La Comisión de Minería de Diputados, presidida por el sanjuanino Walberto Allende (UP), se reunió este miércoles para recibir al titular del sector Luis Lucero quien explicó las proyecciones del sector para el 2024 y, al ser consultado por la el RIGI que se encuentra en el proyecto de ley Bases, afirmó que “la Nación no puede tener injerencia sobre el ejercicio de las atribuciones impositivas provinciales”.

Al inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, Allende manifestó que habrá que hacer un replanteo del horario de reunión porque “en el interior tenemos menos vuelos y se nos ha complicado muchísimo para venir. Varios diputados han tenido que ir a Mendoza y en algunas provincias recién tenemos vuelos por la tarde”, y adelantó: “Seguramente el cambio de horario va a complicar el trabajo en las distintas comisiones”.

Allende comentó que la visita de Lucero es para que “explicara las decisiones y perspectivas desde el Gobierno en una actividad tan importante como la minería”. Contó que días atrás se reunieron con la mesa directiva, por lo que le agradeció la presencia, y precisó que el funcionario “lleva más de 30 años trabajando en la actividad de la minería.

El sanjuanino informó que se festejó en Córdoba el día de la minería y agregó: “La provincia tiene una actividad importante en segunda y tercera categoría. Es la provincia que más volumen tiene anualmente el manejo”.

En su exposición, el titular de minería expresó: “Nuestra principal misión es contribuir a generar riqueza para nuestro país en muchos ámbitos y por sobre todo en aquellos donde, por geografía y por desarrollo económico y cultural no hay otras oportunidades”.

“La minería ocurre en, gracias a y en beneficio de las provincias que son dueñas de los recursos naturales. Soy consciente como autoridad nacional que tengo un área en la cual las autoridades que verdaderamente trabajan y contribuyen son las provincias día a día. Estamos para ayudarlos y, en lo posible, guiar los debates y promover las medidas que nos parezcan oportunas para ese desarrollo”, manifestó.

“Tenemos que destrabar algunas realidades que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Todos sabemos lo que pasa en el litio en Salta, Jujuy y Catamarca. Es una enorme oportunidad de generar riqueza que ya estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos 2 a 4 años si hacemos las cosas bien. También hay una enorme oportunidad en el cobre en San Juan, Catamarca, Salta y hay mucha riqueza por destrabar. En eso queremos trabajar”, precisó.

A la hora de las preguntas, el primero en hacerlo fue el catamarqueño Francisco Monti (UCR) quien consultó por dudas e incógnitas en torno al artículo 162 y 163 sobre las competencias de las jurisdicciones locales de las provincias que está en el proyecto de ley Bases y sobre un código tributario de un municipio de su provincia.

Lucero le respondió: “Yo no puedo ni debo opinar sobre un código tributario municipal. No tengo atribuciones para hacerlo”, y agregó: “Las atribuciones impositivas entre Nación y provincia están establecidas en la Constitución, es una decisión nacional y provincial respetarla y aplicarla con prudencia. También me excede porque las provincias en nuestra Constitución tienen un margen para competir entre ellas por las inversiones o cooperar entre ellas para capturar inversiones. Presentar a inversores nacionales o extranjeros marcos jurídicos e impositivos distintos, puede o no contribuir a capturar inversiones. La Nación no puede tener injerencia sobre el ejercicio de las atribuciones impositivas provinciales”.

“Cada provincia es dueña de hacer lo que decida mejor para su territorio y su economía según la Constitución Nacional, nosotros seremos siempre respetuoso de eso. Pueden decidir cooperar o competir, está en las provincias que tienen la capacidad de inversiones”, resaltó.

El titular de la comisión comentó que “los grandes emprendimientos siempre están en las pequeñas localidades. Nos encontramos que teníamos una cantidad importante para invertir, pero no teníamos proyectos y sigue siendo la gran discusión de dónde van los recursos de la minería y eso se fue modificando con leyes provinciales”. En esa línea, pidió a las autoridades que se explayen en el tema del RIGI que “no habla de las inversiones necesarias que necesita la minería en electricidad, caminos, etc.”

Al respecto, el secretario de Minería contó que “la empresa de la provincia nos ha compartido su preocupación por algunas de las infraestructuras que son necesarias y estamos trabajando con ellos sobre los requerimientos de energía eléctrica. El inversor suele tener absoluta consciencia de que seguramente le va a tocar hacerse cargo del costo de la infraestructura. Así ocurrió en varios grandes proyectos con aportes de grandes inversores privados para construir líneas de alta tensión, mejorar equipo ferroviario y comprar”.

“En cuanto a los proyectos, el inversor sabe que hoy Argentina y sus provincias están sin capacidad de financiar esos trabajos, por eso debemos proveer herramientas jurídicas para que pueda aportar el capital necesario de esa infraestructura con un esquema inteligente que quede en buen estado para la provincia y tener la garantía que el acceso y el uso de esa infraestructura va a ser la que necesita. Si no le damos esa garantía no lo va a invertir, el proyecto no se llevará adelante y vamos a perder mucho dinero en tasas, contribuciones y sueldos”, explayó.

Lucero explicó que el desafío que tienen es “encontrar en modelos que ya existen esquemas que permitan que el privado financie y tenga acceso privilegiado para satisfacer las necesidades del proyecto y que esa infraestructura quede para beneficios de la provincia”.

“Argentina tuvo un boom minero entre los 90’ y el 2000 por una serie de factores como apertura de mercados internacionales y libre flujo de capital y la suba de commodities en cobro y oro. Eso permitió un desarrollo minero en esos años muy importante que todavía disfrutamos porque todavía quedan unas 6 o 7 minas en Santa Cruz y en San Juan produciendo y no había RIGI, pero si había una ley de inversiones mineras sancionada por unanimidad en el 93’ que tiene importantes beneficios para el inversor como la estabilidad fiscal y el régimen cambiario y eso está vigente. Esa es la ley con la que contamos”, explayó.

En ese sentido, opinó que “tenemos que tener minería de gran nivel y explotar nuestros recursos con las herramientas que hoy disponemos. De cara al futuro tenemos que reconstruir credibilidad para el inversor. Tenemos que tener minería. La ley de inversiones minera vigente sufrió dos ataques en esta estabilidad cuando se les empezó a cobrar derechos de exportación a proyectos que tenían estabilidad fiscal”.

Así, acotó que “sería una realidad muy gratificante que parte del empresariado nacional empiece a invertir en minería porque casi todo lo que hemos visto desarrollo fue por inversores extranjeros, sería deseable ver inversores argentinos apostando por la minería de la nación”.

“El litio es una ventana de oportunidad por los próximos 2 o 3 años. Sabemos que, en países avanzados, mirando al futuro, está siendo superado por otras posibles fuentes de energía. Es una realidad y tenemos que aprovecharla, pero el mundo ya está mirando otras fuentes como el hidrógeno para generar electromovilidad”, alertó.

En cuanto a la situación del cobre, informó que “parece ser algo más necesario en el largo plazo para las soluciones de electromovilidad y los yacimientos de cobre tienen vida de los 30 a 40 años. En nuestro territorio la mina Aguilar funcionó más de 90 años”, y resaltó que “cuando hablamos de minería, hablamos de proyectos que van a vivir entre 30, 40 a 50 años y van a dar trabajo y generar impuestos por décadas. Necesitamos tener una mirada de largo plazo en esta industria”.

Lucero volvió a destacar que “no hay proyectos mineros que puedan lanzarse sin la aprobación provincial porque el proyecto minero para empezar requiere de la presentación y un estudio del impacto ambiental”, y detalló que de cada 100 intentos de exploración que una compañía hace uno solo se convierte en mina de explotación y “esa primera actividad ya tiene que hacerse con la aprobación del Estado y las provincias y las etapas sucesivas”.

“Lo que pasó en los últimos años es que el país no logró traer inversiones. Tenemos que trabajar para encontrar una solución. Tenemos cobro, litio, oro y plata”, enfatizó y alertó que las minas de oro y plata de la Patagonia “se están extinguiendo, y necesitamos explorar porque son fuentes de ingresos que vamos a perder”.

“La potencialidad que tenemos en la Argentina es la de recursos donde conocemos los yacimientos. El paso crítico es que se den las condiciones, producimos commodities donde el precio se lo pone la demanda”, planteó.

En su intervención, el salteño del bloque Innovación Federal Pablo Outes opinó: “Creo que a la minería hay que estimularla, pero también creo que hay que regularla, sobre todo, en las regiones que son más pobres para compensar”.

La jujeña Leila Chaher (UP) cuestionó: “Según la Constitución, los recursos de los bienes naturales son de las provincias. Pero específicamente en el RIGI, en los artículos 162 y 163, entendemos que se avasalla las autonomías locales y provinciales”.

A su turno, el cordobés Carlos Gutiérrez aseguró: “Estoy de acuerdo con que a las leyes hay que mejorarlas; creemos que hay que dar una vuelta de tuerca en este país y que no sirve seguir manejando la realidad con consignas de hace 50 años que atrasan en todos los frentes”.

El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) volvió a opinar respecto del conflicto que mantienen las provincias patagónicas, puntualmente Chubut, con la Nación y planteó que “no exista relación fiscal” para evitar el vínculo “tóxico” que se genera.

En diálogo por Radio 10, el economista analizó que “es un Gobierno que llegó correctamente con un diagnóstico que el anterior dejó plantado en una crisis muy severa y salir de eso nunca es fácil, pero fue muy correcto la presentación que se hizo en sociedad de la crisis heredada y el camino a seguir”.

“Creo que hay luz al final del túnel, no hay duda, pero dolores de parto va a haber porque hay cosas que el Gobierno está dispuesto a enfrentarlos para que el país funcione bien para los argentinos, por ejemplo, el tema fiscal como el conflicto entre Nación y provincias y llevamos 100 años de este problema”, opinó.

Al ser consultado por el conflicto con las provincias, Espert recordó que “la Constitución del 53 establecía un país federal que significa un país con mucha autonomía municipal y de las provincias, no esta relación tóxica entre gobiernos provinciales y municipios y Nación”.

“Hoy estamos con esta enfermedad que las provincias manipulan a la Nación, la cagan cada vez con los préstamos que toman de Nación y Nación manipula con la plata que les manda. Entonces para poder terminar con esto, hay que terminar con el tema coparticipación y que cada provincia recaude sus impuestos y, de esa manera, vamos a tener municipios muy fuertes, provincias menos fuertes y un Estado Nacional chiquito”, planteó.

Sin embargo, el economista señaló que “ahora es todo al revés, tenemos un Estado Nacional más grande que las provincias gastando más, todo eso hay que darlo vuelta y eso empieza por exponer un poco el curro que hay detrás de que no haya autonomía provincial y que siga la relación tóxica porque atrás hay negocios”.

“El problema entre Nación y provincia, si lo miras como función, lo que ocurre es que Nación se dedica a atender jubilados y dar subsidios, es una especie de pasamanos que recauda plata de los activos que están laburando y los impuestos al salario se lo reparte a los jubilados. El Estado Nacional groseramente cobra impuestos al salario y se lo da a los jubilados y da subsidios, la función de las provincias deberían prestar servicios que fueron transferidos como salud, educación básica, seguridad y tienen 2 millones de empleados públicos para eso y no funciona porque todo es un desastre. Tenes un problema serio ahí porque gastan 14 puntos del producto del gasto y no podes cubrir todo, estas jodido, algo malo es”, explayó.

Para el bonaerense “si es necesario hay que gobernar con los gobernadores de culo, porque no puede ser que pretendan que sea un derecho adquirido fumarse en pipa a la Nación, eso está mal es parte de la decadencia”, y expresó: “Es una cosa insólita lo que pasó entre Chubut y Nación, pero hay que ver los contratos que firmó de deuda. Argentina es campeón mundial de pedir plata cuando está en la ruina y las provincias cada tanto hacen lo mismo”.

“No se puede refinanciar otra vez la deuda con Chubut, pero ‘Nacho’ Torres sabía de este problema cuando estuvo en elecciones e hizo campaña con esto”, apuntó y avizoró: “Esto va a terminar en alguna negociación, hay que cumplir los contratos. Para que no ocurran esta relación tóxica que no exista relación fiscal entre Nación y provincia. Que sean federales y se financien solos”.

Pese a que la justicia federal falló a favor de la provincia de Chubut en el marco del conflicto que mantiene con Nación por los Fondos que le fueron recortados por deudas pendientes, y mientras desde el Ejecutivo anticiparon que pedirán un per saltum a la Corte, el senador nacional Pablo Blanco (UCR - Tierra del Fuego) presentó un proyecto para poder destrabar el problema y manifestó: “Todos tenemos que poner de nuestro esfuerzo para un futuro mejor. Necesitamos más propuestas superadoras y menos conflictos espurios”.

La iniciativa propone prorrogar por un año los vencimientos de capital e intereses de las deudas que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantienen con el Estado Nacional en el marco del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.

Al respecto, señala que la misma regirá a partir de “los vencimientos originales y en las mismas condiciones establecidas en dichos contratos, tanto para la amortización de capital como los servicios de intereses correspondientes”.

En otro artículo, plantea que tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires deben comprometerse a llevar adelante programas de reforma fiscal, financiera, económica o administrativa de los estados provinciales “cuyo principal objetivo consista en la consolidación de la reforma del sector público provincial”, y resalta: “Dichas reformas deberán resultar en la reducción sustancial en términos reales del gasto público primario de las administraciones de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de acompañar el esfuerzo de saneamiento fiscal y ordenamiento macroeconómico llevado adelante por el Gobierno Nacional”.

“Proponemos que los títulos de deuda pública que emitan las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios y comunas queden excluidos de la ley N° 23.928, específicamente en su Art. 7 que dispone que ‘el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley’”, destaca Blanco en su proyecto.