La Cámara de Diputados ratificó el veto que le puso el presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria al no lograr la oposición la mayoría calificada requerida -dos tercios de los presentes- para insistir con el proyecto. El resultado fue de 153 votos afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones.

Con relación a la votación del 5 de junio, cuando el dictamen del radicalismo cosechó 160 votos, 72 negativos y 8 abstenciones, esta vez, votaron en contra los cinco legisladores de la UCR que se reunieron en Casa Rosada con el presidente Javier Milei un día antes: Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat, Martín Arjol y Federico Tournier. En rigor, este último no votó en junio, pues no era aún diputado, sino que asumió después, en lugar de Alfredo Vallejos, que acompañó la iniciativa.

Por su parte, la santacruceña radical Roxana Reyes, a diferencia de su voto afirmativo en aquella oportunidad, se fue antes de apoyar el pulgar y se le computó ausente. Durante la sesión había anticipado que se abstendría.

También por la UCR el chaqueño Gerardo Cipolini estuvo ausente, cuando antes había acompañado el dictamen. Del ausente al afirmativo fue el voto del correntino Manuel Aguirre.

La bancada que cambió el sentido de sus votos fue Innovación Federal: en la primera sesión especial, los 8 miembros votaron a favor del proyecto. Sin embargo, en esta ocasión hubo 7 abstenciones y la ausencia de la titular del bloque, Pamela Calletti, quien estuvo en la sesión pero no en la votación.

Por el lado de Unión por la Patria, bloque compuesto por 99 integrantes, se sumaron los votos afirmativos del santiagueño Ricardo Daives y la santafesina Magalí Mastaler, ausentes cuando se votó la media sanción en junio. Este miércoles, UP aportó 98 votos por la ausencia de la sanjuanina Ana Fabiola Aubone.

De los 16 miembros de Encuentro Federal, el bloque que comanda Miguel Ángel Picheto, 14 acompañaron la insistencia del proyecto. El entrerriano Francisco Morchio se ausentó en las dos votaciones y Ricardo López Murphy, a diferencia de la primera vez que no acompañó, estuvo ausente. El chubutense Jorge Ávila faltó en junio y ahora votó de manera afirmativa por la ley.

Los cinco diputados del Frente de Izquierda pasaron de la abstención en junio a votar afirmativamente este miércoles, en rechazo al veto.

Otros cambios sustanciales se dieron en la bancada del Pro: primero, el diputado Álvaro González, quien pasó del voto negativo al afirmativo. De los 7 ausentes de la primera votación, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal, Aníbal Tortoriello y Belén Avico, en esta sesión ratificaron el veto del presidente de la Nación, votando en contra de la insistencia de la ley. Ana Clara Romero, Héctor Baldassi y Héctor “Tito” Stefani estuvieron ausentes en las dos sesiones.

El otro caudal favorable al blindaje del veto presidencial lo aportaron alidos de LLA como los tres integrantes de Independencia, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, y la monobloquista tucumana Paula Omodeo. De voto negativo en esta sesión, en la primera se abstuvieron las tres exintegrantes de Juntos por el Cambio y los tres de la bancada que responde al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, habían estado ausentes.

Sin cambios en el sentido de su voto, repitieron los dos miembros de Por Santa Cruz y el neuquino Osvaldo Llancafilo con apoyo a la movilidad jubilatoria; y por la negativa, los tres integrantes del Movimiento de Integración y Desarrollo, que conduce Oscar Zago, y las dos diputadas nacionales de Buenos Aires Libre, Carolina Píparo y Lorena Macyszyn.

Por último, La Libertad Avanza sumó el voto del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por el artículo 41 del reglamento del Cuerpo, y el de la santafesina Rocío Bonacci, quien estuvo ausente en el recinto el pasado 5 de junio. Lourdes Arrieta, ya fuera del bloque oficialista, se abstuvo cuando antes había votado por la negativa.

Así las cosas, ocho radicales cambiaron su voto (de 7 afirmativos y un ausente a 5 negativos, 2 ausentes y 1 afirmativo); UP aportó por la afirmativa 97 en junio y 98 esta vez; el Pro cambió ausentes por negativos y uno pasó al apoyo de la ley; Innovación Federal modificó la posición a favor por la abstención; la izquierda pasó de abstenerse a acompañar; y el oficialismo solo perdió el voto de la mendocina Arrieta, quien ya no forma parte del bloque. Su logro fue haber construido los dos tercios con aliados y el puñado de radicales.

La oposición llega a la sesión pedida para debatir el veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsional envuelta en dudas, con el colmo de que la única certeza es que no cuentan con los dos tercios que imaginaban tener cuando se apresuraron a pedir la sesión especial de este miércoles, con el objeto de evitar que el tema se enfriara.

Si bien siempre admitieron por lo bajo que los números estaban “muy finos”, en ese momento venían con el envión ganador y se sentían optimistas. Aunque siempre dudaron de la homogeneidad del voto radical, cuyos gobernadores estaban siendo objeto de presión de parte del Gobierno nacional, y actuaban en consecuencia sobre sus diputados. Así y todo, las expectativas comenzaron a desmoronarse el lunes, y en las últimas horas, con la foto de un grupo de diputados radicales sentados con el presidente Javier Milei en vísperas de esta sesión clave, todo vestigio de optimismo opositor se esfumó.

“La foto fue un montón”, resumió una fuente radical consultada, sin ningún reparo de mostrar su indignación.

Independientemente de ese problema interno que expone que en el bloque radical hay hoy dos vertientes, donde conviven los más ultras y los más complacientes, lo cierto es que la en el seno de la oposición se ha abierto un espacio de incertidumbre respecto de qué hacer en la sesión prevista para este miércoles a partir de las 11.

En el seno de los bloques dialoguistas, en el radicalismo no descartan una insistencia parcial con el veto. Ellos dicen que hay un antecedente. Minuciosa, la cordobesa Soledad Carrizo lo ha publicado en su cuenta de X: “El Congreso puede insistir con la ley aprobada o puede aceptar una parte del veto”, ha dicho allí, afirmando que desde 1983 el Congreso ha hecho aceptaciones parciales. En cinco oportunidades el presidente vetó parcialmente leyes y la Cámara baja aceptó una parte del veto e insistió con otra parte de sus proyectos, señaló.

“También hubo un caso en el que el presidente vetó totalmente una ley, y el Congreso insistió con una parte de su proyecto original. Fue en el año 2002, con la Ley 25.471, Programa de Propiedad Participada de los ex agentes de YPF -explicó Soledad Carrizo-. Nos queda plantearnos qué pasará ahora con la ley de la movilidad jubilatoria. La situación es similar, veremos que responde el Congreso”.

A sabiendas de que no están los 2/3 para voltear el veto, pero tampoco para forzar el tratamiento sobre tablas, los radicales piensan en la posibilidad de presentar una moción para que se vote por artículos el veto, porque “si advertimos que se va a perder, vamos a tratar de sobrevivir con lo que se pueda sobrevivir”, graficó un representante de ese espacio.

Así las cosas, ellos van a ir por la insistencia parcial, mientras que otros bloques de la oposición dialoguista también lo están analizando. Aspiran a rescatar lo que pueda salvarse de la Ley de Movilidad Previsional, recordando que el Pro votó a favor en el Senado la recomposición del 8,1% y que la fórmula tenga el índice de inflación. Esos serían los artículos con los cuales los opositores dialoguistas piensan que podrían insistir parcialmente.

UP no quiere saber nada

No es lo que opinan en Unión por la Patria, donde están totalmente en contra de la insistencia parcial. Dicen allí que “reglamentariamente no se puede”, que es incorrecto que haya antecedentes y se preguntan para qué quieren desde el radicalismo obligar ahora a la oposición a la insistencia parcial. “¿Para salvar a los que se dieron vuelta, y a los radicales que fueron a la Rosada?”, se preguntan, mordaces, en la oposición más dura.

Así llega la oposición en su conjunto a una sesión donde necesitarían mostrar una homogeneidad que lejos están de alcanzar. Por el contrario, no hay cohesión para esta sesión, y los únicos que de cara a la misma se muestran decididos son los diputados del oficialismo, que quieren ir hacia la aprobación del veto total; y los de UP, que quieren ir por la aprobación del rechazo total. No hay en definitiva una estrategia unificada en los bloques opositores.

Y lejos están de la posibilidad de que vayan a acercar posiciones para unificar criterios, pues una alta fuente dialoguista aclaró que “no  hay nada que hablar ni negociar con ellos”, en referencia al kirchnerismo. “Que ellos en todo caso después vean qué hacen si de repente en la sesión se plantea una insistencia parcial”, cerró esta fuente.

En definitiva, las tres opciones que a priori se plantean para esta sesión para la oposición son: 1) juntar los dos tercios y voltear el veto (hoy algo prácticamente imposible); 2) insistencia parcial; 3) emplazamiento a comisiones.

Esta última alternativa es desechada desde Unión por la Patria, igual que la insistencia parcial, como dijimos. Lo del emplazamiento lo rechazan porque consideran que eso terminaría en la insistencia parcial. Y para ellos, la cosa hoy es a todo o nada.

El eventual giro se daría si el bloque que conduce Germán Martínez cediera, al igual que lo hizo cuando hace tres meses aceptó que se rechazara su dictamen, que era más ambicioso, y se aprobó el que tuvo como base la propuesta de la UCR, justamente hoy con posturas divididas.

En momentos en que el presidente Javier Milei ha redoblado sus críticas al Poder Legislativo, las dos cámaras se aprestan esta semana a asestarle mandobles que resentirán sin lugar a dudas más la ya de por sí frágil relación.

Prueba de lo complicado que es el relacionamiento que el primer mandatario ha elegido para con el Congreso, vale cualquier discurso que brinde en el momento que sea. En todos desgrana un sinnúmero de críticas con epítetos de todo calibre. Vale como muestra esta frase emitida por Milei en el exCCK el jueves pasado: “Es una regla tácita de la política argentina de los últimos años que cuantos más votos tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad”.

Independientemente de esa resolución sobre un espacio que él mismo habitó junto a quien sería finalmente su compañera de fórmula en las elecciones, durante dos años completos, está claro que la oposición no está haciendo otra cosa que cumplir con lo que anticipó una vez brindó los votos para aprobar la Ley Bases y el Paquete Fiscal: retomar su agenda propia.

Hablamos, claro está, de aquella oposición denominada “colaborativa”, pues la de Unión por la Patria en ningún momento se alineó, ni se espera que lo haga, con alguna de las políticas implementadas por la administración libertaria. Es, ni más ni menos, que la postura que asumió entre 2019 y 2023 lo que se conocía como Juntos por el Cambio, razón por la cual nadie debería rasgarse las vestiduras por el tipo de oposición que hoy ejercen los bloques conducidos por José Mayans y Germán Martínez, en cada una de las cámaras.

De cómo ahora lo que fue JxC termina votando en ocasiones con Unión por la Patria hay diversas explicaciones y matices. Aun cuando el mismo Pro aparece ejerciendo ese tipo de actitudes.

De hecho, el partido de Mauricio Macri dijo en su momento, promediando el debate de Bases y visto el relacionamiento del propio Milei con el principal partido aliado, que pasada esa instancia ellos mismos comenzarían a mostrar una conducta más autónoma.

Todas las estaciones de esta relación tan especial entre el oficialismo y la oposición más cercana se vieron en la semana negra que tuvo el oficialismo, cuando en tres días consecutivos recibió derrotas en comisiones y recintos. Martes: Bicameral de Inteligencia, con la elección de Martín Lousteau. Miércoles: aprobación con 2/3 de la ley Financiamiento Universitario, con votos del Pro. Jueves: el Senado convirtió en ley el proyecto sobre Movilidad Previsional, también con 2/3 de los votos.

Ahora el oficialismo se apresta a tener otra semana muy complicada en materia legislativa. Aunque tal vez consiga contener una de las tres derrotas que podría llegar a sufrir, con lo cual podría compensar su pesar y dar un mensaje hacia el Poder Legislativo y los mercados.

La sesión del jueves en el Senado ya ha sido oficializada. De hecho, debió haber sido la semana que pasó, miércoles o jueves, pero el oficialismo consiguió ganar tiempo. Se verá si consigue algo más que eso, pero lo cierto es que ese respiro debe atribuírselo a la cuestionada internamente Victoria Villarruel, que primero consiguió evitar la sesión para el miércoles y luego puso en punto muerto la convocada individualmente por Unión por la Patria para el día siguiente.

No podía resistir más y por eso este jueves a partir de las 14 deberá enfrentar lo que a todas luces aparece como dos traspiés seguros. La oposición conseguirá convertir en ley -seguramente con dos tercios de los presentes-  la media sanción proveniente de Diputados del Financiamiento de las Universidades Nacionales. Un tema sobre el cual el presidente no ha anunciado abiertamente el veto que muchos ya dan por seguro y juran haberlo escuchado al propio Milei anticiparlo, pero que el Gobierno resiste. Y después, será el turno del decreto de necesidad y urgencia N° 656/24, que asigna adicionalmente al Presupuesto General de la Administración Nacional fondos destinados a la SIDE para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional. Ese tema figura tercero en el temario de esa sesión del jueves 12 de septiembre, fecha que quedará en la historia como la primera vez en que el Congreso le rechazó un DNU a un gobierno.

Estas derrotas buscará el oficialismo matizarlas con la aprobación de un tema no menor, como es la Boleta Única de Papel, que será con modificaciones, por lo que deberá volver a Diputados, pero con garantías de aprobación. Antes, deberá asegurarse el oficialismo de que están los votos para conseguir aprobar este texto que modifica la Ley 19.945 (Código Electoral), cosa que hasta la última semana no estaba garantizada.

Un día antes, toda la atención estará puesta en Diputados, donde un conglomerado opositor ha pedido a partir de las 10 de la mañana una sesión para tratar sin dictamen el veto presidencial del lunes pasado contra la Ley de Movilidad Previsional. En el pedido de sesión figura el radicalismo en todas sus versiones, diputados de Encuentro Federal y de la Coalición Cívica. Tres bloques que por sí solos suman 55 miembros, pero a los que se sumarán automáticamente los diputados de Unión por la Patria, con lo que está garantizado el quórum para arrancar.

Después vienen dos votaciones para las que la oposición necesitará 2/3. Primero, para el tratamiento sobre tablas de ese tema que no ha pasado por las comisiones correspondientes (Previsión Social y Presupuesto y Hacienda); después, para vetar. Si no se consigue esa sumatoria de votos, el veto queda vigente y fin de la historia. Si la oposición lo logra, debe pasar por el Senado, que por composición le da más garantías a esa oposición que quiere voltear el veto.

¿Qué tan sólida está la oposición en este tema? No tanto, advierten desde los sectores convocantes. Una diputada del radicalismo que bajará a dar quórum y está dispuesta a votar contra el veto aclaraba ante este medio el jueves pasado que creía que entre 6 y 8 diputados están reticentes al rechazo. Y podrían expresarlo con el voto o con la ausencia, que es tan importante como la otra alternativa.

Se sabe que el Gobierno está trabajando sobre los gobernadores para garantizar “que bajen diputados de la sesión al menos”. Se verá el poder de convencimiento que hay en este tema emblemático, que podía llegar a dejar un mensaje contundente para propios y extraños y alcanzaría también a compensar en alguna medida los traspiés del día siguiente.

A priori, los números están muy finitos, sobre todo para el miércoles, pero será para alquilar balcones… o al menos reservarse desde temprano un lugar en los palcos de ambos recintos para esas sesiones que serán -sin exagerar, por los motivos expuestos- históricas.

Motorizados por el bloque radical, pero con el apoyo de otros sectores de la oposición dialoguista, diputados nacionales pidieron debatir el miércoles 11 de septiembre próximo el veto presidencial conocido el lunes pasado a través del Boletín Oficial para la Ley de Movilidad Previsional, sancionada el 22 de agosto pasado.

El pedido fue elevado al presidente de la Cámara, Martín Menem, este jueves, y plantea una reunión para el miércoles 11 a las 10 de la mañana. Está suscripto por los diputados radicales Fernando Carbajal, Rodrigo De Loredo, Facundo Manes, Julio Cobos, Danya Tavela, Jorge Rizzotti, Carla Carrizo, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Marcela Antola, Fabio Quetglas, Karina Banfi, Pablo Juliano, Gabriela Brouwer de Koning y Martín Tetaz; los de Encuentro Federal Miguel Angel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot, y de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro.

La decisión de los diputados opositores busca aprovechar el impulso que tiene el tema y no aguardar más tiempo para llevarlo al recinto. Teniendo en cuenta que el proyecto no ha pasado por las comisiones correspondientes, Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, necesitará una mayoría especial para conseguir ese día su tratamiento sobre tablas. Así las cosas, la oposición que convoca a este debate tendrá tres desafíos: primero, conseguir el quórum; después, habilitar el tratamiento del veto presidencial y luego obtener los dos tercios necesarios para rechazarlo, en cuyo caso pasará entonces al Senado para su debate.

Recordemos que el proyecto de Movilidad Previsional fue convertido en ley en el Senado con los dos tercios (61 votos a favor y 8 en contra), cosa que también tuvo en Diputados, cuando obtuvo 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones.

Ahora tendrá que asegurarse la presencia plena de quienes impulsan esta sesión. Tendrán que estar los 34 radicales, los 16 de Encuentro Federal y los 6 de la Coalición Cívica. Además, los que no firman el pedido, como los 99 de Unión por la Patria. Con presencia plena, necesitarían todavía 14 diputados más para alcanzar los dos tercios. Se verá.

La senadora nacional de la Unión Cívica Radical Carolina Losada anticipó que su bloque insistirá con la Ley de Movilidad Previsional, que fue vetada recientemente por Javier Milei, “si el Gobierno no da una propuesta superadora”.

Porque, advirtió, “los jubilados no tienen  posibilidad de hacer otra cosa. No llegan a cumplir con la canasta básica y les quitaron prestaciones”.

Entrevistada en Mañana Sí (radiosi.com.ar), la senadora santafesina también se expresó a favor del financiamiento a las universidades públicas y dijo que “los profesores universitarios, adjuntos y ayudantes tienen que ganar mucho más. Un ayudante con media dedicación gana $144.000. Muchas veces son los adjuntos los que dan las clases”.

Por otro lado, Losada se mostró satisfecha con el “Plan Bandera” que lleva adelante el Ministerio de Seguridad para el combate del delito y crimen organizado: “Está dando resultado en Santa Fe. Siempre dijimos que el hecho de que la policía esté armando operativos diferentes es una forma de estar presente y hacer sentir a los vecinos más seguros”, expresó, y agregó que “si bien el problema no está del todo solucionado, en poco tiempo se avanzó”.

Finalmente, ante la consulta de cuál será su postura frente a la votación para que el juez Ariel Lijo integre la Corte Suprema de Justicia aclaró que “en el radicalismo no hay una posición común sobre el tema”, pero expresó que “no votará el pliego” junto a Pablo Blanco, senador de Tierra del Fuego, debido a que “un juez que tiene el juzgado más ineficiente de todos los de Comodoro Py, que deja causas dormidas, no cuenta con la legitimidad de la gente ni la credibilidad”.

El presidente de la Nación, Javier Milei, vetó de manera completa el proyecto de ley registrado bajo el N° 27.756, sancionado el pasado 22 de agosto, por el cual se disponen importantes modificaciones al régimen jurídico aplicable a la Movilidad Previsional y a la Seguridad Social.

Así se confirmó en los primeros minutos de este lunes, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 782/2024, que consta de tres artículos, el primero de los cuales observa en su totalidad el proyecto de ley, mientras que en el segundo se indica que se devuelve al congreso dicho proyecto de ley. El Parlamento tiene potestad ahora de decidir si acepta el veto o insiste con esa iniciativa, tal cual está facultado por el artículo 83° de la Constitución nacional.

Recordemos que el proyecto de ley tuvo origen en Diputados, donde como cámara de origen tendrá que iniciarse el proceso de rechazo del veto, que solo prosperará en caso de alcanzarse los dos tercios de los votos de los presentes. En caso de que eso suceda, deberá repetirse el proceso en el Senado, donde el proyecto se convirtió en ley con 61 votos a favor y 8 en contra.

El veto lleva las firmas del presidente de la Nación, su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Sandra Pettovello, Luis Andrés Caputo, Diana Mondino, Luis Petri, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo y Federico Adolfo Sturzenegger.

El decreto establece que el proyecto de ley sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

En ese sentido precisa el decreto que el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera “es claro al exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”.

Asimismo señala que el propio reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo…”.

Sostiene el Poder Ejecutivo que “la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno”.

Agrega el texto suscripto por el presidente que el proyecto vetado, en caso de ser aplicado, “implicaría para el Estado Nacional  un gasto adicional al previsto de aproximadamente seis billones ciento sesenta mil millones de pesos para el año 2024; y de quince billones cuatrocientos treinta mil millones de pesos para el año 2025”.

Los citados importes equivalen al 1,02% del PBI calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante”.

Asimismo se indica respecto del gasto previsional de la ANSeS que dichos importes representan un incremento del 18,5% para el año 2024; y de 29,2% para el año 2025.

Por otra parte se indica que si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente, la medida sancionada por el Congreso conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales.

La cifra mencionada, asegura el decreto de veto, tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes.

En marzo del 2024 el Gobierno modificó, mediante el decreto de necesidad de urgencia (DNU) 274/24, la fórmula de movilidad previsional. Se estipuló que a partir de abril los haberes previsionales se ajustarán mensualmente según la tasa de inflación de 2 meses atrás. Esto significa que las jubilaciones no recuperarán más la perdida en términos reales sufridas desde el 2017 hasta el 2023 que fue del orden del 35%. Además, para el mes de enero 2024, el DNU fijó un ajuste de 12,5% cuando la inflación de ese mes fue de 20,6%.

El Congreso –con votos de la oposición y de los aliados al Gobierno– sancionó una ley respetando la nueva fórmula de movilidad de la administración Milei, pero estipulando que todas las jubilaciones deben ajustarse en el faltante para llegar al 20,6% de enero, esto es, un 7,2%. Además, estableció que el haber mínimo tendrá una garantía equivalente a la Canasta Básica Total (CBT) adulto equivalente y que una vez al año las jubilaciones se ajustarán por el 50% de lo que haya crecido el salario real, si creció. El presidente Javier Milei se enojó y dijo que vetará esta ley porque atenta contra el equilibrio fiscal.

¿La ley atenta contra el equilibrio fiscal? En base a datos de la Secretaría de Seguridad Social, IDESA realiza las siguientes estimaciones:

El aumento del 7,2% de todas las jubilaciones implica un aumento del gasto previsional del orden del 0,32% del PBI.

La garantía de la Canasta Básica Total implica un aumento de aproximadamente 0,08% del PBI.

El Gobierno está otorgando discrecionalmente un bono de $70.000 a los que reciben los haberes más bajos que representa un gasto de aproximadamente 0,7% del PBI.

Estos datos muestran que la aplicación de la ley sancionada en el Congreso representa un aumento de gasto previsional de alrededor de 0,4% del PBI. En paralelo el gobierno viene pagando discrecionalmente el bono con un costo de aproximadamente 0,7% del PBI. Esto implica que, rediseñando el bono, se puede compensar los aumentos que fija la ley. Es decir, es posible aplicar la ley sin causar un impacto desequilibrante en las cuentas públicas.

El haber mínimo actual es de $225 mil y el bono es de $70 mil totalizando $295 mil. El bono se otorga de manera indiscriminada a todos los jubilados y pensionados, contributivos y no contributivos, que cobran menos de $295 mil. Hay muchos jubilados y pensionados que reciben el bono teniendo otras fuentes de ingresos, sean previsionales, laborales, familiares o provenientes de rentas de activos. Estos jubilados y pensionados no viven solo de la jubilación o pensión mínima. Esto da la oportunidad de ahorrar recursos aumentando la equidad. Para esto, hay que focalizar el bono en aquellos beneficiarios adultos mayores que tienen como única fuente de ingreso el haber previsional y dejar de pagarlo a los beneficiarios que no se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En el corto plazo, con una adecuada instrumentación, la ley puede ser neutral para las cuentas públicas. Lo más importante es que en el largo plazo la ley tiene impactos muy positivos en favor de la sostenibilidad del equilibrio fiscal. En primer lugar, porque la fórmula convalidada por ley es más robusta jurídicamente que la precariedad que subyace en un DNU. En segundo lugar, porque se convalida la licuación de gasto previsional que se produjo entre los años 2017 y 2023. Es una baja estructural de más de un tercio en el gasto previsional que contribuye decisivamente al ordenamiento de las cuentas públicas.

IDESA considera muy meritorio que el Gobierno haya adoptado como meta no negociable el equilibrio fiscal. También que se imponga al Congreso la regla de que los proyectos deben contemplar su financiamiento. Este énfasis probablemente explique la inmediata y enfática reacción negativa del presidente contra la ley del Congreso. Sin embargo, con una evaluación más objetiva aparecen sólidas evidencias respecto a la conveniencia de promulgar la ley. No solo porque en el corto plazo se puede evitar el aumento del gasto público con una correcta instrumentación, sino también porque para el largo plazo permite salir de la precariedad jurídica del DNU y consolidar una baja estructural del gasto previsional. Según el estudio de IDESA, es un paso imprescindible para cumplir con las metas previstas en el Acta de Mayo de reducir el gasto público total al 25% del PBI y garantizar un equilibrio fiscal sostenible en el tiempo.

Ante el veto que ya estaría firmado y pronto a ser publicado en el Boletín Oficial, uno de aquellos diputados que muchos imaginan que el Gobierno buscará para evitar el rechazo en el recinto se pronunció en contra de esa medida por parte del presidente de la Nación.

El diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino Osvaldo Llancafilo -que cuando el debate en la Cámara baja votó a favor de la ley- dijo que el Gobierno nacional está sobredimensionando el costo de la Ley de Movilidad Jubilatoria, la cual de ninguna manera pone en riesgo el equilibrio fiscal.

En este sentido, expresó que “es un error vetar la ley, que resulta ser un paliativo al ingreso de los jubilados que hoy no supera los 300.000 pesos, incluido el bono de 70.000 pesos mensuales, más aún si contemplamos que no hay política pública o un sendero previsible en materia previsional, de ninguna manera la ley pone en riesgo el equilibrio fiscal. Por eso, a la hora de tratar la insistencia de la ley vetada votaré de manera positiva para sostenerla".

Llancafilo afirmó que "el estudio y análisis realizado define claramente que el impacto presupuestario significa un 0,4% del PBI, para nada significativo cuando hablamos de jubilados que han hecho un esfuerzo en estos 9 meses de gestión. Además, debemos contemplar que históricamente han sido la variable de ajuste de los últimos 20 años".

Asimismo, el legislador neuquino indicó que "el bono que actualmente se otorga en forma discrecional por parte del Ejecutivo constituye un 0,7% del PBI, por lo que la ley aprobada por el Congreso viene a dar un marco de previsibilidad en los ingresos de los jubilados".

Por otro lado, aseguró que "lamentablemente a esto se agrega la reducción de un tercio de las drogas para 1.000 medicamentos que el PAMI ofrecía, con lo cual de 3.000 opciones de medicamentos que se entregaban a las personas mayores ahora tienen acceso a 2.000 variantes, estamos hablando de falta de gestión presupuestaria razonable para el sector".

El Gobierno reafirmó este lunes en forma tajante que será “total” el veto a la reforma jubilatoria votada por el Senado, al rechazar algún “tipo de negociación con el Congreso

“La idea del Presidente es que el veto sea total, no hay ningún tipo de negociación respecto a absolutamente nada”, afirmó este lunes el vocero presidencial,  Manuel Adorni.

El  presidente Javier Milei ya había anticipado el veto “total” horas después de la sanción del Senado  -aumento de haberes- con duras críticas a los legisladores que sancionaron el cambio a la movilidad jubilatoria.

En la conferencia de prensa habitual en Casa Rosada, Adorni explicó: “Sobre el veto del presidente, lo que hay que entender es el intento de romper el equilibrio fiscal y la gravedad de todo esto es que es tan evidente que cuando proponen un gasto sin su contrapartida de recursos, no hay otra razón para hacer eso que no sea efectivamente romper con el equilibrio de las cuentas públicas”.

“Con respecto al tema burocrático -puntualizó-, hay 10 días hábiles para proceder al veto, eso son 15 días de corrido, así que no sé si eso va a estar publicado esta semana o no, veremos cómo avanza administrativamente”.

Por otra parte, el funcionario se refirió a los vaivenes de la economía: “Sabemos los números positivos o los semáforos verdes que tenemos, los semáforos rojos que tenemos y sabemos muy bien y seguimos muy de cerca cuál es la evolución de los diferentes indicadores o lo que popularmente nosotros le llamamos los semáforos de los diferentes rubros y de las diferentes actividades”.

Al respecto, indicó que la “industria es el sector que todavía está más retrasado en el proceso de la recuperación”.

“Eso es un dato objetivo y que le prestamos atención, como también entendemos que dentro de la industria (que va desde producción de acero a patentamiento de autos, o producción de autos, o despachos de cemento) empieza a haber semáforos positivos también”, agregó.

Para Adorni, asimismo, el “incremento de tarifas no impacta en la inflación”. “Puede impactar -sostuvo- en el IPC en el mes, pero la inflación no se da en virtud del aumento del precio de uno de los bienes o de uno de los servicios de la economía, porque la inflación es por definición el aumento generalizado de los precios de la economía en un periodo de tiempo”.

Más adelante aseveró que “si decimos que la inflación depende de la máquina de hacer billetes, depende de que se desajustan la oferta y la demanda monetaria. La política monetaria es una gran cantidad de dinero fija, te puede impactar en un mes pero con el correr del tiempo eso no va a terminar impactando de manera permanente en el IPC, así que no, no va a pasar eso”.

Despojada de ataduras institucionales, Elisa Carrió volvió a su estado puro, y desde allí el viernes pasado lanzó un tuit que hizo carrera: “Adivina adivinador, ¿quién es más cruel con los viejos y los niños, Javier o Mauricio?”.

Fue al día siguiente de la sanción de la Ley de Movilidad Previsional en el Senado, esa que el Presidente había adelantado que vetaría por ser producto de “degenerados fiscales”, cosa que ratificó ese mismo día bien temprano. “El veto será completo”, aclaró ante las dudas que habían surgido recientemente respecto de un veto parcial que atemperara los ánimos y no forzara al Congreso a redoblar la apuesta en breve.

Lilita contra Macri; Milei contra el expresidente; Bullrich contra Macri; Bullrich contra los senadores del Pro; el Presidente contra Pichetto; Milei volviendo a llamar “ratas” a los legisladores, dialoguistas incluidos… Música para los oídos de Unión por la Patria, que encontraron en el Congreso algo de sosiego ante la sucesión de datos increíbles que involucran a su último presidente.

La crítica de Carrió a Macri y Milei por el veto a la movilidad jubilatoria: “¿Quién es más cruel con los viejos y los niños?” https://t.co/Ad7Qk8mZgN pic.twitter.com/WxmSDP1StE

— LA NACION (@LANACION) August 23, 2024

Le alcanzaría al gobierno con hacer la plancha mientras el peronismo/kirchnerismo se deshilacha con el efecto expansivo del Albertogate… Pero no, la principal oposición -definición que los últimos cuatro años correspondió al hoy deshecho Juntos por el Cambio- encontró resuello en el Congreso.

El Parlamento fue la última semana epicentro de una sucesión incesante de malas noticias para el oficialismo. Que habían empezado la semana anterior, cuando en la maratónica sesión del miércoles/jueves, vio cómo le aprobaban una ley que no quería: la del financiamiento universitario. Pero esa vez pudo maquillar esa petit derrota con cosas positivas: consiguieron quórum a diferencia de la semana anterior; frenaron sanciones contra diputados libertarios que fueron a Ezeiza a tomar el té con represores; aprobaron el Registro de Datos Genéticos… y no mucho más, pero bastante, para como venía la mano. Y sobre todo, no magnificaron la citada derrota.

En cambio la última semana fue un aluvión de malas noticias legislativas. Desde el martes, hasta el jueves, una tras otra. Algunas injustificables, como la primera, porque fue un error no forzado que se suponían tenían resuelto desde diciembre, pero no. En ese entonces, en el reparto de cargos le prometieron al Pro encabezar la Bicameral de Inteligencia. Pero en el camino cambiaron de parecer: Santiago Caputo concluyó que no quería darle nada a su principal aliado y negoció en cambio con el peronista disidente Edgardo Kueider, un “sin tierra” (así se llama a los que no tienen un gobernador detrás), que en la Ley Bases y el paquete fiscal colaboró, pero como anticipamos la semana pasada, no es querido por los de UP. Para presidir esa comisión, hacía falta contar con 8 votos sobre 14, y el kirchnerismo, con 3 senadores y 3 diputados podía alcanzar ese número pactando con la UCR. La Libertad Avanza, que siempre parece más a gusto negociando con el peronismo, “no la vio”.

Previamente, a instancias de Caputo habían decidido poner en esa bicameral un oficialista más, en detrimento del bloque de Pichetto, que tenía reservado a Emilio Monzó para ese lugar. Los libertarios no lo quieren al expresidente de la Cámara, que ponzoñosamente dicen que es el que le maneja el bloque al excandidato a vice de Macri. Rompieron el acuerdo y Monzó quedó afuera: el bloque Encuentro Federal (ex Hacemos Coalición Federal) se la empezó a cobrar: ya le volteó al oficialismo una sesión y motorizó la del miércoles para rechazar el DNU de los fondos para la SIDE. Y como el oficialismo se quedó sin mayoría para imponer a nadie, Martín Lousteau pactó con los K y preside ahora esa bicameral.

Previamente el exministro de la 125 había desplazado a la senadora Mariana Juri, del riñón de Alfredo Cornejo, anticipando la jugada que pergeñaba. ¿No le juega en contra salir en la foto con los kirchneristas? El cargo es importante y no hacer nada tampoco le reportaba beneficios. Quizá valga la pena.

Era tan incomprensible la jugada del gobierno que le dejó servido en bandeja a un adversario la Bicameral de Inteligencia, que algunos que imaginan a Santi Caputo como “el mago del Kremlin” supusieron un acuerdo con los radicales para voltear la sesión del día siguiente. No fue así; los radicales nunca hicieron falta para esa sesión convocada por el bloque de Pichetto, la CC y los radicales de Facundo Manes. En todo caso, la presencia de la UCR elevaba el número a niveles de paliza. Y ya la noche anterior se sabía que la mayoría del bloque de Rodrigo de Loredo -ausente con Ritondo y otros dirigentes por un evento en EEUU- se sentaría en sus bancas el miércoles.

Eso sí, en el toma y daca, se percibió claramente un guiño hacia el oficialismo el cambio en la Comisión de Acuerdos que el miércoles le tomó examen a Ariel Lijo: salió el senador fueguino Pablo Daniel Blanco, que había adelantado su rechazo al juez federal, y entró en su lugar el presidente del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi, que responde a su gobernador, Gustavo Valdés. Movimiento que no solo expone un acuerdo del gobierno con ese mandatario, sino que parece garantizar varios votos radicales para la aprobación de Lijo.

La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, y Ariel Lijo.

Quien dicho sea de paso se fue bastante satisfecho después de exponer 8 horas en el Salón Azul del Senado. La presión opositora fue moderada; coacheado como estaba era difícil entrarle al juez y los que debían hacerlo estudiaron poco. Hoy Lijo está con un pie adentro de la Corte. Seguramente la única sonrisa a nivel legislativo para el oficialismo en la semana.

Sigamos con el miércoles y la sesión para voltear el DNU, que arrancó más rápido de lo previsto y con más gente que la esperada: 140 dieron quórum y cuando comenzó ya se sabía que el destino estaba echado. Segunda derrota consecutiva para el gobierno, más sonora que la primera. Sobre todo por la composición de los votos; porque con el Pro no alcanzaba para evitar la derrota, pero sí que no fuera tan amplia y con 2/3.

No solo eso. Mostró por primera vez al Pro desmarcándose de La Libertad Avanza. Veinte de sus 37 miembros votaron en contra del gobierno, pero solo 4 a favor. También derrota para Patricia Bullrich, que esperaba algún voto más de los que a priori parecían alineados con ella.

Lo que sobrevino después en el seno del bloque oficialista fue un aquelarre. Gritos, llantos y hasta un llamado a Seguridad para darle un tono más dramático al episodio. Una diputada se cansó de esmerilar al presidente de la Cámara y terminó denunciando a otro encumbrado compañero por “violencia de género”. En La Libertad Avanza dicen que la semana que viene la echan; probablemente junto a otras dos diputadas a las que tampoco quieren. Y en el Senado quieren echar también a Francisco Paoltroni, por su militancia “anti-Lijo”. Increíble: los bloques oficialistas en general suman como “pac-man”, no son expulsivos. No es el caso del bloque libertario, que ya se cargó hace cuatro meses a quien lo presidía, que no se fue solo, sino con otros dos diputados. Como si le sobraran oficialistas.

Además, los bloques no expulsan a sus miembros, se van solos. Hay que remontarse a los 90 para recordar un antecedente y nos encontramos nada menos que con Cristina Kirchner, cuando en el 97 Augusto Alasino y compañía se hartaron de ella y la echaron del bloque oficialista del Senado.

La semana negra de LLA terminó el jueves con otra derrota por 2/3, con la que la oposición impuso una nueva Ley de Movilidad Previsional. Con la novedad del Pro votando también en el Senado en contra. Nadie se la veía venir, pero no podían esperar que Macri se quedara con los brazos cruzados, más allá de su actitud posterior ante el voto de sus senadores.

La aprobación de la Movilidad Previsional fue la crónica de una muerte anunciada, pues nada hizo el oficialismo para revertir lo que se anticipaba desde que en Diputados le aprobaron esa ley por 2/3, incluso con el Pro votando entonces en contra. Esos guarismos hacen prever que el veto completo que el Presidente anticipa será rechazado en ambas cámaras.

¿No será el momento de buscar una alternativa distinta? Si en definitiva se está hablando de 66 mil pesos por jubilado, como dijo Juliana di Tullio, quien con ironía le advirtió al Presidente que lo que va a vetar “son cinco kilos de carne por mes”.

Debiera rever su estrategia el oficialismo, cuyo internismo alcanzó también definitivamente a la vicepresidente, exonerada por la hermana presidencial, que no por nada llaman “El Jefe”.

Está dicho que para Milei, el Congreso volvió a ser un “nido de ratas”, lleno de “ladrones” y “degenerados”. Difícil construir consenso con un gobierno tan expulsivo, en el que los que se van están tan enojados que ya no tienen pruritos en votarles en contra, como Carolina Piparo y su cuñada. Será difícil manejar las sesiones si además prescinde del socio que no solo le da votos, sino también le brinda expertise para la estrategia legislativa.

Al gobierno le costó un montón aprobar la Ley de Bases, pero finalmente lo consiguió y en el camino no sufrió derrotas, tan solo postergaciones. Distinto es ahora, cuando los sinsabores se suceden sin solución de continuidad. “Cuando empiezan a entrar las balas, no las parás más”, decía esta semana un legislador experimentado, pensando en lo que pasaría si esto que se está dando en el Congreso se extiende a otros ámbitos de la gestión.

Con el veto al caer, deberá el gobierno analizar bien si le conviene dar batallas perdidas. Encima, cuando lo que discuten está lejos de generar pasiones aun entre los propios: un DNU sobre fondos reservados a la SIDE y negarles un aumento a los jubilados. Más temprano que tarde se verá si lo de la última semana fue un punto de inflexión… o de quiebre.

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a cargar duramente contra diputados y senadores, reiterando su definición de “degenerados fiscales”, al referirse a la reforma jubilatoria que aprobó el Congreso. Tras reafirmar su postura respecto de un veto, cruzó fuerte a Diputados y Senadores.

“Cada vez que los degenerados fiscales del Congreso vayan contra el equilibrio fiscal, yo les voy a responder con un veto”, dijo Milei por Radio Mitre al ser consultado sobre su decisión al respecto.

Refiriéndose a lo votado durante la última semana, el presidente añadió: “Esta medida es profundamente irresponsable. La casta política, la basura que votó esto, está intentando exterminar a la juventud argentina”.

Tras considerar “inconstitucional” esa decisión, Milei insistió en que “lo que ha hecho el Congreso es querer romper el programa económico”.

El presidente cargó contra la oposición amigable al recordar que "Juntos por el Cambio se comió 14 toneladas de piedras por querer hacer una reforma previsional en línea con la que presentamos y ahora votan con los kirchneristas una porquería para quebrar el sistema. Pónganse de acuerdo. Son una manga de mentirosos demagogos".

Insistió en que la oposición intenta "romper el programa económico". E insistió con lo de que “Son basuras deshonestas intelectualmente".

Milei tildó a la votación de ser "un acto de demagogia barata".

Luego, calificó la votación como “un acto de demagogia barata de las ratas esas que están en el Congreso” que a los argentinos “le hubiese costado 370 mil millones de dólares”.

Si el presidente Javier Milei vetara la ley jubilatoria en forma parcial, lo que volvería al Congreso (a ambas cámaras) son los artículos vetados.

El Congreso, al igual que si fuera un veto total, podría insistir con esos artículos, con los dos tercios de cada cámara.

¿Qué pasaría con la parte no vetada? ¿Podría ser promulgada por el presidente?

La regla general es que NO. Pero, si la parte no vetada tuviera autonomía respecto de la vetada, el presidente podría promulgarla.

¿Cómo operaría esa promulgación? ¿Podría ser tácita o expresa, como es normalmente? NO. Una promulgación parcial siempre es expresa, es decir, el transcurso de diez días no produce la promulgación de la parte no vetada de una ley: el presidente tiene que dictar un decreto.

¿Un decreto común? NO. Un "decreto de promulgación parcial".

Este decreto empieza a regir desde su dictado, pero luego tiene que ir a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para su dictamen y posterior tratamiento del Congreso. Es el mismo procedimiento que para los DNU.

El revuelo por la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria y la posterior confirmación del veto total anunciado por el presidente Javier Milei, sumó un nuevo episodio: La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó a Mauricio Macri de usar a los senadores del Pro como “carne de cañón”. El cuestionamiento fue la respuesta al comunicado del expresidente de la Nación por el que confirmó su apoyo a la decisión tomada por el Gobierno nacional.

Por medio de un comentario en X, en el que cita al texto publicado por el titular del Pro, en el que manifestó que “por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”, la funcionaria apuntó directamente y apuró: “Estás de un lado o del otro. Basta de especular”.

Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del… https://t.co/lrXtgVpJbj

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 23, 2024

“Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra”, cargó la exfuncionaria del gobierno de Cambiemos. Este jueves, cinco de los seis senadores que integran la bancada macrista en la Cámara alta votaron a favor del proyecto que actualiza la fórmula de movilidad previsional.

Sin ningún tapujo, Bullrich cerró el comentario en X: “Uno está a favor o en contra del cambio”. Macri y Milei estuvieron reunidos en la Quinta de Olivos luego del rechazo del DNU 656/2024 el martes en Diputados y la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria en el Senado este jueves. En ambas jornadas, los legisladores del Pro votaron a favor. Pese a esto, este viernes titular del Pro apoyo la decisión de Milei.

Cada vez más alejados, la diferenciación entre la ministra y el expresidente de la Nación quedó en evidencia el martes cuando la Cámara de Diputados aprobó el rechazo al DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional amplió el presupuesto de gastos reservados de la SIDE en 100.000 millones de pesos: Una veintena de diputados del Pro votó afirmativamente, mientras que Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vásquez, referenciados en la ministra Patricia Bullrich, votaron con el oficialismo. 

El expresidente Mauricio Macri renovó su apoyo al Gobierno de Javier Milei al reprocharle a los diputados nacionales haber votado una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Calificó a la misma de “irracional”, y planteó la división entre la buena y la mala política.

“¿Hasta cuándo nos quiere seguir destruyendo la mala política?”, es el título de un largo posteo del presidente del Pro, para quien llegó el momento de preguntarnos “¿cómo puede ser que haya una mayoría de dirigentes políticos tan irresponsables como para aprobar el aumento del gasto previsional sin decir cómo lo van a financiar? Recordemos que son los mismos que acaban de oponerse al cierre y privatización de todas las empresas deficitarias del Estado, que cuestan miles de millones de dólares”, señaló Macri.

Para el expresidente de la Nación, “esos dirigentes dicen querer lo que todos queremos: que los jubilados cobren más”. Se preguntó “¿qué duda cabe de que queremos eso?”, para alertar luego que “son ellos los que se oponen a bajar el gasto de la política irresponsable que genera hiperinflación y destruye el poder adquisitivo, afectando no solo a los jubilados, sino también al resto de los argentinos”.

Macri dijo en su cuenta de la red social X que “en lugar de haber votado una ley irracional que no tiene fondos, tendrían que haber dicho antes ampliamente sí a la Ley Bases, que hubiese permitido deshacerse de todos los gastos inútiles del Estado. Eso les habría dado la autoridad moral para, en una situación de superávit, reclamar la justicia que todos queremos para nuestros jubilados”.

“Al final de este largo camino, estamos aprendiendo que no se trata de una división entre la vieja política o la nueva, sino que es más hondo: es una división entre la mala política y la buena. Estos dirigentes resultaron ser cínicos e indiferentes”, cerró Mauricio Macri.

¿Hasta cuándo nos quiere seguir destruyendo la mala política?

Llegó el momento de preguntarnos: ¿cómo puede ser que haya una mayoría de dirigentes políticos tan irresponsables como para aprobar el aumento del gasto previsional sin decir cómo lo van a financiar? Recordemos que…

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 9, 2024

El oficialismo se reunió este lunes en el Ministerio de Economía para definir la propuesta de movilidad previsional que el Poder Ejecutivo Nacional pondrá a consideración de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional. El proyecto es resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Anses y el Ministerio de Economía.

Dicha fórmula tiene como antecedente directo la establecida por la Ley N° 26.417 que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017 y sus elementos constitutivos básicos, los salarios y la recaudación (en un 50% cada uno), han sido validados por los y las especialistas, nacionales e internacionales, convocados a exponer en la Comisión por la totalidad de bloques parlamentarios participantes con absoluta pluralidad política.

COMPARACIÓN DE FÓRMULAS
 
ANTECEDENTES
 
Fórmula
Periodicidad
Ley 26.417 (2008)
A= 0,5Xrt + 0,5xW     si A≤B
B= 1,03 x R                 si A>B
Semestral
Ley 27.426 (2017)
0,70xIPC Nacional + 0,30xRIPTE
Trimestral
 
PROPUESTA
 
Fórmula
Periodicidad
Nueva fórmula de movilidad
Movilidad en marzo:
mm = 0,5xRTm + 0,5xWm
 
Movilidad septiembre - ms:
a= 0,5xRTs + 0,5xWs            si a≤b
b= (1+ (1,03 x R)/(1+mm))-1 si a>b
Semestral

Según el oficialismo, la fórmula que se propone es sustancialmente la misma a la sancionada en el año 2008 y que resultó en una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta el año 2015.

En igual sentido se espera que la fórmula que se propone y que deberá comenzar a regir en el año 2021, generará un incremento del poder adquisitivo de los haberes, gracias al aumento del salario real y de los recursos de ANSeS.

Una fórmula atada a la inflación no es deseable en la Argentina, afirman quienes trabajaron en la elaboración de la fórmula. Porque los ingresos de los jubilados han perdido poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos. En diversos países, las fórmulas de movilidad se basan en inflación, siendo que los precios en esos países crecen menos que los salarios, lo cual quiere decir que no hay un objetivo de recuperación real de los ingresos. Además, los niveles promedio y las variaciones de la inflación en esos países son mucho más bajos que los que se observan hace lustros en Argentina, lo cual les permite dar cierta previsibilidad al gasto previsional.

Una fórmula que incorpora a los salarios, implica que el ingreso de los pasivos acompañe al de los activos. Por ese motivo, en el marco de la Comisión Bicameral mencionada, la posición de la mayor parte de los especialistas es que la evolución de los salarios debe ser parte de la fórmula de movilidad.

Es importante notar que los fallos de la Corte Suprema respaldan esta posición.

El presidente de la bicameral, Marcelo Casaretto expresó que incluir la recaudación en la fórmula permite compartir el crecimiento y, al mismo tiempo, cuidar la sustentabilidad fiscal. La fórmula de movilidad permitirá reducir el actual déficit previsional, dado que, si bien el salario real aumenta junto con el crecimiento económico, lo hace menos que los recursos tributarios. En este aspecto, lo importante es lograr la sustentabilidad a largo plazo del sistema, en el marco de una trayectoria fiscal que permita ganar espacio de política para ir generando más y mejores políticas redistributivas, sostuvo el diputado entrerriano.

Se afirma a su vez que se recupera el tope a los aumentos anuales, que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de ANSES (multiplicado por 1,03). Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019). Esta condición de sustentabilidad había sido eliminada con la reforma del 2017.

Se incorpora una cláusula de “legislación constante” que establece que los cambios en la política tributaria o en las condiciones de acceso a los beneficios no tendrán efecto en la movilidad. Esta cláusula permitirá reducir el déficit previsional en forma más efectiva y rápida que sin ella y además protege a los jubilados y pensionados de los cambios legislativos que afectan de un año a otro en forma sustancial la evolución de las variables que componen la fórmula.

¿Por qué semestral vs. trimestral? La fórmula planteada es similar a la del 2008 en términos de que permite, a diferencia de la sancionada en 2017, achicar el “rezago” mientras que a la vez se reduce la indexación de la economía. Hacer ajustes semestrales con un rezago mínimo, disminuye la volatilidad y reduce la pérdida de poder adquisitivo ante shocks inflacionarios como los observados en 2018 y 2019.

Entre los indicadores vinculados con la evolución salarial, el RIPTE es el más adecuado. Se trata de un índice transparente que no ha sido objetado judicial ni políticamente. Se construye sobre la base de registros, de trabajadores formales y sobre remuneraciones ciertas. En cambio, las mediciones del INDEC (que son muy útiles a otros efectos porque captan la evolución de los salarios del sector informal) se basan en encuestas que incluyen trabajo informal.

“Con la nueva Ley de Movilidad buscamos el consenso entre todas las fuerzas políticas y también recoger el jugoso y extenso debate que se ha producido a lo largo de estos meses en la Comisión Bicameral. La reglamentación e implementación de esta ley recaerá en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y en la ANSeS”, detalló Casaretto.
La fórmula de movilidad debe contribuir a la estabilidad macroeconómica, en términos de la recuperación real y en su efecto positivo sobre la demanda, sin convertirse en un elemento desestabilizante.

Asimismo, la fórmula de Movilidad debe ser leída como parte de nuestro programa macroeconómico. En todos estos meses, y en el marco de una situación compleja en el mercado cambiario, la discusión sobre el nivel y asignación del gasto pública ocupa un lugar relevante en el escenario político. Por tal razón, el pretendido cambio de fórmula jubilatoria tiene que partir de un consenso político amplio que le garantice su sostenibilidad en el tiempo.

De la reunión, encabezada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, participaron por el Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo; Claudio Moroni; la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

Por el poder legislativo estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el titular del bloque del FdT, Máximo Kirchner; y su par del Senado, José Mayans; el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, Marcelo Casaretto; su colega del Senado, Daniel Lovera; el presidente la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Heller, y su par en el Senado, Carlos Caserio.

El diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos) anticipó que a fin de mes la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Provisional elevará al Gobierno el nuevo proyecto que definirá desde enero de 2021 los aumentos a jubilados y pensionados.

El legislador entrerriano, titular de esa comisión, explicó que la intención es que durante los últimos tres meses del año se analice y debata en ambas cámaras la iniciativa, en la cual se trabaja en el Parlamento a pesar de la pandemia.

Al hablar en una videoconferencia de prensa organizada por la Asociación de Periodista de las República Argentina (APeRA), relató que ¨ya llevamos 16 reuniones, recibimos 27 expositores y participaron los miembros de la comisión y 60 legisladores¨.

“Nos hemos puesto el compromiso de tratar de cerrar a fin de setiembre una propuesta para poder elevarla al Ejecutivo y a los titulares de las cámaras, Cristina Kirchner (Senado) y Sergio Massa (Diputados)”, afirmó.

Casaretto explicó que la actual situación económica y laboral originada por la crisis del Coronavirus plantea nuevos obstáculos para definir la fórmula, ¨ya que hay tres rubros que atender, como lo son los salarios de los activos, la recaudación y la inflación¨.

En ese sentido, enumeró que ¨la cantidad de trabajadores activos es menor que antes de la pandemia y además la recaudación tanto previsional como tributaria en general ha caído, por lo que atar la suba a esos ítems no sería beneficioso para jubilados y pensionados”.

“Respecto a la inflación tal vez sí les convenga, porque podemos coincidir en que la de este año será 5 o 10 puntos menor a la del año pasado, pero el punto es que jubilados podrán ser alcanzados por esta mejora, porque la mayoría se encuentra en la base de la pirámide¨, remarcó.

Ante una consulta, valorizó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema, e informó que “una de las ideas es que en épocas de crecimiento cuando haya aumentos se ponga un tope para que el excedente vaya al fondo y en cambio en períodos de sequía podamos acudir a él para sostener al menos los haberes más bajos y atenuar el impacto del ciclo negativo”.

La coparticipación porteña

En otro orden, el diputado entrerriano apoyó la decisión del presidente Alberto Fernandez de reasignar un punto de la Coparticipación Federal a la provincia de Buenos Aires para poder solucionar el conflicto originado con la policía provincial.

En el marco de la videoconferencia organizada por APeRA, Casaretto admitió no obstante que la repercusión de la crisis y su posterior resolución "impactó en toda la Argentina, ya que en muchas provincias hay reclamos similares¨.

“Es cierto que tienen lógica los pedidos salariales de policías, salud, docentes y de todos en general, cuando se hablar de sueldos de 30 o 32 mil pesos, pero me pareció desafortunado hacer esa movilización a la Residencia de Olivos y esperemos que con los anuncios este tema se solucione”, agregó.

Al ser consultado sobre la posición que podrían adoptar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los bloques parlamentarios de Juntos por el Cambio ante la medida, Casaretto criticó que ya antes de esa decisión “algunos diputados de la oposición actúan como si fueran librepensadores”.

“Larreta (Horacio) iba a Olivos y hablaba con el presidente sobre algunas cuestiones, pero después los legisladores entraban al Congreso y no reconocían nada” de lo hablado, e incluso “entre las dos cámaras había diferencias porque en el Senado aceptaron trabajar a remoto y en Diputados no”.

El diputado entrerriano dijo esperar un “mejor clima político para poder resolver los temas importantes que quedan hasta fin de año, como la reforma judicial, el Impuesto a las grandes fortunas, el Presupuesto o el índice jubilatorio, pero soy pesimista de que ello ocurra, ya que hay algunos dirigentes de Cambiemos que están mirando para ver donde hay una chispa y echarle un bidón de nafta encima”.

“No pueden pedir diálogo político si cuando pierden una votación en el Congreso van a la justicia para reclamar que la cambie”, precisó.

Por último, insistió en reiterar su apoyo al gobierno de Alberto Fernández, aunque reclamó más participación en el gabinete nacional de dirigentes del interior.