Tal cual le pedían, Javier Milei le puso el cuerpo a las negociaciones. Aunque lo fastidia hacer política, participó de encuentros sucesivos con diputados y senadores, y los resultados fueron bastante aceptables. Estuvo cerca de coronar una semana casi perfecta, pero… pasaron cosas, y el Gobierno terminó con un sabor agridulce. Pudo ser peor.

Habíamos dicho que la administración mileísta se encaminaba a vivir otra semana negra en el Congreso; entre miércoles y jueves podría acumular tres derrotas contundentes, sino cuatro. La cuarta -improbable pero posible- era la aprobación de la Boleta Única de Papel, que podía fracasar por desaveniencias en el seno de una mayoría que la vicepresidenta forjó en diciembre pasado, pero se le desordenó en el verano.

Los otros tres temas eran los que concentraban toda la atención del oficialismo, que arrancó la semana reuniendo a los aliados más cercanos de la Cámara baja en la Casa Rosada. Esta vez sin el presidente, pero con la presencia de El Jefe, Karina Milei, ocupando el rol de Guillermo Francos, que el domingo debió ser internado por una indisposición que todos vincularon a la malasangre que se hizo por la desautorización pública que no pudo digerir con el tema del decreto sobre Acceso a la Información.

Al día siguiente Milei sí estuvo en el encuentro sorpresa que encabezó con cinco miembros del bloque radical de Diputados. Una reunión en Casa Rosada donde tampoco estuvo Francos -aún recuperándose-, pero sí Karina y Patricia Bullrich, lo que dio lugar a muchas interpretaciones sobre un rol distinto de la ministra de Seguridad en esta gestión. En rigor, ella fue clave para concertar esa reunión con radicales que le son cercanos desde la interna salvaje que ella protagonizó con Horacio Rodríguez Larreta. Al lado de Bullrich se sentó en la Casa Rosada su excompañero de fórmula, el hoy también ministro Luis Petri. La excandidata presidencial de JxC debió salir a aclarar luego que no estaba buscando el puesto de Guillermo Francos, pero terminó la semana con raspaduras como consecuencia de los excesos en la represión del miércoles en Congreso.

Ese encuentro resultó clave para el éxito oficialista en la sesión del miércoles en Diputados. Sobre todo porque allí estuvieron los cinco miembros del bloque UCR que votaron a favor del veto presidencial. Y cinco fueron los votos que tuvieron por arriba del tercio de los presentes, que según la asistencia a la hora de la votación se alcanzaba con 82 diputados: 87 fueron los votos que le aseguraron el éxito a La Libertad Avanza el miércoles. Son los “87 héroes” que Milei ahora quiere invitar a comer un asado para celebrar lo que algunos ya presentan como la alianza táctica “anti 2/3”; y algún exagerado considera el resguardo contra un juicio político.

Esa reunión resultó ser la contracara de una realidad que venía viéndose en los últimos tiempos en un oficialismo que en lugar de sumar estaba siendo expulsivo. Signado por insólitas y salvajes internas, los ya de por sí hiper reducidos bloques oficialistas de ambas cámaras se habían achicado más por expulsiones inéditas en los oficialismos, que suelen ser expansivos. En cambio la imagen del martes, con radicales sonrientes sacándose selfies con los libertarios, demostró ser una versión corregida de un gobierno que sigue siendo favorecido por las encuestas. La cual continuó exhibiéndose el viernes, con la incorporación formal a La Libertad Avanza del bloque de dos compuesto por Carolina Píparo y su cuñada, lo cual le permite al oficialismo recuperar la condición de segunda minoría de la Cámara perdida precisamente esta semana a manos del Pro, cuando el bloque de Cristian Ritondo sumó una diputada entrerriana en reemplazo de un radical que renunció para asumir un cargo en un ente binacional. Esa foto no lo tuvo al presidente, pero sí a su hermana, clave en este acuerdo, y al presidente de la Cámara Martín Menem.

Hizo política el oficialismo estos días y eso se tradujo en un contundente triunfo el miércoles en Diputados, a pesar de que formalmente el resultado fue derrota en una votación en la que la oposición necesitaba dos tercios para rechazar el veto presidencial a la Movilidad Jubilatoria. Una ley que trabajosamente había conseguido la oposición con sendos triunfos por 2/3 en las dos cámaras, pero que ahora quedó en la nada.

Ese mismo miércoles, por la mañana, hubo otra foto en la Rosada, de nuevo con Milei en la cabecera, el regreso de Guillermo Francos y la novedad de Victoria Villarruel al lado del presidente (y en consecuencia sin Karina Milei, fuertemente distanciada de la vicepresidente). Sentados todos frente a ocho senadores de la oposición dialoguista, con quienes se intentó así revertir las dos derrotas que se anticipaban para el jueves.

Hubo sonrisas en ese encuentro y al cabo de otra jornada marcada por las negociaciones en el Senado, el Gobierno creyó haber coronado un acuerdo que disipaba la posibilidad de la derrota que más los inquietaba por lo simbólico: por el DNU de los fondos reservados para la SIDE. Las partes creyeron tener garantizada la postergación de ese debate con la oferta de una sesión secreta a la que asistirían el titular de la SIDE, Sergio Neifert, y los ministros Bullrich y Petri. Allí les explicarían para qué necesitaban los cien mil millones de pesos pedidos a través del DNU, pero no repararon en que el reglamento de la Cámara establece la necesidad de contar con la aprobación de una mayoría de 2/3: artículo 18, inciso a) del reglamento del Senado que se ve que no leyeron… Obviamente el bloque Unión por la Patria no les concedió tener esa sesión, e inesperadamente el radicalismo se sumó para restituir el debate del decreto en el temario del jueves.

“Nos negamos a tener una sesión secreta acá, porque es una maniobra de dilación. Hay algunas cosas de las que nos damos cuenta; no somos tan despistados”, advirtió en su tono histriónico y punzante el senador José Mayans ya en la madrugada del viernes, a poco de una votación que arrojó una contundente derrota oficialista por 2/3, con todo lo simbólico que la misma tuvo: por primera vez en la historia, un gobierno vio rechazar un decreto de necesidad y urgencia.

El resultado, registrado a las 2.19 de la madrugada del viernes, marcó el cierre de una sesión que terminó con dos derrotas para el oficialismo y una victoria, la de la Boleta Única de Papel, que vuelve a Diputados. El otro traspié fue con la Ley de Financiamiento Universitario, que el viernes el presidente confirmó que vetará.

Si a priori al Gobierno le hubieran propuesto ese resultado de dos traspiés -con Financiamiento y el DNU- y una victoria (pírrica, pero victoria al fin) con el veto presidencial, sin dudas hubiera firmado al pie. Pero sucede que el miércoles por la noche se engolosinaron y creyeron ver un escenario exitoso, pues la postergación del debate del decreto lo hubiera sido. La realidad es que el éxito obtenido al confirmar el veto presidencial con una ley del tenor de la previsional, debería ser valorada por el alcance simbólico. Con solo 37 diputados propios, lograron neutralizar los 2/3 sobre una ley de semejante peso.

Y de cara al debate por el veto inminente para el aumento para las universidades nacionales, fuentes radicales admitían el viernes que les sería aún más difícil frenar el veto, a pesar de tratarse de un tema tan caro para los miembros del radicalismo. “Si el Gobierno reúne a sus 87 héroes (ni siquiera a todos ellos) ya bloquea”, admitió con pesar una fuente del partido centenario consultada.

Sin pausa, el presidente coronará esta semana de protagonismo legislativo yendo personalmente a “la cueva de la casta”, para escenificar una inédita presentación del Presupuesto 2025. Será el primero de su gestión, luego de que el año anterior pactara con Sergio Massa liberarse del corset que esos textos imponen, que fue lo que en definitiva resultó de ese acuerdo entre ambos para que el Gobierno saliente demorara el debate sobre el tema.

Con presencia legislativa menguada y en consecuencia un escenario a priori favorable -solo concurrirán al recinto de la Cámara baja los legisladores menos confrontativos-, se espera el mensaje de un Milei más adentrado en su rol de economista, enfocado en su papel de ajustador en aras del déficit cero. Como el 1° de marzo, no se espera que hable de “ratas”, ni lance mayores exabruptos, pero no será contemplativo con quienes deberán resolver sobre el Presupuesto. Al cabo, no utilizará el prime time para desairar a su audiencia más fiel. Atento a los tiempos que corren, ya no estará pendiente de votos que deba reunir, sino de los puntos de rating que tendrá. Con la ayuda de una cadena nacional como reaseguro de audiencia.

Uno de los protagonistas de sostener el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria, al haber cambiado su voto, el diputado radical Martín Arjol lanzó este jueves: “Si el partido (UCR) debe tomar la decisión de expulsarnos, que la tome ya”.

Consultado en Radio Mitre por sus correligionarios que piden echar del espacio a quienes se reunieron con el presidente y luego modificaron su postura en el recinto, el misionero cuestionó que “en el radicalismo pareciera que hay radicales de primera y de segunda, y que a algunos, como somos del interior, nos pueden hacer esto”.

“A mí me parece raro cuando veo que los mismos que me quieren echar, hace dos años tenían otro bloque”, criticó, al tiempo de asegurar que fue una “decisión difícil” tanto para él como para sus pares cambiar el sentido del voto. Además, Arjol que haya habido un “toma y daca”.

En ese sentido, expresó: “Lo hicimos con convicción. Yo creo que desde aquella primera aprobación, al día de ayer, hay hechos nuevos, el veto, el equilibrio fiscal ha demostrado una baja consistente de la inflación y finalmente la reunión con el presidente en donde se dio una charla distendida en materia de economía”.

Según reveló el misionero, en ese encuentro con el mandatario le plantearon “ciertos interrogantes, porque surgía o parecía que había una especie de animosidad del presidente con los jubilados y eso es muy claro, de ninguna manera. Si bien él dijo, ‘yo entiendo que hay más pobres en los chicos, en los jóvenes, que en los jubilados, de ninguna manera hay una animosidad. Lo que yo necesito es lograr el equilibrio fiscal’, nos dijo”.

“Yo no tengo nada contra los jubilados, mis dos padres son jubilados, me encantaría que no solo ganen 300.000, sino que ganen 600.000, pero el tema es cómo lo hacemos. Si lo hacemos al modelo kirchnerista, lo único que hacemos es darle a la maquinita y le vamos a meter plata por un bolsillo y le vamos a sacar por otro”, completó.

Aludido por varios integrantes de Unión por la Patria, el diputado radical Mariano Campero, uno de los cinco que se reunió en Casa Rosada y cambió su voto en favor del veto presidencial, bajó al recinto para contestarle a la oposición. Tras su intervención, los integrantes de La Libertad Avanza y el Pro lo aplaudieron de pie.

“No voy a ser partícipe de una desestabilización que quieren hacer los kirchneristas”, aseveró el tucumano, quien no hizo usó de la palabra durante el tiempo que le correspondía a su bloque, pero si le pidió una intervención a la autoridad del Cuerpo, Martín Menem, en medio de las exposiciones del oficialismo.

Asimismo, cuestionó que “ninguno de Unión por la Patria hizo referencias al veto de Cristina Kirchner”, en alusión a la ley de 82% móvil vetado en 2010. También, señaló que “este proyecto se financia con emisión e inflación y ustedes quieren inflación para desestabilizar al gobierno”.

Ante los abucheos de la oposición, Campero, en forma irónica, gritaba “Esoooo”, y luego le adjudicó al peronismo una serie de cuestionamientos: “Le hicieron un golpe a Alfonsín, hicieron un golpe a De La Rúa y los atrevidos le tiraron 14 toneladas de piedras a Macri”.

En el final, recordó su llegada al Congreso a través de la candidatura de Patricia Bullrich y Luis Petri -actuales ministros de Seguridad y Defensa- y reiteró: “No voy a ser partícipe de una desestabilización que quieren hacer los kirchneristas”.

Con diputados de su propio espacio a favor del veto, el presidente del bloque radical en la Cámara baja, Rodrigo De Loredo, manifestó durante la sesión especial de este miércoles que “el radicalismo va a insistir con el proyecto de Movilidad Jubilatoria” porque “de ninguna manera quiebran las finanzas del Estado”, y lanzó una advertencia: “Que se sepa de qué lado está cada uno”.

“El bloque del radicalismo va a insistir con este proyecto que trabajó con paciencia, con responsabilidad, que impulsó”, comenzó su intervención el cordobés. Así, preguntó: “¿Tiene derecho a vetar el presidente de la Nación? Si, tiene derecho vetar. ¿Tenemos nosotros derecho a insistir? No solamente tenemos un derecho a insistir, sino que en este particular caso tenemos una obligación constitucional de darle a la movilidad jubilatoria en la República Argentina una fórmula dispuesta por ley”.

De Loredo calificó de “falaz” el argumento que dio el oficialismo de que el proyecto no indicaba los fondos de donde se pretende dar esta recuperación de “un feroz ajuste que recibieron los jubilados después de una devaluación de más del 120% aplicada en el mes de diciembre por el gobierno, y que logre el equilibrio fiscal más de un 30% o 40% por licuadora “.

En esa línea, explicó la forma de financiamiento está en el proyecto y los indicó el Parlamento, pero el Gobierno no acompañó. “Le dimos múltiples opciones para que reduzca el costo fiscal que significa el gasto tributario de más de 2 puntos del PBI de un conjunto de industrias y empresas que tienen extensiones impositivas”, sostuvo.

“Nosotros estamos simplemente cumplimentando lo que la ley nos exige. La fórmula de movilidad, así lo tiene dicho nuestra Constitución, pero así lo tiene respaldado las resoluciones jurisprudenciales si no están dispuestas por ley terminan más temprano que tarde siendo perdidosas en los estragos judiciales y así se va acumulando déficit fiscal”, planteó el radical.

También manifestó que es “falacia el argumento porque al tener un presupuesto prorrogado el Gobierno tiene prioridades y tiene porcentualidades en donde tiene que priorizarse el gasto del Estado. Si después por la inflación no corresponde esa prioridad señalada en el presupuesto, lo que viene a hacer el Congreso es a corregir esa decisión de no atender a la prioridad del presupuesto prorrogado”, y comparó: “¿Qué estamos discutiendo? Acá estamos discutiendo al final del día 15,000 pesos promedio para cada haber jubilatorio, prácticamente una docena de empanadas”.

“Me parece que la Argentina está rebalsada de esos argumentos. No es cierto que con los tres aviones que compró el Gobierno puedan afrontar esto son 2000 millones de dólares, no estoy de acuerdo con la compra de sus aviones. No es cierto que con eso se puede afrontar esto no equivale a los fondos para los servicios de inteligencia, que nosotros tampoco compartimos, pero de ninguna manera quiebran las finanzas del Estado y el Gobierno lo sabe a la perfección”, señaló el presidente del bloque UCR.

Respecto de la postura que ya adelantaron algunos de sus dirigidos que apoyan el veto, expresó: “Me ha tocado una chamba bastante difícil que es conducir un bloque que tiene una identidad de centro, que tiene una identidad de razonabilidad, que tiene una identidad de institucionalidad, momentos donde no sé cuánto tiempo durará. Entonces, con una vocación de que las cosas se sucedan, intenté persuadir al oficialismo, tenía la posibilidad de vetar parcialmente”.

“Este proyecto tiene un conjunto de disposiciones, si le afectaba los aportes del pago de las deudas en el ANSeS, podría vetar esa parte. Sí le afectaba las deudas con las cajas de previsiones provinciales, podía vetar esa parte si le afectaba. Si le afectaba el piso mínimo para sustituir el bono, y bueno, podía vetar esa parte. Si le afectaba este criterio de crecimiento del salario porque eso sucede es porque está creciendo la economía de manera que no afecta el déficit y vetar esa parte”, le enrostró De Loredo.

El radical apuntó que “ante esta realidad de atomización de todos los bloques, del cual mi bloque no es una excepción, ante la cruda realidad de este clima de época nos damos vuelta sabiendo la dificultad, sabiendo lo cerca que está el Gobierno en esta tentación de llegar a 86 votos y desbaratar la posibilidad de que juntemos los tercios de los presentes”.

“5 minutos antes de que quede la nada en esta Argentina del ‘todo y de la nada’ cuando advertimos en el número que el Gobierno está cerca de desbaratarnos los dos tercios, cuando intentamos persuadirlo parcialmente, nos damos vuelta y les decimos a los que quieran ayudar a los jubilados en esto insistamos parcialmente hay un precedente único en la jurisprudencia argentina en este Parlamento que se puede hacer y la respuesta es no, o ‘todo o nada’ y que se sepa de qué lado está cada uno. Ni uno están discutiendo el equilibrio fiscal, ni los otros están honestamente queriendo ayudar en algo concreto y objetivo a los jubilados argentinos”, disparó.

Y cerró: “El radicalismo va a insistir por la totalidad de lo que le propuso el Parlamento argentino y vamos a intentar que recapacite el Gobierno y que logremos los dos tercios de los presentes en esta Cámara”.

Durante la sesión especial que trató la reversión del veto impuesto por el presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria, el jefe de bloque del Pro, Cristian Ritondo, ratificó la postura de su bancada y cargó contra los integrantes de la Unión Cívica Radical: “Háganse cargo de haber votado con el kirchnerismo”.

Dirigido a su par de bloque radical, Rodrigo de Loredo, el legislador macrista fue repudiado por los presentes de la UCR cuando les decía que “ya que no tienen conducta partidaria, tengan educación”. Además, los cuestionó por no haber acompañado el dictamen que llevó el Pro en la sesión del 5 de junio y sí haber consensuado con Unión por la Patria.

“No vamos a ser parte de un circo montado”, reiteró Ritondo, quien además, ironizó -como aquella madrugada de junio- contra el bloque radical: “El matrimonio de aquella vez, parece que ahora tienen problemas de convivencia”. Del mismo modo, aseveró que “es facil echarle la culpa a todo el mundo desde las redes (sociales) hasta al periodismo y hay que hacerse cargo de lo que votaron y con quien arreglaron”.

Entre gritos e interrupciones, Ritondo trajo a colación el texto que había impulsado el Pro y explicó que habían propuesto “una ley con un impacto del 0,43, pero fueron por más”. De cara a la votación, anticipó que el veto presidencial propone “responsabilidad fiscal y sensatez”.

Por otro lado, el titular del bloque amarillo señaló que el proyecto vetado propone un déficit fiscal de “6.000 millones para este año y de 15.000 millones para el que viene”. En tal sentido, defendió el ajuste del Gobierno nacional y sumó que este texto atenta contra “el esfuerzo que vienen haciendo todos los argentinos”.

De igual manera, cuestionó que el texto haya sido sancionado por el Congreso en ausencia de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el cual “llegó después”, indicó. Catalogó a esta iniciativa como “populismo porque si no regalamos y alguien lo va a pagar”.

Para terminar, reiteró el apoyo de su espacio como aliado del oficialismo y cuestionó a la oposición: “Milei gobierna hace nueve meses y antes gobernó Alberto Fernández, háganse responsable de esos cuatro años”.

Tras ser expulsada del bloque libertario de forma polémica, la diputada mendocina Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo) hizo su debut en el recinto en la sesión de este miércoles como monobloquista y explicó por qué no acompañará el veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, siendo que su votación el pasado 5 de junio había sido en contra de la nueva norma.

“La historia nos congrega una vez más en favor de lograr acuerdos trascendentales que marcarán el rumbo de nuestros destinos. Está en cada legislador escuchar las bases de un proyecto de país que buscamos. Buscamos justamente velar por la vida la libertad y la propiedad”, comenzó su disertación.

Arrieta se preguntó: “¿Qué significan los jubilados para este Gobierno y para los gobiernos anteriores? ¿qué significaron?”, y afirmó: “Los jubilados para nada son un pasivo fiscal”.

La mendocina recordó que cuando militó el año pasado para La Libertad Avanza lo hizo “por las ideas, bancando a nuestro presidente y creyendo que el ajuste iba a ser para la casta y para aquellos que se quedan con los negocios del Estado, pero no para los jubilados”.

“Los jubilados que hoy tienen que afrontar un momento de crisis que, entiendo y respeto a las políticas de shock, pero también entiendo a cada jubilado porque camino, porque viajo en subte, porque me muevo para todos lados sin ningún privilegio y creo firmemente que sí debería el aumento hacerse factible”, sostuvo.

La mendocina indicó que “había una propuesta del 8,10% que se debía abonar e ir pagando como podía el Estado, pero tampoco esperar que los jubilados mueran esperando un resarcimiento por su jubilación, un aumento porque es verdad que, si bien estamos, creemos y queremos gobernar de aquí para las próximas generaciones, los jubilados significan experiencia y significan pasado”.

“Tenemos que pensar en que muchos jubilados que, justamente hoy están percibiendo la mínima, es porque trabajaron 30, 35 o 40 años en negro porque no tuvieron la posibilidad de poder estar en blanco o, estando en blanco, el patrón lo que hacía era justamente sacarle los aportes que creían que iba para su caja un jubilatoria y se los quedaba”, fundamentó Arrieta.

En esa línea, manifestó que “hay que pensar en darles libertad también a los jubilados, que puedan decidir llegar a fin de mes con lo que quieran, que puedan decidir viajar, que puedan decidir disfrutar a sus nietos”.

Dirigiéndose al titular del Cuerpo, Martín Menem, aseguró: “Tengo hoy el honor de defender a nuestros jubilados y realmente rechazo cuando se los tiene como pasivos porque no lo son, porque hoy tenemos que pregonar aún más que las ideas de la libertad van en contra de los privilegios de la casta de los negociados”.

“Como liberal acérrima sigo el ejemplo de Jesucristo que murió buscando la libertad de su pueblo y que resucitó al tercer día. De San Martín que liberando su pueblo murió en el exilio olvidado. De Belgrano que buscando la libertad de su pueblo nos dejó una hermosa insignia patria que luchó para que seamos libres y murió pobre como tantos que siembran ese granito de amor y de Patriotismo nuestra República Argentina que dan todo sin esperar nada a cambio”, ejemplificó.

“Por eso creo firmemente que se puede buscar la manera de compensar a nuestros jubilados sin que sean parte y sin considerarlos parte de pasivos Fiscales. Considero que, por sobre todas las cosas, pensemos nosotros en dejar nuestros privilegios, dejar los privilegios de la casta y dárselo realmente a quienes lo necesitan”, cerró.

En la antesala a la sesión especial de la Cámara baja para debatir el veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsional, los diputados radicales Luis Picat (Córdoba) y Martín Arjol (Misiones) justificaron a través de las redes su decisión de cambiar su voto a favor de la medida tomada por el presidente de la Nación, y apuntaron contra sus pares que votan junto al kirchnerismo.

“La GOBERNABILIDAD y el EQUILIBRIO FISCAL en peligro”, encabezó su posteo Picat y señaló que en la votación de este miércoles “no se debate el haber jubilatorio” sino que “se pone en discusión la GOBERNABILIDAD de un cuerpo de ideas que comparto”.

El cordobés cargó contra sus pares de bancada que votan en contra del veto: “Si la UCR y los sectores dialoguistas adquieren el hábito de construir mayorías con el kirchnerismo para imponerle políticas públicas al Poder Ejecutivo Nacional corre peligro el equilibrio fiscal => tenemos DEUDA + EMISIÓN + INFLACIÓN”.

“Debe haber una oposición dialoguista que tenga una fuerte conciencia de la restricción presupuestaria, que es el objetivo principal del presidente Milei y de nuestro electorado”, argumentó y sumó: “Las demandas sociales y económicas se deben discutir en el próximo PRESUPUESTO, para brindar CERTIDUMBRE fiscal y política”.

Picat alertó que “si no blindamos un tercio que le de fortaleza al gobierno para planificar las cuentas públicas la discusión puede devenir en un caos legislativo. Hemos logrado con mucho sacrificio abandonar las ideas populistas. No debemos retroceder”.

Así, recordó que cuando se votó la última ley previsional se retiró del recinto y no votó los últimos artículos, debido a que “el dictamen que yo firme se había modificado en cuestiones centrales”, y explicó: “La ley final era más parecida al proyecto kirchnerista que a nuestra idea original. Nuestra intención era tan simple como un aumento a los jubilados del 8%; se eliminó el artículo que eliminaba la jubilación de privilegio del presidente; este artículo para mí era vital. No por su dimensión económica que es mínima, sino por su dimensión moral; se cambió el origen de los recursos para cancelar las deudas que se mantienen con las provincias, nosotros habíamos propuesto que se haga con el producido de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La ley final eliminó esa fuente de financiamiento”.

“La ley de administración financiera establece en su artículo 38 que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento. Esta ley no tiene fuente de financiamiento por lo cual resulta ilegal”, remató su postura.

Por su parte, el misionero Arjol expresó: “Es ahora o nunca. El país que dejó el kirchnerismo no da tiempo a vacilaciones ni tibieza. Llevamos más de 20 años sin que nada cambie, como también pasa en Misiones”, y justificó su acompañamiento al “compromiso del presidente de cuidar el equilibrio fiscal para evitar recaer en la emisión monetaria, el endeudamiento o la subida de impuestos que a la larga nos hacen daño y nos impiden tener el país próspero que nos merecemos”.

“El amplio apoyo que recibió Milei de los misioneros es una prueba de confianza y los legisladores debemos darle espacio para que gobierne. Por eso, elijo anteponer mis coincidencias por encima de mis diferencias, por un mejor futuro para nuestros hijos e ir a fondo por el CAMBIO que la Argentina necesita”, concluyó.

Con un panorama poco alentador para el sector de la oposición que convocó a sesionar para rechazar el veto completo a la Ley de Movilidad Jubilatoria en la Cámara baja, y luego de la reunión que un conjunto de radicales mantuvo con el presidente Javier Milei, el diputado Facundo Manes cuestionó a quienes “quieran usar a los jubilados como moneda de cambio de una negociación política”.

“Los jubilados no son la casta”, enfatizó el legislador en un posteo en la red social X y apuntó: “El Gobierno quiere que el ajuste fiscal caiga sobre las espaldas de los adultos mayores. Por eso, vetó totalmente una ley que buscaba recomponer sus haberes tras la devaluación de diciembre”.

A continuación, preguntó: “Presidente: ¿en serio cree que los jubilados son la casta?”. Y luego, aunque sin nombres, envió un mensaje directo a sus pares de la UCR que se encaminan a dar vuelta su voto en la sesión de este miércoles. “Es triste que opositores quieran usar a los jubilados como moneda de cambio de una negociación política. Basta de querer sacar ventaja a costa del sufrimiento de la gente. Expliquen: ¿qué cambió de junio a hoy? Tengan un poco de coherencia”, lanzó. 

Finalmente, el neurocientífico remarcó que “los jubilados que no son ayudados por sus hijos no llegan a fin de mes. ¿Quiénes son los degenerados? ¿Los que recomponemos sus haberes, tras décadas de trabajo y aportes? ¿O los que los pulverizan? Sentido común y humanidad: no son números, son personas”.

En rigor, los diputados radicales que se reunieron con el presidente de la Nación, están  lejos del pensamiento de Facundo Manes, a pesar de estar bajo el mismo techo de la Unión Cívica Radical.

Tal cual le pidió Mauricio Macri en sus cenas en Olivos, el presidente Javier Milei continuó este martes cumpliendo el consejo de ponerle el cuerpo a la relación con el Congreso de la Nación. Así, tal cual lo hiciera hace dos viernes cuando recibió personalmente a un grupo de diputados propios y del Pro, esta vez se encontró con legisladores del radicalismo. Nada menos que un partido al que le ha dedicado gruesas críticas habitualmente.

El encuentro celebrado en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada lo tuvo sentado en la cabecera, acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los diputados radicales invitados fueron el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat, el neuquino Pablo Cervi y el misionero Martín Arjol. También asistió el diputado liberal correntino José Federico Tournier.

La reunión cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que es en vísperas de una sesión clave, en la que la oposición buscará rechazar el veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsonal.

Al respecto, ya Campero había adelantado su respaldo al veto presidencial, cosa que hizo también a través de un video publicado en sus redes sociales, grabado camino a Buenos Aires, donde señala que “en el Congreso, el kirchnerismo, incluso también con algunos bloques dialoguistas, permanentemente, con cuestiones muy nobles, como jubilaciones, universidades, en el fondo tienen un objetivo escondido que es el de golpear el plan económico moviendo uno o dos puntos del PBI. Y la única forma que podría solucionarse es generando deuda o emitiendo. Y acá, claramente, con aciertos y con errores, el Gobierno dijo: vamos al equilibrio fiscal, vamos a dejar de emitir y vamos a que un dólar no supere. ¿Quién calculaba que el dólar hoy iba a estar debajo de $1.300, el blue? Nosotros vamos a acompañar estos argumentos que está presentando el presidente respecto al veto”.

Por estas razones, entre otras, vamos a acompañar el veto de #milei pic.twitter.com/mfDaPeBfCP

— Mariano Campero 🇦🇷 (@mariano_campero) September 10, 2024

En la reunión con diputados radicales estuvieron también el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, nada menos que la fórmula presidencial que estos diputados radicales respaldaron en las últimas elecciones, cuando Juntos por el Cambio era una fuerza con aspiraciones de gobernar. Petri, cabe recordarlo, es un reconocido dirigente del radicalismo mendocino.

Provincia donde gobierna la UCR, con un mandatario como Alfredo Cornejo que se ha mostrado cercano al presidente Milei. Pero ninguno de sus diputados estuvo en esta reunión, aunque se especula con que podrían llegar a ausentarse en la sesión de este miércoles.

Lo cierto es que salvo Tournier, que no es radical, ninguno de los gobernadores presentes este martes en la reunión con Milei, responden a gobernadores de la UCR. Pero está claro que no son los únicos que no acompañarán la posición del resto del bloque en la sesión de este miércoles, aunque no se animaron a mostrarse con el presidente.

Tanto Campero, como Picat, Cervi y Arjol votaron el 5 de junio a favor de la reforma de la movilidad jubilatoria. Tournier por entonces no era diputado.

Buena reunión con el presidente @JMilei y colegas diputados.
Hablamos sobre el contexto actual, el futuro y la necesidad de equilibrio fiscal. pic.twitter.com/kv1CRQIsVK

— Mariano Campero 🇦🇷 (@mariano_campero) September 10, 2024

De cara a la sesión de este miércoles en la Cámara baja donde se pondrá en tratamiento el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, el diputado nacional Roberto Sánchez (UCR – Tucumán) adelantó que va a rechazar el veto del presidente Javier Milei.

“Hace 50 días hemos votado la Ley de Movilidad Jubilatoria con más del 66% de los votos. Pasó al Senado y con la misma cantidad de votos. El presidente lo veto y la idea es darles un beneficio a los jubilados. El bloque lo votó hace 50 días y vamos a insistir con lo que votamos. Vamos a ir por el rechazo del veto”, anticipó y remarcó: “Sabemos que los jubilados no están en buenas condiciones y con esta nueva movilidad jubilatoria pretendemos una pequeña mejora. Estamos hablando de 8,1% tampoco es un monto significativo y entendemos que el gobierno lo puede pagar”.

Sánchez dijo que la ley aprobada “es prácticamente una copia de lo que era el decreto de necesidad y urgencia que había hecho el Gobierno Nacional”, y explicó: “Tomando ese decreto lo que hicimos es ampliarle el 8,1% que faltaba del mes de enero donde solamente tomaron el 12,5% del 20,6% que fue la inflación. Ese aumento que tampoco era la gran cosa”.

Al mismo tiempo, Sánchez reflexionó: “Los jubilados hoy están muy complicados. Siempre han sido la variable de ajuste, pero entendemos que hoy están con una necesidad muy importante, en detrimento de otras cosas. También hemos rechazado por parte del Gobierno un decreto de necesidad y urgencia que era que se les daba cien mil millones de pesos para el Servicio de Inteligencia del Estado Nacional. Entendemos que hay dinero para eso y no hay para los jubilados”.

El radical aclaró: “No estamos contra el gobierno, sino que estamos marcando en lo que estamos en desacuerdo, en defensa de los jubilados y el tema de los universitarios”, y cerró: “El ajuste tiene que pasar por otro lado, no por los jubilados ni tampoco por quienes hoy el futuro de la Argentina que son los estudiantes”.

Se oficializó este lunes la convocatoria a sesión especial en la Cámara de Diputados para el miércoles, a partir de las 11, con el objetivo de la oposición de intentar revertir el veto del presidente Javier Milei sobre la Ley de Movilidad Jubilatoria.

El pedido había sido presentado el pasado jueves por diputados de la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y Coalición Cívica. La observación total del proyecto por parte del Gobierno no pasó por comisiones, por lo cual los bloques que pujan por el rechazo al veto tendrán tres desafíos: primero, conseguir el quórum; después, habilitar el tratamiento sobre tablas; y finalmente lograr la aprobación por dos tercios de los presentes para que pueda pasar al Senado.

Cuando se logró la media sanción en la Cámara baja, el proyecto consensuado entre la oposición dialoguista y las más dura había conseguido dos tercios de los votos de los presentes. Con 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones. En caso de asistencia perfecta, el número de dos tercios se eleva a 172.

Tanto la oposición que busca dar marcha atrás con el veto, como el oficialismo, que tiene la tarea de mantener la decisión presidencial, trabajarán de manera frenética para asegurarse los números. Las ausencias resultarán clave, pues de esa manera se achican los cálculos, tanto para unos como para otros.

Con presiones desde Casa Rosada sobre los gobernadores, la lupa estará puesta en legisladores que responden a sus mandatarios. Un ejemplo es el bloque de Innovación Federal, con terminal en Salta, Misiones y Río Negro, compuesto por ocho miembros. En junio pasado votaron todos a favor de la norma.

Pero también está en la mira un sector de los radicales. Hay, además, quienes aseguran que la UCR tendría entre seis y ocho conversos y no precisamente todos serían de provincias gobernadas por el partido centenario.

El oficialismo junto a todos sus aliados reuniría 84 en total. Sin embargo, La Libertad Avanza deberá esforzarse sobre el panorama que se dio en la primera votación de la ley, cuando hubo siete ausentes del Pro (la bancada amarilla tampoco aportaría los 37 para el rechazo del veto) y tres del bloque Independencia, los tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo. Además, en esa ocasión se abstuvo la tucumana Paula Omodeo. También lo hicieron así dos sanjuaninas de Producción y Trabajo que, si bien no están contadas dentro de los aliados, votan en sintonía con el oficialismo.

A los números que la oposición perdería por quienes den vuelta su voto, o esta vez se ausenten, Unión por la Patria podría aportar dos que no estuvieron la primera vez; el radical Manuel Aguirre, que tampoco estuvo en esa oportunidad y forma parte del espacio más duro contra el oficialismo dentro de las vertientes de la UCR; y los cinco diputados del Frente de Izquierda, que se abstuvieron, pero que cambiarán su voto a favor, en rechazo del veto.

La ley vetada -sancionada por el Senado el pasado 22 de agosto por holgados dos tercios, con 61 votos positivos y 8 negativos- establecía una recomposición del 8,1% en las jubilaciones, de modo de complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU 274/24 del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%.

Asimismo, se establecía una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contemplara el índice de inflación como referencia, al igual que el DNU. En estos dos aspectos el oficialismo se había mostrado a favor con un dictamen de minoría en el Senado, y se llegó a pensar que el veto podría haber sido parcial, sosteniendo el Poder Ejecutivo estos artículos. Pero finalmente no pasó.

Además, la norma establecía un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE) en marzo de cada año; y una garantía para el haber mínimo en 1,09% lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total.

Por otro lado, se instruía a la ANSeS a cancelar con los recursos tributarios estipulados por ley con asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.

El pasado 2 de septiembre, a través del decreto 782/24, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la ley y fundamentó que el proyecto sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

“Dar cumplimiento a la medida sancionada por el Honorable Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”, agregó el PEN.

Luego de la publicación en el Boletín Oficial, ingresó formalmente al Poder Legislativo, puntualmente a la Cámara de Diputados, el veto presidencial a la ley de Movilidad Jubilatoria sancionada el pasado 19 de agosto.

Entre las explicaciones referidas por el Poder Ejecutivo Nacional se resaltó que esta ley “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”.

0015-PE-2024

Cuando el debate de la Ley de Bases, las modificaciones del Senado llevaron a revisar los reglamentos para saber cuál debería ser el renovado recorrido de esa norma. Ahora, con el confirmado primer veto de Javier Milei, vale refrescar la metodología que deberá seguirse para conocer los pasos que le esperan al proyecto.

Sancionada por 61 votos a favor y 8 en contra, la Ley de Movilidad Previsional y Seguridad Social fue vetada por el presidente de la Nación.

El veto que todo presidente puede hacer es total o parcial (en este caso será un veto total). El recorrido varía, según sea uno u otro caso.

El poder de veto es una prerrogativa que la Constitución Nacional le concede al presidente de la Nación, que puede ejercerla para todo tipo de leyes, salvo una ley de convocatoria a una consulta popular vinculante, o una ley aprobada por el pueblo en el marco de una consulta popular vinculante.

Esa posibilidad figura en la Constitución Nacional, precisamente en el artículo 83, que dice: “Desechado en el todo o parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.

Pasemos en limpio. Ante este veto total, las cámaras no tienen plazo para rechazar el veto.

El veto se comunica a la cámara de origen del proyecto, en este caso, Diputados. ¿Debe pasar por comisiones antes de llegar al recinto? Sí, pero…

En este caso, veto total, va a las comisiones que lo trataron oportunamente, porque requiere que resuelvan para ir al recinto. Que vaya a comisiones, no implica que se pueda modificar nada; solo se trata de aceptar el veto, o insistir.

El proyecto llegará entonces al recinto de la Cámara de origen, Diputados en este caso, donde debe conseguir los 2/3 de los presentes para rechazar el veto y que siga su recorrido.

En el Senado, mismo trámite y requisitos.

Si consigue 2/3 de los presentes en ambos casos, el Poder Ejecutivo está obligado a promulgarlo.

Si en una de las dos cámaras no cuenta con los 2/3, el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año, y se mantiene el veto.

Este lunes se oficializó el veto completo del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Previsional que aprobó el Congreso, ya que “atenta contra el equilibrio fiscal”, tras lo cual legisladores de la oposición respaldaron a los jubilados y criticaron la decisión del Gobierno.

“El Presidente vetó el aumento a los jubilados sancionado por ley en el Congreso. El gobierno les está negando un aumento de la mínima equivalente a 3 kilos de carne picada al mes. O 3 cajas de ibuprofeno al mes. O 4 kilos de yerba al mes. Ante un gobierno insensible, los argentinos no podemos darle la espalda a nuestros jubilados. Tenemos que insistir con la ley en defensa de nuestros adultos mayores”, expresó el presidente de la UCR, el senador Martín Lousteau.

No trabajaron toda su vida para pasar hambre y sufrir tanta insensibilidad de un gobierno que les da la espalda. No nos da lo mismo. Los jubilados no pueden esperar. #ConLosJubiladosNo pic.twitter.com/pmAyA4quOu

— maxi ferraro (@maxiferraro) September 2, 2024

“Mientras Milei concretó el veto a un incremento de 16 mil pesos para jubilados, quitó el 100% de cobertura a importantes medicamentos de PAMI e incrementó los costos del monotributo social, le otorgó un bono especial de 60 mil pesos para equiparar a las fuerzas armadas con los incrementos del Estado Nacional. Están claras las prioridades de ellos”, apuntó la diputada de izquierda Vanina Biasi y convocó a una marcha para el miércoles frente al Congreso.

La diputada de UP Gabriela Estévez escribió: “Buen día para todos menos para quienes están destruyendo el poder adquisitivo de los argentinos y argentinas”.

PARA MILEI LA CASTA SON LAS JUBILADAS Y LOS JUBILADOS

El nivel de crueldad de este gobierno para el sector que más sufre el ajuste solo se compara al accionar de Bullrich en el 2001. @JMilei nos dice degenerados fiscales por pretender aumentarles el salario el 8.1% y llevarle…

— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) September 2, 2024

“VETO A JUBILADOS. BONO ATRASADO. AUMENTO A LAS TARIFAS”, encabezó su posteo en redes el diputado neuquino Pablo Todero (UP) y sumó: “El Boletín Oficial del día 2 no sólo trajo el Veto al incremento a jubilados, sino también otra vez el bono atrasado en monto o sea una baja en los ingresos de los jubilados de la mínima, pero además también la noticia de un nuevo incremento del valor del Gas y de la energía eléctrica para todos los usuarios del país a partir de septiembre que se verá reflejado en las facturas de noviembre”.

A su vez, el diputado mendocino Adolfo Bermejo dijo que “el veto a esta ley que resultó del Congreso con la más amplia mayoría de votos de diputados y senadores es un enorme capricho personal que hace mucho daño. Esto demuestra un claro desprecio a las jubiladas y los jubilados. Lamentable”.

Por el lado radical, salió al cruce el formoseño Fernando Carbajal adelantó en declaraciones a Diario Expres Formosa que van a rechazar el veto e insistir en la iniciativa. “Milei elige pelearse con lo que él dice que es la casta y las víctimas son los jubilados”, señaló y explicó: “Los haberes de los jubilados se tienen que actualizar por ley, esto lo dice expresamente la Constitución Nacional en su Artículo 14 Bis. Había una Ley, Milei la derogó por DNU, se sacó ese régimen de actualización y se deja en sus manos actualizar como él quiera”.

“Los haberes previsionales tienen que seguir a la inflación, lo cual es absolutamente razonable. Hay que decir que a medida que aumenta la inflación también aumenta la recaudación de los impuestos, en el mismo porcentaje, entonces esto que se aprobó no tiene ningún efecto fiscal, lo que dice Milei y su gobierno es mentira de que esta es una ley fiscal que cause perjuicio”, criticó Carbajal.

Al referirse a la decisión del veto lanzó que “no tiene que ver con las cuentas, sino con la prepotencia de Milei de que él puede hacer lo quiere”, y adelantó que desde la Cámara van a insistir con la iniciativa y van a rechazar la decisión del Presidente. “Si nosotros rechazamos la ley queda vigente tal como está. Las dos Cámaras deben rechazar e insistir. Hay una dificultad porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento de los otros bloques”, aseguró.

“Hay una profunda insensibilidad en el Gobierno, todos somos conscientes, la sociedad hace un esfuerzo cada día, y está también en la tolerancia, pero esto requiere un gobierno que tenga una mayor sensibilidad. Milei elige pelearse con lo que él dice que es la casta y las víctimas son los jubilados”, señaló el legislador.

"Como demócrata cristiano, frente al veto del Presidente de la Nación a la Ley de Movilidad Jubilatoria sancionada por ambas cámaras, vamos a votar por el rechazo de ese veto y a insistir en la aprobación de la ley".#jubilados #pensionados #compromiso #dignidad #Movilidad #ley pic.twitter.com/ovF4FqoOJO

— Juan Brügge 🇦🇷 (@juanfbrugge) September 2, 2024

La diputada nacional Vanina Biasi (FIT) criticó este lunes al expresidente Mauricio Macri por apoyar la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, de vetar completamente la ley de movilidad jubilatoria que aprobó por dos tercios el Senado y sostuvo que esa acción “ridiculiza a sus senadores).

“El veto anunciado por Milei a un aumento de miseria para los jubilados, luego de una semana cargada de golpes parlamentarios e internas, muestra a un gobierno que pierde recursos en medio de un desmadre de la situación económica y social”, criticó.

Biasi continúo: “El apoyo al veto de Macri ridiculiza a sus senadores, pero muestra que no les importaba los jubilados, solo les importaba mostrar a Milei que el Pro puede complicarlo en el parlamento”.

“El ex presidente utilizó el tema jubilatorio para negociar sus cuotas de poder. Con el apoyo al veto, le muestra al FMI y el capital financiero que él sigue siendo peón de sus intereses. La Argentina de Milei y de Macri es la del hambre de los jubilados”, alertó y cerró: “Está política la derrotamos con movilización. La lucha de los jubilados tiene que convertirse en una causa nacional”.

Desde el bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical ratificaron este viernes su compromiso con el objetivo de alcanzar el déficit fiscal cero, pero aclararon que “éste no puede lograrse sacrificando los haberes jubilatorios”.

“Legislamos con responsabilidad, siguiendo el mandato constitucional que otorga al Congreso la función exclusiva de determinar la movilidad jubilatoria -señalaron a través de un comunicado-. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado por el Gobierno presenta graves deficiencias, que fueron evidenciadas por más de 40 especialistas durante las comisiones de trabajo”.

En respuesta, continúa el bloque que conduce Rodrigo de Loredo, “el Congreso aprobó una ley que corrige estos errores, evitando la judicialización y los costos adicionales que esto implicaría. Esta ley considera la inflación de enero, que el DNU no contemplaba, asegura el ajuste de los haberes según la inflación futura, garantiza que los ingresos de los jubilados del SIPA alcancen la Canasta Básica Total, y reincorpora la variable salarial en la fórmula de movilidad, entre otras medidas”.

Resaltan los diputados radicales que “la aprobación de esta ley recibió un respaldo contundente en ambas cámaras”, tras lo cual advierten que “los pronósticos alarmistas del Gobierno son infundados, especialmente cuando existen alternativas viables para financiar el ajuste sin perjudicar a los jubilados, como la revisión de gastos tributarios, la eliminación de exenciones impositivas injustificadas a grandes empresas, y la reducción de subsidios a sectores altamente rentables”.

“La negativa del Gobierno a considerar estas opciones y su intención de aumentar el gasto en áreas que no son prioritarias para la sociedad, refleja una falta de voluntad para realizar ajustes necesarios en áreas menos sensibles, evidenciando a quién realmente está cargando con el ajuste”, concluye el comunicado del bloque radical de diputados.

A través de un comunicado, el bloque de diputados de Encuentro Federal manifestó que “desconocer la voluntad de los legisladores es desconocer la esencia de la democracia misma”, y cuestionó al Gobierno que “impulsa medidas que benefician a patrimonios más altos”.

El bloque de diputados de Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, desafía al oficialismo y le anticipó que van a “insistir para que la movilidad jubilatoria sea ley” ante el anuncio del presidente, Javier Milei, de que vetará por completo la norma.

A través de un comunicado, ratificaron su apoyo a la ley que “busca recomponer los ingresos de los jubilados y darles previsibilidad, que fuera aprobada por una amplia mayoría en el Congreso de la Nación y que, a pesar de ello, el presidente Javier Milei anunció que vetará en las últimas horas”.

“Estamos comprometidos con la búsqueda del equilibrio fiscal, por el que hemos militado y trabajado desde que el hoy presidente era un comentarista mediático”, aseguraron, pero sostuvieron: “Creemos que no hay un único camino para alcanzarlo. Por eso, en reiteradas ocasiones puntualizamos sobre la necesidad de que exista proporcionalidad en el sendero de baja del déficit”.

En el texto, el bloque que forma para de la oposición dialoguista criticaron que “a pesar de que ‘no hay plata’, el Gobierno impulse medidas que benefician a los patrimonios más altos, como una importante baja del Impuesto a los Bienes Personales y un blanqueo que premia a quienes no aportaron, al tiempo que define la vuelta del Impuesto a las Ganancias que afecta principalmente a la clase media. O que destina 100 millones de dólares para la SIDE y más de 650 millones de dólares para la compra de aviones F-16. Tan solo el dinero de los fondos reservados para los espías representa 463.772 jubilaciones mínimas”.

“Observamos con preocupación una distorsión en las prioridades de gestión del Gobierno. Es falso que el ajuste lo está pagando la casta. Más de un tercio de ese ajuste recae sobre los jubilados, quienes con la Ley de Movilidad sancionada por el Congreso pueden ver sus ingresos ajustarse mensualmente por inflación para no perder poder adquisitivo”, expresaron.

En esa línea, reiteraron su compromiso con la búsqueda del equilibrio fiscal, por lo que instaron al presidente a que “revise los 32 regímenes especiales que representan unos 4.7 puntos del PBI. Ahí puede encontrar fondos suficientes para compensar lo que perdieron los jubilados por el 20,6% de inflación de enero, tal como prevé la ley que vetó”.

“El Congreso tomó una decisión sobre las jubilaciones con el firme propósito de compensar la inflación y poner fin a la práctica de otorgar bonos discrecionales, una política iniciada por Alberto Fernández”, señalaron y advirtieron: “Las amplias mayorías que respaldaron esta medida enviaron un mensaje inequívoco de legitimidad que el Gobierno no debiera ignorar. Reviste aún más gravedad que el actual régimen previsional pende de la fragilidad de un DNU.

Por último, consideraron que “desconocer la voluntad de los legisladores es desconocer la esencia de la democracia misma, que no solo establece a quien comanda el poder central, sino también a quienes representan a la sociedad en el Parlamento y tienen la responsabilidad de actuar como contrapeso. La verdadera fortaleza del Estado reside en el equilibrio y la cooperación entre los poderes en beneficio de todos los ciudadanos”.

El vocero presidencial Manuel Adorni ratificó este viernes la decisión del Gobierno nacional de vetar completamente la Ley de Movilidad Jubilatoria que sancionó el Senado, al asegurar que “atenta contra el plan del Gobierno, contra lo que votaron los argentinos” y “no es más que pura demagogia populista“.

“La irresponsabilidad fiscal de la vieja política conspira otra vez contra el equilibrio fiscal, condición necesaria para seguir con la pulverización de la inflación, mandato que los argentinos nos dieron con su voto”, sostuvo.

El funcionario expresó que “la ley que se ha aprobado atenta contra el superávit fiscal porque implica más gasto público y nosotros siempre decimos, y así lo vamos a cumplir, no importa lo que pase, que el equilibrio fiscal es absolutamente innegociable”.

En conferencia de prensa, Adorni señaló que “no hay prosperidad posible, no hay recomposición de salarios y no hay jubilaciones dignas en el futuro sin equilibrio fiscal”.

El vocero dijo que los legisladores nacionales “están haciendo demagogia, porque ellos saben que lo que plantean es infinanciable”, e indicó que para el Gobierno nacional “no importa lo que pase, el equilibrio fiscal es absolutamente innegociable”.

En ese sentido confirmó, como había adelantado Milei, que “el veto a esta ley será total” ya que “el único camino para aumentar el poder adquisitivo de los jubilados es exterminar para siempre el déficit fiscal, que es la causa madre de la inflación”.

Adorni argumentó que las jubilaciones “perdieron poder adquisitivo durante la administración de (Alberto) Fernández” y al respecto puso como ejemplo que en 2023 registraron aumentos por “un 111%, mientras que la inflación anual corrió al 211%”.

El funcionario contrastó con la medida que se tomó “ni bien asumió el Gobierno del presidente Milei” cuando, dijo “se actualizó la fórmula para que las jubilaciones aumenten acorde a la inflación”.

Además, cuestionó que la norma “no tiene recursos asignados ni previstos, lo que implica que uno tendría que financiarse con emisión monetaria”, lo que “lleva a inflación”.

“Nos han dejado un país destruido y lo que hacen es demagogia”, se quejó de la oposición y al igual que se anunciara por comunicado y ratificara el presidente Javier Milei, confirmó que “el veto a esta ley será total”.

Por otra parte, consultado sobre la eventual expulsión de la mendocina Lourdes Arrieta del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, el vocero respondió: “Entiendo que la semana que viene puede haber alguna novedad, pero es un tema estrictamente del Poder Legislativo. Definirán y resolverán ellos, nosotros no intervenimos”.

Al comienzo de su conferencia, el funcionario destacó la reglamentación del RIGI, que “significa para nosotros una garantía que le damos a esa confianza de inversiones y al cambio de época que representa Javier Milei y nuestro Gobierno”. “Da un conjunto de reglas claras y estables para que la Argentina se inserte en los lugares donde las inversiones mundiales buscan su lugar”, añadió.

Luego de que el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmara su decisión de vetar por completo la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria que aprobó este jueves el Senado de la Nación, desde el Congreso los legisladores opositores le salieron a responder a través de las redes.

“LA INJUSTICIA AVANZA”, encabezó su posteo el presidente de la CC-ARI y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, y siguió: “La decisión del presidente Milei de vetar la ley de movilidad jubilatoria, aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, revela un gobierno indiferente tanto a los jubilados como a la representación de los argentinos que ejercen ambas cámaras”.

Ferraro señaló que “licuar las jubilaciones es una estafa moral profunda; es atacar la capacidad de uno de los sectores más vulnerables y desprotegidos de la Argentina para acceder a alimentos y medicamentos, personas que han trabajado y contribuido con sus impuestos durante toda su vida. Esta injusticia es aún más flagrante cuando, por otro lado, se mantienen privilegios tributarios y corporativos para sectores como los de Tierra del Fuego y otros amigos del poder”.

“Desde la asunción de este gobierno apático, hemos luchado para aliviar el sufrimiento de nuestros jubilados, y seguiremos haciéndolo”, adelantó.

El presidente del bloque CC-ARI en Diputados, Juan Manuel López, manifestó: “Existiendo otras alternativas constitucionales es un error jurídico y fiscal el veto total de la ley jubilatoria. Es una lástima que los economistas libertarios decidan solos, encerrados y en caliente”.

“Lamento el veto presidencial al aumento del 7,2 de la movilidad jubilatoria. Ponderamos el déficit cero pero no puede ser a costa de los mas vulnerables. Es una cuestión humanitaria. Hay otros “gastos tributarios” que recortar que benefician a amigos del poder”, expresó la diputada Marcela Campagnoli.

El diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot compartió un viejo tuit del propio Milei del 2019 en el que apuntaba contra “los populistas irracionales” por no valorar el trabajo de años de los jubilados y le enrostró que “el equilibrio fiscal es prioritario. Pero la política económica radica en CÓMO alcanzamos ese equilibrio. Con qué prioridades, qué ganadores y qué perdedores. Milei engañó a la clase media con impuesto a las ganancias y bajó impuesto a los altos patrimonios. Pero no hay $13mil para la mínima”.

La diputada de UP Cecilia Moreau apuntó: “Son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. Ver a Caputo y Sturzenegger reírse de los jubilados no me sorprende, me indigna. Son los protagonistas de la historia de los fracasos Argentinos”, al compartir la foto de la reunión en Olivos entre los funcionarios con Milei.

Apuradisimos con el veto porque saben que se les cayó la careta del ajuste: con lo que motosierran a los jubilados abultan los bolsillos de los más ricos de los ricos.

Tres puntos claves sobre el proyecto que aprobó ayer el Senado:
1) Establecía el aumento de los 8 puntos que…

— Itai Hagman (@ItaiHagman) August 23, 2024

“El Senado acompañó la media sanción que obtuvimos en diputados para compensar el ajuste inhumano que Milei cargó en los jubilados durante el primer semestre. En un auténtico Principio de Revelación, el Gobierno, encaprichado, dice que va a vetar cualquier cosa que vaya contra su sagrado equilibrio fiscal. Lástima que no pensaban lo mismo cuando le regalaron medio punto del PBI al 1% que paga bienes personales, o los 100.000 millones a la SIDE para que jugaran por twitter”, cuestionó Itaí Hagman (UP).

La mendocina Liliana Paponet criticó: “La decisión de vetar la Ley de Movilidad Jubilatoria es un ejemplo perfecto de cómo el cambio puede ser solo un espejismo. Mientras él busca “reinventar” la política, los jubilados quedan desprotegidos y olvidados. Encima festejan”.

¿Qué se votó en el Senado sobre jubilaciones? ¿Qué es lo que Milei se resiste a reconocerle a los jubilados?
NO QUIERE QUE COBREN $317.700 DE JUBILACIÓN MINIMA

Te explico lo aprobado en 5 puntos:

1) En primer lugar, plantea un incremento adicional de 8,1 puntos (7,2%…

— Julia Strada (@Juli_Strada) August 23, 2024

La radical Carla Carrizo manifestó: “Hoy un mensaje contundente de todos los partidos y provincias al Gobierno: en democracia el esfuerzo frente a la crisis no lo pueden poner los más débiles. Solo decir: todo nuestro compromiso para insistir desde el Congreso si el Presidente comete el error de vetarla”.

Por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño planteó: “Ante el veto presidencial hay que responder con un paro nacional y movilización masiva. Insistir en ambas cámaras con dos tercios para rechazar el veto y que se obligue al gobierno a promulgar la Ley. Basta de ajustar a los que trabajaron toda su vida”.

“Macri apoya el veto de Milei a los jubilados a cambio de negociar cargos y quien sabe que más. Más pusilánime difícil de conseguir”, publicó su par de bancada Christian Castillo.

Desde el bloque socialista, integrado por Mónica Fein y Esteban Paulón en la Cámara de Diputados, aseguran que “ambas cámaras insistirán con el proyecto para reparar los salarios a los jubilados y el veto pretendido por el Ejecutivo perderá efecto. Que deje de perder el tiempo”.

“El veto anunciado por el presidente es una pésima señal y una muestra más de la crueldad y la insensibilidad del gobierno que, para algunas cosas como la SIDE, sí tiene presupuesto y para otras usa el discurso del equilibrio fiscal”, expresó la diputada Fein.

Por su parte, Paulón manifestó que “estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal porque es indispensable para que Argentina pueda salir de la crisis, pero está en la inteligencia del gobierno determinar cómo se logra ese equilibrio”. A su vez, indicó: “Sería importante que el presidente no pierda tiempo y se ponga a trabajar porque el congreso va a insistir con el proyecto original”.

Para cerrar, los legisladores socialistas explicaron que “el Ejecutivo hoy tiene todas las herramientas para distribuir las partidas y cumplir con el incremento del 8% adeudado que se plantea en el proyecto de ley a fin de recomponer la fórmula jubilatoria para que los jubilados y jubiladas puedan recuperar capacidad de compra”.

El “PACTO DE LA MILANESA” en Olivos.

Ayer los senadores y senadoras del PRO votaron la ley que recupera la pérdida de haberes a los y las jubiladas.
Hoy el ex Pte dice que apoya vetarla.

Curiosidades (?) pic.twitter.com/UnfbUJ3bDU

— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 23, 2024

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este viernes a la decisión del Gobierno de vetar la Ley de Movilidad Previsional y argumentó que “es imposible en términos económicos”.

“Cargar un costo con las jubilaciones es no entender nada de lo que está pasando. Con el kirchnerismo las jubilaciones cayeron un 30%”, apuntó el funcionario en declaraciones a Radio Nacional.

El ministro coordinador cuestionó la sanción de una norma “sin especificar de dónde vienen los recursos… que nos cuenten cómo se hace”. “No podemos pagarlo con emisión monetaria”, aseveró.

Francos reconoció que las jubilaciones no están “bien pagas”, pero dijo que eso “es producto de los desaguisados que hizo el Gobierno anterior cargando al sistema con gente que no hizo aportes. Entonces los fondos no alcanzan”.

“El veto va a ser total. Hoy estamos debatiendo el veto total a una ley que no tiene solución en términos económicos”, insistió.

También criticó a la oposición dialoguista: “Que en estas circunstancias se alíen con el kirchnerismo me parece irresponsable”. “Tengo claro que el kirchnerismo quiere dañar al Gobierno, si otros se alían, bueno… deberán dar explicaciones”, agregó.

En alusión al rechazo al DNU sobre los 100 mil millones de pesos en fondos reservados para la SIDE, y la designación de Martín Lousteau como presidente de la Bicameral de Inteligencia, el jefe de Gabinete sostuvo: “Lousteau acordó con el kirchnerismo. ¿Cuál es la garantía que da una comisión como ésta, conducida por el kirchnerismo, cuando tuvo acuerdos con Irán? Lo que más me llama la atención es que se integra la comisión después de 8 meses (del arranque del año) y lo primero que hace la Cámara (de Diputados), sin que la comisión convoque al responsable de inteligencia para que explique en qué se invierte los fondos, deroga el decreto”.

“Es ridículo que hablen de la plata para inteligencia y lo relacionen con las jubilaciones. En los años anteriores tuvieron presupuestos enormes con gastos reservados para la SIDE/AFI. Lo de los jubilados, este año implica un gasto extra de 7 mil millones de dólares para el año que viene”, señaló.

A pesar de que casi todo el bloque Pro votó en general la Ley de Movilidad Previsional, que establece una recomposición en las jubilaciones, el expresidente Mauricio Macri salió a apoyar la decisión de Javier Milei de vetar la norma, aprobada con holgados dos tercios de los votos.

“La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción”, cargó el líder del partido amarillo en un posteo a través de la red social X.

Y continuó: “Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos”.

Macri consideró que “ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal”. “Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”, cerró.

La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores…

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 23, 2024

El mensaje llegó luego del anuncio de Casa Rosada sobre la decisión de vetar la ley avalada por toda la oposición. Si bien en la Cámara de Diputados, el Pro, aliado de La Libertad Avanza, se había opuesto, llamó la atención que en la votación del Senado, cinco de los seis integrantes del Pro dieron su voto positivo en general.

El apoyo del expresidente también se da luego de una semana negra para el oficialismo en el Congreso, donde en la Cámara de Diputados fue rechazado el DNU sobre 100 mil millones de pesos para fondos reservados de la SIDE, que contó también con una veintena de macristas votando a favor de que se caiga. Esa noche, Macri y Milei cenaron juntos.

Tal como venía anunciado hace tiempo que “toda norma que atente contra el equilibrio fiscal va ser vetada”, el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó este viernes por la mañana que vetará “por completo” la Ley de Movilidad Previsional y Seguridad Social que se aprobó este jueves en el Senado por dos tercios y apuntó duramente contra los senadores: “Quieren romper este Gobierno”.

“El veto va a ser completo, va a ser total”, sentenció el mandatario luego de que la Cámara alta aprobó la modificación en la manera de calcular los aumentos jubilatorios, con el apoyo del kirchnerismo, el Pro, la UCR y bloques provinciales.

“Lo primero que hay que tener en cuenta es el error conceptual y perjudicial que es esto para los argentinos la sanción de esta ley. Nos parece una irresponsabilidad por parte del Congreso hacer algo así porque están condenando a los argentinos de acá al futuro sin remedio”, disparó en diálogo con LN+.

Milei explicó las razones por las cuales decide vetar la norma. En primer lugar, sostuvo que “en el plano empírico y político porque es verdaderamente gracioso que el kirchnerismo se ocupe de los jubilados cuando licuaron las jubilaciones en un 30% y hoy en términos reales están 5% por encima de las que eran en noviembre cuando asumimos”, y agregó: “Si la tomamos en dólares al tipo de cambio paralelo, el aumento a las jubilaciones medida en dólares es enorme”.

Al insistir con sus críticas a la oposición y principalmente al kirchnerismo, apuntó: “Cuando uno lo pone en términos políticos, de hecho, están los videos donde muestran a Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Miguel Ángel Pichetto, cuando deciden vetar el 82% móvil en 2010 porque ellos mismos sostenían que eso era la quiebra del Estado. Son las mismas personas que incrementaron la cantidad de jubilados sin aportes en 3,5 millones de personas y hay un millón de jubilaciones y pensiones truchas. Es una contradicción y el agujero negro que han hecho en términos fiscales con el sistema previsional”.

En esa línea, Milei recordó que el gobierno de Mauricio Macri “cuando recibió las 14 toneladas de piedra fue para tratar de evitar esto. Los números no le dan, porque los números de hoy son mejores de los que estaban en el gobierno anterior y, además, han dado argumentos en contra de hacer este tipo de cosas cuando estaban en el gobierno”, y preguntó: “¿Por qué lo quieren hacer ahora, acaso quieren romper este Gobierno? No tengo dudas, quieren romper este Gobierno porque si le va bien va a significar que los argentinos van a estar mejor y estas ratas no vuelven más”.

En segundo lugar, el Jefe de Estado planteó que “implica una violación a la Ley de Administración Financiera del Estado”, y precisó que cuando se crea un gasto “hay que crear la contrapartida de financiamiento. No pueden alegremente gastar y no saber con qué lo van a financiar. La contraparte es que sea un aumento del déficit fiscal ¿qué la voy a financiar con emisión de dinero? Si genero eso, genero inflación y distorsiono los precios. Se vuelve a castigar a los jubilados y a los sectores más vulnerables y afectando negativamente el sistema de precios, por ende, la economía no crece”.

“¿Qué puedo hacer? ¿me endeudo? Lo cual sería una locura un gasto permanente contraer deuda sería cosa de demencia. La contraparte es que sería un aumento del riesgo país e implicaría menor capitalización, menores salarios, pobreza para todos y menor crecimiento. O directamente subir los impuestos y eso va a pegar en el crecimiento”, agregó.

Milei señaló que, en términos de endeudamiento, “hay que tener consciencia de que, cuando ponen un número, entiendo que no sean economistas y sean personas que suman con dificultad, eso en el kirchnerismo es bastante claro porque se quejan del endeudamiento y les gusta hacer déficit fiscal tienen algún problema de disonancia cognitiva para sumar y restar, parece que el resto de diputados y senadores que han votado esto también”.

“Uno ve un nivel de ignorancia tratando un tema tan delicado como es la cuestión previsional”, apuntó el presidente contra los legisladores que apoyaron la norma.

Milei planteó: “El aumento que deriva de esta ley implica un aumento del costo en términos del PBI de 1.2. Pero no es solamente un aumento que usted tiene un año, es de acá a la eternidad. Para una economía cuya tasa de interés promedio está en el 5%, implica que acaban de subir la deuda 24 puntos del PBI”, señaló el libertario, y agregó que “la medida demagógica que votó el Senado ayer implica un incremento de la deuda de 370.000 millones de dólares”.

Ante el panorama de no poder concretar el veto completo –porque la norma tuvo los dos tercios de votos en ambas cámaras- Milei aseguró que “le vamos a plantear a la sociedad la inconsistencia que está enviando el Congreso”, y les reclamó a los senadores de la oposición “que expliciten cómo van a financiar esto”.

“Esto se paga con pobreza, con menos crecimiento. A quién quieren que le cobremos impuestos, que nos digan a quién le quieren arruinar la vida. Estamos hipotecando el futuro y destruyendo la calidad de vida de las generaciones”, cuestionó y apuntó: “El daño que se está causando con esto es no menor. Los irresponsables que han votado esto le han costado al país 370 mil millones de dólares y el hundimiento definitivo en la pobreza y la indigencia a los jóvenes”.

“Es un atentado contra el bienestar de los argentinos presentes y futuros. Es la ruina del país“, lanzó y explicó que “la única manera que se sale de esto es con crecimiento económico y para eso hay que invertir”.

Milei evitó hacer referencia al apoyo de los senadores del Pro a la reforma jubilatoria y al mensaje de Mauricio Macri cuestionando a los legisladores y apoyando su decisión de vetar la ley. “Estuve reunido en Olivos cenando y me dio las explicaciones y, la verdad que, a mí, no me resultaron satisfactorias”, cerró.

Por último, apuntó contra “el kirchnerista” Martín Lousteau a quien “le dieron la Bicameral porque efectivamente juega con el kirchnerismo y (Oscar) Parrilli y (Leopoldo) Moreau que son parte del Memorándum con Irán es una gravedad institucional enorme. Si en Argentina llegara a tomar lugar algún atentado terrorista es absoluta y total responsabilidad por este conjunto de irresponsables que le quitan financiamiento a la inteligencia. Quizás estén apostando a algo. Va a ser responsabilidad de la casta política, quizás alguno pactó con los terroristas”, expresó sobre el rechazo en Diputados al DNU que destinaba fondos a la SIDE.

Tras la aprobación de la ley que Javier Milei anticipó ni bien tuvo media sanción que vetaría, y por la que había llegado a llamar a los legisladores “degenerados fiscales”, el presidente se dedicó a repostear mensajes muy críticos en las redes contra los senadores. Ya había reposteado temprano mensajes como el de la cuenta “Coherencia por favor”, que decía que “no son más senadores, ahora son cenadores y nos están comiendo vivos”.

Ya al filo de la medianoche, la Oficina del Presidente informó que “vetará el proyecto aprobado por el Congreso de la Nación que tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno”.

El extenso comunicado recuerda el compromiso del presidente con los argentinos a “sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”, señala.

A continuación, el comunicado indica que “el Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”.

Para Milei, esta ley implica “un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”.

Adicionalmente, continúa el comunicado, “resulta paradójico que la clase política se acuerde de los jubilados hoy y no durante el Gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa. Solo en su último año, los haberes cayeron más del 30% acompañado de una suba sideral del gasto público. Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación”.

“Tenemos plena conciencia de que la clase política quiere forzar al Gobierno a oponerse a esta medida demagógica para anotarse una victoria política, pero como el presidente de la Nación ha dicho en innumerables oportunidades, nosotros preferimos decir una verdad incómoda a una mentira confortable”, continúa el comunicado.

Para la Oficina del Presidente, el proyecto sancionado este jueves por el Congreso “con la anuencia de todos los partidos políticos es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal; y por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual  no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido”.

Sobre el final, deja un mensaje para quienes hasta ahora han sido sus aliados, no así al menos durante la última semana: “Confiamos en que los que durante años se han amparado en el cambio no se presten al juego de quienes quieren destruir el programa económico del Gobierno”.

El comunicado finaliza diciendo que “es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal”.

Por segundo día consecutivo, el Pro, que hasta esta semana había sido el aliado más fiel de La Libertad Avanza, se despegó del oficialismo. Este jueves, el oficialismo senatorial quedó dramáticamente en soledad, con el solo acompañamiento de la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, la única senadora del Pro que mantuvo su alineamiento con el mileísmo.

El resultado de la votación de la recomposición previsional fue de 61 votos a favor y 8 en contra.

Tampoco es que el Pro tenga demasiados senadores, apenas 6, pero de ellos, 5 fueron parte de los 61 votos en contra: Alfredo De Angeli, María Victoria Huala, Guadalupe Tagliaferri, el presidente del bloque Luis Juez y el misionero Martín Göerling, que esta semana se quedó con las ganas de presidir la Bicameral de Inteligencia porque el Gobierno no quiso cumplir con la designación que se había acordado en diciembre pasado.

En ese entonces, la vicepresidente de la Nación había logrado encolumnar a una mayoría de 39 miembros, que dejó en soledad a los 33 de Unión por la Patria. Con eso le alcanzó para dominar la mayoría de las comisiones por la prepotencia de los números. Ahora esa mayoría pareciera haber tomado una distancia táctica del oficialismo.

Esto es, tampoco lo acompañaron las chubutenses alineadas con el gobernador Nacho Tores, Andrea Marcela Cristina y Edith Terenzi, ni tampoco Juan Carlos Romero, que suele exponer en favor del oficialismo en cada sesión. Los tres de Cambio Federal. También votó en contra la tucumana Beatriz Ávila, que durante esta sesión se presentó como representante del Frente Pro; así como la neuquina Lucila Crexell, que cuando votó la Ley Bases se dijo que había acordado su designación en la Unesco, cosa que no ha sucedido.

Votaron en contra dos de los tres de Unidad Federal, Carlos Espínola y Edgardo Kueider, frustrado candidato a presidir la Bicameral de Inteligencia. La cordobesa Alejandra Vigo estuvo ausente, igual que el miércoles los diputados que reportan al gobernador Martín Llaryora. Sumaron para los votos en contra los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, como así también los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, y la rionegrina Mónica Silva.

De los 13 radicales, de los que en general Milei no debería poder quejarse, no solo votó en contra Martín Lousteau; lo hicieron todos los integrantes del bloque que conduce el correntino Eduardo Vischi. Salvo el bonaerense Maxi Abad, de licencia por un viaje a Estados Unidos.

Recordemos que 24 horas antes, una veintena de los 37 diputados del Pro también votaron contra el DNU 656/24, en tanto que 11 diputados de esa bancada estuvieron ausentes. Solo votaron con el Gobierno por el Pro Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Aníbal Tortoriello y Patricia Vázquez.

En el cierre de bloques durante el debate por la nueva movilidad jubilatoria en la sesión de este jueves del Senado, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, protagonizó un divertido cruce con la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, a quien le recordó la ocurrente frase sobre el presidente Javier Milei y la relación con la secretaria presidencial, su hermana Karina Milei: “Él es un jamoncito”.

El formoseño, comenzó alertando que el tema sobre movilidad jubilatoria tiene preocupado a “7 millones de personas”, y chicaneó: “Esto trataron los degenerados fiscales de los diputados que pusieron los votos para tratar el proyecto”.

“No dilatemos más esto porque la situación de estos 7 millones de personas es de emergencia. Sin embargo, acá se utilizó la técnica dilatoria de que había que analizarlo en comisión. Nosotros sabemos bien este tema, no hacía falta que venga tanta gente a explicarlo y, como dijo Lousteau, después de dos meses estamos tratando el proyecto tarde”, exigió el formoseño.

Así, apuntó contra el Jefe de Estado: “Cuando vos llegás al Gobierno con un discurso, el otro tema es cuando tenes que enfrentar la realidad y te das cuenta que todo lo que dijiste en el discurso que es relato, hoy recién algunos empiezan a entender al Gobierno. Íntimamente pienso que el presidente no entendía nada del tema del Estado”.

“Le pusieron dos economistas atrás que le vendieron un plan. Un plan que ya se ha aplicado en el país, no es algo nuevo. Estos mismos que fracasaron en el BCRA y en la economía, como Milei no tenía equipo lo compraron que, ya aplicaron este programa. Le vendieron que era lo nuevo. (Federico) Sturzenegger en el Banco Central hizo estragos, se lo advertí acá”, alertó.

Así, disparó contra el ministro de Economía: “(Luis) Caputo mintió de mañana, tarde y noche. Toda la previsión que dijo no era cierto. El plan económico de estas personas fue un desastre para el país porque la bicicleta financiera que instalaron aumentó en más de 100 mil millones la deuda argentina (…) Esto es algo que van a tener que revisar porque ellos deben pensar que no cometieron errores porque son nuevos, ustedes son nuevos porque están hace 6 meses en la política, pero Caputo, Sturzenegger son rapaces porque hace rato están, ustedes son de cuarta para ellos y no están entendiendo lo que están haciendo. Esta película ya la vimos”.

“Esto no es ningún programa económico, lo único que tienen es devaluación y déficit cero. ¿Ustedes están mirando los números de la economía argentina? ¿lo están estudiando? Yo se lo advertí cuando estaba el grupo de Macri que defendía esas políticas que llevaron a la ruina al país”, cuestionó Mayans.

El titular del bloque UP señaló que “el PBI cayó 3.58% en el primer semestre está previsto una caída superior al 5% y 7.5% en pandemia. Es estrepitosa la caída, sube la pobreza, la indigencia, revísenlo porque el programa económico no está funcionando. Perdimos 630 mil puestos de trabajo en 7 meses, pasamos de 5.7 de desocupación y tenemos dos dígitos de desocupación. Así aumenta la pobreza, la indigencia, aumenta el problema en el sistema previsional”.

“Este es un programa económico que le faltan dos patas: inversión y el consumo. El plan económico era devaluación. ¿Cuál fue el tema? El verso de Milei que decía 17 mil puntos de inflación ¿de dónde? ¿cómo hace sus cálculos?”, criticó.

En ese momento, Mayans señaló que “él –Milei- cree que entiende más de economía que los 20 zorros que tiene atrás como Caputo, Cavallo, que forman parte de un clan”, y chicaneó entre risas: “Él es un pobrecito, es un jamoncito, diría la vicepresidenta”, recordando la frase de la vicepresidenta respecto de su vínculo con Milei y su hermana Karina.

Sonriente y con la mirada fija, Villarruel le respondió: “Gracias, gracias por el favor señor Mayans… Gracias Mayans por traerme a colación”. “A mí me gustó el adjetivo calificativo”, respondió Mayans entre risas, a lo que la titular del Cuerpo replicó risueña: “Gracias Mayans, es un amigo”. “Tenemos que profundizar la amistad… y también dijo…”, remató Mayans que aprovechó para poner el dedo en la llaga de la interna oficialista.

Así, remarcó que Argentina “es el país más caro de Latinoamérica” porque “esta liberación que generaron de la economía provocó abusos en los servicios, medicamentos, alimentos, transferencia de recursos del sector laboral a estos externamente ricos. En julio 9.500 millones de dólares aumentó la deuda externa y en siete meses 81 mil millones”.

Por último, criticó el Pacto de Mayo: “Es vergonzoso el pacto que firmaron los gobernadores, son una manga de chupamedias”, y, retomando brevemente el tema de la sesión señaló: “Los jubilados son el 50% del estado que Milei quiere destruir y dijo que era un topo, un Terminator”.

Antes de darle la palabra a Ezequiel Atauche, jefe de bloque de La Libertad Avanza, Villarruel lo saludó a Mayans: “Gracias por su incendiario discurso”.

En una nueva derrota parlamentaria para el oficialismo, el Senado sancionó por 61 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones la ley que establece una recomposición del 8,1% para este año en los haberes jubilatorios, contempla la fórmula de movilidad por inflación y dispone un aumento del 50% adicional en marzo de cada año por el índice de variación salarial.

Se trata del proyecto que casi toda la oposición aprobó en Diputados en junio pasado, por dos tercios del voto de los presentes. Esa misma mayoría de votos fue la que logró la norma en la sesión de este jueves en la Cámara alta. Estos números condicionan así la decisión que tendrá ahora Javier Milei, pues el artículo 83 de la Constitución Nacional establece que un proyecto desechado por el Poder Ejecutivo puede volver a tratarse en ambas cámaras y, de replicarse esas mayorías, directamente debe ser promulgado. El presidente ya había anticipado que vetaría la ley por atentar contra su objetivo de equilibrio fiscal.

Luego de más de dos meses en los que La Libertad Avanza ganó tiempo en el Senado, la ley finalmente se sancionó con los votos positivos de los bloques UP, UCR, Pro, Cambio Federal, Unidad Federal, los dos santacruceños del Frente Por Santa Cruz y la senadora del bloque JSRN. En contra, además de los siete senadores libertarios, votó la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro). 

La votación en particular resultó: artículo 1 aprobado con 69 votos a favor. Sobre el artículo 2 el radical Víctor Zimmermann propuso una modificación sobre la productividad que, en vez de ser el 50% de la diferencia del RIPTE sea del 25%, pero el pedido fue rechazado por UP y resultó aprobado con 49 votos afirmativos y 20 negativos. El artículo 3 resultó afirmativo con 61 votos a favor y 8 en contra.

En cuanto el artículo 4 resultó aprobado con 49 votos afirmativos, 20 negativos y ninguna abstención, mientras que el artículo 5 recibió 67 votos afirmativos y 2 negativos. Además, los artículos 6,7,8 y 9 fueron aprobados con 68 afirmativos y 1 negativo.

El artículo 10 tuvo 54 votos afirmativos, 11 negativos y 4 abstenciones, mientras que los restantes artículos 11, 12 y 13 fueron aprobados con 68 votos a favor.

La flamante ley establece una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contempla el índice de inflación como referencia -al igual que el DNU 274/24 del Ejecutivo-, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE).

A su vez, establece una garantía para el haber mínimo en 1,09% lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total, que en julio fue -según el INDEC- de $291.472.

La recomposición del 8,1% tiene como objetivo complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%.

Por otro lado, en la norma se instruye a la ANSeS a cancelar con los recursos tributarios estipulados por ley con asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.

El debate

Al comienzo del debate, como uno de los miembros informantes del dictamen de mayoría, el senador de Unión por la Patria Mariano Recalde afirmó que el objetivo de la ley es “recuperar el poder adquisitivo, mejorar y mantener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Ese es el corazón del proyecto”.

Tras detallar las disposiciones que sustentan la propuesta, hizo historia sobre lo que a su juicio representa el inicio del problema del sistema previsional argentino: la creación de las AFJP, que “hicieron un desastre con la plata de los trabajadores y los jubilados”. Luego cargó duramente contra los gobiernos no kirchneristas, que aplicaron “políticas que promueven el desempleo”. Y de esta gestión en particular, que ha provocado -dijo el porteño- aumento del desempleo; caída de los salarios; aumento del empleo no registrado; entre otros indicadores.

A continuación, fue el turno del radical Martín Lousteau, quien enfatizó que “para dar por DNU 100 mil millones de pesos para gastos reservados a la SIDE, sin control a la vista de todos -después está la bicameral-, pero sin publicidad, hay plata. Para los jubilados no hay plata. Eso es inmoral. Las prioridades tienen que ser exactamente las contrarias”.

“Lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que un acto de justicia mínima”, consideró el economista, que subrayó además que “desde el año 2017, las jubilaciones y pensiones perdieron un 45% del poder adquisitivo”.

Como miembro informante del dictamen de minoría, el libertario Bruno Olivera Lucero cuestionó el proyecto sancionado en Diputados, al señalar que “deja expuesto que la fórmula de movilidad jubilatoria que ellos mismos aprobaron (por la oposición) en el Gobierno anterior, no garantizó que los jubilados mantuvieran el nivel adquisitivo, como habían manifestado en 2020. Era una fórmula compleja, que ajustaba trimestralmente, con dos índices, el de la ANSeS y el índice de trabajadores formales, pero era una fórmula que en un contexto inflacionario no lo tenía en cuenta, en un Gobierno que terminó con más de 200% de inflación”.

El sanjuanino valoró que el decreto del Ejecutivo, estableciendo una nueva fórmula por inflación, fue “para que los jubilados dejaran de perder como en años anteriores”. En su discurso, advirtió que este es “un momento muy complejo” y reprochó: “Nos dejaron un Estado con una capacidad de financiamiento agotada, la inflación más grande de los últimos años, pero sin embargo acá hay varios que miran para otro lado y recuerdan todo lo que pasó a partir de diciembre… Para atrás, no reconocen nada”.

También alertó sobre el impacto fiscal de la propuesta. “En 2024, es de 0,4% del PBI como dijeron, pero en 2025 es un 0,8%, y este porcentaje aumenta año a año, complica el equilibrio fiscal y nos va a llevar al déficit fiscal que tanto nos ha agobiado”, sostuvo.

A su turno, el radical Víctor Zimmermann compartió números aportados por la Oficina de Presupuesto del Congreso y también los funcionarios de la ANSeS para indicar que el artículo referido al 50% de aumento en marzo de cada año por RIPTE, “no tendría costo presupuestario” para el año próximo, sino que “recién tendría impacto fiscal en 2026”.

“Yo creo que hay que hacer un esfuerzo”, expresó, sin embargo, inmediatamente propuso: “A lo mejor no hay que darle el 50%, pero sí un 25%”. En ese sentido, confirmó que iba a proponer esa modificación y adelantó su voto en general, pero en particular iba a proponer ese y otros cambios.

El chaqueño, que firmó en disidencias parciales el dictamen del oficialismo, coincidió en que el artículo sobre un piso para el haber mínimo, referenciado en la Canasta Básica Total, era “para dejarlo para más adelante y darle la derecha al Gobierno”.

Por el contrario de introducir modificaciones, el radical Flavio Fama, que acompañó el dictamen de mayoría, manifestó: “Me hubiese encantado buscar una propuesta con modificaciones, ¿pero sabe qué pasa? No voy a caer en la trampa de la dilación”.

La rionegrina Mónica Silva respaldó la media sanción de Diputados que “llegó hace más de 60 días con el 60% de votos favorables”, y sostuvo que “es un proyecto para recomponer de manera urgente el haber jubilatorio”.

“Hay 8 millones de beneficiarios, es evidente que han perdido poder adquisitivo porque la inflación es el peor enemigo de las jubilaciones y salarios”, alertó. Silva señaló que en su provincia son más de 120 mil las personas jubiladas y pensionadas que “están esperando una posibilidad actual de reponer esas percepciones”.

Además, planteó la necesidad de “revisar la totalidad del sistema, la integralidad del mismo, tener en cuenta los diferentes cambios demográficos y cómo la base de sustentabilidad de jubilaciones se va modificando por la baja tasa de natalidad y la cantidad de personas que integran la población económicamente activa que la mayoría no están registrados, ese es un problema”.

“No hay que dilatar más el tema porque es algo muy sensible para la población. Desde el punto de vista técnico no tiene objeciones. El arreglo de la percepción jubilatoria es urgente y tiene que ser ahora”, ratificó.

La senadora de JSRN sostuvo que “estamos hablando de algo que ni siquiera pretende ganarle a la inflación, sino que se pretende proponer para que las jubilaciones dejen de perder poder adquisitivo. En agosto la jubilación mínima equivale a 225.454 pesos. Las jubilaciones han tenido una caída importante para las personas que no cobran el famoso bono”.

“Proponemos con la sanción de la norma una mínima recomposición de ingresos que no debería tener dilaciones porque está destinada a la población más vulnerable y que tiene un poder adquisitivo muy menguado por los efectos de la inflación. En general voy a apoyar el proyecto y a particular voy a escuchar las propuestas sobre el artículo 4”, cerró.

En línea con la postura del oficialismo, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, cargó contra la oposición e ironizó que “hacen como que ponen el tema en agenda y nos quieren enseñar de política y no es así”. De igual modo, refirió a que este debate estaba contemplado en la Ley de Bases original.

Por otro lado, defendió que “faltan a la verdad cuando dicen que el problema empezó el 10 de diciembre” porque “la democracia está en deuda con los jubilados”, sumó. Al igual que Juan Carlos Pagotto anticipó su voto en favor de algunos artículos (no en la general), y cerró: “Cuando ustedes gobernaban la jubilación estaba en 90 dólares, hoy está en poco más de 200”.

Luego tomó la palabra el senador salteño Juan Carlos Romero apuntó que el panorama de los jubilados se “complicó estos 20 años de achicamiento y decadencia con el gobierno anterior”. “Ahora seguimos poniendo parches al sistema porque esta movilidad jubilatoria puede ser la punta pie, si algún día pensamos, un sistema jubilatorio definitivo. Si no hubiera la inflación del 200% el año pasado no estaríamos debatiendo esto”.

El referente del bloque Cambio Federal recordó que en 2010 aprobaron el 82% móvil que “la presidenta Cristina Kirchner lo vetó al minuto”, y procedió a leer los fundamentos del veto: “La promulgación implicaría prácticamente la quiebra, no solo del sistema previsional argentino, sino del propio Estado. Se trata de una maniobra o un ardil para obligar el veto de la norma especulando sacar algún mezquino reto político”.

Romero señaló como error no haber dividido el beneficio de la moratoria porque “aquel que se jubila sin aportes es un no contributivo. Debería tener un ingreso básico. Hoy soy 1.757.000 no contributivos y se le suman los 3.800.000 de moratorias sin aportes, tenemos 2.200.000 personas que han aportado el 20% en total”.

“Esto indica que estamos con el sistema actual perjudicando, no solo al conjunto de la masa previsional, sino que le estamos haciendo un daño enorme a los que aportaron. El sistema que hay que corregir es que aquellas personas que ingresaron por moratorias no contributivas deben tener un ingreso razonable y, el resto, pagársele de acuerdo a años de aporte.

“Solo el 37% de los trabajadores tiene 30 años de aporte. La cifra es mínima. En 2024 se dieron 42 mil no contributivas, entonces seguimos haciendo crecer el sistema con gente que nunca aportó un peso.”, detalló y planteó: “Si no tuviéramos inflación acá estaríamos discutiendo un aumento real, en cambio estamos enredados en cómo compensamos el magro ingreso castigado por la inflación que el país ha heredado de la gestión anterior”.

El salteño apuntó contra la gestión de Néstor Kirchner por la eliminación del sistema por ahorro que “fue para quedarse con la caja enorme de las AFJP”, y explicó cómo se financia el sistema: “Con el 93% con el 11% del IVA, el 100% de créditos y débitos, 29% de combustibles, 70% del régimen simplificado de impuestos, el 41% del impuesto país”.

“Se han aplicado fórmulas, pero de ninguna manera hemos resuelto el tema. Esta ley no la voy a apoyar”, adelantó y explicó que el proyecto no establece cómo se va a financiar por lo que “no solo se incumple con la Ley de Administración Financiera sino también con el propio reglamento de la Cámara”.

Romero indicó que en el articulado: “Deberíamos haber contemplado un financiamiento y eliminar la exención a los artículos electrónicos producidos en Tierra del Fuego, no es quitarle los beneficios, sino a al exagerado beneficio que tiene más de una docena de ensambladores”. También que implica: “Aumentar el déficit porque hay una gran carga de gasto público. Implica un aumento de casi un punto del PBI”.

En el cierre, el jefe de bloque radical, Eduardo Vischi, señaló que este tema es “sumamente sensible a nuestra sociedad, como a la mayoría de los países del mundo”, y ratificó que la Unión Cívica Radical tiene un “firme compromiso con nuestros jubilados”, pero advirtió que “es un gran problema resolver la situación del sistema”. Cargó, además, que el sistema ha pasado de “banquina a banquina”, y repasó las gestiones presidenciales de los últimos 16 años.

“En el medio de todos (esos cambios del sistema previsional), están nuestros jubilados en la ruleta de cómo se juega su futuro”, señaló el senador correntino, quien también cuestionó que “nos encontramos con pensiones que se hicieron con radiografías de perros y pasamos de una idea populista de darle a todos pensado para el sostenimiento político de un gobierno”, en alusión al kirchnerismo.

En el término de su exposición, Vischi catalogó al proyecto en cuestión como “parche de coyuntura” y se expidió hacia el Gobierno nacional con relación a los fondos de coparticipación de las provincias: “Esta administración que se dice federal que tenga en cuenta que este proyecto le da plazos con auditorías sine die (sin fecha fijada)”, en relación a transferencias desde Nación en gestiones anteriores.

Por el bloque Unidad Ciudadana, la senadora bonaerense Juliana di Tullio trajo al debate un posteo reciente de Milei en donde reafirmó la posibilidad del veto y le respondió: “El presidente es un degenerado social por haber montado escenario que explique al principio (Según un informe de la UCA, hay un 55,5% de pobres y un 17,5 de indigentes y solo en ocho meses”. “Si me va a llamar degenerada social, tengo el derecho a llamarlo degenerado social”, cargó contra el jefe de Estado.

Para terminar sus consideraciones en el recinto, donde destacó que en la segunda presidencia de Cristina Kirchner la jubilación mínima estaba en 470 dólares, la senadora Di Tullio reveló que “el presidente va a vetar 66.000 pesos”, y cerró: “6 de cada 10 jubilados lo votaron a Milei. Ustedes que están gobernando deberían aprender de los errores de quienes hemos gobernado”.

Previo a la votación, el presidente de bancada oficialista, Ezequiel Atauche, reiteró que “no se puede seguir resolviendo con parches”. Asimismo, reiteró la postura mencionada anteriormente por el presidente provisional del Senado y añadió: “Nosotros queríamos discutir cuando empezamos el gobierno, parece que hay que discutir cuando ustedes quieren”. “Una vez más no se demostró querer solucionar los problemas de fondo, hacer un videíto para Instagram, hacer demagogia y traer un parche más”, remarcó.

De forma irónica, expresó: “Nos cuesta gestionar porque no tenemos esa capacidad profesional de meter gente en el Estado como tienen ustedes”, y para terminar, el senador jujeño manifestó: “Admitan la incapacidad de gestión y así podemos dar una discusión integral porque acá estamos pagando la maquinita de imprimir”, y concluyó: “Le quiero hablar a los jubilados y entendemos que tienen miedo porque hace décadas que viven con miedo de que no les alcance”.

Durante su discurso en el debate sobre el proyecto de jubilaciones, el senador radical Martín Lousteau enfatizó que “para dar por DNU 100 mil millones de pesos para gastos reservados a la SIDE, sin control a la vista de todos -después está la bicameral-, pero sin publicidad, hay plata. Para los jubilados no hay plata. Eso es inmoral. Las prioridades tienen que ser exactamente las contrarias”.

“El costo del aumento a los jubilados es igual o inclusive un poco menor que el costo de haber bajado el impuesto a los Bienes Personales, el impuesto que se le cobra a los más ricos”, señaló sobre esa medida que se aprobó en el Paquete Fiscal. Y agregó: “No entiendo por qué uno está bien y otro está mal. En mi opinión es exactamente al revés”.

También recordó que a pesar de las modificaciones propuestas en el Paquete Fiscal, “el Gobierno no quiso cobrar más por el blanqueo, hace un tasa bajísima para blanquear. “En cambio recomponerle a los jubilados está mal”, insistió.

El presidente de la UCR Nacional mencionó una frase del presidente Javier Milei admitiendo que “se le fue un poco la mano con el ajuste”. “Es una frase que puede sonar divertida, pero cuando se te va la mano con el ajuste detrás hay gente que no puede vivir. Más de un tercio del ajuste que se hizo, son los jubilados“, aseveró.

En ese sentido, defendió el proyecto con media sanción y al manifestar su voto a favor, argumentó: “Lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que un acto de justicia mínima”.

El economista apuntó que “hubo cinco cambios de la fórmula (de movilidad) en 15 años, algunos por decreto y otros por ley”. “Desde el año 2017, las jubilaciones y pensiones perdieron un 45% del poder adquisitivo”, remarcó y expresó que “los bonos no alcanzan para compensar esa pérdida” porque “además son arbitrarios, discrecionales, no generan ningún tipo de certidumbre”.

Sobre la iniciativa, el porteño dijo que con el adicional del 8,1% “estamos compensando la última gran pérdida que tuvieron” por la inflación de enero.

Respecto del artículo que propone un incremento en marzo de cada año por 50% de variación salarial, explicó que “es un elemento de mucha equidad” ya que significa que “si a la economía argentina le va bien y los salarios le ganan a la inflación, la mitad de esa diferencia también va para una mejora de los jubilados”. Además, si se contempla solamente la fórmula por IPC, sin otra alternativa, si la inflación fuera cero, las jubilaciones no crecerían.

El senador nacional Mariano Recalde fue uno de los miembros informantes del dictamen de mayoría en el debate de la movilidad jubilatoria, que presentó argumentando el objetivo de “recuperar el poder adquisitivo, mejorar y mantener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Ese es el corazón del proyecto de ley que estamos tratando”.

El senador de UP detalló 4 disposiciones para avanzar con esta propuesta, que detalló así: primero, la continuidad de la actualización mensual del haber jubilatorio a través del IPC. “Es una herramienta que consideramos sumamente útil, pero no suficiente, sobre todo por el momento en que se comenzó a actualizar así, en marzo, habiéndosele comido a los jubilados y pensionados los dos meses de inflación más alta”, señaló.

“Por eso en segundo lugar fija un aumento adicional anual para que no solo el haber de los jubilados se mantenga equiparado con el ritmo de la inflación, sino que además, si la economía crece, los salarios crecen, los jubilados puedan participar de ese crecimiento de la torta y por eso establece un aumento adicional anual del 50% de la variación del RIPTE. De lo que esté por encima del IPC”, explicó Recalde.

En tercer lugar, “la aplicación del índice del IPC se hizo de manera tardía –agregó el senador camporista-. Por eso esta ley prevé una reparación, estableciendo un incremento compensatorio por única vez del 8,1%, que es la diferencia entre la inflación de abril (20,6%) y el aumento otorgado en ese entonces (12,5%)”.

Por último, se establece un piso mínimo del haber jubilatorio que no podrá ser inferior al valor de la canasta básica, multiplicado por 1,09. Aclaró Recalde que eso se pactó de manera arbitraria en Diputados. “A algunos nos puede parecer bajo, nosotros proponíamos 1,2%, pero fue el acuerdo alcanzado y nos parece mucho mejor que lo que hoy tienen los jubilados”, aclaró.

A continuación, Recalde hizo historia sobre lo que a su juicio representa el inicio del problema del sistema previsional argentino: la creación de las AFJP, que “hicieron un desastre con la plata de los trabajadores y los jubilados”. A su juicio, “en 2013 se empezó a recuperar” el sistema, hasta 2015, cuando sostuvo que “los haberes de los jubilados representaban casi una canasta y media. El mínimo alcanzaba para cubrir una canasta y casi media canasta más. (…) A finales de 2015, el sistema jubilatorio incluía al 93% de la población, se autofinanciaba en un 65%, habiendo recuperado 15 puntos”.

Luego cargó duramente contra los gobiernos no kirchneristas, que aplicaron “políticas que promueven el desempleo”. Y esta gestión en particular, que ha provocado -dijo- aumento del desempleo; caída de los salarios; aumento del empleo no registrado; fomento de figuras contractuales que no aportan; fomento de la locaciones de servicios; fomento de contratos basura, promociones supuestamente para atraer inversiones que nunca llegan…”.

Para Recalde, “todo eso va desfinanciando el sistema y genera una crisis que no tienen que pagar los jubilados con sus haberes”, dijo, reprochándole al presidente Milei haberles dicho a los legisladores “degenerados fiscales” por “tratar de mejorar el poder adquisitivo de los jubilados”. Y calificó como “desacertado” ese calificativo, porque según la OPC tiene un costo fiscal de 0,4% del PBI, “el mismo de haber modificado el impuesto a Bienes Personales, el impuesto a la riqueza”.

Presidido por Victoria Villarruel, el Senado sesiona desde las 11.12, luego de una jornada marcada por la audiencia pública en la que el juez Ariel Lijo se presentó ante los miembros de la Comisión de Acuerdos para defender su postulación para la Corte, y sobre todo en una semana marcada por la polémica a raíz del nuevo aumento otorgado a los senadores.

En el inicio de la sesión se hizo un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Francisco Giustinian, hijo del secretario Parlamentario de la Cámara alta. A continuación, expresaron su pesar en nombre de sus bloques los senadores Eduardo Vischi, José Mayans, Beatriz Ávila y Juan Carlos Romero.

Según lo acordado el martes en Labor Parlamentaria, se tratan este jueves una serie de proyectos que incluyen como temas principales jubilaciones y compra y venta de niños. Al final de la jornada, será el turno de una sesión convocada por la presidenta del Senado, para abordar temas relativos a las dietas.

El temario de la primera sesión fue concertado el martes. Se trata de una sesión ordinaria, que comienza con una serie de acuerdos, y luego transferencias de inmuebles del Estado nacional y expropiaciones. Luego será el turno de tratados internacionales; concientización sobre los derechos de soberanía sobre la plataforma continental; y la autorización a cónsules y vicecónsules honorarios.

Después, abordarán el proyecto de Carolina Losada para la tipificación penal de la sustracción y/o comercialización de menores de edad. Ese tema cuenta con la aprobación en general y volvió a comisiones, por lo que ahora solo deberá procederse a la votación en particular del mismo.

Por último, se tratará la movilidad jubilatoria, proyecto que viene con media sanción de Diputados y que es resistido por el oficialismo. Su muy probable aprobación cerrará una semana negra para el Gobierno en materia legislativa.

La media sanción de Diputados establece un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia y suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total. La iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva y el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.

Por el lado del oficialismo, el dictamen propone modificaciones a lo aprobado en Diputados: proponen la eliminación de los artículos 2, 4 y 10 (la garantía del piso del haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total; el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales). También que se apliquen las actualizaciones, luego de la sanción de la ley, no de forma retroactiva desde abril. Además, la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación.

Al cabo de ese temario, se dará inicio a la sesión pública especial convocada por la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, para debatir proyectos relativos a las dietas de los senadores nacionales y los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado.

En ese caso, en primer lugar se tratará un proyecto de ley elaborado por senadores de Unión por la Patria, para poner un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la administración pública nacional y empresas y sociedades del Estado. Esta iniciativa no cuenta con dictamen, por lo que necesitará de los dos tercios para habilitar su tratamiento.

Concluido ese debate se tratará un proyecto de resolución para dejar sin efecto la Resolución 8/24 por la que se estableció un incremento en la dieta de los senadores nacionales a partir de mayo de este año.

Luego de una jornada marcada por la audiencia pública en la que el juez Ariel Lijo se presentó ante los miembros de la Comisión de Acuerdos para defender su postulación para la Corte, y sobre todo en una semana marcada por la polémica a raíz del nuevo aumento otorgado a los senadores, la Cámara alta abrirá las puertas del recinto para una doble jornada.

Es que en la práctica son dos las sesiones previstas: una, acordada en Labor Parlamentaria el martes, en la que se tratarán una serie de proyectos que incluyen como temas principales jubilaciones y compra y venta de niños. Concluida esa sesión, será el turno de una convocada por la presidenta del Senado, para abordar temas relativos a las dietas.

A partir de las 11 se abordará un temario concertado que comenzará con una serie de acuerdos, y luego transferencias de inmuebles del Estado nacional y expropiaciones. Luego será el turno de tratados internacionales; concientización sobre los derechos de soberanía sobre la plataforma continental; y la autorización a cónsules y vicecónsules honorarios.

Después, abordarán el proyecto de Carolina Losada para la tipificación penal de la sustracción y/o comercialización de menores de edad. Ese tema cuenta con la aprobación en general y volvió a comisiones, por lo que ahora solo deberá procederse a la votación en particular del mismo.

Por último, se tratará la movilidad jubilatoria, proyecto que viene con media sanción de Diputados y que es resistido por el oficialismo. Su muy probable aprobación cerrará una semana negra para el Gobierno en materia legislativa.

Al cabo de ese temario, se dará inicio a la sesión pública especial convocada por la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, para debatir proyectos relativos a las dietas de los senadores nacionales y los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado.

En ese caso, en primer lugar se tratará un proyecto de ley elaborado por senadores de Unión por la Patria, para poner un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la administración pública nacional y empresas y sociedades del Estado. Esta iniciativa no cuenta con dictamen, por lo que necesitará de los dos tercios para habilitar su tratamiento.

Concluido ese debate se tratará un proyecto de resolución para dejar sin efecto la Resolución 8/24 por la que se estableció un incremento en la dieta de los senadores nacionales a partir de mayo de este año.

El Gobierno ganó una semana. O no, se verá según lo que termine sucediendo en el Senado, cuando el jueves 22 de agosto y no este jueves 15, se realice la sesión para debatir entre otras cosas movilidad jubilatoria. Un proyecto que viene con media sanción de Diputados y que el presidente ya anticipó que vetará, pero cuyo destino todavía no se ha resuelto por completo.

En busca de lograr apoyos en torno a la reforma electoral y verificar qué puede hacerse con la movilidad jubilatoria, representantes del Gobierno se reunieron este martes con jefes de bancadas dialoguistas en el Senado.

Contrariamente a lo que se había especulado originalmente, no estuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Sí asistieron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.

Allí se habló sobre el tratamiento de Boleta Única en Papel y se acordó avanzar en una propuesta oficial para destrabar la situación de empate que se da a partir del dictamen elaborado por la rionegrina Mónica Silva, partidaria de una BUP por categoría, como rige en la provincia de Santa Fe. El oficialismo podría avenirse a acercar posiciones con esa propuesta para aprobar el proyecto con modificaciones y que luego Diputados resuelva.

El otro tema que se trató es la ley de Movilidad Jubilatoria. El proyecto cuenta con media sanción de Diputados también, pero esa es una media sanción que el Gobierno rechaza, a tal punto que el presidente Javier Milei anticipó su disposición a vetarlo. El tema debe ser tratado en la próxima sesión y el oficialismo consiguió acordar que en lugar de este jueves, se debata el siguiente, de modo tal de negociar hasta entonces. Se verá si el oficialismo consigue morigerar algo del dictamen, o bien termina acordando que el veto presidencial no sea total. En cuyo caso podría el presidente promulgar parcialmente la parte no vetada siempre y cuando el veto no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso. Las modificaciones estarían en el sentido del contenido del dictamen de minoría, sosteniendo la actualización por inflación -que ya está en el DNU- y aceptaría la recomposición del 8,1%. El Gobierno no quiere en cambio que en marzo de cada año se aplique un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE), ni tampoco el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.

La presidenta del Senado convocaría para el próximo jueves 15 de agosto a una sesión especial, en la que accedería a tratar nada menos que la movilidad jubilatoria. Ese fue el eje central de controversias durante la última sesión realizada el pasado 4 de julio, oportunidad en la cual en el inicio hubo un intento motorizado por los senadores de Unión por la Patria para debatir sobre tablas la media sanción proveniente de Diputados.

Como se recordará, ese día los radicales encabezados por el correntino Eduardo Vischi coincidieron en la necesidad de que el tema previsional se tratara lo antes posible, pero le concedieron al oficialismo una suerte de tregua al evitar sumarse a la intentona de UP de avanzar con el tratamiento esa misma tarde, presentando una moción para pedir que el proyecto se tratara en la próxima sesión, con o sin dictamen.

Tras una extensa discusión lo que terminó resolviéndose fue que movilidad jubilatoria se tratara en la próxima sesión, pero cuando tuviera dictamen.

El dictamen ya está, por lo que para cumplir con los acuerdos, si se convoca a sesionar este jueves, movilidad jubilatoria deberá estar sí o sí en el temario.

El dictamen se consiguió el último jueves 7 de agosto, siendo el de mayoría el de Unión por la Patria, que ratifica la media sanción de Diputados. Ese dictamen contó con las firmas de los miembros de UP, más los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco (en disidencia parcial), y el santacruceño José María Carambia.

Recordemos que la media sanción de Diputados fue aprobada por 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones, y establece un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia y suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total. La iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva y el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.

El dictamen de minoría es el del oficialismo, y propone modificaciones a lo aprobado en Diputados, tales como la eliminación de los artículos 2, 4 y 10 (la garantía del piso del haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total; el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales). También que se apliquen las actualizaciones, luego de la sanción de la ley, no de forma retroactiva desde abril. Además, la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación.

Más allá de la actitud adoptada por los dos radicales en la comisión, no implica que eso vaya a ser lo que resuelvan en el recinto. Según indicaron fuentes consultadas del partido centenario a parlamentario.com, están trabajando “para intentar posiciones” en el tema previsional. “Lo más importante es que colaboremos para que los jubilados puedan cobrar algo mejor”, precisó la fuente consultada, que aclaró que la posición definitiva del bloque se resolverá esta semana.

Cabe recordar que en Diputados se alcanzó un consenso entre los bloques dialoguistas, entre ellos la UCR, y la oposición más dura, alcanzándose con dos tercos de los votos. Esa mayoría especial podría no repetirse en la Cámara alta, pero si así fuera, tampoco implica nada más que el hecho simbólico de contar con un respaldo mayoritario.

Una vez aprobada la ley, el presidente puede decidir el veto, conforme establece el artículo 83 de la Constitución Nacional, y ahí retorna con sus objeciones a la Cámara de Origen y luego a la Cámara Revisora. Ambas vuelven a debatirlo y necesitan los 2/3 para confirmar la sanción originaria, en cuyo caso el Poder Ejecutivo debe promulgarlo como tal.

El presidente Javier Milei ha dicho que piensa vetar la nueva fórmula jubilatoria si el Congreso la transforma en ley. Pero también puede resultar que el veto sea parcial, en cuyo caso podría el presidente promulgar parcialmente la parte no vetada siempre y cuando el veto no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso. Las modificaciones estarían en el sentido del contenido del dictamen de minoría, sosteniendo la actualización por inflación -que ya está en el DNU- y aceptaría la recomposición del 8,1%. El Gobierno no quiere en cambio que en marzo de cada año se aplique un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE), ni tampoco el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.

Otros temas

Las autoridades del Senado estarían analizando qué otras iniciativas podrían incorporarse al temario. Es casi seguro que se avanzará con una declaración sobre Venezuela, conforme el dictamen alcanzado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, donde se expresa “su firme y enérgico repudio al fraude perpetrado en las elecciones del 28 de julio pasado en la República Bolivariana de Venezuela en el que se inhabilitaron y se persiguieron a candidatos opositores e imposibilitaron a ciudadanos de otros países a ingresar en dicho país para acompañar el proceso electoral, deportándolos”.

“Además, se le impidió el voto de manera arbitraria a millones de venezolanos en el extranjero”, agrega el proyecto de declaración, en el que se expresa un reconocimiento de las actas presentadas por parte del candidato Edmundo González Urrutia.

También expresan los senadores “su solidaridad con el pueblo venezolano y compromiso de permanecer atento a la situación en Venezuela; bregando que se garanticen los derechos humanos de los venezolanos que están siendo violentados por el régimen de Nicolás Maduro y que se proteja la seguridad de las instalaciones diplomáticas y los derechos de los asilados políticos y de las personas que soliciten, de conformidad al derecho público internacional y en particular a tratados internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”.

El dictamen se basó en proyectos presentados por las senadoras Andrea Cristina, Beatriz Avila, Ivanna Arrascaeta y los senadores Enrique Martín Göerling y Maximiliano Abad.

Otro tema que está listo para ser incorporado al temario es el proyecto que aumenta las penas de tráfico de menores. En la sesión del 4 de julio se aprobó ese tema en general, por unanimidad (63 votos), pero volvió a comisión por la redacción del artículo 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores. El pasado 1 de agosto se firmó dictamen para que el proyecto vuelva a comisión, luego de que se modificaran los artículos 139, 139 bis y 139 ter. La redacción acordada entre el oficialismo y los dialoguistas proponía “penas de 4 a 10 años de prisión a quienes entreguen un menor mediando o no precio”, y la misma sanción a quienes actúen como “facilitadores e intermediarios”. Asimismo, establecía “5 a 15 años” en casos de que el delito sea cometido por funcionarios públicos y/o profesionales. Sin embargo, la senadora riojana Florencia López (UP) cuestionó que en la previa a la reunión de la comisión que preside el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), “habíamos debatido que el 139 bis impondrá penas de 5 a 15 años a quien reciba y entregue a menores de edad”.

La senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) explicó que “para subsanar el agravante hay un delito base, que tiene una escala, y los agravantes de un funcionario público van con el tercio superior de la pena”. Deseosos de que el dictamen saliera finalmente y pudiera volver cuanto antes al recinto, la autora del proyecto, Carolina Losada, y el oficialista Pagotto accedieron a las modificaciones pedidas por el interbloque opositor y el texto que pasó a la firma establece que “las penas serán de 5 a 15 para quienes entreguen a menores de edad”, y también así “a los denominados intermediarios, y para profesionales y funcionarios públicos”. López explicó que “las sanciones de 4 a 10 años permiten acceder a distintos beneficios”.

Ese tema, en definitiva, podría ser sumado a la sesión que se trabaja para que sea entonces el próximo jueves.

Un día de “miércoles” para el oficialismo en el Senado luego de que la principal bancada opositora se alzara con el dictamen de mayoría del proyecto de ley de movilidad jubilatoria ratificando la media sanción que viene de Diputados y desafiando el equilibrio fiscal de Javier Milei que buscará vetar la norma.

El dictamen de Unión por la Patria contó con un total de 18 firmas, entre las cuales, se encontraron la de los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco -en disidencia parcial-; y el senador provincial José María Carambia (Por Santa Cruz). La intención del bloque Unión por la Patria es convocar a una sesión para la próxima semana para darle sanción definitiva.

La media sanción establece un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia y suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total. La iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva y el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.

Por el lado del oficialismo, el dictamen propone modificaciones a lo aprobado en Diputados: proponen la eliminación de los artículos 2, 4 y 10 (la garantía del piso del haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total; el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales). También que se apliquen las actualizaciones, luego de la sanción de la ley, no de forma retroactiva desde abril. Además, la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación.

Los restantes radicales y bancadas provinciales deberán ahora decidir si acompañarán o no al oficialismo en su propuesta en la Cámara alta. En Diputados, el consenso había sido alcanzado entre los bloques dialoguistas -entre ellos la UCR- y la oposición más dura. La aprobación se alcanzó con dos tercios de los votos, mayoría que de repetirse en el Senado complicaría los planes de veto del Ejecutivo. Si bien lo podría hacer, ambas cámaras podrían tratar nuevamente el proyecto y, si obtiene los mismos números, el Gobierno estaría obligado a directamente promulgarlo, según el artículo 83 de la Constitución Nacional.

En el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda que tuvo lugar en el Salón Illia, estuvo de invitado Manuel Mera director de Protección Social de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) quien brindó la mirada de la organización respecto del tema.

El expositor planteó tocar el tema de la movilidad previsional “dentro de lo que es todo el sistema previsional argentino que es muy complejo que, a lo largo de este año, se ha llevado a cabo diferentes discusiones en el Congreso e imaginamos también el año que viene va a continuar”.

Mera comentó que se pueden medir los sistemas en tres dimensiones: cuánto cubre, cuántas personas cubre y que tan buenos son los beneficios y qué tan caro es.  Así, precisó que “dos de esas tres maneras de medir qué tan bueno es un sistema, Argentina en términos de cobertura está rankeada muy bien porque el 95% de los mayores de 65 años tienen algún tipo de cobertura. Incluso si nos vamos un poquito más arriba 70 años la cobertura es casi total”.

Respecto de la adecuación sostuvo que “el estándar internacional es más o menos una tasa de sustitución de 45%. Esto de que los jubilados ganen más o menos un 45% de lo que es un salario promedio de la economía. El último cálculo de estos días daba en 43 es un 150% de salario mínimo. En términos estándares internacionales está bien, en términos de adecuación es razonable en términos de estándares internacionales. Sin embargo, sí es un es un sistema caro es un sistema que cuando uno ve lo que es la evolución y el proceso de envejecimiento en Argentina presenta problemáticas”.

Mera advirtió que, si se toma “todo el sistema entre ANSeS, las cajas provinciales, las cajas profesionales, el gasto llegaba casi más del 12% del PBI eso es alto para para región y para el mundo”, y señaló que “este número se ha bajado un poco en los últimos años por el impacto que tiene la inflación sobre los haberes, pero hay una cuestión de cómo sostenemos esto en el largo plazo que es uno de los temas a abordar para el mejoramiento de un sistema provisional”.

“Estamos pidiendo a la persona que tenga en promedio 67% de su vida laboral formal, es una barrera muy alta para exigir”.

El director de CIPPEC indicó que “el gran desorden” está en que “hay 200 maneras de entrar a una jubilación”, y planteó: “El régimen general, propiamente dicho la gente que alcanza los 30 años, si va por el régimen general es más o menos el 40% de todas las personas que tienen algún beneficio jubilatorio, el resto entra por algún tipo de excepción”.

Así, propuso pensar el régimen a largo plazo teniendo en cuenta el proceso de envejecimiento de la población porque “en los últimos 10 años cayó, por un lado, la fecundidad en un 34% a 38, hay muchos menos nacimientos y también hay una mayor esperanza de vida. Esto nos compara quizás con distintos momentos en los cuales se pensó el régimen actual piensen que en los 90’ la esperanza de 71 años hoy es de 78 años, y para fin de siglo va a ser casi 88 según las proyecciones”.

“El sistema previsional argentino tiene esta lógica de la contribución, los trabajadores tienen que contribuir y el trabajador formal logra acceder. Pero un país que hace muchas décadas tiene alto nivel de informalidad estamos pidiendo a la persona que tenga en promedio 67% de su vida laboral formal, es una barrera muy alta para exigir y, si no tenés esos 30 años, perdes lo aportado”, criticó Mera.

También cuestionó que “en los últimos más de 10 años, desde que se aprobó la primera moratoria, la gran mayoría de las altas se dan a través de una entrada excepcional que no termina de resolver la cuestión de fondo que es la equidad o la inequidad que genera esos 30 años requeridos para la formalidad”. Así, sostuvo que parte de un problema que hay que resolver es cómo se dejan de aprobar moratorias permanentemente.

“Casi el 70% en 2021 necesitaron algún tipo de excepcionalidad para poder acceder. También hay una cuestión de inequidad al trabajador que aportó años y no lo logró”.

Mera explicó que el sistema previsional es un sistema contributivo que se basa en lo que se aporta y precisó que “de los 8.3 puntos que estimamos que se gastó el año pasado, 3 puntos no vinieron de contribuciones laborales de todo el régimen, vienen de impuestos específicos y en algunos casos transferencia del tesoro”, y aclaró que eso es un déficit contributivo porque “lo que no logramos cubrir con contribuciones, gran parte tiene que ver con el cubrir en pensiones no contributivas, con cubrir algunos regímenes que tienen subsidios como pueden ser el monotributo, por cubrir alguna cuestión como la moratorias”.

“El 24% del gasto se va en el régimen general en jubilaciones y pensiones de las personas que cumplieron el requisito puntual de la ley de aportar 30 años; el 23% es moratoria, es decir, personas que entran con excepcionalidad al régimen de pagos para completar lo que se les adeuda; y luego hay una masa de cajas provinciales y una serie de regímenes o puertas de entradas pensiones no contributivas, especiales y diferenciales que generan debate están alrededor de 14% del gasto”, detalló.

Al respecto, planteó la necesidad de reducir ese gasto y cómo hacerlo sostenible para la sociedad que está envejeciendo, por lo que propuso “ordenar y tratar de reducir estas inequidades”.

Así sugirió: “Dejar de pensar en moratorias y quitar el requisito de 30 años mínimo para obtener una jubilación. Pensar en un componente universal que tenga un valor similar a una moratoria, pero al fin del día es más o menos un 80%”.

“Hacer un componente contributivo que premie todos los aportes hechos por la persona. Esto se alinea con lo que se están haciendo en muchos países”, agregó y sumó: “Se había planteado una prestación de retiro proporcional dentro de la Ley de Bases. Esto va en esa línea con qué hacemos con esas personas que no alcanzan los 30 años, pero algo aportaron. Eso tiene un impacto en distributivo y de equilibrio fiscal”.

También manifestó revisar el sistema de pensiones por fallecimiento, pensiones por invalidez, porque “acciones que se pensaron para un mercado laboral para una estructura familiar que ya no existe”, y explicó que “en Argentina tenemos una duplicación de beneficio muy alto que lo vuelve un sistema caro. La idea no es quitarlo, sino buscar un equilibrio”.

Por último, insistió en la necesidad de tomar el índice de inflación que “creemos es muy positivo para el debate” y aclaró: “Sería importante incorporar algún tipo de ajuste por salario real por dos cuestiones: por una cuestión de esta relación que tiene la pensión con el trabajo esta idea de que una jubilación lo que hace es cubrir a la persona en periodo donde no puede trabajar, o sea, que hay una relación directa ahí. Otra cuestión es práctica para evitar litigiosidad, el hecho de que el ajuste por inflación y el ajuste de salarios se pueda mover por carriles distintos puede generar discusiones y judicialización por la actualización de los haberes”.

Recibimos en @SenadoArgentina a @manuelmera83, Director de Asistencia Social de @CIPPEC para continuar con el tratamiento de iniciativas de movilidad previsional. Un debate urgente que debe ir hacia una reforma integral del sistema, para llevar justicia a los jubilados. pic.twitter.com/mNGmuT3YdT

— Peteco Vischi (@PeteCoVischi) August 7, 2024

“Nosotros tenemos un sistema muy amplio, una economía que creció muy poco, que tiene salarios bajos y jubilaciones bajas. Necesitamos que las jubilaciones sean más altas y para eso hay que hacer más equitativo al sistema. Tenemos más de la mitad por fuera del régimen general”, sostuvo Martín Lousteau, mientras que su par el chaqueño Víctor Zimmermann opinó: “La modificación que se plantea en el dictamen del oficialismo es que la actualización del 8,1% sea a partir de la sanción de la ley. Creo que se puede hacer un esfuerzo con respecto a este punto”.

En tanto, el puntano Fernando Salino (UP) consideró: “Necesitamos mejorar el poder adquisitivo de los jubilados y no podemos avalar una medida que solo conserve su poder adquisitivo actual. Estamos de acuerdo en usar el IPC, pero resulta imprescindible hacer correcciones por salario también”, mientras que la bonaerense Juliana Di Tullio (UP) expresó: “Según datos actuales, hay 600 mil trabajadores menos aportando. Este no es un buen escenario para discutir un sistema previsional”.

La actividad de las comisiones fue bastante importante durante la primera mitad del año en ambas cámaras, con una característica saliente: debido a la decisión oficial de motorizar la ley de Bases durante el verano, las cámaras no entraron en receso en el verano y así se vio la casi inédita situación de ver trabajar a las comisiones en pleno enero.

Las más activas en ambas cámaras fueron las comisiones de Presupuesto y Hacienda: 16 veces se reunió la de Diputados, y 14 la del Senado. El podio en la Cámara baja lo completan Legislación Penal (14) y Previsión y Seguridad Social (10); mientras que en el Senado fueron Asuntos Constitucionales (10) y Legislación General (7), las tres ocupadas de tratar la Ley de Bases.

El 3 de enero se pusieron en marcha cuatro comisiones del Senado: Relaciones Exteriores y Culto, y Presupuesto y Hacienda, atento a los temas de extraordinarias que motivaban que fueran las primeras que necesitaría la Cámara alta. Ya constituidas, ese mismo día las dos primeras dieron dictamen a tres de los cinco acuerdos bilaterales puestos a consideración allí.

Ese mismo día se constituyeron las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Justicia y Asuntos Penales, que desempolvaron el proyecto de Boleta Única de Papel, que llevaba más de un año cajoneado en la Cámara alta. Incluido el tema en extraordinarias, la idea era avanzar con el estudio de esa iniciativa para llevarla al recinto cuanto antes. Hubiera sido la primera ley de la era Milei.

Al día siguiente se pusieron en marcha en Diputados también cuatro comisiones: las que se abocarían al debate de la Ley de Bases, Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, y también la de Relaciones Exteriores, que en un principio también se había mencionado para formar parte de ese debate.

Abrió el fuego Presupuesto y Hacienda, que quedó en manos del por entonces aliado José Luis Espert, y en la que se dio inicio a la polémica planteada por Unión por la Patria, que a partir de la votación ganada en la sesión preparatoria de diciembre pasado creía que podría imponer su número en todas las comisiones. El bloque conducido por Germán Martínez ingresó a la sala una vez que los libertarios alcanzaron el número necesario para abrir la reunión y reclamaron el reparto de integrantes en las comisiones remarcando que en la sesión preparatoria se había acordado que sería por el sistema D’Hondt. Fue un reproche que aún mantienen y que hicieron sentir fuerte a lo largo de los primeros tiempos, tardando incluso en designar a sus miembros en las comisiones como señal de protesta.

Los diputados de UP denunciaron que además de no utilizarse el sistema acordado para repartir los puestos, las “empezaron a constituir informalmente con otros bloques sin anoticiarnos”. Por ello, pidieron que las votaciones de autoridades fueran “transparentes” para que no les robaran y no usurparan los cargos que entendían que les correspondían.

El 9 de enero comenzó el debate de la primera versión de lo que por entonces se conocía como “la ley ómnibus”. Fue una reunión informativa, en cuyo inicio Germán Martínez reclamó la presencia del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía Luis Caputo y el asesor Federico Sturzenegger, a quien se consideraba factótum de la Ley Bases, en esas informativas, además de protestar por el giro a solo tres comisiones, pues tocaba tantos temas que ese debate debía ser más abarcativo.

A esa primera reunión asistió el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien según se supo había sido otra de las “plumas” que trabajó en el polémico texto. Por tal motivo ese día habló sobre la reforma del Estado y volvió al día siguiente, para referirse enteramente al capítulo energético. También Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, expusieron ese día.

Decididos a acelerar el debate, al día siguiente, 10 de enero, continuó el desfile de funcionarios, con la presencia de Guillermo Francos abriendo el juego esa jornada. Fue el día en que cobró conciencia de que la reforma política no tenía plafón para avanzar y decidió retirarla del proyecto. “Si no están los votos para la reforma electoral, eso no va a trabar el tratamiento de la ley”, aclaró.

A continuación fue el turno de la ministra Patricia Bullrich, que también procedió a retirar un artículo: fue aquel referido a reuniones con tres o más personas que, “al prestar confusión, lo retiramos”, anunció.

Para evitar mezclar todo, sigamos con Diputados, que tan decidido estaba a avanzar con la Ley Bases. El 11 de enero continuó el debate en el seno del plenario de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, en cuyo inicio el oficialismo accedió a un reclamo reiterado desde la oposición: abrir el juego a la presencia de más actores de la sociedad civil que quisieran opinar en el plenario.

Ese día pasaron por el plenario el secretario de Educación, Carlos Torrendel; el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre (meses después eyectado); el de Cultura, Leonardo Cifelli, y -entre otros- el ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, tiempo después también eliminado del gabinete, ministerio incluido.

Así cerró esa primera semana de debate de la ley ómnibus, con tres reuniones informativas por las que desfilaron 13 funcionarios que respondieron más de 300 preguntas. Pero el lunes siguiente fue el turno de las organizaciones de la sociedad civil, aunque lo que en principio se presentó como una única reunión, terminaron siendo tres, con encuentros el martes y el miércoles también.

En rigor, el debate se extendió varios días para darle tiempo al Gobierno a acordar con los sectores dialoguistas para la firma del dictamen. Así, recién volvieron a convocar para el martes siguiente, 23 de enero, cuando se firmó finalmente el dictamen de la ley de Bases que ya había perdido en el camino su capítulo fiscal, entre otras cosas. Fue una jornada frenética que recién concluyó cuando pasada la 1.30 del miércoles 24 se anunció la firma del dictamen de mayoría, que tuvo 55 rúbricas, 34 de ellas en disidencia parcial. Hubo además cuatro dictámenes en minoría.

Ya se sabe qué sucedió con esa primera parte del debate de la Ley Bases, que fracasó el 6 de febrero, cuando en el recinto donde ya se había alcanzado la aprobación en general, se decidió volver a comisión. Así, se produjo un receso hasta que el 1° de marzo el presidente Javier Milei anunció la decisión de insistir con esa norma, ahora dividida en dos (con el paquete fiscal con cuerpo propio), con lo que el trabajo se reanudó, pero en despachos oficiales, no ante las cámaras de TV.

Mientras tanto comenzaron a ganar espacio otras inquietudes de la oposición, como la de abordar el debate de los haberes jubilatorios. El 13 de marzo se constituyó para tales fines la Comisión de Previsión y Seguridad Social, siendo la elegida para presidirla la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, quien por cuestiones reglamentarias (la documentación para sumarse a esa comisión en lugar del mendocino Lisandro Nieri había llegado a destiempo) tuvo que asumir provisoriamente Karina Banfi. Pero no fue la única polémica que sobrevoló esa reunión, sino que hubo otra más fuerte, marcada por el fracaso de una sesión pedida por Hacemos Coalición Federal para tratar directamente en el recinto ese tema y forzar allí un emplazamiento. Por ausencia de la mayoría del bloque radical, la sesión no había tenido quórum y Unión por la Patria acusó a La Libertad Avanza de cederle al radicalismo la presidencia de esa comisión como compensación por esa “ayuda”.

Con todo, había otro problema a considerar: si bien Previsión Social mostraba disposición a tratar el tema, la otra comisión por la que tenía que pasar el tema era Presupuesto, cuyo titular José Luis Espert no tenía intención en convocar.

Al día siguiente se reanudó la reunión “constitutiva” de dicha comisión para completar la designación de autoridades, quedando pendientes la asunción de Brouwer de Koning.

A la semana siguiente se constituyeron más comisiones. Con advertencias sobre la situación en las universidades, se puso en marcha la de Educación, con el exministro del área Alejandro Finocchiaro al frente; también volvió a reunirse Relaciones Exteriores; siendo la Comisión de Vivienda la primera en constituirse con alguien de UP presidiéndola (Leandro Santoro). Ese día también se constituyó Cultura (sin designar presidente); Legislación del Trabajo, que nominó a Lisandro Nieri, quien luego le dejó el cargo a Martín Tetaz; y Prevención de Adicciones, que con Mónica Frade al frente tuvo un activo semestre que dedicó a analizar la problemática de la ludopatía y las ciberapuestas.

El 21 de marzo se constituyó otra comisión muy activa, la de Familias (con la radical Roxana Reyes reelecta presidenta), y también Defensa (Ricardo López Murphy).

Con la demanda de llevar al recinto cuanto antes la cuestión de la movilidad jubilatoria, Previsión y Seguridad Social volvió a reunirse el 21 de marzo y su flamante presidenta, Gabriela Brouwer de Koning, propuso un cronograma de trabajo, mientras los cuestionamientos fueron para José Luis Espert por no haber accedido a sumar su comisión al debate.

De acuerdo con ese cronograma de trabajo, Previsión y Seguridad Social volvió a reunirse el 4 de abril, con una treintena de invitados, incluido el titular de la ANSeS, Mariano De los Heros, y la insistencia de Unión por la Patria por apurar el debate y dictaminar en la semana siguiente. Entre los invitados estuvo el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien no anduvo con eufemismos en su exposición: “Nadie puede vivir con 230 o 240 mil pesos en Argentina, dejémonos de joder. No existe”.

El 10 de abril se registró la reunión de comisión más escandalosa del año. Fue al constituirse la Comisión de Juicio Político, cuya convocatoria fue suspendida sobre la hora por el presidente del Cuerpo, Martín Menem. Estaba decidido que la presidencia de esa estratégica comisión le correspondía a La Libertad Avanza, y allí habían dispuesto a priori que Marcela Pagano fuera la elegida. Finalmente los diputados resolvieron sesionar igual y, tal cual lo acordado originalmente votaron a la periodista para presidir la comisión, pero el titular de la Cámara desconoció esa decisión y llamó a una nueva reunión para la semana siguiente, que no terminó concretándose, a sabiendas de que una mayoría de esa comisión confrontaría con la decisión del titular de la Cámara de considerar “inválida” la conformación de la comisión. Así las cosas, el tema quedó en un limbo.

Al cabo de su sexta reunión, la Comisión de Previsión y Seguridad Social firmó en su reunión del 16 de abril cuatro dictámenes sobre movilidad jubilatoria. Con todo, no estaba garantizado aún llevar el tema al recinto pues faltaba el tratamiento en Presupuesto y Hacienda. Se anticipó entonces que en la próxima sesión se emplazaría a esa comisión. Pero no fue necesario: tres semanas después, el 8 de mayo Espert convocó a su comisión y si bien no dictaminaron, lo hicieron el 15 de mayo, en una reunión conjunta de Presupuesto y Previsión. Ese día se firmaron cinco dictámenes y la oposición pidió llevar el tema al recinto el 4 de junio.

La vuelta de la ley de Bases 

Promediando el mes de abril, se reanudó en Diputados el debate de la ley de Bases. En realidad, arrancaron por una escisión de la ley de Bases original, el paquete fiscal, que el 18 de abril se puso a consideración de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en una reunión informativa de la que tomaron parte el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, entre otros.

Además de una ley fiscal, la nueva ley de Bases incluiría esta vez un capítulo referido a la reforma laboral y por eso el 24 de abril la Comisión de Legislación del Trabajo fue convocada, ya bajo la presidencia de Martín Tetaz, para comenzar a analizar esa reforma laboral. Sin embargo desde UP y el FIT cuestionaron a Tetaz por convocar a la reunión sin una orden del día. Hubo varios expositores, pero la reunión debió pasar a un cuarto intermedio ya que ese día estaba pedida una sesión especial por temas educativos. Finalmente esa comisión no fue integrada al plenario que trataría la ley de Bases, por lo que no se reanudó ese debate.

Horas después de que el presidente Javier Milei dijera: “Hagan lo que quieran con la ley de Bases”, se reinició el trabajo en el plenario de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, luego de intensas negociaciones en otros ámbitos entre representantes del Gobierno y la oposición dialoguista. Fue el 25 de abril y ese mismo día el oficialismo cumplió con su objetivo de dictaminar la nueva versión de la ley ómnibus, que buscaría llevar al recinto la semana venidera junto al paquete fiscal. El dictamen de mayoría obtuvo 61 firmas.

A continuación, el paquete fiscal también obtuvo las firmas para ser tratado en el recinto.

Aprobadas ambas leyes en el recinto, es sabido que en el Senado la iniciativa corrió la misma suerte, pero con modificaciones que obligaron la vuelta a Diputados, donde un nuevo plenario de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales dictaminó el 25 de junio, cosa que también hizo a continuación Presupuesto y Hacienda con el paquete fiscal.

Las informativas de DDHH

El 2 de mayo se reunieron de manera conjunta las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos Humanos y Garantías, para recibir testimonios de familiares de argentinos secuestrados por Hamas. Encabezada por Sabrina Ajmechet, la Comisión de DDHH desarrolló una profusa agenda que ella misma había planteado en la reunión constitutiva, cuando anticipó la intención de realizar audiencias con familiares y víctimas de la cuarentena implementada durante la pandemia.

Esa primera reunión sobre ese tema se celebró el 8 de mayo, con la presencia de los padres de Solange Musse, el actor Marcelo Mazzarello y un cacique de la comunidad wichi de Formosa. Volvieron a convocar con el mismo programa el 22 de mayo, cuando los legisladores escucharon testimonios de las familias de Magalí Morales y Facundo Astudillo. La tercera y última audiencia sobre el tema pandemia se realizó el 12 de junio, oportunidad en la que expusieron la madre de Blas Correa y de Héctor Gabriel Quintana.

Otra informativa realizaron el 5 de junio, cuando los diputados escucharon el relato de dos jóvenes que estuvieron detenidos en un centro de torturas en Venezuela, y el 2 de julio realizaron un homenaje a las víctimas del atentado contra la AMIA, a punto de cumplirse 30 años del mismo. A ese evento asistió la canciller Diana Mondino.

Con el eco de la gran marcha universitaria latente, ese mismo 2 de mayo la Comisión de Educación comenzó a debatir el tema del presupuesto universitario. Elaboraron un cronograma de trabajo que comenzaron a desarrollar cinco días después, cuando autoridades, profesores y estudiantes universitarios expusieron sobre el tema financiamiento.

Tres semanas más tarde, el 23 de mayo se reunió un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para avanzar con los proyectos sobre actualización en el financiamiento universitario y alumbraron 4 dictámenes, siendo el de Unión por la Patria el de mayoría.

Otro tema que pasó por la Comisión de Educación fue el de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, tratado allí el  28 de mayo conforme lo que se había votado en el recinto, donde se emplazó a la comisión a tratar los proyectos. En esa oportunidad, la oposición no logró ponerse de acuerdo en un dictamen, pero logró frenar un intento de La Libertad Avanza y el Pro para postergar el debate. Al final, se emitieron 5 dictámenes: Unión por la Patria, con 34 firmas, el de mayoría; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas.

En medio de maniobras irregulares con relación a los dictámenes, el 13 de junio la Comisión de Educación dictaminó el proyecto de ley que declara “servicio estratégico esencial” a la educación, con firmas de LLA, el Pro, la UCR, la CC, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal (en disidencia parcial).

Otro tema que sorpresivamente para muchos comenzó a debatirse fue el de la reducción de la jornada laboral. Así, el 28 de mayo se retomó una discusión que ya había concitado varias reuniones el año pasado, con el objeto de modificar una legislación vigente desde 1929.

Volvieron a realizar una reunión con expertos el 2 de julio, al cabo de la cual su titular, Martín Tetaz, anticipó la intención de dictaminar en la audiencia venidera.

Ludopatía y ciberapuestas 

Decíamos que el tratamiento de los proyectos sobre juego online motivó múltiples reuniones motorizadas  por la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que se constituyó como cabecera de los muchos proyectos presentados sobre el tema. El 14 de mayo, esa comisión presidida por Mónica Frade anticipó la realización de una serie de reuniones informativas, que comenzaron el 28 de mayo con la exposición de los autores de los proyectos existentes sobre el tema. Con 9 proyectos referidos al tema, más uno sobre desconexión digital, recibieron a especialistas el 6 de junio.

Tanto interés despierta el tema en la Cámara baja que el 11 de junio dos comisiones se reunieron por separado para tratar el tema. La de Familias, Niñez y Juventudes recibió a la defensora nacional de los Derechos de los Niños, Marisa Graham, para hablar de ludopatía infantil, en tanto que esa misma tarde las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática y Legislación Penal se reunieron para ampliar el debate sobre la temática de ciberapuestas y ludopatía, con la exposición de más de una decena de especialistas.

La hasta ahora última reunión de estas cuatro comisiones se realizó el pasado 3 de julio, a la que asistieron representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, movimientos sociales y de loterías y casinos, entre otros.

Las leyes de seguridad 

El Ejecutivo mandó un paquete de leyes de seguridad que comenzaron a ser tratadas en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior el 24 de abril. Ese paquete de leyes incluía una ley Antimafias; la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos; la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos. La reunión tuvo funcionarios invitados.

Con la presencia de funcionarios y asociaciones, el 8 de mayo Legislación Penal y Seguridad Interior debatieron sobre la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas. Las reuniones sucesivas continuaron con un plenario el 15 de mayo, y un nuevo encuentro el día 22, cuando el gobernador Maximiliano Pullaro expuso ante los diputados junto a su ministro de Seguridad. Allí, el gobernador santafesino sorprendió al alertar sobre un “exceso de garantismo” en la norma que se estaba elaborando.

El 28 de mayo hubo dictamen sobre el proyecto que propone la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, y ese tema ya tiene fecha de tratamiento en Diputados: el 7 de agosto.

El 5 de junio, un plenario de las comisiones de Seguridad Interior, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió para debatir sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria. Ese día asistió para exponer el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, Juan Pablo Allan, y el proyecto tuvo dictamen el 3 de julio.

Citaciones a Pettovello

En el marco del conflicto generado por la demora en la entrega de alimentos a comedores populares, los cuales estaban guardados en depósitos desde hacía más de seis meses, el 5 de junio la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados resolvió convocar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para el martes 11 de junio. Sin obligación formal de ir, la ministra no fue y volvieron a convocarla para el 18 de junio, sin que tampoco asistiera. En ambos casos, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, no hizo llegar la invitación argumentando que un pedido de ese tipo debía contar con los giros de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.

La última reunión de esta comisión fue el 5 de julio, ya no en el ámbito de la Cámara baja, sino en la Legislatura de la provincia de Tucumán, para debatir la actualidad del sistema privado de salud.

Las comisiones del Senado

Ya dijimos que en la Cámara alta arrancaron antes con la conformación de comisiones. Pero después la mayor atención pasó por Diputados, con el debate (fallido) de la Ley de Bases. En el Senado, en tanto, la atención pasó por los temas que sí le correspondían según la convocatoria a extraordinarias.

El primero, la Boleta Única de Papel (BUP), que tenía media sanción de Diputados y que ese 3 de enero mereció un plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. La idea era llevarlo prestamente al recinto, probablemente el 11 de enero, y para eso se proponían dictaminar ese mismo día, habida cuenta de que el tema “ha sido lo suficientemente debatido en la Cámara baja”, en palabras del presidente de Justicia, Juan Carlos Pagotto. No tardaron en darse cuenta de que no sería tan sencillo: ese día no pidieron tener dictamen.

Insistieron una semana después, cuando el oficialismo vivió la primera frustración en el plano legislativo. No logró un consenso unánime en su postura de ir con el dictamen que venía con media sanción de Diputados, sin hacerle modificaciones, por lo que surgieron dos dictámenes. En rigor, esas diferencias habían surgido en la primera reunión, cuando dos senadoras plantearon modificaciones. Una de ellas, la rionegrina Mónica Silva, fue autora del que a la postre sería el dictamen de minoría, y la novedad fue que Unión por la Patria sumó sus firmas al mismo. Así las cosas, el tema quedó empantanado, pues un rápido poroteo permitía anticipar un empate en el recinto en 36 votos, y por tratarse de un tema electoral, aquí no valía el desempate de Victoria Villarruel, con lo que el tema quedó nuevamente cajoneado.

Las puertas del Senado recién volvieron a abrirse el último día de enero, con un plenario de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, para tratar otro tema con media sanción de Diputados, que también dormía “el sueño de los justos”: el proyecto sobre lavado de activos. Ese mismo día emitieron dictamen y quedó listo para llevarlo al recinto.

La estratégica Comisión de Acuerdos del Senado se puso en marcha el 13 de marzo, cuando fue ungida la senadora Guadalupe Tagliaferri al frente de la misma, mientras que su histórica presidenta, Anabel Fernández Sagasti, quedó como vice. Ya el 21 de marzo comenzó su andar esa comisión con la presentación de seis candidatos a embajadores propuestos por el Gobierno. Entre ellos Axel Wahnish, el rabino de Milei, propuesto para la embajada argentina en Israel.

El 4 de abril se anunció la conformación de nuevas comisiones, pero solo pudieron avanzar las de Coparticipación Federal de Impuestos, la de Economía Nacional e Inversión, la de Seguridad Interior y la de Turismo. Todas quedaron en manos de radicales. En tanto que Agricultura, Ganadería y Pesca y la de Trabajo y Previsión Social se cayeron por falta de quórum, con la ausencia de Unión por la Patria en disconformidad del reparto de las mismas.

El debate de la Ley Bases

El debate de la Ley de Bases arrancó en el Senado el 7 de mayo, con un plenario de las mismas comisiones que habían discutido el tema en Diputados: Legislación General, Presupuesto y Hacienda. Arrancó con denuncias, pedido de cuarto intermedio y picos de tensión, en un plenario de comisiones a la que asistieron funcionarios del Ejecutivo a explicar los puntos centrales de ambas iniciativas, entre ellos, Guillermo Francos. El debate fue por momentos áspero y dejó la sensación de que la aspiración oficial de avanzar rápido con un dictamen esa misma semana, para poder sesionar la semana siguiente, podría ser un deseo demasiado ambicioso.

Al encuentro, que se extendió por casi seis horas en el Salón Azul, asistieron también el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia de la Nación, María Ibarzábal Murphy. También participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El debate continuó al día siguiente con funcionarios. Estaba previsto que a continuación se iniciara el debate del paquete fiscal en Presupuesto, pero el plenario se extendió más de diez horas, así que la otra reunión quedó para el día siguiente. Ya todo indicaba que el plenario se extendería un tiempo más.

En efecto, el 9 de mayo comenzó el debate en Presupuesto y Hacienda, con la presencia del secretario de Hacienda Carlos Guberman y una polémica en torno al blanqueo y Ganancias. Al cierre de esa reunión, el titular de la Comisión de Legislación General, Bartolomé Abdala, dio por postergado el plenario que debía arrancar a continuación hasta el lunes siguiente, aceptando el oficialismo abrir la lista de invitados.

Las reuniones continuaron el lunes 13, con la presencia de representantes de la CGT que cargaron contra la reforma laboral, y también el martes. Sin señales de dictamen, hubo entonces un cuarto intermedio hasta el jueves 16 de mayo, fecha en la que concluyó la ronda de invitados.

El martes 21 volvió a reunirse Presupuesto y Hacienda con la intención de dictaminar sobre el paquete fiscal, pero no solo no pudo hacerlo, sino que el oficialismo aceptó convocar a nuevos invitados. Al día siguiente se reanudó el trabajo en el plenario que debatía Bases y hubo nuevos invitados. Durante esa jornada, desde LLA dejaron correr la expectativa de dictamen, pero la oposición dialoguista volvió a marcarle la cancha con una catarata de modificaciones planteadas.

Hubo un impasse de otra semana y finalmente la Ley de Bases consiguió su dictamen en el plenario celebrado el 29 de mayo, al cabo de una jornada muy intensa y tras un nuevo cuarto intermedio cera de las 19. Destrabado ese escollo, a continuación Presupuesto y Hacienda emitió también el dictamen del paquete fiscal.

La única bicameral conformada

Previsiblemente, la oposición más dura presionó fuerte para debatir el mega DNU 70/23 que finalmente rechazó en el Senado. Y previsiblemente, el oficialismo y sus aliados resistieron todo lo posible su tratamiento.

Habiendo sido la publicación del decreto de necesidad y urgencia el 20 de diciembre, dos meses estiraron las cosas habilitar a la Bicameral de Trámite Legislativo para el tratamiento del mismo. Tras fuertes reclamos de Unión por la Patria el 22 de febrero de este año la comisión quedó conformada, con el libertario Juan Carlos Pagotto al frente.

El debate propiamente dicho arrancó siete días después, ya con los plazos vencidos y la insistencia de la oposición  para llevarlo al recinto. Un sector, a su vez, pidió que asistieran funcionarios. En ese marco, UP rechazó tener cargos en esa bicameral, al reiterar su denuncia por lo que consideró una “constitución irregular” de la misma. Para ellos, el oficialismo estaba  haciendo una “medida dilatoria” e insistieron en que el decreto tenía reglamentariamente los plazos vencidos, por lo que debía tratarse en el recinto de algunas de las cámaras ya mismo.

El 7 de marzo volvió a reunirse la Bicameral de DNU para definir cómo trataría los decretos pendientes. A pesar del pedido de la oposición, ni el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ni el ministro de Economía Santiago Caputo asistieron a la comisión.

El encuentro siguiente fue el 11 de abril, cuando se reanudaron los cruces entre libertarios y Unión por la Patria. En esa reunión, se validaron decretos de las gestiones anteriores: 11 de Macri y 9 de Alberto Fernández.

En esa reunión, el senador Francisco Paoltroni dio la nota al comparar el triunfo presidencial de Javier Milei con un “cuento de la infancia”. El libertario dijo que “el 19 de noviembre vino un príncipe que les hizo el amor a los que estaban dormidos” y rápidamente, la senadora Fernández Sagasti salió a repudiarlo. En la sesión siguiente, el formoseño fue reemplazado.

Dos semanas más tarde, el 25 de abril, la bicameral que durante la gestión anterior había estado dos años prácticamente sin reunirse, trató más de 60 decretos, mientras UP insistía en que pediría la “invalidez” de los DNU de Milei.

Ese día fueron puestos a consideración 67 DNU de la gestión de Alberto Fernández y 2 de Javier Milei. Fue la última reunión de la bicameral. Para entonces, el pleno del Senado había rechazado el DNU.

 

Cuántas reuniones de Diputados hubo

Presupuesto y Hacienda	16
Legislación Penal	14
Previsión y Seguridad Social	10
Legislación General	9
Asuntos Constitucionales	9
Acción Social y Salud Pública	9
Seguridad Interior	8
Discapacidad	7
Relaciones Exteriores y Culto	6
Educación	6
Cultura	6
Legislación del Trabajo	6
Derechos Humanos	6
Prevención de Adicciones	5
Comunicaciones e Informática	5
Familia, Niñez y Juventudes	5
Pequeñas y Medianas Empresas	5
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	4
Defensa Nacional	4
Vivienda y Ordenamiento Urbano	3
Mujeres y Diversidad	3
Población y Desarrollo Humano	3
Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios	3
Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia	3
Agricultura y Ganadería	3
Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones no Gubernamentales	3
Economías y Desarrollo Regional	2
Obras Públicas	2
De las Personas Mayores	2
Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales	2
Justicia	2
Comercio	2
Turismo	2
Transportes	2
Minería	2
Peticiones, Poderes y Reglamento	2
Deportes	2
Libertad de Expresión	2
Mercosur	1
Industria	1
Asuntos Municipales	1
Finanzas	1
Economía	1
Energía y Combustibles	1
Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano	1
Juicio Político	1

 

Cuánto se reunieron las comisiones del Senado

Presupuesto y Hacienda	14
Asuntos Constitucionales	10
Legislación General	7
Justicia y Asuntos Penales	6
Relaciones Exteriores y Culto	5
Acuerdos	3
Trabajo y Previsión Social	2
Economía Nacional e Inversión	2
Coparticipación Federal de Impuestos	1
Seguridad Interior	1
Turismo	1
Defensa Nacional	1
Infraestructura	1
Agricultura, Ganadería y Pesca	1
Ambiente y Desarrollo Sustentable	1
Transporte	1
Asuntos Administrativos y Municipales	1

 

 

 

 

En su rol de presidente del bloque radical, el senador nacional por Corrientes Eduardo Vischi planteó en la sesión del jueves pasado la moción de dejar para la próxima sesión el tratamiento de la reforma de la movilidad jubilatoria. Respecto a lo sucedido ese día, aclaró que “todos estamos de acuerdo en que los jubilados deben ganar más de lo que ganan, de eso no hay dudas. Para avanzar con una recomposición de sus haberes, propuse una moción de preferencia, que sirve para plantear un tema a tratar, y que lo debatamos en la próxima sesión”, explicó.

Sobre el procedimiento, el senador correntino señaló que “hay dos alternativas: si se aprueba la solicitud por mayoría simple, el tema primero se debate y debe aprobarse en comisiones, para luego votarse en el recinto, mientras que, si alcanza los dos tercios de las adhesiones, se vota directamente en la próxima sesión, sin ese paso previo. Lamentablemente, si bien muchos senadores de distintas bancadas acompañaron, los referenciados en el kirchnerismo rechazaron el pedido y resultó aprobado por mayoría simple de 37 senadores. Resulta llamativo teniendo en cuenta que la situación actual deriva justamente de las políticas populistas de sus gobiernos”.

“Con ese resultado, el paso siguiente será evaluar los distintos proyectos que hay sobre el tema, entre ellos, la media sanción que viene de Diputados, dos del senador (Martín) Lousteau, uno de la senadora (Edith) Terenzi y otro del senador (Edgardo) Kueider, entre otros. Hay puntos en común y todos tienen cuestiones positivas, debemos dialogar y trabajar para lograr la mejor iniciativa, de consenso y razonable, para luego llevarla al recinto”, indicó el presidente del bloque de senadores de la UCR.

Con relación a las perspectivas de avance de ese proyecto, Vischi analizó: “Lo importante, más allá de la entendible urgencia del tema, es lograr una respuesta concreta y sostenible en el tiempo, de nada sirve aprobar “parches” cada dos meses. Debemos encontrar soluciones de fondo y que sean compatibles con unas cuentas equilibradas. Los jubilados necesitan certidumbre y previsibilidad. Somos optimistas en cuanto a que llegaremos a entendimientos en ese sentido”.

Tal cual se anticipaba, los senadores se abocaron en el inicio de la sesión de este jueves a un tema que no figuraba en el temario, pero que ya los senadores de Unión por la Patria habían anticipado que abordarían con la intención de tratarlo sobre tablas: la media sanción proveniente de Diputados para modificar la movilidad jubilatoria.

Antes de que UP expusiera el tema, se adelantó el jefe del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi, quien atento a la coincidencia general sobre “la necesidad de que esto se trate lo antes posible, porque no puede ser una cuestión que quede in eternum, el debate tiene que ser lo antes posible en la comisión. Quiero pedir celeridad en la sesión”, dijo, tras lo cual presentó una moción para pedir que “en la próxima sesión haya tratamiento de este tema con o sin dictamen. Me parece que tenemos que darle un corte al tema”.

A continuación, el jefe del interbloque José Mayans presentó su propia moción, para votar el tratamiento del tema sobre tablas, para lo cual necesitaba los dos tercios de los votos. Sin embargo esa votación nunca se hizo y fue motivo de un debate interminable que demandó más de 40 minutos, al cabo de lo cual la sesión continuó, habiéndose resuelto que el tema sea tratado con dictamen en una próxima sesión.

Fue tras una extensa discusión reglamentaria entre el oficialismo y la oposición dialoguista con los miembros de Unión por la Patria encabezados por Mayans. Como dato saliente quedó el detalle de la votación que había establecido el citado ordenamiento para el futuro tratamiento de la cuestión previsional, que resultó con 37 votos a favor y 31 en contra. Con el dato saliente de que dos senadores de La Libertad Avanza votaron en contra: Vilma Bedia y Francisco Paoltroni. UP, votó en contra, tal como había anticipado, y tuvo cuatro ausentes: Martín Doñate, Anabel Fernández Sagasti, Juan Manzur y Sergio Uñac.

Al  hacer su moción, Mayans recordó que la media sanción proveniente de Diputados había ingresado al Senado el 6 de junio pasado. “Prácticamente hace un mes”, remarcó. Por eso reclamó el tratamiento con urgencia de la propuesta hecha en Diputados. “Todos sabemos de qué se trata, es muy sencillo: básicamente la actualización para el sector de jubilados y pensionados. Un tratamiento urgente, sin dilación. Hoy la canasta de mayo para los jubilados, una canasta ‘ultrabásica’, que estaba en 275.000 pesos, y estimamos que con la inflación de junio se fue a prácticamente 300 mil pesos”, detalló, para recordar que los medicamentos “subieron en dólares” y puso el ejemplo de un antihipertensivo, que cuesta alrededor de 100 mil pesos.

“Estamos hablando de medicamentos básicos; yo no creo que con 300 mil pesos un jubilado pueda subsistir”, enfatizó el senador formoseño, para recordar que en definitiva si el aumento propuesto por el proyecto sancionado en Diputados se votara este mes, recién en agosto se estaría cobrando. “Si se dilata, el tema pasaría a agosto y estarían cobrando recién en septiembre”, detalló.

Mayans habló de una caída del PBI “brutal”, que aproxima los datos a los de tiempos de pandemia. Tras plantear que una de las patas del crecimiento es el consumo y la otra la inversión, advirtió que “el salario fue destrozado por la devaluación, por eso se derrumbó el consumo”.

Se quejó el senador peronista de la situación de trece cajas previsionales provinciales, que cargan con una deuda de parte de Nación de casi dos billones de pesos. “A Chaco le deben deber cien mil millones”, citó Mayans, y sugirió: “Si fuese el Gobierno, aceptaría de inmediato el tema que votó Diputados y que propone ahora el Senado”.

“Tratemos ahora ese tema y después hablemos de todo el sistema previsional, como quieren hacer. Resolvamos el tema de un ingreso básico de 300  mil pesos y después hablemos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, del sistema impositivo y de cómo se va a devolver a las provincias lo que se les debe en materia previsional”, señaló, advirtiendo sobre ese último punto que “esto va derecho a la justicia, porque afecta a las cajas previsionales”. Hizo entonces la moción de tratar sobre tablas el expediente que llegó de Diputados para resolver el ingreso básico de los jubilados”.

Intervino el radical Vischi para aclarar que “no se trata de dilatar”, sino que recordó que en la comisión hay varios proyectos para ser estudiados, y consideró una “falta de respeto” que en una sesión especial como la convocada trataran otros temas, por lo que insistió con el tratamiento en la próxima sesión.

A su turno, el senador aliado del oficialismo Juan Carlos Romero dijo que en el plenario de comisiones no advirtió que “ningún senador quiera dilatar el tratamiento de la recomposición de los ingresos de los jubilados, ni tampoco que haya oposición a que este tema sea tratado”. “Me parece irresponsable que queriendo hacer un juego para quedar bien con la tribuna, la oposición precipite un tratamiento intempestivo, en el sentido de que no contamos con elementos”, opinó.

Si bien dijo que compartía la moción de Vischi, “de que se trate con preferencia”, recordó que “es tradición que se sea con dictamen, pero bueno, podemos hacer una excepción”. “En el próximo tiempo va a haber dictamen”, aseguró.

El salteño argumentó que la media sanción de Diputados tiene “una falencia, que es que va en contra de la Ley de Administración Financiera y del artículo 126 del reglamento, que prevé que los proyectos tienen que indicar el financiamiento, no recomendarle al Poder Ejecutivo que busque financiamiento”.

En ese sentido, abogó por que “lo más pronto posible haya una audiencia pública con gente que sepa del tema, no que traigamos a jubilados que están sufriendo la falta de actualización” en las comisiones. Y recordó el 82% móvil que fue vetado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, “y uno de los argumentos que usó fue que el proyecto no contemplaba financiamiento”. “No cometamos esas mismas circunstancias y hagamos las cosas correctamente”, concluyó.

Fue el turno a continuación del oficialista Ezequiel Atauche, quien recordó la discusión que habían tenido el día anterior y cuáles eran las propuestas hechas por La Libertad Avanza. “Nos hemos comprometido a empezar un programa de trabajo: ya se ha convocado a una sesión de asesores, hemos sacado una nota llamando a funcionarios. Lo vamos a hacer rápido, no va a ser como con la Ley Bases”, garantizó, y cerró: “Tiene que ser tratado con un dictamen de comisión y ahí tenemos que terminar de construir esta ley que esperamos tenga un consenso”.

Mayans volvió a hablar para hacer hincapié en los bonos que cobran los jubilados, que dependen de la recaudación y la decisión del Poder Ejecutivo. Por eso, dijo, “el jubilado no sabe qué es lo que va a pasar” con sus haberes, y anticipó qué harían como bloque: “Pedimos el tratamiento sobre tablas; si no aceptan, vamos a acompañar con 2/3, con o sin despacho de comisión”.

Atauche aclaró que para que fuera “sin dictamen”, la votación necesitaría 2/3; con dictamen, alcanzaba con una mayoría simple. Y marcó cuál sería el camino elegido: “Hay dos mociones, la de Vischi pidiendo preferencia. Si se impone, no tendría sentido avanzar con la siguiente”.

Para que no hubiera dudas, el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, reiteró lo que acababa de esbozar Atauche, respecto a que la moción de Vischi para que en la próxima sesión se tratara requería dos tercios de los presentes. “Si no tiene dos tercios, con mayoría absoluta es aprobada esa moción ‘con dictamen’”.

Mayans preguntó cuándo sería esa próxima sesión. “¿Es en julio o agosto? Ahí está la trampa. Están llevando la sesión a agosto, pagan en septiembre”, planteó. Tras aclarar que lo dicho por el secretario Parlamentario era correcto, pidió votar primero su propuesta, que necesitaba sí o sí de los dos tercios. Pero Bartolomé Abdala, que presidió la sesión de este jueves, aclaró que primero votarían la moción de Vischi, por ser la primera que se había presentado.

Mayans aclaró que si tenían fecha fijada, ellos votarían a favor. Sino, no. E irían por el debate sobre tablas.

La votación arrojó como resultado 37 a 31, con lo que se consideró que por mayoría simple se había impuesto la moción para debatir en una próxima sesión el proyecto “con dictamen”.

Cuando el pleno se disponía a continuar con el temario previsto, Mayans advirtió que el mismo tablero había indicado que había perdido la moción de Vischi. “El sentido del voto fue ‘con o sin despacho’, y ‘rechazado’ dice el tablero”, señaló, secundado por el senador de su bloque Sergio Leavy, respecto que “la pantalla dice claramente que el dictamen fue rechazado”.

Abdala aclaró que se había especificado claramente por secretaría el sentido de la votación y había ganado 37 a 31 la moción de tratar el tema “con despacho” en una próxima sesión. “Vale la mayoría simple, con dictamen”, dijo, y el presidente del bloque LLA, Ezequiel Atauche, lo secundó recordando que se habían tomado el trabajo de aclarar el sentido del voto. “Se aclaró y se votó. Está rechazado por dos tercios y aceptado por mayoría simple. No tiene ningún sentido ninguna otra votación”, quiso cerrar el tema.

La riojana Florencia López se alineó obviamente tras la protesta de Mayans, invocando que “acá hubo dos mociones que son absolutamente diferentes”. Dijo que la propuesta de Vischi invocaba el artículo 146 inciso 2 del reglamento, y la de Mayans el 147. Y le advirtió a Abdala que él se había comprometido a poner a consideración la moción sobre tablas y la otra.

“Se puso en votación la preferencia del senador Vischi”, insistió el presidente provisional del Senado, que sostuvo que tras ser aprobada la misma debían avanzar con las órdenes del día. Intervino entonces la senadora Lucía Corpacci, que repitió que estaban pidiendo votar dos cosas distintas, pero finalmente Eduardo Vischi tomó la palabra para señalar que “se aclaró previamente cómo se iba a dar el sentido del voto y se dejó claro, estaba clara la votación, porque así se anticipó”.

Y le respondió a Mayans, que antes había citado al radicalismo como “ultraoficialista”. “Nosotros no somos oficialismo; somos antikirchneristas. Me parece que quedó claro cómo es el sentido de la votación”, dijo, y consideró que lo de UP era “una exposición mediática para tratar de hacer el populismo de siempre. Y empiezan con esto de donde hay una necesidad hay un derecho, y siempre están entorpeciendo las cuestiones que estamos tratando. Está absolutamente aclarado cómo salió la votación y hay que seguir adelante”.

Pero Mayans no se dio por vencido y rechazó que no se pudiera introducir en una sesión especial otro tema, si se contaba con los dos tercios. “Podemos echar al presidente con los dos tercios, imagínese si no podemos introducir un tema -blandió-. Con dos tercios se salva cualquier insanía”. Ratificó su moción de tratamiento sobre tablas y advirtió que se estaba violando el reglamento. “Hay una moción concreta de mi bloque”, dijo, y en respuesta a Vischi, chicaneó: “Yo pensaba que era radical, es antikirchnerista. Yo no soy anti nada”.

La discusión siguió un rato más. Intervino desde el Pro Alfredo De Angeli, quien aclaró que “esta no es una escribanía, y le digo en lo personal que tuvimos la Ley Bases: pidieron debate, se le dio todo el debate… votaron todo en contra, por supuesto. Ahora lo explica bien el presidente Vischi, y vienen con la chicana. La mejor ley es la que más se debate. No somos una escribanía, yo ya viví una escribanía. Mayans tiene historia y tiene picardía… Lo conozco hace mucho tiempo. Si se votó, se aclaró, y quiero que haya debate en esta ley, no quiero ser una escribanía. Avancemos con la sesión, demos el debate de esa ley que es tan necesaria, y háganse cargo del gran desastre que dejaron”.

En la que será la quinta reunión del presente período ordinario, la Cámara de Senadores sesionará este jueves a partir de las 11  para tratar pliegos militares y diplomáticos, la declaración de duelo nacional por el atentado contra la AMIA y un tema muy caliente como la comercialización de menores de edad.

El temario previsto para este jueves incluye la aprobación de una serie de pliegos miliares y diplomáticos, tras lo cual se abocarán a proyectos de ley sobre la modificación del Código Penal en lo que respecta a sustracción y/o comercialización de menores de edad y sobre la declaración de duelo nacional en homenaje a las víctimas del atentado a la sede de la AMIA.

En el caso del proyecto que modifica el Código Penal para agravar penas por el robo de menores, cuyo tratamiento coincide con la conmoción que ha generado en todo el país la desaparición del chico de 5 años Loan Peña, se trata de un proyecto de la senadora radical Carolina Losada.

A través del mismo se modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad. Cuando se trataba de funcionarios públicos o profesionales de la salud, se añadía la inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena.

El cambio propuesto prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

Asimismo incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

En el caso de la declaración de duelo nacional en homenaje a las víctimas del atentado a la sede de la AMIA, el proyecto cuenta con media sanción de diputados y por el mismo se declara el 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) contra la República Argentina.

Asimismo se dispone que todos los 18 de julio la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos.

Para el inicio de la sesión se esperan los habituales homenajes y cuestiones de privilegio, pero también una movida que el interbloque Unión por la Patria ya adelantó que llevará a cabo: el intento de provocar el tratamiento del proyecto de ley proveniente de Diputados para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria.

El tema comenzó este miércoles a ser tratado en comisiones y no tiene dictamen, pero desde Unión por la Patria anticiparon la intención de tratarlo este jueves en el recinto, para lo cual necesitarían contar con dos tercios de los presentes. Si bien el tema consiguió los dos tercios al ser votado en Diputados, no se espera que la oposición pueda conseguir ese porcentaje, dado que el radicalismo ya adelantó que no están de acuerdo con acelerar tanto el tratamiento.

Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunieron este miércoles para dar inicio al debate sobre el proyecto de ley que actualiza la fórmula de movilidad jubilatoria. Al no haber dictamen, desde Unión por la Patria revelaron su intención de pedir el tratamiento sobre tablas en el recinto este jueves.

Iniciado el encuentro, las autoridades del plenario, el jujeño Ezequiel Atauche -Presupuesto y Hacienda- y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero -Trabajo y Previsión Social- confirmaron la incorporación de nuevos proyectos sobre el tema impulsados por el radicalismo y el peronismo federal.

Además, Álvarez Rivero anunció que el entrerriano Edgardo Kueider reemplaza a Carlos “Camau” Espínola en la comisión que preside y confirmó a Mariano Recalde, José Mayans, Juliana di Tullio, Daniel Bensusán, María Teresa González, Marcelo Lewandowski y Oscar Parrilli como integrantes del interbloque UP.

La oposición acusó al oficialismo, aliados y dialoguistas de tratar de “dilatar” el tratamiento con la presentación de iniciativas que discrepan en varios artículos del texto aprobado en Diputados el 5 de junio que arribó con el aval de los dos tercios de la Cámara baja.

Si bien los dialoguistas de la Cámara alta dejaron en claro su apoyo explícito a modificar la fórmula de los haberes jubilatorios, no acompañarían el pedido de UP para darle tratamiento en el recinto este jueves. La bancada kirchnerista cuenta con 33 integrantes y necesita el voto positivo de otros 15 más para alcanzar las dos terceras partes requeridas.

Por su parte, el radical Martín Lousteau, la chubutense Edith Terenzi (con apoyo de bloque radical) y el entrerriano Kueider presentaron nuevos textos que discrepan del que arribó al Senado con media sanción y pidieron que se trabaje en comisiones antes de llevarlo al recinto. Esto trunca las intenciones de UP.

En el final, la oposición se cruzó con las autoridades del plenario por la no emisión de un dictamen. Tanto Atauche como Álvarez Rivero insistieron con “darle tratamiento profundo”. Finalmente, anunciaron la continuación de los plenarios con invitados de ANSES para el martes 15 de julio.

El debate

Antes de dar lugar a las intervenciones, Atauche afirmó que “es un tema de importancia vital para los argentinos que viene parchado hace muchos años”. Del mismo modo, defendió la postura del Gobierno Nacional: “A criterio del oficialismo, se necesita una reforma realista, formal y sustentable con mejora integral a este sistema”.

Mencionó, además, que “hay mucha jubilación de privilegio y somos de la idea de empezar a revisarlos con sensatez y coherencia”. “Poco a poco se fue licuando la capacidad adquisitiva de nuestros jubilados y eso hace pensar una reforma integral al sistema”, agregó, luego de llamar al proyecto en cuestión como “un parche”.

La titular de Trabajo y Previsión Social, Carmen Álvarez Rivero, añadió que este textoo “nos desequilibra las cuentas con facilidad de nuestras provincias y la Nación Argentina”. Si bien señaló que “la preocupación la compartimos todos por igual”, advirtió que “queremos trabajar en la búsqueda de esas soluciones de la mejor manera para dar solución sustentable en el tiempo”.

En primera instancia, Mariano Recalde acusó al oficialismo y los dialoguistas de hacer “el esfuerzo para dilatar el proyecto de ley en revisión”. “Hay datos concretos que este proyecto viene a corregir que no es el ideal, pero es necesario y urgente”, señaló.

En relación a la situación actual de los haberes, explicó: “Desde que asumió en diciembre, el Gobierno devaluó un 118% con una fuerte caída de las jubilaciones que cayeron un 29,4% y en relación a 2015 es del 39,9%”. Cuestionó el DNU 274 y consideró que con los haberes “retrocedimos 20 años en seguridad social”.

También se dirigió al presidente Javier Milei por la advertencia del veto y por llamar “degenerados fiscales” a quienes votasen este proyecto: “El costo fiscal ronda el 0,6 del PBI, lo mismo de las alícuotas a reducir de los Bienes Personales. Eso no es irresponsabilidad fiscal”. “No estamos de acuerdo en que es ser un degenerado fiscal”, concluyó.

“Lo que está afectando las cuentas no es pagar lo que le corresponde a los jubilados, sino el propio plan económico que desfinancia al Estado”, añadió, y cerró: “No se la agarren con los jubilados ni con este proyecto de ley. Corrijan y dejen de ajustar con motosierra”.

El primero en mencionar discrepancias con el texto de Diputados fue el salteño Juan Carlos Romero, quien propuso modificar el artículo para financiar la actualización de las jubilaciones a partir de la modificación del Régimen a Tierra del Fuego.

Del mismo modo, le envió un mensaje al jefe de bloque oficialista: “A los que son nuevos, en el 2000, sobre jubilaciones de privilegio, (Carlos) Ruckauf hizo bandera con esto y ya quedaron eliminadas”. También, cargó contra el kirchnerismo: “No traigamos a 100 jubilados acá para hacer barra”.

Impulsor de uno de los nuevos proyectos, el radical Martín Lousteau pidió tener criterio a la hora de debatir y se refirió a que “el proyecto con media sanción tiene 13 artículos y venimos de debatir 400”. Por otro lado, afirmó que el sistema previsional “es el principal gasto de cualquier Estado moderno”.

“Retribuye a que quien terminó de trabajar pueda cobrar algo y es el principal mecanismo de redistribución ¿Qué no hacen? No toquetearlo todo el tiempo”, cuestionó.

Mencionó los porcentajes que expuso UP, y añadió que el Gobierno actual “sacó un DNU y congeló el gasto en el mínimo equivalente al del año 2011 y lo congeló justo cuando iba a subir”.

Del mismo modo, no dejó pasar la oportunidad para criticar a la Ley Bases: “A las empresas que entran al RGI le damos estabilidad por 30 años, y los jubilados no saben cuánto cobran el mes que viene”.

Por su parte, el chaqueño Víctor Zimmermann señaló que “es un tema central de la política argentina” y criticó que la media sanción de la Cámara baja “tiene cuatro formas de actualización en el proyecto”. Pidió tomar en consideración el proyecto de Losuteau.

Luego, el senador pampeano Daniel Bensusán reiteró al igual que los integrantes de su bloque su intención de acompañar la media sanción de la Cámara de Diputados y anunció: “Ojalá tengamos los dos tercios para tratarlo sobre tablas mañana”.

Ya en el final, José Mayans se cruzó con Atauche y remarcó su interés de dictaminar en este plenario. No conseguido el objetivo, reiteró que será pedido en la sesión de este jueves.

El interbloque de Unión por la Patria dio a entrever en el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda del Senado que van a proponer tratar la movilidad jubilatoria sobre tablas en la sesión de este jueves.

El senador nacional Daniel Bensusán reiteró al igual que los integrantes de su bloque su intención de acompañar la media sanción de la Cámara de Diputados, pero anunció: “Ojalá tengamos los dos tercios para tratarlo sobre tablas mañana”.

Más tarde, al cerrar las alocuciones de parte de UP, el jefe del interbloque, José Mayans, confirmó ese anticipo: “Nosotros vamos a pedir el tratamiento sobre tablas mañana”.

Sin despacho de comisiones a la vista, Unión por la Patria deberá contar con el apoyo de 48 senadores nacionales en el recinto. Es decir, 15 más de los 33 que componen el interbloque.

En el plenario de este miércoles, el radicalismo y varios provinciales confirmaron su intención de apoyar el tema, pero tratarlo seriamente. Esto truncaría la intención de la oposición de tratar la actualización de la fórmula jubilatoria en el recinto de la Cámara alta.

El proyecto de ley que a instancias de la oposición y con el rechazo llano del presidente Javier Milei que reforma la fórmula de movilidad jubilatoria comenzará a ser tratado este miércoles en la Cámara alta.

Será a partir de las 17, en una reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. El proyecto, aprobado en Diputados en su reunión del 4 y 5 de junio, establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, una recomposición mayor a la otorgada por el DNU 274/24 y un piso para el haber mínimo, en lo que constituye una derrota legislativa para el oficialismo y desafía al presidente Javier Milei, quien ya advirtió que vetará toda ley que atente contra su objetivo de equilibrio fiscal. La pelota quedó ahora en el Senado, abocado por estos días a la ley de Bases y el paquete fiscal.

El proyecto resultó aprobado en Diputados por 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones. Esto es, más de los dos tercios de los presentes.

Este miércoles se debatirán el proyecto proveniente de Diputados, pero también iniciativas que van en el mismo sentido del senador Martín Lousteau.

El Gobierno nacional sancionó en marzo el decreto de necesidad de urgencia N° 274/24 modificando la fórmula de movilidad previsional. Estipuló que las jubilaciones se ajustarán mensualmente con la tasa de inflación de 2 meses atrás. Como la nueva fórmula se comenzó a aplicar en abril, las jubilaciones se actualizaron con la inflación de febrero.

Esto generó una inconsistencia debido a que, en marzo, con la vieja fórmula, se aplicaron actualizaciones que tomaron variaciones hasta diciembre 2023. Así, el DNU cubre parcialmente el “bache” de enero 2024 ya que para abril, además de la inflación de febrero, se sumó otro aumento, por única vez, de 12,5%, cuando la inflación en enero fue del 20,5%.

La intencionalidad del Gobierno al fijar arbitrariamente un incremento muy por debajo de la inflación de enero es contribuir al superávit fiscal, señala el informe de IDESA conocido esta semana. Allí se indica que la contrapartida es que potencia las debilidades jurídicas del DNU. Con la intención de corregir esta situación –que es fuente generadora de alta judicialidad– la oposición avanzó con la media sanción de un proyecto de ley estipulando que el aumento por única vez en abril sea igual a la inflación de enero. Esto reduce los riesgos de litigiosidad, pero aumenta el gasto público. La reacción del presidente Javier Milei fue amenazar con vetar la ley si sale sancionada.

La pregunta que se hace IDESA es cuál de las dos alternativas es más consistente con el objetivo de un superávit fiscal sustentable. Para responderla sirve el siguiente ejercicio elaborado por el Instituto:

• • * En junio 2024 el haber medio, incluyendo el bono que no está sujeto a la movilidad, se ubica aproximadamente un 37% por debajo del nivel registrado en el 2017.
  • * Con el proyecto con media sanción en Diputados el haber medio sube 6%.
  • * Esto significa que el haber medio, aun con el aumento del proyecto de ley de Diputados, todavía queda en junio 2024 un 33% por debajo del haber medio del 2017.

Estos datos muestran que el proyecto de ley aprobado en Diputados mantiene la fuerte licuación que se produjo en el gasto previsional desde el 2017, con la crisis inflacionaria que se desató en el 2018 y que persiste hasta la actualidad. Desde este punto de vista, IDESA indica que el proyecto no aparece como desestabilizante de las cuentas públicas. Por el contrario, mantiene el gasto previsional muy por debajo de los niveles históricos.

Pero, además, la expansión del gasto que implica hacer un empalme más consistente con la vieja fórmula es menor a las erogaciones que demanda el bono de $70 mil que se le viene pagando a los haberes más bajos. Como este bono es definido discrecionalmente por el Poder Ejecutivo, cabe la posibilidad de que, por decreto simple, se establezca una regla de pago del bono más restrictiva que focalice mejor entre los beneficiarios más vulnerables. De esta forma, se podría lograr un ahorro similar que compense el mayor costo que genera la nueva regla de movilidad del proyecto de Diputados.

Para disipar polémicas en torno al proyecto de ley de Diputados hay que tener en cuenta que la contabilidad pública, a diferencia de la privada, registra el gasto de un juicio cuando se paga, no cuando se produce el hecho que lo genera. Esto es consecuencia de que en el Estado no se contabilizan las previsiones durante el periodo en el que el gasto se devenga como ocurre en el sector privado. Al no registrar previsiones por juicios de movilidad, se sobrevalora el superávit fiscal que se logra con el DNU. Por el contrario, el proyecto de Diputados, al reducir los riesgos de juicios, no genera “erogaciones ocultas” por futuros juicios.

Planteada objetivamente la comparación, el proyecto de Diputados preserva más el superávit fiscal que el DNU. La razón es que hay una frondosa jurisprudencia que advierte que la movilidad tiene que ser regulada por ley y que el ensamble con la fórmula que se sustituye tiene que ser consistente. El DNU por su naturaleza jurídica y su empalme arbitrario crea un campo extremadamente fértil para que florezca la litigiosidad. El proyecto de ley corrige esta debilidad jurídica, mantiene el gasto muy por debajo del promedio histórico y permite que el mayor costo pueda ser compensado con el rediseño del bono.

Luego de que el expresidente Mauricio Macri la emprendiera contra los diputados que dieron media sanción la última semana al proyecto que modifica la movilidad jubilatoria, el diputado radical Martín Tetaz salió a contestarle.

Como entre otras cosas el exmandatario sostuvo que los legisladores deberían haberle dicho antes “ampliamente sí a la ley Bases”, el legislador radical dijo que “por suerte primero votamos a favor de la ley Bases en Diputados dándole a Javier Milei las herramientas que Argentina necesita”. Recordó entonces que “dentro de Bases repusimos el impuesto al tabaco que su reforma del 2017 criteriosamente había diseñado y lo hicimos contra el voto de la mala política”.

“También pusimos un capítulo que le da al presidente 60 días para indicar cuáles gastos fiscales está dispuesto a recortar comprometiéndonos a apoyarlo para terminar con privilegios como el de tierra del fuego. Ese artículo suma 2 puntos del PBI de financiamiento, para jubilaciones por ejemplo”, destacó Tetaz, que aclaró también que “finalmente esta semana votamos en contra del proyecto del kirchnerismo que pretendía subir el gasto en jubilaciones 2 puntos del PBI, justamente por irresponsable”.

En su enumeración, Tetaz agregó que “luego por suerte pudimos imponer el proyecto radical que no solo es el más responsable fiscalmente, sino que según la OPC tiene prácticamente el mismo costo que el proyecto de su propio partido (Pro), que impulsaba María Eugenia Vidal, donde las diferencias eran en qué cuotas y de qué modo se pagaba ese 8% de inflación de enero que el decreto 274 se había comido”.

“Déjeme ser aún más claro; hay pleno consenso, incluyendo los proyectos impulsados por los diputados de su propio partido, en el sentido de que hay que reponer el 8% que nuestro proyecto finalmente repuso”, continuó Tetaz, que le pidió al presidente no olvidar que “a usted le tocó asumir con un gasto en jubilaciones y pensiones que representaba el 11% del PBI y que Milei, ajuste brutal del peronismo mediante, ya asumió con solo 8 puntos del PBI de gasto previsional”.

“No hay más margen para seguir ajustando jubilados”, concluyó Martín Tetaz.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, salió este domingo al cruce del expresidente Mauricio Macri, que calificó de “irresponsables” a los diputados que el martes pasado votaron una nueva movilidad jubilatoria, asegurando que se trata de “una ley que no tiene fondos”.

“Si bien este cuestionamiento no creo que nos aplique a todos los que votamos la recomposición a los jubilados, quiero responder”, señaló el legislador nacional sin ánimo de confrontar con quien fuera el presidente de la gestión Cambiemos.

Recordó López que “planteamos oportunamente el problema de la fórmula del kirchnerismo porque perjudicaba tanto a los jubilados cómo al plan de estabilización”.

El legislador de la Coalición Cívica recordó que “el costo fiscal adicional para el año 2024 de la media sanción de Diputados es de 0,47%. Si en lugar de haberse dado esta media sanción, se hubiera avanzado con lo propuesto por la Coalición Cívica en la sesión especial de marzo el costo fiscal hubiera sido de 0,27% para el 2024”.

“Recordemos de todas maneras que el ahorro total en jubilaciones y pensiones aún con esta media sanción será en 2024 de 0,8% PBI mientras que la ruta presentada por el ministro Luis Caputo en diciembre del año pasado estipulaba un ahorro anual en esta partida del 0,4% del PBI”, agregó López, para advertir a continuación que “si nos hubiesen escuchado sin prejuicios el alivio a los jubilados hubiera llegado antes, a través una nueva fórmula sancionada por ley y no por un precario DNU, garantizándose el Gobierno que el rezago de la fórmula anterior no impacte en el proceso desinflacionario en el 2025”.

Por otra parte, Juan Manuel López remarcó que respecto del déficit fiscal la Coalición Cívica viene trabajando para “revisar todo el gasto tributario; transparentar los fideicomisos; privatizar 25 empresas públicas deficitarias; revisar todos los entes cooperadores; que todos paguen el impuesto al Tabaco”.

Finalmente aclaró López que “siempre intentaremos ser responsables, serios y humanistas”, y cerró: “No creemos ni en la insensibilidad de Milei ni en el oportunismo kirchneristas pero entre ellos se entienden muy bien”.

No hay dudas de que el proyecto que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, una recomposición mayor a la otorgada por el DNU 274/24 y un piso para el haber mínimo, y que obtuvo media sanción de Diputados el martes pasado, no tendrá dificultades en ser aprobado en el Senado. Lo máximo que podrá lograr el oficialismo será retrasar su aprobación.

Ya lo ha hecho la titular del Senado, Victoria Villarruel, con el DNU 70/23, cuyo tratamiento en el recinto resistió hasta que pudo. Tiene en ese sentido a su favor la potestad que le da el reglamento del Senado de ser quien determine el llamado a sesión.

Por lo pronto, tendrá que establecer los giros a comisiones, y hasta podrá convocar ahí el oficialismo a reuniones informativas, para no ir a dictaminar directamente. Con todo, el Senado podrá tomarse también sus tiempos para el análisis en comisión, tal cual lo hizo la oposición en Diputados. Decisiones todas que estirarán un poco los tiempos.

Por lo pronto, las comisiones a las que les correspondería este tema serían las de Presupuesto y Hacienda, que preside el jujeño Ezequiel Atauche, y la de Trabajo y Previsión Social, que encabeza la senadora del Pro Carmen Alvarez Rivero (Córdoba).

Pero tarde o temprano el proyecto llegará al recinto y allí tiene el oficialismo todas las de perder, a juzgar por lo sucedido en Diputados. El proyecto será seguramente convertido en ley y tiene todas las perspectivas de lograr en la Cámara alta también los dos tercios. Holgado.

Los conseguiría con los 33 votos de Unión por la Patria, más los 13 de la Unión Cívica Radical, que impulsó el tratamiento del tema en la Cámara baja. Con ellos solos ya se garantiza la aprobación. Ahora iremos por los dos tercios, que ya se superan con los 3 senadores de Unidad Federal (Carlos Espínola, Edgardo Kueider y Alejandra Vigo).

Pero hay más: los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente de la Concordia Misionero apoyarán. Y también José María Carambia y Natalia Gadano, de Por Santa Cruz. Todo esto teniendo en cuenta lo sucedido en la Cámara baja. Lo mismo corre para la rionegrina Mónica Silva. Con todos ellos ya se asegurarían los 54 votos.

Pero habría que sumar además a la neuquina Lucila Crexell, si se tiene en cuenta que el diputado del MPN Osvaldo Llancafilo también apoyó en Diputados. Habrá que ver si para esa votación Crexell sigue siendo senadora o, como las versiones anticipan, se irá a la Unesco a ocupar el cargo que el Gobierno le ofrecería. En ese caso, su banca estaría ocupada por un radical, así que el voto a favor de la media sanción de Diputados estaría garantizado.

Del otro lado se ubicarían los 7 senadores de La Libertad Avanza, más los 6 del Pro. 13 voluntades, a las que podrían agregarse los 3 senadores de Cambio Federal, si Juan Carlos Romero mantiene el alineamiento con el oficialismo que viene exhibiendo, y sus compañeras de bancada chubutenses, Andrea Marcela Cristina y Edith Terenzi votan en consonancia con la recomendación que podría hacerles el gobernador Ignacio Torres. Podría garantizarse eso para Cristina, que milita en el Pro, mas no es seguro que Terenzi, de la UCR, lo haga también.

En definitiva, el día que se vote en la Cámara alta, el proyecto aprobado en Diputados el martes pasado saldrá fácilmente con una muy holgada mayoría de entre 54 y 55 votos.

El Gobierno de Milei va a tener siempre 3 grandes desafíos / amenazas. Primero, el gerenciamiento político, con todo lo que implica manejar un sinfín de hilos de acuerdos y compromisos. Segundo, el gerenciamiento del Estado, dado que llega con poca gente propia, y muchos de los que están no tienen experiencia. Y tercero, la hoja de ruta económica.

Para que la nueva administración tenga éxito, sería ideal que le funcionen los 3 de la manera más aceitada posible, como le sucedió a Menem y a Néstor. Si bien es largo de analizar, le tendrían que funcionar bien al menos dos de los tres factores. Sin embargo, la clave es el tercer desafío, porque si ese “no funca”, los otros dos no le asegurarán sobrevivencia. Se puede manejar la política con habilidad, pero si los indicadores económicos no responden, game’s over. En cambio, si Toto acierta, la política y el establishment le harán reverencias.

La gestión libertaria está cerrando la semana con problemas en los 3 aspectos mencionados al principio:

1) Diputados le estampó una media sanción con dos tercios, de modo que, si el presidente vetase, la ley podría confirmarse igual (mientras se retrasan la ley Bases y el paquete fiscal en el Senado);

2) el caos en el área social, con el vodevil sobre los alimentos en los galpones, los nombramientos por izquierda y la rotación de funcionarios (vamos por un promedio de una renuncia cada 5 días); y 3) las dudas sobre la sostenibilidad del esquema económico, porque el mercado cree que los dólares no alcanzan (amén de que siguen proliferando los augurios de lentísima recuperación).

Las tres cuestiones sucedieron por deficiencias propias de la matriz oficialista.

Van 6 meses y lógicamente se empiezan a sentir las deficiencias del esquema político, económico y administrativo de un experimento novedoso para la Argentina, sumado a que la novedad se va desgastando. Esta condición contextual también incide sobre la opinión pública: ¿cuándo sale la primera ley? ¿cuándo se reactiva la economía? ¿qué otra novedad hay además del ajuste puro y duro? Preguntas que empiezan a surgir en sectores sociales afines al presidente.

Las dificultades en el primer factor mencionado al inicio, el Gobierno se los puede cargar a la cuenta de la casta. Las del segundo a la falta de experiencia, que la mitad social que aprueba lo disculpará por un rato. Sin embargo, las del factor económico son todas de Milei, teniendo en cuenta que a) es la principal asignatura, b) él es economista -lo cual le dio un hándicap especial en la campaña- y c) el primer mandatario está dando un debate particular contra parte de la biblioteca, revestido de una mística filosófica / teológica. Por consiguiente, si falla el esquema le quedarán pocas excusas. A diferencia de los anteriores presidentes que ante una crisis cambiaban al ministro de Economía de turno, pero no quedaban pegados como autores intelectuales, más allá del costo de haber avalado una estrategia que no funcionase. En este caso, si se produce una crisis, el amortiguador es mucho más estrecho (y el golpe se sentirá más).

Si se produce una crisis económica y/o política, ahí vamos a ver al verdadero Milei, porque eso traerá aparejada toda una serie de replanteos que excederán al tema específico. Ahí estarán los buitres volando en círculos para aprovechar la situación. Cuánto más cercanos al Gobierno, más peligrosos, porque le querrán cobrar muy caro a “jamoncito” cierta desidia en el manejo de las relaciones personales. Al mismo tiempo, puede ser que se revalúen las acciones de algunos personajes. ¿Subirá el poder de Francos más del que ya tiene? ¿Hará falta que Patricia haga un enroque? ¿El libertario se abocará a una negociación con el Emir de Cumelén, que hasta ahora no existió?

¿Cuántas veces tiene que ratificar un presidente a un funcionario de su más íntima confianza? Más allá de la relación personal, la insistencia en afirmar o negar nunca es una gran idea. Al interior y al exterior de la gestión crecen las dudas, más que aplacarlas. Digamos que fue una crisis mal manejada, además del batifondo con los funcionarios, en una de las áreas de gestión más resonantes en función de los desmanejos previos que se están investigando en la justicia, y que le daban aire al oficialismo en su batalla cultural contra una parte de la casta. Hoy esa ventaja se diluye por el propio ruido interno.

Hay otro aspecto del gerenciamiento político que delata una debilidad de origen en el proyecto mileísta: no hay contención, ergo el que tiene diferencias se aparte o lo apartan. Kikuchi, De la Torre, Píparo, Zago, entre otros. En eso tiene diferencias siderales con la carpa infinitamente contenedora de “el turco” (digo, para los que lo asimilan tanto a Milei con el riojano).

La votación de un nuevo esquema de actualización jubilatoria es otro de los temas de la semana que trae mucha tela para cortar. Primero, porque salvo el Pro -por ahora- los dialoguistas empiezan a plantar bandera y a aclarar que una cosa es ayudar a veces, y otra es dejar que el Gobierno haga lo que quiera. Por eso, Milei no debe creer que los 142 votos a favor de la ley Bases están en estado sólido, sino que forman parte de la política líquida que caracterizará a la Argentina de estos 4 años.

El segundo punto es que, si el kirchnerismo se modera, pueden salir muchas votaciones en donde el proyecto sea radical, de Encuentro Republicano o de los lilitos, “los dueños de la Cámara” (a Pichetto se le fueron unos, pero vinieron otros que lo hacen a su bloque más federal). ¿Era un pecado mortal votar junto con los K, aplicando un “cordón sanitario” al estilo de lo que sucede en Alemania con la extrema derecha? Habrá una parte del público que crucificará a esos dialoguistas. Pero todo dependerá de 1) el tema en cuestión (jubilados es muy sensible, sobre todo para la clase media), y 2) los resultados de las “mileiconomics”.

Decía el ingeniero Edward Murphy que “si algo puede salir mal, saldrá mal”. Vista esta semana del Gobierno, la única ley que se aprobó hasta ahora, es la ley de Murphy.

El que avisa no traiciona, es la consigna que enarboló parte de la oposición dialoguista una vez aprobada en la Cámara baja la ley de Bases y el paquete fiscal. Si bien los proyectos tan reclamados desde el Poder Ejecutivo todavía continúan su peregrinar legislativo, a la espera de su tratamiento en el recinto del Senado, con su posterior y seguro retorno a la Cámara baja, cuando el último día de abril ambos proyectos consiguieron su aprobación por amplia mayoría a partir del apoyo de esas bancadas, algunas voces anticiparon desde el seno de las mismas que cumplido ese objetivo ahora comenzarían a trabajar con temas de su propia agenda.

Esto es, avanzarían con iniciativas tales como la nueva fórmula jubilatoria y los temas relacionados con la educación. Es lo que terminó sucediendo.

Recién al experimentar un fuerte traspié en la sesión del martes pasado en Diputados, el oficialismo más débil de la historia legislativa argentina pareció caer en cuenta de la adversidad que se le presenta delante en el Congreso de la Nación. Por cierto, no fue la del 4 de junio la primera derrota en las cámaras, pero sí la más dura, simbólicamente hablando.

Podría decirse que el primer traspié oficial fue en la sesión preparatoria de diciembre pasado en Diputados, cuando Unión por la Patria impuso el método por el cual se elegiría a los integrantes de las comisiones. Pero esa situación fue resuelta prontamente cuando La Libertad Avanza se alió con la oposición dialoguista y repartió con los más confiables las principales comisiones.

El segundo revés fue obviamente al devolver a comisión el 6 de febrero el proyecto de ley de Bases, cuando ya había logrado la aprobación en general, pero el debate en particular se le iba de las manos. Revirtió esa situación meses después, con la media sanción del 30 de abril pasado.

El golpe más duro hasta entonces lo vivió en el Senado, cuando la oposición rechazó el DNU 70/23; pero ese resultado no tendrá efecto real en tanto y en cuanto la Cámara baja no resuelva avanzar contra ese decreto, cosa que de momento no parece ser la idea.

Lo de la última semana fue impactante por la magnitud que revistió. Si bien la media sanción estaba cantada, lo que no esperaba el oficialismo era un resultado tan contundente en la votación, en la que la oposición alcanzó los dos tercios. Algo que ningún oficialismo puede permitirse nunca, por todo lo que ello implica. Contribuyeron a semejante traspié las ausencias: 7 del Pro, donde un sector se inclinaba por la abstención, pero se impuso la decisión de acompañar a La Libertad Avanza con el voto en contra. Se advierte un reproche a esa decisión en las ausencias, dos de ellas notorias: Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal.

Eso no fue todo: los tres integrantes del bloque Independencia, nuevos aliados del oficialismo, pegaron el faltazo a la hora de la votación; también faltaron tres diputados alineados con los gobernadores del Pro Nacho Torres y Rogelio Frigerio.

No está bueno para ningún oficialismo acostumbrarse a perder en el Congreso. Ese resultado tiene que ser algo excepcional, y sin embargo es lo que sucederá cuando este proyecto de movilidad jubilatoria llegue a la Cámara alta, donde se superarán los dos tercios de los votos (52 senadores lo apoyarían). Lo que puede hacer la presidenta del Senado -y lo hará- será demorar el tratamiento de esa iniciativa. Pero inexorablemente sucederá, y cuando Javier Milei cumpla su promesa de vetarlo, ambas cámaras podrían rechazar tal decisión reuniendo los dos tercios cada una.

Esta última semana se demostró que pueden, y ese es el principal motivo de preocupación del Gobierno. Con todos sentados en sus bancas, La Libertad Avanza debería garantizarse la presencia de 85 diputados para bloquear toda posibilidad de dos tercios; contaría con 84. Debería garantizarse la anuencia de dos diputadas sanjuaninas que el martes se abstuvieron, para elevar ese número a 86.

Al presidente se le saltó la chaveta inmediatamente después del traspié. A través de las redes anunció el veto inexorable, e insistió con ello en dos apariciones públicas posteriores. Si solo eso hubiera hecho no era tan grave. Pero por el contrario, Milei acompañó su anuncio de veto con incalificables insultos contra los legisladores opositores. Les dijo “degenerados fiscales”, “chorros”, “casta inmunda” e “hijos de p…”. “Él es así”, justifican los mileístas moderados al ser interpelados por los opositores moderados. Esa argumentación comienza a cansar a quienes son los encargados de darle la gobernabilidad a este oficialismo carente de números en ambas cámaras y cada vez más enmarañado en materia de gestión.

Por caso, no entienden que el presidente se haya dedicado especialmente a pegarle a Miguel Pichetto, por su resistencia a votar la eliminación de la jubilación especial para presidentes y vices. En rigor, el excandidato a vice de Macri reaccionó porque “ya estaba acordado previamente que eso se eliminaba del dictamen”, explicó a este medio una fuente legislativa. Como eso no sucedió, intervino Pichetto. La situación obligó a todos a resolver sobre la marcha, y ahí por ejemplo se dio la curiosidad de que el bloque MID, satélite oficialista comandado por el expresidente del bloque LLA, Oscar Zago, votó dividido: dos contra el artículo 11 y una a favor. También votaron en contra Carolina Piparo y su cuñada Lorena Macyszyn, con quien forma un bloque de dos. Tanto Zago, como Piparo fueron entonces presas de la ira de los trolles libertarios, lo que hartó a la diputada, que se hartó de sus exsocios políticos a los que calificó de “enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes”.

Resulta que desde que se llegó al gobierno, y les recuerdo que trabajé mucho para que eso suceda, no se puede disentir en una sola coma con los “liberales”, se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes que defienden lo indefendible y creen que pueden…

— Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) June 5, 2024

Milei sueña con tener una mayoría legislativa en 2025, pero a fuerza de internas e intolerancia, este gobierno no puede contener siquiera a los propios.

Pichetto es un diputado clave capaz de tender los puentes que necesita el oficialismo para tener gobernabilidad. Hasta ahora, actuó como tal. “Pero pareciera que el Gobierno no quiere dejarse ayudar”, advirtió un miembro de ese espacio del medio.

La moderación que había mostrado el presidente en sus últimas presentaciones desapareció por completo. Era obvio que reaccionaría mal ante el resultado adverso del martes, tal su naturaleza. Y como se sabía que era imposible que el oficialismo pudiera revertir una derrota ese día, hay quienes imaginan que el anuncio bien temprano del fuerte aumento a los diputados tenía como fin darle elementos al presidente para más tarde castigarlos con mayor dureza.

No faltan quienes especulan con que la ira presidencial contra los legisladores podría haber sido sobreactuada por el mandatario, a fin de tapar el escándalo creciente que involucra a su ministra preferida, Sandra Pettovello.

No pareciera ser un buen negocio para el Gobierno la irascibilidad presidencial. Los mercados se hicieron eco de todo el combo: el traspié legislativo en Diputados; la demora eterna con la ley de Bases; la ira presidencial; las internas infinitas en el oficialismo; la impericia expuesta en la gestión del Ministerio de Capital Humano y, en definitiva, las dificultades por conseguir resultados concretos, salvo el laudatorio éxito que está teniendo con la inflación.

Tanto ruido generó Javier Milei con sus improperios contra los legisladores, que comenzó a percibirse un malestar creciente en el Senado, donde aún falta la aprobación de la ley Bases. Ante esas perspectivas, cuando ya se especulaba con postergar una semana más el debate para asegurarse los votos de los artículos más ríspidos, la presidenta del Cuerpo oficializó la convocatoria a sesionar: será este miércoles a partir de las 10 de la mañana. A cara o cruz. Con un Congreso sitiado por manifestaciones varias convocadas por los más duros para presionar a los senadores.

Con el presidente de nuevo en el exterior, Victoria Villarruel no podrá presidir la trascendental sesión del miércoles en el Senado. La sesión quedará a cargo entonces del presidente provisional Bartolomé Abdala, que es justamente quien manejó el plenario que debatió la ley. Salvo por privarse de la conducción de la sesión por parte de la vicepresidente, la situación no tendrá consecuencias para el oficialismo, ya que el reglamento le permite al presidente provisional votar, y hacerlo dos veces si es necesario un desempate.

Mientras tanto en el Congreso la oposición en su conjunto se apresta a dar otras batallas. El martes la esperan a Sandra Pettovello en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, adonde fue convocada aunque no tiene obligación de ir. No lo hará. Hay una recomendación que en tiempos de Cambiemos la entonces enlace parlamentario Paula Bertol le hizo a ese gobierno: los funcionarios deben ir a las comisiones, pero asegurarse antes tener el manejo de las mismas. La comisión convocante debe ser conducida por el oficialismo, o de lo contrario armar un plenario con una que sí presida el partido gobernante. El presidente de esa comisión es Pablo Yedlin, un diputado de UP razonable y de buen diálogo con todos, pero opositor al fin. Y la oposición más dura espera a la ministra “con cuchillo y tenedor”…

Ya tomó nota el Gobierno de su vulnerabilidad en el Parlamento. De que los 2/3 es una alternativa alcanzable para la oposición. Ese número no es solo capaz de revertir un veto (cosa inédita en estos 40 años de democracia); también puede posibilitar habilitar un juicio político. Procedimiento que, por cautela, por ahora nadie cita en público.

El jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, se refirió al proyecto que recibió media sanción que establece una nueva movilidad jubilatoria y denunció que “no es por los jubilados, es política porque quieren perjudicar al Gobierno”.

La iniciativa fue aprobada por 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones. La bancada amarilla se unió al oficialismo en la votación por la negativa.

Al respecto, Ritondo apuntó contra el diputado Nicolás Massot (HCF): “Si Massot quiere disponer de un presupuesto nacional tendría que ser gobierno y es oposición. Marcarle la cancha a un Gobierno que está cuidando el déficit fiscal, entendiendo la carrera de dar aumentos por ley fue lo que nos llevó a los argentinos a una inflación desmesurada, a tener déficit fiscal y que la inflación te coma el bolsillo todos los días”.

“Venimos de cuatro años de hacer eso y los jubilados perdieron el 32,9% en la cantidad de compras que podían hacer y el 44.1 sobre la implementación del ingreso bruto, terminaron perdiendo con la inflación”, indicó el bonaerense en declaraciones por la AM 990 y sumó: “Una cosa es saber lo que podés pagar y no es el costo, sino habría leyes donde podemos aumentarnos más los sueldos, por ley podemos hacer cualquier cosa el tema si el Estado sin perder el déficit fiscal puede sostenerlo”.

Ritondo explicó: “Si vos por ley sacas que el Gobierno recomponga el 8% y le transferís la responsabilidad de hacerlo, lo hace, me parece que son las formas. Lo que estamos discutiendo es hasta dónde puede pagar el Estado sino entramos en que por ley podemos hacer lo que quieran”, y planteó: “Obviamente los jubilados se merecen más del 8%, pero tenemos un gran problema de que la caja de los jubilados se ha roto absolutamente”.

“La cantidad de jubilados que tenemos sin haber pagado aportes por distintas moratorias, hoy es más grande de la cantidad de jubilados que pagaron 30 años entonces eso es un problema para las cajas”, denunció.

El dirigente del Pro manifestó: “Acá se dio un aumento y un reconocimiento para atrás del desastre que dejó el kirchnerismo. El gobierno cambió por DNU una fórmula, porque si no los jubilados estarían cobrando mucho menos”.

“La decisión del otro día no es por los jubilados, es política porque quieren perjudicar al Gobierno. Un Congreso que no desanjó las medidas que necesitaba el Gobierno para gobernar le saca primero la ley metiéndose en el presupuesto del Gobierno. No tiene ninguna lógica, saquemos la ley Bases y ahí miremos cómo funciona, como viene la economía, como recauda y con una modernización laboral con trabajo en blanco vas a tener una mejor caja y un sistema jubilatorio más activo y moderno”, criticó Ritondo.

En tanto, precisó que “hoy para bancar ese 0.4% tenes que imprimir y rompen el programa económico y termina en la misma historia de siempre”, y agregó: “Es lo que nos pasó a los argentinos en los últimos 20 años, ¿queremos volver a repetir la historia? El Gobierno está tratando de cambiar las cosas y vamos a darle las herramientas y luego vemos. Nosotros no somos gobierno ni cogobierno estamos diciendo lo que es la realidad”.

“Es un Gobierno que lo votaron por un cambio, dijo que iba a hacer un ajuste con ciertas características, es el ajuste que está haciendo, quería inversiones de hidrocarburos y modernización laboral y no se lo dimos en 6 meses, pero le decimos cómo tiene que manejar su presupuesto”, cerró.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que, si el Congreso insiste con aprobar el proyecto de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, incluso tras el veto que hará el presidente Javier Milei, desde el Gobierno harán “recortes de todo tipo”.

“Si esto finalmente sucediera, insistir con 2/3 ante un veto del Presidente, lo que va a hacer el Gobierno es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley“, precisó Francos en diálogo con LN+ y advirtió que habrá “recortes de todo tipo”.

De este modo, Francos confirmó que el Gobierno cumplirá con lo que disponga el Congreso solo en caso de que actúe post veto de Milei. No adelantó, en tanto, qué partidas se cortarán para financiar las jubilaciones.

“Aunque los diputados quisieran insistir con los dos tercios de los votos, lo que el Gobierno tiene claro es que esto de ninguna manera va a impactar la decisión firme del Presidente de mantener el déficit cero”, enfatizó Francos e insistió: “No hay ninguna posibilidad de que el gobierno pueda cubrir el gasto que significa ese incremento, porque no tiene los recursos”.

El exministro del Interior aclaró que el Gobierno no se correrá “un centímetro de lo que se estableció como prioridad”, a tono con lo que minutos luego comunicó la Oficina del Presidente.

“Lo fundamental para un Gobierno es tener responsabilidad fiscal, saber que lo que gasta tiene recursos. No estamos viviendo en el pasado cuando todo se solucionaba con endeudamiento o emisión”, planteó el jefe de Gabinete.

Así, recordó que la oposición ya había intentado plantear el proyecto con la nueva fórmula para haberes jubilatorios junto con el proyecto de ley Bases y el paquete fiscal: “Nosotros en ese momento nos opusimos porque no tenía financiamiento para hacer ese ajuste”, y explicó que lo que hizo el Gobierno fue “establecer una fórmula de ajuste jubilatorio a partir del IPC”, a la que le hizo una actualización en enero y, reconoció, que “quedaba un desfasaje” del 8% de acuerdo a los diputados.

“Lo que han hecho ahora fue tomar ese 8%, pero que no tiene financiamiento. Ese había sido el motivo por el cual el Poder Ejecutivo en la discusión de la Ley Bases había dicho que no estaba en condiciones de hacerlo”, justificó el funcionario.

Por tercera vez desde que se aprobó en la madrugada del miércoles el proyecto que modifica la movilidad jubilatoria, el Poder Ejecutivo volvió a pronunciarse de manera crítica y ratificando que vetará esa y cualquier ley que vaya en el mismo sentido.

La primera vez fue inmediatamente después de la media sanción, cuando el presidente Javier Milei tuiteó con dureza contra lo votado por los diputados, ratificando que votaría esa norma. Volvió a hacerlo este miércoles por la mañana, con su durísimo discurso en un foro económico, y cerró la jornada con un comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la Nación, no menos duro que los anteriores pronunciamientos.

Allí ratificó que el presidente Javier Milei vetará “cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal de la República Argentina”.

“Esta madrugada, tras aumentarse 80% el salario, diputados opositores otorgaron media sanción a un proyecto de ley promovido con el objetivo de reinsertar al país en la senda de la decadencia: reincidir en el déficit, en la espiral inflacionaria y en la obligación de contraer deuda. Un proyecto irresponsable que, de entrar en vigencia, destruiría todo el esfuerzo y los logros fiscales obtenidos en los últimos seis meses”, expresó el comunicado.

Por tal motivo se anticipa que el presidente presentará ante la ANSeS su decisión de no ejercer el derecho a la jubilación de privilegio. Sostiene al respecto el comunicado que “este Gobierno tiene el mandato de rescatar al país de la miseria a la que ha sido relegado como consecuencia de la irresponsabilidad fiscal de aquellos que, paradójicamente, proclaman defender a los jubilados mientras sostienen jubilaciones de privilegio multimillonarias”.

La nota difundida por el Gobierno sostiene que lamentan que “diputados bien intencionados participaran de la trampa legislativa de Máximo Kirchner, y reitera su decisión inquebrantable de mantener el equilibrio fiscal utilizando todas las herramientas que proporciona la Constitución Nacional, incluyendo el veto, de ser necesario”.

“El presidente de la Nación ha demostrado de sobremanera la voluntad de cooperar con la dirigencia política recurriendo al Congreso de la Nación en búsqueda de las herramientas necesarias para salir de la crisis, y proponiendo el Pacto de Mayo para acordar políticas de Estado con todos los actores de la vida económica y social de la Argentina”, añade el comunicado.

Sostiene el comunicado que “al día de hoy esa buena voluntad no ha sido recíproca por parte de la mayoría de la dirigencia. Han dilatado el tratamiento de la ley Bases, han agredido sistemáticamente al Gobierno nacional, y todas las semanas proponen una nueva agenda legislativa dedicada a entorpecer el programa económica de este Gobierno”.

El comunicado cierra diciendo que “algunos actores quieren que la Argentina siga por el mismo rumbo que nos ha condenado al fracaso. Eso no va a pasar con este presidente. La Argentina ha cambiado y el mandato popular será defendido con todas las herramientas del Poder Ejecutivo”.

“Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se lo digo yo ahora; lo dije antes, lo voy a repetir hasta el cansancio: ¡les voy a vetar todo! Me importa tres carajos”. De esa manera se expresó este miércoles el presidente de la Nación, Javier Milei, en el cierre del Latam Economic Forum.

En el encuentro celebrado en Parque Norte, el primer mandatario tuvo así la oportunidad de expresarse en vivo respecto de la media sanción alcanzada en las primeras horas de este miércoles por la oposición en su conjunto, de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Fue un severo traspié legislativo para el Gobierno, y el presidente ya se había manifestado en las redes sociales inmediatamente de la aprobación del dictamen consensuado entre toda la oposición, menos el Pro.

En su discurso de este miércoles, Milei alardeó sobre el ajuste que viene practicando resaltando el hecho de haber echado a 25 mil empleados estatales, pero fue más lejos al anticipar que despedirá “a 50 mil más” próximamente.

“A diferencia de otros, que con ajustes de medio punto terminaron volando por los aires, nosotros hicimos un ajuste de siete puntos. Estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea”, sostuvo el presidente, que a continuación lanzó su sentencia dirigida a los legisladores. “Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se lo digo yo ahora; lo dije antes, lo voy a repetir hasta el cansancio: ¡les voy a vetar todo! Me importa tres carajos”.

Para Milei, en el Congreso hicieron “alarde de ser casta”, se quejó porque la ley Bases está ahí “estacionada”, mientras que, por el contrario, los legisladores son “muy rápidos” para subirse el sueldo.

En referencia al diputado Miguel Pichetto, clave en la oposición dialoguista con el Gobierno, Milei dijo que “ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio. Algo a lo que vamos a renunciar es a eso. Yo puedo estar cuatro u ocho años; pero después, ¿qué hago? Voy a tener que salir a laburar”.

Y agregó: “Como tengo que hacer eso, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, porque si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre. Eliminar las jubilaciones de privilegio es un incentivo para hacer las cosas bien. Se les terminó el seguro. Si hacen las cosas mal, que se caguen de hambre por ser una mierda”.

El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal cuestionó el artículo contrario a las jubilaciones de privilegio para presidentes y vices que figuraba en la ley que tuvo media sanción, pero el mismo resultó rechazado por 111 votos contra 109.

“Le va a ser difícil al presidente rechazar una ley votada con los 2/3 de los votos”, comentaba este miércoles el diputado nacional Martín Tetaz, al día siguiente del resultado adverso para el Gobierno respecto de la votación de la movilidad jubilatoria. Que, en efecto, consiguió los dos tercios en la madrugada de este miércoles. No de la Cámara, pues si estuvieran todos los diputados sentados en sus bancas necesitarían 171 diputados, sino los 2/3 de los presentes. Con la presencia de 240 diputados que había en el momento de la votación, se necesitaban 160 votos para alcanzar esa mayoría especial y fue lo que sucedió. Recordemos el resultado: 160 votos afirmativos, 72 negativos y 8 abstenciones.

Como siempre se dice, los legisladores votan con la mano, pero a veces también “con la cola”. Esto es, no solo es importante saber cómo votaron los diputados en este caso, sino también quiénes no estuvieron presentes a la hora de la votación, bajando el número necesario para alcanzar 2/3.

Hubo 16 ausencias a la hora de la votación del primero de los dictámenes de minoría, a la postre el que se impuso. Siete eran del Pro, algunos nombres que sonaron fuerte, como los de Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, autora esta última de uno de los dictámenes de minoría. Según pudo saberse, hubo un sector del partido amarillo que se inclinaba por la abstención, pero al final se impuso la decisión de votar en contra.

También se ausentaron tres nuevos aliados del Gobierno, el bloque completo Independencia.

Estos fueron en definitiva los ausentes en esa votación: el radical correntino Manuel Aguirre; Belén Avico, Héctor Baldassi, Silvia Lospennato, Ana Clara Romero, Héctor Stefani, Aníbal Tortoriello y María Eugenia Vidal, todos estos del Pro; por Hacemos Coalición Federal Jorge Avila y Francisco Morchio; los tres tucumanos de Independencia, Agustín Fernández, Elia Marina Fernández y Gladys Medina; Ricardo Daives y Magalí Mastaler de Unión por la Patria, y la diputada de La Libertad Avanza Rocío Bonacci.

Los votos a favor fueron 97 de Unión por la Patria; 34 de la UCR; 13 de Hacemos Coalición Federal; 8 de Innovación Federal; 6 de la Coalición Cívica; los 2 de Por Santa Cruz y Osvaldo Llancafilo del MPN,

Los votos en contra fueron de La Libertad Avanza (36); Pro (30); MID (3); Ricardo López Murphy por HCF, y Buenos Aires Libre (2).

Finalmente las abstenciones correspondieron a la izquierda (5); las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo y Paula Omodeo (Creo).

La amenaza del veto

El presidente Javier Milei ya ha anticipado que vetará toda iniciativa legislativa que pueda complicar el compromiso oficial con el déficit cero. Está claro entonces cuál es el destino que tendrá esta iniciativa si se aprueba en ambas cámaras.

Ahora bien, consiguió una mayoría especial en Diputados y probablemente se repita en el Senado. Pero el Poder Ejecutivo puede vetar una ley sin importar el número con el cual haya sido sancionada. No importa si fue por unanimidad o dos tercios. La puede vetar total o parcialmente.

Las cámaras pueden insistir, pero esa insistencia, para ser válida, tiene que ser también, sí o sí, por los dos tercios. En ambas cámaras. En ese caso, de suceder eso, el presidente ya no puede hacer nada al respecto.

En el caso de que las cámaras insistan, pero no se alcancen esas mayorías especiales necesarias, el tema no puede volver a ser tratado durante todo el año legislativo.

Cuando hablamos de 2/3, estamos hablando de legisladores presentes.

Lo deja claro el artículo 83 de la Constitución nacional, que establece: “Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.

En este marco, otro diputado de esa oposición dialoguista a la que el Gobierno necesita para aprobar cualquier ley, Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) advirtió que si el presidente insiste con el veto, también debe tener en cuenta que la oposición puede voltearle aún más fácilmente el DNU con el que cambiaron la fórmula de actualización jubilatoria.

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este miércoles el proyecto que establece una nueva fórmula jubilatoria que fue el resultado de negociaciones entre UP con la oposición dialoguista –menos el Pro- lo que fue un cimbronazo para el oficialismo y que desafía al presidente de la Nación, Javier Milei, quien ratificó que no va a entregar el equilibrio fiscal.

El dictamen que resultó aprobado fue el primero en minoría, tras un acuerdo previo que existía, correspondiente a los bloques UCR, HCF, IF y CC, que resultó aprobado por 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones.

A través de su cuenta “X”, Milei compartió un posteo para que “le que quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario”.

“A puro déficit fiscal empobrecieron al país, por lo que de ningún modo voy a permitir que esto se repita. VLLC!!!”, cerró su mensaje ratificando su advertencia de que vetará toda ley que atente contra su objetivo de equilibrio fiscal.

En apoyo salió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien apuntó: “Juntos para quebrar al Estado y empobrecer a los jubilados y sus familias. Ni un paso atrás. 100 años de progreso o la vida en decadencia. ¡El pueblo ya eligió!”.

En el mismo sentido se expresó el diputado del Pro Diego Santilli: “La misma noche en que sufrieron amnesia y descubrieron que los jubilados ganan una miseria, votaron EN CONTRA de eliminar las jubilaciones de PRIVILEGIO. Más kirchneristas no se consigue”.

“Es cínico que los autores del FRACASO en la Argentina quieran venir a brindar ‘soluciones’, USANDO a los jubilados y a las universidades, después del desfalco que dejaron en el Estado. Háganse cargo y dejen de tomar como rehenes a los argentinos para desestabilizar al gobierno”, agregó en otro posteo.

A la hora de la votación en particular, una discrepancia clara se planteó en torno al artículo 11, que nadie citaba puntualmente hasta que intervino el diputado Miguel Pichetto para plantear su absoluto rechazo. Explicó ahí que el mismo prohíbe que los presidentes de acá en más tengan algún beneficio especial por parte del Estado.

“El que pensó esto tiene una visión de la antipolítica muy perversa”, advirtió ofuscado. Y sin medias tintas continuó: “Piensa que el presidente, cuando termina su mandato, tiene que ir a pedir trabajo a alguna fábrica; eso es lo que piensa en su cabeza estúpida”.

Y por si quedaba alguna duda pidió suprimir el artículo en cuestión.

A continuación, Cristian Ritondo dijo que ellos votarían todos los artículos en contra, menos el 11. “Venimos de haber suprimido la jubilación de privilegio en la provincia de Buenos Aires”, recordó, señalando que aceptaban entonces ese artículo.

El radical Rodrigo de Loredo planteó que desde la perspectiva institucional, ellos compartían los dichos de Pichetto. Reivindicó también la figura de Elpidio González, el primer vicepresidente que renunció a ese privilegio. Sin embargo en este caso manifestó la intención de su bancada de avalar ese artículo porque en las actuales circunstancias “resulta irritante que una exvicepreisdenta perciba una jubilación semejante”.

“Lamento avisarle al bloque UP que no podemos acompañar esta propuesta”, dijo, para luego apuntar con ironía a sus excompañeros de JxC. “Bienvenidos los amigos del Pro que vuelven a la senda del proyecto que antes acompañaban y ahora esconden la mano. Y felicito a los miembros informantes de La Libertad Avanza por su desempeño hoy. Auguro que pronto no necesitarán más del Pro para fundamentar sus votos”.

Finalmente el artículo fue rechazado con lo justo. 109 diputados votaron a favor, 111 en contra y hubo 15 abstenciones.

En general, todos los bloques llegan al recinto sabiendo con qué votos cuentan. Por eso Unión por la Patria sabía que no tenía el número suficiente para imponer su dictamen y por eso habían acordado con los bloques dialoguistas que a la hora de votar ese texto deberían anunciar previamente las modificaciones en dos artículos.

Apurada y ya cansada después de doce horas de debate, la presidenta de la Comisión de Previsión Social, Gabriela Brouwer de Koning tomó la palabra y dijo aceptar las modificaciones… que nadie había planteado hasta entonces.

Entre risas, Germán Martínez aclaró que iba a anunciar previo a la votación en general las propuestas de cambio en los artículos 4 y 10. Para el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, eso confirmaba que el acuerdo del que había hablado en su cierre “no era chicana”. Y cerró la ironía diciendo que “se ha consumado el matrimonio”, para luego sugerir que propusieran las modificaciones “antes de que las acepten, sino vamos muy rápido”.

Con ánimo distendido, el presidente de la Cámara, Martín Menem sugirió entonces si no querían un “cuarto intermedio para ordenarse”, y se escuchó un rotundo “nooo”, desde la oposición. Intervino entonces la radical Soledad Carrizo que trató de ordenar la situación pidiendo la moción de votar en general “nuestro dictamen en minoría”.

El presidente del bloque UP le salió a contestar a Ritondo: “Hubo en efecto una reunión en Bajo Recinto, lo que quedamos ahí es que se leían las modificaciones del artículo 4 y 10, votábamos en general y después avanzábamos con el resto”.

Así tomó la palabra el radical mendocino Lisandro Nieri, para leer los textos de los citados artículos. El 4° dice: “Garantía del haber mínimo. En el caso de quienes perciban un solo beneficio previsional del Sistema Previsional Argentino (SIPA), la ANSeS garantizará el pago de la prestación, un suplemento dinerario que tendrá carácter alimentario, al efecto de que estos ingresos totales no resulten inferiores al último valor disponible de la canasta básica total por adulto equivalente publicada por el INDEC, multiplicado por una vez y nueve centésimas, 1,09, la autoridad de aplicación establecerá los parámetros para definir los conceptos que integrarán el cómputo de los ingresos a efectos de la aplicación del presente artículo”.

El artículo 10° señala: “Cancelación de deudas. Instrúyase a la ANSeS a cancelar con los recursos tributarios estipulados por ley con asignación específica a la Seguridad Social, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyo sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cuenten con sentencia firme dentro de un plazo de 6 meses a partir de la promulgación de la presente ley, que podrá ser prorrogado por otros 6 meses, mediante una resolución fundada de dicho organismo”.

Dicho lo cual, Brouwer de Koning aceptó por fin las modificaciones.

La oposición unida en la Cámara de Diputados dio media sanción en la madrugada de este miércoles a un proyecto de ley que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, una recomposición mayor a la otorgada por el DNU 274/24 y un piso para el haber mínimo, en lo que constituye una derrota legislativa para el oficialismo y desafía al presidente Javier Milei, quien ya advirtió que vetará toda ley que atente contra su objetivo de equilibrio fiscal. La pelota quedó ahora en el Senado, abocado por estos días a la ley de Bases y el paquete fiscal.

El dictamen que resultó aprobado fue el primero en minoría, pues inicialmente el de la mayoría (UP) había resultado rechazado por 135 votos, contra 99 positivos y 7 abstenciones. A continuación, y tras que quedara claro que existía un acuerdo previo por el que se había llegado a ese punto, el dictamen de los bloques UCR, HCF, IF y CC, resultó aprobado por 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones.

Previamente se habían leído y aceptado los cambios a los artículos 4 y 10, que leyó el radical Lisandro Nieri, y que resultaban parte del acuerdo alcanzado con la bancada conducida por Germán Martínez. El artículo 10 subsanaba una diferencia existente entre los dos dictámenes, en referencia a la utilización del FGS para pagar deudas previsionales.

Así las cosas y tras un debate que se extendió por más de ocho horas, Unión por la Patria y los llamados bloques “dialoguistas” (UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y Coalición Cívica) establecieron un acuerdo para establecer un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia -al igual que el DNU-, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE).

A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total, que en abril fue de 268.012 pesos.

Toda la oposición -incluso el Pro, que igual se mantuvo en sintonía con La Libertad Avanza- reunía consenso en torno a recomponer las jubilaciones de acuerdo con la inflación más alta del año, que fue la de enero con 20,6%. No conformes con el 12,5% en abril que el Gobierno estableció mediante su DNU, la iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva.

A la sesión se había llegado con cinco dictámenes de las comisiones. Si bien los textos de UP -despacho de mayoría- y los dialoguistas eran similares en los puntos centrales, la principal diferencia radicaba en torno al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, que el kirchnerismo no quería tocar, mientras los otros bloques proponían usarlo para cancelar deudas con las provincias por las cajas no transferidas y para pagar 82 mil sentencias firmes por juicios de reajuste. Quienes más insistían con esto eran los legisladores del oficialismo cordobés, que finalmente accedieron a cambios.

Durante el debate, desde la oposición dialoguista insistieron con la “responsabilidad” y “razonabilidad” fiscal de su propuesta, comparando con el costo de la propuesta inicial de UP (que pretendía una recomposición para alcanzar no el 20 sino el 30 por ciento), y mucho más con el dictamen de la izquierda (que planteaba el 82% móvil, entre otras cosas).

A propósito de la izquierda, se abstuvieron a la hora de votar, argumentando que “lo que se necesita es una verdadera recomposición de haberes y no cuidar el déficit cero que reclama el Fondo Monetario”.

Quórum holgado

La sesión, que había sido pedida por el sector dialoguista, arrancó a las 11.25 del martes con la presencia de 140 diputados. Al quórum contribuyó el bloque de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. También estuvo el santacruceño José Luis Garrido.

Previsiblemente no bajaron al recinto en el comienzo los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados: el Pro, MID, los tucumanos de Independencia y los monobloques afines.

Para las 14 estaba citada otra sesión, que había solicitado UP, comandado por Germán Martínez. Previsiblemente, ante la extensión de la primera reunión, ésta se postergó. Hubo desde el bloque peronista/kirchnerista una intención de sumar los temas educativos -financiamiento universitario y FONID-, pero esto fracasó. Incluso, la UCR anunció que pidió una sesión para el 3 de julio. Sobre estos temas no se pudieron cerrar los acuerdos necesarios como sí finalmente sucedió en torno a jubilaciones.

El debate

Uno de los miembros informantes de Unión por la Patria fue el riojano Ricardo Herrera, quien aseguró: “Tenemos una enorme responsabilidad de revertir el error de seguir considerando y de considerar a los jubilados como variable de ajuste de este modelo económico. Es inadmisible que el éxito de este modelo dependa pura y exclusivamente del ajuste a los jubilados, los docentes, el cierre de organismos del Estado y el achicamiento de la planta estatal”.

“Acá lo que están en juego son dos miradas de cómo abordamos el tema de los jubilados: frente a este modelo del ‘sálvese quien pueda’, de la libertad de mercado, de una insensibilidad pocas veces vista, nosotros estamos en las antípodas de esto. Frente a esta ausencia del Estado, nosotros sí proponemos un Estado que intervenga, que regule inequidades y se haga cargo de los jubilados”, expresó el vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

El legislador admitió que la fórmula del gobierno anterior “no estaba siendo satisfactoria” porque “la inflación se estaba disparando y los jubilados empezaban a perder frente a la inflación”. En tanto, destacó el debate que se dio en comisiones y la postura que se tuvo desde su bloque. “No hemos sido nosotros los que no hemos puesto voluntad para encontrar una fórmula que le dé un piso de dignidad a los jubilados. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles, cambiamos nuestro dictamen”.

En el arranque, la otra voz de Unión por la Patria fue la de Itaí Hagman, quien cargó contra el decreto presidencial 274/24 y apuntó que “congela a los haberes jubilatorios en los niveles más bajos de la historia”. “El DNU no resolvió el problema, sino que lo empeoró porque entre enero y abril el gasto previsional bajó 21%”, cargó.

De igual manera, sostuvo que “más de un tercio del ajuste recae en los jubilados”, y relacionó que “si realmente lo hubieran querido resolver lo hubiesen hecho en enero”. “Con el DNU no van a recuperar nunca su poder adquisitivo, lo van a seguir perdiendo y lo más perverso es que este DNU está diciendo que si hay crecimiento, no habrá participación para los jubilados”, añadió.

En rigor, Hagman sumó que el despacho de UP busca “ajustar por inflación y complementar con una compensación extraordinaria para recuperar al mes de enero”. También, planteó que el piso del haber mínimo será “el equivalente a una canasta básica multiplicada por 1,2”.

Asimismo, mencionó que “no vamos a votar que un jubilado cobre por debajo de la mínima, no estamos dispuesto a liquidar el FGS y no vamos a permitir que se vuelva al régimen de capitalización individual (AFJP) que deja a dos tercios de los adultos mayores fuera del sistema”.

Por el dictamen de minoría, primero habló la cordobesa radical Gabriela Brouwer de Koning, que señaló que el sistema previsional argentino “está atravesando una de sus peores crisis” por lo que planteó “trabajar juntos para poder encontrar una propuesta seria que, ante los infortunios que pueda tener una persona, eso no lo condicione para poder tener derecho a una vida digna”.

“En el contexto social que atraviesa el país el 86% de jubilados y pensionados no logran cubrir la canasta básica por eso es urgente que nos aboquemos a resolver este problema”, indicó. La radical manifestó que la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó la viabilidad física, económica y financiera del proyecto y “es por eso que estamos seguros que nuestra propuesta tiene un sólido fundamento técnico y económico”.

Brouwer de Koning cuestionó: “El DNU del Gobierno se hizo eco de la mayoría de las propuestas de la comisión porque hablaban de utilizar la variable del IPC, pero cuando se sacó el DNU no se contempló ninguna recomposición de los haberes respecto de la inflación desde enero, sino que dio un incremento del 12,5% cuando la inflación había sido de un 20,6% a esto lo consideramos insuficiente. Tampoco contempló la variable de los salarios por eso es una omisión crítica. No incorporó ninguna alternativa en relación a la precaria y paliativa política de otorgar bonos. Es improvisado”.

Así, defendió: “Este proyecto trabajado pretender garantizar el porcentaje de inflación perdido de enero, garantizar un haber mínimo relacionado a la canasta básica que brinda INDEC, incorpora en la fórmula la variación salarial y con el FGS pretende pagar la deuda que tiene el Gobierno nacional a las cajas provinciales no transferidas y cancelar todos los juicios pendientes que tienen jubilaos y pensionados del país y saldar todas las deudas y obligaciones con uno de los sectores más vulnerables de la población”.

Y cerró: “La Oficina de Presupuesto del Congreso estableció que el costo fiscal es de un 0,43% del PBI, es decir lo mismo que el Gobierno pretender ahorrarse con el deterioro de capacidad de compra que es un 0,4% o el 10% de los gastos tributarios. Esos más de 7 millones de argentinos están viviendo con un ingreso menor a la canasta básica”.

El radical mendocino Lisandro Nieri reiteró que “estamos tratando una situación de urgencia”, y sugirió que “debemos trabajar en la evaluación y reformulación de regímenes especiales, regímenes de privilegio y trabajar en una ampliación del sector activo porque tenemos mucha informalidad, menos de la mitad de los trabajadores argentinos registrados y por ende una recaudación potencial muy superior”.

“Proponemos recomposición del 8,1 % de lo perdido por la inflación de enero. Un mínimo vinculado a la canasta básica para el adulto mayor, y una recuperación en el mediano plazo a través de la recuperación de los salarios si hay un crecimiento en la economía”, explicó con relación al dictamen de minoría de la UCR y los dialoguistas.

Añadió, también, que “eso podría hacer que en el largo plazo haya una recomposición real de las jubilaciones”. El costo es del 0,43 % del PBI. Hay muchos privilegios y beneficios impositivos por los cuales podríamos mejorar un 2 % la recaudación”, cerró.

También se expresó por el bloque Hacemos Coalición Federal la cordobesa Alejandra Torres quien manifestó que “representa un acto de justicia y responsabilidad con los jubilados”, y planteó: “Tenemos que pensar cómo vamos a atender que vamos a tener mayor cantidad de jubilados y pensionados que de gente activa aportando”.

“Los jubilados y pensionados han visto deteriorado sus haberes sustancialmente y representan el 40% del famoso superávit y reducción de gasto que alardea el oficialismo”, alertó y señaló: “Deberíamos apuntar a un sistema de movilidad que tenga en cuenta la inflación presente en enero. Es fundamental buscar una solución de mejora para los jubilados y pensionados por distintos puntos. En la propuesta damos un marco legal a la movilidad por ley que es lo que la Corte Suprema ha dicho en varias disposiciones que regular por DNU la movilidad es una incitación a la litigiosidad por lo que señala que es responsabilidad del Congreso dictar una fórmula de movilidad”.

El diputado de La Libertad Avanza Julio Moreno Ovalle fue el miembro informante del oficialismo en defensa del dictamen que ratifica las medidas del Gobierno: “Vamos a apoyar decididamente el DNU 274/24 y hay 3 componentes del pago de jubilaciones”.

En esa línea, amplió que “el primero es el aporte del trabajador activo, segundo son contribuciones del empleador y el tercer componente son otros a gravámenes como la recaudación del IVA que va a la seguridad social (el 11%) o el impuesto al cheque va al ANSeS”.

“Debemos ratificar el DNU con todos sus artículos porque el decreto está contemplando los dos meses anteriores y la baja de la inflación y es lo que ayuda a no desvirtuar las cosas que estamos consiguiendo”, cerró el salteño.

Por el Pro la encargada de defender el dictamen fue la diputada María Eugenia Vidal quien apuntó: “Parece que el problema de las jubilaciones empezó hace seis meses”, y precisó: “Durante el año pasado se sumaron 3 millones de pobres, el salario real cayó 5 puntos y el no registrado 12 puntos, por primera vez en el país un trabajador formal fue pobre, la inflación acumulada es de más de 1.000% y terminó con más de 200% anual. El país quedó con un problema fiscal y cuasi fiscal de 15 puntos con reservas negativas, más deuda y una presión fiscal más altas de la región. El empleo generado en esos años fue un 60% de monotributistas, cuentapropistas y trabajo informal de bajos salarios”.

“En ese contexto el Gobierno decidió modificar la fórmula de actualización de jubilaciones ocasionando un daño enorme a los jubilados que en la jubilación promedio perdieron un 30% de poder adquisitivo. Tan evidente era el perjuicio que el cambio de fórmula generó que tuvieron que generar un bono pagaron durante años a la jubilación mínima dejando fuera a jubilados que cobraban 10 mil o 20 mil pesos más como si fueran ricos, pero ahora si con bonos y todo dejaron las jubilaciones mínimas por debajo de la inflación”, cuestionó.

Vidal criticó que “cuando todo esto pasaba, en el Congreso, que ahora parece tan activo con sesiones especiales, había silencio y excusas. Una sola vez se reunió la Comisión de Previsión Social en 2023, una sola vez se trató el tema de jubilados en la Comisión de Presupuesto para cambiar la fórmula que prorrogaron por DNU y festejaban diciendo que esa fórmula iba a mejorar la vida de los jubilados”.

La diputada bonaerense arremetió contra el dictamen de mayoría de UP que “suma 1.8 de aumento de gasto al PBI y vamos a gastar más del ahorro que logramos los argentinos del 1.2 desde diciembre a abril, van a salir diciendo que ampliaron derecho, pero a costa del esfuerzo de los argentinos y del fracaso económico”.

“Estamos discutiendo jubilaciones de miseria porque durante los últimos años metieron 4 millones de personas en el sistema previsional sin aportes, porque usaron el FGS para colocar deuda pública, porque estas cámaras votaron más de 200 regímenes de excepción, las dos jubilaciones de privilegio que cobra la ex vicepresidenta”, disparó y cerró: “Nuestro dictamen establece por ley la fórmula del DNU porque creemos que esa es la fórmula de movilidad que necesitan los jubilados, reconocer el 8% de enero, pero le da facultad al Gobierno para pagarlo de la forma que quiera sin alterar la meta de déficit cero y deroga las jubilaciones de privilegio para presidente y vice y restringe que las cobren quienes hayan sido removidos por juicio político o tengan condena con sentencia firme por causas vinculadas a corrupción”.

En defensa del quinto dictamen, el legislador del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño afirmó que “solamente de diciembre a mayo, con este Gobierno, los jubilados perdieron más 25 puntos de su poder adquisitivo. Y lo festejan, diciendo que han conseguido el superávit fiscal”.

Del mismo modo, cuestionó que “es asombrosa la capacidad de algunos diputados para hablar alegremente como si no hubiesen tenido responsabilidad en el robo a los jubilados”. “Venimos acompañando la organización y movilización de distintas agrupaciones de jubilados, y nuestro dictamen responde a su reclamo porque la preocupación es por ver cómo recomponerlas”, añadió.

“Tenemos que plantear la recomposición, y por supuesto que planteamos de dónde sacar los recursos, porque es falso que ‘no hay plata’. La tienen los grandes grupos económicos, el FMI, que la levantan en pala”, siguió.

Por último, definió que “los adultos mayores están viviendo una catástrofe. La diferencia que hay entre lo que cobraban cuando estaban en actividad y cuando se jubilan es del 50%”, y cerró: “Ya como trabajadores eran pobres, ahora como jubilado pasan a ser indigentes”.

Desde UP, el diputado Carlos Heller criticó: “Muchos diputados pretenden negar que estamos viviendo un proceso de un enorme ajuste fiscal. El presidente de la Nación dice orgullosamente que está haciendo el mayor ajuste de la historia. Estamos en el medio de un fenomenal ajuste”.

“Tenemos una política pública que cree que hay que eliminar el Estado que cree que los verdaderos héroes son los monopolios, los que evaden, los que contrabandean. En ese marco estamos discutiendo el tema de las jubilaciones”, planteó.

Heller enumeró: “Algunos diputados hablan del problema fiscal ignorando el impacto fiscal que tienen los intereses de la deuda contraída durante la gestión del Gobierno de Mauricio Macri. Hay 5 millones de pobres más en tres meses, 50% de informalidad y le queres echar la culpa a la gente, a los que han trabajado y los empleadores no les han hecho los aportes, entre ese 50% hay una enorme cantidad de mujeres que trabajaron a lo largo de su vida en tareas domésticas y nunca les hicieron los aportes”.

“Es una falacia reiterada de que ingresan a las moratorias gratis, son planes de pago que hacen que ingresen cuando tienen la edad y se les descuenta una parte de la jubilación para cubrir los aportes que no le hicieron cuando trabajaron. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se utiliza para muchas cosas y hay proyectos de inversión que están financiados con ese fondo”, cerró.

Su par de bancada, Gisela Marziotta sumó: “Es importante que se deje de mentir porque pretender eliminar la moratoria es básicamente misógino porque 9 de cada 10 no van a poder acceder a una jubilación, es parte de aumentar la edad jubilatoria y bajar la jubilación mínima y lo muestran como una buena gestión de gobierno. Perjudican la calidad de vida de adultos mayores, futuros no jubilados”.

Marziotta denunció que “el objetivo es exterminar esta categoría que tiene que ver con un derecho adquirido que es el acceso a la jubilación. El ninguneo de nuestros adultos mayores se viene manifestando con el atraso de los haberes jubilatorios”, y finalizó: “El Gobierno les quiere hacer creer que actualizando por inflación van a poder recuperar todo lo perdido, por eso nuestra propuesta es contener siempre la actualización no solo por inflación sino también hacerlo por el RIPTE para compensar y no planchar las jubilaciones que quiere el Gobierno”.

También desde UP, el tucumano Pablo Yedlin se mostró autocrítico y afirmó que “los que estuvimos antes en el gobierno tenemos responsabilidad, pero es real que la situación empeoró en estos meses”. Aclaró, en ese sentido, que “la ley Bases quería derogar la fórmula de movilidad”.

Además, se refirió al despacho de mayoría y al dictamen de la UCR con los dialoguistas y anunció que “estamos cerca de tener acuerdo”. Luego, mencionó los proyectos educativos y abrió la posibilidad de pedir un cuarto intermedio para continuar con la sesión la semana que viene y tratar financiamiento universitario y FONID.

En los cierres, que comenzaron cerca de la medianoche, habló por Hacemos Coalición Federal el diputado Nicolás Massot, quien recordó que en la ley ómnibus original “uno de los principales temas, que generó tanta resistencia, era la derogación absoluta de la movilidad jubilatoria”. “Queremos garantizar que los cambios ocurran, pero queremos evitar los excesos”, aclaró y en esa línea aseguró: “Acá no estamos por una cuestión demagógica. No queremos quebrar el equilibrio fiscal de nadie. Acá estamos para corregir una avivada”. 

El opositor sostuvo que entiende “la necesidad que puede tener un Gobierno de rediseñar algo que todos los gobiernos rediseñaron” como es la fórmula jubilatoria, pero consideró que con esta ley se está “perfeccionando, robusteciendo” el DNU 274/24. “Estamos votando una ley, no ya la fragilidad de un decreto de necesidad y urgencia”, valoró. 

El jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, señaló que “las decisiones tomadas por el Gobierno después de la devaluación y de la licuación de los haberes significó una poda de aproximadamente el 40% del poder adquisitivo de los jubilados”, para recordar también que la fórmula de Alberto Fernández “podó un 35% el haber previsional”. 

El cordobés observó que la “insustentabilidad del sistema” se debe a las distintas moratorias, de las cuales responsabilizó al peronismo; que el 50% del mercado laboral está en la informalidad; y que “entre jubilaciones y pensiones se va cerca del 40% del presupuesto. Esa es la razón por la que siempre se cae ahí”. 

Al justificar el voto a favor de este tema, De Loredo expresó: “Nos preguntan ‘¿dónde están ustedes?’, cada dos por tres nos preguntan. ‘Una semana son oficialistas, otra son opositores’, ¿qué se les está pasando? Y me gusta decirlo así, señor presidente: somos opositores a seguir haciendo lo que nos trajo hasta acá y somos oficialistas del cambio”. Para opinar luego que el Gobierno en este tema “no está en una agenda de cambio, está en lo mismo que se viene haciendo hace décadas”. 

“La propuesta nuestra es de una sensatez y equilibrio fiscal absoluta”, resaltó en el final. 

En el cierre de bloque, el jefe de bancada del Pro, Cristian Ritondo, les pegó de lleno al radicalismo y al kirchnerismo. Lanzó un sinfín de ironías contra sus excompañeros de interbloque y señaló que “hay una pandemia de populismo que se va extendiendo en el Congreso de la Nación”. También, afirmó que el Pro “no es gobierno ni cogobierno, es coherente”.

Sobre el final del debate, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, se refirió al ajuste implementado por el Gobierno nacional, con fuertes aumentos a las tarifas, el freno a la obra pública, que calificó como “alevoso”, y jubilaciones y pensiones: 0,4% del PBI. “Este era el plan”, señaló, aclarando que “esa fue la motosierra”, tras lo cual se refirió a la licuadora.

“La mitad de la demanda extra de alimentos en Rosario es producto de adultos mayores de argentinos que antes no lo necesitaban… No es casual”, remarcó, valorando a continuación lo alcanzado en la propuesta que pondrían a debatir, que pasó a describir.

“No van a poder dividir más los haberes previsionales a la hora de pagarlo”, afirmó, recordando lo sucedido hace dos meses, y recordó que “estamos dando un horizonte de previsibilidad a las cajas previsionales no transferidas a la Nación”.

El legislador hizo una fuerte defensa de la política y cerró diciendo que “cuando se denuesta la política, nos quedamos sin la única herramienta en serio que tenemos para transformar verdaderamente la realidad en la Argentina. Aquellos que la denuestan permanentemente lo que están queriendo es que nos privemos de tener esa herramienta al servicio de lo que corresponda, que son los intereses del pueblo argentino”.

En el cierre del debate, el diputado César Treffinger trazó un paralelismo entre el fútbol y la política. Dijo que cuando hay un Mundial de Fútbol, los tres favoritos son siempre Argentina, Brasil y Alemania. Brasil tiene muchísimos más habitantes que nosotros y Argentina la mitad de Alemania, pese a lo cual “es potencia y es favorito”. ¿Por qué? “Porque se selecciona a las personas, y entra la gente que está preparada. Esa es la razón por la que somos campeones del mundo”. En cambio, sostuvo que la política “no selecciona”. Y así fue a las elecciones que ganó La Libertad Avanza “porque la otra opción era el pasado, un pasado malo. Y el pasado no tiene nada nuevo, pero tampoco nada bueno para ofrecernos”.

“La otra opción que sí es de alto riesgo es ‘que se vayan todos’ –agregó-. Los argentinos les picaron el boleto a los políticos que no se comprometen a conciencia”.

También del oficialismo, la diputada neuquina Nadia Márquez catalogó a la sesión y los dictámenes de UP y los dialoguistas como “populismo barato”. También, sostuvo que “ninguno de los que proponen esta formula dicen de donde vamos a sacar la plata porque quieren que le demos a la maquinita de imprimir y no lo vamos a hacer”.

Del mismo modo, planteó que el acceso a una jubilación minima “te lo vendieron como un derecho y te lo entregaron como una miseria”, con relación a los años que gobernó el kirchnerismo. En esa línea, coincidió con lo expuesto por el jefe de bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, sobre jubilaciones sin aportes.

“No quieren mejorarles el haber jubilatorio quieren usarlos políticamente”, afirmó Márquez, quien cerró que “si hubiesen estado preocupados por los jubilados hubiesen usado esos 2 puntos del PBI que gastó Sergio Massa y le subían cuatro veces”.

En el marco del debate de los proyectos de modificaciones al sistema integrado de jubilaciones y pensiones, el diputado nacional Carlos Heller (Unión por la Patria) cruzó a los legisladores que “pretenden negar que estamos viviendo un proceso de un enorme ajuste fiscal”. “Al respecto les quiero decir simplemente que el presidente de la Nación se ufana, orgullosamente, de que está haciendo ‘el ajuste más grande de la Historia’. Es una discusión saldada: estamos en el medio de un fenomenal ajuste”, subrayó Heller.

“El Gobierno dice, a través de la voz del propio presidente, que el Estado es una ‘organización criminal’ que hay que suprimir, eliminar, y que los verdaderos héroes son los monopolios, los evasores, los contrabandistas, incluso diciendo que Al Capone desarrolló un negocio próspero. Ese es el clima ideológico que impera desde que La Libertad Avanza tiene a su cargo la gestión, y en ese marco estamos discutiendo esta cuestión de las jubilaciones”, caracterizó el legislador.

“También hemos escuchado a algunos diputados y diputadas, que parece que fueran paracaidistas extranjeros que llegaron ayer y que no tuvieran ninguna responsabilidad en gestiones anteriores, hablar por ejemplo del ‘problema fiscal’, ignorando el impacto en esa área que tienen los intereses de la deuda contraída durante la gestión del gobierno presidido por Mauricio Macri”, añadió Heller.

En ese sentido, el diputado recordó: “Seguimos teniendo una sobretasa de tres puntos porque nos multan porque tomamos una deuda que excede lo que los estatutos del FMI dicen que un país puede tomar. El Fondo nos concedió un crédito excesivo en relación a lo que nos podía dar, pero nos multa a nosotros por haberlo recibido y entonces estamos pagando 8,25% en dólares entre intereses y multa por los 45.000 millones de dólares que, como todos sabemos, no se convirtieron ni en puentes, ni en caminos, ni en hospitales, ni en escuelas, sino que sirvieron para financiar la fuga de capitales de la bicicleta que se había armado cuando Luis Caputo era ministro de Economía de Macri”.

“Hicieron el famoso carry trade, y cuando ‘los muchachos se la quisieron llevar’ no había fondos y tomaron el crédito. Esa es la historia”, resumió.

El referente de Unión por la Patria cuestionó la política de ajuste permanente que propone el Gobierno: “El presidente el otro día se comprometió a eliminar el Impuesto País: quiero decir que el Impuesto País hoy es el 7,5% de los ingresos fiscales que tiene el Estado. Si se elimina el Impuesto País, ¿qué otra cosa se va a recortar para mantener el equilibrio del que se está hablando?”.

Heller también cruzó al oficialismo por sus permanentes críticas a las moratorias previsionales y consideró que siguen siendo muy necesarias: “55% de pobres, 5 millones de pobres más en tres meses, 50% de informalidad ¿y le quieren echar la culpa a la gente? ¿A los que han trabajado y los empleadores no les han hecho los aportes? Entre ese 50% de informalidad hay una enorme cantidad de mujeres que han trabajado a lo largo de su vida en tareas de cuidado y que nunca tuvieron aportes, ¿podemos seguir castigándolos/castigándolas?”, planteó.

“Por otro lado -continuó el legislador- es una falacia reiterada que ingresan a las moratorias jubilatorias gratis. Las moratorias son planes de pago que hacen que ingresen cuando tienen la edad de jubilarse y se les descuenta en los años sucesivos una parte de la jubilación para cubrir los aportes que no les hicieron cuando tenían que habérselos hecho. Es decir, que se hacen cargo esos trabajadores y esas trabajadoras”, precisó.

Finalmente, Heller hizo una ferviente defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: “Quiero decir también que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es tenedor de acciones de algunos de los principales grupos económicos de la Argentina y que sería un disparate pensar que tuviéramos que desprendernos de eso. Ninguna solución puede pasar por tocar de ninguna manera ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, subrayó.

En el recinto de la Cámara de Diputados, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC) apuntó contra el Gobierno Nacional y señaló que “es mentira que cuando arrancaron traían una solución para resolver la inequidad que dio la formula del gobierno kirchnerista”.
Además, hizo referencias contra el organismo a cargo de la ministra Sandra Pettovello con relación a la entrega de alimentos: “Que el oficialismo deje de mentir en dos políticas que deben ser prioritarias en este momento tan complejo de la Argentina como lo que está sucediendo en el Ministerio de Capital Humano”.

“Es mentira lo que instaló el vocero presidencial Manuel Adorni sobre los alimentos por vencer. Esto es un escándalo de alimentos y los sobresueldos de los funcionarios del Gobierno nacional”, aseveró.

Así las cosas, siguió: “Venimos peleando desde hace mucho tiempo y los jubilados no pueden esperar”. “Cuantas lealtades cínicas y mentirosas para seguir afianzando la política de crueldad contra el sector jubilado que viene sufriendo por el proceso inflacionario que heredó este gobierno”, añadió.

Asimismo, Ferraro afirmo que “no tenemos doble estándar”, y remarcó que el Gobierno no propuso ninguna mejora en la fórmula de movilidad jubilatoria cuando envío la ley Bases al Congreso, sino que “se pretendía una delegación al presidente de la Nación para hacer lo que quiera”, sumó.

“Ojalá hoy por lo menos una mayoría, por supuesto circunstancial, pueda darle una media sanción y un camino de recomposición y de cambio de movilidad jubilatoria a los jubilados que la vienen peleando y la vienen necesitando desde hace tiempo”, aseveró.

Por último, cuestionó al Gabinete Nacional: “Ante la negativa del propio ministro de Economía que recién en marzo se dignó a firmar un DNU, este Parlamento viene a dar respuesta y a romper el cinismo y la mentira de algunos que pretenden no darle una respuesta y seguir castigando, nada más y nada menos que a los jubilados”.

Durante la sesión especial de este martes, el jefe de bancada del oficialismo, Gabriel Bornoroni¸ responsabilizó por la situación actual de los haberes jubilatorios a las gestiones de los anteriores 20 años y señaló que “se repitieron jubilaciones como si fueran planes sociales”.

Asimismo, apuntó contra el kirchnerismo y agregó que “los que quebraron el sistema previsional ahora dicen que quieren ayudar a los jubilados”. “Se está tratando una hipocresía porque en Argentina tenemos un problema jubilatorio desde hace décadas, pero las décadas de populismo han destruido el sistema jubilatorio”, aseveró.

En tal sentido, agregó: “En los últimos 20 años se ha hecho moratoria tras moratoria y se repitieron jubilaciones como si fueran planes sociales”, y siguió que “esas jubilaciones hoy, de todos los jubilados, parece que han sido planes sociales y hoy están dentro de las moratorias”, cuestionó.

“Estatizaron las AFJP y cambiaron la fórmula como quisieron, pero tenemos jubilados cada vez mas pobres y el sistema en bancarrota”, apuntó el cordobés. “Mas de la mitad los jubilados del sistema lo hicieron por moratoria que es lo que tenía que ser excepción, pero en Argentina es la regla”, continuo.

Tras ratificar su defensa al DNU 274/2024, manifestó que “en la primera versión de la ley Bases estaba la reforma jubilatoria”, y expresó que “la Argentina tiene que debatir qué hacer con el sistema previsional, tiene que ser una discusión madura, realista y sin populismo”. “Nuestro bloque va a rechazar la iniciativa de mayoría y va a apoyar la del DNU que hoy está vigente”, concluyó.

Una jornada atípica se espera para este martes en la Cámara baja, donde han sido convocadas dos sesiones especiales. Pero a diferencia de lo que podría esperarse, no se trata esta vez de sesiones contrapuestas entre el oficialismo y la oposición, sino de sendas reuniones pedidas por la oposición.

La duda está planteada en si todos los sectores de la oposición darán o no quórum, y en ese sentido corre con ventaja la primera sesión convocada para las 11 de la mañana.

Esa convocatoria corresponde al bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria. El temario de esa sesión incluye los dictámenes que se firmaron el pasado 15 de mayo en la reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social, donde no hubo acuerdo entre Unión por la Patria, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un mismo despacho.

Los dictámenes que llegarán al recinto son de UP, el de mayoría; otro de la UCR, HCF y la CC; uno del oficialismo; uno del Pro; y el del FIT.

La oposición no se pudo poner de acuerdo durante el debate en comisiones. La gran diferencia entre los dos primeros dictámenes radica en el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), al que Unión por la Patria no quiere tocar, mientras que el otro conjunto de bloques propone que con esos fondos se paguen las deudas con las provincias por las cajas no transferidas y los juicios de reajuste con sentencia firme.

Sobre el cálculo para ajustar los haberes, ambos contemplan el índice IPC y la posibilidad de tomar el RIPTE si es más favorable; también buscan la recomposición de un 8,1% para alcanzar -con la ya otorgada por el Gobierno en abril- el 20,6% de inflación que hubo en enero; y buscan que ningún jubilado gane menos que lo representa una Canasta Básica Total, aunque UP sube ese piso mínimo un poco más.

El dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.

Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

¿Una sola sesión?

La oposición “dialoguista” da por descontado que conseguirá quórum para la sesión de las 11. “Nosotros lo damos, por supuesto, y también el resto de los convocantes a la sesión”, señaló una fuente radical consultada, en referencia a Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica. Todos ellos, más la izquierda y los santacruceños, suman 71. Por eso, que haya quórum dependerá de que Unión por la Patria baje o no a esa hora.

Ahora bien, si hay quórum y la sesión puede realizarse, ¿qué sucederá con la sesión de las 14, pedida por UP para tratar temas educativos?

El bloque radical ya había dejado claro que querían dedicar este martes a la movilidad jubilatoria, lo cual no fue tenido en cuenta en la bancada de Unión por la Patria, que pidió después sesionar ese mismo día, para tratar un temario que también incluye la modificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; pero además la ley de Financiamiento de Universidades Nacionales; y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Sobre estos temas educativos hay posturas encontradas en el seno de la oposición. Los radicales impulsaron el debate sobre el presupuesto universitario a través de un emplazamiento, pero ya anticiparon que están conformes con el acuerdo firmado entre los rectores universitarios y las autoridades nacionales, por lo que ya no encuentran justificación para aprobar una ley sobre ese tema.

¿No darán quórum en ese caso los radicales, para no quedar haciéndole el juego a UP? La especulación que hacen en el propio partido centenario es que el debate sobre la cuestión previsional se extenderá a lo largo de todo el día, obligando a una postergación de la cuestión educativa.

“No vemos la necesidad de meter todo el mismo día”, explicó una fuente radical consultada.

A propósito de la cuestión educativa, sobre la restitución del FONID cabe consignar que en el plenario de comisiones realizado en la semana se firmaron cinco dictámenes: de Unión por la Patria, con 34 firmas; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas.

El dictamen de UP plantea la vigencia del FONID desde el 1ro. de enero de 2024, con una extensión por cinco años; y que los montos del Fondo se definan en el Convenio Marco/Paritaria Nacional.

Por su parte, la UCR prevé restablecer el FONID y que el Consejo Federal de Educación elabore “una propuesta de sustitución” del mismo. “Hasta tanto el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre sustituido y los fondos garantizados a cada jurisdicción, dicho fondo se mantendrá vigente”, dice el articulado. Pero además, incluyeron establecer la educación “en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”.

Desde Hacemos Coalición Federal, en línea con la iniciativa que originalmente había presentado Margarita Stolbizer, buscan que se restituya el FONID “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya entre sus cláusulas, la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”. Mientras que la izquierda plantea la vigencia del FONID de forma permanente y que se actualice mensualmente por inflación.

Este martes 4 de junio se dará el hecho curioso de que habrá dos sesiones especiales convocadas por distintos bloques de la oposición. Con temas compartidos, las citaciones han sido confirmadas este viernes por las autoridades de la Cámara baja para las 11 de la mañana y las 14.

En el primero de los casos, la convocatoria es del bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria. Para las 14, el bloque de Unión por la Patria de Germán Martínez llama a sesionar también por el sistema previsional, pero también por temas educativos: presupuesto universitario y restablecimiento del FONID.

El temario de la sesión pedida por los radicales incluye los dictámenes que se firmaron el pasado 15 de mayo en la reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social, donde no hubo acuerdo entre Unión por la Patria, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un despacho. Los dictámenes que llegarán al recinto son de UP; la UCR, HCF y la CC; uno del oficialismo; uno del Pro; y el del FIT.

Salvo la diferencia respecto del FGS (Fondo de Garantías de Sustentabilidad) la oposición más férrea y la dialoguista no estarían lejos de un acuerdo, ya que los dictámenes son muy similares respecto de la fórmula y la recomposición.

Mientras el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.

Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

Cabe recordar que el dictamen de mayoría es de la bancada que preside Germán Martínez, con 33 firmas, y es el primero que se somete a votación en el recinto. Es por esto, que los dialoguistas, quienes llevan el segundo despacho en cantidad de firmas, 19 firmas, no ven con malos ojos unificar dictámenes con el kirchnerismo.

El pedido de UP

El bloque radical ya había dejado claro que querían dedicar esa sesión a la movilidad jubilatoria, lo cual no fue tenido en cuenta en la bancada de Unión por la Patria, que pidió horas después sesionar ese mismo día, para tratar también FONID y presupuesto universitario.

Este viernes se dio curso a ese pedido, oficializándose el llamado a sesionar este martes a las 14, a fin de tratar un temario que incluye la modificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; pero también la ley de Financiamiento de Universidades Nacionales; y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Este pedido lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Pblo Carro, Silvana Ginocchio, Máximo Kirchner, Gisela Marziotta, Ariel Rauschenberger y Julia Strada.

Sobre estos temas educativos hay posturas encontradas en el seno de la oposición. Los radicales impulsaron el debate sobre el presupuesto universitario a través de un emplazamiento, pero ya dejaron claro que están conformes con el acuerdo firmado entre los rectores universitarios y las autoridades nacionales, por lo que ya no encuentran justificación para aprobar una ley sobre ese tema.

En cuanto a la restitución del FONID, en el plenario de comisiones realizado en la semana se firmaron cinco dictámenes: de Unión por la Patria, con 34 firmas; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas.

El dictamen de UP plantea la vigencia del FONID desde el 1ro. de enero de 2024, con una extensión por cinco años; y que los montos del Fondo se definan en el Convenio Marco/Paritaria Nacional.

Por su parte, la UCR prevé restablecer el FONID y que el Consejo Federal de Educación elabore “una propuesta de sustitución” del mismo. “Hasta tanto el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre sustituido y los fondos garantizados a cada jurisdicción, dicho fondo se mantendrá vigente”, dice el articulado. Pero además, incluyeron establecer la educación “en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”.

Desde Hacemos Coalición Federal, en línea con la iniciativa que originalmente había presentado Margarita Stolbizer, buscan que se restituya el FONID “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya entre sus cláusulas, la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”. Mientras que la izquierda plantea la vigencia del FONID de forma permanente y que se actualice mensualmente por inflación.

Contrariando la postura de la UCR de no agregar temas al debate que esperan realizar el martes que viene sobre la cuestión previsional, el bloque de Unión por la Patria pidió este jueves su propia sesión para ese mismo día, sumando los temas relacionados a la cuestión educativa que obtuvieron dictamen los últimos días.

Más temprano, las autoridades de la Cámara baja habían formalizado la convocatoria a la sesión pedida por el bloque de diputados nacionales del radicalismo para el martes 4 de junio a las 11, para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria. El bloque de Rodrigo de Loredo ya había dejado claro que querían dedicar esa sesión a la movilidad jubilatoria, lo cual no fue tenido en cuenta en la bancada de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, que pidió horas después sesionar ese mismo día, para tratar también FONID y presupuesto universitario.

El temario de la sesión pedida por los radicales incluye los dictámenes que se firmaron el pasado 15 de mayo en la reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social, donde no hubo acuerdo entre Unión por la Patria, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un despacho. Los dictámenes que llegarán al recinto son de UP; la UCR, HCF y la CC; uno del oficialismo; uno del Pro; y el del FIT.

Salvo la diferencia respecto del FGS (Fondo de Garantías de Sustentabilidad) la oposición más férrea y la dialoguistas no estarían lejos de un acuerdo, ya que los dictámenes son muy similares respecto de la fórmula y la recomposición.

Mientras el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.

Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

Cabe recordar que el dictamen de mayoría es de la bancada que preside Germán Martínez, con 33 firmas, y es el primero que se somete a votación en el recinto. Es por esto, que los dialoguistas, quienes llevan el segundo despacho en cantidad de firmas, 19 firmas, no ven con malos ojos unificar dictámenes con el kirchnerismo.

El pedido de UP

En la tarde del jueves se conoció el pedido de un grupo de diputados de Unión por la Patria para sesionar también el martes 4, pero a las 14, a fin de tratar un temario que incluye la modificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; pero también la ley de Financiamiento de Universidades Nacionales; y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Este pedido lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Pblo Carro, Silvana Ginocchio, Máximo Kirchner, Gisela Marziotta, Ariel Rauschenberger y Julia Strada.

Sobre estos temas educativos hay posturas encontradas en el seno de la oposición. Los radicales impulsaron el debate sobre el presupuesto universitario a través de un emplazamiento, pero ya dejaron claro que están conformes con el acuerdo firmado entre los rectores universitarios y las autoridades nacionales, por lo que ya no encuentran justificación para aprobar una ley sobre ese tema.

En cuanto a la restitución del FONID, en el plenario de comisiones realizado en la semana se firmaron cinco dictámenes: de Unión por la Patria, con 34 firmas; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas.

El dictamen de UP plantea la vigencia del FONID desde el 1ro. de enero de 2024, con una extensión por cinco años; y que los montos del Fondo se definan en el Convenio Marco/Paritaria Nacional.

Por su parte, la UCR prevé restablecer el FONID y que el Consejo Federal de Educación elabore “una propuesta de sustitución” del mismo. “Hasta tanto el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre sustituido y los fondos garantizados a cada jurisdicción, dicho fondo se mantendrá vigente”, dice el articulado. Pero además, incluyeron establecer la educación “en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”.

Desde Hacemos Coalición Federal, en línea con la iniciativa que originalmente había presentado Margarita Stolbizer, buscan que se restituya el FONID “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya entre sus cláusulas, la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”. Mientras que la izquierda plantea la vigencia del FONID de forma permanente y que se actualice mensualmente por inflación.

Fue oficializada la sesión especial para este martes 4 de junio a las 11 que había sido convocada por el bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, quienes hicieron el pedido formal ante el titular del Cuerpo, Martín Menem, para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria.

El temario incluye los dictámenes que se firmaron el pasado 15 de mayo en la reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social, donde no hubo acuerdo entre Unión por la Patria, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un despacho. Los dictámenes son de UP; la UCR, HCF y la CC; uno del oficialismo; uno del Pro; y el del FIT.

Sin embargo, salvo la diferencia respecto del FGS (Fondo de Garantías de Sustentabilidad) ambos sectores de la oposición-la más férrea y los dialoguistas- no quedarían lejos de un acuerdo, ya que los dictámenes son muy similares respecto a la fórmula y la recomposición.

Por su parte, el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.

Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

Cabe recordar que el dictamen de mayoría es de la bancada que preside Germán Martínez con 33 firmas y es el primero que se somete a votación en el recinto. Es por esto, que los dialoguistas, quienes llevan el segundo despacho en cantidad de firmas, 19 firmas, no ven con malos ojos unificar dictámenes con el kirchnerismo.

Desde la sesión trunca del 13 de marzo, la cual fue pedida por la Coalición Cívica cuando aun formaba parte de HCF. En esa ocasión, solo acompañaron UP, el FIT y menos de la mitad de la UCR por lo que el quórum no se logró. Allí comenzó el tratamiento en comisiones.

A los pocos días, el Gobierno de Javier Milei publicó el DNU 274/2024 que modificaba la movilidad previsional para que desde abril se actualicen los haberes por la inflación de dos meses atrás. Así, en abril además de la inflación de febrero (13,24 por ciento) se iba a otorgar un 12,50 por ciento por la inflación de enero, que fue 20,61 por ciento.

Ante esto, la oposición no logró unificar los dictámenes, aunque no estarían lejos. Por lo pronto, UP había anunciado que iba a pedir una sesión para el mismo 4 de junio para tratar financiamiento universitario y la recomposición del FONID asi que no sería descabellado que pidan ampliar el temario.

De cara a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada para el miércoles que viene para analizar los dictámenes emitidos en el seno de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, la Oficina de Presupuesto del Congreso emitió un informe sobre los cuatro despachos. Fue precisamente a pedido de la Comisión de Presupuesto que conduce José Luis Espert, y en el informe conocido se exponen consideraciones generales a tener en cuenta para el análisis de los distintos proyectos de ley.

Se analizan allí cada uno de los cuatro despachos por separado, incluyendo en cada caso las características del articulado del proyecto de ley, la estimación de su impacto sobre los haberes jubilatorios y el sistema de seguridad social.

A los fines de estimar el impacto fiscal de cada despacho de comisión, se realizó una comparación entre la fórmula de movilidad jubilatoria propuesta en cada caso y la fórmula de movilidad vigente, aprobada por DNU 274/24. Asimismo, se efectuó la comparación con la fórmula aprobada por Ley 27.609, con vigencia hasta el mes de marzo del corriente.

Teniendo en cuenta que para el cálculo de dicho impacto es necesario conocer ciertas variables macroeconómicas que actúan como componentes de las diversas fórmulas, se realizó una estimación de estas variables en base a información provista por el Ministerio de Economía de la Nación para el año 2024.

La estimación del impacto fiscal se estudió para todo el ejercicio presupuestario 2024 y, a los fines comparativos, se consideró que la ley que sea aprobada entrará en vigor a partir del mes de mayo. Esto quiere decir que este criterio metodológico contempla que hasta el mes de abril aplica la normativa vigente en cada momento (Ley 27.609 de enero a marzo y DNU 274/24 en abril), por lo que no se realizó un recálculo para los meses ya devengados.

Adicionalmente, cabe aclarar que, de acuerdo con lo previsto por Ley 27.160, la movilidad de las asignaciones familiares se efectúa con el mismo índice que el de las jubilaciones obrante en el artículo 32 de la Ley 24.241, por lo que cualquier modificación a la fórmula de movilidad impactará también en las asignaciones (de no modificarse lo previsto en el artículo 1° de la citada ley y se especifique un mecanismo diferente). Asimismo, las distintas pensiones no contributivas (PNC) que otorga el Estado Nacional también se actualizan según la movilidad jubilatoria.

Este estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso contó además con la participación de los directores Martín López Amorós, Joel Vaisman, Ignacio Lohlé y de los analistas Pedro Velasco y Eugenia Carrasco.

Posibles escenarios macroeconómicos

Según la OMC, resulta necesario mencionar el comportamiento que tendrían las distintas fórmulas ante diversos escenarios generales futuros, más allá de los resultados puntuales esperados que se obtienen de las proyecciones a utilizar en base a información oficial. Dado que se trata de un estudio prospectivo, el análisis no realiza una valoración del estado de situación sobre la suficiencia de haberes previsionales y de otras prestaciones asociadas a la fórmula de movilidad al momento del posible cambio de fórmula, ciñéndose exclusivamente a contemplar las variaciones.

Si se sucede un escenario de aceleración de la inflación, al tomar información de períodos anteriores, las distintas fórmulas presentarían incrementos en la gran mayoría de los casos inferiores al aumento de precios, sin lograr alcanzar una recomposición suficiente de los haberes ante las pérdidas evidenciadas de poder adquisitivo.

Por el contrario, si se sucede un escenario de desaceleración de la inflación, las fórmulas a lo largo de los meses tenderían a acortar la brecha frente al aumento de precios (más o menos rápido, dependiendo de la intensidad de la desaceleración), alcanzando en el tiempo la recomposición de los haberes jubilatorios.

Ante un mayor nivel de actividad económica, los recursos tributarios de ANSeS pueden aumentar en una mayor proporción que el IPC (y viceversa). Por su parte, los incrementos salariales por paritarias pueden otorgar aumentos por sobre o por debajo de la inflación, e incluso recomponer pérdidas de poder adquisitivo pasadas, entre otros supuestos que podrían sucederse en el mercado de trabajo. Estas situaciones llevarían a que la fórmula de la Ley 27.609 y toda otra que considere variables diferentes al IPC puede moverse por sobre o por debajo de la inflación más allá de su tendencia a acelerarse o desacelerarse.

Características del proyecto de ley UCR-HCF

El proyecto de ley (PL) en consideración lleva la firma de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal (HCF) y posee 14 artículos.

El primero de ellos sustituye el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, el cual determina que las prestaciones pertenecientes al régimen previsional público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) serán móviles, siendo éstas las siguientes:

1. a) Prestación básica universal.
2. b) Prestación compensatoria.
3. c) Retiro por invalidez.
4. d) Pensión por fallecimiento.
5. e) Prestación adicional por permanencia.
6. f) Prestación por edad avanzada.

El texto del proyecto firmado por Gabriela Brouwer de Koning, Martín Tetaz, Victoria Borrego, Margarita Stolbizer, Marcela Coli, Luis Picat y Alejandra Torres, propone para el artículo 32 una fórmula de movilidad que se actualiza mensualmente en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, lo que implica que, en la práctica, para cada actualización mensual de los haberes previsionales se debe considerar el IPC con dos meses de rezago.

El segundo artículo incorpora un artículo 32 BIS a la Ley 24.241, contemplando un aumento adicional a la fórmula de movilidad a aplicarse en el mes de marzo de cada año, el cual consiste en un 30% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del IPC del último año, siempre que esta resulte positiva. Caso contrario, no se aplicará un aumento adicional.

El tercer artículo otorga un incremento compensatorio que complementa el 12,5% extraordinario otorgado en abril de 2024 y que permite alcanzar 20,6%, valor correspondiente a la variación del IPC en enero 2024.

El cuarto artículo establece como garantía de haber mínimo el pago de un suplemento consistente en la diferencia positiva entre el haber resultante de la aplicación de la fórmula de movilidad y la última valuación de la Canasta Básica Total (CBT) por adulto equivalente publicada por el INDEC en cada mes.

El quinto artículo modifica el artículo 2° de la Ley 26.417 sobre movilidad de las prestaciones, estableciendo que la actualización de remuneraciones para el cálculo de la prestación compensatoria, de la pensión por fallecimiento y de la jubilación por invalidez será mensual en lugar de trimestral.

El sexto artículo adiciona un inciso g al artículo 14 (caracteres de las prestaciones) de la Ley 24.241, estableciendo que las prestaciones son indivisibles, de carácter alimentario y que responden al principio de inmediatez, por lo que deben ser abonadas en el mes de su devengamiento y en un solo pago.

Los artículos 7° a 9° estipulan un régimen de transparencia previsional previendo la elaboración de un informe anual sobre la sustentabilidad económica, financiera y actuarial de los subregímenes previsionales administrados por Nación y de informes anuales personalizados para cada afiliado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) sobre el valor actualizado de los aportes realizados y con una simulación del haber inicial que percibirá en caso de continuar aportando en condiciones similares hasta la edad jubilatoria.

El décimo artículo instruye a la ANSeS a cancelar, por intermedio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), las deudas con las cajas previsionales provinciales no transferidas y los juicios con sentencia firme con beneficiarios del SIPA en un plazo de seis meses desde la aprobación de la norma, prorrogables por otros seis mes más.

El 11° artículo elimina las asignaciones mensuales vitalicias para presidente y vicepresidente de la Nación para quienes culminen su mandato con posterioridad a la sanción de la ley.

El 12° artículo faculta al Poder Ejecutivo, mediante las dependencias competentes, a dictar normas aclaratorias y complementarias para la implementación de la ley.

Estimación del impacto fiscal del proyecto UCR-HCF

Se presenta una estimación del desempeño de la fórmula prevista en el proyecto para el ejercicio 2024, comparada tanto con la continuidad de la aplicación del DNU 274/24 como con la anterior fórmula obrante en la Ley 27.609.

Dado que a los fines metodológicos se considera que la nueva movilidad entraría en vigor a partir de mayo de 2024, y teniendo en cuenta que el PL prevé que el incremento compensatorio incluido en el artículo tercero corresponde a abril, se considera que su pago se realizará en mayo con criterio retroactivo al mes anterior, por lo que se lo contempla como parte del haber de mayo.

Por otra parte, en lo que refiere al aumento adicional a la movilidad previsto en el artículo segundo, en 2024 no corresponde su aplicación por dos motivos: a) se realiza una sola vez al año en el mes de marzo y; b) si se lo quisiera aplicar de manera retroactiva, durante 2023 los precios (según IPC) crecieron 211,4% mientras que los salarios (según RIPTE) crecieron 149,4%, por lo que al ser la variación de precios mayor a la de los salarios, no es aplicable un aumento adicional.

Finalmente, el análisis del proyecto se desdobla en dos, ya que según el 4° artículo, a aquellos haberes que se encuentren por debajo de la CBT se les debe otorgar un suplemento hasta alcanzar dicho valor. Este suplemento (interpretado en la práctica como un bono automático) corresponde sólo a una parte de jubilados o pensionados, por lo que resulta necesario analizar la dinámica de los haberes de ambos grupos de prestaciones.

Tomando como base de comparación diciembre de 2023, la capacidad de compra de los haberes previsionales (y de las prestaciones vinculadas a la movilidad) alcanzaría los aumentos en los niveles de precios en el mes de abril de 2024 con la fórmula del proyecto de ley (por la retroactividad del incremento compensatorio) tanto con bono como sin bono, mientras que con la fórmula del DNU 274/24 lo haría en el mes de mayo y en el escenario hipotético de continuar la vigencia de la fórmula prevista por la Ley 27.609 recién los alcanzaría en septiembre.

Al analizar los haberes a alcanzar hacia diciembre de 2024, la fórmula del PL con bono es la que mayores incrementos alcanzaría, seguida por la de la Ley 27.609, luego por la del PL sin bonos y por último la del DNU 274/24, aunque con todas las fórmulas se verificaría una mejora del poder adquisitivo respecto a diciembre de 2023, ante el escenario expuesto.

A su vez, hacia diciembre de 2024 con la aplicación del proyecto se verificaría una recomposición del 62,9% en el poder de compra de los haberes que reciben el bono automático y del 17,5% en los haberes superiores, mientras que asciende al 9,5% en el caso del DNU 274/24 y al 24,4% con la Ley 27.609.

Más allá del haber a alcanzar en el último mes del año, resulta pertinente considerar la valuación de los ingresos jubilatorios a lo largo de todo el año con cada fórmula, a los fines de evitar contemplar sólo casos específicos y puntuales en un mes. De esta manera, la siguiente tabla presenta el haber promedio mensual y el valor final total de los ingresos del año (valorizados estos últimos a precios esperados en diciembre de 2024):

Concepto	Ley 27.609	DNU 274/24	Proyecto de ley UCR-HCFF
Haber Promedio Mensual	232.397	248.846	263.512
Valor final de los ingresos anuales sin bono	3.021.167	3.235.003	3.425.653
Bono automático compensatorio	88.047	88.047	107.166
Valor final de los ingresos anuales + bono	4.077.733	4.291.568	4.414.206

Al analizar el año 2024 completo, el mayor haber promedio mensual se observa con la fórmula del proyecto de ley (incluso previo al otorgamiento del bono automático) y el menor con la fórmula de la Ley 27.609.

Costo para la APN asociado a las fórmulas

Dado que las tres fórmulas (Ley 27.609, DNU 274/24 y PL) sólo determinan una modificación en el cálculo de los haberes de jubilados y pensionados, los ingresos de ANSeS no presentarían modificaciones, impactando únicamente por el lado de los egresos. Por lo tanto, la comparación recae en las erogaciones vinculadas al pago de prestaciones previsionales, a las asignaciones familiares y a las PNC, dado lo mencionado previamente en relación a la movilidad de estas últimas.

Asimismo, dado que el proyecto de ley contempla un bono automático (proyectable en términos del gasto), se lo incluye también como parte del gasto.

De verificarse las condiciones del escenario macroeconómico descripto, las erogaciones en concepto de prestaciones previsionales, asignaciones familiares y PNC para el Ejercicio 2024 representarían 6,19% del PIB y 6,83% si se considera el otorgamiento de bonos todos los meses de año) en el supuesto de que se hubiera mantenido la fórmula prevista en la Ley 27.609.

Para el caso de la fórmula del DNU 274/24, las erogaciones como porcentaje del PIB serían de 6,49% y 7,14% si se considera el otorgamiento de bonos todos los meses de año; es decir, 0,31 puntos porcentuales (p.p.) más que en el escenario de la Ley 27.609 (+0,30 p.p. en prestaciones previsionales, -0,04 p.p. en asignaciones familiares5 y +0,03 p.p. en PNC).

En tanto, la fórmula prevista en el presente PL determina un gasto equivalente a 7,57% del PIB (incluyendo bonos, que son automáticos), lo que implicaría 0,74 p.p. más que con la Ley 27.609 y 0,43 p.p. más que con la fórmula del DNU 274/24. Si se lo analiza por componente, en prestaciones previsionales el proyecto bajo análisis resultaría en un gasto de +0,62 p.p. respecto a la Ley 27.609 y de +0,32 p.p. respecto al DNU; en asignaciones familiares de -0,11 respecto a la Ley 27.609 y de -0,08 respecto al DNU 274/24 y; en PNC de +0,06 respecto a la Ley 27.609 y de +0,03 respecto al DNU 274/24.

Finalmente, los bonos compensatorios representan 0,81% del PIB en el marco del PL, +0,16 p.p. al compararlos con los otros escenarios, ya que en el PL éstos son variables en función de la diferencia entre los haberes más bajos y la CBT, mientras que en los otros casos se supone un bono fijo mensual de $70.000. Cabe aclarar que, si bien desde 2023 se vienen otorgando bonos compensatorios todos los meses con carácter discrecional, su inclusión en el cuadro 2 se realizó a los fines comparativos ya que no necesariamente este costo, en caso de continuar con la fórmula del DNU 274/24 (o de retornar a la fórmula de la Ley 27.609), se efectivizaría todos los meses del año.

Otros costos previstos en el proyecto

En adición a los costos derivados por las modificaciones y agregados a la fórmula de movilidad, el proyecto de ley prevé en su artículo décimo el pago de deudas con las cajas previsionales provinciales no transferidas a Nación y del pago de sentencias firmes con beneficiarios del SIPA. Para su estimación, se consideran los valores obrantes en el proyecto de Ley de Presupuesto 2024 presentado por el Poder Ejecutivo durante 2023 por ser estos los únicos datos disponibles con menor atraso de elaboración, consistentes en 240.000 millones de pesos para casos puestos al pago con sentencia firme6 y 204.886 millones para deudas previsionales con las provincias.

Considerando la valuación de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), desde donde según el PL se deben cancelar las deudas, la totalidad de dichos pagos representaría 0,41% de esos activos.

Finalmente, los restantes artículos del proyecto no poseen un impacto fiscal directo asociado o bien su impacto no es significativo en términos del PIB.

Características del proyecto de Ley UP

El proyecto de ley en consideración lleva la firma de diputados de Unión por la Patria (UP) y posee diecisiete artículos. El primero de ellos incrementa el haber mínimo jubilatorio en la suma de $70.000 a la fecha de sanción del proyecto, estableciendo por artículo 2º que de esa forma quedará subsumido en el nuevo haber el refuerzo previsional otorgado por el Decreto 268/24, y aclarando por artículo 3° que dicho incremento será calculado por beneficio y no por beneficiario.

Por artículo 4º se sustituye la redacción artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, el cual determina que las prestaciones pertenecientes al régimen previsional público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) serán móviles, siendo éstas las siguientes:

1. a) Prestación básica universal.
2. b) Prestación compensatoria.
3. c) Retiro por invalidez.
4. d) Pensión por fallecimiento.
5. e) Prestación adicional por permanencia.
6. f) Prestación por edad avanzada.

El nuevo texto que el proyecto de Ley propone para el artículo 32, estipula una fórmula de movilidad que actualiza trimestralmente en base a un promedio simple entre la variación de los recursos tributarios de la ANSES y la de los salarios (esta última en base al índice general de salarios de INDEC o del RIPTE, el que resulte mayor).

Por artículo 5º se incorpora como artículo 32 bis a la Ley 24.241, un texto que prevé que todos los meses se otorgará un adelanto de la movilidad equivalente al último valor de la inflación disponible, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país, estableciendo que dicho adelanto será otorgado a cuenta del próximo valor de movilidad según el artículo anterior (o de la movilidad actual, en caso de ser marzo, junio, septiembre o diciembre). En el caso de que la movilidad prevista en el artículo 32 sea mayor a los adelantos acumulados, se agregará la diferencia. De resultar la movilidad inferior a dichos adelantos, los mismos quedarán incorporados al haber y no se aplicará reducción alguna.

A continuación, mediante el artículo 6º se sustituye la redacción del artículo 8º de la Ley 26.417, que establece el haber mínimo garantizado previsto en el artículo 125 de la Ley 24.241, estipulando que éste se ajustará en función de la movilidad prevista en los artículos 32 y 32 bis de la mencionada ley.

El artículo 7º sustituye el artículo 1º de la Ley 27.160 de movilidad de las asignaciones familiares, aclarando que el cálculo del índice de movilidad se realizará conforme lo previsto en el artículo 32 de la Ley 24.241 y que serán de aplicación los adelantos previstos en el artículo 32 bis de la misma.

Asimismo, se establece que la movilidad aplicará tanto al monto de las asignaciones, como a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro.

El artículo 8º dispone que en el mes siguiente al de sanción de esta ley se aplicará un incremento del 30% adicional al de la movilidad que corresponda aplicar en dicho mes, estableciendo que tanto el haber máximo previsto en el artículo 9º de la Ley 24.463 como el haber mínimo recibirán dicho incremento. A tal efecto, aclara que el 30% de incremento para el haber mínimo se calculará antes de incorporar la suba de $ 70.000 prevista en el artículo 1º.

Conforme el artículo 9º, las bases imponibles mínimas y máximas previstas en el artículo 9º de la Ley 24.241 serán incrementadas en el mismo porcentaje fijado en el artículo 5º, como así también el haber máximo previsto en el artículo 9º de la Ley 24.463.

Por artículo 10 se establece que el índice computable para la actualización de las remuneraciones previsto en el artículo 2º de la ley 26.417 se empalmará a partir del primer mensual que se comience a aplicar la movilidad.

El artículo 11 incorpora un inciso g) al artículo 14 de la Ley 24.241, artículo que establece el carácter de las prestaciones previsionales. Este nuevo inciso determina que las mismas son indivisibles, de carácter alimentario, que responden al principio de inmediatez, y que en tal sentido, deben ser abonadas en todos los casos en el mes en curso de su devengamiento y en un solo pago. En consonancia con esta disposición, el artículo 12 dispone que queda prohibido el desdoblamiento en el pago de las prestaciones previsionales.

Mediante el artículo13 se establece que la ANSES transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas. Asimismo, prevé que cada anticipo mensual incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para calcular dicha actualización se considerará la variación del índice entre el mes de julio del año al cual corresponde el último déficit, provisorio o definitivo, determinado y el mes anterior al del pago de la cuota.

El artículo 14 dispone que, una vez determinado el resultado definitivo del déficit previsional anual, se deducirán del monto total a transferir por el Estado nacional los anticipos a valores históricos. La diferencia resultante se actualizará considerando la variación del índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) entre el mes de julio del año que se está cancelando y el mes anterior al del pago.

El artículo 15 establece que el régimen previsto en los artículos 13 y 14 no puede ser alterado sin acuerdo y aprobación de las provincias involucradas, mientras que el artículo 16 dispone que el Poder Ejecutivo deberá dictar las normas aclaratorias para garantizar su cumplimiento.

Estimación del impacto fiscal del proyecto de Ley UP

Se presenta una estimación del desempeño de la fórmula prevista en el proyecto de UP para el ejercicio 2024, comparada tanto con la continuidad de la aplicación del DNU 274/24 como con la potencial continuidad de la fórmula obrante en la Ley 27.609.

Cabe señalar que, habida cuenta de la previsión de una suba adicional para los haberes mínimos contenida en el proyecto (artículo 1°), y a efectos de diferenciar su impacto en el análisis, se muestra en forma diferenciada la evolución proyectada para el haber mínimo respecto de la proyectada para el resto de los haberes.

Las disposiciones del proyecto de UP prevén una trayectoria diferencial para los haberes mínimos respecto del resto de los haberes: en el caso de los primeros, la incorporación de los $70.000 al haber (artículo 1°) sumado al 30% de incremento adicional a la movilidad del mes, llevarían a dicho segmento de haberes a una recuperación real del 69,8% en el mes de mayo; en tanto, para los haberes superiores al mínimo la recuperación alcanzada sería del orden del 31,6%.

A su vez, hacia diciembre de 2024 con la aplicación del proyecto se verificaría una recomposición del 124,9% en el poder de compra de los haberes mínimos y del 74,3% en los haberes superiores, mientras que asciende al 9,5% en el caso del DNU 274/24 y al 24,4% con la Ley 27.609.

Más allá del haber a alcanzar en el último mes del año, resulta pertinente considerar la valuación de los ingresos jubilatorios a lo largo de todo el año con cada fórmula, a los fines de evitar contemplar sólo casos específicos y puntuales en un mes. De esta manera, la siguiente tabla presenta el haber mínimo promedio mensual y el valor final total de los ingresos del año (valorizados estos últimos a precios esperados en diciembre de 2024):

Valor promedio mensual y valor final anual de los ingresos según el proyecto de UP

Concepto	Ley 27.609	DNU 274/24	Proyecto de ley UP
Haber promedio mensual	232.397	248.846	391.772
Valor final de los ingresos anuales sin bono	3.021.167	3.235.003	5.93.040
Bonos	88.047	88.047	0
Valor final de los ingresos anuales + bono	4.077.733	4.291.568	5.093.040

De verificarse las condiciones del escenario macroeconómico descripto, las erogaciones en concepto de prestaciones previsionales, asignaciones familiares y PNC para el Ejercicio 2024 representarían 6,19% del PIB y 6,83% si se considera el otorgamiento de bonos todos los meses de año en el supuesto de que se hubiera mantenido la fórmula prevista en la Ley 27.609.

Para el caso de la fórmula del DNU 274/24, las erogaciones como porcentaje del PIB serían de 6,49% y 7,14% si se considera el otorgamiento de bonos todos los meses de año); es decir, 0,30 puntos porcentuales (p.p.) más que en el escenario de la Ley 27.609 (+0,31 p.p. en prestaciones previsionales, -0,03 p.p. en asignaciones familiares11 y +0,03 p.p. en PNC).

En tanto, la fórmula prevista en el proyecto de UP determina un gasto equivalente a 9,0% del PIB, lo que implicaría 2,17 p.p. más que con la fórmula de la Ley 27.609 y 1,86 p.p. más que con la fórmula del DNU 274/24 (valores contemplando el otorgamiento de bonos discrecionales a los fines de la comparación).

En lo que respecta a las prestaciones previsionales y las PNC (que en conjunto, suman 8,11% del PIB), el incremento del gasto respecto del escenario vigente por DNU (+2,54 p.p. del PIB) tiene origen tanto en la fórmula de actualización (y en particular, en el otorgamiento del incremento del 30% adicional a la movilidad en el mes de mayo), como en la asignación de una suma fija adicional de $70.000 a los haberes mínimos (art. 1°): el mecanismo de actualización previsto en los artículos 4°, 5° y 8° significa un incremento del gasto del orden de 1,73 p.p. del PIB respecto de la fórmula vigente, mientras que los restantes 0,81 p.p. son explicados por el incremento de los haberes mínimos.

Cabe aclarar que, si bien desde 2023 se vienen otorgando bonos compensatorios todos los meses, al incorporar los $70.000 al haber se eliminaría la discrecionalidad de su asignación, por lo que su inclusión en el cuadro 4 se realizó a los fines comparativos ya que no necesariamente este costo, en caso de continuar con la fórmula del DNU 274/24, se efectivizaría todos los meses del año.

Finalmente, el gasto en asignaciones familiares como porcentaje del PIB es del orden del 0,91% para el caso de la fórmula vigente, del 0,95% en el hipotético caso de que se hubiera mantenido la fórmula de la Ley 27.609, y del 0,89% en caso de implementarse el proyecto de UP.

Impacto en el financiamiento del esquema de movilidad

Como se mencionó en el apartado sobre características del proyecto de UP, el artículo 9 prevé que la base imponible mínima y máxima para el cálculo de aportes personales se actualizarán en los mismos términos que la actualización de haberes jubilatorios.

Por tal motivo, la estimación del impacto de la modificación de dichas bases imponibles fue calculada a partir de los tramos de ingresos para trabajadores en relación de dependencia provistos por AFIP a esta Oficina. Los valores iniciales, correspondientes a noviembre de 2023, fueron proyectados a 2024 en función de la proyección de evolución del RIPTE. A partir de la alícuota general teórica del 17% (11% del SIPA, 3% INSSJP y 3% Sistema de Obras Sociales), se calculó un monto global de Aportes Personales aplicando en el escenario base los topes vigentes y en el escenario alternativo los que se obtendrían en caso de aplicarse lo dispuesto en dictamen bajo análisis.

Cabe aclarar que, teniendo en cuanta que la modificación de las bases imponibles se suele realizar por resolución de ANSeS considerando la última movilidad de las prestaciones resultante de la fórmula en vigor en cada momento, se considera a los fines metodológicos que esta situación se replicará en las actualizaciones de haberes futuras, por lo que la proyección de los topes para utilizar como base de comparación se realiza tomando la movilidad esperada según la fórmula del DNU 274/24 en el marco del escenario macroeconómico utilizado para el presente estudio.

Los resultados se encuentran expresados en porcentaje del PIB, y corresponden a todo el año 2024, incluyendo SAC.

En adición a los costos derivados por las modificaciones a la fórmula de movilidad y a la actualización del haber mínimo, el PL prevé como artículos 13 y 14, una serie de consideraciones referidas a las asignaciones para el financiamiento de las cajas previsionales provinciales. De acuerdo con lo previsto por dichos artículos, la ANSeS deberá transferir todos los meses a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual (provisorio o definitivo) de cada una de ellas, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo.

Asimismo, se prevé que cada anticipo mensual incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del SIPA, calculada en base en base a la variación del índice entre el mes de julio del año al cual corresponde el último déficit determinado y el mes anterior al del pago de la cuota. Una vez determinado el resultado definitivo del déficit previsional anual, se deducirán del monto total a transferir los anticipos a valores históricos, actualizando la diferencia resultante por movilidad.

Cabe señalar que estas disposiciones estaban presentes (como artículos 92 y 93) en la Ley de Presupuesto 2023 prorrogada, aunque fueron derogadas por DNU 280/24. No obstante el presupuesto vigente del Ejercicio 2024 (que corresponde a los créditos vigentes al 31/12/23) aún contemplan como asignaciones para el financiamiento de las cajas previsionales provinciales un total de $ 122.763 millones.

A los efectos de estimar el costo fiscal asociado a estas medidas, se tomaron como punto de partida las previsiones contenidas en el proyecto de ley de Presupuesto 2024 con relación al financiamiento de las cajas previsionales provinciales, las cuales sumaban un monto de $ 204.886 millones. Dado que no se cuenta con información respecto del ejercicio al cual corresponden los déficits previsionales no resulta posible calcular el impacto de esta propuesta.

Finalmente, los restantes artículos del PL no poseen un impacto fiscal directo asociado o bien su impacto no es significativo en términos del PIB.

Características del proyecto de Ley LLA

El proyecto de Ley (PL) en consideración lleva la firma de diputados de La Libertad Avanza (LLA) posee nueve artículos. Estos artículos replican el articulado del Decreto 274/24. El primero de ellos sustituyese el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, el cual determina que las prestaciones pertenecientes al régimen previsional público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) serán móviles, siendo éstas las siguientes:

1. a) Prestación básica universal.
2. b) Prestación compensatoria.
3. c) Retiro por invalidez.
4. d) Pensión por fallecimiento.
5. e) Prestación adicional por permanencia.
6. f) Prestación por edad avanzada.

El texto que el proyecto de LLA propone para el artículo 32 estipula una fórmula de movilidad que se actualiza mensualmente en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), lo que implica que, en la práctica, para cada actualización mensual de los haberes previsionales se debe considerar el IPC con dos meses de rezago.

El segundo artículo indica que esa nueva fórmula se aplicará a partir del mes de julio de 2024 y el tercer artículo que, a los efectos de la transición, en junio se aplicará la fórmula de movilidad prevista en la Ley 27.609.

El cuarto y quinto artículo refieren al otorgamiento de adelantos a cuenta de la movilidad que resulte de la aplicación de la fórmula de la Ley 27.609 en junio, los cuales se implementan en los meses de abril mayo y junio calculados según el último IPC publicado en dichos meses. Asimismo, se prevé el incremento extraordinario de 12,5% ya otorgado en el mes de abril. Dado que se trata de adelantos a cuenta, cuando se calcule la movilidad de junio según Ley 27.609, se debe comparar el producto de esos adelantos respecto al resultado de la movilidad y, si esta última es mayor, se debe adicionar la diferencia en junio. Caso contrario, no se realiza ningún reajuste.

El sexto artículo instruye al Ministerio de Capital Humano a dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación de la ley.

Estimación del impacto fiscal del proyecto de ley de LLA

Se presenta una estimación del desempeño de la fórmula prevista en el proyecto de LLA para el ejercicio 2024, comparada sólo con la potencial continuidad de la fórmula obrante en la Ley 27.609 (dado que el proyecto de ley prevé la misma movilidad que el DNU 274/24).

Para ello, se considera un escenario de desaceleración de la inflación, un incremento de los recursos tributarios en términos nominales y una recuperación de los salarios en términos reales durante el segundo semestre del año, aunque sin alcanzar la pérdida de poder adquisitivo del primer semestre.

Tomando como base de comparación diciembre de 2023, la capacidad de compra de los haberes previsionales (y de las prestaciones vinculadas a la movilidad) alcanzarían los aumentos en los niveles de precios en el mes de mayo de 2024 con la fórmula del proyecto de LLA / DNU 274/24, mientras que en el escenario hipotético de continuar la vigencia de la fórmula prevista por la Ley 27.609 recién los alcanzaría en septiembre.

No obstante, la fórmula que otorgaría los mayores incrementos en los haberes previsionales hacia diciembre de 2024 es la de la Ley 27.609, aunque con ambas fórmulas se verificaría una mejora del poder adquisitivo respecto a diciembre de 2023, ante el escenario expuesto.

A su vez, hacia diciembre de 2024 con la aplicación del proyecto (continuidad de la fórmula del DNU) se verificaría una recomposición del poder de compra de los haberes que asciende al 9,5% en el caso del PL / DNU 274/24 y al 24,4% con la Ley 27.609.

Más allá del haber a alcanzar en el último mes del año, resulta pertinente considerar la valuación de los ingresos jubilatorios a lo largo de todo el año con cada fórmula, a los fines de evitar contemplar sólo casos específicos y puntuales en un mes. De esta manera, la siguiente tabla presenta el haber promedio mensual y el valor final total de los ingresos del año (valorizados estos últimos a precios esperados en diciembre de 2024):

Concepto	Ley 27.609	DNU 274/24 / Proyecto LLA
Haber promedio mensual	232.397	248.846
Valor final de los ingresos anuales sin bono	3.021.167	3.235.003
Bonos	88.047	88.047
Valor final de los ingresos anuales + bono	4.077.733	4.291.568

 Si bien, como se mencionó con anterioridad, la fórmula de la Ley 27.609 presenta un haber mensual más elevado en el mes de diciembre, al analizar el año 2024 completo el haber promedio mensual resulta mayor con la fórmula del proyecto de LLA / DNU 274/24, y la renta total alcanzada durante todo el año, valorizada a diciembre de 2024, también resulta mayor con esta última fórmula.

Costo para la APN asociado a las fórmulas

Dado que las dos fórmulas (Ley 27.609 y proyecto de LLA/DNU 274/24) sólo determinan una modificación en el cálculo de los haberes de jubilados y pensionados, los ingresos de ANSES no presentarían modificaciones, impactando únicamente por el lado de los egresos. Por lo tanto, la comparación recae en las erogaciones vinculadas al pago de prestaciones previsionales, a las asignaciones familiares y a las PNC, dado lo mencionado previamente en relación a la movilidad de estas últimas.

De verificarse las condiciones del escenario macroeconómico descripto, las erogaciones en concepto de prestaciones previsionales, asignaciones familiares y PNC para el Ejercicio 2024 representarían 6,19% del PIB (6,83% si se considera el otorgamiento de bonos todos los meses de año) en el supuesto de que se hubiera mantenido la fórmula prevista en la Ley 27.609.

Para el caso de la fórmula del proyecto de LLA / DNU 274/24, las erogaciones como porcentaje del PIB serían de 6,49% (6,88% si se considera el otorgamiento de bonos todos los meses de año); es De verificarse las condiciones del escenario macroeconómico descripto, las erogaciones en concepto de prestaciones previsionales, asignaciones familiares y PNC para el Ejercicio 2024 representarían 6,19% del PIB (6,83% si se considera el otorgamiento de bonos todos los meses de año) en el supuesto de que se hubiera mantenido la fórmula prevista en la Ley 27.609.

Para el caso de la fórmula del proyecto de LLA / DNU 274/24, las erogaciones como porcentaje del PIB serían de 6,49% (6,88% si se considera el otorgamiento de bonos todos los meses de año); es relacionado con los haberes previsionales, tales como pensiones, retiros y subsidios, así como las retroactividades reconocidas en sede administrativa o judicial, emergentes de una sentencia de reajuste de haberes previsionales, y los intereses accesorios a dichos créditos.

A continuación, el artículo 8º dispone que toda persona que alcance la edad mínima jubilatoria establecida en 60 años para las mujeres y 65 años para los varones con independencia de la cantidad de períodos aportados, o que reúna 30 años de aportes al SIPA con independencia de su edad, podrá acceder a la jubilación a que hacen referencia los artículos 3º y 4º, mientras que el artículo 9º prevé que las disposiciones establecidas en los artículos precedentes no serán de aplicación en aquellos casos que existan condiciones más favorables al beneficiario.

Con relación al financiamiento (artículos 10 a 19), en primer lugar, el artículo 10 dispone nuevas alícuotas para las Contribuciones Patronales a los distintos subsistemas del Sistema de Seguridad Social.

El artículo 11 dispone la restitución de los Aportes Personales a los valores previos a las rebajas efectuadas en 1993. En consecuencia, el Cuadro expuesto a continuación compara las alícuotas vigentes y las propuestas por el PL, entendiendo que estos serían los vigentes en 1992.

Al artículo 12 dispone la anulación de las rebajas y modificaciones a los derechos de exportación y los beneficios impositivos en favor de las empresas operados desde diciembre de 2015, hayan sido establecidos a través de decreto o mediante ley.

El artículo 13 establece que los recursos que surjan de establecido en los artículos 12 y 14 tendrán como destino específico el financiamiento del sistema previsional.

El artículo 14 se refiere a la registración laboral. Dispone al respecto que todo trabajador o trabajadora cuya relación laboral no estuviese registrada o lo estuviera de manera deficiente, podrá denunciar a su empleador al Ministerio de Trabajo mediante una simple nota escrita, un telegrama obrero o una carta documento e intimar a su empleador para que regularice la situación de manera inmediata.

El artículo 15 garantiza estabilidad laboral y de las condiciones de trabajo por 48 meses a quienes hubieran realizado la denuncia contemplada en el artículo 1419, mientras que el artículo 16 dispone que la regularización de la situación laboral no releva al empleador de las deudas contraídas con los trabajadores y el Sistema de Seguridad Social, y establece que la reglamentación definirá un esquema de multas cuya recaudación se destinará al financiamiento del SIPA.

Al artículo 17 duplica las alícuotas para el Pago del Impuesto las Ganancias para todas las sociedades de capital y empresas constituidas en el país y establecimientos estables ubicados en el país. Los recursos que ello genere serán destinados al financiamiento del sistema previsional.

El artículo 18 crea un nuevo impuesto, consistente en el 40% de la ganancia obtenida por intereses de las Letras de Liquidez (Leliqs), pases remunerados y de todo otro instrumento de carácter similar emitido por el BCRA. No se dispone un destino para este nuevo impuesto, por lo que tendría carácter de coparticipable.

El artículo 19 dispone que, de ser necesario, las prestaciones previsionales y de la Seguridad Social serán financiadas con rentas generales del Tesoro Nacional y que se establecerán impuestos progresivos al capital y a la propiedad hasta satisfacer las necesidades de financiamiento que surjan de las reformas planteadas en el proyecto de ley.

Los artículos 20 y 21 se refieren a las jubilaciones y pensiones de privilegio, derogando los regímenes previstos en las leyes 21.540, 22.430, 22.731 y 24.018 y estableciendo que a las personas comprendidas en los mismos les resultarán aplicables las previsiones de la Ley 24.241 del SIPA.

Por artículo 22 se derogan todas las disposiciones en las normas legales en vigencia que contradigan el contenido de la presente ley, mientras que el artículo 23 prevé que la entrada en vigencia de la ley será a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Estimación del impacto fiscal de proyecto de Ley FIT

Se presenta una estimación del desempeño de la fórmula prevista en el proyecto del FIT para el ejercicio 2024, comparada tanto con la continuidad de la aplicación del DNU 274/24 como con la potencial continuidad de la fórmula obrante en la Ley 27.609.

Con relación al proyecto de ley, la estimación sólo contempla lo estipulado en los artículos 1° y 2°, dado que esta oficina no cuenta con información referida a la situación laboral previa a la jubilación de los actuales beneficiarios del SIPA, necesaria para evaluar el impacto del artículo 3°. Por tal motivo, a los fines metodológicos se considera la proporcionalidad actual de los haberes como unidad de medición.

Por otra parte, se aclara si bien a los fines metodológicos se considera que la nueva movilidad entraría en vigor a partir de mayo de 2024, teniendo en cuenta que el PL prevé que el nuevo haber mínimo incluido en el artículo 1º se aplica desde abril, dado que como criterio metodológico se consideró que el PL entraría en vigor en mayo, se actualiza el valor propuesto para abril por IPC y se lo comienza a aplicar en mayo.

Con la fórmula del DNU 274/24 vigente, la evolución nominal de los haberes previsionales alcanzaría los aumentos en los niveles de precios en el mes de mayo de 2024, mientras que en el escenario hipotético de continuar la vigencia de la fórmula prevista por la Ley 27.609 recién los alcanzaría en septiembre (siempre tomando como base de comparación diciembre 2023). En contraste, el nuevo piso para el haber mínimo y la suba proporcional para el resto de los haberes que prevé el proyecto del FIT significa una recomposición en términos reales del orden del 316% a partir del mes de mayo (mes que se toma como de aplicación de la ley).

A su vez, hacia diciembre de 2024 con la aplicación del proyecto se verificaría una recomposición del 409% en el poder de compra de los haberes, del 9,5% con el DNU 274/24 y del 24,4% con la Ley 27.609. Cabe advertir que la marcada diferencia entre el proyecto de ley del FIT y los otros dos escenarios tiene origen en la suba en el haber mínimo prevista en el artículo 1º y, en forma proporcional, en el resto de los haberes, y no con el mecanismo de actualización.

En efecto, dejando de lado la suba en el piso de los haberes, el mecanismo de actualización previsto en el artículo 2º significa una recomposición de haberes del orden del 27,3%. Esta recomposición resulta superior a la fórmula del DNU 274/24 y similar a la de la Ley 27.609 ya que toma el mayor valor entre la variación del IPC y la variación del RIPTE, y en el escenario macroeconómico analizado, este último crece por sobre los precios en el segundo semestre de 2024.

Más allá del haber a alcanzar en el último mes del año, resulta pertinente considerar la valuación de los ingresos jubilatorios a lo largo de todo el año con cada fórmula, a los fines de evitar contemplar sólo casos específicos y puntuales en un mes. De esta manera, la siguiente tabla presenta el haber promedio mensual y el valor final total de los ingresos del año (valorizados estos últimos a precios esperados en diciembre de 2024):

Concepto	Ley 27.609	DNU 274/24	Proyecto de ley FIT
Haber promedio mensual	232.397	248.846	865.698
Valor final de los ingresos anuales sin bono	3.021.167	3.235.003	11.254.069
Bonos	88.047	88.047	0
Valor final de los ingresos anuales + bono	4.077.733	4.291.568	11.254.069

Al analizar el año 2024 completo, el mayor haber promedio mensual se observa con la fórmula del proyecto y el menor con la fórmula de la Ley 27.609.

Costo para la APN asociado a las fórmulas

En este punto se aborda el impacto de los tres mecanismos de determinación de haberes jubilatorios (Ley 27.609, DNU 274/24 y proyecto de Ley) sobre erogaciones vinculadas al pago de jubilaciones y pensiones del SIPA, pensiones no contributivas y asignaciones familiares. Cabe mencionar que el proyecto no especifica que el nuevo mecanismo de actualización aplicará también sobre las asignaciones familiares (es decir, no se sustituye la redacción del artículo 1º de la Ley 27.160 de movilidad de las asignaciones familiares, que prevé que las mismas se actualizarán conforme al índice previsto en el artículo 32 de la Ley 24.241). No obstante, en ese apartado se las considera en el costeo que implicaría incorporarlas en dicho mecanismo.

Por otra parte, el proyecto del FIT contiene una serie de propuestas referidas al financiamiento de la medida de índole tributaria, las cuales serán abordadas en forma separada.

De verificarse las condiciones del escenario macroeconómico descripto, las erogaciones en concepto de prestaciones previsionales, asignaciones familiares y PNC para el Ejercicio 2024 representarían 6,19% del PIB (6,83% si se considera el otorgamiento de bonos todos los meses de año) en el supuesto de que se hubiera mantenido la fórmula prevista en la Ley 27.609.

Para el caso de la fórmula del DNU 274/24, las erogaciones como porcentaje del PIB serían de 6,49% y 7,14% si se considera el otorgamiento de bonos todos los meses de año); es decir, 0,30 puntos porcentuales (p.p.) más que en el escenario de la Ley 27.609 (+0,31 p.p. en prestaciones previsionales, -0,03 p.p. en asignaciones familiares20 y +0,03 p.p. en PNC).

En tanto, la fórmula prevista en el presente proyecto de Ley determina un gasto equivalente a 21,50% del PIB, lo que implicaría 14,67 p.p. más que con la Ley 27.609 y 14,36 p.p. más que con la fórmula del DNU 274/24. Si se lo analiza por componente, en prestaciones previsionales el proyecto bajo análisis resultaría en un gasto de +14,01 p.p. respecto a la Ley 27.609 y de +13,71 p.p. respecto al DNU; en asignaciones familiares de -0,06 respecto a la Ley 27.609 y de -0,02 respecto al DNU 274/24 y; en PNC de +1,36 respecto a la Ley 27.609 y de +1,33 respecto al DNU 274/24.

Cabe aclarar que a partir de la suba del haber mínimo al valor de la canasta básica de adulto mayor prevista en el artículo 1° del proyecto de ley, se asume que no resultaría necesario el otorgamiento de bonos compensatorios para los jubilados y pensionados de menores ingresos.

Impacto del financiamiento del esquema de movilidad

En esta sección se presentan los resultados del ejercicio de estimación de impacto de los artículos sobre financiamiento (10 a 19) del proyecto bajo análisis, que modifica tributos vigentes y crea uno nuevo (art. 18). El costeo presentado en esta sección no incluye previsiones sobre los recursos derivados de las medidas dispuestas en los arts. 14 y 15, ya que esta Oficina no dispone de los elementos necesarios para poder estimar el nivel de regularización de empleo y de los recursos en materia de Aportes, Contribuciones y multas que ello acarrearía. Tampoco se incluye un cálculo del impacto de la anulación de los “beneficios impositivos en favor de las empresas” mencionado en el artículo 12, al no estar identificado el universo de beneficios que se estaría eliminando, ni el plazo para el que dicha anulación aplicaría.

Por otro lado, siguiendo la metodología habitual de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el cálculo de impacto presentado fue elaborado bajo el supuesto de “no cambio de comportamiento de los agentes”.

 

 

En medio de la sesión especial de la Cámara de Diputados de carácter “maratónica”, el jefe del bloque UP, el santafecino Germán Martínez, solicitó que se vote una moción de emplazamiento a comisiones por el tema del financiamiento de universidades, FONID y jubilaciones, pero el pedido fue desestimado por el titular de la Cámara, Martín Menem.

Martínez se basó en los términos del artículo 106 del reglamento interno de la Cámara para que “podamos avanzar en el emplazamiento a las comisiones que tienen giro alrededor de tres proyectos que venimos insistiendo hace un tiempo. El tema del financiamiento a las universidades, el FONID y la movilidad jubilatoria”.

“En uso de la facultad que tiene este Cuerpo es que solicito que se emplace a las comisiones de Educación y de Presupuesto”, planteó y procedió a leer la cantidad de proyectos sobre universidades, FONID y movilidad. Respecto de este último, señaló: “Sobre la movilidad de los haberes jubilatorios destacamos que ya se avanzó en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, falta aún el tratamiento en la Comisión de Presupuesto”.

A continuación, Martínez explicó un cronograma tentativo para que se vote: “Próximo día jueves está convocada la comisión de educación en una reunión informativa respecto al tema universidades y han incorporado a solicitud de los bloques algunos expedientes. Pedimos que el martes 7 de mayo a las 12 horas la Comisión de Educación realice una reunión informativa sobre el FONID, el miércoles 8 a las 12 que la Comisión de Presupuesto realice una informativa sobre la movilidad de los haberes jubilatorios, el martes 14 de la otra semana a las 14 la Comisión de Educación firme dictamen por universidades y FONID y el jueves 16 a las 12 horas la Comisión de Presupuesto para firmar dictamen de haberes jubilatorios y a las 16 para firma de dictamen de FONID y universidades”.

En contraposición, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario José Luis Espert, expresó que “la moción que plantea Martínez es abstracta porque ya está citada a reunión de comisión para el miércoles 8 de mayor a las 16. Así que no hay ninguna necesidad de ningún emplazamiento en esta Cámara por el día de hoy”.

Martínez recogió el guante y le aclaró que lo que están proponiendo es un cronograma de trabajo que va “desde la informativa al momento del dictamen”. “No es la primera vez que se hace en la Cámara y ha permitido, en los casos donde había demoras en convocatorias, que se pueda avanzar al respecto. Hay fecha de inicio y finalización de los tratamientos”, planteó.

Luego, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro – Buenos Aires) le consultó a Martínez si también emplazó a la Comisión de Educación y agregó que “habíamos llegado que convocaba para este jueves para tratar expedientes relativos solamente a financiamiento universitario, ningún otro tema. Los demás temas los podemos ir tratando a medida que avanzamos en comisión porque el jueves voy a plantear un cronograma de trabajo para tratar financiamiento universitario”.

Por su parte Espert volvió a tomar la palabra y le aclaró que hasta tanto no tengan los dictámenes de la evaluación del costo fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre las mejoras en movilidad jubilatoria de los cuatro dictámenes la Comisión de Presupuesto “no se va a mover, no veo la necesidad de adelantar nada porque ya hay una convocatoria”.

El diputado neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN) remarcó que “no se puede desfinanciar la universidad pública, fue un error que cometió el Gobierno. Estamos de acuerdo en que el presupuesto universitario se pueda actualizar por IPC, pero no nos vamos a prestar a ese juego político partidario de algunos que pretendieron utilizar la marcha de miles de argentinos en beneficio de la educación pública tratando de sacar una ventaja política”.

La radical Danya Tavela planteó: “Si queremos avanzar en la solución del tema, hay que respetar las reglas de juego pautadas”, por lo que explicó que en las reuniones informativas tienen previsto avanzar y convocar a autoridades del Ejecutivo porque “al tema del presupuesto universitario hay que tratarlo en serio, no es un arrebato que podemos resolver en cinco minutos en una votación exprés. Espero tener un dictamen de consenso, transversal, inter partidario, que nos involucre a todos”.

La entrerriana Blanca Osuna “no es un tema que surgió de un día para el otro. La iniciativa de tener una sesión para poder en definitiva definir días y horarios para que la comisión convocara. Nos preocupa que se enfoque el tema teniendo tanto el financiamiento como el FONID para tener una mirad integran del sistema. Hay más de 20 proyectos presentados de ambos temas”.

En tanto, la diputada de izquierda Romina Del Plá alertó que los temas planteados son “de enorme urgencia” y que “no pueden ser sometidos a una demora eterna. Nos parece que el cronograma presentado es más acelerado y acertado”.

Finocchiaro insistió en que “en el reglamento de la Cámara quien pone el temario es el presiente consensuando con las demás fuerzas políticas. La realidad es que se vino trabajando, convocamos a los rectores, a los estudiantes. Después de la marcha hablamos con distintos sectores y acordamos hacer una convocatoria para tratar solamente financiamiento universitario. Por supuesto que quedan temas por tratar y los vamos a ir trabajando, pero al acuerdo que llegamos consensuadamente fue que este jueves se trataba financiamiento universitario”.

“El kirchnerismo tiene que acostumbrarse es que hay una nueva realidad y que el consenso no lo necesita siempre para ser mayoría”, remató.

De forma breve, el diputado Hugo Yasky (UP) alertó que “en las provincias hay una cantidad de conflictos planteados por la rebaja salarial docente, estamos pidiendo que los temas se traten y no se cajoneen y si hay acuerdos que sean con todos”.

Sin embargo, a fin de apurar los trámites del tratamiento del paquete fiscal, Martín Menem le aclaró al jefe del bloque UP: “el emplazamiento no es una moción de orden del artículo 127 que son las únicas que desplazan cualquier tema en cuestión y este tema no está entre los solicitados para la sesión, no está habilitado”.

“Si todas las y los diputados que suben flyers por la #MarchaFederalUniversitaria dan quórum al otro día en Diputados y sesionamos, podemos avanzar en una ley que garantice el financiamiento. El martes en las calles. El miércoles en el recinto”, fue el desafío que lanzó Germán Martínez el lunes para azuzar a sus pares a que asistan a la sesión especial que él junto a otros de sus pares pidieron para este miércoles a partir de las 11.

La convocatoria tiene mucho gancho como para poder llegar a buen puerto: UP propone debatir sobre financiamiento universitario, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la fórmula de movilidad jubilatoria. Y se da nada menos que al día siguiente de la masiva marcha en defensa de la universidad pública.

Sin embargo, no hay muchas chances de que los convocantes puedan llegar a reunir 129 presencias. Tal cual lo anticipado por parlamentario.com, los bloques dialoguistas, en negociaciones con el oficialismo por la ley de bases y el paquete fiscal, no comparten la estrategia de Unión por la Patria. Sugieren “no gastar todas las balas”, en referencia a llamar a otra sesión, teniendo en cuenta que ya están muy avanzados con el debate de movilidad jubilatoria, que ya tiene dictamen en una de las dos comisiones que deben tratar el tema, en tanto que sobre las universidades ya hubo un anuncio oficial de giro de fondos.

Es más, desde esas filas habrían sugerido al oficialismo que convoque a las comisiones involucradas en los temas a tratar en esta sesión, de modo tal de adelantarse al emplazamiento que podrían disponer desde la oposición más dura. Es lo que ya hicieron cuando la fallida sesión para tratar movilidad jubilatoria.

El temario de la sesión incluye proyectos presentados por el Frente de Izquierda, bloque de 5 integrantes que dará quórum. Pero además hay iniciativas de radicales y uno de Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, sobre el FONID.

Para llegar a los 129 necesarios para el quórum, son clave los bloques dialoguistas. Allí hay sectores dispuestos a sumarse a la reunión, a partir de las 11. Hay un grupo de legisladores de la UCR referenciados en Facundo Manes y un puñado de sus compañeros del sector de Martín Lousteau, claramente identificados con la causa universitaria, como Danya Tavela, que se sumarán.

En Hacemos Coalición Federal, la cordobesa Natalia de la Sota -que suele desmarcarse de sus comprovincianos-, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón y la mencionada Stolbizer fueron, por ejemplo, los integrantes de la bancada que conduce Miguel Pichetto que estuvieron presentes en la jornada contra el DNU 70/23 que se realizó días atrás con abogados constitucionalistas.

Lo cierto es que tanto UCR como HCF no tenían posición unificada ante la sesión.

Ninguno de los proyectos incluidos en el temario cuenta con dictamen de comisión, por lo cual, en caso de abrirse la sesión, necesitarían dos tercios para su tratamiento sobre tablas. De ahí la estrategia de apostar al emplazamiento.

Como primer tema, aparecen las iniciativas referidas al financiamiento universitario, un tema que ocupará la agenda pública el día anterior con la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. El pasado miércoles, legisladores de la oposición escucharon a estudiantes en el Anexo de la Cámara baja. En la mesa principal estuvieron Blanca Osuna y Tomás Ledesma, de UP, pero también Tavela, Stolbizer y Paulón.

En el encuentro, los invitados reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.

Los proyectos contemplados para la sesión son pedidos de emergencia presupuestaria universitaria, impulsados por Romina del Plá (FIT), Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP). También hay otro de Mónica Litza (UP) con la modificación del incremento y actualización de presupuesto para las casas de altos estudios.

A su vez, una iniciativa de Danya Tavela (UCR) sobre un régimen de financiamiento universitario; una de Pablo Carro (UP) que propone financiamiento de las universidades a partir de recaudación que surge de la promoción de la economía del conocimiento; y otra de Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.

Por otra parte, hay un conjunto de proyectos referidos a la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, al cual el gobierno de Javier Milei le puso fin. Con distintos plazos de prórroga, y algunos que promueven su vigencia permanente, hay propuestas de Máximo Kirchner, Ariel Rauschenberger, Silvina Ginocchio (UP); Julio Cobos, Danya Tavela (UCR); Margarita Stolbizer (HCF) y Romina del Plá (FIT).

El tercer bloque tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria, tema sobre el cual ya hubo dictamen en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero la oposición quiere acelerar su discusión en Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, quien se ha mostrado sin intenciones de convocar para tal fin.

La semana pasada se firmaron tres dictámenes. El de UP, de mayoría (13 firmas), propone mantener la fórmula que combina RIPTE y recaudación de la ANSeS -la que el Gobierno suspendió por DNU- de manera trimestral, incorporando adelantos mensuales atados a la inflación. Asimismo prevé un 30% de recuperación para los haberes.

En tanto, el dictamen de la UCR y HCF (7 firmas) estima un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, ajustar por IPC, pero contempla adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. A su vez, establece un plus de 8,1% para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, al 12,5% que el Ejecutivo estableció para abril por DNU.

Finalmente, el dictamen de la izquierda (una firma) indica que ningún jubilado podrá percibir menos que el monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor. Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual sea más favorable. E insiste con el 82% móvil.

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un escrito al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para solicitar una sesión especial con fecha del próximo miércoles 24 de abril y así tratar la modificación del Presupuesto con una actualización dirigida a las partidas para universidades nacionales.

El día después de la marcha nacional de las universidades públicas para este martes 23 de abril, la oposición pretende debatir el tema en el recinto. El último miércoles, organizaciones estudiantiles debatieron con legisladores de UP, el FIT, la UCR y HCF, donde ampliaron la cuestión. 

En el encuentro reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.

El temario inicia con el pedido de tratamiento de la iniciativa de Romina del Plá para declarar la emergencia presupuestaria de las obras sociales de universidades nacionales; y otro de Mónica Litza con la modificación del incremento y actulización de presupuesto para las casas de altos estudios.

Se incluyó, también, el proyecto del diputado nacional Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.

También, están incluidos los pedidos de declaración de emergencia presupuestaria del sistema universtiario impulsados por Christian Castillo (FIT-U) y Julia Strada (UP).

Cabe recordar que el presidente de la Nación, Javier Milei, prorrogó el Presupuesto 2023 para el este período a través del DNU 88/2023 a pocos días de asumir en el Gobierno Nacional. El tratamiento de la Ley de Leyes para este año quedó suspendida acuerdo mediante entre el libertario y Sergio Massa, exmnistro de Economía, en el marco de las elecciones presidenciales.

En esa línea, buscan llevar al recinto el reclamo de la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Desde la oposición han explicado anteriormente que al prorrogarse el Presupuesto 2023, “se autoimpone la continuidad del FONID”.

Creado en 1998 y revalidado período tras período, para este año el Gobierno Nacional decidió no continuar con la prórroga, por lo que perdió vigencia el 1ero. de enero del 2024 tras casi 25 años de validez .

El temario propone tratar varias iniciativas de UP, el FIT, el radicalismo y uno de Margarita Stolbizer  donde exigen reestablecer la vigencia del FONID desde el 1ero. de enero de 2024 y su prórroga por 1, 2, 4 y 5 años. Todos los proyectos se presentaron en el inicio del año.

Por otro lado, están incluidos en el temario que pretenden llevar al recinto los diferentes dictámenes avalados esta semana por la Comisión de Previsión y Seguridad Social respecto a la modificación de la fórmula previsional.

Los 5 textos fueron presentados por las bancadas de Unión por la Patria (13 firmas), el bloque de la UCR junto a Hacemos Cambio Federal (7 firmas), y el Frente de Izquierda (una firma). En tanto, el bloque oficialista de La Libertad Avanza, junto al Pro, habían presentado un dictamen en defensa del DNU 274/2024 (otorgó aumento por decreto a las jubilaciones).

El pedido para sesionar lleva la firma de 24 diputados de UP. Entre otros, están las del jefe de bloque Germán Martínez, la vicepresidenta primera Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Blanca Osuna, Mónica Macha, Máximo Kirchner y Carlos Heller.

📄 • El bloque de UP solicita #SesiónEspecial para el próximo miércoles 24 de abril, a las 11.

El financiamiento de las Universidades, el Fondo de Incentivo Docente y las Jubilaciones no pueden esperar.

Tratamiento URGENTE en el recinto.

📎 Se adjunta pedido. pic.twitter.com/23kyCfpclK

— Diputados UP (@Diputados_UxP) April 19, 2024

La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a cargo de la radical Gabriela Brouwer de Koning, se reunió este martes para emitir los dictámenes sobre una reforma del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Es la cuarta reunión que la comisión mantiene, en la primera de ellas los autores de los proyectos expusieron las principales ideas de sus textos, en las dos siguientes fueron invitados funcionarios de la ANSeS y expuso una treintena de invitados.

En medio de ello, el Gobierno nacional emitió el DNU 274/24 a través del cual se dispuso que las prestaciones previsionales serán actualizadas todos los meses de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC. El aumento extraordinario que el Gobierno da para compensar la pérdida ante la inflación es de 12,5%, que contraría lo que reclama la oposición, por arriba de los 20 puntos.

El fin de semana pasado se conoció el proyecto de UP para mejorar las jubilaciones y pensiones, brindando un aumento por única vez del 30% para todas las prestaciones, de forma tal de compensar lo perdido en los últimos meses. Desde el bloque habían solicitado apurar el dictamen, pero ello no garantiza todavía que el proyecto vaya a llegar al recinto ya que sucede que todavía falta que lo trate Presupuesto y Hacienda, cuyo titular José Luis Espert no está dispuesto a convocar a su comisión para algo que no pueda llegar a dominar. ¿Cuál es la estrategia opositora en ese caso? En la próxima sesión buscarán hacer un emplazamiento a esa comisión.

Al inicio de la reunión, la titular de la comisión destacó el compromiso con el cronograma de trabajo que se propusieron “acorde a las exigencias de la sociedad”, pero también “poder hacer un debate serio, profesional y responsable en este tema tan sensible que son los haberes y pensionados del país”.

Brouwer de Koning ponderó el análisis que se hizo de los 17 proyectos presentados porque “cada uno tenía aportes interesantes para el debate”. “Le dimos una apertura total, integral y cabal al tema para escuchar las diferentes voces y así poder tener el aporte de todas las miradas de quienes quisieron participar”, resaltó sobre la reunión informativa.

En tanto, la radical remarcó que se trabajó “sin prejuicios, con una apertura objetiva analizando los diagnósticos donde hubo una coincidencia mayoritaria en tres temas”, y detalló: “El empalme del 12,5% que dio el DNU donde para muchos resultó insuficiente de acuerdo al deterioro que tuvieron los haberes por la inflación del país”.

“Segundo todo lo que implicó en las proyecciones económicas donde el DNU plantea un índice de actualización de IPC que la mayoría de los proyectos de la comisión lo proponían, pero dejaban un efecto de que si había variaciones salariales el haber no tenía ningún movimiento y se planteó qué pasaba en esa situación. Hubo fallos que plantearon que en esas cláusulas se tenía que tener encuentra las variaciones salariales”, precisó.

NOTICIA EN DESARROLLO

Presidida por la radical Gabriela Brouwer de Koning, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para continuar el debate respecto a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Este tercer encuentro, de carácter informativo, se llevó a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C y contó con la presencia de diferentes invitados académicos y especialistas en la materia.

Entre los invitados estuvieron: Jorge García Rapp, Javier Couly, María Lucila Colombo, Olivia Ruíz, Leiza Centurión Olguín, Daniel Elías, Mario Sioca, Eduardo Martínez, Liliana Lagormarsino, Inés Halm, Sandra Zapatero, Ana María Verde, Rosa Sorsaburo y Adrián Trócoli.

En el cierre de la reunión, la titular de la comisión confirmó que el próximo martes 16 de abril a las 16, el dictamen unificado con la modificación de la Ley 24.241 sobre Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones estará listo para llegar al recinto de la Cámara de Diputados.

Las exposiciones de los invitados

El presidente de la Asociación Argentina de Derecho de la Seguridad Social, Jorge García Rapp, señaló que la fórmula previsional “es un triángulo de sustentabilidad del sistema, cobertura y suficiencia de las prestaciones”. “La movilidad debería ser ascendente”, cuestionó.

Luego, el abogado especialista en Previsión Social y asesor de la UCR en la Cámara de Diputados pampeana, Javier Couly, expresó que “el fin de la movilidad es para preservar el poder adquisitivo de los jubilados en el tiempo”, pero advirtió: “Debemos evitar litigiosidad y tiene que ser uniforme para todos”.

Asimismo, al igual que posteriores invitados, exigió que “la inflación tendría que estar como cláusula gatillo y no como variable a considerar”.

Por su parte, María Lucila Colombo sostuvo que “las moratorias no son gratuitas”, y recordó que “la de Néstor Kirchner fue la más extraordinaria en cuestión de género”. “Actualmente hay una enorme dificultad de las mujeres para adquirir trabajo remunerado”, cerró.

La representante de la CTA Autónoma, Olivia Ruiz, cuestionó al DNU 70/2023 y aseveró: “Nos pronunciamos en contra de las AFJP porque queremos un mejoramiento del sistema previsional”. También, indicó que “antes de una nueva ley, hay que sancionar algo que equipare la canasta de alimentos de los adultos mayores y los beneficiarios de ANSES”.

Las críticas al Gobierno Nacional no se hicieron esperar: la gremialista afirmó que “vamos camino a los 90 con las AFJP”, y relató que “$60.000 gana una persona colgada por las AFJP”.

Del mismo modo, señaló que “el DNU 274/ 24 (aumento de jubilaciones) se tiene que bajar”, y exigió que “debe haber un ajuste de las jubilaciones para tener una movilidad real y garantizar el buen vivir”.

La abogada y miembro del Instituto de Previsión Social de Corrientes, Leiza Centurión Olguín, manifestó: “Habría que delinear si se quiere defender la previsión de la capacidad de consumo, ahorro o las dos cosas”. Se vanaglorió del sistema correntino y cuestionó que “han recibido poca ayuda financiera de ANSeS”, en los últimos años.

A su vez, el abogado rosarino, Daniel Elías, afirmó que “la capacidad de consumo de los jubilados está por debajo de la de 2022”. “Arrancamos mal con la 24.241 porque la determinación del haber inicial es el 1.5% por cada año de aporte de los 35, tomando como base los últimos 10”, añadió.

En tal sentido, consideró que “los jubilados siguen perdiendo cada vez que se cambia la fórmula de movilidad”, y cerró: “Un reordenamiento de la movilidad jubilatoria y la reparación de lo perdido son urgentes porque sin seguridad social no hay paz social”.

En representación del Sindicato de Trabajadores Pasivos, Mario Sioca, afirmó que “con el DNU 70/2023 venimos padeciendo un genocidio violento”. También, el integrante del plenario de jubilados de CABA, Eduardo Martínez, criticó que “un jubilado cobra 200.000 pesos y la miseria multiplicada por miseria da más miseria”.

“Estamos discutiendo el sexo de los ángeles y no estamos discutiendo que muchos no pueden acceder a una pensión. Si ese DNU sigue vigente, los jubilados no vamos a ningún lado”, enfatizó.

La exgerente previsional de la ANSES, Liliana Lagormasino, fue por otro lado y señaló que “debemos aumentar la recaudación”. En esa línea cuestionó a los regímenes diferenciales por cuánto se debe aportar para jubilarse.

La asesora técnica legislativa en seguridad y previsión social, Inés Halm, reclamó que “los recursos de la seguridad social deberían estar blindados para dar jubilaciones, pensiones, AUH y seguros de desempleos”. “Todo el resto de subsidio debe ir a otra caja”, explicó.

Desde la CTA de los trabajadores, Sandra Zapatero, señaló que “toda persona tiene derecho a la seguridad social”, y agregó: “La sustentabilidad de la seguridad social es una decisión política”

La jubilada y miembro de UTJEL (Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha), Ana María Valverde, cargó contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y amplió: “Con la base de 130.000 pesos, pongan el ítem que quieran, nos van a llevar a la indigencia”. “¿Ustedes podrían vivir con $204.000? Este Gobierno pretende que nos quedemos en una suma congelada en julio”, cuestionó.

Además, apuntó que “los jubilados somos los que el Gobierno quiere llevar más rápido a la tumba y al crematorio”. En el final, le envió un mensaje a la Cámara de Diputados: “Deben ser derogados los DNU del Gobierno que atacan a los jubilados”.

Por la Asociación Bancaria, Rosa Sorsaburo, pidió una fórmula de movilidad jubilatoria para “recuperar lo perdido” y remarcó, al igual que varios expositores, “establecer clausula gatillo para que se compense con la inflación”.

Finalmente, desde la Asociación Previsionalista, Adrián Trócoli, presentó unos gráficos y afirmó que “la Ley debe cambiar la fórmula de movilidad”. Tomando como referencia una acordada de la Corte Suprema de Justicia explicó que “el objetivo de la movilidad debe ser mantener el poder adquisitivo de las prestaciones”.

En el final, sostuvo que “Argentina no cumple tratados internacionales”, y concluyó: “Hay que aumentar un 100% las jubilaciones porque hoy los jubilados están cobrando menos de la mitad de lo que cobraban en 2017”.

La titular anunció el fin de las exposiciones

De cara al dictamen, la presidenta de la comisión Brouwer de Koning anunció una reunión para el martes próximo (16 de abril) a las 16. La idea es que ese día el proyecto con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria avance hacia el recinto.

El diputado nacional Christian Castillo (FIT- U – Buenos Aires) señaló que “debemos dictaminar la recomposición”, y anticipó que desde su bloque “vamos a elaborar nuestro dictamen para replantear esta cuestión con el índice que dé mejor”.

Antes de terminar, cargó contra el jefe de Estado e ironizó: “Discutimos jubilaciones, mientras el ‘gatito mimoso’ está de viaje en Miami”.

También, el diputado nacional Itaí Hagman (UP – CABA) relató que “hemos presentado un proyecto de ley planteando una serie de puntos para establecer un nuevo piso de la jubilación mínima y segundo, plantear una recomposición de haberes”. También, cuestionó que el DNU de movilidad jubilatoria “haya sido ahora y no enero”

En el cierre, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, le consultó a las autoridades de la comisión respecto a las posibilidades de sacar el dictamen en esta reunión. Desde la Presidencia, le confirmaron que “no se pasará de la próxima reunión”.

A cargo de la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR), la Comisión de Previsión y Seguridad Social se reunirá este miércoles 10 de abril a las 16.30 en el Anexo “C” del segundo piso para continuar el debate y las exposiciones respecto a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

En esta tercera reunión, nuevamente, fueron invitados académicos y especialistas en la materia para dar testimonios a la iniciativa de modificación de la Ley 24.241, la cual establece que las jubilaciones y pensiones serán expresadas en unidades de valor adquisitivo (UVA), excepto las provenientes de regímenes especiales.

En el encuentro del jueves pasado, estuvo presente el director de ANSES, Mariano de los Heros, quien defendió el decreto de necesidad y urgencia 274/24, por medio del cual el Gobierno Nacional modificó la fórmula de movilidad jubilatoria y estableció un cronograma de transición de tres meses, contemplando el índice IPC, pero el cálculo comenzará a regir plenamente en julio.

En contraposición, expusieron en la segunda reunión de esta comisión, más de una veintena de invitados, quienes en su amplia mayoría se opusieron al aumento por DNU y consideraron avanzar en una nueva fórmula. Varios de los invitados criticaron que el aumento por decreto “hunde al décimo subsuelo los haberes jubilatorios”.

La diputada nacional Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) cuestionó al Gobierno por el DNU que establece el aumento de la movilidad jubilatoria: “Recurrir de manera tan repetida a los DNU nos pone en una situación”.

En declaraciones radiales la integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social se refirió a la reunión de este jueves a la que asistieron funcionarios que expresaron su postura sobre la nueva fórmula jubilatoria y mostró su desacuerdo: “Si agregamos que es para definir cómo va a ser el cobro de las jubilaciones, los jubilados quedan sujetos a la decisión de un funcionario”.

Además, habló de las polémicas dentro del recinto cuando se presentó Alejandro Chiti, exsecretario de Seguridad Social, para “disertar en favor del gobierno, sin estar designado oficialmente ni poseer cargos actualmente”, y dijo que “no aportó ninguna cosa novedosa y sólo vino a defender el DNU, ni nos convencieron que sea algo bueno para los jubilados”.

Con respecto al aumento de tarifas expresó su conformidad, pero señaló que “debe haber información más certera, los aumentos ser progresivos y contar qué harán con quienes no puedan pagar”.

Finalmente, se refirió al tratamiento del nuevo proyecto de Ley de Bases y mostró su preocupación: “Sobre el borrador que vimos, puedo decir que salió lo más horrible de lo que era la Ley Ómnibus”, y agregó que para ella “el piso de Ganancias debería llegar a 1.8000.000 o 2.000.000. El Gobierno tiene diferencias en las conversaciones con gobernadores del Norte, del Sur y los que son de la zona núcleo. Debe encontrar una fórmula de equilibrio”.

La Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por la radical Gabriela Brouwer de Koning, recibió este miércoles a más de una veintena de invitados -funcionarios y especialistas- para debatir acerca de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La presencia del titular de la ANSeS se conoció poco antes del comienzo de la reunión, pues al principio parecía que nadie iba a asistir por el Gobierno. Pero además de Mariano De los Heros, por el Poder Ejecutivo asistió el abogado Alejandro Chiti, exdirector General de la ANSeS durante el último año del gobierno de Mauricio Macri. Su participación despertó el fuerte reclamo de la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, quien advirtió que no está designado en ningún cargo.

Primer orador, Chiti explicó el DNU y señaló que “en la transición” de abril, mayo y junio, el jubilado recibirá “lo mejor de las dos fórmulas, la que dé más”. Al referirse al concepto de “movilidad”, sostuvo que “la movilidad no es para recomponer jubilaciones, la movilidad es para mantener el valor de las jubilaciones. Los jubilados no tienen que ganar con la movilidad, tampoco perder”.

“Si hay que recomponer no se hace con la movilidad, sino se hace recomponiendo en el período puntual que hubo pérdida o deterioro del haber”, agregó sobre una postura que despertó los cuestionamientos posteriores desde UP.

Chiti manifestó que la fórmula sancionada durante el gobierno del Frente de Todos era “desastrosa” y “llevaba a los jubilados a jugar a la ruleta cada tres meses”, mientras que el nuevo cálculo adoptado por DNU “es excelente, probablemente la mejor que hayamos tenido, porque garantiza que los jubilados nunca más van a perder contra la inflación”. “Hoy la tienen gracias a un DNU del presidente, sería excelente y un gran alivio para los jubilados que la tengan ratificada en una ley”, completó sobre la fórmula.

Ante preguntas respecto de la pérdida de los jubilados en sus haberes y una puntual de la diputada macrista María Eugenia Vidal sobre el descalce, que a juicio del Pro generaría una pérdida para los jubilados de 8%, Chiti ratificó que “la movilidad es para mantener, no para recomponer”. Luego ejemplificó que la inflación desde enero a junio va a ser, según el Banco Central, de 108% y “los aumentos por movilidad que va a dar el Gobierno van a dar 107%”, con lo cual estimó que la pérdida estaría bastante compensada. “Lo mejor es dar (una compensación por) inflación, y garantizar para siempre que no va a haber más pérdida de poder adquisitivo”, sumó.

A su turno, el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, defendió el cambio de la fórmula de movilidad por DNU y afirmó que “acá no nos estamos ahorrando nada”. En ese sentido, precisó que los aumentos estipulados para abril, mayo y junio, antes que el cálculo comience a regir plenamente en julio por IPC, rondan alrededor de los 2 billones de pesos.

En el arranque de su exposición, el funcionario mencionó que con la fórmula que se acaba de anular el aumento para junio hubiese sido de 34,1%. “Con los adelantos que se van a dar durante este período, de abril, mayo y junio, como adelanto a la movilidad que va a entrar en pleno vigor a partir de julio, se va a estar otorgando a los jubilados un 63,1%. Este es el esfuerzo fiscal que hace el Gobierno al establecer esta nueva movilidad”, señaló.

Por otro lado, cuestionó las jubilaciones que se dieron por moratoria y detalló que “de 45.000 jubilaciones promedio que otorga ANSeS, 30.000 corresponden a trabajadores que compran sus aportes por moratoria, sólo 15.000 son trabajadores que cumplen con los 30 años de aporte y la edad requerida”. No obstante, aclaró que estas jubilaciones “son derechos adquiridos y eso no se puede cambiar. El daño que se le provocó al sistema previsional ya está provocado”; al tiempo que “la reforma previsional que ustedes vayan a sacar tiene que durar 30 años”, sugirió.

Tras dos horas de exposiciones de Chiti y De los Heros, comenzó el desfile de invitados. El primero en hablar fue Rafael Rofman, licenciado en Economía, quien afirmó que hay temas que requieren resoluciones de fondo. “Hay que pensar en el tema fragmentación; alguien habló de los regímenes de privilegio, a mí ni me gusta hablar de los regímenes de privilegio -porque si en algo estamos de acuerdo es que ‘los privilegiados son los otros, no yo’-, me gusta hablar de régimen de excepción. Del régimen general, que es lo que estamos discutiendo acá, menos de la mitad se jubilan por ese régimen”, apuntó.

En ese sentido, enumeró que “tenemos régimen diferencial; regímenes especiales; regímenes provinciales; retiros militares y de fuerzas de seguridad; pensiones no contributivas; cajas profesionales… todo eso aumenta el ruido. Hay que ordenar el sistema, que es muy caótico y sale muy caro”. “En general los economistas decimos que no hay cosas gratis, pero lo que sí hay en la economía es grados de ineficiencia que hay que resolver”, continuó y explicó que “el sistema argentino es muy ineficiente, gasta mucho en función de los resultados que tenemos. Argentina podría hoy pagar beneficios que fuesen en promedio cerca de un 50% más de lo que son con el mismo nivel de gasto agregado. ¿Cómo? Pagándole menos a gente joven, porque tenemos muchísima gente joven cobrando por estos regímenes de excepción; no pagando beneficios duplicados -más de un millón que cobran más de un beneficio-. Si ordenamos todo eso, mágicamente tenemos plata para contener el gasto y al mismo tiempo mejorar la calidad del sistema”. No obstante, admitió que esto “es difícil, requieren acuerdos políticos”.

Más tarde fue el turno del defensor de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semino, quien enfatizó en relación a los jubilados que “nadie puede vivir con 230 o 240 mil pesos en Argentina, dejemonos de joder. No existe. ¿De qué estamos hablando? O con el reajuste de 40 mil pesos de este mes, mil pesos por día, no llegan a comprar medio yogur”.

“El problema que vemos nosotros es que todo esto está en el marco de una catástrofe humanitaria. Los viejos como yo se mueren, no ahora, hace tres meses, no pueden comprar medicamentos, no pueden comer, no puede tener una habitación. Y no hay tiempo de la recomposición y vamos a ver…”, expresó.

El exdiputado nacional y jubilado del gremio gráfico, Néstor Pitrola, cargó contra el Gobierno y señaló que “estamos ante los reyes de confiscar a los jubilados en cada empalme de fórmula”. Asimismo, agregó que “la prueba más nítida del continuismo de esta política capitalista, es que ahora Milei se vale de la formula peronista ruinosa extendiéndola hasta julio”.

Al igual que varios invitados de esta reunión, hizo hincapié en que “en el ajuste brutal de enero y febrero, hubo una caída del 39% en las jubilaciones”, y le pegó de lleno al Gabinete Nacional: “Mienten cuando dicen que el Estado financia a los jubilados porque son los jubilados los que financian al Estado”. “Los jubilados siempre pierden y el FMI siempre cobra”, cerró.

El análisis de Ismael Bermúdez

El economista y periodista, Ismael Bermúdez, habló por más de 15 minutos y presentó un detallado análisis previsional de los últimos 40 años. En primera instancia, recordó sus críticas hacia las fórmulas de movilidad jubilatoria en los gobiernos de Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner –sin nombrarla-, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

A todo esto, afirmó que “el DNU es engañoso y pidió atención”, y cuestionó: “¿Dónde está el engaño? Los 200.000 jubilados docentes están excluidos. Hay un 1.4 millones, con 30 años de aportes que tienen derecho al 82% por una ley del 2018, que van a cobrar solo un 2,11% por encima de lo que cobraron en marzo”.

En esa línea, señaló que “el Gobierno se olvidó o se avivó y no convocó al Consejo del Salario Mínimo”. “Hay 5.400.000 jubilados que van a cobrar entre 0 y como máximo un 18% de aumento”, aseveró el periodista, mientras Brouwer de Koning le remarcaba que el tiempo de exposición se terminaba.

Sin embargo, siguió mucho más: “Nada que ver con el 27,4% que surge del DNU porque a raíz de esto, estuve indagando con jueces que me dijeron que esto es ilegal”. “Lo llamé al expresidente de la Cámara de Seguridad Social René Herrero y me dijo que ‘es inconstitucional otorgar aumentos diferenciados hacia arriba o hacia abajo’”.

También, añadió que “está lleno de juicios porque se estuvo otorgando aumentos diferenciados hacia arriba o hacia abajo”, y explicó que “hacia abajo es más grave porque perjudicas a personas en situación de pobreza”.

Asimismo, indicó que “el DNU dice que la fórmula de Alberto Fernández se mantiene hasta junio y con eso, habrá un período de 3 meses donde van a coexistir ambas fórmulas”.

Basado en números del Banco Central, Bermúdez anticipó que “los haberes en abril van a estar con una suba del 62%, pero la inflación (acumulada) va a ser del 72,4%. Quiere decir que las jubilaciones van a caer en abril”. A su vez, añadió: “En mayo, la suba será del 83,58, pero la inflación en el 89,7%”.

Así las cosas, advirtió que “en junio, podrían estar casi empatados”, pero dilucidó: “Es ahí cuando viene el DNU y dice ‘acá paramos’ y es el momento donde más bajo van a estar las jubilaciones”. “El DNU va a dejar a las jubilaciones en el décimo subsuelo de por vida”, sentenció.

Para Bermúdez, este decreto trae “una pérdida vitalicia” y pidió que “las formulas del Alberto y la de IPC convivan en el tiempo”. “Este DNU logra, primero, que sigan cayendo haberes hasta julio y, segundo, que se perpetúe de por vida la caída monstruosa que viene del 2011”.

Para culminar su análisis, Ismael Bermúdez criticó al máximo tribunal de justicia: “La Corte Suprema debe tener, guardados bajo candado, fallos de segunda instancia y sigue sin pronunciarse”, respecto a los aumentos anteriores que no lograron recomponer haberes jubilatorios.

En medio de las exposiciones de los invitados, el diputado nacional Juan Marino (UP – Buenos Aires) pidió la palabra para denunciar que “un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires le arrojó gas pimientas durante la represión a jubilados en las afueras del Congreso”. El legislador presentaba una mancha en su cabeza.

El resto de los expositores

Por otra parte, Marisa Graham, la defensora de los derechos del niño, niña y adolescente, planteó la necesidad de imponer fórmula de movilidad a la Asignación Universal por Hijo y explicó que “la seguridad social es un derecho humano, no un plan asistencial”.

Con el tiempo compartido, Facundo Hernández, defensor adjunto de los derechos del niño, niña y adolescente, planteó la misma cuestión, pero dirigida a la Tarjeta Alimentar. “Pedimos que se amplíe hasta los 17 años –actualmente es hasta los 40-”. Además, planteó que “el Programa Progresar también debería tener un componente de actualización”. Más tarde, el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF, Sebastián Waisgrais, se refirió al mismo tema.

El vicepresidente de la Asociación de Abogados Previsionalistas, Federico Despoulis, intervino como orador y dejó clara su postura frente al DNU: “Que el Poder Ejecutivo no se entrometa y que esto sea un tema a resolver en el Congreso de la Nación”. En esa línea, afirmó que “nadie va a estar en contra de qué un jubilado gane 700.000 pesos, pero el Congreso tiene la obligación de que eso sea proporcional”.

También, cuestionó que “en los últimos 40 años de democracia, en solo nueve no hubo inflación y esta ley debe tener un tope cada seis meses”, en relación a la recomposición. “Lo mejor que pueden hacer es englobar estos proyectos a efectos de mejorar los ingresos jubilatorios”, consideró.

La abogada y procuradora María Susana Bossa remarcó que “necesitamos un cambio de fórmula”, cuestionó que “la inflación de enero fue del 20% y el aumento del decreto del 12,5”. Así las cosas, exigió que “debemos recomponer, como mínimo, desde 2017”.

Antes del cierre de la reunión, el abogado previsionalista, Christian González D’Alessandro¸ cuestionó a los diputados nacionales que se habían retirado antes: “Es una falta de respeto. Después se quejan de los trabajadores ñoquis. Después no juzguen y señalen con el dedo a los trabajadores del Estado”.

Del mismo modo, agregó: “Tienen la llave para llevarle dignidad a los jubilados”, y enfatizó que “la propuesta de Milei consolida la pérdida de poder adquisitivo que no esperan recuperarse hacia adelante. Se estima que la pérdida (irrecuperable) rondará entre los 30 y 33 por ciento”.

“Javier Milei le está destruyendo el bolsillo a los jubilados. Hoy 8 de cada 10 jubilados no logran solventar la canasta básica y les hace pagar el ajuste a quienes trabajaron toda la vida”, aseveró el abogado. “No sean cómplices, acá no hay grises. Si no derogan el DNU 70/2023 serán responsables de condenar a la miseria a quienes pueden ser sus padres y sus abuelos”, cerró.

Finalmente, la licenciada en Economía Política, Emilia Eugenia Roca, cuestionó “la falta de seguridad jurídica”, y enfatizó que “la jubilación es un derecho y nace desde nuestra situación como trabajadores”. Terminadas las exposiciones, la presidenta de la comisión Gabriela Brouwer de Koning dio por terminada la reunión.

En el arranque del encuentro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados realizada este jueves para analizar la conformación de una nueva fórmula de movilidad, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió “llevar este tema al recinto lo más urgente posible” y que el próximo martes se dictamine. También dijo que, posteriormente, si la Comisión de Presupuesto no convoca, “vayamos al recinto a emplazar a (José Luis) Espert”; es decir, a obligar -si se reúnen los votos- a una reunión a esa comisión con día y hora.

El titular de la principal oposición ya había adelantado la semana pasada la intención de su bancada de reclamar una nueva reunión para el martes 9 en la que pudieran avanzar con el dictamen. Así las cosas, el diputado santafesino cumplió, y en el inicio de la reunión de la Comisión de Previsión sugirió que tras la informativa de este jueves, “avancemos en una deliberativa el martes que viene para emitir dictamen. Después de lo de hoy, es urgente que nosotros dictaminemos y es urgente que este tema llegue al recinto”, sostuvo.

“Somos los diputados los que vamos a marcar los tiempos de este debate -continuó-. Estoy seguro de que hay una comisión que quiere llevar adelante este tema sin dilaciones, sin mirar para el costado, sin estar atentos a las zanahorias que pone el Gobierno” para demorar el tratamiento del tema.

Germán Martínez destacó que “los debates se dan en un contexto”, y a continuación mostró la tapa de los diarios Clarín y La Nación, “por si alguno no se enteró -dijo-, hablando del tarifazo en gas, de entre el 350 y 450%”. Así las cosas observó que “estamos dando un debate en momentos que se multiplican los despidos”, y puso de relieve los que están registrándose en la ANSeS, al tiempo que alertó sobre un “apriete” del Gobierno a los gobernadores: “‘Sin ley Base no hay plata’, dicen los diarios”, enfatizó.

Luego hizo referencia a las quitas del Gobierno nacional a las provincias, citando el Fonid, el Fondo Compensador del Transporte y las cajas transferidas a la Nación, alertando que “la cantidad de cosas que no hace Nación, las termina haciendo las provincias”, y sumó a la lucha contra el dengue, que el Gobierno nacional ahora ha dicho que le corresponde también a las provincias. En ese contexto, Martínez sostuvo que “tenemos que tener en la Cámara de Diputados una actitud más audaz”.

En este marco, admitió el problema que representa que Presupuesto y Hacienda, que conduce José Luis Espert, no esté participando del debate, lo que demorará el tratamiento en el recinto, pues el tema tiene giro también a esa comisión. “Si, falta Presupuesto, falta Espert, a quien se menciona para reemplazar al ministro de la deuda 100 años… -ironizó Martínez-. Y si Espert no quiere, tenemos que ir al recinto a emplazar a Espert”, sugirió.

Para Martínez, “necesitamos actuar con urgencia, en este y todos los temas que venimos trabajando. Mientras tanto, que el Gobierno le venda espejitos de colores a quien quiera. El martes tenemos que dictaminar y llevar al recinto (el tema) cuanto antes”, concluyó.

Le contestó la presidenta de la comisión, la radical Gabriela Bouwer de Koning, quien dijo compartir la urgencia en este debate. “Por eso abrimos el debate en esta comisión. Vamos a tomar su sugerencia de ver si hacemos una reunión el martes. Y si todos están dispuestos, lo antes posible tener ese texto escrito para ponerlo sobre debate y tratar de aprobarlo”.

"Este tema no da para más y necesitamos avanzar en una reunión deliberativa el martes que viene para poder emitir dictamen de comisión. Es URGENTE que llegue al recinto" #ConLosJubiladosNo https://t.co/7M8z7Kt439 pic.twitter.com/JfBC6U6RyA

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) April 4, 2024

Tras la decisión del Gobierno nacional de avanzar con el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria por DNU-y establecer un esquema de aumentos para abril, mayo y junio-, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a cargo de la radical Gabriela Brouwer de Koning, convocó a una nueva reunión para continuar debatiendo el tema.

El encuentro será de carácter informativo con invitados referentes a la temática que expondrán a partir de las 11 de este jueves 4 de abril en el Anexo “C” del 2do piso.

Será la segunda reunión que tendrá la comisión para debatir movilidad jubilatoria. La primera se llevó a cabo el pasado 21 de marzo donde los autores de los 16 proyectos presentados explicaron los principales puntos de sus iniciativas. En dicha jornada, también se cuestionó al libertario José Luis Espert como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por no haber convocado a un plenario y agilizar los tiempos.

Luego de que la oposición inició el debate en la Cámara baja sin la conformidad del oficialismo, que quería esperar a la nueva ley de Bases, cuatro días después el Gobierno oficializó el decreto de necesidad y urgencia 274/24, por medio del cual modificó la fórmula de movilidad jubilatoria. La norma establece un cronograma de transición de tres meses, contemplando el índice IPC, pero el cálculo comenzará a regir plenamente en julio.

Al respecto, Brouwer de Koning sostuvo en diálogo con parlamentario.com que “hay mucha predisposición (en los distintos bloques) para poder lograr puntos en común”, porque “la idea es mejorar el haber jubilatorio y darle mayor previsibilidad en el tiempo a los jubilados”.

Finalmente se oficializó este sábado el aumento por decreto otorgado a los jubilados y pensionados. Lo hizo a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, donde se informa que, debido a “la imposibilidad de resolver el problema de los haberes jubilatorios mediante el tratamiento legislativo ordinario con la celeridad que el asunto requiere, y frente a la licuación ocasionada por la fórmula previsional sancionada por la anterior administración, el presidente de la Nación ha decidido firmar un decreto de necesidad y urgencia para establecer una nueva fórmula jubilatoria y solucionar el problema de una vez y de manera definitiva”.

Según lo anunciado, desde el mes de abril los jubilados argentinos cobrarán con aumentos mensuales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, sumado a un incremento adicional único del 12,5% para ese mes, en concepto de reparación por el daño ocasionado por la fórmula previsional del Gobierno anterior”.

Se indica que el “compromiso” del Gobierno Nacional es “ejecutar una reforma previsional integral que le otorgue sustentabilidad al sistema e introduzca mecanismos de ahorro privado”. Se habla en ese sentido que esa reforma deberá ser “trabajada en conjunto con una reforma laboral” dado que “ambas cuestiones se encuentran interrelacionadas”.

El comunicado finaliza destacando el deseo de que esos temas puedan ser abordados de cara al Pacto de Mayo anunciado el pasado 1° de marzo por el presidente de la Nación.

La medida adoptada por el Gobierno había sido adelantada durante la semana, justo el día en el que se activó la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, que preside la radical Gabriela Brouwer de Koning, convocada para analizar los proyectos para armar una nueva fórmula jubilatoria. En esa reunión celebrada el miércoles pasado, no participó en plenario la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Según se admitió ese mismo día, el titular de esa comisión, José Luis Espert, prefería no avanzar con ese tema desacoplado con el Gobierno Nacional.

Tengamos en cuenta que la creación de una nueva fórmula jubilatoria figuraba en el borrador de la ley de Bases que volverá a tratar la Cámara baja. El tema figura en el Título V del proyecto, donde se consigna un ajuste mensual por IPC a partir de abril, más 10 puntos porcentuales de recomposición. Había trascendido la semana pasada que la cuestión podría ser saldada por la vía del decreto, pero eso fue desmentido oportunamente por el vocero presidencial y el propio presidente de la Nación.

La alternativa de un DNU para zanjar la situación siempre tuvo sus ventajas. Por un lado, aceleraría los tiempos para que los jubilados no siguieran perdiendo con la inflación. Por otro, quitaría del debate de la ley de Bases un tema ríspido como era la cuestión jubilatoria, donde resultaba tan difícil ponerse de acuerdo con el tema del “empalme”. Desde la Coalición Cívica, recordemos, se pedía un porcentaje de 20,6%.

Originalmente trascendió que el Gobierno analizaba una compensación de entre el 12 y el 14%. Al final fue del valor inferior. La pregunta ahora es cómo seguirá el debate.

Ni bien trascendió que habría un decreto, el bloque de diputados radicales expresó su apoyo a la actualización por IPC, pero insistió en una mayor compensación por el empalme. “Más allá de que entendemos que la vía parlamentaria es el camino indicado, consideramos acertada la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con una medida que busque recomponer los haberes jubilatorios, que se vieron seriamente castigados por la inflación”, señaló el bloque que conduce Rodrigo de Loredo.

Agregó que “la decisión del radicalismo de impulsar la constitución de la Comisión de Previsión y Seguridad Social en la Cámara baja y de avanzar con la discusión parlamentaria para establecer un nuevo mecanismo de actualización de los haberes jubilatorios, fue decisivo para que el Gobierno tomara una decisión que, de manera correcta, toma en cuenta el índice de precios al consumidor como mecanismo para determinar los aumentos”.

“Al mismo tiempo, insistimos con la necesidad de que el empalme con la nueva fórmula de ninguna manera puede significar la consolidación de una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, dejándose fuera del cálculo el mes de enero, que fue el de mayor inflación”, cerró el bloque radical de Diputados.

También se pronunció el diputado Maximiliano Ferraro, muy activo las últimas semanas en esta cuestión, quien precisamente resaltó que “hemos hecho un gran esfuerzo para visibilizar la situación que atraviesan los jubilados y priorizar en la agenda política la necesidad de una nueva fórmula de movilidad. Valió la pena, con el DNU estamos frente a un avance”.

“El Gobierno no pudo seguir evadiendo la realidad ni dilatando una solución frente a la urgencia del miles de jubilados que seguían perdiendo contra la inflación”, agregó el diputado, que anticipó que “vamos a aguardar el texto del decreto para analizarlo, seguiremos trabajando en el congreso para consolidar una fórmula y si es necesario, aumentar el porcentaje de recomposición de las jubilaciones”.

Conocido el comunicado de la Oficina del Presidente este sábado, el diputado Martín Tetaz salió al cruce a través de la red social X: “No sean mentirosos; la demora en el tratamiento legislativo de la nueva fórmula es 100% responsabilidad de este gobierno que constituyó tarde la Comisión de Previsional y no convoca a Presupuesto para discutir las fórmulas presentadas por la oposición”.

Y concluyó: “Nosotros comprometemos públicamente nuestro voto positivo para que las jubilaciones se fijen en UVAs desde diciembre 2023”.

Por su parte, la legisladora porteña Graciela Ocaña no recibió de buen grado la noticia, que calificó como “mala”. “Otra vez pierden los jubilados”, concluyó.

“Habrá que leer la letra chica, pero de lo que informan, podemos precisar que en el empalme entre las fórmulas se ‘olvidan’ de compensar las inflaciones de diciembre y enero. La fórmula del presidente sigue ajustando a los jubilados y ante la posibilidad que el Congreso tomara una fórmula que reconociera el total de la inflación de este año, decidió acelerar y sacar ilegalmente un DNU”, señaló Ocaña.

Justo el mismo día en el que arrancó formalmente en Diputados el tratamiento de los proyectos sobre una nueva movilidad jubilatoria, trascendió que el Gobierno cambiará la fórmula por decreto. Precisamente lo que el vocero presidencial y el propio presidente habían desmentido los últimos días.

Según se supo este jueves, el Gobierno decidió disponer un ajuste que oscilaría entre el 12% y el 14% para compensar parte del costo de vida de enero. La actualización se aplicaría en el mes de abril, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más la compensación citada.

Conocida la noticia, el bloque de diputados radicales expresó su apoyo a la actualización por IPC, pero insistió en una mayor compensación por el empalme.

“Más allá de que entendemos que la vía parlamentaria es el camino indicado, consideramos acertada la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con una medida que busque recomponer los haberes jubilatorios, que se vieron seriamente castigados por la inflación”, señaló el bloque que conduce Rodrigo de Loredo.

Agregó que “la decisión del radicalismo de impulsar la constitución de la Comisión de Previsión y Seguridad Social en la Cámara baja y de avanzar con la discusión parlamentaria para establecer un nuevo mecanismo de actualización de los haberes jubilatorios, fue decisivo para que el Gobierno tomara una decisión que, de manera correcta, toma en cuenta el índice de precios al consumidor como mecanismo para determinar los aumentos”.

“Al mismo tiempo, insistimos con la necesidad de que el empalme con la nueva fórmula de ninguna manera puede significar la consolidación de una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, dejándose fuera del cálculo el mes de enero, que fue el de mayor inflación”, cerró el bloque radical de Diputados.

También se pronunció el diputado Maximiliano Ferraro, muy activo las últimas semanas en esta cuestión, quien precisamente resaltó que “hemos hecho un gran esfuerzo para visibilizar la situación que atraviesan los jubilados y priorizar en la agenda política la necesidad de una nueva fórmula de movilidad. Valió la pena, con el DNU estamos frente a un avance”.

“El Gobierno no pudo seguir evadiendo la realidad ni dilatando una solución frente a la urgencia del miles de jubilados que seguían perdiendo contra la inflación”, agregó el diputado, que anticipó que “vamos a aguardar el texto del decreto para analizarlo, seguiremos trabajando en el congreso para consolidar una fórmula y si es necesario, aumentar el porcentaje de recomposición de las jubilaciones”.

La Comisión de Previsión y Seguridad Social se reunió este jueves para comenzar a discutir los diversos proyectos presentados para establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. La reunión arrancó bajo la presidencia de Karina Banfi, que había asumido provisoriamente, mientras se normalizaban las cuestiones administrativas para que pudiera ocupar ese lugar la también radical Gabriela Brouwer de Koning.

Así, de entrada contó Banfi que se ocuparían en esa reunión de escuchar a los diversos autores de las 16 iniciativas existentes sobre el tema, y que por cuestiones de organización no habían podido hacer un plenario con Presupuesto y Hacienda, cosa que tratarían de concretar en el futuro. De hecho, al asumir a continuación al frente de la comisión, Brouwer de Koning admitió que “nos hubiese gustado tener una reunión conjunta; por diferentes criterios no se logró, pero eso no impide que de manera urgente podamos comenzar a debatir este tema tan importante, porque los ingresos de los jubilados están tan vapuleados por la inflación”.

“Vamos a estar trabajando con todos los especialistas y equipos que ustedes sugieran”, agregó la presidenta de la comisión, que detalló a continuación el cronograma tentativo para ese debate.

Para este jueves se organizó una jornada de exposiciones de los autores de las normas. Para lo sucesivo, la diputada cordobesa habló de una gran reunión informativa para el 4 de abril, para la cual pidió a los diputados sugerir nombres para organizar ese proceso. La idea es, dijo, hacer un debate posterior la semana siguiente, la del 10 de abril. “Si logramos llegar a un acuerdo, bienvenido sea; sino, nos daremos una semana más para lograr un acuerdo”, explicó. Admitió que “el tema es urgente”, pero pidió “que no nos apremien los tiempos”.

Antes de poner a consideración los 16 proyectos existentes sobre el tema, la diputada de UP Paula Penacca reconoció el cumplimiento de parte de las autoridades de la comisión del “compromiso” de realizar una pronta reunión, tras lo cual relató el grave incidente sufrido por una militante de la agrupación HIJOS, amenazada de muerte en vísperas de un nuevo Día de la Memoria y exigió justicia y tener un debate sobre el tema en la Cámara.

Apuntó además que las personas que la agredieron le advirtieron que “no le iban a robar nada, pero sí la van a matar, y les pagan para eso”.

Sergio Palazzo pidió la palabra para plantear que no le quedaba claro cuál es el motivo por el cual el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, “se niega a hacer una reunión plenaria”. Y a continuación se refirió a una publicación periodística conocida este jueves, según la cual fuentes cercanas a Espert admitían que no estaba prevista una reunión plenaria, por cuanto Presupuesto se acoplaría a los tiempos del Poder Ejecutivo respecto a este tema, y que esperaban que esta discusión se diera en el marco de la ley de Bases.

Advirtió Palazzo entonces que “todos tenemos que esperar las negociaciones políticas que llevan adelante Posse, Francos, con los gobernadores, los bloques, para poder tratar el tema de los jubilados. Parece que Espert y el Gobierno piensan que es preferible esperar”.

“Acá estamos los que queremos trabajar. Espert parece que ahora es casta, estará muy ocupado en los canales de televisión proponiendo rebeliones fiscales, pero no está donde debe estar”, sostuvo Palazzo, para quien la hoja de ruta planteada establece que probablemente recién para el 20 de abril puedan llegar a emitir dictamen. “Vamos a terminar discutiendo recién en junio la actualización de la fórmula”, auguró, para luego reconocer que “todos tenemos responsabilidad de haber llegado a esta situación, pero estamos a tiempo de corregirla. Hasta están los recursos, porque el Estado dice que tiene superávit fiscal”.

Los autores de los proyectos

María Eugenia Vidal encabezó la nómina de diputados que presentaron iniciativas. En su caso, el correspondiente al bloque Pro atiende dos urgencias: la de los jubilados y la de un déficit fiscal y cuasifiscal que en diciembre de 2023 terminó en 15 puntos. “Y que es el origen de la crisis que estamos viviendo”, señaló.

“No hay más caminos que no sean ordenar las cuentas”, admitió, pero también reconoció la situación de urgencia que viven los jubilados, cuyos haberes perdieron 46% en los últimos meses. “La sola existencia del bono es una admisión del fracaso de la fórmula. Hubo 28 bonos para compensar a los jubilados”, detalló, advirtiendo que no solo la jubilación mínima quedó baja, sino que distorsionó toda la escala jubilatoria. “Hoy un jubilado que gana la mínima con el bono gana 157 mil pesos; si un jubilado de una escala mayor gana 150 mil, con los descuentos termina cobrando 154 mil. Los bonos distorsionaron toda la pirámide”, detalló.

La propuesta de su sector es que la actualización sea por el IPC. Hoy es trimestral el ajuste, proponen que sea mensual, para que no quede tan rezagado. Además, proponen un adicional anual en marzo de 30% entre la variación entre el RIPTE y el IPC. Porque si hay una deflación y hay crecimiento, les permite no quedar atrás. En cuanto al empalme, proponen poner como referencia el último mes en que se haya aplicado la fórmula actual.

A continuación, Maximiliano Ferraro planteó la propuesta de la Coalición Cívica, cuyo pedido de tratamiento del tema en el recinto disparó el presente debate. Pero antes cuestionó “la  negativa que tiene el presidente de la Comisión de Presupuesto” a reunirse en plenario. “Fuimos muy precisos tanto en la sesión que logró convocar a más de 120 diputados, que veníamos a emplazar no solo a esta comisión, sino también a la de Presupuesto”, dijo, y recordó que les habían dicho que se conseguiría hacer un plenario.

“No podemos pasar por alto que hoy los jubilados son los más perjudicados por el proceso de devaluación que vive la Argentina”, reconoció y advirtió que “hoy con bono o sin bono hoy el haber jubilatorio está entre un 10 y 20% por debajo de la línea de pobreza”.

“Nosotros venimos a proponer un cambio de la fórmula jubilatoria”, señaló finalmente. La misma consiste en que las jubilaciones se actualicen según el IPC, pero que contemple una compensación de 20,6% para recuperar los jubilados la pérdida que tuvieron. Y que en ningún caso la aplicación de la futura fórmula de movilidad puede ir en baja de los ingresos que perciben los jubilados.

El radical Pedro Galimberti consideró “razonable” una fórmula que contemple el incremento inflacionario, por lo menos para los próximos años. Al detallar la iniciativa de su espacio contó que al plantear el incremento del haber jubilatorio “hablamos a mes vencido”, y aunque desde algunos sectores dicen que eso no sería posible en términos técnicos, él creía que sí. “Si el Estado quiere, puede instrumentarlo entre varios organismos del Estado; puntualmente hablamos del INDEC y ANSeS”, dijo. Agregó respecto del enlace que están pensando en que los jubilados no pierdan tanto y puedan llegar a la misma situación que tenían en diciembre de 2023 al menos. Para eso, se debería corregir la fórmula actual desde diciembre 2023 a marzo 2024.

Romina del Plá sostuvo que “acá el problema es que estamos con jubilaciones de indigencia; hay que generar un salto en el haber inicial, porque el problema es que desde esos niveles de subsuelo no alcanza siquiera el incremento por IPC. Entonces, el proyecto que he presentado tiene como primer punto que el haber mínimo tiene que ser igual que la canasta básica establecida por la Defensoría de la Tercera Edad, que ha sido recalculado en 685.041 pesos”. A partir de ahí, la actualización por IPC o RIPTE.

Y para los haberes que superan la mínima, esos haberes respondan al 82% móvil del haber del trabajador en actividad o se actualicen por inflación o RIPTE según de dónde sea más beneficioso.

Por el bloque radical, Danya Tavela coincidió con los diputados preopinantes de una actualización mensual sobre la base de diciembre y, a partir de ahí, que las actualizaciones serán por el IPC. También planteó que ante el aumento de tarifas es “indispensable discutir también algún tipo de compensación en función de los atrasos sufridos”.

Tavela comentó que agregaron al proyecto un capítulo sobre transparencia y explicó: “Es necesario que conozcamos todos y cada uno de los regímenes especiales que tiene el país que no son privilegios, pero seguramente reciben aportes para su sustentabilidad en el tiempo”. Solicitó la presencia de ministros y que la Oficina de Presupuesto del Congreso haga los cálculos de cada proyecto presentado.

Desde el bloque Unión por la Patria, defendió su iniciativa la diputada Gisela Marziotta quien recordó que se legisló sobre fórmula jubilatoria en el gobierno kirchnerista y explicó que es la misma que propone en el proyecto: “Una fórmula de salario y recaudación que en su momento dio un buen resultado que con la inflación no se recuperaba el poder adquisitivo necesario y por eso presenté una cláusula gatillo porque no lograba recuperarse el salario en función de la inflación del momento”.

Marziotta alertó que si no se toman medidas se está en camino a “una caída estrepitosa que nos puede llevar a tener jubilaciones de la crisis del 2001. Estamos camino a eso si no tomamos una decisión”. Con gráficos de muestra, aclaró que la propuesta es sumar una cláusula gatillo a la actual fórmula y preguntó: “No entiendo por qué quieren sacar la fórmula de recaudación más salarios y que solo sea por inflación. Sería una combinación virtuosa de las dos situaciones”.

La cordobesa Alejandra Torres (Hacemos Coalición Federal) alertó que la situación del sistema previsional del país es “caótica, crítica y es urgente atenderlo” y señaló que “amerita una puesta en común de todas las problemáticas para lograr un sistema dé respuestas efectivas, eficientes y con equilibrio fiscal a los beneficiarios. La revisión del sistema y buscar una solución definitiva, más racional”.

Así, contó que el proyecto fue propuesto junto al rionegrino Agustín Domingo, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer para que “marque un puente o transición ante un problema sumamente grave para llegar a una solución más profunda y definitiva y no estar siempre discutiendo parches que tiene el sistema previsional”. En esa línea, precisó que cuenta con seis puntos como cambios de la movilidad por IPC, pero aclaró que la “diferencia está en el ensamble de un mes a otro significa licuación y haberes y litigo judicial, tiene que ser de enero 2024 porque la fórmula vigente tiene dos módulos complicados en su aplicación”.

Además, contempla el bono de 70 mil pesos para los haberes por debajo 204 mil pesos, pero establece un bono del 20% de haberes para jubilados y pensionados que accedieron al beneficio sin compra de aportes. También contempla la cancelación de las deudas y con las cajas previsionales no transferidas; prevé que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sea el que haga cargo del financiamiento del sistema previsional y se le prohíbe a ANSeS que pida plata al Tesoro para hacer frente a su déficit.

Por último, comentó que proponen un régimen de privilegio: “Hay que eliminar las jubilaciones de privilegio de presidente y vice, pero hay que corregir una desviación de que los haberes de los pasivos son más altos que los activos y que la recomposición se haga sobre el salario bruto y no el neto”.

En la continuidad de la “constitutiva” que se inició el miércoles y quedó trunca por las discrepancias generadas en torno a la designación de su presidenta la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados reanudó este jueves su reunión, para designar al resto de autoridades, quedando pendiente por razones reglamentarias la designación de la radical Gabriela Brouwer de Koning como presidenta. Mientras eso no suceda, continuó Karina Banfi oficiando de presidenta, mientras que el resto de los cargos quedaron así: como vicepresidente fue designado el riojano Ricardo Herrera (UP); vicepresidenta segunda fue nominada la cordobesa Alejandra Torres (Hacemos Coalición Federal); en tanto que para la primer secretaría María Eugenia Vidal propuso al rionegrino Sergio Capozzi (Pro).

Para la secretaría segunda quedó el chaqueño Carlos Daniel García (LLA) y la secretaría tercera Nicolás del Caño (FIT).

A continuación, las discusiones giraron en torno a la insistencia de parte de la oposición para establecer un cronograma preciso de trabajo para llevar rápidamente el tema al recinto. En su rol de “presidenta provisional” de la comisión, Banfi planteó que trabajarían sobre el tema en plenario con Presupuesto y Hacienda, con cuyas autoridades coordinarían el esquema de trabajo para los próximos días.

“Vamos a convocar para la semana que viene la reunión del otro plenario para debatir -explicó la vicepresidenta del bloque radical-. Vamos a decidir el calendario teniendo en cuenta cuál ha sido la petición del diputado de Hacemos”.

El diputado en cuestión era Maximiliano Ferraro, quien el día anterior había insistido en establecer fechas precisas y había sugerido alternativas. Lo mismo hizo este jueves.

Antes, el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió especificaciones sobre el calendario y anticipó que pedirían un calendario de tratamiento que incluya reuniones informativas, de asesores y que “además podamos avanzar lo antes posible con el tratamiento de este tema”.

Recordó que ya hay proyectos que tienen estado parlamentario, otros que podrían ingresar en los próximos días y recomendó que el primer paso a dar sea una reunión informativa en la que cada uno de los autores de proyectos pueda dar una breve exposición sobre el mismo.

Pedido de disculpas

Martínez se permitió un párrafo aparte para plantear una cuestión inherente a las relaciones humanas, y pidió disculpas públicas al presidente del bloque oficialista, Oscar Zago, por haberse dirigido en malos términos a él el día anterior. Aclaró que con él tenía una muy buena relación, que ya lo habían aclarado en un encuentro que habían tenido en los pasillos, pero le parecía importante pedirle disculpas en términos públicos.

Advirtió de paso que “las tensiones que se están generando son producto de querer llevar a los integrantes de esta Cámara a los empujones. Aclaró que “acá no hay príncipes, acá no hay CEOS, todos somos iguales. Si nosotros retomamos eso, la cantidad de tensión que se vivió es producto de  un estilo uqe nos va a llevar al fracaso. Encima, con un presidente que nos agrede permanentemente, vamos a quedar más expuestos”.

Luego de que Osar Zago aceptara las disculpas y admitiera que “todos tenemos que bajar el tono de la discusión”, porque “el ejemplo lo tenemos que dar los diputados”, el diputado Maximiliano Ferraro pidió que el próximo miércoles se haga la plenaria para dar tratamiento al tema, y después continuar con reuniones sucesivas y poner una fecha de dictamen para el 9 de abril.

Sugirió que al ser la de Previsión la comisión cabecera, podía trabajar con Presupuesto “para fijar lo más rápido posible la primera reunión plenaria y como propuesta dejar en claro esto: si tuvimos una semana para discutir una ley de más de 600 artículos, la de Bases, yo creo que la plenaria de Previsión y Presupuesto, en términos de darle previsibilidad y respuestas a la sociedad, no puede llevar más de 15 días tener dictamen y bajar al recinto”.

“Tomamos en cuenta y corresponde incluir a las otras autoridades para tomar una decisión. La semana que viene vamos a tener novedades”, planteó la diputada Banfi.

A su turno, Martín Tetaz sacó a relucir números de inflación. Citó el 13,2% de febrero, que implica -dijo- que está corriendo a una velocidad anualizada del 342%. Alertó entonces sobre la baja de tasas dispuesta por el Banco Central, algo que a su juicio representa “exactamente lo contrario a lo que el manual de economía indica para combatir la inflación”. Lo cual lo lleva a interpretar que la decisión de las autoridades económicas “no es bajar la inflación, sino que está cómodo con una inflación que baje más lento”. Dijo que el Gobierno “ataca el déficit, y está bien, pero el BCRA ha expresado su desinterés de que la inflación siga haciendo el trabajo de licuar los haberes de los jubilados”. Por eso, sintetizó en un pedido a que todos los bloques se comprometan en un plazo determinado a fijar una hoja de ruta.

Mientras el kirchnerista Sergio Palazzo se mostró de acuerdo con Maximiliano Ferraro en cuanto a acelerar los tiempos, la diputada Silvana Giudici se mostró crítica desde el Pro a “apurar” a los legisladores. Advirtió que no podía emplazarse a las comisiones y pidió a los asesores ponerse a trabajar en base a los proyectos que ya hay sobre el tema para unificarlos. “Mañana mismo si es necesario”, señaló.

Desde las redes le contestó el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien tuiteó: “La diputada @SilvanaGiudici, a pedido del Gobierno y de la ministra @PatoBullrich en particular, pidió en comisión mandar la reforma de la fórmula previsional a asesores. Es decir dormir el tema. Quieren cerrar el debate y usar a los jubilados de rehenes de la ley bases”.

En medio de la crisis económica que golpea a todo el país, el diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes celebró en sus redes sociales la decisión de ese espacio de impulsar en la Cámara baja la sesión en el Congreso, en la que se planeaba debatir la movilidad jubilatoria.

En ese sentido, el oficialista explicó que la CC ARI “puso en agenda lo concreto e importante. Los jubilados no son responsables. Sufrieron años de abandono del kirchnerismo. Cambiar es ayudarlos, no ignorarlos”.

Sobre esa misma línea, Reyes planteó que “Argentina necesita un ajuste”, al mismo tiempo que compartió la definición de la palabra ajuste como “ir o volver hacia lo justo”. “Que el peso del ajuste lo vuelvan a pagar los jubilados es todo lo contrario a un ajuste, es un desajuste. No es posible tolerar o asimilar más injusticias”, manifestó.

“Los jubilados y los niños tienen que estar protegidos. El esfuerzo y dolor que causa un ajuste es tolerable cuando la finalidad es volver a lo justo y cuando el camino también lo es”, planteó.

Asimismo, remarcó que “fue muy importante lo que hizo el bloque de la Coalición Cívica hoy en el Congreso de la Nación. Somos muchos los que estamos preocupados por este rumbo sin empatía” y destacó que “el país tiene que cambiar de punta a punta, no solo es el deseo de la mayoría, es una necesidad que tenemos”.

“Es indispensable ajustar años de hegemonía de un modelo económico empobrecedor y corporativo, con instituciones fuertes, poniendo un fin al populismo y fortaleciendo las bases de la economía. El cambio es hacer del país, un país justo”, sentenció.

A través de la Oficina del Presidente, Javier Milei recrudeció este miércoles su enfrentamiento con parte del Poder Legislativo al alertar contra lo que definió como “el tratamiento apresurado” del DNU 70/23 y el fallido intento de debatir una fórmula jubilatoria.

En un durísimo comunicado emitido justamente cuando se desarrollaba la reunión de Labor Parlamentaria del Senado, donde se discutían las características de la sesión convocada para este jueves, en la que debería tratarse el DNU 70/23 al que la oposición tratará de rechazar, el órgano que representa la voz oficial del presidente expresó su preocupación por “la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política”.

En un mensaje directo a la vicepresidenta Victoria Villarruel, el comunicado habla del “tratamiento apresurado del DNU 70/23”, como así también la iniciativa de “promover una fórmula jubilatoria sin consenso” violentan, a juicio del presidente, “el espíritu de acuerdo promovido por el presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo”.

Cabe consignar que durante toda la jornada la titular del Senado fue duramente fustigada por los libertarios en las redes sociales, por su decisión de incluir el tratamiento del mega DNU en la sesión convocada para este jueves.

Así las cosas, la Oficina del Presidente advirtió que “el potencial rechazo del DNU, que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia, conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino, implicando, por ejemplo, el regreso de la Ley de Alquileres, el retorno al sistema rígido de obras sociales sindicales, el sostenimiento del modelo corrupto de los registros automotor y la anulación de la política de cielos abiertos, entre otras”.

En este marco, el Gobierno Nacional espera “que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden ‘anotarse’ victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos”.

En los tramos finales, el presidente agradece a “aquellos legisladores que, comprometidos con los intereses de la Patria y la senda del cambio, no se prestan al juego perverso de aquellos que han decidido deliberadamente entorpecer el desarrollo de la Nación”.

El comunicado cierra diciendo que “independientemente de cualquier resultado legislativo, el Poder Ejecutivo reafirma su compromiso inquebrantable con el déficit 0, dejando atrás las recetas fracasadas de la casta política y avanzando decididamente hacia el camino de la prosperidad y la grandeza de la Nación argentina”.