Los senadores provinciales de Juntos reclamaron que se giren a los municipios los fondos correspondientes a desembolsos pendientes de obras de infraestructuras.
Se trata de una iniciativa presentada en el Senado bonaerense, por los senadores Christian Gribaudo y Alejandro Rabinovich, mediante el cual solicitan al Poder Ejecutivo, que envíe el dinero adeudado proveniente de programas con afectación específica, financiamientos de programas, aportes del tesoro y que libere las autorizaciones de endeudamientos.
“Es preocupante el retraso en los anticipos financieros. La demora es injustificada, porque están cumplidos los pasos legales y administrativos”, sostuvo Gribaudo y remarcó: “esta situación genera para las arcas municipales la necesidad de cubrir ese monto con recursos propios que deberían ser destinados a otras prestaciones. Los perjudicados son los vecinos”.
Por otra parte, los legisladores señalaron la demora infundada en la emisión del certificado de capacidad de endeudamiento, indispensable para la compra de maquinarias, herramientas o ejecución de obras. “Los municipios ven trabadas sus gestiones y merma la capacidad de compra por la alta inflación”, sostuvieron.
La iniciativa tuvo despacho favorable en la Comisión de Asuntos Municipales, Descentralización y Fortalecimiento Institucional del Senado bonaerense.
El órgano legislativo reunió a sus integrantes para celebrar una nueva jornada de debate en el salón Antonio Cafiero del Palacio Legislativo.
Con la presencia de la mayoría de sus integrantes, la Comisión de Asuntos Municipales, Descentralización y Fortalecimiento Institucional celebró, en el salón Antonio Cafiero del Palacio Legislativo, su primer encuentro del año.
La reunión estuvo presidida por el titular de la comisión, David Hirtz (Juntos) y contó con la presencia de los senadores Francisco Durañona (Frente de Todos), Erica Revilla (Juntos), Luis Cellillo (Juntos), Daniela Reich (Juntos) y Lorena Mandagarán (Juntos).
En tanto, de manera virtual, dijeron presentes María Elena Defunchio (FdT), Sofía Vanelli (FdT), José Luis Pallares (FdT), Gustavo Soos (FdT), Emmanuel González Santalla (FdT) y Joaquín De la Torre (Juntos).
De este modo, los legisladores aprobaron la iniciativa impulsada por la senadora de Juntos Daniela Reich que “modifica artículos e incisos de la Ley 14.438, ´estableciendo normas protocolares en el tratamiento a la bandera nacional Argentina y a la bandera de la Provincia en el territorio´” con el objetivo de incluir a las banderas de los municipios en los actos institucionales.
En otro orden, de la comisión, también participó el senador Marcelo Daletto (Juntos), que se acercó para exponer sobre el proyecto de su autoría que propone la modificación del decreto Ley 6769/59 (Ley Orgánica de las Municipalidades).
La iniciativa tiene como objetivo impulsar la realización de cursos técnica legislativa en los Consejos Deliberantes de cada municipio para los ediles electos y todos aquellos funcionarios locales que quieran participar.
En ese sentido, la comisión recibió la visita de la Directora de Gestión de Conocimiento del Instituto Provincial de la Administración Pública, Bárbara Scaglia, y el Director de Logística y Coordinación de la misma entidad, Ignacio Ciriaco, quienes expusieron la postura del Poder Ejecutivo acerca del proyecto de ley.
La idea que empuja el diputado opositor Adrian Urreli es que esos fondos nacionales sean girados a los gobiernos locales “de manera automática”.
La iniciativa parlamentaria que se debate en la Cámara baja bonaerense busca, según el autor de la misma, “terminar con la discrecionalidad del gobierno nacional y provincial, buscar un mecanismo transparente que garantice la equidad y evitar maniobras electorales”.
El proyecto de ley crearía el “Sistema de Gestión y control de Fondos específicos para Municipios” que refiere a que todos aquellos fondos que el Gobierno Nacional le transfiere a la Provincia, ya sea Fondo de Infraestructura Municipal y de Seguridad, tiene que ser coparticipado con los municipios bonaerenses de forma automática por ley.
“Tenemos que terminar con la discrecionalidad en el reparto de los fondos que llegan a la provincia desde el gobierno nacional, hay que buscar un mecanismo automático y transparente que garantice que los fondos lleguen a los distritos sin importar el color político y pensando en la gente distribuyendo de manera equitativa tomando en cuenta el CUD y los ingresos”, expresó el diputado Urreli, autor de la iniciativa.
Se destaca que el presente sistema es aplicable a los fondos previstos en los artículos 51 y 53 de la Ley N° 15.310; donde se crea el fondo municipal de fortalecimiento de la seguridad y otros servicios asociados y el fondo de infraestructura municipal; y a todo fondo que, con el objeto de fortalecer las políticas municipales en diversas materias, sea creado en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la provincia.
En cuanto a la asignación y distribución de los recursos a los municipios, en la iniciativa se detalla que será realizada mediante un coeficiente combinado compuesto, en un 50 % por el Coeficiente Único de Distribución conforme lo establecido en la Ley N° 10.559, según texto ordenado Decreto N° 1.069/95, y el otro 50 % de acuerdo a los ingresos corrientes percibidos durante el ejercicio anterior al de la creación del fondo.
De esta forma también se agrega un mecanismo de control de la aplicación de los fondos, pues los municipios se verán obligados a rendir cuentas de los fondos transferidos ante el Honorable Tribunal de Cuentas, según lo estipulado en la Ley N° 10.869.
La normativa aprobada permite a los gobiernos locales controlar precios y sancionar a quienes no cumplan con la Ley de los derechos de Usuarios y Consumidores.
El Senado de la provincia de Buenos Aires, en su úlitma sesión, aprobó el proyecto unificado presentado por el senador del Frente de Todos, Francisco ‘Paco’ Durañona y el diputado de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky.
El mismo les da la facultad a los 135 municipios bonaerenses para el control y correcto cumplimiento de la Ley N° 20.680 en todo territorio, así como también el mejoramiento de las herramientas para la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor.
El Senado bonaerense aprobó el proyecto que presentaron en conjunto el senador Francisco ‘Paco’ Durañona del Frente de Todos y el diputado Daniel Lipovetzky que modifica la Ley 13.133 “para poner a la Provincia y a los Municipios a trabajar en el sentido que indicó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, colaborando con el control de los precios máximos y con la aplicación de la Ley de Abastecimiento, aprovechando estructuras vigentes en cada una de los 135 municipios”, argumentó Durañona.
“Desde la Reforma Constitucional de 1994 hemos incorporado el derecho de las y los usuarios y consumidores, hemos otorgado y elevado su jerarquía dándole rango constitucional y de esa forma se han desplegado las normativas necesarias para proteger a todos y todas las bonaerenses porque somos todos usuarios y consumidores”, explicó el ex intendente de San Antonio de Areco,
Además, agregó que con este proyecto “estamos trabajando en aportar soluciones concretas que tienen que ver con las necesidades de nuestra comunidad y los 135 municipios dándoles el poder para poder inspeccionar, regular, controlar y principalmente sancionar en caso de incumplimiento abusos en los precios de los distintos productos a los consumidores, vecinos y vecinas de los municipios que están a diario con estas situaciones”.
La aprobación del proyecto de ley “es fundamental para generar un cambio en la manera de mirar y regular la provincia. Estamos poniendo en manos de los gobiernos locales la atribución de controlar, inspeccionar y sancionar en sus grandes, pequeños y medianos establecimientos. Sancionar al actor principal de esa cadena que también afecta al almacén de barrio. Quedará en la potestad de los y las intendentes la manera de aplicarla; sin embargo, no quedan dudas que son los municipios los que están cerca de las comunidades y son quienes pueden garantizar a los ciudadanos las respuestas concretas”.
Para el legislador de la segunda sección electoral, los jefes comunales “deben tener todas las herramientas y recursos para dar respuesta”, es por ello que celebró el consenso con el diputado de Juntos por el Cambio.
“Recibimos el apoyo de las inmensas mayorías de las oficinas de defensa al consumidor indistintamente del color político, es indiscutible que hay consenso y que es necesario que los municipios controlen y regularicen los precios, que es lo que nos preocupa a toda la ciudadanía en su conjunto”, finalizó Durañona.
El senador oficialista Francisco Durañona dijo que “con el proyecto Buenos Aires Conectada pretendemos garantizar el acceso a internet en los 135 municipios de la provincia”
Ante la problemática que agudizó la pandemia del Covid-19 y buscando generar arraigo en cada punto de la provincia de Buenos Aires, el senador, Francisco ‘Paco’ Durañona presentó su proyecto de ley “Buenos Aires Conectada”.
El senador Francisco Durañona presentó, junto a su compañero de bancada Omar Plaini, un proyecto de ley que busca garantizar el derecho universal de los y las bonaerenses a acceder a internet y eliminar las desigualdades vinculadas con la localización geográfica, el nivel socioeconómico, la edad o el género.
Durañona explicó que esta Ley pretende que el “Estado reconozca y garantice el acceso a la conectividad para toda la población bonaerense, ya que la falta de equidad en esta materia implica una doble vulnerabilidad sobre los sectores más humildes de nuestra sociedad.
Esta problemática ha quedado expuesta con las dificultades que estos grupos han tenido para acceder a las prestaciones del Estado Nacional y Provincial en el marco de la crisis socio sanitaria por la pandemia de COVID-19”.
De esta manera, remarcó que la norma “tiene la férrea vocación por desarrollar la innovación tecnológica para potenciar el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad, así como de las actividades productivas”.
Asimismo, el referente de Movimiento Arraigo explicó que la Ley se basa en “la necesidad de velar por el pleno ejercicio de todos los derechos y asegurar el arraigo de los y las ciudadanas en los lugares que eligieron para vivir, desarrollarse y crecer”.
Según argumenta el texto del proyecto, además de asegurar la calidad de la prestación y la racionabilidad de los precios, se pretende “eliminar las restricciones y asimetrías existentes en relación al acceso de este servicio fundamental”.
También busca ampliar los servicios a la información y las comunicaciones en sus diferentes modalidades, optimizando el uso del tendido de fibra óptica, así como la articulación con AR-SAT y ENACOM para garantizar la cobertura de la totalidad de la extensión provincial en un plazo máximo de cinco años.
El ex intendente de San Antonio de Areco precisó que el objetivo es “fortalecer la inclusión digital y ampliar la democratización en el acceso a estas herramientas, así como encaminarnos a diluir la brecha existente en esta materia, clave para el desarrollo de nuestra provincia, la integración de nuestras regiones y la potencialidad de los bonaerenses”.
En ese sentido, destacó la necesidad de “establecer como prioridad la apropiación de estas tecnologías, atender las necesidades de las comunidades y hacer hincapié en la generación de contenidos propios, conocimientos y capacidades de las personas para su uso, ya que esto constituye una cuestión fundamental para la inclusión social y nuestra identidad”.
Esta norma busca desarrollar un plan estratégico en materia de infraestructura que facilite el vínculo entre la ciudadanía y la estatalidad en todos los niveles. Por ello, el dirigente del interior y autor de la iniciativa, “Paco” Durañona manifestó que “esta propuesta pretende reforzar la articulación con los gobiernos locales, que son el primer contacto, y permitirá proyectar horizontes de posibilidad en base al arraigo de nuestras comunidades en cada uno de los 135 municipios. Es trascendental asegurar una completa y buena conexión a internet en toda la provincia”.
