Después de que el Ministerio de Seguridad de la Nación decidiera cobrarles a las organizaciones sociales los costos originados por los operativos en las movilizaciones, la diputada del MST Cele Fierro junto a otros dirigentes de ese espacio salieron al cruce de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por las multas que ascienden a casi 63 millones de pesos.

A través de una carta documento, los dirigentes sociales pidieron dejar sin efecto el cobro de dos multas de $62.970.317 y $40.419.227 de pesos, las cuales le fueron impuestas en concepto de “costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público”.

Además, advirtieron que “ello atento la existencia de derechos no ya en riesgo inminente, sino que estamos frente a la afectación real y concreta de los mismos, al pretender el Ministerio de Seguridad arrogarse facultades legislativas al intentar cobrar por supuestos gastos operativos que esta parte no requirió”.

Cabe recordar que Fierro desde el 18 de diciembre promueve una acción judicial contra la Resolución 943/2023. “Agregamos a nuestra causa estas multas como ‘hecho sobreviniente’ al protocolo, lo que confirma su ilegalidad y su objetivo de intimidar todo reclamo social. Nuestra acción declarativa de inconstitucionalidad se la vienen pasando entre sí los fueros electoral, contencioso y penal. Esperamos que este último finalmente se declare competente, dicte cuanto antes la cautelar suspensiva e invalide ese protocolo por inconstitucional”, sentenció.

La causa se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 28, a cargo del juez Martín Carlos Del Viso.

El diputado nacional Nicolás del Caño (PTS) se refirió a las medidas del Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich respecto la intervención de las cuatro fuerzas federales contra los piquetes y las calificó de “clasista y racista” al tiempo que le recordó a la titular de la cartera que ella “ha participado en movilizaciones con otros contenidos”.

En declaraciones por la AM990, el legislador expresó: “Es inconstitucional lo que propone Bullrich porque el derecho a la protesta es un derecho de las más importantes porque, justamente a través de una protesta, uno puede manifestar la falta de un derecho o que no se está cumpliendo, además de conquistar nuevos derechos”.

“Me refiero a que, sin la protesta, sin la posibilidad de movilizarse no hay manera de hacer notar que se está violando un derecho, que no se está cumpliendo, derechos muy importantes. Es una clara ubicación fuera de la legalidad la que tiene Bullrich porque al decir que va a impedir los cortes de ruta, esto han salido a plantearlo varios constitucionalistas”, explicó el diputado.

Para Del Caño “es una medida clasista y racista porque muchos compañeros que van con sus hijos a las movilizaciones”, y contó: “Yo de niño he ido a las marchas porque ellos laburaban y no tenían con quién dejarme como muchos trabajadores desocupados, militantes de movimientos sociales que reciben el Potenciar Trabajo a dónde van a dejar a sus hijos. Irresponsable sería que lo dejen sin cuidado de nadie y por eso los llevan a las marchas y cuando atacan eso es perverso decir que llevan a los niños…Hay una necesidad del reclamo por una asistencia mínima que muchas veces es el complemento de los empleos informales, de las changas, es totalmente racista y da bronca”.

“Bullrich ha participado de las movilizaciones del campo, ha participado de las movilizaciones en la cuarentena contra la misma, ha participado en muchas ocasiones con otros contenidos totalmente distintos y opuestos, pero parece que acá hay movilizaciones que valen y otras que no entonces es una doble vara la que está tomando la ministra. En el gobierno de Macri también intentó el protocolo anti-piquete y eso no se pudo sostener bajo ningún punto de vista”, le enrostró.

El diputado de izquierda defendió: “Estamos planteando una movilización que se hace todos los años y cobra una significación distinta ante un gobierno que lleva cinco días y te anunció un ajuste criminal contra las mayorías trabajadoras y los primeros efectos es el sacudón cuando va al supermercado”.

“Es indignante y tiene la libertad para que los empresarios remarquen, se lleven la plata y para el laburante hay ajuste, precios inalcanzables y si protestas, palos. Eso que el ajuste lo iba a pagar la casta es un verso y lo denunciamos con el Frente de Izquierda porque es una mentira, y le mintió a la gente”, apuntó.

En esa línea, advirtió: “Las consecuencias sumado a los tarifazos van a ser miles de despidos no solo en el sector público, sino también en el privado. Tanto que decían que los impuestos son un robo, y ahora parece que el único que vale es el de Ganancias para los trabajadores que lo quieren poner de nuevo y a los importadores les van a poner bonos está clarísimo para quién gobierna y la represión se muestra como necesaria frente al ajuste que quieren hacer”.

“Todos son beneficios y se escudan detrás de esta palabra que se quieren apropiar que es libertad, la libertad es para los empresarios. La verdad que ellos tienen libertad para hacer de todo como no la tiene el laburante. ¿De qué libertad hablamos si no podés comprar el alimento en el super? se plantea beneficios de todo tipo de características y de los importadores es estatizar deuda, llevarse la plata a los paraísos fiscales y cuentas offshore. Le van a dar 30 mil millones de dólares que es deuda privada y esos importadores plantean deudas truchas para saquear al Banco Central. A libro cerrado le van a dar bonos de 30 mil millones de dólares”, alertó.

Con el correr de las horas el nombre de Sergio Massa suena fuerte para integrar el Gabinete del Gobierno Nacional, lo cual cuenta con un amplio respaldo por parte del oficialismo. En ese sentido el diputado nacional Hugo Yasky elogió al titular de la Cámara baja porque “le puede aportar al gobierno la fortaleza y la iniciativa política que impidan los zigzagueos”.

En diálogo por la AM 990, Yasky opinó que la incorporación de Massa “le va a dar volumen político al Gabinete. Lo he visto al frente de la Cámara, siempre se ha movido bien nadie lo puede negar la destreza política y su capacidad de generar y tomar la iniciativa en escenarios difíciles. Le va a dar fuerza al Gabinete y es una de las tres figuras que lideran el FdT y ese es un valor agregado”.

“Massa le puede aportar al gobierno de Alberto (Fernández) la fortaleza y la iniciativa política que impidan los zigzagueos, el anuncio de los anuncios”, destacó y lo describió como “muy hábil, inteligente y sagaz”, ante lo que señaló que “esas virtudes pesan cuando las cosas están complicadas”.

A su vez, expresó: “En términos políticos, Massa está en las antípodas con respecto a mi pensamiento. Pero cuando uno construye la unidad debe hacerlo con quienes son distintos a uno. Partiendo de esa inteligencia, considero que tiene una innegable trayectoria política”.

“Con Massa a cargo de ANSES logramos restituir un sistema jubilatorio para los docentes y pudimos avanzar en temas importantes que tienen un gran contenido social”, recordó Yasky.

Por otro lado, el titular de la CTA fue consultado por la movilización convocada por Barrios de Pie a la inauguración de La Rural: “La movilización no es un tema que pueda generar una discusión demasiado trascendente”, y apuntó contra el campo: “Es una expresión de un sector de la sociedad que sufre las condiciones impuestas por quienes tienen hoy el poder de decidir en qué momento venden o no su cosecha con una actitud anti solidaria porque viven en un país como el resto que le ha dado la posibilidad d tener lo que tienen”.

“El dinero para hacer rutas y caminos que permiten el enriquecimiento de los sectores agropecuarios lo pusieron quienes pagan impuestos y son los giles de la película, los que la paran con la espalda los aumentos de precios, la falta de energía, el endeudamiento”, cerró Yasky con críticas al sector agropecuario.

Buscando brindar una alternativa al caos vehicular que se origina durante las movilizaciones, los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley que busca autorizar a los automóviles particulares a utilizar el Paseo del Bajo mientras se realicen marchas en el distrito capitalino.

La iniciativa es de autoría de Ramiro Marra (LLA) y cuenta con el acompañamiento de Rebeca Fleitas, Lucía Montenegro y Oscar Zago (LLA); la misma busca introducir una modificación al Código de Tránsito y Transporte a fin de que se permita utilizar el Paseo del Bajo por vehículos particulares en contadas ocasiones.

“Solo se permitirá en aquellos días en el que se encuentre impedida u obstaculizada por manifestantes la circulación por cualquier calle o avenida ubicada dentro del área delimitada por las siguientes arterias: Au. Pres. Arturo Humberto Illia, Av. del Libertador, Av. Leandro N. Alem, Av. la Rábida, Av. Paseo Colón, Au. Dr. Ricardo Balvín, Entre Ríos y Callao”, sostiene la iniciativa.

En los fundamentos del proyecto, los diputados explicaron que “los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires se ven afectados a diario por manifestaciones y piquetes que se llevan a cabo cortando las calles y afectando el tránsito. Millones de ciudadanos se ven impedidos de llegar a tiempo a sus lugares de trabajo y estudio, con la pérdida económica que esto implica” y precisaron que desde el 2010 en la Capital Federal se hicieron más de ocho mil piquetes, mientras que en 2021 se efectuaron 700 cortes de calles.

Además indicaron que “el derecho a la libre expresión y a peticionar a las autoridades existe, pero de ninguna manera puede ser ejercido violentando los derechos a circular por la vía pública, a trabajar y a estudiar de terceros. Se debe generar un código de convivencia en el que convivan ambos derechos” y resaltaron que “es necesario que el Gobierno de la Ciudad tome medidas para impedir que estas situaciones continúen sucediendo. Mientras, de forma transitoria y hasta que se avance en soluciones concretas para garantizar el derecho de los porteños a transitar por nuestras calles, se propone permitir que vehículos particulares transiten por el Paseo del Bajo los días en los cuales hayan cortes de calle en las principales arterias de la Ciudad”.

Al mismo tiempo que plantearon que “es necesario remarcar que este proyecto no tiene como objetivo solucionar de forma definitiva el problema de los piquetes en la Ciudad, sino que la autorización de la circulación por el Paseo del Bajo es un parche transitorio que se propone”.

“Para acabar con el conflicto de los cortes de calle es necesario tomar medidas concretas que garanticen el derecho a la libre expresión y circulación, como se ha propuesto desde el espacio en anteriores oportunidades: destinar un espacio específico para manifestaciones, castigar a quienes concurran con menores de edad a los cortes de calle, entre otras”, cerraron los liberales.

Hace unos días el bloque de Javier Milei en la Legislatura porteña presentó su primer proyecto de ley, que pretende prohibir las manifestaciones. Con el legislador Ramiro Marra a la cabeza salieron a recorrer los medios con este proyecto ¿Qué es lo que buscan?

Su objetivo tiene que ver más con llamar la atención que con generar un resultado real: tanto Marra como Milei saben perfectamente que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Nacional y, obviamente, ninguna legislación local puede estar por encima.

De hecho su proyecto no es nada original. Algo muy similar, aunque más elaborado, fue impulsado por el macrismo en el año 2016 a través de un protocolo redactado por la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

¿Pero contra qué manifestaciones apuntan? Igual que Bullrich, Millei o Marra no están preocupados por cercenar la protesta “en general”. De hecho se los ha visto en los banderazos convocados por sectores afines a sus espacios, que también cortaban el tránsito en el centro porteño. Tampoco es que les preocupe “la libre circulación” en general, son defensores de la apropiación de territorios que hacen los magnates locales y extranjeros de nuestras tierras. No les preocupa la libre circulación para acceder a Lago Escondido y los “piquetes” parapoliciales de la seguridad de Lewis. Ellos no apuntan contra los “piqueteros de la abundancia”, les molesta la protesta de los sectores trabajadores y populares. Para ellos solo puede protestar la “gente bien”.

Pero las manifestaciones, protocolos prohibitivos mediante, no se pueden frenar por ley o por show mediático. Estos proyectos lo único que pretenden es generar un clima represivo, algo que en Argentina sabemos que muchas veces ha terminado con manifestantes heridos o muertos. No es casualidad que Marra y Milei hayan sido parte de quienes a 20 años de la caída de Cavallo y De la Rúa por la movilización popular salieron en Twitter con una campaña sincronizada para decir que esas jornadas habían sido un “golpe”.

 Si lo sucedido “fue un golpe” los casi 40 muertos producto de la represión estatal de esos días no son víctimas de la represión sino “golpistas”. Y lo dicen sin sonrojarse, desde un espacio político que niega el genocidio de la última dictadura o cuyo líder político trabajó nada más ni nada menos que con el genocida Antonio Bussi.

La analogía también es válida porque estamos volviendo a vivir momentos de una enorme crisis social y a las puertas de lo que será un cogobierno con el FMI que durará más de una década. Las movilizaciones van a seguir existiendo y aumentando en la medida que avancen los planes de ajuste y su aumento será directamente proporcional al nivel de deterioro del nivel de vida de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Milei y Marra saben que este es el escenario próximo para la Argentina, y saben también que ajuste y represión nunca se sueltan la mano. Por eso su objetivo de fondo no es más que, nuevamente, correr todo el debate político a la derecha. No hablemos de los 6 de cada 10 pibes pobres, de la desocupación y de por qué hay que pagar una deuda ilegal e ilegítima, mejor hablemos de las manifestaciones. Este peligroso discurso también alienta, o de mínima encubre, ataques contra las manifestaciones como el perpetrado por encapuchados con armas de fuego y cuchillos contra manifestantes en el marco de una masiva movilización contra el acuerdo entre el Gobierno y el FMI en la provincia de Córdoba.

El derecho a la protesta no es un derecho más, sino uno de especial relevancia: se trata de un derecho fundamental para pelear por los restantes derechos. Sin  derecho a la protesta, todos los demás derechos quedan bajo amenaza, puestos en riesgo. Por ello resulta sensato designar al derecho a la protesta como “el primer derecho”.

Como recientemente resumió mi compañera Myriam Bregman “Quieren poner en cuestión el derecho fundamental a manifestarse. Sin él, no se pueden reclamar los demás, se vuelven inexigibles. Milei y su gente corren la agenda a la derecha y las patotas avanzan en la impunidad que les provee el Estado, como la de Lewis, como las de Córdoba”. Lo más funcional al poder es detener este derecho, justamente cuando el resto de los mismos (educación, salud, trabajo) se ven duramente atacados.

Repudiamos no solo el intento de cercenar la protesta sino también la búsqueda de criminalizarla y estigmatizarla. El pueblo trabajador argentino tiene una enorme historia en las calles, y tiene memoria. Después de todo, no hay derecho que se conquiste y se mantenga sin lucha y la calle es el terreno donde estará gran parte de la pelea contra este nuevo ajuste que se profundizará de la mano del acuerdo con el FMI.

Días después de haber presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires su primer proyecto para prohibir la realización de movilizaciones que no permitan circular con normalidad por el distrito, el legislador de La Libertad Avanza Ramiro Marra dialogó con parlamentario.com acerca de la iniciativa y salió al cruce de quienes la cuestionaron.

En ese sentido, el libertario insistió en que “la Constitución Nacional establece que es ilegal cortar la calle e impedir la libre circulación”, por lo que remarcó que el texto recientemente presentado en la Legislatura porteña busca hacer cumplir la normativa vigente.

“Los trabajadores estamos completamente cansados de sufrir todos los días la manipulación de los piqueteros”, insistió.

– Su primer proyecto legislativo tuvo mucho impacto en las redes y los medios de comunicación. ¿Por qué cree que sucedió esto?

-No es más que el reflejo del humor social de los porteños. Los trabajadores estamos completamente cansados de sufrir todos los días la manipulación de los piqueteros. Hoy por ejemplo, el corte de la 9 de Julio no solo repercutió a los automovilistas, sino también daño la circulación normal del transporte público.

– Teniendo en cuenta que usted viene del ala liberal, ¿no considera que prohibir las actividades que impidan la libre circulación (como por ejemplo las movilizaciones) puede afectar a las libertades de los ciudadanos?

-En ese punto hay una confusión de conceptos, como liberal no estoy en contra de que el Estado brinde seguridad a los ciudadanos y haga cumplir la ley. En su lugar, estoy a favor de tener un estado eficiente que haga cumplir la ley como corresponde. Actualmente, la Constitución Nacional establece que es ilegal cortar la calle e impedir la libre circulación ¿Pero cuántas veces vimos que el gobierno haga cumplir ese derecho? La ley debe respetarse.

– Más allá de este proyecto, ¿qué otras iniciativas tiene previsto impulsar en la Casa?

-Tenemos varios proyectos, siempre buscando eficientizar el rol del Estado en la sociedad. En algunos puntos buscando limitar sus capacidades y en otros puntos suplir ciertas ineficiencias. No puedo adelantar más que eso, pero mi equipo y yo venimos trabajando arduamente para lograr cambiar la realidad de la ciudad.

– ¿Cómo está siendo el trabajo legislativo dentro del bloque y con las otras bancadas? ¿Qué expectativas tiene para después del 1 de marzo?

-Esto es política, más allá de las diferencias políticas, debemos apostar por llegar a un consenso y lograr el mayor equilibrio posible. Mi ideología política me lleva a luchar por la libertad y el desarrollo de las personas, y busco hacerlo de la mejor manera posible. Si los demás bloques buscan lo mismo, están más que invitados a sumarse a trabajar con nosotros, jamás le cerramos la puerta a nadie.

Luego de que se llevara a cabo una movilización para exigir la liberación de Milagro Sala y que un grupo de manifestantes atacara a la Corte Suprema de Basura con bolsas de basura, el diputado del GEN Sergio Abrevaya insistió con un proyecto de ley de su autoría en el que insiste con que la Ciudad le exija a Nación un reembolso por los gastos que le ocasionan este tipo de movilizaciones.  

En ese sentido, el legislador indicó que “es urgente que se apruebe mi proyecto que pide que la Nación se haga cargo de los gastos en manifestaciones por temas nacionales” y remarcó: “defiendo a la Corte, es un disparate lo que hicieron al insultarla arrojándole basura en la manifestación por Milagro Sala”.

“Siguen atacando a la Corte en busca de impunidad, esta Argentina feudal no para de arrasar instituciones y ensuciar todo a su paso. A esto me refiero cuando pido cobrarle al Gobierno Nacional”, aseveró e insistió en que “no es posible que los porteños sigamos cargando con estos gastos solamente por ser sede de los tres poderes de la Nación. Además, tiraron basura extra, como una burla a las Instituciones y los porteños que la tenemos que levantar; mi proyecto debe aprobarse y la Nación debe pagar”.

Asimismo consideró que el hecho de arrojar basura contra la Corte fue “un apriete” y advirtió que “el mundo K es profundamente feudal, creen que la Justicia tiene que ser favorables, sino hay que cambiarla y limitarla. Así con Boudou y los millones de USS de CFK. No hay que permitir la impunidad y defender la división de poderes”.

Luego de que el Gobierno Nacional recortara la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado del GEN Sergio Abrevaya presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que el distrito capitalino le pida reembolsos al Ejecutivo nacional por los gastos ocasionados cada vez que se realiza una movilización.

El texto requiere que Estado Nacional realice un “reembolso por los gastos devengados por la utilización de la infraestructura urbana extraordinaria, el mantenimiento y cuidado especial del espacio público y la seguridad pública especial integral por el uso directo e indirecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en ocasión de actividades públicas motivadas, impulsadas o vinculadas al funcionamiento y desenvolvimiento de los Poderes Nacionales y las actividades públicas que por decisión u omisión de los mismos puedan motivar, en tanto dure su asiento en la Ciudad de Buenos Aires y mientras no se traslade la Capital Federal a las ciudades de Viedma – Carmen de Patagones – Guardia Mitre, en cumplimiento de la Ley N° 23.512”.

Al mismo tiempo que señaló para que la Ciudad acceda a dicho reembolso “será suficiente título ejecutivo la constancia de la deuda suscripta por funcionario autorizado de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Podrá emitirse un único título ejecutivo comprensivo de múltiples deudas”.

En los fundamentos de la medida, Abrevaya explicó que “la permanencia de las Autoridades del Estado Nacional en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le ha provocado a ésta última innumerables gastos derivados de la utilización de la infraestructura urbana especial, el mantenimiento y cuidado especial del espacio público, directo e indirecto y la seguridad pública integral especial” y afirmó que mientras el distrito capitalino “sea Capital de la República, el Gobierno local asegura el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las Autoridades Federales que residen en su territorio y coopera para el pleno ejercicio de sus poderes y funciones”.

Además recordó que “cada vez que un grupo de ciudadanos marcha legítimamente en protesta contra alguna medida del Gobierno Nacional, la CABA afronta gastos por 5,5 millones de pesos (3,5 millones en reparación de farolas y canteros, limpieza, vallado, etc., y dos millones por seguridad); mientras que por un operativo puntual y similar al montado tras el deceso de Diego Maradona, ocho millones” y destacó que por año se realizan unas cinco mil manifestaciones en el distrito.

“El proyecto no discute ni condiciona las manifestaciones populares o la posibilidad de movilizarse, sino que plantea que el origen de las mismas tiene que ver con el Estado Nacional, que es el que tiene que hacerse cargo”, sentenció el legislador.