En un encuentro realizado en el marco del 8M en las oficinas del bloque, se acordó impulsar la ley de cupo laboral trans y otra de sistema integral de cuidados, entre otros temas.
Diputados del Frente de Todos encabezados por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque, Máximo Kirchner, se reunieron este lunes con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para consensuar la agenda legislativa de género, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
El encuentro tuvo lugar en las oficinas del bloque oficialista, en el tercer piso del Palacio Legislativo, y participaron entre otras las diputadas Cecilia Moreau (vicejefa de la bancada), Cristina Álvarez Rodríguez (secretaria parlamentaria), Mónica Macha (titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad), Gabriela Cerruti y Paula Penacca.
Gómez Alcorta enumeró los hitos de la gestión del Ministerio, como el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que busca resolver las desigualdades estructurales de género. También destacó la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, y se refirió a la necesidad de federalizar las políticas vinculadas a las violencias a través de un trabajo conjunto con provincias y municipios.
En cuanto a la agenda legislativa, la ministra y los diputados oficialistas acordaron impulsar la ley de inclusión laboral travesti/trans, que establece un cupo del 1% en los tres poderes del Estado. El proyecto, consensuado entre distintos bloques, ya cuenta con dictamen favorable y está listo para ser tratado en el recinto.
Paralelamente, la bancada del Frente de Todos se comprometió a trabajar en una ley sobre sistema integral de cuidados y a introducir perspectiva de género en una eventual reforma judicial, algo que reclamaron en los últimos días tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Por último, la ministra y los diputados dialogaron sobre la necesidad de “repensar” la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y reforzar los dispositivos electrónicos por incumplimiento de restricciones perimetrales.
“Conversamos sobre los ejes de la agenda legislativa de mujeres, géneros y diversidades que vamos a trabajar en Diputados”, expresó Álvarez Rodríguez, y amplió: “Para seguir ampliando derechos, el trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo es clave. Vamos por la ley de inclusión laboral travesti/trans y un sistema integral de cuidados con perspectiva de género”.
Más temprano, Gómez Alcorta participó del acto de firma del “Acuerdo Federal por una Argentina Unida Contra las Violencias de Género”, junto al presidente Fernández, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y gobernadores, en la previa de una serie de movilizaciones en todo el país con epicentro en el Congreso Nacional.
“Yo no creo que el aborto sea un derecho”, planteó Natalia Villa (Pro), que se quejó por la ausencia de expositores en contra de la ley en la Comisión de Mujeres.
La discusión por el aborto legal, seguro y gratuito volvió a encenderse este martes en la Cámara de Diputados, durante una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por Mónica Macha (Frente de Todos), con la participación de activistas feministas.
Al término de las exposiciones, en las que se plantearon las dificultades para acceder a los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia, intervino -entre otras- la diputada Natalia Villa (Pro), una de las más férreas opositoras a la ley de aborto.
“El colectivo de mujeres es muy diverso. Tenemos pensamientos distintos. Me da mucha tristeza que hoy muchas mujeres no tuvimos representación en esta charla”, lamentó la bonaerense, y agregó: “Yo soy parte del colectivo de mujeres que no cree que el aborto sea un derecho. Me hubiera encantado tener una oradora que me represente a mi y a muchas mujeres argentinas”.
Villa recordó que “en 2018 vimos un Congreso dividido, una calle dividida, un país dividido. En 2020 pasa exactamente lo mismo”. “Es muy triste que desde esta comisión no le demos la oportunidad a un montón de mujeres de que también estén representadas. Estamos en una comisión donde suena una sola campana”, expresó.
La legisladora del Pro insistió: “Es hora de que podamos convivir aunque no pensemos igual. Soy la única de esta comisión que tiene una posición distinta, pero no soy la única en Argentina que piensa que el aborto no es un derecho humano”.
Sin embargo, Macha respondió que al momento de la convocatoria a la reunión, Villa no propuso a ningún invitado para sumar al programa. “Si había alguna idea de convocar a otra persona, se podría haber hecho en ese momento”, aclaró.
Al cierre de la reunión, Macha reforzó: “Durante muchísimos años, nuestras posiciones -que hoy se ven representadas mayoritariamente en la comisión- han sido minoría, y esa minoría significó la muerte injusta de muchas mujeres”.
“Quienes estamos a favor de la legalización del aborto y en contra del aborto clandestino, no consideramos la posibilidad de obligar a nadie ni a parir ni a abortar”, explicó, y concluyó: “En la medida en que no contemos con esta ley, miles de mujeres siguen muriendo a causa de abortos clandestinos”.
Durante una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, expusieron integrantes de la Campaña por el Aborto, del colectivo Ni Una Menos y especialistas.
Activistas feministas del movimiento Ni Una Menos, integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y especialistas coincidieron este martes en la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia del Covid-19.
Así se expresaron durante una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, convocada por Mónica Macha (Frente de Todos).
La legisladora explicó que la reunión virtual tuvo como motivación tres fechas del “calendario feminista”: el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebró el 28 de mayo; los 15 años de la Campaña por el Aborto Legal; y el reclamo del movimiento Ni una menos, que será este miércoles.
La primera en exponer fue Ana Morillo, integrante de la Campaña por el Aborto y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, quien subrayó que en el marco de la pandemia “se está trabajando fuertemente para acompañar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar en cuanto al acceso a derechos reproductivos”.
La especialista agregó que la situación difiere según la provincia y puso como ejemplo el de su provincia, Córdoba, donde recién en septiembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia habilitó la ejecución del protocolo provincial para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). “El fallo tuvo un atraso de siete años”, se quejó.
En ese sentido, Morillo advirtió que “se está obstaculizando y complejizando el acceso” a esta práctica “por diferentes motivos”, entre los que señaló “la falta de difusión”. “No está llegando como queremos que llegue a todas las mujeres del país”, reconoció, y añadió que en muchos casos “los gobiernos locales no están acompañando”.
Por otra parte, señaló que con la pandemia “la virtualidad es un problema, porque llegan solo las mujeres que tienen acceso a Internet y a las redes. Las mujeres de los barrios populares no logran este acceso”.
A continuación, Julia Martino, también integrante de la Campaña por el Aborto, recordó que el proyecto se presentó el año pasado en la Cámara de Diputados por octava vez, y este año había gran expectativa por la iniciativa del Poder Ejecutivo. “Cuando ya estaba por mandar el proyecto, vino la pandemia y quedó todo a la espera”, dijo.
Y agregó: “Esperemos que a medida que se pueda ir superando esto y que el Congreso vuelva a sesionar en forma presencial, en la nueva normalidad, podamos sentarnos a hablar y a ver de qué manera despenalizamos y legalizamos el aborto”.
“A pesar de la pandemia, que se lleva todas las noticias y la atención de la salud, las mujeres siguen teniendo embarazos no deseados y abortando”, advirtió Martino, y en ese sentido indicó que “aumentaron muchísimo los llamados al 0800 Salud Sexual” (0800-222-3444), lo que dejó en evidencia “la necesidad de que estos servicios se sigan prestando”.
En tanto, Martino informó que según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, “cada día, seis niñas menores de 15 años son madres”, y por esa razón remarcó la necesidad de que “la ESI (Educación Sexual Integral) se siga impartiendo más allá de las complejidades de la virtualidad, porque es una de las políticas de prevención de las más importantes”.
Por último, reflexionó: “Pensemos que por año hay cerca de 50.000 internaciones en los hospitales públicos por abortos inseguros. Es un número enorme y esas camas ahora adquieren otro valor debido al coronavirus”.
A su turno, Malena Correa, de Casa FUSA, advirtió que “los efectores de primer nivel están teniendo problemas de referencia territorial y de derivación, y esto es restrictivo para cualquier persona que quiere acceder a la ILE”.
La periodista Marta Dillon se refirió a la marcha Ni Una Menos y recordó que “esa primera vez, la presencia de los cuerpos en la calle hablaba de un hartazgo social sobre la violencia de género y patriarcal”.
“La violencia machista es un entramado cultural, político y económico que expone a unas más que a otras, y que tiene secuelas que hacen a la salud, por lo que esta atención tendría que estar entre las prioridades”, consideró, y opinó que “esto está íntimamente ligado con la demanda del aborto legal, fundamental para la autonomía de las mujeres y personas gestantes”.
Por otro lado, se refirió a la “crisis” que genera “la sobrecarga de las tareas de cuidado sobre mujeres, lesbianas y trans” en el contexto del aislamiento social, y en ese sentido pidió “que se reconozcan estas tareas como esenciales”. A su vez, mencionó en cuanto al coronavirus, que “cuando hablamos de higiene y desinfección, siempre recae sobre las mujeres”.
“Aunque ahora estemos en las redes, vamos a volver a las calles a decir Ni Una Menos y Aborto Legal Ya”, prometió Dillon.
En la reunión también expuso la ginecóloga infanto-juvenil Sandra Vázquez, quien llamó a “entender a los adolescentes como sujetos de derecho”, ya que “en general no conocen sus derechos” y es necesario “empaparlos de estos temas”.
Vázquez lamentó que con la pandemia “no existen los adolescentes” dado que “no aparecen como población de riesgo”, a diferencia de los adultos mayores, y por lo tanto “no han estado en el centro de la escena”.
La última disertante en la reunión virtual fue Patricia Rosemberg, exdirectora de la Maternidad Estela De Carlotto, quien advirtió que las instituciones de salud son “reproductoras del machismo y del patriarcado que se instalan en un lugar de control social”, y por eso llamó a “pensar cómo transformar esas organizaciones desde adentro”.
Marta Alanis, Ana Morillo y Marta Dillon participarán de una reunión virtual de la Comisión de Mujeres y Diversidad.
Activistas del movimiento Ni Una Menos e integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito participarán este martes a las 15 de una reunión virtual de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, que preside Mónica Macha (Frente de Todos).
Fueron invitadas a exponer Marta Alanis y Ana Morillo por parte de la Campaña por el Aborto; la periodista Marta Dillon; y la exdirectora de la Maternidad Estela de Carlotto, la médica generalista Patricia Rosemberg.
La reunión informativa se dará con motivo de conmemorarse, el pasado 28 de mayo, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
Asimismo, este miércoles se conmemorará un nuevo Ni Una Menos a través de las redes sociales, ya que la tradicional marcha no podrá hacerse por el aislamiento social y obligatorio.
El último encuentro de la comisión fue el 27 de abril, cuando expuso la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien se refirió a las medidas tomadas en el marco de la pandemia del Covid-19.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad brindó la capacitación de la Ley Micaela y buscó derrumbar los patrones culturales patriarcales.
El simulacro de sesión virtual en la Cámara de Diputados se realizó con la capacitación de género contemplada en la Ley Micaela, que fue brindada por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien apuntó a la cultura patriarcal e hizo un llamado a la reflexión sobre las desigualdades entre hombres y mujeres.
Ubicada a la izquierda del presidente de la Cámara, Sergio Massa, Gómez Alcorta habló ante el grupo de diputados presentes, luego de que la titular del CONICET, Ana María Franchi, expusiera de manera remota, apoyada por un Power Point.
Al inicio de su discurso, Gómez Alcorta recordó que la Ley Micaela, que lleva el número 27.499, fue sancionada el 19 de diciembre de 2018 y promulgada el 10 enero de 2019, y destacó que todas las provincias adhirieron a la norma, por lo que “el horizonte de proyección del Estado es que todos los funcionarios de todos los poderes provinciales y de la Nación, en un período no muy largo, estén capacitados”.
Luego fue al centro de la cuestión: “El patriarcado como sistema político, económico y social, que organiza nuestras relaciones y organiza el poder, no existió siempre así. Según los historiadores, entre 200.000 y 300.000 años atrás empezó a existir la vida en comunidad, y el patriarcado comenzó a existir hace 6.000 años”.
Por eso, la funcionaria subrayó que “no siempre existieron los mismos patrones culturales vinculados a las relaciones de poder”.
Además, advirtió que “a lo femenino se le ha asignado valores vinculados a lo pasivo, lo irracional, lo emocional, la sensibilidad”, y además esos valores fueron asignados a la condición biológica de las mujeres. “Eso es lo que se espera (de las mujeres) y lo que se deposita en roles y estereotipos”, dijo.
Gómez Alcorta se explayó sobre el “paradigma hetero-cis-normativo” y apuntó que “hay una organización de la sociedad que contempla exclusivamente a mujeres y varones, y relaciones heterosexuales” en “categorías binarias”.
Por esa razón, “categorías como ‘transexualidad’ o ‘intersexualidad’, homosexuales o bisexuales, son pensadas como desviadas o en muchos casos como anormales, incluso en pleno siglo XXI, y cuando hablamos de desvío hablamos de opresión”.
En tanto, la ministra aseveró: “Los varones están absolutamente acostumbrados a que se hable en un plural masculino, y nosotras también nos acostumbramos a eso. Cuando dicen ‘hay reunión de ministros’ yo me siento incluida, pero si dicen ‘hay reunión de ministras’, ningún ministro se siente incluido”.
En relación a esto, defendió el lenguaje inclusivo: “Cuando hablamos de todes, a pesar de algunos lingüistas que se enojan profundamente porque entienden que deformamos el lenguaje, es un hecho político que nos convoca a nombrar a todos, todas y todes aquelles que quedan por fuera del modelo binario”.
Por otra parte, Gómez Alcorta hizo un repaso histórico y recordó que “recién en 1.926, cuando en este recinto solo había varones, se sancionó la primera ley que dictó los derechos civiles de las mujeres”.
Asimismo, mencionó que “hasta 1.921, el Código Penal establecía que si un hombre encontraba yaciendo a su esposa con otro hombre podía matarla y ser eximido de pena”.
En la misma lógica, dijo que “hoy todavía muchos utilizan el concepto de ‘mi mujer’ para referirse a sus parejas; sin embargo, no van a encontrar mujeres que hablen de sus maridos como ‘sus hombres’”.
La ministra destacó que desde la adhesión a la Convención de Belém Do Pará, en 1994, “Argentina viene acompañando una profunda transformación normativa”, y citó la ley de Educación Sexual Integral, la ley contra la trata de personas y la de protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
También mencionó el Matrimonio Igualitario, la ley de Identidad de Género y la que incorporó el delito de femicidio al Código Penal, aunque finalmente llamó a “repensar algunas de las leyes dictadas y otras que faltan para empezar a achicar brechas”.
“Nuestro marco normativo nos obliga a pensar todas las políticas públicas y las normas en clave de cuál es el impacto que va a tener en las mujeres” en lugar de pensar que “la cuestión de género es una cosa aparte”, explicó la funcionaria.
Por último, expresó que “hemos aprendido, y a esta altura los números abundan, que las políticas tienen un impacto diferencial en las mujeres y hombres”, y convocó a “entender por qué a las mujeres les cuesta tanto acceder al trabajo formal o a cargos jerárquicos”.
Legisladoras de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para que se incorpore la perspectiva de género en los comités de crisis que trabajan para afrontar la pandemia.
Diputadas nacionales del interbloque de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para que se incorpore la perspectiva de género en los comités de crisis conformados en la Nación y en las provincias para afrontar la pandemia del Covid-19.
En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno nacional creó un comité de crisis del cual participan los Ministerios de Producción, Salud, Seguridad e Interior. Pero las legisladoras advirtieron que se excluyó la participación del actual Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, “sabiendo que las mujeres son uno de los principales grupos perjudicados por la pandemia”.
Por esta razón, el proyecto apunta a “darle voz a las mujeres en la toma de decisiones en situaciones críticas, incorporando la perspectiva de género en el diseño, implementación y monitoreo de políticas adoptadas para afrontar de manera transversal estas crisis”.
Además, la propuesta de ley busca fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de confinamiento.
La iniciativa es impulsada por las diputadas Adriana Cáceres, Lidia Ascárate, Sofía Brambilla, Marcela Campagnoli, Carla Carrizo, Camila Crescimbeni, Ingrid Jetter, Mercedes Joury, Gabriela Lena, Silvia Lospennato, Josefina Mendoza, Claudia Najul, María Luján Rey y Natalia Villa.
“Desde que comenzaron las medidas de aislamiento preventivo, las denuncias de casos de violencia de género en los hogares aumentaron más del 30% y hubo más de 20 casos de femicidios”, declaró Adriana Cáceres (Pro), una de las firmantes.
En esa línea, remarcó que “al no incluir al Ministerio de las Mujeres en el comité de crisis, se olvidaron que la pandemia también nos afecta a todas”.
Por su parte, la radical Carla Carrizo coincidió en que “necesitamos que la igualdad entre varones y mujeres no sea un slogan en Argentina, con o sin pandemia, pero mucho más en esta emergencia. Para eso es clave que los comités de crisis que funcionan hoy en la Nación y en las provincias integren el Ministerio de la Mujer a nivel nacional y las direcciones del área en las provincias, no sólo para cumplir con los organismos internacionales que así lo establecen, sino para garantizar que las políticas de cuidado y protección les lleguen efectivamente a las protagonistas”.
La ministra Elizabeth Gómez Alcorta iba a exponer ante la Comisión de Mujeres y Diversidad. Según se informó, la plataforma utilizada se cayó a nivel mundial.
Por primera vez desde que se implementó la modalidad remota, problemas técnicos obligaron a suspender una reunión informativa de la Cámara de Diputados. La Comisión de Mujeres y Diversidad tenía previsto reunirse este jueves con la participación de la ministra del área, Elizabeth Gómez Alcorta, pero el encuentro debió cancelarse por motivos de fuerza mayor.
La reunión, convocada por la diputada Mónica Macha (Frente de Todos), iba a iniciar a las 17, pero media hora después fuentes oficiales informaron que se postergaría para las 18.30 por problemas en el servidor Cisco Webex. Finalmente, la reunión debió cancelarse porque la plataforma “seguía caída a nivel mundial” y desde el soporte técnico no daban “certezas inmediatas”, indicaron.
Si bien la ministra se puso a disposición para reprogramar la reunión, los inconvenientes técnicos reavivaron el debate acerca de la posibilidad de sesionar de manera virtual, como pretende el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, debido a la imposibilidad de realizar una sesión convencional en el recinto por las medidas adoptadas en el marco de la pandemia.
En este sentido, la vicepresidenta Cristina Kirchner realizó una presentación este martes ante la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la validez de una sesión remota, algo inédito en el país más allá de algunas experiencias provinciales, como el caso de la Legislatura de Mendoza.
Por su parte, los diputados de Juntos por el Cambio se pusieron a disposición para sesionar de manera presencial con los recaudos sanitarios necesarios y en un recinto alternativo; y también accedieron a participar de una sesión virtual, aunque pidieron informes a Massa respecto de los convenios suscritos en los últimos días con el RENAPER y ARSAT.
