dónde estamos dispuestos a debatir porque en un país regido por la bota del FMI tenemos que ser claros”, planteó la diputada de izquierda.
Además, cuestionó: “¿por qué se tardó tanto en llegar a esta agenda? ¿Por qué se tardó tanto en poner este tema? ¿Por qué no podemos discutir seriamente acá con la reducción de la jornada laboral a 6 horas y el reparto de las horas con un salario que alcance y la creación de trabajo genuino? Pero acá la agenda que primó es la del FMI”.
“En este Gobierno del FdT con el ajuste que está llevando adelante con un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad que es el que menos presupuesto recibe. ¿Cómo se condice con esto?”, criticó Bregman y detalló que durante la gestión de Cambiemos y el actual Gobierno “se transfirieron de los sectores asalariados a los sectores más concentrados del capital 87 mil millones de dólares. Eso es lo que se le sacó del bolsillo de los trabajadores y se transfirió a los sectores más concentrados. Más de 57 mil millones durante el Gobierno del FdT siendo las principales perjudicadas las mujeres”.
Por último, explicó: “Queremos una sociedad donde las tareas de cuidados sean socializadas desde la alimentación hasta el lavado de la ropa sin cargárselo individualmente a las mujeres en el hogar. Le vamos a poner mucho fervor al debate”.
La diputada radical Carla Carrizo bregó para que “este cuarto intento sea con éxito porque esto atravesó distintos gobiernos. Hace 18 años que está en estado parlamentario este tema. 2005 se presentaron 22 proyectos nunca llegó al recinto. En 2011 tuvimos media sanción del Senado, tuvimos dictamen, pero no llegó al recinto. 2013 tuvimos 23 expedientes, tuvimos dictamen, pero tampoco llegó al recinto. Hoy 35 expedientes a la vista y 2 en tratamiento, creemos que esta tiene que ser la oportunidad de llegar al recinto”.
“Si así hiciéramos lograríamos terminar con la profunda desigualdad entre las mujeres porque hay licencias distintas de acuerdo al lugar donde se trabaje, mundo formal e informal, pero dentro de la formalidad hay enormes asimetrías. Sector público y privado y dentro del público hay enormes asimetrías. Nación, provincia, tipo de poder. No va así, no somos iguales ante la ley, necesitamos tener un piso mínimo en un tema básico como es la igualdad en el derecho y la obligación de cuidar”, alertó Carrizo y se distanció de Bregman al considerar que las licencias “no” son un costo, sino que “son una inversión”.
Y cerró: “Tenemos que avanzar porque no se trata de los partidos de Gobierno, sino que se trata de los derechos de varones y mujeres en el país que es el cuidado compartido. Tenemos que terminar en el país con ese enfoque absolutamente biologicista filiar amorosa. No puede ser esa mirada sesgada. Me encantaría que licencias sea ley antes de que los candidatos terminen el mandato presidencial”.
De la vereda de enfrente, la mendocina del FdT Marisa Uceda planteó que “la carga horaria que representa para las mujeres las tareas de cuidado podemos ver que no es equitativo. La Constitución nos ordena en el artículo 14 bis garantizar condiciones dignas y equitativas de trabajo para todos y esa situación no está ocurriendo con las mujeres”.
“Hablar de tareas de cuidado es algo amplio, pero hay que empezar por uno de los obstáculos con los que nos encontramos las mujeres a la hora de acceder al empleo porque nos contratan menos porque la carga de cuidados de los chicos recae sobre nosotros de manera casi exclusiva y accedemos a empleos más precarizados, a condiciones de empleos menos dignas por la necesidad de acceder a un empleo. Esto pasa en todas las esferas”, manifestó Uceda.
Al respecto, remarcó que en el país “no puede seguir siendo una contradicción el crecimiento laboral con el deseo maternal y eso hoy es una limitación. Se no asignó el rol de madres cuidados que nos limitó al acceso al trabajo. Hay que empezar a visibilizar la carga que representan los cuidados”.
“¿No nos hizo ruido que 7 de cada 10 mujeres no lleguen a los 30 años de aportes?”, preguntó Uceda y precisó que esto tiene que ver con la “no posibilidad de acceder a empleos genuinos y en blanco. Tenemos que avanzar con esto porque Argentina merece tener una legislación laboral avanzada”. También coincidió con Banfi sobre las licencias por adopción porque “la Ley de Contrato de Trabajo en materia de licencias es discriminatoria. Tenemos que avanzar en una ley equitativa, igualitaria y que ponga a las mujeres en una situación de equidad en los empleos”.
En su disertación, la diputada Camila Crescimbeni (Pro) adhirió a lo expresado por sus pares porque “es un tema que nos tiene que traer unión”. “Hay algunos temas que me parecen imprescindibles que estén en el proyecto que finalmente salga. Uno es de las licencias prenatales porque casi nadie se toma los 45 días antes y casi todos nos tomamos lo máximo después que tenemos a nuestros hijos. Es evidente que hay muchos mecanismos para cambiar las fechas y muchas madres lo hacen porque no quieren tomarse un mes antes cuando no es un embarazo de riesgo, creo que es importante permitir que se puedan tomar desde 15 días antes”, propuso.
“Es evidente que 3 días, 5 días no sirven para ningún duelo si quieren que esa persona vuelva a funcionar en su trabajo porque el trabajo emocional que eso requiere no tiene un tiempo. Hay que tener en cuenta los casos de fallecimiento perinatal que se considero un tiempo para que el cuerpo de una pueda de a poco transformarse”, expresó al recordar su experiencia hace un año tras el fallecimiento de uno de sus bebés.
Al finalizar, coincidió en que las licencias por maternidad y paternidad “no solo son una injusticia para las madres, sino para los varones porque la gran mayoría han empezado a cambiar y quieren ser parte esencial de la vida doméstica de los hijos”.
“Esto es una problemática que nos preocupa”, expresó la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) y agregó: “Esto ha trascendido gestiones y no podemos estar como legisladores ausentes de esa conexión con la realidad dura que vivimos”. Al respecto, consideró que “hay que darle el debate necesario, con tiempo y en cada punto en común que podemos encontrar entre los 50 proyectos que abarquen distintas cuestiones para dar una respuesta a la realidad porque el cuidado está compartido”.
En el tramo final, hizo uso de la palabra la secretaria parlamentaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato, consideró que “el problema con las licencias no lo tienen los que tienen 90 días, sino que tienen 0 días como monotributistas, informales. Pero por un lado hay que empezar y esto también es una deuda que la venimos pateando y me parece que, si hay vocación de trabajar de manera racional y acotada una reforma a lo que ya existe en los convenios, de lo que ya existe para el empleo público en muchos municipios y provincias y dependencias del Estado, es de alguna manera un primer paso que necesitamos hacer”.
“Tenemos que hacer con absoluta seriedad y hay que despejar algunos temores que puede generar este tema. El primero es pedir un dictamen a la Oficina de Presupuesto para que se vea que esto no es un enorme impacto fiscal inabordable. Este régimen no solo lo pensamos para las empresas grandes, sino para las PyMes y Micro Pymes también porque la mayoría de las mujeres se inserta en la informalidad porque el 62,9% de las mujeres que trabajan no registradas trabajan en esas Micro PyMes y 19,7% más llegan al 82% más cuando le sumamos las PyMes. Ahí está el 88%. Este es el problema más grande que tenemos con la informalidad”, precisó Lospennato.
Además, indicó que “cuando hablamos de las registradas los números son 32,6% y 27,1% el 60% está en ese sector”.
Diputados de todos los bloques habían presentado sus propias iniciativas, a saber:
FdT: Estela Hernández, Claudia Ormachea, Alejandra Obeid, Silvana Ginocchio, Tanya Bertoldi, Alicia Aparicio, Itaí Hagman, Graciela Caselles, Carlos Ponce, Carolina Yutrovic, Hernán Pérez Araujo, Carlos Cisneros, Blanca Osuna y Marisa Uceda.
JxC: Soledad Carrizo, Graciela Ocaña, Soher El Sukaria, María Sotolano, Marilú Quiroz, Mónica Frade, Facundo Manes, Cristian Ritondo, Camila Crescimbeni, Karina Banfi y Leonor Martínez Villada.
Otros: Romina del Plá, Myriam Bregman, Graciela Camaño, Enrique Estévez y Mónica Fein.
El presidente de la Nación lo anunció en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo de 2022, con estas palabras: “Todas y todos necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas. En la primera infancia y en la ancianidad. También en circunstancias de enfermedad o de necesidades especiales. La desigual distribución del trabajo de cuidado es el corazón de las desigualdades entre los géneros. Al igual que otros países enviaremos un proyecto de ley que establezca un sistema integral de cuidados con perspectiva de género que permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de 1 millón de personas que necesitan de esos cuidadas”.
Cabe consignar que, en nuestro país, según el módulo de uso del tiempo que se incorporó en 2013 a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es muy desigual. Las mujeres pasan 5,7 horas por día haciendo trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los varones dedican en promedio solo 2 horas diarias (Indec, 2014).
El proyecto del PEN tiene 91 artículos y contempla los siguientes ítems: Derechos; Reconocimiento y valoración de los cuidados; Políticas para la redistribución, conciliación y corresponsabilidad en la organización social de los cuidados; trabajo de cuidados remunerado; licencias igualitarias.
También incluye modificaciones a la ley de contrato de trabajo; modificación a la ley de asignaciones familiares; modificaciones a la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; modificaciones a la Ley de Obras Sociales; y modificaciones a la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares, entre otros ítems.
Tipos de licencias previstas
En la pandemia, de acuerdo con el Estudio sobre el impacto de la Covid-19 en los hogares del Gran Buenos Aires realizado por INDEC, la carga de cuidado aumentó y fue absorbida sobre todo por las mujeres (65% de los casos).
El bloque oficialista de la Cámara baja confirmó este jueves su durísima embestida contra el vicepresidente del bloque Pro, a través de un proyecto de ley suscripto por cinco diputadas.
Lejos de encaminarse las relaciones entre el oficialismo y la principal oposición en la Cámara baja, este jueves diputadas nacionales del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley con el objetivo de “excluir al diputado nacional Gerardo Milman del seno de esta Honorable Cámara de Diputados por inhabilidad moral de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional”.
El proyecto, firmado por las diputadas nacionales Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic asegura que “los hechos relatados, lejos de ser exhaustivos y muchos de los cuales se encuentran actualmente en investigación en sede judicial para determinar si constituyen actos criminales, sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina. Su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa”.
Dentro de los argumentos para tal solicitud, se expresan “el involucramiento de Milman en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”; el caso de la asesora Carolina Gómez Mónaco que en el año 2017, tiempos en los que Milman se desempeñaba como secretario de Seguridad de la Nación, fue designada como directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito sin ninguna experiencia previa que le otorgara competencias para ejercer semejante rol institucional, como así también el de su hermana, Daniela Gómez Mónaco, designada jefa de Administración de la Dirección de Inteligencia Criminal, con acceso a importantes fondos reservados. En simultáneo, en septiembre de ese mismo año, Gomez Mónaco creó con Fernando Daga, otro asesor del diputado Milman, la empresa Salvattore Group, que funcionó presuntamente como vehículo para una serie de emprendimientos comerciales como Luxa Estética y Luxa Models. A su vez, en la misma sede de Luxa Estética se ubicaba Top Studio Obelisco, un emprendimiento que Gómez Mónaco comparte con la periodista María Mroue, en cuyo programa de televisión de Crónica TV hicieron apariciones Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, detenidos desde el mes de septiembre por el ataque contra la vicepresidenta de la Nación.
Asimismo, se enumeran una serie de supuestas “inconductas” del diputado Milman fueron traídas a la atención de la Cámara previo a lo develado a partir del atentado del 1 de septiembre. El proyecto señala que en abril de 2022, la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 55 envió una nota al entonces presidente del cuerpo, Sergio Tomás Massa, en relación con la causa N° 15690/202 caratulada “FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 CABA S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y HURTO AGRAVADO FUERZAS SEGURIDAD ART. 163 BIS DENUNCIANTE: MILMAN, GERARDO FABIAN Y OTROS”, para que se tome conocimiento acerca de la actitud asumida por el diputado Milman a los efectos disciplinarios que estime corresponder.
Otro punto que argumenta el pedido de inhabilidad moral son “otros asesoramientos” en temas de seguridad del diputado, que para las denunciantes merecen especial atención. Señalan que el 1 de septiembre de 2022 le facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que preside Patricia Bullrich y él mismo integra. Pero también a Olga María Guerra Carias, una joven venezolana que vive en Talar de Pacheco, que figura como incobrable en los informes comerciales y le habría pagado al diputado más de 600.000 pesos en octubre de este año por “servicio de diseño de seguridad”. “Las facturaciones “Las Malvinas son argentinas” recientes en esta materia del diputado Milman y el uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado creemos entran en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de esta Honorable Cámara, tal como se desprende del art. 15 de la Ley N° 25.188 de Ética Pública referido al deber de abstenerse de intervenir respecto de cuestiones particularmente relacionadas con su interés particular”, expresa el proyecto.
En suma, suman la reciente denuncia realizada por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernandez, contra Milman y Patricia Bullrich por los delitos de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública. Se trata de la presunta contratación de 18 espías en el tiempo en que estuvieron a cargo de la cartera durante el Gobierno de Mauricio Macri. “En todos los casos se trataría de personas sin ninguna vinculación antecedente ni experiencia en inteligencia criminal, que ni siquiera conocían la dirección del Ministerio de Seguridad. Llamativamente, los supuestos agentes, en su gran mayoría, son vecinos de los municipios de 3 de Febrero y San Miguel”, precisa la denuncia.
Finalmente, se destacan contratos de alquiler del diputado Milman, que consideran “sospechosos”, por “resultar inexplicables en relación a sus ingresos como diputado nacional”. Entre los mismos mencionan “una casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz en un club exclusivo por el cual pagó USD 37.000 por nueve meses y expensas por $120.000 y una casa en Pinamar por USD 12.000 por mes. Además se conoció que el valor de su casa en Adrogué es de $4.232.135 y que las expensas están a nombre de Alberto Miguel Herrmann, uno de los socios de Service Corporation International (SCI), empresa que controla los principales cementerios privados del país y las más reconocidas compañías de servicios fúnebres”.
6871-D-2022_221229_120244Así lo manifestó la diputada del FdT al referirse al homenaje sobre la fundadora de Madres de Plaza de Mayo. En esa línea, criticó a Espert por hacer un “contra homenaje”.
La diputada nacional Mónica Macha (FdT – Buenos Aires) habló este viernes sobre el homenaje a Hebe de Bonafini en la sesión especial de la Cámara baja y afirmó: “Fue mostrada como una mujer que se plantó siempre”.
En tal sentido, la titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad expresó que las leyes sancionadas el jueves fueron producto de “lucha de muchas madres”, con la relación a los proyectos aprobados sobre alcohol cero al volante, muerte perinatal, lengua de señas y cardiopatías congénitas.
En conversación con AM 530, Macha se refirió al activismo de las mujeres presentes en el recinto que impulsaron y apoyaron las iniciativas votadas, y sostuvo: “Tenemos la necesidad de que el feminismo popular acompañe a las luchas de las madres. Hay muchas madres en las peleas de la sociedad”,
“Problematizar y visibilizar todo eso, ayuda a generar una sociedad más inclusiva”, señaló Macha. A su vez, agregó que los proyectos sancionados “tienen que ver con los hijos”, en alusión a la presencia y apoyo de colectivos de mujeres en el Congreso.
Así también, la diputada criticó al diputado Jose Luis Espert (Avanza Libertad) por cuestionar el homenaje de Hebe de Bonafini: “Tenemos un acuerdo democrático que nos exigía darle la palabra, aunque sabíamos que iba a decir. Espert hizo un contra homenaje”.
En el cierre, arremetió contra el legislador liberal: “Es una paradoja insólita en sí misma su persona. No cree en la democracia, pero se presenta a elecciones como gobernador de la provincia. Sabíamos que iba a pronunciarse así, pero desde ya estuvo mal lo que hizo”.
Legisladores de todos los bloques, mas no de Juntos por el Cambio, homenajearon a la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo. El líder de Avanza Libertad la criticó en cambio con dureza y tensionó el debate.
Previsiblemente, el mayor espacio de la etapa de la sesión de este jueves dedicada a los homenajes fue para Hebe de Bonafini, la líder de Madres de Plaza de Mayo fallecida el domingo pasado. Y previsiblemente también, el tema no evitó un fuerte contrapunto en un recinto que se crispó cuando el diputado José Luis Espert la emprendió fuertemente contra quien muchos de sus pares acababan de homenajear.
La primera en hacerlo fue la oficialista Mónica Macha, quien resaltó que “si hay algo que nos representa tiene que ver con el concepto y práctica de la lucha”. Y apuntó que “si algo sabía Hebe es que la lucha no es un momento, sino una elección de vida. Y esto lo llevó durante toda su vida”.
Recordó la diputada del Frente de Todos cómo se fue tiñendo de drama la vida de la familia Bonafini, a partir de la desaparición de sus hijos. Primero Jorge Omar, después Raúl Alfredo, y un año después su nuera María, esposa de Jorge. “¿Qué hizo Hebe? -se preguntó-. Luchó por ella y por los hijos de todos sus compañeros”.
Mónica Macha manifestó que “somos orgullosas hijas de las Madres de Plaza de Mayo. Aprendimos de ellas a organizarnos; aprendimos de ellas que si nos trataban de locas estábamos en el camino correcto… Para muchos, Hebe es una imagen imponente, más que una imagen, es una presencia”.
Y resaltó de ella que “marchó en la Plaza en los 70 contra la dictadura; en los 80 contra las leyes de la impunidad; en los 90 contra el menemismo; en 2001 contra la violencia neoliberal, siempre poniendo el cuerpo y la voz. Y Hebe nunca se calló”.
Sobre el final de su evocación, la diputada Macha recordó haber estado en 2004 en la Plaza, esperándola para emprender una nueva Marcha de la Resistencia, y ella luego planteó “la decisión política de que esa fuera la última Marcha de la Resistencia para las Madres, porque estábamos en el contexto de la presidencia de Néstor Kirchner, y ella entendía que a partir de la llegada de Néstor y de la posibilidad de contar con toda la política de derechos humanos como una política de Estado, eso que había implicado el comienzo de las Marchas de la Resistencia había llegado a su fin”.
Así las cosas, resaltó que Hebe de Bonafini adhirió entonces a “un proceso político que nunca abandonó y por el que siempre militó”.
Luego habló desde la izquierda Myriam Bregman. “Estamos despidiendo a una mujer valiente como pocas, que se paró frente a la maquinaria genocida mientras otros le daban intendentes a la dictadura; mientras las burocracias sindicales se hacían colaboracionistas; mientras la jerarquía eclesiástica apoyaba el genocidio; mientras las grandes empresas radicadas en nuestro país armaban centros clandestinos de detención en sus propios predios; mientras los medios de comunicación se integraban a ese régimen genocida”.
“Esta mujer, junto a otras madres, algunas de las cuales desaparecieron, se puso al frente de esta pelea y su ejemplo alentó una resistencia por abajo que terminó emergiendo y que incluso puso en jaque a la dictadura antes que la guerra de Malvinas”, agregó Bregman, quien remarcó luego que “Hebe, como tantas madres, nació con la desaparición de sus hijos. Sus discursos erizaban la piel. A la salida de la dictadura enfrentó la teoría de los dos demonios, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que se votaron aquí”.
Myriam Bregman concluyó señalando que “a Hebe, quje nos enseñó que no hay olvido ni perdón, que nos enseñó que no hay que dar ni un paso atrás, la despedimos hoy”.
Desde el interbloque Provincias Unidas, el rionegrino Luis Di Giacomo la consideró “un símbolo que junto a las Madres, Abuelas, en los momentos más negros de la Argentina, supo transformarse en una representante que superó nuestras fronteras y puso ante el mundo una realidad que muchos acá en su propia patria desconocían y otros querían desconocer”.
Reconoció también que a Hebe de Bonafini se le pueden cuestionar “muchas cosas, pero no podemos hacer que eso nos nuble que un grupo de Madres y de Abuelas, con ella a la cabeza, eran las únicas que fueron, incluso muchas a costa de sus propias vidas, las que iban a enfrentar ese poder”.
A continuación, María Rosa Martínez (Frente de Todos) pidió un minuto de silencio en honor a Hebe de Bonafini y luego apuntó que “abarcar a Hebe es abarcar una dimensión histórica entre el presente, el pasado y el futuro”.
También la recordó Alejandro “Topo” Rodríguez, para quien ella “entró en la historia argentina en contra de su propia voluntad. Fue la historia la que puso a ella, a Azucena Villaflor y a un puñado de mujeres en la calle primero, en la Plaza después, construyendo lo que en ese momento era una utopía, y por lo tanto, por definición, nunca sería realidad confrontar y develar el poder de la dictadura cívico militar. Un poder monolítico, totalitario, oscurantista. El tiempo, la perseverancia, la lucha primero por sus hijos y después por los hijos y las hijas de todos, le dio ese lugar en la historia a la que había llegado, arrancada por el Proceso de su propia casa, de su propio hogar”.
Luego fue el turno de Romina del Plá, quien reflexionó sobre la vida y trayectoria de Hebe de Bonafini. “Fue en la década del 70 un emblema de la lucha contra la dictadura genocida, en un momento que muchos dudaban de apoyar ese reclamo. Muy pocas organizaciones se atrevían a ir a las rondas y movilizaciones, como sí lo hizo por ejemplo mi partido, que no tuvimos ninguna duda aun bajo la dictadura en acompañar estos reclamos”, expresó la diputada del PO.
“Esto es importante –djo-, porque otros se dedicaban a hacer negocios o aportarle una enorme cantidad de intendentes para darle una estructura a la dictadura. Este recinto está lleno de negacionistas, que niegan la represión, los 30 mil, los asesinatos de la Triple A, y por eso también es importante tener en claro que ha sido clave la movilización popular y el acompañamiento que hemos realizado todas y todos aquellos que desde un primer momento no dudamos que así debía ser”.
Del Plá fue la primera en poner reparos a la figura de Hebe de Bonafini, por su acercamiento al kirchnerismo: “Cuando llegó el kirchnerismo algo cambió –reconoció-. Perdió su independencia política y ese sometimiento a los gobiernos la llevó a hacer cosas que plantearon una enorme crítica a su accionar. El abrazo con (el general César) Milani, el aval a lo que dijeron funcionarios como Aníbal Fernández y otros en la segunda desaparición de Julio López”, y concluyó arengando: “Viva la lucha de las Madres, familiares, Abuelas, 30 mil detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre”.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Hugo Yasky, homenajeó a continuación a “esta enorme luchadora, mujer, la compañera Hebe de Bonafini. Quiero hacerlo como diputado, pero también como parte del movimiento sindical, y también como parte del movimiento sindical identificado con el movimiento popular nacional con el peronismo”.
“Decenas de miles ven en ella a quien empezó a escribir la condena al genocidio y la dictadura cívico militar en las calles”, agregó. Hizo referencia luego a la película 1985, recordando que “hubo un proceso a las Juntas, una condena, es verdad, un proceso de llevar adelante ese juicio que plantó en la Argentina una política de Estado, la del Nunca Más, pero la lucha empezó en la calle, y en la calle la mujer que impulsó ese enorme acto de valentía y coraje político, de enfrentar a una dictadura sin nada más que el dolor, la decencia y el coraje, eso hay que reconocerle eternamente a esta mujer”.
En referencia a su acercamiento al kirchnerismo, Yasky sostuvo que Bonafini “entendió su tiempo político, los cambios que desde las resistencias en la Argentina y América Latina empezaban a dar forma a un nuevo tiempo político, y entendió que el pedido de perdón que hizo Néstor Kirchner en nombre del Estado abría ese nuevo tiempo político. Hebe nunca tuvo una determinación guiada, ni por el oportunismo, ni por la necesidad de acercarse al poder”.
“La decisión de Hebe de abrazar el tiempo político que se inaugura en la Argentina cuando en 2005 se le dice no al ALCA, el abrazo con Chávez, Fidel Castro, Lula, Correa, Cristina, marcan la sensibilidad política de una mujer que más allá de lo que fue la lucha valiente, heroica, ejemplar, supo también tener la capacidad de ser parte del proceso de transformación popular”.
Fue, como dijimos, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert el que encendió los ánimos, cuando en el espacio de homenajes la emprendió contra Hebe de Bonafini. Aclaró de entrada que “la muerte de ningún ser humano puede festejarse; además hay seres queridos que lloran su muerte” y expresó sus condolencias a los familiares de Hebe de Bonafini por su partida.
Pero a continuación enumeró los exabruptos que caracterizaron los últimos años de la titular de Madres de Plaza de Mayo, pero también las causas judiciales en las que quedó involucrada.
Y cerró así: “Murió Néstor, murió Hebe… Se está cerrando uno de los tantos períodos de la Argentina marcados por el robo, la mentira y la pobreza”.
Le salieron al cruce desde la bancada oficialista, cuyo jefe, Germán Martínez, le advirtió que había trasgredido el reglamento y enfatizó: “No puede utilizar un homenaje para hablar en contra de la persona a la que se le está realizando un homenaje”, subrayó y enfatizó que “esto no pasó nunca en la historia parlamentaria. Lo que hizo no solamente traiciona los acuerdos de Labor Parlamentaria sino que además va en contra de toda tradición aquí en la Cámara de Diputados”.
Más tarde, a la hora de las cuestiones de privilegio, Leopoldo Moreau, Hugo Yasky y Aldo Leiva la emprendieron también contra Espert. “Ofensa incalificable”, calificó Yasky la actitud del diputado liberal, mientras que Leiva lo llamó “cobarde, rata y malnacido”. También lo hizo Marisa Uceda, quien habló de “violencia política” que da espacio también a episodios como el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.
La iniciativa, que ya recibió aval de la Comisión de Salud y ahora le resta pasar por Salud, fue apoyada también de manera unánime en el seno de Mujeres y Diversidad. También avanzaron proyectos de igualdad de género en el deporte y las Sociedades del Estado, entre otros.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja se reunió este martes para tratar un conjunto de proyectos, entre ellos el que establece procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.
La iniciativa, que había tenido dictamen de comisiones el año pasado pero no llegó a tratarse en el recinto, tuvo dictamen este martes. Es conocida como “Ley Johanna”, en alusión al caso de Johanna Piferrer, quien estuvo presente en la reunión.
Cabe destacar que esta iniciativa fue impulsada en su momento por la exdiputada Magdalena Sierra, y al perder estado parlamentario fue re-presentado por la también hoy exdiputada María Cristina Alvarez Rodríguez.
La titular de la comisión, la oficialista Mónica Macha (Buenos Aires) recordó que el proyecto contaba ya con dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, y destacó la necesidad de contar con procedimientos perinatales. “Estamos hablando de una situación irreparable, dolorosa”, y precisó que el período perinatal se inicia cuando se ingresa a la semana 22 de gestación y termina y cuando se completan 7 días después del nacimiento.
Macha habló de la necesidad de situar entonces esa situación de duelo y la necesidad también de que los espacios sanitarios puedan contar con determinadas acciones para “garantizar el derecho al duelo”. Esto es, “que no se sume ahí el dolor y padecimiento que significa también el maltrato institucional”, y habló también de la necesidad de “erradicar la violencia obstétrica”.
A continuación, citó los derechos que garantiza el proyecto puesto a consideración, lo cual marca que justamente los mismos hoy no existen en las instituciones sanitarias. Los mismos figuran en el artículo 5° del proyecto, y son los de “recibir información suficiente y adecuada sobre las distintas intervenciones médicas y terapéuticas que pudieren tener lugar durante esos procesos, de manera que puedan optar libremente cuando existieren diferentes alternativas; a un trato respetuoso, individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso y tenga en consideración sus pautas culturales; a tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un/a psicólogo/a; derecho a designar un/a acompañante en cualquier momento del proceso, y deberá ser respetada la decisión de no ser acompañadas; a tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso, en cuyo caso, podrán solicitar la realización de la autopsia y/o estudio anatomopatológico del cuerpo; a ser internadas en un servicio que no corresponda con el propio de maternidad; a recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de esta; a recibir tratamientos médicos y psicológicos post internación a fin de reducir la prevalencia de trastornos derivados de duelos crónicos y al debido seguimiento de estos, contemplando el abordaje desde la especificidad de la salud mental perinatal; y derecho a no ser sometidas a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética”.
La diputada Mónica Macha consideró “un paso importante poder contar con la posibilidad de que este proyecto tenga media sanción. La idea es que esta vez llegue al recinto”, y concluyó: “Creo que es una deuda que tenemos con aquellas personas con capacidad de gestar que pasan por esta situación”.
Paridad de género en el deporte
El primer tema abordado en la reunión había sido el que establece la creación de un sistema integral de igualdad y paridad de género en el deporte, garantizando la igualdad, participación, inclusión, acceso y representación de las mujeres y diversidades en todos los ámbitos y a todos los niveles de la comunidad deportiva. La iniciativa ya cuenta con aval de la Comisión de Deportes, y en este caso también obtuvo dictamen.
El proyecto fue defendido por quien lo impulsa, Magalí Mastaler (FdT-Santa Fe), quien aclaró de entrada que el mismo replica el texto del proyecto de Promoción e Igualdad y Paridad en el Deporte presentado en 2020 también por la diputada (MC) Magdalena Sierra, el cual entonces tuvo dictámenes de mayoría en las comisiones de Deportes y de Mujeres, y que “surge como objetivo principal la necesidad de generar nuevas herramientas que garanticen el acceso al deporte para determinadas personas sin interesa r la cuestión sexual.
Intervino a continuación la diputada de Juntos por el Cambio Carla Carrizo, quien celebró el tratamiento de ese proyecto, y recordó que habían planteado algunas pequeñas disidencias, que para evitar dilaciones en el recorrido del proyecto hacia el recinto las incluían en un dictamen de minoría que buscarían sumar a la ley al momento de su debate. Las mismas consistían en incorporar la paridad a los tres niveles del deporte y no solo al primer grado. “Queremos llegar a la AFA”, planteó la diputada de Evolución Federal, que destacó que la intención es la de que la paridad “sea real y progresiva en la totalidad de los grados. No solo para el fútbol, que es lo más visible, sino también para todos los deportes”.
A propósito de la referencia al fútbol, la presidenta de la comisión recordó la situación de disparidad presupuestaria que sufre el fútbol femenino, que s tema de debate por estos días a propósito del fallecimiento en un accidente automovilístico de una joven jugadora de Argentino de Merlo. Y también criticó las expresiones del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, quien planteó que “el fútbol es un negocio, por eso no entra ahí la paridad”.
El proyecto que obtuvo dictamen, entre sus principales aspectos, incluye modificaciones a la Ley 20.655 -Ley de Deporte- y estipula la creación del “Programa de Igualdad en el Deporte”, que deberá ser articulado entre el Ministerio de Turismo y Deportes y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
También determina un sistema de representación y paridad de género progresivo en las listas que se presenten para la elección de los/las integrantes de los cargos en Consejos Directivos en las asociaciones civiles deportivas de primer grado: durante el primer año de la norma, las listas deberán tener candidatas en un 20%; a los tres años de sancionada la ley, en un 30%; y a los cinco años deberá observarse la paridad entre mujeres y varones.
Otros proyectos
Se trató a continuación una iniciativa del diputado Héctor Baldassi, que venía con dictamen de la Comisión de Deportes, que justamente preside este diputado cordobés. El exárbitro agradeció haber sido invitado para defender su iniciativa, que propone crear un protocolo institucional ante situaciones de violencia de género y / o discriminación en asociaciones civiles.
Baldassi planteó que la iniciativa busca “generar concientización para casos de violencia de género discriminación en los clubes”, teniendo en cuenta que hoy no tienen la obligación de hacer protocolos y detalló las tres cuestiones salientes de la iniciativa: que todas las asociaciones civiles deportivas dicten en su estatuto un protocolo para prevenir e intervenir en caso de discriminación o violencia de género, asesorando, asistiendo y acompañando a las víctimas; el estatuto debe decir que cualquier acto de violencia de género está considerado un acto de máxima escala de gravedad; y en tercer lugar los clubes de barrios si no hacen el protocolo no permitirles percibir ayuda de parte del Estado.
A continuación, Mónica Macha anunció que cinco iniciativas referida a la Ley Micaela en medios pasarían a asesores para continuar allí su tratamiento, tras lo cual sí pasó a dictamen el tema referido a la paridad de género en las empresas del Estado nacional. Esa iniciativa contempla proyectos de Sofía Brambilla, Mónica Macha, Silvia Lospennato, Gabriela Estévez y Jimena Latorre.
Habló sobre el tema la diputada del Pro Silvia Lospennato que planteó que para permitir el avance de esa regulación de la paridad de género en las empresas del Estado nacional habían hecho una adecuación de los plazos. “Habíamos puesto plazos demasiado optimistas”, reconoció la legisladora, al tiempo que aclaró también que puntualizaron en el texto que “no pretendíamos invadir competencias locales”, y dejaron claro el “respeto al federalismo” a partir de lo cual quedará en manos de las legislaturas provinciales determinar si adhieren a la medida, en el marco de su autonomía.
Por su parte, la cordobesa Gabriela Estévez (Frente de Todos) destacó como “fundamental” llegar a establecer la paridad en los directorios de las empresas, pero dejando de lado “ese estereotipo según el cual las mujeres aportan una ‘mirada sensible’, sino la necesidad de romper el techo de cristal”.
“Esta ley es fundamental, porque además marca un antecedente para las empresas privadas”, concluyó.
A continuación, pasaron a la firma una extensa serie de proyectos de declaración sobre diversos temas.
La iniciativa, de las diputadas Karina Banfi y Silvia Lospennato, se trató sobre tablas y contó con el apoyo de la bancada oficialista por “la lucha contra la opresión, la violación de derechos humanos y la grave represión implementada”.
En la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados trató sobre tablas y aprobó por unanimidad una resolución de las diputadas Karina Banfi (UCR) y Silvia Lospennato (Pro), con un acuerdo alcanzado con la bancada del Frente de Todos, en la cual manifiesta “su apoyo” a la lucha de las mujeres en la República Islámica de Irán “contra la opresión, la violación de los derechos humanos y la grave represión implementada”.
“El proceso de lo que está sucediendo y la notoriedad que tomó la rebelión de las mujeres en Irán, comienza el 13 de septiembre, hace un mes, con el asesinato de Mahsa Amini, que fue algo así como la punta del ovillo, ya que luego de su asesinato, las mujeres que venían desde hace mucho preparándose para este momento, consideraron que era el momento de poner el cuerpo para salir a buscar la libertad”, señaló la vicepresidenta del bloque UCR en Diputados.
Y agregó: “Hay una sociedad que comienza a acompañarlos, sumando marchas y huelgas de sindicatos y se suma gran parte del mundo. Por eso debemos es muy importante que podamos sumarnos también nosotros a apoyar a las mujeres iraníes. Hoy ya hay más de 185 mujeres muertas en esta rebelión, y seguramente serán más. Alcemos nuestra voz con el grito Mujer, Vida y Libertad”.
“Argentina está inmersa en un triángulo perverso. Está Argentina, está Irán y está Venezuela. Tenemos una gran oportunidad, a través del método de la defensa de los derechos humanos, que no tiene jurisdicción ni ideología, ni barreras ni territorio. Cada vez que se violan los derechos humanos todos nosotros debemos defenderlo. Revisemos nuestras relaciones internacionales. O defendemos los derechos humanos o no los defendemos”, advirtió la radical.
Por su parte, la secretaria parlamentaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato, señaló: “Queremos expresar un acompañamiento a la lucha que están llevando valientemente las mujeres en Irán”, y contó que desde la instalación del Régimen Teocrático “las mujeres han sido el primer objetivo y entre los primeros objetivos que se adoptaron, hace varias décadas, fue la imposición del velo obligatorio y la creación de la política de la moral con el objeto de detener, juzgar y condenar a las muertes que trasgredían la Ley islámica por vestirse como querían”.
“Así las mujeres fueron humilladas por muchos años y hoy siguen sufriendo”, expresó Lospennato y sumó: “Es en este marco de política represiva que viola la libertad de las mujeres que se produjo la muerte de la joven de 22 años que falleció tras ser detenido por, supuestamente, llevar mal el velo y luego fue salvajemente golpeada hasta provocarle la muerte”.
Y cerró: “No podemos no expresarnos, no podemos mirar para otro lado, tenemos una convicción de defender los derechos de las mujeres, y no importa si nos separan miles de kilómetros”.
Como propuesta de la secretaria parlamentaria del FdT, Paula Penacca, su par de bancada Mónica Macha procedió a leer el texto consensuado que quedó redactado de la siguiente manera: “La Cámara de Diputados resuelve su apoyo a la lucha de las mujeres en la República Islámica de Irán contra la opresión, la violación a los derechos humanos y la grave represión implementada, sosteniendo los derechos universales como nuestra defensa indeclinable”.
Así lo expresó el diputado jujeño Alejandro Vilca, en el marco de un homenaje por el Día de la Diversidad Cultural. Por su parte, Mónica Macha se solidarizó con las “hermanas mapuches”.
En el marco de homenajes por el Día de la Diversidad Cultural, el diputado del Frente de Izquierda-PTS Alejandro Vilca denunció que hay “una campaña que intenta demonizar y decir que los pueblos originarios somos terroristas. Parece como si quisieran continuar lo que empezaron con la conquista”.
Al recordar que es miembro de la comunidad kolla, el jujeño expresó: “Queremos reivindicar a los millones de hermanos que fueron masacrados en nombre de la cruz y la corona en toda América”.
Tras destacar “la lucha de resistencia de más de 530 años en defensa de nuestro territorio”, el legislador señaló: “No quiero dejar esto como un hecho histórico, sino que hay que volver a la realidad, a lo que vivimos cotidianamente, porque es una pelea que la seguimos dando en todos los puntos del país, en el norte y la Patagonia”.
“Este Gobierno y el anterior siguen avanzando con las políticas extractivistas favoreciendo a los negocios de los grandes empresarios o las mineras que se apropian de nuestro territorio. Pero también no podemos ser ajenos a lo que pasa en Mascardi, donde desde la derecha, como Patricia Bullrich, o Gerardo Morales, alientan a una política represiva, pero el que la aplica termina siendo este Gobierno con su ministro Aníbal Fernández o la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras). Es una vergüenza que se reprima o se detenga a las mujeres mapuches”, cuestionó.
Por su parte, la diputada del Frente de Todos Mónica Macha consideró que “es un día de luto porque hace más de 500 años que ha empezado un genocidio contra nuestros pueblos hermanos, contra lo más profundo de nuestra tierra. Pagamos con sangre y con historia. Pero más de 500 años después estamos vivos y ardiendo en las luchas de siempre”.
“No fue un descubrimiento, fue un genocidio”, resaltó y manifestó que “la lucha de los pueblos indígenas es la lucha de una historia que no se deja someter ni domesticar a las miradas coloniales”.
La bonaerense advirtió que “cuando atacan a los pueblos indígenas lo que hacen es violar los derechos humanos. Es increíble que 530 años después tengamos la necesidad de decirlo, de aclararlo”.
“El silenciamiento del primer genocidio donde se funda el Estado Nación argentino es tal vez lo que nos ha llevado una y otra vez a repetir tragedias en la historia nacional, que tienen ejecutores en victimarios a las mismas familias patricias que hoy continúan con esa colonización y ese genocidio con otras características”, analizó.
En su discurso, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad reivindicó “la resistencia ancestral de nuestros pueblos, que han luchado contra todo, que han resistido en sus lugares y con sus formas. Que hoy nos enseñan el valor de la fuerza colectiva, de las creencias, de los hilos de la historia, y que la única lucha que se pierde es la que se abandona”.
“A las hermanas mapuches quiero hacerles llegar mi abrazo y acompañamiento en medio de esta situación tan injusta y tan cruel, en esta situación de represión violenta, de persecución, de avasallamiento de derechos y también de nuestra cosmovisión”, completó.
La iniciativa deroga una normativa que prohíbe el trabajo de las mujeres en diferentes actividades laborales, entre ellas la carga y descarga de navíos, en canteras o trabajos subterráneos.
La Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside la diputada Mónica Macha (FdT), avanzó con el dictamen de un proyecto consensuado por los que modifican las leyes 11.317 y 20.744 sobre prohibición del acceso de mujeres a diversas actividades laborales.
Se trata de una modificación que sustituye la denominación de infracciones y sanciones en el trabajo de mujeres y en el trabajo de menores por infracciones y sanciones en el trabajo de personas menores de 18 años y de la ley de contrato de Trabajo sobre discriminaciones por razones de género y equidad laboral.
Asimismo, el texto prevé la prohibición de tareas peligrosas o insalubres para personas menores de 18 años se rige por las disposiciones de las leyes 26.390 -Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente- y 25.212 -Ratificación del Pacto Federal del Trabajo-, sin perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública, conforme lo previsto en el artículo 148 bis del Código Penal.
La diputada Vanesa Siley (FdT), una de las autoras del proyecto, consideró que “estamos yendo a un punto nodal de inserción aboral igualitaria derogando una vieja norma que segrega el mundo laboral y le prohíbe explícitamente actividades laborales a mujeres que suelen estar bien remuneradas, estas actividades son del mundo privado”, dijo.
“Estaríamos dando un paso importante en la igualdad laboral y también en eliminar un aspecto de la brecha salarial”, aseguró la diputada.
En la misma línea, la diputada Silvia Lospennato (Pro), explicó que es una ley “muy antigua que casi no se aplica pero hay que remover sobre todo para dar una señal de que las mujeres podemos realizar todo tipo de trabajos, no tenemos ninguna limitación por nuestra condición de mujeres”, consideró y aclaró que la norma también busca “preservar los artículos que tienen que ver con el trabajo infantil”.
Además, la comisión aprobó diversos proyectos de declaración y resolución entre los que se destacan el uso adecuado de la cesárea mediante la toma de decisiones de calidad por las mujeres, personas gestantes y profesionales de la salud; Declarar de interés de la Cámara el ciclo teatral y campaña de concientización sobre femicidios “¿Cuántas Son Muchas?”; Expresar beneplácito y adherir al lema propuesto por Naciones Unidas – ONU Mujeres- para el día internacional de la mujer 2022, a conmemorarse el 8 de marzo: “Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible”; Expresar adhesión a la conmemoración del día internacional de acción por la salud de las mujeres que tiene lugar el 28 de mayo de cada año, entre otros proyectos.
La diputada oficialista explicó que ambas iniciativas buscan prevenir y sancionar la violencia digital y señaló que “es necesario que se deje de culpabilizar a la víctima por estos hechos de violencia para poner el foco en el victimario”.
La diputada nacional Mónica Macha (Frente de Todos) se refirió a la Ley Olimpia y Ley Belén, los proyectos que presentó para prevenir y sancionar la violencia digital. “Lo virtual es real y quien viola la intimidad de otra persona difundiendo imágenes, es un violador”, consideró la legisladora.
En diálogo con El Destape Radio, la diputada explicó que la primera iniciativa busca “actualizar la Ley 26.485 para erradicar la violencia por razones de género para pensar políticas públicas y campañas de prevención”. El segundo proyecto tiene como objetivo “incorporar a la violencia digital como delito, para que se apliquen sanciones para quienes suban material sin consentimiento, y también para quienes lo difundan”.
“Lo virtual es real y quien viola la intimidad de otra persona difundiendo imágenes, es un violador”, admitió Macha.
En ese sentido, expresó: “Cualquiera puede tomar la decisión de sacarse fotos o de filmarse en situaciones íntimas, pero eso no implica que haya otra persona que tome la decisión de difundirlo. En el campo de lo social hay una culpabilización y una estigmatización que se hace tan insoportable que, con la velocidad de distribución, para esa mujer todos los órdenes de su vida se ven afectados. Muchas mujeres terminan aislándose y sin querer salir a la calle”, y destacó la necesidad de una normativa que puedan frenarse estas situaciones.
Asimismo, la legisladora oficialista detalló que “es necesario que se deje de culpabilizar a la víctima por estos hechos de violencia para poner el foco en el victimario, quien vulnera el derecho a la intimidad y genera daños psicológicos”.
“En el relato de las compañeras aparecen trastornos de ansiedad, ataques de pánico, trastornos de la alimentación, intentos de suicidio y suicidio”, admitió Macha y dijo que es necesario que quienes difunden tengan “miedo y vergüenza”.
Asimismo, señaló: “Encontrarse con que los hombres están en grupos de Telegram y WhatsApp intercambiando imágenes de sus compañeras y parejas es terrible”, y explicó que “cuesta visibilizarlo y comprender la gravedad, acompañar y sancionar a quienes cometen estos delitos, no solamente con una condena sino también con capacitaciones”.
Con respecto al panorama en el Parlamento, Macha sostuvo que “ya se han presentado proyectos que no pudieron avanzar pero que, hoy en día, es un mejor momento político para poder tratarlo”. “Son temas que logran tener un acompañamiento más allá de los bloques partidarios”, afirmó.
LOS PROYECTOS
La diputada Macha, junto al espacio de víctimas de violencia digital “Ley Olimpia Argentina” y la organización Género y TIC, presentaron en el Congreso dos proyectos “Ley Olimpia” y “Ley Belén” que proponen incorporar la violencia digital como otra forma violencia contra las mujeres en el marco de la ley 26.485 e incorporar al Código Penal los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” y de la llamada “sextorsión”.
La primera iniciativa está inspirada en el caso de Belén San Román, quien fue inducida al suicidio luego de sufrir difusión no consentida de material íntimo, mientras que la segunda propone incorporar la violencia digital como otra forma violencia contra las mujeres en el marco de la ley 26.485, junto con la creación de medidas de protección para las sobrevivientes, políticas públicas tendientes a la educación digital y la prevención de estas agresiones, que se aplica en México por impulso de la activista Olimpia Coral Melo, que también fue víctima de esa situación.
La presentación contó con la presencia de Marcelo San Román, padre de Belén, y de la actividad mexicana. El proyecto de la denominada “Ley Belén” busca la incorporación al Código Penal Argentino de los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” y de la llamada “sextorsión”.
Los puntos clave de la Ley Belén
Establece que “se aplicará prisión de tres meses a dos años y el doble de la multa establecida en el artículo 155° a quien, por cualquier medio, sin autorización de la víctima o mediando engaño, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, documentos con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas”.
Asimismo, dispone que “se aplicará prisión de tres meses a tres años y el doble de la multa establecida en el párrafo anterior a quien, por cualquier medio, y sin autorización de la víctima, difunda, publique, envíe o de cualquier manera ponga al alcance de terceros los documentos referidos en el párrafo anterior obtenidos con o sin mediar su consentimiento”.
Según el texto, las penas se aumentarán en un tercio cuando el delito lo comete una persona mediante violencia de género, o si el hecho se comete con fines de lucro; o por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión o contra una persona menor de edad.
En los fundamentos, Macha señaló que “la ciberviolencia de género fue definida por la relatora especial de la ONU como violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). La violencia en entornos digitales reconoce múltiples formas que se renuevan y reinventan constantemente con motivo de la rápida evolución de las TIC”.
“El ámbito digital reproduce las mismas lógicas machistas que se dan en el plano analógico y ello hace que mujeres y niñas se vean particularmente más afectadas por estas conductas”, señaló la diputada del FdT y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad.
También estuvieron presente representantes de los ministerios del Interior y de las Mujeres y de EUROsociAL+, en donde reflexionaron sobre democracia paritaria y representación política de las mujeres.
A cuatro años de la aprobación de la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política la Cámara de Diputados de la Nación, los ministerios del Interior y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y EUROsociAL+ organizaron conjuntamente un seminario cuyo objetivo fue reflexionar sobre los desafíos en la construcción de una democracia paritaria en Argentina y en la región.
De la apertura del encuentro participaron, entre otras, Dora Barrancos, presidenta del Consejo Asesor del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, quien afirmó que “estamos en un cambio de época, donde los feminismos latinoamericanos están marcando rumbos fundamentales planetarios”. En ese sentido, subrayó: “La paridad sigue siendo la más importante interpelación”.
La diputada nacional Mónica Macha (FdT) y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, sostuvo que “la paridad es un logro importante, pero se debe avanzar en una representación con mirada política transfeminista”.
Desde el Ministerio del Interior, Patricia García Blanco consideró que “la paridad es una condición instituyente para la protección de la democracia, que garantiza la igualdad y la justica, brindando una mejor distribución del poder”.
Luego, Ana Pérez Camporeale, de EUROsociAL+, ratificó que “la paridad requiere del compromiso de todos los poderes del Estado, de todos los niveles del gobierno, pero también del multilateralismo”.
Al exponer sobre los desafíos de la paridad en Argentina, la legisladora del Pro Silvia Lospennato manifestó que la ley de paridad “fue un hito gigante para las mujeres en el acceso al poder para cambiar la realidad a través de las leyes”, al tiempo que señaló que “legislar con perspectiva de género es, sobre todo, hacerlo sin la acción afirmativa”.
En tanto, Jimena López (FdT) ponderó que “para lograr una real paridad debemos tener poder desde la base, ya que más mujeres en la política, de verdad mejoran la política”. Por último, valoró que en Diputados: “Hay un recurso humano que es inconmensurable, quienes hacen un trabajo espectacular”.
Durante la jornada, Gisela Manero, directora General de Igualdad de la Cámara de Diputados, realizó una presentación de las acciones desarrolladas por la dirección haciendo foco, principalmente, en los avances en la transversalización del enfoque de género. Asimismo, Beatriz Llanos e Izabel Belloc, expertas de EUROsociAL+, expusieron sobre el plan de acción para revertir las brechas de género en la Cámara baja.
A su vez, Catalina Cirio, subdirectora del Observatorio de Género y Equidad Parlamentaria de la Dirección General de Igualdad de la HCDN, presentó un estudio sobre la paridad en los distintos ámbitos de la Cámara de Diputados.
Cabe recordar, que el 23 de noviembre de 2017 el Congreso de la Nación aprobó la Ley Nº 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, la cual estableció como requisito que las listas que se presenten para las elecciones legislativas, como así también del Parlamento del MERCOSUR deberán “integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el primer candidato titular hasta el último candidato suplente”.
La Cámara baja aprobó este miércoles y giró al Senado dos proyectos de ley que adhieren a tratados internacionales firmados en Guatemala.
Tras una sesión extensa, que estuvo a punto de caerse por falta de quórum en el último tramo, luego de más de 20 horas de debate, la Cámara de Diputados dio media sanción a dos proyectos de ley y fueron girados al Senado.
Uno es la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, celebrada en la ciudad de La Antigua, República de Guatemala, que obtuvo 128 votos afirmativos, 0 en contra y 1 abstención. La otra iniciativa es la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia que tuvo 126 votos afirmativos, 0 en contra y 3 abstenciones.
La primera oradora fue Mara Brawer (FdT–CABA), quien aseguró que con las dos convenciones “venimos a dotar de instrumentos a nuestro país y a los habitantes de la posibilidad de acceder al recurso internacional ante una violación de derecho”, porque “buscan prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de discriminación, segregación e intolerancias”.
“Hace que la sociedad sea más amplia y avance, porque estima la concepción de la mirada hacia el otro donde no se permite que ni por ideología, ni orientación sexual, ni por raza, ni linaje, ni origen nacional, una persona sea discriminada”, agregó.
Por último, la legisladora oficialista remarcó que “una de las características que tiene de novedosas es la incorporación por primera vez en América y en el mundo del colectivo LGBTIQ+ entre las categorías protegidas contra la discriminación, y darles herramientas para un trato igualitario frente a la justicia, para hacer valer sus derechos y vivir de forma armónica y con respeto mutuo”.
De forma breve, Mónica Macha (FdT–Buenos Aires), presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, celebró votar las convenciones que tienen que ver con “incorporar grupos que han sufrido discriminaciones y es parte del debate que se tiene en el mundo y tiene que ver con mayores espacios de inclusión”.
Quien cerró la ronda de oradores fue Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica–CABA), quien manifestó: “Estos dos dictámenes fueron tratados en plenario de comisiones sin ningún tipo de disidencias ni observaciones”. “Estas convenciones tienen un largo proceso en el sistema interamericano y ninguna organización, ni personas, ni Estados en distintas gestiones, tanto como la de la expresidenta Cristina Kirchner y el expresidente Mauricio Macri, hicieron reserva alguna sobre estas dos convenciones”, resaltó.
Por eso, en referencia a que varios diputados se levantaron de sus bancas, criticó: “Acá no nos tiene que sorprender, no me sorprende el lobby transversal que recorrió en cada bloque mayoritario para que estemos faltando a una realidad y una historia de la Argentina en materia de ampliación de derechos humanos, que no me vengan a argumentar que solo en 5 países han firmado. No se pueden caer estas convenciones que son cuestiones de ciudadanía que el Estado argentino debe velar”.
La aprobación de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia celebrada en República de Guatemala, permitirá fomentar y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y grupos sometidos a su jurisdicción”, detalla el proyecto de ley.
En ese sentido, agrega: “Sin distinción alguna por motivos de sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra condición social; fomentar la igualdad jurídica efectiva y combatir la discriminación e intolerancia en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales”.
Por otro lado, la iniciativa de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, también de Guatemala busca contribuir para “erradicar total e incondicionalmente el racismo, la discriminación racial y toda otra forma de intolerancia; y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y grupos sometidos a su jurisdicción, sin distinción alguna por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico.
Así lo aseguró la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que agregó que “hay que seguir trabajando” para que “el proceso sea más amoroso y acompañado”.
La diputada nacional Mónica Macha (Frente de Todos) aseguró este viernes que desde la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo “van bajando abruptamente la cantidad de mujeres que fallecen por abortos clandestinos” y “ya no tenemos fallecidas por abortos clandestinos”.
Consultada en radio Cooperativa sobre si esos datos son oficiales, la oficialista respondió: “En provincia de Buenos Aires yo lo escuché por parte del gobierno provincial y es lo que vamos recogiendo en los distritos”.
“En lo que seguimos trabajando es para que cada vez el proceso sea más acompañado; tal vez hay hospitales o clínicas que no saben cómo intervenir, tienen muchas dificultades para el proceso emocional”, señaló.
La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad explicó que se trata de “una ley muy nueva” y todavía “hay falta de empatía” y “se hace todo muy mecánicamente”, por eso “hay cosas que hay que ajustar para que las personas puedan tener un proceso más amoroso y acompañado”.
Por otra parte, la legisladora abogó por “seguir ampliando derechos” y reveló que “uno de los temas fundamentales, y en los que se viene trabajando muy fuertemente con el Gobierno, es sobre la agenda de cuidados, una temática que tiene distintas dimensiones sobre cómo los cuidados se distribuyen en cada familia y como se puso muy de manifiesto con la pandemia”.
“Por otra parte, la necesidad de contar con más dispositivos de cuidados, como los jardines, los centros de primera infancia. Y la situación de las cuidadoras domiciliarias, que trabajan de manera informal y fuera del hogar, mujeres que están muy precarizadas”, agregó.
En relación a la campaña electoral, la bonaerense defendió que desde el oficialismo “hay una mirada muy fuerte puesta en las PyMEs, en las industrias, en un acompañamiento para que todos estos sectores puedan recuperarse, se puedan fortalecer, y eso tiene que ver con la producción y el trabajo”.
Según confesó, en sus recorridas por los barrios “en ningún lugar” le pasó “que me hablaran de la foto de Fabiola y todo eso”, dijo en alusión a la imagen del cumpleaños de la primera dama en julio del año pasado, durante la cuarentena.
Desde el año pasado se presentaron al menos cinco proyectos de ley con ese fin. Proponen adoptar medidas excepcionales con un presupuesto específico. En lo que va del año hubo casi medio centenar de femicidios.
Por Carolina Ramos
A pesar de las medidas gubernamentales y las leyes vigentes contra la violencia de género, el drama de los femicidios se agudizó: según el último relevamiento de La Casa del Encuentro, en lo que va del año se registraron casi medio centenar de casos. Fue el destino trágico de Guadalupe Curual en Villa La Angostura y de Úrsula Bahillo en Rojas, dos víctimas que habían denunciado previamente a sus agresores.
Frente a este panorama, diputados de diferentes bloques presentaron desde el año pasado cinco proyectos de ley para declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género, facultando al Poder Ejecutivo a implementar medidas urgentes y excepcionales con un presupuesto específico.
Hay una iniciativa del Pro encabezada por la cordobesa Soher El Sukaria; otra del bloque Córdoba Federal liderada por Alejandra Vigo; una tercera presentada por Enrique Estévez en coordinación con MuMaLá y Mujeres Socialistas; una cuarta impulsada en soledad por la oficialista salteña Lía Verónica Caliva; y una última del Frente de Izquierda impulsada por Nicolás Del Caño.
Los proyectos tienen giro a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Mujeres y Diversidad. “Este año vamos a trabajar distintos ejes en la comisión, y el primero es violencia por razones de género. Hay muchos proyectos que están vinculados a la temática”, dijo la oficialista Mónica Macha a parlamentario.com.
El socialista Estévez, uno de los promotores de la ley, consideró que “en un país donde muere una mujer cada 30 horas es necesario declarar la emergencia”. “No sé qué más tenemos que esperar para darle a esto el marco que corresponde”, expresó a este medio, y si bien consideró “positiva” la existencia de un Ministerio de Mujeres y Diversidad, aclaró que “eso no se traduce por sí solo en políticas públicas que prevengan y aborden esta situación”.
Según datos de MuMaLá, en 2020 fueron 329 las muertes de mujeres, lesbianas, travestis y trans por motivos de género: los femicidios y transfemicidios fueron los únicos delitos que no descendieron durante la pandemia. “Urge una decisión política para concentrar, articular y reasignar recursos económicos y humanos frente a la violencia machista”, alertó Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la organización, quien impulsa una petición en Change.org que ya reunió más de 138.000 firmas.
Uno de los principales ejes de los proyectos presentados tiene que ver con dotar a las provincias y a los municipios del presupuesto necesario para responder más velozmente a las denuncias por violencia de género y brindarles un seguimiento adecuado. Algunas iniciativas proponen también otorgar una asignación mensual a las víctimas en situación de vulnerabilidad, y a su vez garantizar la compensación económica a hijos de víctimas de femicidios, como se estableció en la “Ley Brisa”.
Otro de los objetivos tiene que ver con mejorar el funcionamiento de la línea 144, que brinda atención, contención y asesoramiento a mujeres en situación de violencia. Lo que se busca es profundizar el seguimiento de las denuncias en articulación con provincias y municipios. En el primer semestre de 2020, y en el contexto del aislamiento social, 55.715 personas realizaron consultas a esta línea, según un relevamiento del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
Los proyectos coinciden en que se deben garantizar en todo el país dispositivos de geolocalización para detectar violaciones de medidas perimetrales por parte de los agresores. Asimismo, se promueve la adopción de políticas de desarme de agentes de seguridad violentos y el cumplimiento del patrocinio jurídico gratuito para las víctimas, garantizado por ley. Por último, impulsan la producción de estadísticas oficiales unificadas.
Se propone además reforzar las capacitaciones de género en los tres poderes del Estado, tal como se estableció en la denominada “Ley Micaela”. En particular, apuntan a intensificar la formación de los operadores judiciales y también de las fuerzas policiales y de seguridad, así como jerarquizar la labor de promotoras territoriales que realizan tareas de prevención en los barrios.
El efectivo cumplimiento de las leyes de Salud Sexual y Procreación Responsable, y de Educación Sexual Integral, es otro de los reclamos plasmados en los proyectos de ley.
En la apertura de sesiones ordinarias, Alberto Fernández no omitió el tema y convocó a que la lucha contra la violencia de género sea considerada una política de Estado.
El presidente repasó las acciones llevadas adelante en el marco del Plan contra las Violencias por motivos de Género 2020-2022, como el Programa AcompañAR y la creación del Consejo para la Prevención y el Abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios.
También informó que se incrementó en un 50% la entrega de dispositivos duales de supervisión, monitoreo y rastreo de víctimas y agresores; y anunció la construcción de 14 centros territoriales en distintas provincias para el abordaje de las violencias.
Fernández dedicó un párrafo especial al accionar de la Justicia. “La práctica judicial ha sido deficitaria en los procesos relacionados con violencia de género. Esta realidad implica la necesidad de modificar aspectos estructurales del sistema de justicia actual que han demostrado ser ineficaces para atender a las mujeres que se acercan a él en pedido de ayuda”, sostuvo.
La diputada kirchnerista sostuvo que “cuando una persona ha tomado esa determinación, ni la clandestinidad, ni la criminalización la detienen”.
La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, sostuvo que “hay dos clases de leyes, las que vienen a plantear una nueva práctica, una nueva política, y otras que vienen a regular prácticas preexistentes. Y cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, estamos hablando de la necesidad de contar con una normativa frente a una práctica milenaria”.
“Una práctica que está criminalizada en el contexto del Estado moderno, pero como práctica existe desde siempre”, remarcó.
A continuación señaló “cuando una persona ha tomado esa determinación, ni la clandestinidad, ni la criminalización la detienen, y esto tiene que ver con esto: con poder tomar decisiones, con poder dar cuenta de cuál es la realidad que se juega en ese momento y por eso necesitamos de esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, para despenalizar y para legalizar, que quiere decir específicamente poder contar con una política pública dentro del sistema sanitario que garantice ese acceso a la salud, ese cuidado, ese acompañamiento que es tan fundamental para la vida de las personas”.
Macha señaló que “la historia en este tiempo está de nuestro lado; hoy la discusión del aborto legal es disruptivo, pero estamos hablando de una de las leyes tal vez más importantes desde el regreso de la democracia”.
“Claro que es un quiebre de un espacio a un nuevo acontecer”, enfatizó, señalando que “esta ley viene a darnos soberanía sanitaria a través de una mirada transfeminista”, afirmó en otro pasaje.
Para la diputada del Frente de Todos, “esta ley reconoce que no solo las mujeres abortan: también lo hacen las lesbianas, masculinidades trans y personas intersex”.
Luz Aimé Díaz se incorporó al Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Cámara baja, tras un acto encabezado por Sergio Massa.
Luz Aimé Díaz se convirtió este jueves en el primer ingreso al Programa de Empleo, Formación y Desarrollo para Personas Travestis y Trans de la Cámara de Diputados, tras un acto en el Salón de Honor encabezado por Sergio Massa.
Del encuentro participaron las diputadas Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Géneros y Diversidad; Cecilia Moreau, vicepresidenta del bloque Frente de Todos; y Cristina Álvarez Rodríguez, secretaria parlamentaria de esa bancada.
Díaz se incorporó al Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Dirección General de Recursos Humanos, que encabeza Laura Caniggia.
Su ingreso se produjo en el marco de la resolución presidencial 1098/20 del pasado 26 de agosto, que creó un Programa de Empleo, Formación y Desarrollo para las Personas Travestis y Trans.
“Cada paso que damos en inclusión es una barrera más que rompemos contra la discriminación. Tenemos que hacer valer el poder del Congreso para evitar las injusticias producto de la discriminación”, afirmó Massa.
Estuvieron en el acto los secretarios general, Juan Manuel Cheppi; administrativo, Rodrigo Rodríguez; y parlamentario, Eduardo Cergnul, entre otras autoridades de la Cámara baja.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados dictaminó un proyecto de declaración en ese sentido. También avanzó una propuesta para que los gremios adhieran a la Ley Micaela.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por Mónica Macha (Frente de Todos), dictaminó este martes a favor de un proyecto de resolución que expresa “preocupación ante el aumento de los casos de violencia de género, intrafamiliar y femicidios durante el aislamiento social y obligatorio por el Covid-19”.
La iniciativa fue unificada en base a proyectos de las diputadas Mara Brawer (Frente de Todos), Claudia Ormachea (Frente de Todos) y Sofía Brambilla (Pro), y manifiesta “el compromiso de la Cámara de Diputados en seguir trabajando junto a los poderes Ejecutivo y Judicial en el abordaje integral del tema para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres”.
Por otra parte, recibió dictamen un proyecto de la oficialista Patricia Mounier que invita a las centrales de trabajadores a adherir a la Ley Micaela (27.499), con el objetivo de incentivar y promover actividades de capacitación en las organizaciones gremiales.
“Buscamos instalar en los gremios una agenda feminista, ya que consideramos que son espacios importantes de capacitación”, enfatizó Mounier, dirigente de SADOP y de la Corriente Federal de Trabajadores.
Durante la reunión virtual, además, se aprobaron otros proyectos de resolución y declaración relacionados con las temáticas de género y diversidad, entre los cuales se destaca el reconocimiento al trabajo que realiza la Fundación “Mujeres en Igualdad”, así como también un repudio a los hechos de “violencia política, persecución y criminalización de mujeres” en la provincia de Salta.
El proyecto se trató en la Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados, donde avanzaron también distintas declaraciones de beneplácito y repudio.
La Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside la diputada Mónica Macha (Frente de Todos) aprobó un proyecto de declaración que expresa reconocimiento a la labor de las promotoras territoriales en prevención de violencia de género.
La iniciativa fue presentada por la oficialista Lía Verónica Caliva, quien manifestó que “este reconocimiento es fundamental a cinco años del primer Ni Una Menos”.
“Logramos que este aporte emerja con mucho valor. Las promotoras realizan un trabajo invaluable e incansable”, aseguró la legisladora.
Otro de los proyectos aprobados en la reunión, impulsado por Macha, expresa preocupación por el desfinanciamiento del bachillerato popular travesti- trans Mocha Celis, en el ámbito del Ministerio de Educación porteño.
“Es un bachillerato fundamental en el que muchas compañeras llegaron a término con sus estudios, y que tiene serios problemas de financiamiento en relación al edificio y dificultades tecnológicas”, advirtió Macha.
Juntos por el Cambio compartió la preocupación pero no acompañó el proyecto, al considerar que “no es genuino que no haya un financiamiento integral”.
Asimismo, la comisión expresó pesar por el fallecimiento del activista de derechos humanos César Cigliutti; y manifestó beneplácito por la postulación de la abogada Marisa Herrera para el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
También avanzaron proyectos de beneplácito por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia; y declaración de interés del décimo aniversario de la creación de ONU Mujeres.
La comisión además expresó repudio por el ataque contra manifestantes del Día Internacional del Orgullo LGBT en Córdoba; y rechazó las expresiones realizadas por el fiscal de Cutral Có Santiago Terán en relación a las víctimas de violencia de género.
En declaraciones periodísticas, Terán opinó que “tendría que autorizarse la portación de armas a mujeres que sufren violencia de género”, tras lo cual el Ministerio Público Fiscal de Neuquén inició un sumario administrativo en su contra.
En una nueva reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, diputados escucharon a activistas de la comunidad que relataron las múltiples dificultades que atraviesan.
Representantes varones del colectivo travesti/trans volvieron a reclamar por una ley de cupo laboral en la Administración Nacional, en el marco de una nueva reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por Mónica Macha (Frente de Todos).
La legisladora informó sobre la voluntad de dictaminar un proyecto consensuado sobre el tema “lo más pronto posible” y resaltó que el debate de este martes coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad No Binaria.
Al inicio del encuentro, Gabi Díaz Villa, del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, remarcó que la ley de inclusión laboral es “un instrumento legislativo que logrará transformar las vidas hoy vulnerabilizadas de nuestros compañeres”.
Díaz Villa advirtió que “solo el 5% de nuestro colectivo accede al trabajo formal” y agregó: “Si esta es la situación actual es porque venimos de una historia de violencia, persecución y hostigamiento, sobre todo policial, y que a lo largo de los gobiernos no se ha logrado modificar”.
Al referirse al denominado “techo de cristal”, el activista trans lo calificó como “un verdadero paredón de hormigón que nos separa del mercado laboral formal”. “Es hora de que el Estado haga este gesto real de reparación”, insistió.
A su turno, Lautaro Lucas Cruz, de Transargentinxs, sostuvo que “esto es más que tener un sueldo: significa un cambio radical de poder pensar en la conformación de una familia y en la casa propia”.
Desde ATTTA Nacional, Patricio Alejandro Salto coincidió en que esta población “no accede a los mismos derechos” que el resto, y pidió que “tengan las mismas posibilidades de tener una vida plena”. “Nuestro trabajo no es reconocido ni remunerado de la misma manera y eso también es violencia”, dijo.
En ese sentido, Salto reclamó que el debate no se acote al cupo laboral sino que se avance en una ley integral. “No queremos una ley de mínima. No somos una estadística. Somos personas”, afirmó, y propuso además que la inclusión laboral “no sea solo en el Estado, sino también en empresas privadas y cooperativas, y tener el derecho a elegir dónde queremos trabajar”.
Por otra parte, Eugenio Tabot Wright (Convocatoria Federal Travesti y Trans Argentina) manifestó: “Seguimos siendo víctimas de los códigos de faltas y contravenciones heredados de la dictadura. Todos los años perdemos a decenas de compañeres, ya sea por travesticidios, transfemicidos o por abandono del Estado. Por eso las organizaciones hablamos de un transgenocidio social que ha tenido continuidad en democracia”.
Thiago Galván, de la Liga LGBTIQ+ de las provincias, denunció que “la sociedad que no se hace eco de nuestros valores porque históricamente no le dio valor a nuestras vidas”.
“¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para elegir la vida que queremos vivir? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para sentir que nosotres también podemos ser felices? Lohana Berkins decía que el amor que nos negaron es el impulso para cambiar el mundo. Yo les digo que dejen de negarnos amor”, expresó.
También expusieron Tomas Máscolo, periodista especializado en género y sexualidades; Alan Otto Prieto, de Capicua Diversidad; Mariano Galeano, de Red Diversa Positiva (Chaco); Anthuan Darío Aranda, del Frente Federal de Transmasculinidades por la Ley de Cupo; Santiago Nahuel Quizamas, de Varones Trans Santa Fe; y Sebastián Ignacio Medrano, del Movimiento Trans Nadie Echazú, entre otros.
En un plenario de comisiones, Mara Brawer y Mónica Macha denunciaron “violencia política de género” contra Cristina Kirchner. El diputado de la UCR sostuvo que se trató de “un nuevo crimen vinculado al poder kirchnerista”.
Los ecos del comunicado de Juntos por el Cambio sobre la muerte del exsecretario Fabián Gutiérrez todavía resuenan: tras el polémico documento, el diputado y titular de la UCR Alfredo Cornejo subió la apuesta y sostuvo que se trató de “un nuevo crimen vinculado al poder kirchnerista”, lo que mereció el repudio de diputadas oficialistas.
Mara Brawer y Mónica Macha, del Frente de Todos, aludieron al tema en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, con la presencia de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.
“Me pregunto si en este contexto de violencia política extrema como la que vivimos durante el fin de semana, donde los principales partidos políticos de la oposición nos acusaron, en palabras del presidente de la UCR, de un crimen del poder kirchnerista, se puede combatir la violencia con prácticas violentas”, planteó Brawer.
La legisladora por CABA se preguntó si es posible “pensar leyes que respeten la integridad de las personas, que no las violenten, que no las estigmaticen, si en la política aceptamos un encuadre donde se puede decir cualquier cosa, donde la palabra daña al propio muerto, a su familia, a nosotros mismos”.
Brawer sostuvo que “la violencia política tiene un fuerte componente simbólico y disciplinador” y preguntó a Gómez Alcorta si el tema está contemplado en el flamante Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género, a lo cual la ministra respondió que la problemática no solo está incluida, sino que es “un tema central” a abordar con acciones de prevención y capacitaciones.
Hacia el final de la reunión, Macha retomó la discusión y consideró que “es importante destacar cuando hay una situación de violencia y cuando esa violencia está dirigida a una mujer”, en este caso la vicepresidenta Cristina Kirchner, “no solo por lo que representa políticamente, sino también porque es mujer”.
“Si hay sectores de la oposición que también lo evalúan de este modo, sería interesante que lo planteen”, concluyó Macha.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad participará desde las 15 de una reunión virtual de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, participará este lunes desde las 15 de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en el marco de una nueva reunión informativa sobre proyectos de justicia penal y género.
Será durante el cuarto encuentro -de carácter remoto- que llevarán a cabo en conjunto las comisiones de Legislación Penal, que preside la entrerriana Carolina Gaillard (FdT), y de Mujeres y Diversidad, que conduce la bonaerense Mónica Macha (FdT).
Previo a la reunión de este lunes, los diputados y las diputadas escucharon las exposiciones de varias funcionarias y especialistas en la temática, quienes opinaron sobre las iniciativas para prevenir la violencia por motivos de género hacia mujeres y personas LGBT.
Funcionarias y especialistas expusieron en una nueva reunión informativa de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres de Diputados.
Las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados llevaron a cabo este jueves la tercera reunión informativa conjunta sobre justicia penal y género, con la participación de funcionarias y especialistas en la temática.
“El Estado en sus tres poderes debe estar presente, y por ello desde el Legislativo estamos para aportar y mejorar las leyes al respecto”, dijo Carolina Gaillard, titular de la Comisión de Legislación Penal, al abrir la videoconferencia.
En tanto, Mónica Macha, de la Comisión de Mujeres, explicó que esta “línea de trabajo conjunto” apunta a “generar una legislación que tenga perspectiva de género, una mirada feminista y transfeminista”.
La abogada feminista Soledad Deza, quien llevó adelante el caso Belén, advirtió que “el derecho penal nunca ha sido un lugar habitable para nosotras ni para ninguna disidencia sexual, al contrario”, ya que se han utilizado “tipos penales para criminalizar decisiones”, como por ejemplo “utilizar la figura del homicidio para castigar abortos”.
Por eso, Deza llamó a ejercer una “crítica feminista acerca de la contradicción que supone apelar al derecho penal, que no solamente es androcéntrico en sus estructura, sino que en la práctica es un fuerte reproductor de estereotipos y subalternidad”.
Sin embargo, Gaillard aclaró que “el derecho penal no necesariamente está para aumentar penas” y que los proyectos presentados en las comisiones en realidad buscan “mejorar dispositivos y herramientas” con perspectiva de género.
Por su parte, María Luisa Storani, parlamentaria del Mercosur y exdiputada nacional de la UCR, consideró que el proceso de acceso a la Justicia muchas veces se transforma en “un campo de espinas”, y se refirió al impacto diferenciado de la pandemia del Covid-19 sobre las mujeres.
Storani indicó que a pesar de que hoy existe un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y de la inversión que se hizo en la línea 144, además de la habilitación de tres líneas de WhatsApp y denuncias por Internet, “siguen los femicidios”.
La radical informó que, según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema “han disminuido las denuncias e incluso han disminuido las consultas, y esto da un mensaje muy fuerte, porque todas las redes de contención que había fuera de la casa están rotas por la cuarentena”.
Por otra parte, llamó a “denunciar los hospitales que no permiten el acceso a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo)” durante el aislamiento social.
Gabriela Carpineti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, sostuvo que hay “dos grandes desafíos en las medidas reglamentadas sobre violencia de género y en las que estamos discutiendo en materia penal y de género: cómo reducir la sobreintervención y cómo lograr la territorialización de las políticas de género”.
En tanto, la directora ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos (ACIFaD), Andrea Casamento, señaló que “cuando hay una persona detenida en sus familias, el rol que cumplen las mujeres familiares de detenidos es muy pesado, porque nos transformamos en sostén del hogar y de la persona que está presa”.
También expusieron en la reunión Mariana Broggi, secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de Entre Ríos, y Ana Laura Ruffini, de la Fiscalía de Delitos de Violencia Familiar y de Género de La Pampa.
Se llevó adelante en el marco de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Funcionarias de distintas provincias defendieron la necesidad de una ley.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, que preside Mónica Macha (Frente de Todos) realizó este martes la segunda jornada de debate sobre el cupo laboral para travestis y personas trans en el sector público nacional.
El encuentro, moderado por la periodista Amanda Alma, contó con la participación de funcionarias del área de género y diversidad de diferentes provincias que defendieron la necesidad de una ley, mientras diputados de distintos bloques avanzan en un consenso.
Macha adelantó que se buscará un dictamen unificado entre propuestas de Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriela Estévez, Leonardo Grosso (Frente de Todos), Brenda Austin (UCR) y Nicolás Del Caño y Romina Del Plá (Frente de Izquierda), entre otros.
“La idea es generar el mejor proyecto, el más eficaz, el que genere la posibilidad de inclusión más rápida para que verdaderamente quien siga en una instancia de prostitución, sea por elección”, explicó la titular de la comisión.
En el mismo sentido, Álvarez Rodríguez -quien propone un cupo del 1,5% en el Estado Nacional, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas del Estado- advirtió que “la falta de derechos para la población trans/travesti es una condena a muerte” y por eso “el Estado debe ser el primero en promover la igualdad de oportunidades”.
La primera en exponer en la reunión virtual fue la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Alba Rueda, que en el marco del Día Internacional del Orgullo, que se celebró el domingo pasado, pidió que “el orgullo se transforme en reconocimiento sobre nuestros derechos”.
También recordó que el 15 de julio se cumplirán diez años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina y sostuvo que “una clave fundamental de aquellos años fue que nuestra sociedad no retrocede, sino que nuestras instituciones avanzan y nuestra sociedad se pluraliza cuando se reconocen nuestros derechos”.
Asimismo, señaló que también se celebraron los ocho años de la Ley de Identidad de Género, que “lamentablemente no modifica las condiciones de violencia estructural” que padece la comunidad trans.
“Hay una lucha histórica de este movimiento social, que tiene mucho que ver con el sentido de la democracia”, dijo, y mencionó como referentes a Lohana Berkins, Diana Sacayán y Claudia Pía Baudracco. “Necesitamos personas trans en el Estado para que el Estado cambie”, explicó Rueda.
La funcionaria destacó que “el cupo trans es una prioridad absoluta para nosotres” porque sin esta medida, “no habrá personas trans aportando a los cambios culturales” y esto redundaría en “un futuro en blanco y negro”, sin diversidades.
Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, remarcó “la necesidad de generar políticas públicas de inclusión social que además tengan perspectiva de creación de empleo y que tengan la vocación de abrazar a las compañeras que necesitan de la mano del Estado para acceder a esos derechos”.
Portos sugirió que, mientras se trata en el Congreso la ley de cupo trans, se avance en “construir herramientas estadísticas sobre esta población” ante la falta de datos oficiales.
A su turno, Úrsula Sabarese, directora de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género de Chaco, advirtió que la población travesti/trans “ha sido históricamente el último eslabón de la cadena de políticas públicas de todos los Estados”.
Sabarese puntualizó que Chaco fue “una de las primeras provincias que incursionó en una ley de inclusión laboral, que ha nacido desde un consenso” y que es, a su criterio, más amplia que el cupo. Además, coincidió en que “la pandemia reflotó” la preocupación por “la falta de estadísticas” de esta población.
En tanto, Roxana Rodríguez, de la Dirección de Diversidad y Género de Santa Cruz, admitió que una ley de cupo trans sería “reparatoria” pero consideró que “nos quedamos cortos: es importante insistir en la ley integral trans para que todos los derechos que le corresponden a la comunidad trans sean tenidos en cuenta”.
Rodríguez precisó que según datos relevados por la Federación LGBT, ATTTA y la Fundación Huésped, entre otras entidades, solo el 32% de la población trans concluyó los estudios secundarios; el 80% no tiene obra social, y en el caso del 20% que sí la tiene, no se respeta la Ley de Identidad de Género.
También informó que las personas trans y travestis tienen un promedio de vida de entre 35 y 40 años por sus condiciones de vida “precarias”, y añadió que “recién este año se van a incorporar en el Censo”, ya que antes se calculaba esta población “a partir del error”.
En la reunión también expusieron, entre otros, Nicolás Navarro, del Consejo Provincial de la Mujer de Jujuy; Victoria Liendro, del área de Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos de Salta; y Ema Bejarano, del Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego.
A diez años de la aprobación de la norma, integrantes de la Comisión de Mujeres y Diversidad mantuvieron un encuentro virtual con dirigentes de España, país donde también dentro de unos días se cumplen 15 años de esa ley.
Con el foco en los temas de la agenda del movimiento LGBT que todavía se encuentran pendientes, diputados nacionales dialogaron con dirigentes españoles al recordar el 10° y el 15° aniversario de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina y en España, respectivamente.
La charla de intercambio, que se extendió por tres horas, fue propuesta por el legislador Maximiliano Ferraro (CC-ARI) y se desarrolló en el marco de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha (Frente de Todos).
La oficialista, quien dio la apertura a las exposiciones, consideró que la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y Ley de Identidad de Género (2012) “han cambiado nuestra cultura”.
La bonaerense recordó que los “derechos que venían siendo reclamados por distintas organizaciones” necesitaban “encontrar una propuesta y voluntad política que realmente pudiera concretarlos”. Destacó que la ley tuvo una “militancia concreta” por parte del expresidente Néstor Kirchner, quien por ese entonces era diputado nacional y falleció meses después de la sanción.
Macha afirmó que por delante se encuentra el “desafío” de la construcción de un “transfeminismo plurinacional y popular” que termine “con el enfoque binario que es tan es dañino, porque en definitiva también es incluidos y excluidos”.
A su turno, la legisladora Brenda Austin (UCR) hizo un repaso por el trayecto realizado hasta que se llegó al debate de 2010, recordó que en 1998 se había presentado el primer proyecto y reconoció que “el rol de los jueces y juezas en muchas oportunidades ha sido el camino para el reconocimiento de esos derechos”, antes de que existiera la ley.
“Indudablemente tenemos hoy una sociedad y una generación con una mirada distinta, con una mayor tolerancia, con una vivencia de su sexualidad desprovista de prejuicios”, sostuvo, pero advirtió también que hay “muchos resortes en Argentina de homo-lebo-transfobia”. En ese sentido, la cordobesa mencionó el episodio en el cual este último fin de semana, excombatientes de Malvinas intentaron bajar una bandera LGBT en el Parque Sarmiento de la capital de Córdoba.
Austin manifestó que por delante hace falta “una ley trans”, una revisión de la Ley de Actos Discriminatorios y la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral.
Por su parte, la diputada Mara Brawer (Frente de Todos) remarcó que en 2010 el reclamo “era una lucha de las organizaciones, pero no era una lucha popular”, a diferencia de lo que sucedió en 2018 con el proyecto de aborto legal, discutido en todos los partidos, las universidades y otros ámbitos.
Por eso, reinvindicó también la “voluntad política” de Néstor Kirchner, quien el día de la votación en Diputados “faltó a su asunción como presidente del Parlasur”. “Cuando se amplían los derechos para una parte de la sociedad, en realidad es la sociedad toda que se libera de esa opresión”, completó.
Impulsor de la jornada, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, expresó: “Hace 15 años en España y 10 años en Argentina dábamos un paso trascendental desde lo simbólico, pero sobre todo empezábamos a llamar las cosas por su nombre y a concretar derechos que no estaban reconocidos y nos eran negados”.
El porteño abogó por seguir “construyendo comunidad, una comunidad cada vez más orgullosa, una comunidad que cada vez debe ser más visible y que no está dispuesta a retroceder”. “Tenemos el deber inexcusable de seguir construyendo respuestas, puentes y poner la voz en aquellas situaciones que atraviesan muchísimas personas y países”, agregó.
Ferraro aseguró que se necesita “una gran coalición internacional que condene los crímenes de odio y la criminalización que hoy sigue existiendo”, asimismo que esté alerta sobre los “avances reaccionarios y conservadores que pretenden el no reconocimiento del otro y la eliminación de todo tipo de diversidad”.
“Hoy en más de 68 países se criminalizan los actos sexuales entre personas adultas del mismo sexo. En 11 países la pena máxima es la muerte, y en otros 9 hay pena indeterminada o perpetua“, indicó.
Por el Frente de Todos, el diputado Leonardo Grosso recordó que el día de la sanción de la ley, el 15 de julio de 2010, en la movilización ante el Congreso “eramos muy poquites, no había mucha gente”, pero sí “había más gente en el Obelisco en contra de la ley”.
“Esa correlación de fuerzas al interior de nuestra sociedad cambió hace unos años cuando se impuso en el mundo y en Argentina esta enorme marea de los feminismos que salió a la calle”, dijo y ponderó: “Eso me hizo sentir, por primera vez en la calle, parte una mayoría social. Y eso es central para construir la agenda de lo que viene”.
La legisladora Silvia Lospennato (Pro), vicepresidenta de la comisión, señaló que la ley “no es nada más que una forma de concretar, de ponerle forma al derecho a la igualdad” que “está reconocido constitucionalmente” y en los tratados internacionales de Derechos Humanos.
La macrista afirmó que hay que avanzar en una norma que “penalice los delitos de odio” y reflexionó que para enfrentar los “desafíos” pendientes, hay que “construir nuevamente transversalmente, con la calle, y que los legisladores estemos a la altura de reconocer que los derechos están ahí”.
Además, aportaron sus voces los diputados Romina Del Plá (FIT), Enrique Estévez (Partido Socialista), Gabriela Estévez (Frente de Todos), Gabriela Lena (UCR) y Jimena López (Frente de Todos).
La voz de los dirigentes españoles
Del encuentro participaron dirigentes de España como Marta Higueras, concejala en el Ayuntamiento de Madrid, quien recordó la “explosión de alegría” el día que se sancionó la ley en su país (2 de julio de 2005), por la cual “habían luchado muchas personas”.
Desde su experiencia personal, reveló que como concejala tiene la facultad de oficiar bodas y, al recordar que su primera boda igualitaria le dejó un gusto amargo ya que dos jóvenes no contaban con el apoyo de sus familias, señaló: “Esto quiere decir que tenemos la ley, pero falta mucho por hacer”.
“Hay que seguir reivindicando los derechos, exigiendo leyes, concientizando a la gente, saliendo de los armarios, visibilizandonos y tratar de parar esta pandemia de homofobia y transfobia que está recorriendo el mundo. Y para ello es muy importante que las personas LGBT estemos en las instituciones”, enfatizó.
La diputada de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli (PSOE) resaltó que “los derechos humanos de las personas son incuestionables. Los derechos fundamentales no se debaten, no se discuten”. “Aquellas sociedades que no humillan a sus miembros son mucho más decentes”, dijo e hizo hincapié en la necesidad de la unidad del movimiento. “Todos, todas y todes juntos somos mucho más. La unión hace la fuerza”.
En tanto, Felipe Sicilia, diputado en las Cortes Generales, planteó que uno de los “compromisos” como legisladores es tratar el tema de la educación, porque actualmente hay grupos que ponen “en cuestión que se pueda enseñar a nuestros menores en los colegios sobre diversidad e identidad de género”. “Sin duda la sociedad de mañana es la hoy estamos formando. La mejor forma de evitar una transfobia mañana es educando hoy”, remarcó.
También expusieron Beatriz Gimeno, directora del Instituto de la Mujer de España; Fran Ferri, diputado de las Cortes Valencianas; y Tony Poveda, vicepresidente de la Fundación Pedro Zerolo.
La jornada estuvo moderada por la periodista parlamentaria Amanda Alma y el periodista argentino con ciudadanía española Gustavo Pecoraro.
Fue en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Expusieron referentes del colectivo que denunciaron una discriminación histórica y pidieron una reparación por parte del Estado.
La Cámara de Diputados comenzó a debatir este martes sobre la inclusión laboral de travestis y personas trans, en el marco de una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha (Frente de Todos), donde participaron representantes de asociaciones civiles que luchan por un reconocimiento de este colectivo.
Al abrir la reunión virtual, que fue moderada por la periodista parlamentaria Amanda Alma, la diputada Macha destacó que “hay un compromiso” en la comisión para avanzar con un proyecto unificado sobre cupo laboral para personas trans y travestis, que “necesitan estas leyes para lograr empleo formal”.
A su vez, Vanesa Siley, titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, sostuvo que “siempre que se combinan temas en las comisiones de Mujer y de Trabajo, estamos hablando de igualdad real de oportunidades”.
La primera en exponer fue Marcela Tobaldi, de la asociación La Rosa Naranja, quien se refirió a la difícil situación que deben atravesar durante la pandemia los travestis y personas trans, cuyo promedio de vida no supera los 40 años.
“En estas épocas donde no se puede ejercer el sistema prostituyente, todas las personas trans y travestis tienen que estar aisladas en un cuarto de hotel, casi siempre pobre, en los barrios más vulnerables de la Ciudad”, lamentó Tobaldi.
Y agregó: “Esta situación ha dejado al desnudo uno de los sectores más destruidos de nuestra sociedad. Entonces nos preguntamos cómo queremos vivir nuestra democracia: con derechos. ¿Y quiénes son los responsables de que la democracia sostenga los derechos humanos necesarios? Es la política”.
La integrante de La Rosa Naranja sostuvo que “fueron muchos años de reclamar y no tener resultados” y habló de una “discriminación histórica y estructural del Estado, no solo en Argentina, sino en todo el mundo occidental capitalista” que “siempre tuvo arrodillados” a los travestis y trans “a expensas de la prostitución, porque esas son las fantasías del hombre capitalista”.
También participó de la reunión Say Sacayán, referente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y hermana de Diana Sacayán, la activista asesinada en octubre de 2015 en un crimen calificado por el colectivo como “travesticidio”.
Say Sacayán señaló que la demanda de la inclusión laboral “ya tiene muchos años” y que “nació a partir de la experiencia del trabajo territorial”, donde su hermana Diana fue una referente.
“(Diana) fue una de las militantes que más aportes hizo a nuestra comunidad, y ha dejado la vida en la lucha”, destacó Say, al recordar que “un mes antes de su asesinato fue aprobada la ley de cupo travesti/trans en la provincia de Buenos Aires”.
“El acceso al mercado laboral es algo que a veces no podemos ni imaginar”, confesó, y explicó que lo que se busca es implementar un cupo del 1% en la planta del Estado Nacional, “una medida mínima y paliativa para el nivel de desamparo en que nos encontramos”.
En tanto, Daniela Candelaria Sajama (ATTTA Córdoba) consideró “necesario que haya una ley y que también hayan herramientas territoriales para trabajar estas leyes” y que éstas no se transformen en “letra muerta”.
“Distintas organizaciones hemos puesto nuestro granito de arena para esta ley. Mi deseo es que haya un debate serio y voluntad política”, manifestó Sajama, al advertir que “siempre este tema avanza hasta cierto punto y después retrocede”.
Desde la Federación Argentina LGBT, Ornella Infante destacó que “hoy tenemos la posibilidad histórica de exteriorizar y dejar plasmadas las necesidades que tenemos, aprovechando el contexto histórico en el que nos encontramos, donde nuevamente tenemos un gobierno popular”.
“No es casual que en un gobierno peronista, nacional, popular, inclusivo, feminista y diverso se den estos debates, que lamentablemente quedaron de lado en la gestión del presidente (Mauricio) Macri, donde decían que los Derechos Humanos eran un curro”, aseveró.
Marcela Romero, directora de Casa Trans) y expresidenta de la Federación Argentina LGBT, consideró que “hay que ir por algo más abarcativo, una ley integral trans donde se trabaje con todas las generaciones de personas trans y donde ninguno quede afuera”.
También disertaron en la reunión informativa Victoria Castro (100% Diversidad y derechos de Tierra del Fuego), Paula Arraigada (asesora trans en la Cámara de Diputados), Karin Tuma (Identidades Trans, Travestis, Intersex y No Binaries LGBTIQ) y Claudia Vázquez Haro (Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina), entre otras.
Las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad de la Cámara baja recibieron la exposición virtual de especialistas que analizaron iniciativas contra la violencia de género.
Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados recibió de manera remota a un grupo de abogadas expertas quienes disertaron sobre iniciativas de justicia penal y género. Se trata del primero de cuatro encuentros al que asistirán funcionarias y especialistas en la materia para definir acciones coordinadas.
Los ejes que se abordaron en la reunión plenaria fueron la violencia de género y medidas preventivas urgentes; cuestiones de competencia Federal, Ciudad, Nación; delitos sexuales; protección judicial de las víctimas durante y después del proceso; balance de la inclusión de figuras y necesidad de modificar tipos penales, entre otros.
La titular de la Comisión de Legislación Penal, Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos), expresó que la reunión conjunta tuvo como objetivo “abordar el tema de las violencias de género con una mirada integral y escuchar a las expertas para lograr el mejor diagnóstico para tratar nueva legislación”.
Además, la diputada Mónica Macha (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, manifestó que “la violencia de género articula distintos tipos de violencia”. “Hay un incremento de cierta saña en la violencia machista: esta reunión busca dsmontar estas prácticas y discutir esos sentidos”, manifestó.
En su disertación, Josefina Kelly, secretaria de Políticas contra la Violencia por razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, explicó la postura del ministerio que busca “una reforma integral del Código Penal con perspectiva de género en todos los delitos”.
Mariela Labozetta, titular de la Unidad Fiscal especializada de Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal (UFEM) realizó un diagnóstico de la justicia y advirtió que hay “un altísimo grado de impunidad en los delitos y pocas estrategias de diferenciación, lo que impide trazar un mapa federal”.
En tanto, Sabrina Granero, coordinadora de la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial de Santa Cruz, se refirió puntualmente a una iniciativa que propone la figura del acompañante comunitario para el abordaje de violencia de género.”Es un eslabón que va a ser útil para instituciones no gubernamentales y los distintos poderes”, enfatizó.
Por su parte, la abogada Ileana Arduino, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), presentó un informe que ilustra juicios y audiencias sobre violencia de género y reflexionó que “hay que salir de la justicia retórica y pensar una agenda más sofisticada”.
Participaron de la reunión virtual los legisladores Mayda Cresto (Frente de Todos), Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), Carlos Selva (Frente de Todos), Jimena López (Frente de Todos), la senadora Sigrid Kunath (Mandato Cumplido), Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero), Gabriela Burgos (UCR), Graciela Camaño (Consenso Federal), Romina del Plá (Frente de Izquierda), María Rosa Martínez (Frente de Todos) y Mara Brawer (Frente de Todos), entre otros.
De la videoconferencia participaron también las asociaciones Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (ADCOIN), Asociación Defensa del Asegurado (ADACU), Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Asociación Civil Usuario y Consumidores Unidos (UCU), Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (ADECEN) y Cruzada Cívica.
“Yo no creo que el aborto sea un derecho”, planteó Natalia Villa (Pro), que se quejó por la ausencia de expositores en contra de la ley en la Comisión de Mujeres.
La discusión por el aborto legal, seguro y gratuito volvió a encenderse este martes en la Cámara de Diputados, durante una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por Mónica Macha (Frente de Todos), con la participación de activistas feministas.
Al término de las exposiciones, en las que se plantearon las dificultades para acceder a los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia, intervino -entre otras- la diputada Natalia Villa (Pro), una de las más férreas opositoras a la ley de aborto.
“El colectivo de mujeres es muy diverso. Tenemos pensamientos distintos. Me da mucha tristeza que hoy muchas mujeres no tuvimos representación en esta charla”, lamentó la bonaerense, y agregó: “Yo soy parte del colectivo de mujeres que no cree que el aborto sea un derecho. Me hubiera encantado tener una oradora que me represente a mi y a muchas mujeres argentinas”.
Villa recordó que “en 2018 vimos un Congreso dividido, una calle dividida, un país dividido. En 2020 pasa exactamente lo mismo”. “Es muy triste que desde esta comisión no le demos la oportunidad a un montón de mujeres de que también estén representadas. Estamos en una comisión donde suena una sola campana”, expresó.
La legisladora del Pro insistió: “Es hora de que podamos convivir aunque no pensemos igual. Soy la única de esta comisión que tiene una posición distinta, pero no soy la única en Argentina que piensa que el aborto no es un derecho humano”.
Sin embargo, Macha respondió que al momento de la convocatoria a la reunión, Villa no propuso a ningún invitado para sumar al programa. “Si había alguna idea de convocar a otra persona, se podría haber hecho en ese momento”, aclaró.
Al cierre de la reunión, Macha reforzó: “Durante muchísimos años, nuestras posiciones -que hoy se ven representadas mayoritariamente en la comisión- han sido minoría, y esa minoría significó la muerte injusta de muchas mujeres”.
“Quienes estamos a favor de la legalización del aborto y en contra del aborto clandestino, no consideramos la posibilidad de obligar a nadie ni a parir ni a abortar”, explicó, y concluyó: “En la medida en que no contemos con esta ley, miles de mujeres siguen muriendo a causa de abortos clandestinos”.
Durante una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, expusieron integrantes de la Campaña por el Aborto, del colectivo Ni Una Menos y especialistas.
Activistas feministas del movimiento Ni Una Menos, integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y especialistas coincidieron este martes en la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia del Covid-19.
Así se expresaron durante una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, convocada por Mónica Macha (Frente de Todos).
La legisladora explicó que la reunión virtual tuvo como motivación tres fechas del “calendario feminista”: el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebró el 28 de mayo; los 15 años de la Campaña por el Aborto Legal; y el reclamo del movimiento Ni una menos, que será este miércoles.
La primera en exponer fue Ana Morillo, integrante de la Campaña por el Aborto y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, quien subrayó que en el marco de la pandemia “se está trabajando fuertemente para acompañar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar en cuanto al acceso a derechos reproductivos”.
La especialista agregó que la situación difiere según la provincia y puso como ejemplo el de su provincia, Córdoba, donde recién en septiembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia habilitó la ejecución del protocolo provincial para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). “El fallo tuvo un atraso de siete años”, se quejó.
En ese sentido, Morillo advirtió que “se está obstaculizando y complejizando el acceso” a esta práctica “por diferentes motivos”, entre los que señaló “la falta de difusión”. “No está llegando como queremos que llegue a todas las mujeres del país”, reconoció, y añadió que en muchos casos “los gobiernos locales no están acompañando”.
Por otra parte, señaló que con la pandemia “la virtualidad es un problema, porque llegan solo las mujeres que tienen acceso a Internet y a las redes. Las mujeres de los barrios populares no logran este acceso”.
A continuación, Julia Martino, también integrante de la Campaña por el Aborto, recordó que el proyecto se presentó el año pasado en la Cámara de Diputados por octava vez, y este año había gran expectativa por la iniciativa del Poder Ejecutivo. “Cuando ya estaba por mandar el proyecto, vino la pandemia y quedó todo a la espera”, dijo.
Y agregó: “Esperemos que a medida que se pueda ir superando esto y que el Congreso vuelva a sesionar en forma presencial, en la nueva normalidad, podamos sentarnos a hablar y a ver de qué manera despenalizamos y legalizamos el aborto”.
“A pesar de la pandemia, que se lleva todas las noticias y la atención de la salud, las mujeres siguen teniendo embarazos no deseados y abortando”, advirtió Martino, y en ese sentido indicó que “aumentaron muchísimo los llamados al 0800 Salud Sexual” (0800-222-3444), lo que dejó en evidencia “la necesidad de que estos servicios se sigan prestando”.
En tanto, Martino informó que según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, “cada día, seis niñas menores de 15 años son madres”, y por esa razón remarcó la necesidad de que “la ESI (Educación Sexual Integral) se siga impartiendo más allá de las complejidades de la virtualidad, porque es una de las políticas de prevención de las más importantes”.
Por último, reflexionó: “Pensemos que por año hay cerca de 50.000 internaciones en los hospitales públicos por abortos inseguros. Es un número enorme y esas camas ahora adquieren otro valor debido al coronavirus”.
A su turno, Malena Correa, de Casa FUSA, advirtió que “los efectores de primer nivel están teniendo problemas de referencia territorial y de derivación, y esto es restrictivo para cualquier persona que quiere acceder a la ILE”.
La periodista Marta Dillon se refirió a la marcha Ni Una Menos y recordó que “esa primera vez, la presencia de los cuerpos en la calle hablaba de un hartazgo social sobre la violencia de género y patriarcal”.
“La violencia machista es un entramado cultural, político y económico que expone a unas más que a otras, y que tiene secuelas que hacen a la salud, por lo que esta atención tendría que estar entre las prioridades”, consideró, y opinó que “esto está íntimamente ligado con la demanda del aborto legal, fundamental para la autonomía de las mujeres y personas gestantes”.
Por otro lado, se refirió a la “crisis” que genera “la sobrecarga de las tareas de cuidado sobre mujeres, lesbianas y trans” en el contexto del aislamiento social, y en ese sentido pidió “que se reconozcan estas tareas como esenciales”. A su vez, mencionó en cuanto al coronavirus, que “cuando hablamos de higiene y desinfección, siempre recae sobre las mujeres”.
“Aunque ahora estemos en las redes, vamos a volver a las calles a decir Ni Una Menos y Aborto Legal Ya”, prometió Dillon.
En la reunión también expuso la ginecóloga infanto-juvenil Sandra Vázquez, quien llamó a “entender a los adolescentes como sujetos de derecho”, ya que “en general no conocen sus derechos” y es necesario “empaparlos de estos temas”.
Vázquez lamentó que con la pandemia “no existen los adolescentes” dado que “no aparecen como población de riesgo”, a diferencia de los adultos mayores, y por lo tanto “no han estado en el centro de la escena”.
La última disertante en la reunión virtual fue Patricia Rosemberg, exdirectora de la Maternidad Estela De Carlotto, quien advirtió que las instituciones de salud son “reproductoras del machismo y del patriarcado que se instalan en un lugar de control social”, y por eso llamó a “pensar cómo transformar esas organizaciones desde adentro”.
Marta Alanis, Ana Morillo y Marta Dillon participarán de una reunión virtual de la Comisión de Mujeres y Diversidad.
Activistas del movimiento Ni Una Menos e integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito participarán este martes a las 15 de una reunión virtual de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, que preside Mónica Macha (Frente de Todos).
Fueron invitadas a exponer Marta Alanis y Ana Morillo por parte de la Campaña por el Aborto; la periodista Marta Dillon; y la exdirectora de la Maternidad Estela de Carlotto, la médica generalista Patricia Rosemberg.
La reunión informativa se dará con motivo de conmemorarse, el pasado 28 de mayo, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
Asimismo, este miércoles se conmemorará un nuevo Ni Una Menos a través de las redes sociales, ya que la tradicional marcha no podrá hacerse por el aislamiento social y obligatorio.
El último encuentro de la comisión fue el 27 de abril, cuando expuso la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien se refirió a las medidas tomadas en el marco de la pandemia del Covid-19.
La ministra Elizabeth Gómez Alcorta iba a exponer ante la Comisión de Mujeres y Diversidad. Según se informó, la plataforma utilizada se cayó a nivel mundial.
Por primera vez desde que se implementó la modalidad remota, problemas técnicos obligaron a suspender una reunión informativa de la Cámara de Diputados. La Comisión de Mujeres y Diversidad tenía previsto reunirse este jueves con la participación de la ministra del área, Elizabeth Gómez Alcorta, pero el encuentro debió cancelarse por motivos de fuerza mayor.
La reunión, convocada por la diputada Mónica Macha (Frente de Todos), iba a iniciar a las 17, pero media hora después fuentes oficiales informaron que se postergaría para las 18.30 por problemas en el servidor Cisco Webex. Finalmente, la reunión debió cancelarse porque la plataforma “seguía caída a nivel mundial” y desde el soporte técnico no daban “certezas inmediatas”, indicaron.
Si bien la ministra se puso a disposición para reprogramar la reunión, los inconvenientes técnicos reavivaron el debate acerca de la posibilidad de sesionar de manera virtual, como pretende el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, debido a la imposibilidad de realizar una sesión convencional en el recinto por las medidas adoptadas en el marco de la pandemia.
En este sentido, la vicepresidenta Cristina Kirchner realizó una presentación este martes ante la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la validez de una sesión remota, algo inédito en el país más allá de algunas experiencias provinciales, como el caso de la Legislatura de Mendoza.
Por su parte, los diputados de Juntos por el Cambio se pusieron a disposición para sesionar de manera presencial con los recaudos sanitarios necesarios y en un recinto alternativo; y también accedieron a participar de una sesión virtual, aunque pidieron informes a Massa respecto de los convenios suscritos en los últimos días con el RENAPER y ARSAT.
