En su intervención durante la sesión informativa de este miércoles, el riojano Ricardo Herrera, vicepresidente primero de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, se refirió a la situación de la ya desaparecida moratoria previsional.

“Hay 3.000.000 de personas en el sistema previsional argentino que se han jubilado con los aportes correspondientes, además de los 3.500.000 que se han jubilado por el sistema de moratoria. En la respuesta que nos da, el jefe de Gabinete deja a 240 mil personas sin respuesta por parte del Estado Nacional, porque son las personas que no se van a poder jubilar en 2025, las mandan a la PUAM y hay gente que cumple la edad este año. ¿Cuál es la respuesta del Estado para este tema?”

Guillermo Francos, que ya había dejado claro que el Gobierno no piensa restablecer la moratoria previsional, le aclaró que, tal cual ha dicho el Ministerio de Capital Humano, la posibilidad de regularizar continúa vigente para aquellos empleados a los que les faltan aportes y estén a 10 años o menos de la edad jubilatoria. Señaló que en el caso de las personas que tengan 65 años o más y no reúnan los años de aporte necesarios, pueden acceder a la PUAM.

Valorizó que la PUAM permite tener ingresos por encima de la indigencia. “330.000 personas perciben la PUAM”, agregó, advirtiendo que “con el sistema jubilatorio que tenemos no es factible un sistema que no tiene los aportes correspondientes. Si no conseguimos generar a través de modificaciones determinadas normas, es muy difícil sostener el sistema previsional”.

Mientras en la Cámara de Diputados la oposición logró emplazar el tratamiento de la prórroga del sistema previsional en comisión, cuyo debate se inició esta semana, desde la Fundación Éforo emitieron un breve informe destacando el funcionamiento del sistema de moratorias en el país y detallaron cuántas personas pudieron jubilarse gracias a dicha ley.

La Ley 27.705 de Moratoria Previsional venció el pasado 23 de marzo, motivo por el que diputados de la oposición presentaron un paquete de iniciativas para que se prorrogue el sistema.

En el informe difundido por Éforo remarcaron que “la implementación de las distintas moratorias previsionales en los últimos 30 años permitió el acceso a una jubilación a personas que no contaban con los años de aportes requeridos por el sistema contributivo”.

“Actualmente, el 91% de la población adulta cuenta con algún tipo de cobertura brindada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según los últimos datos de ANSES: ○ 7.278.830 beneficios de jubilaciones y pensiones otorgados en 2024. El 59% de las jubilaciones y pensiones se deben a la implementación de las moratorias”, detallaron.

También destacaron que el 65,5% de las jubilaciones se explica por la implementación de alguna moratoria. “Se estima que el 81% de las altas de haberes jubilatorios de ANSES en 2023 se explican por la implementación de algunas de las moratorias de los últimos 30 años”, informaron.

Además, resaltaron que “a finales de 2024, cerca del 60 % de los jubilados lo hicieron a través de una moratoria, lo que implica que la mayoría de los beneficiarios no logró completar los 30 años de aportes requeridos”.

“Las personas que accedieron a un haber jubilatorio por moratoria pasaron del 10% del total de beneficiarios en 2006 al 50% en 2015”, aseguraron y sumaron que, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esta última moratoria representó un costo fiscal equivalente al 0,42% del PBI.

Desde la Fundación alertaron que “la suspensión de las moratorias significa que 8 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones, en el futuro inmediato, no accederán a un beneficio jubilatorio al incumplir los 30 años de aportes”.

“Las moratorias tienen un rol importante en lo que respecta a la cobertura del sistema previsional. Son una respuesta al proceso de precariedad laboral que ningún gobierno pudo remediar, una consecuencia directa de que en Argentina el 50% de la economía es informal. El tema de la moratoria tiene que estar en agenda y requiere del compromiso político y de la sociedad en su conjunto sobre cómo abordar un doble problema: el desfinanciamiento crónico del sistema previsional y la expansión de empleos informales que impiden a las personas jubilarse”, explicaron.

La vicepresidenta de la Fundación Éforo y exdiputada nacional, Carla Pitiot, manifestó: “Las moratorias son una respuesta al proceso de precariedad laboral que ningún gobierno pudo remediar a lo largo de décadas, cuya consecuencia directa es que Argentina el 50% de la economía es informal”.

“El tema de la moratoria pone en discusión algo sumamente complejo que es cómo abordar un doble problema: el desfinanciamiento crónico del sistema previsional y la expansión de empleos informales que impiden a las personas jubilarse”, planteó y cerró: “Pero en el mientras tanto no se puede abandonar a los trabajadores y trabajadoras, sino que hay que trabajar en políticas que permitan hacer una transición sin abandonar a los más vulnerables”.

Fundación Éforo - El dilema de las moratorias previsionales_ entre la inclusión y la sostenibilidad del sistema.docx

arrancó finalmente este miércoles el debate de los temas previsionales en el seno de un plenario de dos comisiones, una de las cuales -Presupuesto y Hacienda- había sido emplazada el día anterior por el pleno de la Cámara baja, para sumarse a Previsión y Seguridad Social para tratar los proyectos relacionados con esta cuestión.

Recordemos que el emplazamiento fue aprobado sobre el final de la reunión de este martes por 125 votos afirmativos, 77 negativos y 9 abstenciones.

Para establecer el eje del debate, tomó la palabra el inicio de la reunión la presidenta de la Comisión de Previsión, cabecera del plenario, la radical Gabriela Brouwer de Koning. En una reunión que se realizó en minoría, la cordobesa planteó dos ejes temarios para debatir.

“El régimen previsional presenta muchísimas dificultades, excepciones, desorden normativo, desigualdades, injusticias, y existe la necesidad de un análisis profundo para dotarlo de mayor equidad, justicia e igualdad”, arrancó Brouwer de Koning, quien precisó que “el mundo hoy atraviesa diferentes dificultades, los empleos se transforman, hay un 40% informalidad, el envejecimiento de la población a tasas europeas, y estos factores inciden en este sistema de gran envergadura que tiene el país”.

La diputada radical destacó la consecuencia de esa gran informalidad imperante, que establece que esas personas no aportan al sistema y no lo financian. Así las cosas, tampoco pueden después acceder a una jubilación digna, por no tener los aportes correspondientes. Por eso dijo que debían buscar una alternativa para atender esa situación.

Destacó la existencia de varios proyectos para incrementar el haber previsional, utilizando una variable que es principalmente el bono. “Esta realidad es la que hoy nos interpela”, sostuvo la presidenta de Previsión, remarcó el compromiso de ese plenario para “generar un debate sincero, responsable, para lograr alternativas y mejores soluciones que sean a largo plazo y puedan ser sostenidas en el tiempo”.

Por último, expresó la predisposición al debate para estas cuatro semanas en las que se abocarán intensamente al tema. Así se acordó escuchar este miércoles a los autores de proyectos, que son 21, y pidió que todos inviten a especialistas que “nos puedan dar luz a lo que estamos abordando, en los próximos dos encuentros”. Reclamó en ese sentido que aporten nombres de personalidades que quieran invitar y recordó que la semana del 6 de mayo la idea es dictaminar, con la esperanza de que después de un trabajo intenso lleguen a esa fecha con “las soluciones consensuadas”.

NOTICIA EN DESARROLLO

Entre las 12 y las 12.30 de este martes habrá tensión máxima en la Cámara baja, donde buena parte de la oposición busca realizar una sesión para tratar en principio la creación de una comisión investigadora por el escándalo $Libra, e interpelar y pedir informes a un puñado de altos funcionarios. Mientras que el oficialismo enciende velas para que las estimaciones que hacen se cumplan y la reunión fracase.

Pasa que el poroteo que realizan oficialistas y opositores inquieta a estos últimos, que ante las consultas periodísticas de este lunes se mantenían muy cautos.

Sucede que el Gobierno operó intensamente desde el jueves cuando se conoció el pedido de sesión para hacerla caer. En ese contexto, el bloque de Unión por la Patria -el más numeroso- reuniría a 93 de sus 98 miembros, en el caso de que faltaran los cuatro diputados catamarqueños y una santiagueña que ya no estuvo en el intento fallido de sesión registrado el 19 de marzo: Celia Campitelli.

Otro de los bloques que convocaron a la sesión es Encuentro Federal, de cuyos 15 miembros asistirían probablemente 9. Se estima que podrían estar ausentes 4 de sus 5 cordobeses; descontándose que sí se sentaría en su banca Natalia de la Sota.

Podrían faltar también los diputados alineados con los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, Jorge “Loma” Avila y Francisco Morchio, respectivamente.

De Democracia para Siempre, estarían al menos 9 de sus 12 integrantes. Se duda de Melina Giorgi, que responde al gobernador Maximiliano Pullaro; Marcela Antola, alineada con Rogelio Frigerio y Jorge Rizzotti, alineado con el gobernador jujeño.

La izquierda estaría completa (5); de Por Santa Cruz estaría uno de sus dos miembros; y los 6 de la Coalición Cívica. Tal vez sí asistan dos diputados del Pro, Alvaro González y Héctor Baldasi.

No habrá mayor presencia del Pro, ni del radicalismo, que nunca han estado del todo de acuerdo con la moratoria previsional, más allá de que la hayan votado, y ese es precisamente uno de los temas con los que convocan a sesionar.

Según ese poroteo, los asistentes podrían llegar a ser 125, en cuyo caso les faltarían 4 para el quórum.

Cuatro que, de todos modos podrían salir tal vez del radicalismo, aunque ya en la sesión fallida del 19 de marzo solo asistieron del partido centenario dos de sus diputados.

Recordemos que los temas relacionados con el caso Libra son los únicos que cuentan con dictamen. No así el resto, por lo que terminarán impulsando emplazamientos a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que acceda tratar tanto la emergencia en discapacidad, como los temas previsionales. Todo eso si se alcanza el quórum. Eso se sabrá, a más tardar, a las 12.30 de este martes.

Varias comisiones fueron citadas en la Cámara de Diputados para este martes y miércoles, entre las que se destacan un plenario para dictaminar el proyecto sobre régimen penal juvenil y el arranque del debate sobre iniciativas vinculadas a los jubilados.

La agenda del día martes podría tener reprogramaciones o cambios en función de si reúne quórum o no, y en caso de sí, cuánto se extiende, la sesión que fue convocada por la oposición para las 11.

El día martes a las 10 fue citada en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, cuyo temario incluye un proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el acuerdo marco entre la República Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, suscripto el 2 de noviembre de 2016 en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza; y otro por el cual se aprueba el Acuerdo de cooperación mutua para la vigilancia y control del espacio aéreo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay suscripto en la Ciudad de Montevideo el 29 de agosto de 2012; también proyectos de resolución y declaración.

Para las 16, en la Sala 4, fue convocada la Comisión de Defensa Nacional, que tratará proyectos de resolución; mientras que a las 16.30 en el Salón lllia del Senado hay prevista una reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que tendrá como tema principal dictaminar sobre la Cuenta de Inversión 2017.

En tanto, a las 17, en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara de Diputados, está citada la Comisión de Legislación Penal para designar autoridades vacantes y tratar un proyecto de declaración. Media hora después, se sumarán en un plenario Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, con el objetivo de emitir dictamen sobre régimen penal juvenil.

Para este miércoles, la Comisión de Agricultura y Ganadería tiene prevista una reunión informativa en el Salón Delia Parodi, de la que participarán productores agropecuarios para el debate sobre proyectos que proponen la baja de retenciones.

A la misma hora, pero en la Sala 6 del Anexo de la Cámara baja, comenzará en la Comisión de Previsión y Seguridad Social la discusión sobre la prórroga de la moratoria previsional, la creación de una prestación proporcional por aportes y cambios en algunos regímenes especiales de privilegio.

A las 11.30, en la Sala 4 del Anexo, la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas recibirá a representantes de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Fundación Pro Tejer, Cámara de la Industria del Calzado, Federación Industrial de Santa Fe y Fundación Observatorio PyME para exponer sobre la situación actual del sector.

Finalmente, a las 15, en la Sala 4, la Comisión de Legislación del Trabajo recibirá a representantes de asociaciones, de entidades sindicales y empresarias, y especialistas en la materia para el análisis y consideración de los proyectos para modificar las leyes 14.250 y 23.551, sobre cotizaciones ordinarias y extraordinarias y contribuciones de solidaridad.

Por su parte, en el Senado fueron convocadas para este martes las reuniones constitutivas de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a las 15 y 15.30, respectivamente, ambas en el Salón Illia.

Otro de los ítems en agenda es la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad con Suecia, programado para este martes a las 11 en el Bajo Recinto de la Cámara de Diputados, con la visita del embajador Torsten Ericsson. Luego tendrá lugar la inauguración de la muestra “La investigación e innovación sueca”, siendo el lugar en la planta baja del Anexo A - Espacio Expositivo.

Con la firma del secretario Parlamentario, Adrián Pagán, la Cámara de Diputados convocó a los diputados nacionales a sesionar este martes 8 de abril a partir de las 12, dando curso al pedido formulado el jueves pasado por 34 diputados encabezados por Pablo Juliano, de Democracia para Siempre.

La sesión es para debatir la conformación de una comisión investigadora sobre el caso $Libra, como así también interpelaciones y pedidos de informes sobre ese tema. También la emergencia nacional en discapacidad y por último una serie de proyectos relacionados con temas previsionales.

Todo lo inherente al escándalo cripto cuenta con dictamen. En cambio los otros temas no, por lo que buscarán en principio buscar los 2/3 para debatirlos sobre tabla -imposible-, y luego emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para debatir los otros proyectos, habida cuenta de que no se ha hecho eco de esas cuestiones.

En el caso de la emergencia por discapacidad, ya hubo dictámenes en las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad. Esta última realizó incluso la última semana una reunión informativa para esclarecer aún más sobre la situación imperante. Emplazarán así a la comisión que preside José Luis Espert para conseguir el dictamen que falta y llevar el tema al recinto.

Es lo mismo que harán con los temas previsionales, en este caso con plazo bien cercano. Sucede que para el día siguiente a las 10 de la mañana ha sido convocada la Comisión de Previsión Social que preside la radical Gabriela Brouwer de Koning y la idea es que Presupuesto sea sumada de esa manera a la convocatoria.

Sobre la cuestión previsional, los temas van desde la ampliación de la moratoria que venció hace dos fines de semana; hasta un bono extraordinario previsional, como así también proyectos que plantean un incremento excepcional y de emergencia para jubilados y pensionados. Además, hay proyectos para reconocer los años aportados, entre otras alternativas destinadas a los jubilados.

Si bien el temario es bastante amplio y diverso, la idea sería no extender la sesión más allá de las 17.30, de modo tal que pueda realizarse el plenario de comisiones que quiere darle dictamen a la reforma del Régimen Penal Juvenil. Eso sucederá si hay acuerdo entre los bloques en la reunión de Labor Parlamentaria que será convocada para una hora antes del mediodía.

El pedido de sesión fue formulado por los diputados Pablo Juliano, Germán Martínez, Miguel Angel Pichetto, Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Cecilia Moreau, Carla Carrizo, Paula Penacca, Emilo Monzó, Sabrina Selva, Marcela Coli, Margarita Stolbizer, Eduardo Toniolli, Facundo Manes, Nicolás Massot, Danya Tavela, Bernardo Herrera, Fernando Carbajal, Mónica Fein, Eugenia Alianello, Mariela Coletta, Esteban Paulón, Brenda Vargas Matyi, Juan Carlos Polini, Leopoldo Moreau, Manuel Aguirre, Julia Strada, Luana Volnovich, Itai Hagman, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo y Pablo Yedlin.

Con la firma de 34 diputados de un amplio abanico de diputados de casi todos los sectores, parte de la oposición en la Cámara baja pidió una sesión para el martes que viene, 8 de abril, a las 12 del mediodía, con un temario que contempla 22 expedientes, más pocos dictámenes.

El primer desafío de este conglomerado opositor que cuenta con la anuencia de los bloques Democracia para Siempre, Unión por la Patria, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, será alcanzar el quórum. Cuentan con el antecedente de haber intentado ya realizar una sesión sobre el tema previsional, el pasado 19 de marzo, oportunidad en la que no alcanzaron a reunir el número suficiente de legisladores para sesionar, pero tan lejos no estuvieron: alcanzaron a sumar 124 diputados, por lo que se descuenta que este martes podrán alcanzar el quórum.

El temario es muy amplio y comprende los mismos temas que habían llevado al recinto ese miércoles de marzo, pero le han sumado varios proyectos más y los temas relacionados con el caso de la criptomoneda $Libra. Ese es el único tema que cuenta con dictámenes, alcanzados precisamente ese 19 de marzo.

Son tres órdenes del día, a saber: uno que crea una comisión investigadora sobre el escándalo que involucra al presidente Javier Milei; otro que prevé interpelaciones a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo, también sobre el caso $Libra; y un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el mismo tema.

También piden tratar un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el estado de situación de la obra pública en ejecución, financiada por el Gobierno nacional en cada una de las 24 jurisdicciones del país.

Hasta ahí los temas con dictamen. Luego vienen proyectos que pondrán a consideración sobre tablas, a sabiendas de que no tendrán obviamente número para conseguir los dos tercios, por lo que después irán por el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se rehúsa a tratar temas que impulsan desde la oposición. Como la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Ese tema cuenta con dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, como así también la Comisión de Discapacidad, que dicho sea de paso también realizó este jueves una reunión informativa aun cuando antes ya había logrado el dictamen correspondiente sobre el tema.

En lo que hace a la cuestión previsional, los temas van desde la ampliación de la moratoria que venció hace dos fines de semana; hasta un bono extraordinario previsional, como así también proyectos que plantean un incremento excepcional y de emergencia para jubilados y pensionados. Además, hay proyectos para reconocer los años aportados, entre otras alternativas destinadas a los jubilados.

El pedido de sesión cuenta con las firmas de Pablo Juliano, Germán Martínez, Miguel Angel Pichetto, Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Cecilia Moreau, Carla Carrizo, Paula Penacca, Emilo Monzó, Sabrina Selva, Marcela Coli, Margarita Stolbizer, Eduardo Toniolli, Facundo Manes, Nicolás Massot, Danya Tavela, Bernardo Herrera, Fernando Carbajal, Mónica Fein, Eugenia Alianello, Mariela Coletta, Esteban Paulón, Brenda Vargas Matyi, Juan Carlos Polini, Leopoldo Moreau, Manuel Aguirre, Julia Strada, Luana Volnovich, Itai Hagman, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo y Pablo Yedlin.

Recién en la segunda semana de abril se reactivaría la Cámara de Diputados, luego de semanas en las que solo trabajaron algunas comisiones.

Tuvieron que ver en esta suerte de “parate” los feriados del 24 de marzo y el de esta semana del 2 de abril, aunque también hubo actividades de las que tomaron parte numerosos legisladores que viajaron al exterior. Por caso, la RAE organizó la semana pasada un encuentro en España, en tanto que esta semana hay otro del CIAS en Chile, en ambos casos sobre liderazgo político.

Por eso parte de la oposición está previendo pedir realizar una sesión para la segunda semana de abril. La fecha sería el martes 8, y estaría destinada a emplazar al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, a convocar a la misma para tratar los proyectos de moratoria previsional y emergencia en discapacidad. En el caso de la moratoria, la Comisión de Previsión Social ha sido convocada por su presidenta, Gabriela Brouwer de Koning para el miércoles 9 de abril a las 10 de la mañana, en tanto que la declaración de emergencia en discapacidad ya tiene dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública y este jueves harían lo propio en la Comisión de Discapacidad, por lo que también quedaría pendiente esa tarea en Presupuesto y Hacienda.

También sería intención de la oposición debatir los proyectos sobre la creación de una comisión investigadora del caso $Libra, como así también interpelaciones y pedidos de informes a funcionarios sobre ese escándalo.

Todo apunta al martes 8, por cuanto esa semana estará marcada también por el paro de la CGT previsto para el jueves 10 y la movilización del miércoles 9 por los jubilados, que contará ese día con la presencia de columnas cegetistas, según se anticipa.

Recordemos que la semana siguiente volverá la actividad limitada en ambas cámaras, por los feriados de Semana Santa, y para la siguiente se prevé, probablemente el miércoles 23, la primera visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la Cámara baja.

Será el informe que establece el artículo 101° de la Constitución Nacional, por el cual el funcionario debe concurrir cada mes al Congreso. Desde que está en el cargo, Francos solo lo hizo una vez al Senado, de ahí que corresponde que ahora vaya a la Cámara baja, donde en realidad no quieren mezclar los temas: reclaman que el informe sobre el caso $Libra sea estrictamente referido a ese tema y no en el marco de la presentación del informe bimestral que marca la Constitución.

 

La presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Gabriela Brouwer de Koning, se refirió al debate que se iniciará el próximo 9 de abril a raíz del fin de la moratoria y la situación de miles de personas que, en edad de jubilarse, no podrán hacerlo por falta de años de aportes.

La radical aseguró que buscarán “poder generar alguna alternativa para que las personas que estén en edad de jubilarse puedan acceder al sistema previsional”. “Cuando hablamos de sistema previsional estamos hablando de una de las políticas más importantes que tiene el Estado, por la cantidad de personas que abarca y la cantidad de recursos, cerca del 10% del PBI actualmente”, detalló.

En declaraciones a radio Continental, la cordobesa señaló que habrá “dos caminos”: uno, el de “extender y continuar con la moratoria” como propuso Unión por la Patria; y el otro “que desde el radicalismo proponemos, se trata de una prestación proporcional de retiro”.

En ese sentido, Brouwer de Koning explicó que hay personas que no han aportado los 30 años, pero sí han realizado aportes y “el Gobierno usa ese dinero, porque está ingresado al sistema, y no se lo devuelve; esa situación es injusta”.

No obstante, la legisladora opinó que “las moratorias siempre fueron soluciones a corto plazo que generan muchísimo desfinanciamiento en el sistema”. Por eso, consideró que la prestación proporcional “puede ser una alternativa justa”.

Además, la radical afirmó que “sería necesario hacer una revisión integral” del sistema y “poner en debate” las jubilaciones de privilegio. “Los regímenes especiales abarcan el 40% de los fondos del sistema previsional. Ya no son excepcionales, se empezaron a incrementar por diferentes motivos”, apuntó.

“¿Cómo no va a haber desigualdad en los montos? El haber mínimo hoy es paupérrimo”, cuestionó y, en alusión a los dichos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se preguntó si un proyecto de estas características dirá de dónde saldrá el financiamiento, la diputada expresó: “Bueno, yo lo desafío. ¿Por qué no presentan el Presupuesto? Para debatirlo. Ahí vamos a encontrar los fondos. Esta es una cuestión de prioridades”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este martes que el retiro de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema no es algo que vaya a realizar el Poder Ejecutivo.

"No, no lo evalúa el Gobierno. No los va a retirar", respondió durante una entrevista en radio Futurock sobre la opción de que Casa Rosada pida la salida de los pliegos enviados al Senado, donde fue convocada una sesión para su tratamiento el próximo 3 de abril.

Ante la presión de Unión por la Patria de voltear las designaciones, luego que el presidente Javier Milei nombrara a ambos por decreto -aunque el juez federal Lijo todavía no pudo asumir, pues la Corte no le aceptó la licencia en su cargo-, la Comisión de Acuerdos se reunió para habilitar el dictamen de García-Mansilla, quien sí ya está en funciones en el máximo tribunal. Por su parte, el de Lijo había logrado las adhesiones necesarias en febrero pasado, pero no tuvo garantizados los votos para aprobarse en el recinto y, en la última semana de ese mes, Milei avanzó por decreto.

"Ambos ministros de la Corte fueron designados por decreto en función de las facultades constitucionales y están en funciones hasta el 30 de noviembre de este año cuando finalice el periodo de sesiones", defendió Francos.

La alternativa de retirar los pliegos había sido un pedido/sugerencia de algunos aliados, incómodos con tener que ir al recinto a levantar la mano por una postura u otra. Cabe recordar que, para su aprobación, los pliegos requieren el aval de dos tercios de los presentes; mientras que, en caso de asistencia perfecta, 25 senadores en contra podrían bloquear una designación.

El jefe de Gabinete agregó que en el caso de Lijo, "todavía no ha asumido, pero veremos qué hace; deberían preguntarle a él". "Con respecto a García-Mansilla, él puede seguir en su cargo constitucionalmente" aún si el Senado le rechaza el pliego, consideró el funcionario.

Por otro lado, consultado sobre los distintos proyectos vinculados a dar una respuesta al fin de la moratoria previsional, que comenzarán a debatirse el próximo 9 de abril, Francos aseveró que "el Gobierno no va a aprobar ningún proyecto de estas características, que no tenga claramente establecido cómo se financia".

"Todos estos proyectos de moratoria han generado un caos en el sistema previsional argentino, que ha terminado desfinanciado", sumó y sobre si habría un veto ante una eventual ley, dijo que eso sería "una decisión del presidente". No obstante, reiteró que "el Gobierno no está de acuerdo con el sistema de moratorias".

Finalizó este domingo 23 de marzo la moratoria previsional, a partir de lo cual aquellas personas que no tengan los 30 años de aportes previsionales no podrán jubilarse por el método implementado durante los gobiernos de los Kirchner. Según se calcula, quedarán alcanzados por esta medida alrededor de medio millón de personas que solo podrán jubilarse con una alternativa votada durante la gestión de Cambiemos.

Pero veamos ahora cómo llegamos hasta aquí. La primera moratoria fue lanzada durante la primera gestión kirchnerista, por el presidente Néstor Kirchner en el año 2005. El santacruceño lanzó entonces lo que se conoció como el Plan de Inclusión Jubilatoria, argumentando entonces que tres décadas de desempleo e informalidad laboral, más un sistema jubilatorio privatizado, habían dejado sentadas las bases para que de cada diez personas en condiciones de jubilarse, cinco quedaran afuera.

Se dijo entonces que la mayoría de los que se incorporaron a ese primer Plan de Inclusión Jubilatoria había hecho aportes. Aunque el promedio del mismo era sensiblemente bajo: solo 12,7 años de aportes; esto es, les faltaba 17,3 años para completar los 30 de aportes necesarios. Y ante los cuestionamientos que se escucharon entonces, alertando que esa medida impactaría sobre el resto de los jubilados por cuanto acrecentaría el número de beneficiarios afectando el sistema previsional en su conjunto, respondían desde el Gobierno con la pregunta de si sería justo que esas personas perdieran sus 12 años de aportes. Pero además, al “comprar años” los beneficiarios de las nuevas jubilaciones, contribuirían con ese aporte a sostener el sistema.

El 9 de septiembre de 2014, Cristina Fernández de Kirchner promulgó la Ley de Moratoria Previsional que alcanzaba a aquellas personas que reunían la edad exigida por ley para acceder a una prestación previsional, si regularizaban los aportes mínimos exigidos. Más los adultos mayores sin prestación previsional, o que, si contaban con ella, la misma no superara la mínima.

El Segundo Plan de Inclusión fue presentado por Cristina Kirchner como una ley de universalización del sistema previsional argentino. “Hemos cubierto con esta ley, con este proyecto del Ejecutivo, que fue remitido al Parlamento y fue aprobado, diez años, de 1993 al 2003, que no habían sido incluidos en la anterior moratoria, y que justamente era una de las décadas donde mayor grado de desocupación y mayor grado de exclusión; mayor grado de gente que no podía haber alcanzado la cantidad de años de trabajo para poder jubilarse”, fundamento la entonces presidenta en un acto.

CFK venía de haber vetado cuatro años antes el 82% móvil para los jubilados, que establecía una jubilación mínima equivalente al 82% del salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores activos. Fue la segunda ley que obligó al entonces vicepresidente de la Nación Julio Cobos a desempatar. Lo hizo en contra de su Gobierno, y vino el veto de Cristina, que argumentó que su implementación implicaría la quiebra del Estado.

En la apertura de sesiones de ese año, el 1° de marzo de 2014, Cristina Kirchner había dicho respecto del sistema de seguridad social que “entre 2003 y 2013, el aumento de la cantidad de jubilaciones fue del 87%. O sea, de tres millones pasamos a casi seis millones de jubilados: 5.907.000. Y el 46% fue por moratoria”.

En el mismo período, las pensiones no contributivas pasaron de 433 mil a 1.453.000 para aquellos hombres y mujeres de los sectores más vulnerables, lo que representó un aumento del 322%, añadió. “Como les decía -continuó Cristina, flanqueada entonces por el vicepresidente Amado Boudou y el titular de la Cámara baja Julián Domínguez-, somos el país de mayor cobertura previsional, con 93,8% de hombres y mujeres en condiciones de jubilarse que están efectivamente cobrando una jubilación o una pensión normal o contributiva”.

Esa segunda instancia del plan de inclusión incorporaba a aproximadamente 470 mil personas al sistema previsional. Fue convertida en ley en Diputados el 27 de agosto de 2014 por 202 votos a favor y 4 abstenciones, que correspondieron a dos integrantes de Suma Más Unen, el partido de Martín Lousteau, y dos de los tres miembros de la Coalición Cívica.

Esa segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional de 2005 estaba destinada a los autónomos y monotributistas que, habiendo cumplido la edad jubilatoria -o cumpliéndola en los dos años de vigencia de la norma-, no contaran con los 30 años de aportes.

Los tiempos de Cambiemos

Convencido de que los jubilados eran un electorado propio, el Gobierno de Mauricio Macri implementó la Reparación Histórica para los jubilados, que impulsó junto al blanqueo de capitales. Benefició a 740.000 jubilados que mejoraron sus haberes y cobraron retroactivos; pero menos del 6% de ellos tenían acciones contra el Estado, con lo que bajó muy poco la cantidad de juicios. Y tuvo un alto costo fiscal.

Por eso los reproches que hizo quien luego sería candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Angel Pichetto. El entonces presidente del bloque de senadores del peronismo, consideró que la decisión de impulsar esa reparación histórica fue “un error”. A su juicio, “había algunos funcionarios que entendían que el blanqueo favorecía a los ricos, y que había que hacer algo por los pobres, los jubilados”. Entrevistado para el libro “Gobernar en Minoría”, de José Angel Di Mauro, Pichetto no dudó en señalar que esa fue “una tontería”, ya que “nosotros no íbamos a votar en contra del blanqueo”. Sostuvo Pichetto que la Reparación Histórica le significó al Estado 1,9 puntos del producto e incrementó el déficit fiscal.

En ese mismo libro el diputado Luciano Laspina justificó la medida en que el Gobierno creía que se trataba de “una medida revolucionaria desde el punto de vista previsional, y justa. Y encontró en esa ley una oportunidad para no demorar una discusión por un eventual blanqueo. No porque en el fondo nadie pensara que un blanqueo no pasara. Y en definitiva, mejoraba un poquito la discusión de la letra chica del tema, pero no mucho más”.

El proyecto de ley llegó al recinto de Diputados en forma de ley ómnibus y fue aprobado por 162 votos, 76 en contra y 3 abstenciones, al cabo de un debate de poco más de 12 horas.

Dos semanas después, el 30 de junio de 2016, el Senado convirtió en ley el proyecto por 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

Dentro de esa ley ómnibus figuraba la Pensión Universal a la Vejez, conocida luego como PUAM (Pensión Universal para Adultos Mayores). Pero no terminaba con la moratoria previsional impulsada por los Kirchner.

En esa sesión Cambiemos contó con el respaldo de los bloques de Sergio Massa y Diego Bossio, dos exdirectores de la ANSes. Justamente a pedido del bloque de Bossio, se extendería por tres años más la moratoria previsional lanzada por los gobiernos kirchneristas para que aquellos que tuvieran la edad jubilatoria, pero no los aportes necesarios, pudieran recibir la jubilación correspondiente, con un descuento de los aportes que no habían hecho.

Las prórrogas de Alberto

Previsiblemente, el Gobierno de Alberto Fernández fue prorrogando la vigencia de la moratoria. Pero a falta de votos en el recinto, lo hizo por decreto. El tema se complicó hacia fines de 2022, cuando fue demorándose una y otra vez el tratamiento del proyecto para extender el plan de pago de deuda previsional que alcanzaría a 800 mil personas. En esos días la relación entre el oficialismo y la oposición se había complicado mucho y varias sesiones fracasaron por falta de quórum, entre ellas la que debía confirmar a Cecilia Moreau al frente de la Cámara baja. Así, quedó esa norma sin ser aprobada, por lo que el gobierno la incluyó en un temario de 28 proyectos a tratarse en extraordinarias.

Ya se sabe que era costumbre del Gobierno de Alberto Fernández mandar decenas de proyectos a extraordinarias, que en general no eran tratados ni siquiera en comisiones. Así había sucedido los últimos dos años y estuvo a punto de suceder en 2023, hasta que a 3 minutos de que concluyera el tiempo para alcanzar el quórum, arrancó esa sesión en la que se debatieron solo dos de los 28 temas que había enviado Alberto: la moratoria previsional y el proyecto de historias clínicas digitales.

Fue el 28 de febrero de 2023, con 134 votos a favor y 107 en contra. Durante ese debate, el diputado Luciano Laspina expresó sobre las moratorias que las mismas “son más la consecuencia que la causa de los problemas previsionales, del déficit de nuestro sistema previsional, y que ha llevado a la licuación sitemática de las jubilaciones a lo largo de los últimos años. En particular de los que tuvieron contribuciones en tiempo y forma”.

Esa prórroga es la que acaba de vencer y que la oposición tratará de volver a poner en agenda, aunque el oficialismo no tiene ninguna intención de tratarlo.

Como sea, amerita un debate que de una u otra forma tendrá que darse.

Hacer algo con los 30 años de aportes

Actualmente el sistema previsional está compuesto por más de 7,5 millones de jubilaciones y pensiones. Esto no equivale al número total de jubilados, dado que una misma persona puede poseer más de un beneficio. De ese total, el 59,5% (4,3 millones) fueron obtenidas a través de una jubilatoria.

Por citar un caso: en el año 2024 se otorgaron 427.505 jubilaciones. De ellas, 313.950 fueron por moratoria.

Un informe de IDESA difundido los últimos días resulta bastante ilustrativo. El mismo confirma un dato que estremece: la mayoría de los que se jubilaban hasta que cayó la moratoria acumula menos de 10 años de aportes. Veamos:

52% Menos de 10 años

30% Entre 25 y 30 años

18% Entre 25 y 30 años

(Fuente: IDESA en base a la subsecretaría de Seguridad Social)

Aproximadamente dos tercios de quienes llegan a la edad de jubilarse apelan a la moratoria porque no cumplen el mínimo de 30 años de aportes.

Así las cosas, si no se renuevan las moratorias, toda esa gente deberá postergar el retiro o acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación aprobada en 2016 representa el 80% del valor de la jubilación mínima. Pero además tiene dos importantes defectos, según IDESA: el primero es que no reconoce aportes realizados por debajo de los 30 años. Es decir, una persona con ningún aporte y otra con 29 años aportados, reciben la misma PUAM. El segundo es que no permite seguir trabajando, cuando las jubilaciones contributivas sí lo permiten.

Podría agregarse que las mujeres solo pueden acceder al beneficio a partir de los 65 años, igual que los varones, y no da derecho a una pensión por fallecimiento para cónyuges, hijos menores ni con discapacidad. Tampoco es compatible con una pensión por fallecimiento, como ocurre con muchas mujeres que cobran una pensión una vez fallecida su pareja.

El requerimiento de 30 años de aportes viene de la época en que el sistema previsional era mixto, combinando reparto con capitalización.

En el régimen de reparto, el requisito era y es los 30 años de aportes, mientras que en el de capitalización no se aplicaba un mínimo de aportes dado que la gente se jubilaba cuando quería, con la renta que se derivaba de su cuenta de capitalización.

El problema es que cuando se eliminó el régimen de capitalización, se cometió el error de no revisar esta regla. Consecuentemente, el requisito de un mínimo de 30 años de aportes quedó para todas las prestaciones. Para IDESA, como esta barrera excluye a la mayoría de la gente, en lugar de subsanar el error, se apeló a las moratorias, profundizando la crisis financiera del sistema previsional y la injusticia de dar jubilaciones contributivas a gente sin aportes.

Claramente el desafío es encontrar ahora una mejor alternativa que renovar las moratorias, que más allá del beneficio que han generado, provocaron una degradación del sistema previsional.

En la búsqueda de alternativas, IDESA ofrece la de eliminar el mínimo de 30 años de aportes.

De esta manera, para las personas con pocos aportes, se puede contemplar la PUAM como piso. El monto de este beneficio debería ser creciente, en función de la cantidad de aportes acumulados, y se debería permitir a los beneficiarios de la PUAM seguir trabajando, como al resto de los jubilados.

Hay en la actualidad 7.434.000 asalariados registrados y 5.440.000 trabajadores informales. El número de jubilados asciende a más de 7,5 millones. En Argentina, históricamente se ha considerado que se necesitan 3 trabajadores activos por cada jubilado, para que el sistema de jubilaciones y pensiones se autofinancie. Por cada jubilado, hoy hay apenas 1,5 aportantes activos al sistema. La relación activos/pasivos es clave para la sostenibilidad de las jubilaciones.

El debate que viene

El pasado 19 de marzo, a continuación de la sesión que blindó el DNU del acuerdo con el Fondo, la oposición más dura intentó realizar una sesión para tratar justamente el tema previsional, particularmente los proyectos referidos a la moratoria previsional. No alcanzaron a reunir el quórum, pero el tema seguirá generando atención en el Congreso, donde insistirán con prorrogar la moratoria.

Justamente con ese objetivo hay proyectos de los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Vanina Biasi, presentados el 18 y el 14 de febrero pasado, respectivamente, para extender por 2 años la moratoria.

También hay proyectos de los diputados de Unión por la Patria Brenda Vargas Matyi (29/01/25), Leopoldo Moreau (7/11/24) y Andrea Freites (13/03/25), todos para prorrogar por 2 años el capítulo II de la Ley 27.75.

Hay otro de Gisela Marziotta, del 10 de marzo pasado, para extenderlo 10 años.

Hubo también un proyecto del riojano Ricardo Herrera, del 16 de enero, para incluir el tema en extraordinarias.

Como sea, es un debate que volverá a darse en el Congreso y sobre el cual el Gobierno no debería quedarse a esperar que suceda, confiado en conservar la herramienta del veto como resguardo.

Si alguna duda quedaba de que este miércoles sería intenso en el Congreso de la Nación -y ni qué decir en sus alrededores-, este martes a las 21 se conoció un pedido de sesión elevado por todos los miembros del bloque de Unión por la Patria para las 19 de este miércoles, a fin de tratar una serie de proyectos relacionados con los jubilados.

Lo explicaron los propios miembros de UP a través de un comunicado en el que dijeron defender “la agenda del pueblo”, al anunciar que querían avanzar con la prórroga de la moratoria previsional; aumento de emergencia a los jubilados, y medicamentos para los afiliados del PAMI.

El temario incluye cinco proyectos de ley. Los relacionados a la moratoria corresponden a Nicolás del Caño , Brenda Vargas Matyi y Leopoldo Moreau, para prorrogar por dos años la moratoria previsional.

También figura un proyecto de la jefa del bloque de Innovación Federal, Pamela Caletti, y otro de Luana Volnovich, en ambos casos para modificar el artículo 2° de la Ley 19.032 sobre Gratuidad de Medicamentos Esenciales.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, hizo lugar a la solicitud, convocando a la hora pedida por Unión por la Patria.

Recordemos que para las 10 de la mañana ya estaba convocada una sesión especial pedida por diputados de La Libertad Avanza y el Pro, con el fin de tratar el DNU 179/25 del acuerdo con el FMI. El oficialismo tiene intenciones de que la sesión no sea extensa -querrían que concluyera para las 15- y para eso anticiparon que se acordaría que en la sesión fueran emplazadas las comisiones para este miércoles a las 18, a fin de emitir los dictámenes relacionados con las causas de la criptomoneda $Libra. Sin embargo la oposición dio por dictaminados ambos despachos y eso será parte de la discusión de la primera de las sesiones convocadas para este supermiércoles.

La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley con el fin de extender por 10 años la moratoria previsional establecida en 2023 por la Ley 27.705, ya que la misma finaliza en marzo de 2025.

“En nuestro país, las moratorias previsionales se implementaron como un instrumento clave de la política social, en tanto han permitido garantizar el acceso a jubilaciones y pensiones a personas que no pudieron completar los aportes necesarios durante su vida laboral. En la mayoría de los casos estamos hablando de personas que trabajaron en empleos no registrados, o realizaron labores no remuneradas como son las tareas de cuidado”, argumentó.

Señaló en tal sentido que “desde la primera moratoria en el gobierno de Néstor Kirchner, estos instrumentos han tenido un impacto positivo en la reducción de la pobreza y la desigualdad entre los adultos mayores. Por ello la nueva moratoria reparará las inequidades, sobre todo en el caso de las mujeres, puesto que de lo contrario 7 de cada 10 mujeres quedarían sin cobertura alguna”.

Según la senadora kirchnerista, “la implementación de una nueva moratoria, en estos términos, permitiría sumar más de 700.000 personas al sistema previsional solamente en el primer año de puesta en marcha, convirtiéndose en un poderoso instrumento de inclusión social”.

“Su sanción ampliará derechos humanos básicos, progresivos y de obligatorio cumplimiento, establecidos por la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que tiene jerarquía constitucional  en Argentina desde finales del 2022”, concluyó.

A un mes para que se derogue la Ley 27.705 de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación, el diputado nacional Ricardo Herrera (UP) solicitó un pedido de apartamiento para tratar, en la sesión de este miércoles en la Cámara baja, un proyecto de resolución 7543/24 de su autoría a fin de prorrogar la moratoria.

“Es un proyecto que lo hemos presentado con más de 50 firmas. Previamente he escuchado al diputado Nicolás del Caño hacer referencia a este tema y creemos que es muy importante su tratamiento. Lo he dicho la sesión pasada es un tema que está en la agenda de la gente y por eso debe ser tratado porque 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no van a poder jubilarse a partir del 23 de marzo”, advirtió.

Herrara señaló que “no es un tema menor. La Ley de Bases en el artículo 77 inc. C hablaba de condonación de deuda por capitales intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social”.

Así, criticó: “Vamos a premiar a aquellos evasores que no hicieron los aportes a los trabajadores, y a los trabajadores que están solicitando y están queriendo pagar su deuda previsional que quieren hacer los aportes y se quieren jubilar mediante una moratoria, se les va a negar esa posibilidad”. “Estamos pidiendo que se reconsidere y se ponga en tratamiento en este temario el tema de la moratoria previsional”, pidió.

El riojano explicó: “El 23 de marzo vamos a condenar a una rebaja del 20% de las jubilaciones porque vamos a ir camino a una PUAM que significa una rebaja del 80% de la jubilación mínima porque el 85% de las personas que están en condiciones de jubilarse en el país no lo van a poder hacer. Es un tema que urge. En el 2024 en el primer trimestre 260 mil personas se jubilaron, 160 mil lo hicieron por moratoria”.

La votación resultó rechazada con 96 votos afirmativos, 100 negativos y 3 abstenciones. Cabe destacar que este martes en una reunión informativa de la Comisión de Personas Mayores, organizaciones de jubilados reclamaron por la prórroga previsional. El reclamo de Unión por la Patria para el tratamiento de la moratoria no es nuevo, ya que el pasado 17 de enero el diputado Pablo Todero le había sugerido a la vice Victoria Villarruel que agregue dicho tema al periodo extraordinario teniendo en cuenta que se quedaba a cargo del Ejecutivo por una semana.

De cara a que el Congreso de la Nación reabra sus puertas para darle lugar a las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, el bloque de Unión por la Patria solicitó que se incluyan en el temario las iniciativas sobre la moratoria previsional.

El texto agrega: “Expresar preocupación por la situación de angustia e incertidumbre de quienes estén próximos a cumplir la edad jubilatoria y no cuenten con la totalidad de años de aporte”.

El Gobierno incluyó en la Ley Bases la derogación de la Ley 27.705, de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, más conocida como la moratoria previsional para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación. Así, la moratoria se elimina, pero a propuesta de la oposición dialoguista se había agregado la creación de una “Prestación de Retiro Proporcional” para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y no cumplan con los requisitos necesarios.

“Solicitamos al P.E que incorpore al temario de extraordinarias, los proyectos de moratoria previsional. El 23 de marzo vence el plazo de la moratoria vigente. Sin la prórroga de la ley, sólo podrán jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones. En todas esas personas se fundamenta nuestro pedido, que tiene el acompañamiento de diputados y diputadas nacionales”, escribió el diputado riojano Ricardo Herrera.

En línea con la postura del oficialismo, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, cargó contra la oposición e ironizó que “hacen como que ponen el tema en agenda y nos quieren enseñar de política y no es así”. De igual modo, refirió a que este debate estaba contemplado en la Ley de Bases original.

Por otro lado, defendió que “faltan a la verdad cuando dicen que el problema empezó el 10 de diciembre” porque “la democracia está en deuda con los jubilados”, sumó. Al igual que Juan Carlos Pagotto anticipó su favor en favor de algunos artículos (no en la general) y cerró: “Cuando ustedes gobernaban la jubilación estaba en 90 dólares, hoy está en poco más de 200”.

Tras la aprobación de la ley, Abdala dialogó con la prensa acreditada y señaló: "El tema importante que le interesa a la ciudadanía como fue el tema de la Ley Previsional. Se ratificó lo que vino de Diputados. Desde el bloque oficialista intentamos tener una ley diferente donde acompañamos en varios artículos, pero hubo cuatro artículos esencialmente que entendíamos que afectan el erario público, motivo por el cual, queríamos una ley que se modificara, que se nos escuchara. Había diferencia, no tanto en la cuantía, sino en el tiempo, pero todos vieron lo que sucedió".

"Es una ley que sancionó el Cuerpo y si se veta es responsabilidad y criterio del presidente", expresó y recordó que plantearon el tema de la movilidad desde la Ley Bases y "siempre fuimos conscientes de que la democracia está en deuda con los jubilados desde hace tiempo, pero recibimos un país en llamas que hay que darle estabilidad y más ingreso para el sector previsional y tenemos la misma sensibilidad para que los trabajadores y jubilados vivamos mejor".

"A partir de ahí entramos en otro tema que fue tan importante que ha tomado un estrépito fuerte como el salario de senadores. Se vivió claramente que los senadores retrotrajeron estar pegados a este aumento salarial que, por cierto, es muy meritorio para los empleados de la casa y, a partir de allí, se analizaron proyectos para generar transparencia en los salarios de funcionarios públicos en general porque nadie debe ganar más que el presidente. Hay proyectos elaborados desde hace tiempo", comentó sobre la iniciativa de retrotraer las dietas.

Así, informó que "se van a tratar próximamente en comisión" las iniciativas que proponen un tope salarial a funcionarios y sumó: "Esperemos que, a partir de ahí, el tema quede zanjado por el bien de los argentinos porque el tema de salarios es difícil de explicarlos, pero también somos conscientes de que nadie debe ganar más que el presidente que es la máxima autoridad".

"Los senadores vamos a ganar lo mismo que se venía ganando anteriormente aproximadamente unos $ 7 millones en bruto", afirmó el puntano que con los descuentos queda en poco más de $ 4,5 millones en mano.

En su intervención por el debate del proyecto de jubilaciones, el senador oficialista Juan Carlos Pagotto (LLA) hizo referencias al desfinanciamiento del sistema previsional y anunció que va a votar en contra, en general, pero va a acompañar varios artículos.

También habló de la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete al proyecto de ley y envió un mensaje contra la oposición: “Acá hubo quienes vetaron el 82% móvil”, al recordar que la exmandataria Cristina Kirchner anuló la Ley del 82% móvil en 2010. “Esto de mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio es un problema que no hace a la unión de los argentinos”, agregó.

“Coincido que el sector más desprotegido son los jubilados”, aseveró el legislador oficialista. De igual manera, relató: “Había un viejo general que dijo que la estatización de la caja previsional era un robo ¿Todos saben de quien me refiero? Fue el general Juan Domingo Perón”.

Así las cosas, expresó: “El sistema jubilatorio ha sido ampliado de superlativamente, en la moratoria, porque no ha habido un control estatal en los aportes y la gente que llega a una edad determinada necesita de la seguridad social”. “No podemos desconocer que esta es una realidad que ha colapsado el sistema previsional”, cuestionó Pagotto al manejo de la caja jubilatoria de los últimos años.

También, reflexionó que “las provincias deben asumir las culpas de que han desfinanciado el sistema jubilatorio”, y cargó que “se aumentan los salarios en rubros no remunerativos que no aportan a la seguridad social”. Enfatizó, además, que “hay que solucionar el problema de los jubilados de una vez y para siempre”.

Por otro lado, defendió al Gobierno nacional y manifestó que “Milei comete errores como cualquier ser humano, pero el veto es un recurso constitucional, no es traído por él”. También, advirtió que “quiero dejar en claro que las AFJP eran optativas, no obligatorias”.

Finalmente, el senador riojano anticipó: “Voy a votar en contra de este proyecto, pero a favor de muchos artículos”. “Los invito a todos a construir un país que ayude a quienes han trabajado para engrandecer a este país y no que sigamos desfinanciado el sistema por la creación de rubros no remunerativos”, cerró.

Entre los invitados a exponer en el plenario de comisiones del Senado de este martes estuvo María Lucila “Pimpi” Colombo, que en su rol de titular del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina habló largamente respecto de la eliminación de la moratoria previsional, ya que tras exponer fue centro de varias preguntas sobre el tema.

La última se la formuló la senadora camporista Eugenia Duré, quien leyó unas palabras del presidente Javier Milei, que dijo le gustaría que la invitada hiciera un análisis. “Sobre todo, teniendo en cuenta el trabajo que hemos hecho en la historia las mujeres para que se reconozca el tiempo y las tareas de cuidado”, señaló la senadora fueguina.

Milei dijo en ese pronunciamiento sobre la moratoria previsional que “se debería hacer una separación entre lo que es una asistencia y no mezclarlo con las jubilaciones, porque entonces queda degradado el concepto de jubilación”. Y agregó: “Mi  papá y mi mamá tienen la misma jubilación. ¿Cómo puede ser? Mi mamá no trabajó y mi papá sí”.

Pimpi Colombo dijo haberle contestado al presidente en ese momento, “porque la verdad que dio vergüenza -recordó-. Dio vergüenza por muchas razones. Usó la expresión degradación; decir que cómo va a cobrar la madre lo mismo que el padre. Es decir, todo lo que el presidente… bueno, el presidente… no es el único papelón, no es la única declaración impresentable del presidente de la Nación que tenemos nosotros en este momento. Pero en ese momento fue como muy brutal”.

“Y además mentirosa”, agregó la invitada. “Y te voy a decir porqué. Porque si el papá del presidente tuvo la posibilidad de tener laburo y 30 años de aporte, cuando se jubiló, se jubiló con el total del monto de la jubilación -explicó-. Si su mamá, que trabajó aguantando a este chico cuando era más chico, pobre señora… Si tuvo que ocuparse de eso y por eso no tuvo ni ingresos ni aporte, cuando se jubiló tuvo que tener una disminución en el monto de la jubilación que cobraba para poder pagar esa moratoria, que es en pago de una moratoria previsional que se calcula”.

Colombo cerró diciendo que no fue la única, pero “fue una de las más vergonzosas y miserables maneras de referirse el presidente a su madre, de quien se debería poner de pie para referirse a ella, porque en ese agravio está el agravio a millones de mujeres argentinas que como pueden están sosteniendo sus hogares. La verdad que ni merecería que lo mencione”.

No estaba previsto que hablara, pero fue incluido sobre el final sin aviso. Y se lo agradeció al presidente del bloque Germán Martínez, su sucesor al frente de la bancada oficialista. Máximo Kirchner habló antes del diputado santafesino para agradecer en primer lugar el “esfuerzo y la constancia” para empujar el proyecto de plan de pago de deudas previsionales.

“Es verdad también que esta ley no es suficiente, pero hoy va a faltar menos que ayer para cada argentino y argentina”, remarcó el diputado del oficialismo que no hablaba desde fines de 2021, cuando su discurso desató la reacción opositora y el rechazo posterior del Presupuesto 2022.

Reconoció que en función de las diferencias políticas se decide sobre dar quórum o no, tal cual había señalado “un diputado del macrismo”, como Máximo mismo señaló, y apuntó en ese sentido que todos están en su derecho. “En mi caso no di quórum para fondos buitres”, recordó, para agradecer luego a “las fuerzas políticas que colaboraron sentándose hoy”, agregó.

“A esas 800 mil personas les va a faltar hoy menos que ayer”, insistió el legislador que dijo sentir “mucha alegría” por la aprobación del proyecto.

Luego se refirió a los cuestionamientos de los diputados que protestaron por el escrache a través de afiches en sedes de la ANSeS. “Creo que si algún diputado se sintió mal por los carteles, es entendible”, pero ahí reclamó “también un poco de empatía… ustedes imagínense si uno siente mal ver su cara en un cartel, imagínense cómo nos sentimos muchos de nosotros y nosotras cuando gatillan en la cabeza de la vicepresidenta”. El oficialismo estalló en aplausos.  

Aclaró a continuación que no hablaría ni haría eje en las implicancias de cómo va esa investigación. “Solamente entender cómo suceden y se sienten muchas veces estas cosas”, planteó.

Dicho lo que evidentemente quería decir en su mensaje, continuó: “Lo mejor que está pasando hoy es que 800 mil argentinas y argentinos van a poder pelear mejor el día a día”.

Resaltó que esa ley se aprobaría en breve tiempo, le dio el crédito a quienes la redactaron, los senadores Marian Recalde y Anabel Fernández Sagasti, y al “trabajo político realizado fronteras afuera del Frente de Todos se puede llevar adelante”.

“Estamos contentos, felices; entendemos que en esas 800 mil personas hay gente que elige votar diferentes opciones políticas. Sería muy tonto pensar que esas 800 mil personas elegirán votar el Frente de Todos por esa ley, respetamos lo que deciden”.

Y sobre el final de su mensaje, aseguró el argumento del déficit fiscal para rechazar esa iniciativa. “Ningún jubilado origina déficit fiscal. El Estado invierte en sus habitantes, son argentinas y argentinos que necesitan la presencia del Estado argentino, y si uno mira y cree que la responsabilidad del déficit fiscal en un país tiene que ver con la inversión que el Estado haga en quienes trabajaron toda la vida, puede estudiar las economías diferentes que hay en el mundo. Y me pueden traer a ver si hay más de 10 o 15 que estén en superávit fiscal hoy. La mayoría de los estados se encuentra en déficit fiscal, así que no creo que sea el problema”.

“Se hizo un gran trabajo, es  una noticia muy buena para muchos argentinos estoy contento y es justo”, cerró Máximo Kirchner.

El diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) denunció durante el debate por la moratoria previsional en la sesión de este martes que “hay una podredumbre en la cabeza porque se le paga a la vicepresidenta 70 jubilaciones de privilegio”. En esa línea, responsabilizó al oficialismo porque “el sistema está mal diseñado” y alertó que “es una mega bomba”.

“Yo creo que estamos una vez más frente a un caso terrible del mal gobierno que tiene Argentina”, arrancó su alocución el economista y detalló que “en nuestro país hay 200 regímenes jubilatorios. Eso da una idea de la desigualdad ante la ley que hay en nuestro sistema estatal. Esos 200 regímenes crean tratamientos muy diversos a iguales ingresos”.

A su vez, manifestó que “el sistema de ANSES se ha basado históricamente en tres pilares. Un pilar básico, financiado por impuestos; un pilar ligado a las contribuciones y un pilar voluntario eso es, además, lo que todas las jurisprudencias previsionales han establecido a lo largo de ya más de 80 años”.

Al respecto, criticó que “el tercer pilar no funciona porque hemos confiscado cinco veces de los depósitos, hemos defaulteado 9 veces, a nadie se le ocurre ahorrar”, e ironizó: “Yo siempre digo que al que pone un depósito hay que darle un beso en la frente porque es un milagro después de lo que este liderazgo ha hecho”.

“Yo escuchaba acá, y es casi imposible evitar sonreírse, con que había criterio de auditoría económica. Esto es como si dijeran ‘¿se aplica la ley de gravedad en la Argentina?’ En un sistema de seguro, tiene que haber una relación entre la prima y el pago del siniestro, siendo el siniestro la vejez, la invalidez y la muerte”, planteó López Murphy.

Con euforia lanzó: “Los sistemas políticos se pudren por la cabeza, ya acá hay una podredumbre en la cabeza porque se le paga a la vicepresidenta de la República 70 jubilaciones de privilegio, ese es el escándalo más grave que tenemos”.

“Y ese escándalo está asociado a un hecho inconcebible que era la única jubilada a la cual ANSES no le presentó la correspondiente acción judicial para hacer inviable su pago. Este hecho es escandaloso y viene cuento de toda esta discusión moral”, insistió.

Y retomó una frase de un expresidente: “Los cuerpos políticos como el pescado se pudren por la cabeza. Ese es el problema que tenemos, estamos podrida la cabeza”.

“En el sistema previsional siempre moratoria. En el sistema impositivo blanqueo. Hablan del blanqueo del gobierno anterior, pero no hablan del que venía en el extraordinarias. Nunca hubo un blanqueo más generoso que el que viene y con el que seguramente nuestro mago de las finanzas va a insistir”, criticó el economista.

En ese marco, disparó con euforia: “Dicen que nosotros no respetamos las reglas elementales y por eso nos va a ir mal. Acá dicen que esto es un parche, que no hicimos reformas estructurales. ¡Hace 20 años que gobiernan! ¿Cuándo va a venir la reforma estructural del mercado laboral?, Nunca es culpa del gobierno. Tienen el gobierno; tienen los sindicatos. ¿Por qué hay más de 50% de informalidad?”.

“Siempre es algo ajeno a la responsabilidad del oficialismo y no es ajeno, es su responsabilidad, por eso tenemos un sistema miserable de jubilaciones, tenemos informalidad, por eso la economía esta cayendo y esta entrando en una crisis severa por falta de reservas, de recursos, y por un nivel de corrupción que estremece”, acusó López Murphy.

Y cerró: “Este sistema está mal diseñado, se jubilan muertos, extranjeros con este sistema, es una locura como está diseñado. Es un problema que va a durar 35 años, que nos cuesta 40 mil millones de dólares”, y lo calificó como “una mega bomba que han creado en el Banco Central, han dejado una herencia terrorífica al próximo Gobierno. Están mintiendo no están arreglando nada”.

Una fuerte crítica contra las moratorias previsionales fue la que hizo en su discurso el diputado del Pro Luciano Laspina. Las calificó como “la prueba del fracaso del sistema que tenemos en la Argentina desde hace muchos años”.

“Son más la consecuencia que la causa de los problemas previsionales, del déficit de nuestro sistema previsional, y que ha llevado a la licuación sistemática de las jubilaciones a lo largo de los últimos años. En particular de los que tuvieron contribuciones en tiempo y forma”, sostuvo el diputado santafesino.

Para Laspina, lo que se puso en debate “es el reflejo de que al menos el 25, 40% de los trabajadores está en alguna forma de informalidad laboral”.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda habló de “leyes laborales vetustas que protegen a los que pudieron entrar a ese sistema y desprotege al resto de los argentinos, y además somete a los que están dentro del sistema a sistemáticas reducciones salariales, producto de cuando hay menos demanda de empleo, hay menos salarios reales en una economía. Y eso es el fracaso de la regulación laboral”.

Para Laspina, “el segundo fracaso de diseño es la arbitrariedad de los 30 años de aporte. No puede ser que un argentino que aportó 29 años no obtenga su jubilación, o tenga que ir incluso a una prestación individual para el adulto mayor, que es un beneficio que se creó para quienes no tenían ningún tipo de aporte en el año 2016 en tiempos de Mauricio Macri”.

“Las moratorias buscaban compensar la falta de algunos años de aporte; no esto que estamos haciendo, que es regalarle la jubilación a alguien que no aportó”, aseguró.

Laspina consideró que el proyecto debatido “es una gran injusticia para los que aportaron 40 años. Es un pasivo enorme que se carga sobre el sistema previsional sin haber tenido la contribución previa”. Y lo atribuyó a un “mecanismo electoral”, porque a su juicio “es tan clara la intencionalidad política de esto, que por eso se hace este año y no el año pasado, de regalar plata que ya no tenemos”.

Puesto a ofrecer alternativas, Laspina dijo que “tenemos desafíos del sistema previsional, generar incentivos para que la gente trabaje más tiempo en blanco, porque en un sistema de reparto, la forma de pagar buenas jubilaciones es que haya mucha más gente trabajando por más tiempo en el sistema formal”.

Llamó a “eliminar las discontinuidades, generar incentivos porque el que quiera trabajar más, tenga una prestación jubilatoria mayor; y el que quiera retirarse antes, tenga una prestación jubilatoria menor”. También agregó algo que consideró obvio: “Eliminar los privilegios; tenemos un sistema lleno de privilegios”, y en ese sentido citó como ejemplo a “una expresidenta que cobra su jubilación y la de su esposo, sin ningún tipo de necesidad económica que justifique”.

Laspina concluyó advirtiendo que “hoy estamos bajando las jubilaciones a los futuros jubilados de la Argentina. Esto es lo que estamos sancionando hoy: la baja futura de las jubilaciones, porque estamos dando beneficios sin recursos”.

Y cerró con una feroz crítica al kirchnerismo: “Se van tirando del mantel; el fin del populismo va a ser a toda orquesta; se van tirando del mantel, dejándonos un problema fiscal y previsional enorme a todos los argentinos en el futuro. Es increíble el cinismo de este gobierno, la irresponsabilidad fiscal y el populismo terminal con el cual se están yendo de este gobierno”.

Luego de que el oficialismo defendiera el dictamen de mayoría por el plan de pago de deuda previsional en la única sesión de extraordinarias que tuvo lugar este martes, los diputados de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace y Rodrigo De Loredo (Evolución Radical) respaldaron el despacho de minoría y le pidieron al FdT que “terminen con los parches”, al tiempo que sugirieron “establecer una prestación proporcional”.

El primero en hacer uso de la palabra fue el puntano Alejandro Cacace quien planteó que “el diputado (Carlos) Heller admitió desde el comienzo que tenemos un grave problema de informalidad laboral. El desempeño de nuestra macroeconomía es pobre por el mercado de trabajo, por la subocupación, la ocupación informal y el desempleo”.

En ese sentido, Cacace informó que “4 de cada 10 trabajadores no están registrados ni tienen sus aportes ni cotizaciones regularmente ingresadas en el sistema previsional y llegan a la edad previsional sin los aportes para poder jubilarse”.

“La realidad de fondo es un problema del mercado de trabajo que no se ha resuelto, que no lo abordamos, que no lo fiscalizamos adecuadamente y en el que a veces hablamos de los empleadores”, lamentó el puntano y señaló que “el propio Estado precariza a los trabajadores haciéndolos desempeñar tareas en la administración pública sin ingresarle los aportes respectivos. Ese es el problema número uno que tenemos que resolver”.

A su vez, el opositor planteó que “si tenemos 4 de cada 10 trabajadores que no tienen esas contribuciones ingresadas, llegan a la edad jubilatoria sin tener el beneficio sin poder ingresar. Esa es la realidad que tenemos, si tenemos un sistema jubilatorio que pide 30 años de aporte y prácticamente nadie puede alcanzar esa condición, menos de la quinta parte cumple con los requisitos para poder jubilarse, el resto tiene pensiones o regímenes provinciales”.

“¿Cuál es el problema?”, preguntó y agregó: “Es innegable que con la creación de las sucesivas moratorias hubo un aumento en la cobertura previsional por supuesto, porque si alguien no cumple con los requisitos para jubilarse y la moratoria se los da por cumplido, desde luego han podido acceder a una jubilación, ampliar la cobertura previsional fue un efecto positivo”.

En esa línea, enumeró: “Ahora trae dos problemas que no podemos ignorar o soslayar. El primer problema es de equidad contributiva en un sistema que se basa en una lógica contributiva o de aporte, no puede obtener lo mismo quien tiene todos los requisitos cumplidos y los 30 años de aporte de quien no lo tiene, eso es así y tiene que ver con la equidad dentro del sistema”.

“No hace falta caricaturizar nuestras posiciones y decir que nosotros no queremos que se jubilen, pero lo cierto es que los aportes no están ingresados y eso trae adicional un enorme problema fiscal, profundizamos el déficit fiscal, el quiebre del sistema jubilatorio”, advirtió Cacace y sumó: “Es medio punto del PBI del déficit que se amplía, genera un problema de caja al Estado de forma inmediata y eso los informantes de la mayoría lo niegan”.

En ese marco, el diputado de Evolución Radical explicó que “la tendencia cambia en la medida que hay informalidad laboral en todo el mundo se pasa a tener sistemas no contributivos, prestaciones previsionales que no dependan necesariamente de las contribuciones”. Así, defendió la PUAM que se creó en la gestión anterior porque “se detectó que dentro de la población había quienes no tenían aportes y la administración del presidente Macri se establecía que todos los adultos mayores puedan gozar una pensión universal para garantizar un nivel de vida adecuado a los ciudadanos y de ellos a los adultos mayores”.

En otro tramo de su discurso, Cacace manifestó que “hay un problema de quienes tiene aportes parciales de eso somos conscientes con la informalidad laboral”, y apuntó: “Es mentira que ustedes están siendo creativos. No es creatividad hacer lo mismo de siempre y establecer una nueva moratoria, el propio Heller dijo que es un paliativo, un parche”.

En esa línea, sugirió: “Terminemos con los parches, diseñemos soluciones de política públicas sustentables para nuestro país. Abordemos el problema de los aportes parciales la solución que estamos introduciendo en el dictamen de minoría, y no es un invento nuestro que hacen otros países, es establecer una prestación proporcional que cada uno reciba su beneficio previsional de acuerdo al esfuerzo contributivo que ha realizado y a los aportes efectivos ingresados”.

A continuación, fue el turno del titular del bloque Evolución Radical, el cordobés Rodrigo De Loredo, quienhizo propias las precisiones que Cacace, de forma “brillante”, esgrimió previamente y disparó: “De todas las moratorias previsionales que pusieron en crisis la sustentabilidad sistémica del régimen previsional, la del 2006 aplaudida por ustedes fue la que terminó por quebrar el sistema previsional argentino”.

“Incorporó 2.500.000 nuevos jubilados donde casi en su totalidad no habían hecho aportes. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque inicialmente podían. La famosa década ganada que, para nosotros, fue la más extraordinaria oportunidad perdida, pero también lo hicieron por dos argumentos. Por un lado, tiene que ver con la irregularidad del mercado laboral que arroja más del 40% de los empleados en la informidad sin aportes previsionales ni seguro médico. Por otro lado, la necesidad de la visibilización del trabajo doméstico no remunerado en el marco de una agenda de género de impacto cultural a nivel mundial”, lanzó eufórico.

En esa línea, expresó: “Discutir sobre estos dos problemas que tiene la Argentina me parece insensato por la evidencia y la magnitud del problema”, y sumó: “En materia de seguridad social tenemos dos políticas públicas a aplicar. La contributiva que se nutre de aportes del 11% mensual y 16% del empleador de 30 años de la jornada laboral del trabajador. Hay otras políticas públicas que son no contributivas que tienen una focalización vinculada a las carencias socioeconómicos de las personas y necesitan su respectiva cobertura”.

“Hoy el sistema, con 6.500.000 jubilados, tiene más del 50% de 3.500.00 jubilados que no hicieron los correspondientes aportes en los 30 años respectivos y cerca de 2.500.000 que literalmente no hicieron nueva un aporte”, denunció.

Al respecto, De Loredo apuntó contra el oficialismo porque “trataron de la misma manera las políticas contributivas de las no contributivas y eso trae aparejado tres consecuencias irreversibles: profundizar una política desigual, desestimulan el ahorro y estimulan la informalidad el mercado laboral”.

“Lo más grave es que al haber quebrado la sustantividad del sistema, al haberlo hecho tanto más dependiente de sus ingresos tributarios y al haber quebrado la relación que antes del 2006 era 2,6 activos y 1 pasivo y ahora es 1,5 activo y 1 pasivo, pulverizaron el poder adquisitivo de todos los jubilados y han puesto a todos los jubilados arrastrándose abajo sumergidos en la pobreza y agravaron el déficit de la totalidad el Estado porque del gasto previsional oscila el 40% del gasto público”, lanzó entre gritos.

En ese sentido, comparó: “Nos tocó a nosotros tratar de equilibrar esas asimetrías y tomamos 3 decisiones que nos salía carísimas. La primera fue la creación de la PUAM, para que toda aquella persona que ingrese a la edad de vejez de no poder laburar tenga una contraprestación no contributiva del 80% del haber previsional, lo mismo que ustedes quieren hacer comprar a través de una moratoria. La segunda decisión fue la reparación histórica que quería recuperar el equilibrio piramidal del sistema y la tercera decisión, tan necesaria en un país tan inflacionario, fue crear una fórmula para que se actualicen por inflación que fue la decisión más apedreada de la historia democracia contemporánea”.

“Ustedes vinieron, le dieron rienda suelta a la fábrica de billetes, eliminaron la fórmula, no construyeron nada, plancharon las jubilaciones en el primer año y ahora actualizan los ingresos no por inflación y eso trae aparejado cuatro consecuencias desde el 2019 a la fecha: los jubilados hubiesen cobrado mejor con nuestra fórmula; el haber jubilatorio mínimo perdió 33 puntos en relación a la inflación y 83 puntos en relación a la canasta básica y el triste récord de tener las jubilaciones en dólares más baja del continente con 150 dólares nosotros”, describió el cordobés.

Y remató: “Esta moratoria agrava el proceso de inequidad, de desigualdad y de insustentabilidad del sistema. Nosotros proponemos un sistema superador, estable y visible para todos”.

La defensa del plan de pago de deudas previsionales estuvo a cargo de los diputados oficialistas Carlos Heller y Marisa Uceda, a la sazón presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social, respectivamente, en las que se debatió el tema.

Allí la cuestión tuvo dos dictámenes y para defender el de mayoría, Heller se refirió inicialmente al debate intenso que acababa de tener lugar, referido al juicio político a los miembros de la Corte Suprema. “Esta Cámara viene padeciendo esta situación que ha hecho que el principal bloque de la oposición ha impedido o se ha opuesto al tratamiento de otras leyes que no tienen nada que ver con el juicio político, y que en definitiva lo que hacen es quitarle derechos a personas”, señaló el diputado porteño.

Dijo Heller haber escuchado el argumento de que “se trata de temas que no le interesan a la gente, pero la inmensa mayoría de los proyectos incluidos en extraordinarias eran temas que le interesan a la gente. Como este, el plan de pago de deuda previsional que intenta permitir y posibilitar que muchísima gente –se habla de 800 mil personas- que han quedado fuera de la posibilidad de acceder a la jubilación, puedan hacerlo”.

Heller observó que del total de los jubilados que tiene la Argentina, el 65% tienen que ver con las moratorias. “Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo”, agregó, atribuyendo la situación a un “gravísimo problema” que tiene nuestro país en materia de informalidad laboral, que provoca que “muchísimas personas lleguen a la edad de jubilarse sin los aportes suficientes”.

De esta cantidad, “una inmensa mayoría son mujeres”, apuntó. Y de ellas, “una inmensa mayoría que ha trabajado en casas particulares”, agregó, advirtiendo que “decir que no tienen aportes porque no quisieron es por lo menos referencia de un nivel de desinformación alarmante”.

“En la Argentina todos sabemos que hay un tercio de la población con problemas de informalidad laboral, pero mientras tanto transcurre el tiempo y esas personas no tienen cómo jubilarse”, señaló a continuación, admitiendo de paso que se trata de “un parche, porque mientras se resuelven los problemas de fondo, los parches son los mecanismos adecuados para salir de la situación”.

Ante el pedido de algunos opositores sobre mecanismos alternativos, Heller dijo que “ni siquiera alcanzan para que esa gente pueda acceder a la jubilación mínima, que son bajas y deberían mejorarse, como ofrecerles un beneficio proporcional a los años que aportaron”.

Heller destacó que por el proyecto puesto a debatir los beneficiarios “van a pagar en años sucesivos lo que no pagaron sus empleadores”, y agregó que “este sistema tampoco es gravoso, o significativamente gravoso, como algunos lo quieren presentar”. En ese sentido se apoyó en datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que indicaron que el costo fiscal en los dos primeros años es de 0,42 puntos de PBI. “Es muy poquito”, aseguró Heller, que recordó que el rubro Seguridad Social tiene un gasto de 9,5 del PBI.

Siguió rechazando propuestas opositoras, como la que “afectarían Rentas Generales”, dijo. En cambio, aclaró, “esto no va a Rentas Generales, sino al sistema previsional; es mucho más conveniente desde el manejo de políticas públicas”. Y concluyó considerando que “como no son significativos” los gastos, a su juicio resulta “absolutamente razonable” ocuparse de esas 800 mil personas.

“Repiten permanentemente una serie de mitos”

Compartió el tiempo dedicado al dictamen de minoría la mendocina Marisa Uceda, que arrancó remarcando el hecho de que un Gobierno nacional volvía a “elegir un instrumento solidario para responder a necesidades que nos aquejan”. En este caso, dijo, “le va a permitir a hombres y mujeres con la edad de acceder a un beneficio previsional y sin los aportes necesarios a acceder a una moratoria, pero trae una novedad como es la cancelación anticipada de aportes que se deben”.

“De esto no habla nadie -se quejó-. Porque además de ser novedoso, es altamente eficiente”.

La diputada camporista cuestionó a la  oposición porque “repiten permanentemente una serie de mitos que es importante derribar. Pero hoy estamos tratando un proyecto que recupera ese espíritu solidario con una lógica eficiente que viene de la mano de dos senadores”, dijo en referencia a Anabel Fernández Sagasti y Héctor Recalde, a quienes reivindicó por haber impulsado esa iniciativa.

La titular de la Comisión de Previsión dijo que el hecho de que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no puedan acceder al sistema jubilatorio “es un problema que debe resolver el Estado, porque hemos sido responsables de esas crisis”.

“Se nos exige todo el tiempo ser creativos; bueno, estamos siéndolo. Le estamos dando un instrumento a la ANSeS para robustecer el sistema”.

Luego volvió sobre los mitos que según ella habían lanzado desde la oposición. Como el de que se está jubilando a quienes nunca han trabajado. “Trabajar, trabajan las mujeres en su casa todos los días, en tareas de cuidado”, aclaró, y recordó la instauración durante la gestión de Cristina Kirchner de la jubilación a las amas de casa.

También dijo que existe el mito de que “le van a dar un beneficio previsional a las personas que nunca aportaron”, advirtiendo que “eso ya está pasando a través de la PUAN”, que impulsó la gestión de Mauricio Macri y que ella citó en tono crítico. Porque sus beneficiarios “están sometidos a cobrar el 80% de una jubilación mínima. Además no es contributiva, no es heredable... Fue una excelente política del macrismo –ironizó-. Reflexionen, porque por ahí hay cosas que se equivocaron”.

Sobre el final, Marisa Uceda rechazó que este proyecto desfinancie el sistema. “Todos sabemos que las jubilaciones no se componen además de los aportes de los activos, sino también a través del IVA. ¿Y saben cuál es la clase social que vuelca todos sus aportes al consumo? Los jubilados, ese es el círculo virtuoso”, enfatizó.

Habemus sesión. A las 10.57 el oficialismo consiguió sentar al número suficiente de diputados en sus bancas, de modo tal de poder volver a sesionar con normalidad, a poco más de tres meses de la última vez que eso sucedió.

A las 10.57 el oficialismo en su conjunto estalló en aplausos y la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, se anotó una victoria al conseguir el quórum por el que trabajó intensamente en las últimas semanas. De hecho, la cosa venía complicada por atrasos en los vuelos. Desde Juntos por el Cambio no aceptaron además una postergación del horario previsto originalmente.

Previo al debate; Moreau presentó oficialmente al nuevo Secretario General de la Cámara baja Francis Mollo, que fue recibido con aplausos y reconocimiento de todos los bloques.

En efecto, el 24 de noviembre de 2022 fue la última vez que la Cámara baja pudo desarrollar una sesión sin mayores problemas. Después vinieron la fallida sesión preparatoria del 1 de diciembre, que se cayó por falta de quórum y minutos más tardes la bochornosa reunión que terminó en escándalo y cuyo quórum fue puesto en duda por Juntos por el Cambio. Hubo tres semanas más tarde, el 21 de diciembre un último intento fallido, luego la convocatoria a extraordinarias.

Y antes de que se venciera el plazo para ese período en el que se tratan solo los temas que propone el Poder Ejecutivo, Diputados pudo romper el cero -cosa que no sucedió en el Senado-. En esta sesión se debaten solo dos temas de los 28 que mandó el presidente al Congreso: el plan de pago para deudas previsionales y el proyecto sobre historias clínicas digitales.

Recordando que JxC mantiene su decisión de no colaborar para el quórum mientras persista la ofensiva judicial del oficialismo contra los miembros de la Corte, para poder sesionar el oficialismo contó con la colaboración de sus aliados habituales, la izquierda y un sector del interbloque Federal.

En la reunión de Labor Parlamentaria acordaron establecer 12 cuestiones de privilegio; 3 homenajes, y 2 pedidos de apartamientos. Respecto de los temas a tratar propiamente dicho, habrá 50 oradores sobre el plan de pago de deuda previsional y una decían para historias clínicas.

El primero de los temas a tratar es el proyecto sobre plan de pago de deuda previsional, que apunta a que personas -alrededor de 800 mil- sin aportes suficientes puedan acceder a una jubilación.

La iniciativa salió del Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum.

En diciembre pasado culminó la prórroga por decreto de la última moratoria vigente, la cual no se volvió a extender por esa vía. La titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, dijo que eso era “complejo” dado que por decreto no se podía ampliar el período de la misma y que lo mejor era que saliera una nueva ley.

Raverta asistió durante febrero en dos ocasiones a la Cámara baja para reclamar por el proyecto y fustigar a la oposición de JxC por no dar quórum para que se pueda debatir.

La iniciativa establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

El segundo punto del temario es un proyecto de creación del “Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina”, que salió del Senado en noviembre de 2020 y en caso de no ser tratado caería con el inicio de un nuevo período legislativo.

A horas de tratarse la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso nacional, la ANSeS detalló el impacto que tendría su aprobación en todo el país.

Según un informe que difundió este lunes ese organismo, en el ámbito nacional, 800 mil argentinos podrían acceder a su jubilación este año gracias a la sanción de esta ley.

En tanto, a nivel provincial los beneficiados por esta ley se dividen en: 268 mil en Buenos Aires; 91 mil en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 54 mil en Córdoba; 48 mil en Santa Fe; 29 mil en Mendoza; 23 mil en Tucumán; 22 mil en Misiones; 22 mil en Chaco; 21 mil en Salta; 21 mil en Corrientes; 17 mil en Entre Ríos; 17 mil en Formosa; 15 mil en Santiago del Estero; 10 mil en Jujuy; 10 mil en San Juan; 10 mil en Chubut; 10 mil en Neuquén; 10 mil en Río Negro; 9 mil en Santa Cruz; 8 mil en San Luis; 4 mil en La Pampa; 4 mil en La Rioja; 4 mil en Catamarca y 2 mil en Tierra del Fuego.

“Tengo esperanza de que mañana (por este martes) los diputados bajen al recinto, puedan discutir esta ley y construir esta herramienta, que no es ni para ANSeS ni para el Gobierno, sino para 800 mil argentinas y argentinos que la están esperando”, expresó la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta.

Dispuesto a evitar que le suceda lo del año pasado, en el que el período de sesiones extraordinarias convocada por Alberto Fernández pasó sin pena ni gloria -esto es, sin sesiones ni tampoco tratamiento alguno de alguno de los proyectos en las comisiones-, el oficialismo convocó a sesionar el último día de febrero.

Lo hizo, tal cual se anticipaba, con una sesión “corta”, más que lo que se estimaba: apenas dos temas puestos a consideración. La propuesta es tratar el Plan de Pago de Deuda Previsional, como así también el proyecto de digitalización de las historias clínicas en todo el país.

La moratoria previsional fue una cuestión en la que el oficialismo machacó durante todo el verano, a sabiendas de que su no aprobación impide a miles de personas sin la cantidad suficiente de años aportados poder acceder a una jubilación. En tanto que el Programa Federal Unico de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas es un proyecto que en caso de no ser tratado ese día, perderá estado parlamentario, según confió a parlamentario.com una fuente consultada. Ese proyecto fue aprobado en el Senado el 30 de noviembre de 2020.

El pedido de sesión fue suscripto este jueves por los diputados Germán Martínez, Paula Penacca, Daniel Arroyo, Rossana Chahla, Daniel Gollán, Ricardo Herrera, Gisela Marziotta, María Luisa Montoto, Marisa Uceda y Paola Vessvessian.

La pregunta del millón es de dónde el oficialismo pretende conseguir el quórum para sesionar, habida cuenta de que Juntos por el Cambio ya anticipó que no se sentará en sus bancas para dar quórum nunca, en tanto y en cuanto se mantenga la embestida oficial contra la Corte Suprema en la Comisión de Juicio Político.

Según pudo saber este medio, el Frente de Todos deberá asegurarse la presencia de sus 118 diputados -a la última sesión fallida le faltó el oficialista santafesino Roberto Mirabella-, los cuatro diputados de la izquierda y otros tantos de Provincias Unidas. Probablemente estén también el neuquino Rolando Figueroa y el santacruceño Claudio Vidal, pero los 129 necesarios solo se superarán con la presencia de algunos diputados del interbloque Federal. Según pudo saberse, probablemente la mitad de sus 8 integrantes podrían llegar a aportar su presencia en esa sesión.

Cabe recordar que la diputada nacional Graciela Camaño ha mostrado su disposición a “no paralizar el Congreso”. Los socialistas también podrían sumarse habida cuenta de que la titular de esa bancada es Mónica Fein, presidenta de la Comisión de Salud y promotora de la aprobación de la digitalización de las historias clínicas.

El Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA), a cargo de María Lucila Colombo, exigió que trate con prioridad el proyecto de ley sobre moratoria previsional. “Atañe a centenares de miles de personas cuyas familias necesitan tener un ingreso porque no cubren siquiera sus necesidades básicas”, señalaron.

Además, el SACRA les exigió a los diputados nacionales que “se sienten en sus bancas y discutan” y que “voten según su conciencia”, y agregaron: “Que no tomen de rehén a todas las amas de casa y demás adultos mayores que, tras una vida de trabajo, llegan con las manos vacías a la edad de jubilarse”.

Así también, expusieron: “Es hora de conectarse con las necesidades acuciantes de quienes esperan ansiosos una respuesta”. “Esta ley tiene un amplio consenso en la sociedad e incluso entre la dirigencia política en su diversidad y de ninguna manera puede ser el escenario de otras disputas partidarias”, agregaron.

Del mismo modo, recordaron que la necesidad de ser reconocidas “fue subsanada a partir del año 2005 con la moratoria previsional que permitió tener una cobertura cercana al 100 por ciento de la población en edad de jubilarse”.

A su vez, el SACRA está reclamando a los legisladores que se reúnan y conviertan en ley el proyecto. “También les decimos que nuevamente, tienen la oportunidad de dar una respuesta a esa mayoría que somos las mujeres, las que llevamos adelante las tareas del hogar”, afirmaron.

Según las estadísticas oficiales, hay dos millones y medios de mujeres que se reconocen como tales, para las cuales es urgente tener una respuesta.

Veinte vicegobernadores expresaron este lunes su “enérgico apoyo” al proyecto de ley de Plan de Pago de Deuda Previsional, que cuenta con media sanción del Senado y espera ser tratado en extraordinarias en la Cámara baja.

Lo hicieron a través de un comunicado en el que sostienen que esa aprobación permitirá “resolver la situación previsional ahora, es dar respuesta a las miles de personas que están esperando poder jubilarse o pensionarse luego de toda una vida de trabajo!.

La nota está suscripta por los vicegobernadores del Frente de Todos Verónica Magario (Buenos Aires), Rubén Dusso (Catamarca), Analía Rach Quiroga (Chaco), Ricardo Sastre (Chubut), María Laura Stratta (Entre Ríos), Eber Solis (Formosa), Carlos Haquim (Jujuy), Mariano Fernández (La Pampa), Florencia López (La Rioja), Antonio Marocco (Salta), Roberto Gattoni (San Juan), Eduardo Mones Ruiz (San Luis), Eugenio Quiroga (Santa Cruz), Alejandra Rodenas (Santa Fe), Mónica Urquiza (Tierra del Fuego) y Sergio Mansilla (Tucumán). También los vicegobernadores Carlos Arce (Misiones), Marcos Koopmann (Neuquén), Alejandro Palmieri (Río Negro)  y Carlos Silva Neder (Santiago del Estero).

Los firmantes expresan su deseo porque el proyecto se trate “en breve” en la Cámara de Diputados de la Nación, y sostienen que “la posibilidad de regularizar aportes con la vigente Ley 24.476 queda limitada hasta la fecha de corte que establece la misma ley. Por su parte, la Ley 26.970, que perdió vigencia el 31 de diciembre de 2022, permitió ampliar el acceso al derecho previsional ya que establecía la posibilidad de regularizar la deuda previsonal con fecha de corte hasta diciembre de 2003, habilitando así la posibilidad de regularizar mayor cantidad de años solamente para las mujeres ya que no permitía el acceso a los varones. Como puede observarse, a medida que pasa el tiempo, las dificultades de acceso también se incrementan”.

COMUNICADO

Pleno apoyo de vicegobernadoras y vicegobernadores al Plan de Pago de Deuda Previsional. pic.twitter.com/Sm3pq500KI

— Verónica Magario (@magariovero) February 13, 2023

Mientras el oficialismo intenta llevar a cabo el temario que envió el Gobierno para las extraordinarias ante la negativa de la principal bancada opositora de tratar otros temas en la medida que se mantenga el juicio político contra los miembros de la Corte, la sociedad argentina se expresó a favor de dos proyectos que están en la agenda parlamentaria: la moratoria previsional y la creación de universidades.

Según una encuesta de alcance nacional realizada por la consultora Analogías entre el 28 al 30 de enero de 2023, un 62% de los encuestados respondió que “hay que renovar la moratoria previsional para que se logre otorgar beneficios correspondientes a un gran número de trabajadores y trabajadoras que no completan sus años de aporte”. Sólo el 21% manifestó que “no hay que hacerlo”.

Dicho proyecto comenzó a ser tratado el pasado 1ro de febrero con la presencia de la titular de ANSeS, Fernanda Raverta, quien remarcó ante la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados que es “imprescindible” aprobar el plan de pago de deuda previsional.

La iniciativa salió del Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum.

Por otro lado, casi el 74% de los encuestados se mostró a favor de la creación de nuevas universidades en localidades de la Argentina que “no poseen” oferta de educación superior. En tanto un 16,3% se expresó en desacuerdo con dichas iniciativas.

El debate para la creación de ocho universidades nacionales se iba llevar a cabo el 1ro de diciembre de 2022 en el recinto de Diputados, pero la sesión finalmente se cayó entre gritos y polémica por parte de la oposición.

La Universidad Nacional del Delta comprenderá los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. Es impulsada por el ahora expresidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa.

En cuanto a la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, es una de las dos impulsadas desde la oposición, más específicamente Evolución Radical. El proyecto original es del diputado nacional Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

El radio de influencia de esta universidad será de entre 100 y 150 kilómetros, incluyendo ese partido y los de Bolívar, Chivilcoy, Bragado, Tapalqué, Lobos, San Miguel del Monte y 9 de Julio, entre otros.

La tercera de las universidades nacionales es la de Pilar, con sede en ese partido de la provincia de Buenos Aires. Hay dos proyectos de autoría del oficialismo que respaldan esa iniciativa, presentados en mayo pasado, con diferencia de un día. Uno es del diputado nacional Ramiro Gutiérrez y el otro de María Rosa Martínez, que contó con el apoyo de casi una treintena de cofirmantes.

Otra de las instituciones es la Cuenca del Salado, que tendrá sede central en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Se trata de una propuesta por la exdiputada y hoy ministra bonaerense Daniela Vilar. Su oferta académica estará orientada a la actividad agropecuaria, la veterinaria y las ciencias empresariales.

Impulsada por el diputado nacional Hugo Yasky, se propone la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hoy funciona como instituto.

Ya funciona como universidad provincial la de Ezeiza, y lo que se propone ahora es su nacionalización. Impulsada originalmente por la diputada (MC) Dulce Granados y vuelta a presentar por la hoy ministra Victoria Tolosa Paz, se encargó de defenderla durante su tratamiento en comisión la diputada nacional Mónica Litza.

Una de las dos universidades ubicadas fuera de la provincia de Buenos Aires es la de Río Tercero. Esta es además una de las dos impulsadas por la oposición. Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) impulsa la creación de esta universidad, que cuenta también con el respaldo de un proyecto de una oficialista, Gabriela Estévez.

Por último, la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Ya funciona como facultad y es impulsada por la diputada Blanca Osuna.

Los diputados del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, estuvieron presentes este miércoles en la reunión de Comisión de Previsión y plantearon “la urgencia” de aprobar en forma urgente una moratoria previsional para “no dejar sin derecho a jubilarse a casi un millón de personas, la mayoría de ellas mujeres”.

Al respecto, Bregman destacó que “este proyecto ya tiene dictamen, lo único que impide que sea aprobado ya mismo y permita salir de la incertidumbre a quienes están en edad de jubilarse y hoy no pueden hacerlo, es la determinación de Juntos por el Cambio y otros bloques que se oponen a este derecho elemental”.

Además, expresó: “Ahora dicen que es por el juicio político a la Corte Suprema, pero en diciembre ya vaciaron una sesión donde se hubiera podido aprobar”. Del mismo modo, agregó: “Esto lo planteamos desde un lugar sumamente crítico del Estado al que han llevado al régimen previsional argentino”.

“La mayoría de las jubilaciones y pensiones actualmente son de miseria, pero estamos acá porque de no aprobarse esta moratoria la situación será cualitativamente peor, y sin ella, muchos tendrán que caer en la PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor) que se votó durante el gobierno de Cambiemos con apoyo de sectores del peronismo”, señaló Bregman.

En el cierre, lanzó críticas contra el oficialismo: “No sólo recorta los haberes en un 20 por ciento, sino que elevan la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años. Ya no permite acumular una jubilación con una pensión por fallecimiento, tirando abajo una conquista de los trabajadores. Se les tiene que caer la cara de vergüenza los diputados que no están hoy acá pidiendo sesión urgente para tratar este tema”, cerró.

Por su parte, Nicolas del Caño denunció que los empresarios y las patronales del campo "lloran un poquito y (Sergio) Massa -ministro de Economía- les da todo tipo de beneficios, pero para que jubiladas y jubilados tengan derechos e ingresos dignos hay que hacer reuniones y más reuniones”.

De tal modo, el excandidato a presidente por el FIT manifestó: “Acá nos ponen a discutir horas si es pertinente o no una nueva moratoria, si hay recursos o no, pero hay muchas otras moratorias que se aplican sin más, como las que hace la AFIP a las empresas que deben impuestos o los beneficios y blanqueos fiscales a las empresas que viven fugando”.

Así también, agregó: “El 91 por ciento de las jubilaciones y pensiones se encuentra por debajo del valor de la Canasta de la Tercera Edad, y el 62 de ellas en el haber mínimo de 50.124 pesos, apenas cubriendo un tercio del costo de vida de un jubilado”.

“El debate que queremos dar es que no podemos quedarnos entre una jubilación de miseria o ninguna jubilación, sino en cómo garantizar que como mínimo se cubran las necesidades de los jubilados que trabajaron toda una vida. Si hay personas que no tienen los aportes es porque los gobiernos permiten en trabajo precario”, concluyó.

La directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raverta, manifestó este lunes que la falta de sanción del Plan de Pago de Deuda Previsional afecta en mayor medida a la provincia de Buenos Aires respecto del resto del país, en ese sentido, la provincia cuenta con 268 mil bonaerenses, el 37 por ciento del total país, que este año cumplirán la edad para jubilarse y no podrán hacerlo por no contar con los 30 años de aportes.

Al respecto, Raverta cuestionó que “la ley de Pago de Deuda Previsional estaba para tratarse en diciembre para que justamente no tengamos este bache y los diputados de Juntos por el Cambio y de la oposición decidieron no ir a trabajar, no sentarse en el recinto y nos quedamos sin ley”.

Además, afirmó que “las argentinas y argentinos merecen que los diputados bajen a sesionar y que nos den esta herramienta que no es para el gobierno ni es para ANSES, sino para la enorme cantidad de 800 mil argentinas y argentinos que durante este año cumplen la edad de jubilarse y necesitan saldar la deuda de esos años de aportes. En Buenos Aires la cifra es alarmante, están impidiendo que jubilemos a 268 mil bonaerenses”.

En cuanto a la distribución por municipio de la provincia es de, aproximadamente, 25 mil personas en La Matanza; 13 mil en General Pueyrredón; 12 mil en Lomas de Zamora; 12 mil en La Plata; 10 mil en Quilmes; 9 mil en Almirante Brown; 9 mil en Lanús; 8 mil en Merlo; 8 mil en San Isidro; 8 mil en 3 de Febrero; 8 mil en San Martín; 7 mil en Moreno; 7 mil en Tigre; 7 mil en Avellaneda; 6 mil en Vicente López; 6 mil en Esteban Echeverría; 6 mil en Florencio Varela; 6 mil en Morón; 6 mil Pilar; 5 mil en Berazategui; 5 mil en Malvinas Argentinas; 5 mil en San Miguel; 4 mil en Bahía Blanca; 4 mil en José C. Paz; 3 mil en Hurlingham; 3 mil en San Fernando; 3 mil en Escobar; 3 mil en Ituzaingó; 2 mil en San Nicolás; 2 mil en Necochea; 2 mil en Tandil; y mil en los municipios de La Costa; Zárate; Pergamino; Campana; Ezeiza; Luján; General Rodríguez; Olavarría; Junín; San Vicente; Berisso y Chivilcoy.

La directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, advirtió que, si la oposición no da quórum para tratar el proyecto de ley de Plan de Pago de Deuda Previsional, solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones podrán jubilarse en 2023.

“Es un derecho que en la Argentina existe desde el 2004, cuando el gobierno de Néstor Kirchner implementó la primera moratoria, y que continuó durante el gobierno de Cristina, permitiéndonos contar con un instrumento para que las personas que alcanzan la edad, pero no cuentan con los aportes necesarios, puedan acceder a una jubilación y pagar esa deuda con el Estado”, indicó en declaraciones a Radio 10.

“En diciembre estábamos esperando discutir este Plan de Pago, que permitirá que más de 800 mil personas en la Argentina puedan jubilarse, y las diputadas y diputados de la oposición no nos dieron esa posibilidad. Por eso, ahora, en las próximas sesiones necesitamos que se apruebe esta nueva ley porque si no nueve de cada diez mujeres no podrán jubilarse. Hoy, solo una de cada diez tiene los 30 años de aportes y cuenta con la edad requerida”, resaltó la titular de ANSeS.

Raverta cuestionó el rol de la oposición ya que al no dar quórum para tratar la ley “deja muy expuestos a miles de argentinas y argentinos sin distinciones, simpatías o ideologías políticas”.

“Por eso, esperamos que las diputadas y los diputados hagan su trabajo y bajen a sesionar”, remarcó Raverta al precisar que la oposición no tiene excusas para no tratar la ley ya que “en el presupuesto que ya aprobaron está contemplado que las argentinas y argentinos se jubilen”, finalizó.

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes su intención de enviar al Congreso un proyecto de ley para reasignar recursos de modo de poder cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la coparticipación federal. Ante ello, desde el interbloque Federal salieron a cruzarlo haciéndole una propuesta para incluir la moratoria previsional en la misma medida.

“Si el presidente Alberto Fernández envía al Congreso un proyecto de ley para modificar el Presupuesto 2023, entre esos cambios debería incluir los que le permitan cumplir con la moratoria previsional que promueve el oficialismo”, advirtió por su cuenta de Twitter Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del interbloque Federal, que recordó que eso “ya lo pedimos hace casi un mes, pero ni bola”.

Recordemos que durante el debate en comisión del proyecto de ley por el cual se crea el plan de pago de deuda previsional, que quedó sin ser tratado en la Cámara baja, los federales propusieron una disidencia parcial en relación a esa iniciativa, que es la que quieren que se apruebe en ese caso.

Con la firma del propio “Topo” Rodríguez, en esa oportunidad plantearon “considerar que las estimaciones sobre el eventual impacto fiscal de esta medida varían del 0,2823% del PBI hasta el 0,48% del PBI, en este último caso acumulado al segundo año de implementación, según distintas fuentes consultadas. En consecuencia, corresponde que se informe cuáles son las finalidades, funciones y partidas presupuestarias a eliminar o reestructurar, con el propósito de afrontar el impacto fiscal del Plan de Pago de Deuda Previsional”.

Si el Presidente ⁦@alferdez⁩ envía al Congreso un proyecto de ley para modificar el #Presupuesto2023, entre esos cambios debería incluir los que le permitan cumplir con la Moratoria Previsional que promueve el oficialismo. Ya lo pedimos hace casi un mes, pero ni bola. pic.twitter.com/yhC2zRDXAw

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) December 27, 2022

“Todo ello, en virtud de que la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2023, no contempla el financiamiento del impacto fiscal resultante de la implementación del Plan de Pago de Deuda Previsional que se propone aprobar”, recordó Rodríguez, a propósito de lo que ahora plantea el presidente al señalar que está imposibilitado por el Presupuesto de cumplir con lo que la Corte reclama sobre la coparticipación federal.

En la última sesión de la Cámara de Diputados que resultó fallida por falta de quórum, se había incorporado al temario el proyecto sobre Moratoria Previsional. Al respecto, el diputado nacional Ricardo Herrera (FdT – La Rioja) indicó: “No logramos el quórum para debatirlo, pero aún no perdimos estado parlamentario y se ha postergado la discusión”.

En una entrevista por La Red La Roja, el legislador sostuvo: “Se ha postergado la discusión, pero aún no ha perdido Estado Parlamentario por lo que podremos retomarlo para marzo”, debido a que el proyecto cuenta con media sanción del Senado.

Herrera advirtió que esto significará “un vacío” entre los meses de enero y marzo, “al vencer la moratoria a fin de año se volverá a la del año 93’ y complicará a 5000 personas en La Rioja y 80mil en el país”.

“Al volver a la moratoria del 93’, las personas que están en edad de jubilación podrán comprar los años para hacerlo. Eso complica porque 9 de cada 10 mujeres no tienen un instrumento legal o una herramienta que le otorgue el Estado para hacerlo. Por eso fue nuestra insistencia en el proyecto de ley, pero no se pudo dar, no nos dieron quórum”, indicó.

Además, el oficialista precisó que en su provincia existen 37mil jubilados, de los cuales 17mil se han jubilado por moratoria, y destacó que “el Estado les ha dado las herramientas en el 2014 para poder hacerlo”.

En este sentido, la discusión volverá a tratarse en marzo: “Debemos repensar el sistema previsional argentino en presencia del Estado y brindando herramientas a favor para proteger a la ancianidad”.

El Frente de Todos en la Cámara de Diputados logró el dictamen de mayoría del proyecto de ley de pago de deuda previsional, que busca garantizar el acceso a la jubilación para aquellas personas que no cuentan con aportes suficientes. 

El oficialismo avanzó con el texto que reproduce la media sanción del Senado, donde el kirchnerismo ideó esta iniciativa a mediados de este año. 

El plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda comenzó retrasado ya que la oposición no estuvo desde el arranque. Los legisladores de Juntos por el Cambio ingresaron recién una vez que el oficialismo logró quórum. 

Del encuentro participaron 19 miembros de Previsión y Seguridad Social y 32 de Presupuesto y Hacienda. El dictamen de mayoría alcanzó las 39 firmas entre los integrantes de las dos comisiones. 

Durante el debate, el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, consideró que la propuesta era “mucho más razonable del populismo macrista de dar pensiones del 80% de una jubilación mínima con el cero de aportes, así que en principio nos parece superador”. Sin embargo, “a esta propuesta le falta algo”, dijo y le reclamó al oficialismo: “Ustedes tienen que garantizar que si esta norma se aprueba tiene que ser aplicable”. 

En ese sentido, el bonaerense opinó que debería informarse “son las finalidades, las funciones y/o las partidas presupuestarias que serán redefinidas para cumplir con el eventual impacto fiscal, que oscila desde el 0,28 hasta eventualmente el 0,48 en su segundo año de implementación”.

Encargado de explicar el dictamen de minoría de Juntos por el Cambio, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace recordó que entre todos los expositores que pasaron por las reuniones informativas “hubo un diagnóstico en común en señalar que nosotros en Argentina tenemos un severo problema respecto de la informalidad laboral”. 

Para el puntano, este plan “no deja de ser una solución transitoria” ante “el problema de la informalidad laboral, que no lo vamos a resolver hoy”, aclaró. 

“La única forma de que haya solución para los que no aportaron y los que aportaron los 30 años” es “establecer una prestación proporcional que reconozca el esfuerzo contributivo que se ha hecho y que permita a mujeres de 60 años y hombres de 65, que hayan aportado entre 10 y 29 años, otorgarles una prestación proporcional que consistiría en el 70% de la prestación básica universal más el 1,5% por año aportado”, señaló sobre la iniciativa de su bancada. 

El legislador subrayó que esto “no es que esté exento de gasto fiscal”, pero “es más modesto respecto del dictamen que está planteando la mayoría”. “Nuestro Presupuesto 2023 está ya aprobado y esto no está incluido”, advirtió. 

En el medio de su exposición, el presidente la Comisión de Presupuesto, el oficialista Carlos Heller, admitió que “es un parche como todas las cosas que estamos haciendo para resolver la situación de crisis que tiene la Argentina” pero “es un parche que se puede hacer, que tiene base seria de que se puede cumplir, porque si uno mira el conjunto de las variables estamos en una perspectiva de que se va a poder cumplir y esto que estamos aprobando se va a poder financiar”, aseguró. 

“Permítame dudar de que se den esas pautas y podamos financiarlo sin ningún incremento en el déficit fiscal”, le respondió Cacace, quien completó su alocución apuntando, respecto al dictamen, que “en el caso que el cálculo sea por debajo de la PUAM, los beneficiarios podrán optar por la PUAM”; y agregó: “Estamos proponiendo en este dictamen la modificación a la PUAM para que las mujeres también puedan acceder a ese beneficio a partir de los 60 años”. 

Nuevamente tomó la palabra Heller, quien insistió en que “claramente esto es una solución parcial a un problema de fondo que no lo estamos resolviendo con esto, pero cuando no estamos en condiciones de resolver la cuestión de fondo, las soluciones parciales adquieren toda la importancia que corresponde. Se trata de no dejar desprotegidas a las víctimas, porque acá estamos hablando de las víctimas que son las personas que han llegado a la edad de jubilarse y no tienen aportes”. 

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás Del Caño lamentó que “hoy solamente una de cada nueve mujeres que está en condiciones de jubilarse tiene los aportes necesarios, y en el caso de los varones son tres de cada diez”. “La responsabilidad no está en los trabajadores y las trabajadoras que fueron víctimas de estafa laboral, sino en las patronales y los gobiernos”, cargó.  

“La moratoria es una situación transitoria que en realidad le pone la carga al trabajador de algo que no fue su responsabilidad”, continuó, y denunció que el año que viene “hay un recorte para 2023 de la seguridad social de 600 mil millones de pesos”. “Si bien es una salida transitoria que va a permitir que muchos puedan acceder a una jubilación, haciéndose cargo de algo que nos les corresponde, eso va en desmedro después del conjunto del sistema jubilatorio”, cerró.

A su turno, la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado indicó que “esto no es una moratoria; este proyecto permite lamentablemente comprar años a costa del Estado y de los jubilados”. “Este proyecto lo que dice es que cualquier persona se puede jubilar y no lo paga la persona”, alertó, para cuestionar que “estamos liquidando el sistema previsional argentino” porque se crea “un sistema mercantilista” para que “se pueda jubilar cualquier persona”. 

Recogió el guante la presidenta de Previsión y Seguridad Social, la camporista Marisa Uceda, quien aclaró: “Nunca dijimos que era una moratoria”. Y, en medio de una discusión picante con la cordobesa, la oficialista afirmó que en el proyecto se “exige tener una base de aportes previsionales”. 

Último orador en la reunión, el oficialista Marcelo Casaretto precisó que del total de los jubilados actuales, un 36% accedió a la jubilación gracias a cumplir con todos los aportes, mientras que el 64% lo pudo hacer a partir de las diferentes moratorias que hubo.

“Debido a que hay trabajo informal cada vez menos argentinos pueden acceder a un beneficio”, explicó y argumentó que “por eso es que se tomó la decisión de prorrogar la moratoria vigente y ahora es que se toma este tema a nivel parlamentario”. En tal sentido, el entrerriano advirtió que si no se toma esta decisión, “empezaríamos a caer del 95% de cobertura previsional” que hay y sostuvo: “Por eso es que nosotros planteamos la necesidad de avanzar con una ley de estas características”. 

Al referirse a las menciones que hubo en la comisión sobre quienes aportaron y quienes no aportaron, el legislador enfatizó que “siempre el trabajador y la trabajadora quieren trabajar en blanco, cobrar un salario digno y hacer aportes jubilatorios. Si alguien no lo ha hecho a lo largo de su vida laboral no ha sido por voluntad propia, sino por las condiciones imperantes en el sistema y que nosotros como Estado lo tenemos que reconocer y resolver”. 

Con media sanción del Senado, alcanzada el 30 de junio de este año por 38 votos a favor, 18 abstenciones y 6 negativos, el proyecto de ley referido a la moratoria previsional impulsado desde el oficialismo no ha podido avanzar siquiera hasta el dictamen en la Cámara baja.

La última reunión en la que se abordó este tema en el marco de un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, data del 10 de agosto pasado. En esa oportunidad, distintos especialistas expusieron en torno al proyecto de ley. Obviamente no se avanzó con un dictamen y la presidenta del plenario, la mendocina Marisa Uceda, señaló en esa oportunidad a Diputados TV que “se van a dar todas las reuniones informativas que sean necesarias en la búsqueda de la construcción de los consensos que hagan faltan para garantizar que la ley efectivamente salga del recinto”.

La idea sería ahora reflotar el proyecto para completar su paso legislativo hasta el recinto, y para tal fin se reunieron este viernes la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau; la secretaria Parlamentaria Paula Penacca y la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.

Sobre el tema tuiteó Cecilia Moreau, quien precisó: “Para que casi 800 mil argentinas y argentinos con edad de jubilarse puedan hacerlo, nos reunimos con Paula Penacca y Fernanda Raverta “para trabajar en el Plan de Pago de Deuda Previsional que trataremos próximamente en el Congreso”.

“En Argentina solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres tienen la cantidad de aportes para jubilarse. Por eso, una nueva ley es fundamental para poder seguir garantizando la cobertura previsional”, agregó la titular de la Cámara baja.

El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Ante la realidad de que los tiempos “no daban” para que se sancionara la ley antes del vencimiento de la moratoria vigente, el pasado 20 de julio el Poder Ejecutivo oficializó por decreto la prórroga del régimen actual hasta el 31 de diciembre de este año o hasta cuando entre en vigencia uno nuevo, que sería el que plantea este proyecto.

En el marco de un plenario de las Comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda celebrado este miércoles, distintos especialistas expusieron en torno al proyecto de ley que propone una moratoria previsional y cuenta con el aval del Senado. Obviamente no se avanzó con un dictamen y el tema seguirá siendo debatido en sucesivas reuniones.

Así lo adelantó la presidenta del plenario, la mendocina Marisa Uceda, quien al ser entrevistada por Diputados TV al cabo de la reunión, precisó que “se van a dar todas las reuniones informativas que sean necesarias en la búsqueda de la construcción de los consensos que hagan faltan para garantizar que la ley efectivamente salga del recinto”.

Resaltó también que el ministro de Economía, Sergio Massa, conoce el texto del proyecto lo cual “nos allana un poquito la discusión”, aunque aclaró que se le está dando “un poquito de tiempo” al debate.

Previamente, a la hora de exponer los invitados, Adela Monge, asesora y ex presidenta de JubYPen Mendoza, respaldó la iniciativa, al señalar que “extiende y da la posibilidad de llegar a una jubilación en condiciones dignas”, con el objetivo de generar “la promoción y la defensa de los derechos humanos de las personas mayores”.

Por otra parte, el director de posgrado y profesor de Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Rosario, Jorge Boasso, analizó la figura del “seguro social” y señaló la necesidad de “reconocer proporcionalidades”, al considerar que difiere según los años de trabajo de cada individuo.

Posteriormente, el abogado especialista en seguridad social, Federico Despouli, puso el foco en que la moratoria generaría una “nueva entrada en el sistema previsional de 600 mil personas con una prórroga de dos años que nos llevarían a unas 1.600.000 personas”. “¿Cómo vamos a seguir incluyendo estas personas si no pensamos qué tipo de financiamiento vamos a hacer?”, se preguntó.

Hernán Letcher, contador y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), destacó las moratorias realizadas en diferentes contextos históricos, pero remarcó que “los grandes problemas del sistema previsional en la Argentina que seguimos discutiendo son: la caída del salario, la cantidad de trabajadores registrados, la precarización, la informalidad y los aportes y contribuciones”.

Adrián Antonio Tróccoli, abogado previsionalista, negó que “esto sea una emergencia”. “Esto es claramente estructural, me parece poco prolijo decir que lo tenemos que tratar en uno o dos meses cuando hay una ley que decía que había que hacer un proyecto integral, un nuevo proyecto de jubilaciones”, dijo. “Esta ley va a generar litigiosidad si sale así”, adelantó.

Reneé Girardi, del Centro de personas mayores Homero Manzi de CABA, manifestó que esta moratoria “es importante”. “Hay muchísimas personas que tienen los años de aportes pero no son suficientes y muchos que no tienen ningún aporte. En este caso, la moratoria se vuelve una herramienta indispensable para equiparar esta brecha, sobre todo entre hombres y mujeres”, advirtió.

En tanto, Alejandro Guillermo Chiti, abogado y consultor en asuntos de seguridad social, consideró: “La Argentina tiene una cobertura universal, y es un gran logro que hay que mantener, pero este problema, en Europa por ejemplo, se solucionó con pensiones no contributivas, no con moratorias. Se creó algo distinto, no se rompió el sistema contributivo para incluir al resto”.

En contraposición, Alberto Coco Meneses, presidente de la Federación Fuerza y Voluntad Transformadora, consideró que “el problema de una Argentina desigual no es el aporte de los jubilados, sino el aporte patronal que nunca se hizo. Esta ley viene a corregir el futuro de muchos que no están jubilados”.

Por último, Gustavo Caleau, abogado previsionalista y concejal de Mendoza, defendió la moratoria al analizar el universo de trabajadoras de casas particulares, “compuesto por 1.400.000 personas, donde un 99,3% son mujeres”.

“Esas mujeres que ayudan en la crianza de los hijos, que cuidan la comida, que ayudan en las tareas del hogar, si esta ley no sale, el primero de enero del año que viene van a necesitar cinco años más trabajando en relación de dependencia para poderse jubilar”, aseveró Caleu.

Se retomará este miércoles en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de ley que propone un plan de pago de deuda previsional, de modo de garantizar la jubilación a aquellas personas que no cuentan con los aportes suficientes.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, comenzó a tratarse a principios de julio -antes del receso invernal-, durante un encuentro al que asistieron expositores, entre ellos funcionarios de la ANSeS. Pero en esa ocasión solo había sido parte la comisión cabecera, la de Previsión y Seguridad Social, que comanda la camporista Marisa Uceda.

Para la reunión de este miércoles, a la que también está previsto que asistan invitados, se convocó a un plenario con Presupuesto y Hacienda, que se realizará desde las 13.30 en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja.

El proyecto, impulsado por el kirchnerismo, tuvo media sanción en la Cámara alta dos días antes de la sorpresiva renuncia de Martín Guzmán. Durante ese debate, la jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, admitía que no habían consultado al ministro de Economía por la propuesta.

A diferencia del trámite en el Senado, donde la Comisión de Presupuesto no tuvo parte, en Diputados el expresidente del cuerpo y ahora ministro, Sergio Massa, giró el texto a la comisión que preside Carlos Heller.

Conocedor Massa de este tema, por presidir hasta hace pocos días la Cámara baja, se estima que esta convocatoria al tratamiento del proyecto cuenta con la anuencia del Ejecutivo. Además, luego de asumir en reemplazo de Massa, Cecilia Moreau informó a la prensa acreditada en el Congreso que la iniciativa formaba parte de la agenda del Frente de Todos para el segundo semestre.

El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Ante la realidad de que los tiempos "no daban" para que se sancione la ley antes del vencimiento de la moratoria vigente, el pasado 20 de julio el Poder Ejecutivo oficializó por decreto la prórroga del régimen actual hasta el 31 de diciembre de este año o hasta cuando entre en vigencia uno nuevo, que sería el que plantea este proyecto.

La diputada nacional Marisa Uceda (FdT) afirmó que "no" cree que una medida como la implementación del salario básico universal -reclamo por el que este miércoles marchan movimientos sociales encabezados por el MTE de Juan Grabois- "tenga la legitimidad para salir por decreto, porque es un debate que debe darse socialmente".

La mendocina consideró además que "el concepto tiene que ser otro, o ingreso base universal, o renta mínima universal". "Es un debate que se está dando adentro de nuestra fuerza", señaló, al tiempo que insistió que "se necesita que haya una sociedad convencida de que la transferencia de recursos del Estado tiene que ir para distintos lugares".

"También estoy convencida de que el Estado tiene que tener un plan de transferencia de recursos no solo para los sectores más vulnerables, sino para los sectores medios", opinó la legisladora camporista.

En ese sentido, recordó que "el peronismo logró crear la clase media y sostenerla en el tiempo". "Tenemos que cuidar esa clase media que durante el macrismo se vio fuertemente golpeada", agregó.

Consultada sobre la prórroga de la moratoria previsional, la oficialista lo celebró y apuntó que se trata de "la moratoria vigente que solo beneficia a mujeres", pues "venía desde 2014 prorrogándose, pero en el 2017 por decisión de Mauricio Macri solo queda para mujeres en edad de jubilarse, llevando a los trabajadores varones a una PUAM".

"En caso de que el presidente (Alberto Fernández) no lo hubiese prorrogado, las mujeres tendrían que haber accedido a esa misma prestación pero a los 65 años, por eso la urgencia de que saliera la prórroga de la moratoria vigente", continuó en declaraciones a FM La Patriada.

Sobre el proyecto que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social aseguró que ese plan de pago de deuda previsional "prevé una reforma más estructural".

"Hay consensos que se están construyendo y estoy convencida que en fuerzas que no son del Frente de Todos encontramos coincidencias en este tema. Espero que se sancione lo antes posible", expresó.

Consultada sobre las críticas a la iniciativa desde Juntos por el Cambio, Uceda dijo que "su argumento principal, o al menos el único que algunos se animaron a esbozar, tiene que ver con el impacto fiscal. En la primera comisión informativa que tuvimos, el representante de ANSeS lo explicó con claridad: el primer año es del 0,02 por ciento y en el segundo del 0,03 por ciento".

La diputada defendió que, al contemplar un régimen para las personas que diez años antes de cumplir la edad jubilatoria ya empiezan a regularizar su situación -a través de la compra de aportes-, este sistema que se propone "se autosustenta". "No les da vergüenza decir que quieren un país para pocos y que el resto los sostenga", completó en contra de la oposición.

El Gobierno oficializó este miércoles la prórroga de la moratoria previsional, a la espera de que el Congreso apruebe una nueva ley, que es impulsada desde el kirchnerismo y ya cuenta con media sanción del Senado pero que era complicado pudiera aprobarse antes del 23 de julio, día en que vencía el actual régimen especial para la regularización de deudas previsionales.

Mediante la resolución 174/22, publicada en el Boletín Oficial, y que lleva la firma de la titular del organismo, Fernanda Raverta, se estableció extender hasta el 31 de diciembre de 2022 "el plazo de adhesión al régimen especial de regularización de deudas previsionales establecido por la Ley N°26.970" y prorrogado por la resolución en junio de 2019, para las mujeres que cumplieran la edad jubilatoria y fueran menores de 65 años.

Además, la medida aclara que esa prórroga "quedará sin efecto, de pleno derecho, si durante su transcurso entrara en vigencia un nuevo régimen para el acceso a las prestaciones previsionales, a través de un plan de regularización de deuda previsional".

En los considerandos se destacó que "los regímenes de regularización de deuda previsional han sido la herramienta principal a través de la cual las personas mayores han podido acceder a una prestación previsional, y han sido implementados de forma ininterrumpida desde fines del año 2004 en nuestro país".

"La necesidad de regularizar períodos de aportes se explica por las dificultades que las personas atravesaron en sus trayectorias pasadas para sostener inserciones continuadas en modalidades laborales registradas, y estas dificultades tienen su origen, en enorme medida, en las reiteradas crisis del mercado de trabajo en los pasados 30 años", se señaló.

Respecto al Congreso, se remarcó que "se han presentado diferentes proyectos legislativos, los cuales se encuentran actualmente en tratamiento, para dar continuidad a estas herramientas que permiten a las personas mejorar su situación previsional para acceder a una jubilación contributiva".

Sin embargo, "de prolongarse en el tiempo el tratamiento legislativo de los proyectos en curso, podría ponerse en riesgo la prestación alimentaria que se deriva de los beneficios previsionales".

"En materia de seguridad social debe primar, a fin de que no se desnaturalicen los fines superiores que la rigen, la protección de las personas desde una perspectiva de derechos, implementándose medidas que generen respuestas a las condiciones de los sectores de la ciudadanía con mayores necesidades", se agregó.

En el arranque de la semana, el presidente Alberto Fernández se reunió con Raverta y anunció por redes sociales que se tomarían medidas ante el inminente vencimiento de la moratoria actual.

El proyecto impulsado en el Senado por el Frente de Todos contempla un plan de pagos al que podrán acceder, durante un período de dos años, aquellas personas que ya cumplieron o estén por cumplir la edad jubilatoria (60 las mujeres y 65 los hombres) y no tengan los 30 años de aportes exigidos. Se busca regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive. Esto se podrá hacer con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa establece la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

El proyecto recibió media sanción el 30 de junio pasado por 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. En la Cámara de Diputados, la iniciativa ya comenzó a ser analizada en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, cuya titular la camporista Marisa Uceda.

A diferencia del Senado, en la Cámara baja el texto también pasará por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, algo reclamado desde la oposición ya que prevé el costo fiscal para el 2022 sería de un 0,02% del PBI, mientras que para el 2023 del 0,3% PBI.

Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, extendiera por decreto la moratoria previsional que vence el próximo sábado 23 de julio hasta tanto salga la ley del Congreso, la titular del ANSeS, Fernanda Raverta, celebró dicha decisión y remarcó: “Queremos que haya una nueva ley que permita regularizar aportes”.

En el marco de declaraciones radiales, la directora ejecutiva de ANSES señaló que la extensión del plazo de la moratoria vigente será “hasta la sanción en el Congreso de una nueva ley de pago de deuda previsional”.

De este modo, resaltó que “con esta prórroga garantizamos que las mujeres de entre 60 y 64 años inclusive puedan continuar jubilándose con las condiciones vigentes”.

Asimismo, Raverta indicó: “Queremos que haya una nueva ley que permita regularizar aportes porque son muchas las argentinas y argentinos que necesitan que el Estado les dé la posibilidad de pagar esa deuda previsional para jubilarse”.

Finalmente, la funcionaria afirmó que “vamos a seguir trabajando para que en nuestro país no haya ninguna persona mayor sin un ingreso”.

Luego de que desde el Poder Ejecutivo se anunciara la decisión de prorrogar por decreto la moratoria previsional, atento a que la vigente vence este 23 de julio, hasta tanto el Congreso apruebe la ley impulsada desde el Senado, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió un informe muy completo en el que celebra la medida y advierte que la ampliación de las moratorias previsionales representa una medida tan urgente como necesaria.

Es urgente, señala el informe del CEPA al que accedió parlamentario.com,  por cuanto en la actualidad más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes que exige la ley. De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes, y 680.724 directamente no cuenta con aporte alguno.

El instituto que dirige el economista Hernán Lechter advierte que solo una de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria están actualmente en condiciones de jubilarse, por lo que el resto requerirá de una moratoria que les permita comprar aportes para acceder a este derecho.

Por múltiples razones, son las mujeres las más complicadas en materia previsional. Pruebas al tanto, solo el 6,6% de las mujeres de entre 55 a 59 años tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras que el 46,1% no cuenta con ningún aporte al sistema jubilatorio. En el caso de los hombres de entre 60 a 64 años, solo 16% tiene entre 25 a 27 años de aportes, al tiempo que un 17,6%, no tiene ningún aporte.

El sector privado, el sector público y los autónomos son los ámbitos con mayor cantidad de personas en condiciones de jubilarse (aportes de entre 25 y 27 años). Pero solo alcanzan 18%, 36% y 20% respectivamente.

A la vez, se percibe la crítica situación para monotributistas, monotributistas sociales y trabajadoras/es de casas particulares, donde solo superan los 25 años de aportes 5,7% (11.922 casos), 0,06% (36 casos) y 0,1% respectivamente (103 casos).

Los datos históricos del mercado de trabajo para personas cercanas a jubilarse que cita el CEPA dan cuenta de un derrotero difícil de sortear a los efectos de poder jubilarse. Desde 1990 en adelante se observa un nivel promedio elevado de desocupación (10,3%) y empleo no registrado (34,7%) y picos sensibles (21,5% en desocupación en mayo 2002 y 50% de trabajo no registrado en el tercer trimestre de 2003). La desocupación e informalidad laboral persistente implica fundamentalmente que una buena porción de trabajadores no logra cumplir con el extremo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria.

En este escenario, como vemos, las más afectadas son las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad que los varones, lo que se vincula a las desigualdades estructurales existentes en el mercado laboral que repercuten directamente en el acceso a derechos de las mujeres pasivas (trabajan menos horas fuera de sus hogares y tienen menos aportes registrados en su recorrido laboral, en buena medida porque suelen estar sujetas a trabajos de mayor precarización e informales, y porque ocupan gran parte de su tiempo en el desarrollo de tareas domésticas y de cuidados no remuneradas).

El informe destaca que se puede constatar que, para las mujeres, el escenario de evolución histórica tanto en desempleo como en trabajo no registrado fue sensiblemente peor a las de los hombres. Mientras que para el período mayo 1990 al tercer trimestre de 2021 el promedio de desocupación de mujeres ascendió a 11,6%; en el caso de los hombres el dato alcanza 9,2%. La brecha, en promedio, ascendió a 2,4%. En el caso del empleo no registrado, para el período que va del tercer trimestre de 2003 al tercer trimestre de 2021, el promedio ascendió a 40,0% para las mujeres, para los hombres sumó 33,4%, es decir, un diferencial para dicho período de 6,6%.

Así las cosas, el CEPA considera que la moratoria se vuelve una herramienta indispensable para, por un lado, no penalizar dos veces a trabajadores informales o desocupados: en su vida activa, sin derechos laborales y, en su vida pasiva, con pensiones por vejez que otorgan menores ingresos que las jubilaciones. Y por el otro, mitigar la brecha de género existente en el sistema previsional.

Ante la pregunta de si las moratorias quiebran el sistema previsional, el CEPA sostiene que “los números no acompañan esta tesis”. Se basa en tal afirmación en un comparativo entre la gestión kirchnerista y la de Cambiemos. Presenta el análisis de los datos histórico según el cual concluyen que la moratoria jubilatoria (11/2005) fue acompañada de “una sensible mejora en cobertura del gasto previsional por Aportes y Contribuciones”. El Centro de Economía Política Argentina lo atribuye a que “los salarios registrados privados se incrementaron significativamente entre 2003 y 2015; a la par se produjo un crecimiento significativo del empleo, que fue acompañado de una mejora en la calidad de los trabajos existentes y nuevos; también se redujo fuertemente la informalidad entre 2003 y 2015; y por cierto no se promovió reducción de contribuciones ni aportes que afectaran la recaudación del sistema”. Es decir, agrega el informe, que “la expansión de la cantidad de personas con acceso a la jubilación se dio al mismo tiempo que mejoró la cobertura del sistema previsional con aportes propios”.

Por el contrario, el CEPA sostiene que “entre 2016 y 2019 se redujo sensiblemente la cantidad de trabajadores activos, el salario real y se promovió la reducción de contribuciones patronales a través de la aplicación de un mínimo no imponible sobre el que no se paga. En este período, se redujo significativamente el porcentaje de Aportes y Contribuciones en relación con el gasto en Seguridad Social. Es decir, entre 2016 y 2019 empeoró la sustentabilidad del sistema”.

En ese marco se destaca la prórroga de la moratoria dispuesta por decreto y la eventual aprobación del proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado, que lograrán promover el acceso al derecho a la jubilación de las personas mayores que, por haber afrontado dificultades en su vida laboral activa, no tienen la totalidad de sus aportes, impulsando para ello la regularización de su situación.

Cabe consignar que la norma permitirá por un lado que aquellas personas que no cuentan con los 30 años de aportes que pide la ley, puedan acceder a una jubilación, al tiempo que quienes aún están en edad pre jubilatoria (10 años antes de jubilarse) puedan computar años de servicio.

Si se considera que todos los adultos mayores sin 30 años de aportes se jubilaran de manera inmediata, el costo fiscal de este proyecto, en caso de aprobarse, alcanzaría aproximadamente 0,04% del PBI, precisa el CEPA.

Tal cual se esperaba, el presidente Alberto Fernández extenderá por decreto la moratoria previsional que vence el próximo sábado 23 de julio, hasta tanto salga la ley del Congreso.

El propio mandatario lo anunció a través de las redes sociales, donde contó que este lunes se reunió con la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, para analizar la situación de los jubilados de Argentina y las medidas a tomar por el vencimiento del plazo de la moratoria previsional sancionada en el 2014. En ese sentido señaló que dicha moratoria “fue una política indispensable en nuestro país para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación”.

“Por eso tomamos la decisión de extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley”, precisó el presidente de la Nación, que agregó que “de este modo, reforzamos nuestro compromiso con garantizar que todas las personas mayores, después de toda una vida de trabajo, puedan acceder a su jubilación”.

El diputado nacional oficialista Marcelo Casaretto aplaudió la medida, al tuitear este lunes: “Excelente decisión del presidente. Nuestro gobierno decidiendo ampliar derechos, para argentinos y argentinas que teniendo la edad jubilatoria no tienen los años de aportes necesarios. Tenemos que sancionar una ley en el Congreso, que ya empezamos a debatir hace algunas semanas”.

El proyecto impulsado en el Senado por el Frente de Todos contempla un plan de pagos al que podrán acceder, durante un período de dos años, aquellas personas que ya cumplieron o estén por cumplir la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los hombres) y no tengan los 30 años de aportes exigidos. Se busca regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive. Esto se podrá hacer con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Fue aprobado el pasado 30 de junio la Cámara de Senadores aprobó con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. En la Cámara de Diputados el proyecto ya comenzó a ser analizado en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, cuya titular Marisa Uceda anticipó que citarían a Silvina Batakis para preguntarle sobre el tema. Cabe aclarar que Presupuesto y Hacienda participará también del tratamiento de esta norma que beneficiaría a cerca de 800 mil personas (477 mil mujeres y 295 mil hombres) que están en edad de jubilarse pero no tienen los años de aportes, y según se anticipa desde el oficialismo, el costo fiscal para el 2022 sería de un 0,02% del PBI. Para el 2023, el gasto sería del 0,3% PBI.

Con la presencia de especialistas en materia jubilatoria, arrancó el jueves pasado en la Comisión de Previsión y Seguridad Social el tratamiento del proyecto que establece un plan de pago de deuda previsional que ya cuenta con media sanción del Senado.

En efecto, el pasado 30 de junio la Cámara de Senadores aprobó con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones el proyecto que debería ser ley antes del 23 de julio, cuando vence la norma vigente.

Por eso es que se especuló con la posibilidad de una sesión de la Cámara baja la próxima semana, cuestión de convertir en ley la norma antes de que se produzca dicho vencimiento, pero el tema es que la próxima semana ambas cámaras estarán en pleno receso legislativo. Un receso no declarado, pero que en rigor de verdad ya se palpita en ambas cámaras en la presente semana.

Pruebas al tanto: la reunión de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas previstas para este martes al mediodía no tuvo quórum. También estaba prevista para este martes en Diputados una reunión de la Comisión de Deportes, que se suspendió el lunes.

La vuelta a la presencialidad ha hecho que los recaudos para las sesiones se extremen y nada garantiza en plenas vacaciones de invierno que todos los legisladores conseguirán vuelos. De hecho, el Senado había adelantado para el jueves pasado una sesión que a priori iban a hacer esta semana, previendo que no conseguirían vuelos. Al final, no hubo sesión esta semana, pero tampoco el jueves pasado, aunque ahí influyeron otros factores: no había acuerdo en todo el oficialismo para garantizar el número necesario para aprobar el proyecto para la ampliación de la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto impulsado en el Senado por el Frente de Todos contempla un plan de pagos al que podrán acceder, durante un período de dos años, aquellas personas que ya cumplieron o estén por cumplir la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los hombres) y no tengan los 30 años de aportes exigidos. Se busca regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive. Esto se podrá hacer con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

La norma beneficiaría a cerca de 800 mil personas (477 mil mujeres y 295 mil hombres) que están en edad de jubilarse pero no tienen los años de aportes, y según se anticipa desde el oficialismo, el costo fiscal para el 2022 sería de un 0,02% del PBI. Para el 2023, el gasto sería del 0,3% PBI.

Juntos por el Cambio no apoyó el proyecto en el Senado, aunque sufrió una división. Mientras el Pro votó en contra, los radicales se abstuvieron. El costo fiscal es el factor que motiva las objeciones en la principal oposición, que preguntó si habían consultado al entonces ministro Martín Guzmán, a lo que la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Juliana Di Tullio, respondió que habían consultado en la ANSeS.

Para el debate en Diputados, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marisa Uceda, aclaró que citarían a Silvina Batakis para preguntarle sobre el tema. Eso llevará tiempo; se verá. Además, mientras en el Senado el giro del proyecto no incluyó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en Diputados sí está previsto que la comisión que encabeza Carlos Heller emita dictamen. Con todo, esa comisión no participó de la reunión informativa del jueves pasado.

En el oficialismo se ilusionan con tener los votos para la aprobación. Esa confianza se relaciona con lo sucedido en el Senado, donde Alberto Weretilneck votó a favor, lo mismo que la cordobesa Alejandra Vigo. Se descuenta así que los rionegrinos y misioneros que conforman el interbloque Provincias Unidas apoyarán, lo mismo que los tres cordobeses y probablemente el resto del interbloque Federal, aunque el presidente del mismo, Alejandro “Topo” Rodríguez, aclaró a parlamentario.com que no tenían aún decisión tomada sobre el tema.

Así y todo, especulando con el eventual apoyo de Provincias Unidas (4), el interbloque Federal (8), el santacruceño Claudio Vidal, el neuquino Rolando Figueroa, y la izquierda, estaría garantizada la aprobación del proyecto ya votado en el Senado.  

El tema son los tiempos y la garantía para tener sentada la cantidad de diputados necesarios la próxima semana, para una sesión que fuentes consultadas por parlamentario.com aclararon que no ha sido convocada, sin expectativas de que dadas las circunstancias eso suceda.

Por eso es que en caso de que el Gobierno lo desee, debería apelar al decreto para prorrogar la prórroga vigente, a la espera de una sanción definitiva en el mes de agosto.

En el marco de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que preside la mendocina Marisa Uceda (Frente de Todos), especialistas en materia jubilatoria analizaron los alcances del plan de pago de deuda previsional, iniciativa que ya obtuvo la aprobación de la Cámara alta.

La diputada Uceda destacó que la reunión demuestra “que cuando hablamos de previsión social, de seguridad y derechos jubilatorios, son temas que nos atraviesan a todas las fuerzas políticas, y que claramente nos tienen a todos comprometidos en la urgencia de lo que hoy vamos a tratar”.

En uso de la palabra, el director General de Planeamiento de la ANSeS, Ignacio Amigorena, celebró “la responsabilidad social e histórica del proyecto para dar respuestas a la dificultad de acceso a la jubilación del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)”. Amigorena estimó que el plan de pago de deuda provisional “pueda incluir en el sistema alrededor de 800 mil personas en edad jubilatoria en los próximos dos años, de las cuales aproximadamente un 60 por ciento son mujeres”.

A su turno, la previsionalista Adriana Micale bregó por “la sanción de esta ley tan necesaria, frente al inminente vencimiento de la moratoria actual”. La magister destacó que, “a diferencia de planes previsionales anteriores, este contempla un pago que no tiene un instrumento de cuotas fijas, sino que, por el contrario, prevé la incorporación del pago de periodos no aportados, que en muchos casos se deben a situaciones de precarización y desempleo”.

El cierre de expositores estuvo a cargo del director del Programa de Protección Social del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Rafael Rofman. El investigador señaló que el proyecto “enfrenta un problema estructural de la Argentina, porque el sistema previsional contributivo estuvo pensado para un sistema definido mayormente por el trabajo formal”. Rofman hizo un llamado a pensar la iniciativa “como el inicio de una discusión seria sobre cómo se construye un sistema previsional de largo plazo, que tenga buena cobertura, buenos beneficios, que sea sostenible y que sea equitativo”.

El proyecto de ley está destinado a las personas que, habiendo alcanzado la edad de retiro laboral, no cumplen con los 30 años de servicios con aportes registrados requeridos por la actual legislación. También contempla a quienes se encuentren a una distancia de hasta 5 años de la edad necesaria para obtener la jubilación.

Ante la deuda previsional, el plan prevé un sistema de “unidad de pago de deudas previsionales” –equivalente a un aporte jubilatorio mensual- con el fin de garantizar el acceso al cobro de jubilaciones y pensiones a un total de 800.000 argentinos.

Presidida por la senadora Juliana Di Tullio, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado pasó a la firma el proyecto de ley que establece un plan de pago de deuda previsional, que busca atener la situación de aquellos hombres y mujeres que están en edad de jubilarse pero no cuentan con los años de aportes suficientes. La oposición de Juntos por el Cambio expresó sus cuestionamientos y no firmó el dictamen.

El encuentro se celebró en el Salón Illia del Senado, donde en el arranque se procedió a completar las autoridades de esa comisión, designando a la cordobesa del Pro Carmen Alvarez Rivero vicepresidenta de la misma. A continuación, la presidenta de la comisión recordó que durante las reuniones previas se había analizado el proyecto y había habido tres preguntas formuladas por senadores, las cuales habían sido contestadas y que lo mismo harían con las que fueran a hacerse durante la presente jornada en la que se pasaría a la firma el dictamen, de modo tal de llevarlo al recinto transcurridos los 7 días que corresponden según el reglamento. En rigor, la de este martes fue la primera y única reunión presencial con los senadores, pues las anteriores dos referidas por Di Tullio habían sido con asesores, aclararon desde la oposición.

Di Tullio consideró “central” e “importantísimo para los argentinos y argentinas” ese tema, por cuanto “estamos a punto de finalizar una ley de moratoria, la ley de 2014 del Poder Ejecutivo que conducía entonces la expresidenta Cristina Kirchner. Una moratoria que fue prorrogada por el Poder Ejecutivo de Mauricio Macri solo para las mujeres, y que se va a terminar en julio de este año”.

“Lo que hemos analizado quienes trabajamos en el tema, sobre todo los senadores Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde (autores de la iniciativa), es que la pendiente viene bajando y corremos el riesgo de que haya una baja en el universo de personas que tienen que jubilarse y no tengan acceso a ese derecho”, expresó la presidenta de la comisión, que aclaró que “no es una moratoria, es un programa para pagar deuda previsional”.

Las personas alcanzadas por el proyecto podrán pagar la deuda previsional mientras cobran la jubilación, en hasta 120 cuotas.

Puntualizó que “este plan de pago previsional es un proyecto extenso y vasto”, y recordó lo realizado por las gestiones kirchneristas desde 2004, cuando el decreto de Néstor Kirchner que jubiló a un universo de 3 millones y  medio de personas. Cifra que consideró “motivo de orgullo, no importa de qué lado de la política estemos. Hay casi una universalización de las personas en condiciones de jubilarse”, agregó, pero insistió en que “la curva empezó a descender, por eso hacemos este nuevo proyecto”.

Las personas alcanzadas por dicha iniciativa son aquellas que tienen la edad para acceder a la jubilación, pero no los años de aportes necesarios, por lo que se les permitirá pagar la deuda previsional mientras están cobrando la jubilación. Lo podrán hacer hasta en 120 cuotas. También sirve para las personas de 50 años, si son mujeres, o 55, si son varones, para poder pagar antes la deuda previsional. “Cada uno sabe en su historia previsional cuánta deuda tiene al día de hoy”, resumió.

Di Tullio detalló que sin ese proyecto, solo una de cada 10 mujeres podría jubilarse, y 3 de cada 10 varones. “Estamos haciendo que esta posibilidad se amplíe y que el SIPA se sostenga y tenga la posibilidad de ser solvente”, agregó.

A continuación habló Fernández Sagasti, que destacó que junto a Mariano Recalde, el otro autor del proyecto, se habían comprometido a “tratarlo con celeridad, porque en escasos 40 días se vence la moratoria jubilatoria de 2014, y desde 2015 y 2016 la línea viene bajando. Si bien se hizo un maravilloso aporte desde la ANSeS para contabilizar los años de aporte por hijo, la verdad que nos parecía que el Senado no podía estar expectante sabiendo que este año iban a haber 500 mil argentinos que no iban a poder jubilarse por no tener los aportes necesarios”.

A la hora de justificar la iniciativa, la mendocina recordó que quienes este año cumplirían entre 60 y 65 años, a partir de los 18 pasaron por la dictadura, hierinflaciones, los picos de desocupación de los 90 y 2001, por lo que “ha sido ajeno a estas personas no tener los 30 años de aporte, porque las crisis económicas argentinas no se lo han permitido”.

Para Fernández Sagasti “hemos podido construir un proyecto que es superador al de 2004 y 2014, porque tiene no solo un punto de vista de corto plazo -este plan de pago tiene una duración de 2 años que puede ser prorrogado por 2 años más y alcanza a 800 mil personas en edad jubilatoria sin aportes-; tiene una mirada a mediano plazo y es que creamos una unidad de pago de deuda. De precancelación a los que les falten 10 años, anticipándose a que cuando tengan la edad, pueden tener los 30 años” de aportes. Para la vicepresidenta del interbloque FdT, eso hace a la sostenibilidad del sistema previsional, “porque van a entrar ingresos”, pero además “vamos a crear conciencia, para que previendo la gente empiece a calcular si van a llegar a la edad con los aportes necesarios, y no sea costumbre esto de los planes de pago previsionales”.

Para finalizar, planteó la necesidad de “tener un sistema previsional más robusto, sustentable y empezar a construir uno más justo, que es lo que nos falta. En este contexto el derecho a la jubilación es un derecho que tenemos que garantizar”.

A su turno, Mariano Recalde hizo hincapié en la fecha límite que está por delante: el 22 de julio vence la moratoria previsional vigente, que “fue perdiendo potencia, particularmente en los 4 años de Mauricio Macri”, al que irónicamente le adjudicó “una perspectiva feminista”, por haber resuelto sostenerla solo para las mujeres. Recordó que a los varones se les otorgó solo la posibilidad de la PUAM, que definió como “una pensión más precaria, barata y menos integral”.

En ese sentido recordó que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende al 80% de una jubilación mínima, por lo que “está bastante lejos de una canasta básica”. El legislador sostuvo que “nunca puede pasar que se pierda un derecho donde hay una necesidad y había  un derecho. Queremos mantener el derecho y mejorarlo. Y además fortalecer la cultura previsional contributiva y nos parece además que es muy justo, porque se trata de personas que no son culpables de no tener los aportes”.

Además, agregó, “tampoco es cierto que no aportaron. Aportaron, porque el sistema previsional hoy se sostiene con 50% de los que hacen aportes y 50% de los impuestos generales, donde aportan todos”.

Luego dio precisiones sobre el proyecto. ¿Qué van a pagar? Lo mismo que pagaría un trabajador en actividad: 29% de la remuneración mínima imponible, consistente en $10.989. “El 29% es $3.187 por mes y de acuerdo a la deuda previsional que tenga lo va a pagar en una, 30, 60, o hasta 120 cuotas”, especificó, aclarando que hoy es esa cifra, pero ese porcentaje se saca sobre la base de la remuneración mínima imponible que se actualiza trimestralmente. Actualización que también se aplicará sobre la cifra referida.

“Incorporamos una novedad que es la de cancelar anticipadamente la deuda previsional. Aquellos que tengan hasta 10 años menos de la edad jubilatoria, pueden ir viendo, porque conoce o porque consulta a la ANSeS, adelantar el pago de esa deuda previsional. No solo continuarla, sino empezar a pagar antes. Le permite tener más seguridad de que va a acceder al beneficio, pero al Estado le permite recaudar, además”.

Juliana Di Tullio detalló a continuación el costo fiscal de la iniciativa. El primer año sería de 0,02%, y el año que viene 0,3%. “Realmente un costo fiscal muy bajo, afrontable para las cuentas lamentables de nuestro país, pero que todavía estamos tratando de ordenar y que nos va a llevar mucho tiempo ordenar”, enfatizó, para criticar luego la tarea de los ministerios de Trabajo de años anteriores que no cumplieron con el poder de fiscalización suficiente, facilitando que no haya ahora aportes suficientes.

Por otra parte aclaró que no había habido ninguna propuesta para modificar el proyecto, pero que seguiría abierta a la posibilidad de atender las consultas y sugerencias hasta llegar al recinto.

Desde la oposición, la senadora Guadalupe Tagliaferri reconoció la importancia del tema, reconoció que el sistema “tiene que ser solidario, justo, sostenible y sustentable, y que no lo es”, pero reclamó que con la premura correspondiente la iniciativa fuera girada también a la Comisión de Presupuesto. Justificó su pedido en que “no sabemos si esto complica los acuerdos y metas de (Martín) Guzmán con el FMI, las estimaciones de los cálculos actuariales del costo, que es algo que han hecho los asesores de los senadores, no es algo que haya hecho el Poder Ejecutivo”.

Con todo, Tagliaferri consideró que la iniciativa “no soluciona el problema de base”, y consideró injusto que aquel que nunca haya aportado ingrese a  una jubilación. “En algún momento lo que va a suceder es que no pueda jubilarse nadie”, advirtió. Respecto del bajo poder adquisitivo de la PUAM, señaló: “Es cierto que la PUAM está por debajo de la canasta, también está la mínima, si mejoran la mínima sube la PUAM”.

Para finalizar, sintetizó pidiendo mandar el proyecto a Presupuesto y requerir la presencia de Guzmán, como así también informar qué pasará con las personas que pasados los dos años no cumplan el tiempo de aporte.

Di Tullio le respondió recordándole que la herramienta de dar los giros la tiene la presidenta del Senado, que ya dispuso que la iniciativa no vaya a otra comisión. Y que además fue ANSeS el organismo que les dio los datos respecto del costo fiscal de la iniciativa, del que dio más detalles: el 0,02% equivale a 12.046 millones de pesos, mientras que el 0,3% equivale a 184.844 millones de pesos.

La vicepresidenta de la comisión consideró “una barbaridad esas cifras”, estimando que “Guzmán tiene que acusar un impacto, es (una cifra) muy importante”. Y agregó: “De todas maneras yo creo que el sistema previsional depende de la confianza; la gente tiene que confiar en la Argentina, tiene que confiar a 30 años, tiene que confiar en todos los dirigentes. De alguna manera si la gente no aporta al sistema es porque no está confiando en nosotros”.

Sobre el final, Fernández Sagasti recordó que la voluntad del interbloque oficialista era emitir dictamen este martes, “y no habiendo propuestas concretas de modificación nos complacería firmar el dictamen”.

Expresó además su deseo de hablar sobre “cómo volvieron deficitario el sistema previsional”, responsabilidad que adjudicó a la gestión anterior, pero aclaró que dejarían esas expresiones para el recinto. Y concluyó señalando que “los números tienen que cerrar con la gente adentro. Y para nosotros es importante que 800 mil personas puedan jubilarse”.