Piden explicaciones al Gobierno por presuntas irregularidades en licitaciones de Nucleoeléctrica Argentina

Desde Unión por la Patria presentaron un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle los procesos licitatorios realizados en Nucleoeléctrica Argentina desde la llegada de Demián Reidel, en medio de denuncias internas por sobreprecios y presuntas irregularidades.

La diputada nacional Florencia Carignano presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que aclare una serie de contrataciones y procesos administrativos realizados en Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA‑SA) desde la designación de Demián Reidel como presidente de la compañía. La iniciativa se apoya en denuncias internas y trascendidos periodísticos que apuntan a presuntas irregularidades en una licitación de servicios de limpieza y en otros contratos vinculados a la gestión de la empresa.

El proyecto solicita que el Ejecutivo informe todos los procesos licitatorios impulsados bajo la gestión de Reidel, así como la existencia de un concurso para contratar servicios de limpieza durante 2025/2026. También requiere el detalle de las empresas que prestan actualmente ese servicio, los valores de las contrataciones, el monto e identidad de la adjudicataria anterior y las razones técnicas, económicas y administrativas que explicarían un incremento de más del 140% respecto del contrato previo, según denunció un gerente de Atucha I‑II ante el Comité de Integridad de la empresa.

El pedido de Carignano también apunta a las razones por las cuales se dio de baja la licitación observada y solicita que el Ejecutivo precise si los valores utilizados tuvieron en cuenta los de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Según técnicos citados en la presentación, incluso esos valores de referencia habrían sido superados en casi un 60%, lo que habría motivado objeciones de áreas internas.

La diputada reclama además información sobre el estado de la denuncia interna presentada ante el Comité de Integridad y sobre los vínculos contractuales de LX Argentina S.A. con NA‑SA. Uno de los puntos más sensibles del proyecto está vinculado al proceso de migración del sistema SAP a HANA, cuyo presupuesto inicial habría sido de 600 mil dólares, pero que terminó costando siete millones. El pedido exige explicaciones sobre esa diferencia.

Carignano incluye también un requerimiento para conocer los gastos realizados con las tarjetas corporativas de la empresa y solicita saber si, al momento de la designación de Reidel, se evaluaron sus antecedentes crediticios. Según datos mencionados en los fundamentos, el actual presidente de la compañía tendría deudas por más de 880 millones de pesos, categorizadas por el Banco Macro como de “alto riesgo de insolvencia”, además de haber incrementado los gastos en viajes y representación.

En los fundamentos del proyecto, la legisladora advierte que NA‑SA atraviesa un proceso de deterioro institucional desde el cambio de autoridades, marcado por desplazamientos de personal técnico, reestructuraciones sin planificación, conflictos laborales y señalamientos de presiones internas para avalar procesos irregulares. A su vez, vincula estas situaciones con la decisión del Poder Ejecutivo de incluir a la empresa —responsable de la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse— entre las sujetas a privatización.

Carignano sostiene que las denuncias y la falta de explicaciones por parte de la conducción de la empresa no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un escenario que, a su entender, busca debilitar la credibilidad y el funcionamiento de una compañía estratégica para la soberanía energética del país. Por eso, exhorta al resto de los diputados a acompañar el pedido de informes para que el Gobierno precise la situación administrativa y financiera de NA‑SA.

Avances legislativos en educación, salud y cultura: dictámenes y debates en comisiones del Senado

Durante una jornada intensa en el Congreso, se reunieron en plenarias las comisiones de Educación y Cultura, Presupuesto y Hacienda, y Salud para tratar proyectos vinculados a la creación de universidades, el bullying, la educación emocional y la promoción de la donación de órganos. También sesionó la Comisión de Ciencia y Tecnología para abordar la situación de NA-SA.

En el Salón Illia, se reunieron este miércoles por la tarde en una plenaria las comisiones de Educación y Cultura, presidida por el senador camporista Eduardo de Pedro, y de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador Ezequiel Atauche (LLA), para tratar dos proyectos de ley en revisión: uno que crea la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, y otro similar con la creación de la Universidad Nacional de Saladillo, provincia de Buenos Aires.

Durante la reunión estuvieron presentes los intendentes de ambas localidades, quienes expresaron la importancia de estas creaciones. La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, destacó que la universidad tendrá “propuestas académicas vinculadas al desarrollo económico de nuestra región” y que “cuando se abre una universidad, significa futuro, desarrollo para nuestros jóvenes y crecimiento para la región”. En tanto, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, mencionó que estas creaciones sirven “para romper las barreras de imposibilidades geográficas, sociales y etáreas” y que “nuestra distancia mínima a una universidad está entre 200 y 350 km”.

Al finalizar, no se emitió dictamen, ya que se acordó continuar en una próxima reunión y analizar las propuestas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para lograr un dictamen consensuado.

Dictamen a proyectos relacionados al bullying

La Comisión de Educación y Cultura prosiguió con el tratamiento de tres proyectos de ley, de los cuales dos tratan sobre el bullying, presentados por los senadores Wado de Pedro y María Victoria Huala (Pro), y uno para promover el desarrollo de la educación emocional, presentado por el senador radical Flavio Fama.

En lo que respecta al tratamiento del bullying, ambos senadores destacaron la importancia de este proyecto consensuado. De Pedro subrayó que la idea es que se dé “al menos una vez al año, la Jornada Argentina contra el Bullying por una Escuela libre de acosos y discriminación, de la que participarán alumnos, docentes, no docentes y familias”, mientras que Huala señaló que el bullying “no deja marcas visibles, pero sí deja marcas que acompañan al chico por el resto de su vida”.

La iniciativa obtuvo dictamen y también contó con la participación de expositores especialistas: Ana Campello, especialista en convivencia escolar y prevención del acoso; Paola Zabala, directora de Comunidad Anti Bullying Argentina; y el licenciado Martín Cañuelas.

Respecto al proyecto de educación emocional, se propusieron modificaciones y la sugerencia de convocar a expositores especialistas en el tema para una próxima reunión.

Además, se trató un proyecto de resolución de la senadora María Florencia López (Frente Nacional y Popular) sobre la creación del Reconocimiento al Mérito Universitario “Embajadores del futuro”, en el ámbito del Senado de la Nación, y 67 proyectos de declaración.

Para terminar, el presidente de la comisión invitó al Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini por el aniversario de La Noche de los Lápices, para que expongan su visión y homenajeen aquel día.

Promoción para la donación de órganos

La última plenaria del día tuvo lugar pasadas las 18.30 en el Salón Azul, con el encuentro de las comisiones de Salud y de Educación y Cultura, presididas por los senadores Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular) y Eduardo de Pedro, respectivamente, para dictaminar un proyecto que modifica la Ley 26.845 sobre la promoción para la toma de conciencia de la relevancia social de la donación de órganos en todos los niveles educativos.

La iniciativa, perteneciente a los senadores Daniel Bensusan y Guillermo Andrada, propone modificaciones que “no cambian el espíritu de la ley sino que la profundizan y ponen en agenda la donación pediátrica”, aclaró Bensusan.

La privatización nuclear

A su vez, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación, presidida por la senadora Silvina García Larraburu, organizó una reunión de trabajo con el objetivo de abordar el estado de situación del sistema nuclear argentino, frente a la publicación del Decreto 695/2025, por medio del cual el gobierno nacional autoriza el procedimiento para la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina SA. El encuentro contó con la participación de destacados referentes de la materia, a saber: Diego Hurtado, doctor en Física por la UBA, profesor titular en la UNSAM e Investigador Principal de CONICET, y Andrés Juan Kreiner, doctor en Ciencias Naturales con orientación en Física Nuclear por la Universidad Técnica de Munich, profesor titular en la UNSAM e Investigador Superior de la CNEA-CONICET.
Durante la jornada se expusieron los principales riesgos de privatizar nuestras centrales nucleares, y la necesidad de garantizar un financiamiento sostenido es un área estratégica.
En el encuentro, Andrés Kreiner señaló: “Vinimos a expresar nuestro decidido apoyo a los proyectos de ley de la senadora García Larraburu y similares. Nucleoeléctrica no es una operadora: garantiza parte de nuestra electricidad, promueve trabajo calificado e impulsa la ciencia y la tecnología. Privatizarla no mejorará la vida de la gente, sino que incrementará las tarifas”.
Por su parte, Diego Hurtado afirmó: “Nucleoeléctrica es dueña de los diseños de nuestras centrales, lo que asegura soberanía y autonomía sobre el ciclo de combustible nuclear. Transferirla al sector privado pone en riesgo un patrimonio estratégico que no puede ser capitalizado por capitales extranjeros”.
En este marco, García Larraburu destacó el proyecto de ley presentado recientemente, que busca prohibir expresamente cualquier intento de privatización, cesión o extranjerización de los organismos y empresas del sector. Del mismo modo, puso en valor la iniciativa impulsada por el senador Mayans (Expediente S-1680/25). Ambas propuestas fueron acompañadas por el bloque de Senadores de Unión por la Patria, en una clara expresión de defensa conjunta de los intereses estratégicos nacionales.
“La energía nuclear no es un negocio, es un patrimonio colectivo y un instrumento de soberanía. Nuestra responsabilidad es protegerlo para garantizar el futuro energético, científico e industrial de la Argentina”, concluyó la senadora.
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