La chubutense del Frente de Todos reveló en su cuenta de Twitter que recibió una llamada intimidatoria. “Tenemos que seguir militando para que estas cosas no vuelvan a suceder”, expresó.
La senadora nacional Nancy González (Frente de Todos), quien culmina su mandato el próximo 10 de diciembre, reveló este lunes que recibió amenazas telefónicas y reclamó que se pueda esclarecer lo sucedido “lo más rápido posible”.
“El sábado recibí una llamada en la que una persona me amenazó. Procedí a hacer la denuncia correspondiente en la ciudad de Puerto Madryn y espero que las autoridades a las que les corresponde investigar el hecho puedan esclarecer lo sucedido lo más rápido posible”, escribió en su cuenta de Twitter.
Además, la legisladora oficialista sostuvo que “lamentablemente las mujeres que hacemos política en Chubut estamos acostumbradas a recibir este tipo de violencia, pero tenemos que seguir militando para que estas cosas no vuelvan a suceder porque el odio nunca lleva a buen puerto”.
“Desde una banca en el Senado o caminando las calles de mi ciudad siempre voy a defender las mismas ideas y sostener las mismas convicciones”, agregó González.
Entre los mensajes de apoyo que recibió, su par en el Senado Norma Durango manifestó: “Nancy querida. Compañera. Me solidarizo con vos. No nos acostumbremos a estas amenazas. Abrazo grande!!”.
“Mi enérgico repudio a la amenaza que recibió la Sdora. González. Ejercer estas prácticas violentas desde las sombras hablan de una enorme cobardía. Las mujeres seguiremos levantando la bandera de la No Violencia Política! No Más!”, fue el tuit de la senadora catamarqueña Inés Blas.
La iniciativa se aprobó en la sesión de este jueves en la Cámara alta. Prevé beneficios impositivos para las empresas y programas de capacitación. Pasa a Diputados.
En la sesión de este jueves, el Senado aprobó por 52 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones -de los senadores de Juntos por el Cambio Roberto Basualdo, Esteban Bullrich y Laura Rodríguez Machado- un proyecto de ley que tiene por objeto la promoción en la participación de mujeres, travestis y trans en el sector pesquero.
La impulsora de la iniciativa, la chubutense Nancy González (FdT), fue la única oradora y explicó los puntos de la iniciativa. Señaló que llevará aproximadamente cinco años alcanzar la totalidad de la vigencia de la ley.
La oficialista reveló que el proyecto se presentó luego de mantener un año de reuniones con distintas mujeres del sector, que “son discriminadas permanentemente por su condición de género”. “Este proyecto pretende visibilizar el rol y la presencia de las mujeres en el sector marítimo”, destacó.
Pero además, “compensarlas por la discriminación que sufren actualmente por materia de género”. Sobre ello, explicó que se les señala no responder “físicamente al trabajo que se produce en un buque pesquero”. González remarcó que hoy día la tecnología ha avanzado y “es muy distinto el trabajo que se realizaba hace muchos años”.
La legisladora apuntó que existe “un gran número de mujeres formadas para estas tareas, pero siempre son las últimas en subir a los barcos”. De acuerdo a datos de la Organización Marítima Internacional, un 2% de mujeres “están en la flota”, pero de ese porcentaje, “el 92% están en los cruceros, no están en la flota pesquera”.
Qué prevé la iniciativa
El proyecto tiene por objeto “promover y garantizar la participación, el acceso, la conservación y el progreso de las mujeres y de las personas travestis, transexuales y transgéneros en el empleo en la flota pesquera nacional”.
El texto modifica el artículo 40 de la Ley 24.922, de Régimen Federal de Pesca, referido a cómo deben estar constituidas las tripulaciones de los buques, incorporando dos incisos.
Uno de ellos indica que “como mínimo el 30% del personal de la tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida por mujeres”; y otro que estima que “como mínimo el 1% del personal de la tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida por personas travestis, transexuales y transgéneros”. Y se subraya que “bajo ningún aspecto este porcentaje será limitante de un número mayor para el acceso de las personas protegidas” por la ley.
Para acceder al Régimen de Promoción, los/as empleadores deberán acreditar haber cumplido con los porcentajes establecidos, los cuales son progresivos: 20% del cupo para el primer año de entrada en vigencia de la ley; 60% del cupo para el tercer año; y 100% para el quinto año.
Las empresas que acrediten el cumplimiento de esas metas establecidas podrán acceder a beneficios fiscales: estarán obligadas únicamente al pago del 50% de las contribuciones patronales; y podrán realizar una deducción especial en la determinación del impuesto a las Ganancias o sobre los capitales, equivalente al 70% de las retribuciones correspondientes del personal mujeres, travesti, transexual o transgénero embarcado en cada período fiscal.
La iniciativa también prevé que “el régimen de promoción es para todos los puestos y/o tareas que puedan darse dentro del buque pesquero, quedando especialmente incluidas aquellas que sean de jerarquía como capitanías”.
“Los armadores que cuenten con personal jerárquico mujeres, travesti, transexual o transgénero tendrán derecho al cómputo, a opción del contribuyente, de una deducción especial en la determinación del impuesto a las Ganancias o sobre los capitales, equivalente al 100% de las retribuciones correspondientes a ese personal”, agrega.
Además, se establece un programa de capacitación para todo el personal marítimo que deberá dictar la Prefectura Naval Argentina en articulación con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; se prevén multas para quienes no cumplan con la norma; y se crea la Oficina de Consejería de las Mujeres y de las Diversidades en el Ámbito Marítimo, bajo la órbita del Consejo Federal Pesquero.
La senadora Nancy González fue elegida presidenta y la diputada Cristina Alvarez Rodríguez secretaria por unanimidad. La oposición reservó la decisión sobre la vicepresidencia para el próximo encuentro.
La Comisión Bicameral Permanente Interparlamentaria Argentino-Mexicana quedó conformada este jueves en una reunión virtual. La senadora Nancy González (FdT-Chubut) fue elegida presidenta y la diputada Cristina Álvarez Rodríguez (FdT-Buenos Aires), secretaria. Por su lado, la oposición pidió reservar la decisión sobre el puesto de vicepresidente hasta la siguiente reunión.
El prosecretario parlamentario del Senado, Juan Pedro Tunessi, inició la reunión con el anuncio de que las sesiones serán de manera virtual, y el recordatorio de que el encuentro estaba destinado a elegir autoridades. A continuación, repasó la nómina de los legisladores miembros.
La senadora Norma Durango (FdT-La Pampa) solicitó la palabra para presentar a la candidata oficialista a la presidencia. “En nombre del bloque de Frente de Todos vamos a proponer para presidir esta Comisión Interparlamentaria Argentino-Mexicana a la senadora Nancy González”, formuló. Además, argumentó la importancia de la comisión: “Es una de las pocas bicamerales que existen”. “Nosotros hemos ido a México a reconocer el trabajo y la ayuda y la solidaridad que México tuvo con los argentinos en la última dictadura”.
Jimena Latorre (JxC-Mendoza) se manifestó en nombre de la oposición respecto del puesto de vicepresidente de la comisión. “En nombre de Juntos por el Cambio voy a pedir la reserva de la vicepresidencia hasta la próxima reunión que es donde designaremos quién ocupará ese lugar”, solicitó.
El diputado Carlos Selva (FdT-Buenos Aires), por su lado, se encargó de postular a la secretaria. “Para mí es un honor proponer a Cristina Álvarez Rodríguez como secretaria, porque justamente todo lo que enunciara anteriormente, va a ser un año de mucho trabajo con México y creo que Cristina tiene todas las condiciones, no solamente de idoneidad y de compromiso con el trabajo, sino también su capacidad administrativa”, argumentó el legislador bonaerense.
Las autoridades se aprobaron por unanimidad y Nancy González, la flamante presidenta, pasó a dirigir la reunión. En primer lugar, agradeció a todos por “la confianza de dirigir esta bicameral”. A su gratitud añadió que “va a ser una comisión que va a tener mucho trabajo” y propuso una próxima reunión “con toda la documentación que tengamos”. Por último, destacó la “relación tan fluida que tenemos con el país de México”.
La secretaria de la comisión, Cristina Álvarez Rodríguez, habló a continuación. La diputada del oficialismo instó a “fortalecer el vínculo con el querido país hermano de México”. En el mismo sentido, destacó la “oportunidad histórica que tienen México y Argentina”, que ejemplificó con “la afinidad entre nuestros queridos presidentes, Alberto y AMLO” y con algunos temas en agenda como “vacunas, de acuerdos comerciales, la cooperación en materia de derechos humanos y género, el flujo de migrantes”.
Para concluir, González adelantó que “en una próxima reunión definiremos los pasos a seguir y qué acciones son las primeras que nos están reclamando para poder interactuar con el país querido de México y que lo necesita también nuestro país la República Argentina”.
La bicameral quedó conformada por los senadores Nancy González, Inés Blas, Norma Durango (Frente de Todos); Gladys González, Oscar Castillo (Juntos por el Cambio); y los diputados Carlos Selva, Cristina Alvarez Rodríguez (Frente de Todos); Federico Frigerio, Jimena Latorre (Juntos por el Cambio); y Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal).
Legisladoras y dirigentes oficialistas solicitaron rever la situación del canal en la previa del vencimiento de su concesión.
Dirigentes oficialistas conocidas bajo la denominación de Las Federalas difundieron un comunicado en el cual solicitan, entre otras cuestiones, que sea el Estado el encargado del control y toma de decisiones sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay, en el marco del vencimiento del contrato de concesión del canal. Entre las firmantes del escrito se encuentran las senadores nacionales María Inés Pilatti Vergara y Nancy González y la diputada nacional Blanca Osuna.
Las legisladoras destacaron la importancia de la Hidrovía, en la previa del vencimiento de los contratos de conseción este 30 de abril: “Por esta autopista fluvial se transporta aproximadamente el ochenta por ciento de las exportaciones argentinas, por lo cual se tornan fundamentales las tareas de control y fiscalización de la circulación por esta vía de navegación”.
El comunicado no sólo pide que el Estado se haga cargo del canal, sino que además solicita “acceso para las provincias de la Mesopotamia, NEA y NOA el acceso a los puertos públicos y privados ubicados al norte del puerto de Rosario hasta Confluencia mediante el dragado, canalización y promoción del transporte multimodal ferro-fluvial”.
También insiste en la urgencia de avanzar con la obra del Canal Magdalena “ya que es fundamental posibilitar el transporte de las cargas de nuestro comercio exterior con salida directa al mar y conectar los puertos fluviales con los puertos de nuestro litoral marítimo (y viceversa)”. Sin embargo, en el Boletín Oficial ya hay una audiencia pública convocada para discutir el proyecto el 7 de mayo.
Por último, solicita que se dé tratamiento “de los proyectos presentados por senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, a saber, el pedido de informe al Ministerio de Transporte de la Nación, de Audiencia Pública, y de creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Hidrovía”.
El vencimiento del contrato de concesión para tareas de balizado, dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay (en adelante, Hidrovía) el próximo 30 de abril del corriente, nos moviliza a tomar posición sobre el tema a quienes integramos el espacio político Las Federalas, diputadas y senadoras nacionales (en ejercicio y mandato cumplido) y a manifestar nuestra preocupación ante su situación actual.
Suscriben el documento las senadores nacionales María Inés Pilatti Vergara y Nancy González; la diputada nacional Blanca Osuna; las legisladoras (MC) Elena Corregido, Julia Perié, Hilda Soria, Diana Conti, Ana Corradi, María Higonet, María Bianchi, Nanci Parrilli y Ada Maza y las dirigentes Milagro Salas y Yamila Zabala Rodríguez.
En la reunión de conformación de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, María Eugenia Duré explicó su proyecto para “visibilizar a la Antártida” cada 22 de febrero. Se ratificaron las autoridades.
En la reunión de conformación de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, la senadora María Eugenia Duré (FdT-Tierra del Fuego) presentó su iniciativa de adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina el 22 de febrero.
“Se cumplen 117 años de permanencia ininterrumpida en el Continente Blanco, con lo que eso significa para nuestro país”, argumentó y agregó que “Argentina es el país con más bases en la Antártida. Hoy tiene trece bases que administra y seis de ellas son permanentes”.
“La importancia de este proyecto tiene que ver con visibilizar a la Antártida”, puntualizó la legisladora oficialista. “No podemos no hablar ni de Antártida ni de Malvinas con la importancia geopolítica que tiene la Antártida, con la importancia turística, económica, científica”, concluyó Duré. Su iniciativa fue unificada con la de la senadora Nora Del Valle Giménez (FdT-Salta), quien también propuso adherir a la conmemoración del 22 de febrero.
Otros cinco proyectos también se pusieron en tratamiento, aunque sus autores estaban ausentes. Todos se aprobaron y se pasaron a la firma.
Al comienzo de la reunión, la comisión ratificó a sus autoridades. Nancy González (FdT-Chubut) continuará como presidenta, Ernesto Martínez (Pro-Córdoba) como vicepresidente, y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro-Río Negro) como secretario.
La flamante presidenta agradeció por “el acompañamiento que he tenido el año pasado en la comisión” y destacó que “hemos sacado proyectos muy importantes, como la aprobación del FONDEF que era una ley muy esperada para nuestras Fuerzas Armadas”.
Pidieron la palabra para agradecer y ratificar a las autoridades los senadores Oscar Parrilli (FdT-Neuquén), Julio Cobos (UCR-Mendoza), y los propios Martínez y Weretilneck.
El proyecto fue presentado por senadores de Chubut y Río Negro y declara la emergencia por 180 días en las zonas afectadas. El salteño Romero cargó contra los mapuches y acusaron a Gladys González de ir a “sacarse una foto” al lugar.
Por Carolina Ramos
El Senado aprobó este jueves la declaración de zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva en el departamento de Cushamen, en Chubut, y en El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses. La iniciativa fue presentada recientemente por el chubutense Alfredo Luenzo, sus pares Nancy González y Mario Pais, y los rionegrinos Silvina García Larraburu, Martín Doñate y Alberto Weretilneck.
Si bien el proyecto no formaba parte de la sesión, los bloques llegaron a un acuerdo para incorporarlo sobre tablas, y finalmente se aprobó por unanimidad (59 votos), por lo que ahora resta su tratamiento en la Cámara de Diputados. Pero a pesar del rápido acuerdo alcanzado, el debate tuvo algunos cruces picantes entre senadores del oficialismo y la oposición.
La emergencia será declarada por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo, y “se complementa con la respuesta que está dando el Gobierno nacional”, según explicó el senador Luenzo. “Es un instrumento que le permite al Ejecutivo tener las herramientas legales necesarias para consolidar el primer tramo de respuestas”, precisó el oficialista.
Al inicio del debate, el senador Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) advirtió que “estamos atacando las consecuencias y no las causas” y pidió incorporar al proyecto la cuestión de la seguridad. “Se ha instalado una violencia con ocupación de tierras, ataque a personas, quema de edificios, y hay grandes probabilidades de que los incendios a los cuales nos estemos refiriendo hayan sido causados intencionalmente”, denunció.
El salteño alertó que “tanto el gobierno de Chubut como el de Río Negro no tienen control sobre su territorio, y la Nación está haciendo una tolerancia enorme en proteger a los grupos violentos, en no aplicar el imperio de la ley, en que la Justicia no funcione”.
Acto seguido, habló de la supuesta violencia “de quienes se dicen mapuches, porque me consta que la gran mayoría de nuestros hermanos mapuches viven pacíficamente, pero hay sectores de ellos infiltrados por grupos violentos”.
Tiempo después llegó la respuesta de la chubutense Nancy González, quien recordó que “ni bien llegó el ministro de Ambiente (a la zona), lo primero que hizo fue una denuncia penal por los incendios”.
“No voy a permitir que traten a los pueblos originarios como los causales de estos incendios cuando la Justicia está investigando. Nuestros mapuches no son para nada violentos y el pueblo de Chubut tampoco”, se defendió, y remató: “Podemos fallar, pero seguridad tenemos”.
Del mismo modo, Luenzo se opuso a la propuesta de Romero y pidió trabajar, en cambio, en incorporar los delitos ambientales al Código Penal para llenar el vacío legal hoy existente. “No estigmaticemos a los pueblos. El peor error es que generalicemos. Si hubo incendios intencionales, que se juzgue a los responsables”, dijo, para dar por terminada la discusión.
En otro pasaje del debate, Gladys González, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, comentó que recorrió las zonas afectadas: “Lo que se vivió y se está viviendo es una tragedia”.
“No hablamos solo de bosques nativos ni de plantaciones: hablamos de las viviendas de más de 350 familias que perdieron todo. Se quedaron sin nada, literalmente”, lamentó, y agregó que además “no tienen luz ni agua”, y por eso “necesitan que la ayuda se sostenga en el tiempo”.
La senadora encendió la polémica al expresar que vio “mucho desorden” en la zona, y pidió a los gobiernos en sus distintos niveles que “ordenen la ayuda”. “Hay familias que están construyendo sus viviendas de manera precaria sobre terrenos que no son firmes”, advirtió, al mencionar la posibilidad de derrumbes o aludes con las lluvias.
Nuevamente fue la chubutense González quien recogió el guante. “No se van a construir viviendas sobre terrenos que se van a derrumbar el día de mañana, porque están trabajando con responsabilidad tanto desde el Gobierno nacional como los gobiernos municipales para que esas viviendas tengan seguridad”, retrucó.
Y luego cargó directamente contra la senadora del Pro: “No es ir a la zona, sacarse una foto y volver a Buenos Aires. Es mirar cómo se está trabajando. Nunca los intendentes de la zona ni el Gobierno nacional van a arriesgar vidas”.
Intervino entonces el fueguino Pablo Blanco (UCR), quien salió en defensa de Gladys González. “Ningún senador de nuestro interbloque fue a sacarse una foto. Fue a ver la realidad de lo que estaba sucediendo”, aclaró, y lamentó tener que “soportar opiniones de senadores que creen que el único negocio es la grieta”. “Acá está la necesidad de la gente, nadie quiere sacar un rédito político”, acotó.
Al defender el proyecto, Luenzo hizo un repaso por la asistencia brindada desde el Gobierno nacional, con “una inversión de casi 700 millones de pesos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con tres aviones hidrantes, tres helicópteros, cuatro autobombas y brigadistas de toda la Argentina”.
También mencionó el Programa “Casa Propia-Construir Futuro” del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para “la adquisición de 350 viviendas precarias o de rápida ejecución para las familias que se han quedado en la calle y con lo puesto”. Y habló de “170 millones de pesos del Ministerio de Obras Públicas para la reconstrucción de las redes de agua potable y energía”.
Por último, informó que la ANSES dispuso que en Cushamen las jubilaciones y pensiones no contributivas de hasta dos haberes mínimos recibirán medio haber mínimo extra, y se duplicará por un mes el monto de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, lo que hace a una erogación total de 52 millones de pesos.
La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.
También se dispone la unificación de las deudas de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.
Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.
Se faculta también a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.
El Senado sancionó la norma que garantiza una reparación económica extraordinaria a hijos, progenitores, cónyuges o convivientes de los submarinistas. Fue por votación unánime.
Por votación unánime, el Senado convirtió en ley este miércoles el proyecto para otorgar un beneficio económico extraordinario, por única vez, a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 y hallado un año después en el Océano Atlántico.
La iniciativa fue aprobada con 53 votos afirmativos y, una vez que sea promulgada, los familiares de los submarinistas tendrán 365 días para reclamar el beneficio, que se calcula en alrededor de 7.000.000 de pesos y que será entregado a los hijos, progenitores, cónyuges o convivientes, según corresponda.
En rigor, la indemnización será equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”, multiplicada por 100; la misma fórmula utilizada en otras leyes reparatorias, como en el caso AMIA.
La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Nancy González (Frente de Todos) enfatizó que más allá de esta ley de reparación económica, “el Gobierno nacional quiere llegar a la verdad” con respecto a la desaparición del submarino.
“Una verdad que merece saber todo el pueblo argentino -continuó-, porque son 44 compatriotas que durante mucho tiempo no fueron buscados y luego fueron buscados de manera irregular”.
González destacó que “el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa”, que será la autoridad de aplicación de la ley, “han estado trabajando incansablemente en apoyo de los familiares y en respeto de los compatriotas cuya desaparición hoy no sabemos cómo fue”.
Desde Juntos por el Cambio, la jujeña Silvia Giacoppo coincidió en que “otorgar este beneficio es reparar, en parte, el dolor de estas familias que han perdido a estos seres queridos. No les podemos devolver la vida, pero con esta ley sí estamos reparando en algo el daño moral y el dolor de estas familias”.
De todos modos, pidió revisar las responsabilidades en el hundimiento del ARA San Juan: “Yo también quiero que se investigue a fondo, pero no solo desde el momento del accidente y la búsqueda”.
La radical recordó en ese sentido la frase “pato al agua”, proferida en 2011 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien aseguró que “por 30 años ese submarino iba a tener una vida útil”, algo que no se cumplió.
La santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos) advirtió que “los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, nuestros héroes, eran entonces ninguneados permanentemente. Pero el pueblo no olvida y comenzó en todos los puntos de nuestro país a rendirles homenaje. El pueblo no olvida y quiere saber la verdad”.
Por su parte, Julio Cobos (UCR) manifestó que “esta reparación económica no compensa el dolor de los familiares ni la pérdida de 44 vidas, pero es la manera de asistir de la mejor forma posible asumiendo la responsabilidad”.
El rionegrino Alberto Weretilneck, en tanto, sostuvo que “este proyecto bajo ningún punto de vista tiene el espíritu de ser una ley de punto final. Que nadie sienta que el Congreso quiere cerrar esta historia. Comparto la demanda de los familiares de todas las víctimas del ARA San Juan: verdad y justicia”.
Al cierre del debate, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti dijo que “una de las formas de reparar es decir la verdad de lo que sucedió” y cargó las tintas contra la gestión de Mauricio Macri por el manejo de la tragedia.
Fernández Sagasti habló de “mentiras y manoseos que en virtud de proteger a un ministro político central del gobierno de Macri se hicieron durante esa época”, en alusión al entonces titular de la cartera de Defensa, Oscar Aguad.
La senadora advirtió que lo sucedido “fue la mayor tragedia naval en tiempos de paz que vivió la Argentina”, pese a lo cual pasaron “16 días” desde la desaparición del submarino hasta que el ministro Aguad “hiciera la primera comunicación al pueblo argentino”.
Además, recordó el intenso trabajo de investigación realizado desde el Congreso a través de la bicameral creada con ese fin, la cual ella misma integró. De esa comisión surgió un informe final que fue suscrito por oficialismo y oposición, pero hubo diferencias en el apartado vinculado a las responsabilidades políticas.
Fernández Sagasti precisó que ya en ese entonces, los familiares de los submarinistas “tenían la sospecha de que estaban interviniendo sus teléfonos”, y al plantearlo ante el propio Aguad, el funcionario respondió que “si era cierto, los acompañaría a hacer la denuncia penal”.
“Hace unos meses nos enteramos de que eso fue verdad, que no solo se montó un espionaje ilegal a amigos y empresarios sino también a los familiares que estaban buscando justicia”, confirmó la legisladora.
Agregó también que “la primera semana de diciembre de 2017 el gobierno ya sabía dónde había sido la implosión del ARA San Juan y que por la magnitud de la implosión no había posibilidad de vida. Sabían ese dato y nunca se lo dijeron a los familiares”.
Por esos motivos, denunció una “falta de empatía del gobierno de Macri con los familiares de 43 héroes y una heroína”.
Para cobrar el dinero, los familiares deberán renunciar a todo derecho indemnizatorio por daños y perjuicios, y a la vez el resarcimiento “será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”.
El proyecto aprobado indica que el otorgamiento del beneficio es incompatible con cualquier otra acción judicial en trámite en reclamo de daños y perjuicios.
También se establece que en los casos donde los familiares ya hayan percibido una indemnización por daños y perjuicios por resolución judicial, podrán cobrar la diferencia, aunque si la indemnización fue mayor no tendrán derecho al beneficio.
“Este beneficio económico que el Estado Nacional les está otorgando no es obligatorio. Pueden acceder o no, y seguir con la causa civil si es que están”, aclaró la senadora González.
La reparación económica estará exenta de gravámenes, al igual que las tramitaciones judiciales o administrativas en jurisdicción nacional.
La iniciativa recibió dictamen en un plenario de comisiones del Senado y quedó a un paso de ser ley. El monto a otorgar ronda los 7.000.000 de pesos.
El proyecto de ley que busca otorgar un beneficio económico extraordinario a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan recibió dictamen favorable este miércoles en el Senado y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión, aunque la fecha aún no está definida.
La iniciativa, que cuenta con aprobación unánime de la Cámara de Diputados, recibió amplio respaldo en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Nancy González y Carlos Caserio, respectivamente.
“Estoy satisfecha de que el Gobierno y el Ministerio de Defensa hayan impulsado esta reparación para las familias que han sufrido una pérdida tremenda. Por más que votemos esta reparación económica no vamos a quitarle el dolor a las familias, pero el Gobierno está reconociendo las situaciones graves que tuvieron que atravesar”, destacó González.
Además, recordó que el presidente Alberto Fernández dispuso el ascenso post mortem al grado inmediato superior de los 44 tripulantes del submarino, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 y hallado un año después en el Océano Atlántico.
Caserio coincidió en que “todos tenemos claro que esta terrible tragedia no se cubre con un acto administrativo”, pero “esta ley busca una solución para los familiares”.
El proyecto del Ejecutivo obtuvo un fuerte apoyo de la oposición, aunque desde el Pro Ernesto Martínez preguntó si fue acordado con los beneficiarios. “El Estado quiere cerrar un capítulo y es correcto, pero ¿los familiares tienen la anuencia para esta idea?”, consultó.
Si bien desde el oficialismo no hubo una respuesta concreta, González aclaró que “en la ley está expresado que aquel familiar que no quiera adherir a este beneficio, tiene todo el derecho de no hacerlo”.
El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, destacó que se trata de “un acto básico resarcitorio por parte del Gobierno” y que “viene con un acompañamiento importante de Diputados”.
Asimismo, adelantó que, si hay acuerdo, el proyecto se votará en la próxima sesión junto con el Consenso Fiscal y pliegos de embajadores.
El beneficio económico extraordinario será entregado por única vez y los beneficiarios serán los hijos -por partes iguales-, progenitores -también por partes iguales-, cónyuges o convivientes.
La indemnización será equivalente a la remuneración mensual de los y las agentes de Nivel A, Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”, multiplicada por 100.
“El monto exacto no lo tenemos, pero ronda los 7.000.000 de pesos”, señaló la senadora González, e informó que los familiares tendrán 365 días desde la promulgación de la ley para reclamar el beneficio. “Se pretende que sea un trámite rápido”, dijo.
Por otra parte, para cobrar el beneficio los familiares deberán renunciar “a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios”, y a la vez el resarcimiento “será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”.
Asimismo, “el otorgamiento del beneficio es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias a causa del hecho”.
También se establece que en los casos donde los familiares hayan percibido una indemnización por daños y perjuicios por resolución judicial, podrán cobrar la diferencia, aunque si la indemnización fue mayor no tendrán derecho al beneficio.
La indemnización estará exenta de gravámenes, al igual que las tramitaciones judiciales o administrativas en jurisdicción nacional.
La chubutense lo anunció a través de las redes sociales. Este mismo miércoles se había conocido el “positivo” de un senador de Juntos por el Cambio.
Ya suman cuatro los senadores con Covid-19. Y la mitad de ese número se conoció este miércoles: por la mañana, se supo que el radical fueguino Pablo Blanco había dado positivo en un testeo; y por la noche la kirchnerista chubutense Nancy González anunció que también se había contagiado.
La legisladora patagónica es la primera senadora oficialista que se enferma de coronavirus y ella misma lo anunció este miércoles a través de su cuenta de Twitter: “En el día de ayer me hice el hisopado y me dio positivo de Covid-19, me encuentro bien, con síntomas leves”.
“No tengo contactos estrechos ya que hace 10 días me encontraba aislada en mi casa”, agregó la senadora del Frente de Todos, que a continuación escribió: “Les pido a todos y todas que se sigan cuidando. Quédense en sus casas todo lo que puedan”.
Como dijimos, Nancy González es la cuarta senadora que se contagia de Covid-19. Los anteriores casos habían sido la tucumana Silvia Elías de Pérez, el misionero Humberto Schiavoni y este miércoles el citado Pablo Blanco.
En la Comisión de Asuntos Constitucionales, avalaron un proyecto de declaración de Nancy González contra las declaraciones del expresidente acerca de un posible golpe de Estado.
Tras aprobar una cuestión de privilegio contra el procurador general, Eduardo Casal, la Comisión de Asuntos Constitucionales avaló por unanimidad un repudio a las expresiones del expresidente Eduardo Duhalde sobre la posibilidad de un golpe de Estado o una guerra civil en nuestro país.
El pasado 24 de agosto, en el programa Animales Sueltos, Duhalde lanzó que “es ridículo que piensen que va a haber elecciones el año próximo” y que “Argentina corre el riesgo (de un golpe de Estado) porque este es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno”.
El exmandatario vaticinó que “se va a generar un clima peor al ‘que se vayan todos’” y que “vamos a un escenario evidentemente peor que el 2001″, y agregó que la crisis “puede terminar en una especie de guerra civil”.
Si bien días después reconoció que “se le escapó la tortuga” y que tuvo “un momento de desconexión con la realidad”, el Senado no dejó pasar sus expresiones.
“Como senadores de la Nación tenemos que fortalecer y dignificar la democracia. No podemos permitir ese tipo de expresiones de ninguna persona, y menos de alguien que haya ocupado el poder máximo de la República Argentina”, sostuvo la autora del proyecto de repudio, Nancy González.
La oficialista afirmó: “No sé si serán dichos casuales o no, pero son graves. Se han perdido muchas vidas para estar en un sistema democrático, y que realicen este tipo de expresiones que inquietan a la sociedad es algo que, como senadores, no tenemos que permitir”.
La comisión también aprobó un proyecto de Inés Blas (Frente de Todos) que modifica el artículo 60 del reglamento del Senado creando una nueva comisión permanente, la de “Cooperativas y mutuales”.
También recibieron aval dos iniciativas que solicitan la reglamentación de la Ley 27.532, de Encuesta Nacional del Uso del Tiempo; y de la Ley 27.064, de regulación y supervisión pedagógica de las instituciones que brindan cuidado y atención a la primera infancia, no incluidas en la enseñanza oficial.
Por último, obtuvo dictamen un beneplácito por la firma del Convenio complementario Nro. 3, firmado en el marco del Tratado de El Caldén, de cooperación entre las provincias de San Luis y La Pampa, sobre libre paso interprovincial de los residentes en ambas provincias en el marco de la pandemia.
Un día después de que el número de casos superara los 10 mil -este jueves también dio así-, Nancy González criticó a la oposición por convocar a marchar.
Muy enojada con la oposición, la senadora kirchnerista Nancy González se quejó porque “hasta ha llegado a decir un senador que no estamos en el sano juicio…”.
Se refería al radical riojano Julio Martínez, que dijo que nadie en su sano juicio podía pensar en una reforma judicial en tiempo de pandemia. Y a la senadora chubutense eso le quedó atragantado.
“¿Pero a ustedes les parece que nos digan que no estamos en el sano juicio, porque queremos tratar un reordinamiento de la justicia?”, preguntó indignada. “No están en el sano juicio aquellos que organizan travesías por la democracia; esos son los que no están en su sano juicio”, señaló en referencia a los diputados radicales que cuando el Parlamento demoraba su puesta en marcha en el marco de la pandemia se autoconvocaron a ir en auto a Buenos Aires desde todo el país para forzar una sesión. Y agregó: “O aquellos que convocan a marchas y marchas para seguir contagiando gente… Yo les pido por favor: sean responsables. ¡Dejen de sacar la gente a la calle, porque la gente se enferma! Ustedes no se enferman, porque seguramente irán a hacer las marchas adentro de un auto. Y cuando tenemos más infectados y más infectados… porque si ustedes ven las cifras de ayer, son las cifras de la marcha de hace 15 días, de la gente que ustedes sacaron a la calle. Entonces seamos responsables, les pido por favor”.
Fue el segundo tema tratado en la sesión de este jueves en el Senado y sobre los mismos expuso la senadora Nancy González.
La Cámara alta aprobó este jueves por unanimidad la autorización de entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar en ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas.
Sobre el tema habló la senadora chubutense Nancy González, quien señaló que el texto consta solo de dos artículos y en el mismo se detalla a través de 17 anexos las características de los ejercicios a realizarse.
La legisladora contó que de esos 17 ejercicios, diez se realizarán entre el tercer y cuarto trimestre del año en curso. Nueve son de carácter bilateral con países vecinos y los restantes son de carácter “multilateral”.
En su exposición, la senadora aclaró respecto de los ejercicios que se harán con la hermana república de Bolivia que se dejó aclarado que si ese país no realiza elecciones “y se encuentra en condición democrática”, no habrá ejercicios conjuntos. Lo mismo corre para otros ejercicios militares en los que se ha dejado constancia que si participan fuerzas británicas, Argentina prescindirá de actuar en las mismas.
En una reunión conjunta de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores, se anticipó el apoyo al dictamen que autoriza la realización de 17 ejercicios militares combinados. Se aclaró que dependerán de lo que suceda con la pandemia.
El encuentro celebrado este miércoles a través de una videoconferencia, que presidió la titular de la Comisión de Defensa, la chubutense Nancy González (Frente de Todos), contó con la presencia del subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, Roberto De Luise, quien dio detalles de las maniobras militares contempladas en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para el período del 1 de septiembre próximo hasta el 31 de agosto próximo del 2021.
La senadora González informó que la intención era sacar dictamen a favor de otorgar el permiso al ingreso de tropas extranjeras y la salida de militares argentinos en una serie de ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas, a fin de “poder tratarlo prontamente en el recinto”.
De Luise precisó que la solicitud de autorización era para “17 ejercicios, de los cuales 9 son bilaterales y 8 multilaterales. De ellos 12 corresponden a la Armada, 4 a la Fuerza Aérea y solo uno al Ejército”.
El funcionario de la cartera castrense consignó que “los ejercicios bilaterales son con países de la región y limítrofes de Argentina, en tanto que en algunos de los multilaterales participan de Estados Unidos y Canadá, como también hay uno que incluye a la India y Sudáfrica, y se incluye por primera vez”.
El funcionarios reconoció que los ejercicios “están supeditados a no poner en riesgo la salud de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas” y por lo tanto “todo dependerá de lo que pase en el mundo con el Covid”, pero remarcó que se hacerse se llevarán a cabo “con todas las medidas de seguridad sanitarias”.
Asimismo De Luise y Juan Estanislao López Chorne, Director Nacional de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz, coincidieron en adelantar que el ejercicio denominado “Arbol” que involucra a militares de Bolivia, “está condicionado por el presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a la normalización de la situación institucional” en ese país.
La inquietud sobre el ejercicio con Bolivia fue planteada por el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos), que expresó su preocupación por realizarse un ejercicio con un país “en donde hubo un golpe de estado y destituyeron a un presidente (Evo Morales)” y pidió “tener un poco de precaución” en ese sentido.
La realización de las maniobras militares fueron apoyadas por los senadores oficialistas Jorge Taiana (Buenos Aires), Oscar Parrilli (Neuquén), José Mayans (Formosa) y Alberto Weretilneck (Río Negro) y por los representantes de Juntos por el Cambio Julio Cobos (Mendoza), Ernesto Martínez (Córdoba), Julio Martínez (La Rioja) y Esteban Bullirch (Buenos Aires).
En la previa de la reunión informativa del ministro Agustín Rossi, la legisladora chubutense fue electa por sus pares.
La senadora nacional Nancy González (Frente de Todos-Chubut), asumió este lunes como presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara alta, en una breve reunión por videoconferencia.
González fue electa por sus pares a propuesta de Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque oficialista, en la previa de la reunión informativa del ministro de Defensa, Agustín Rossi.
Como vicepresidente de la comisión fue electo el senador cordobés Ernesto Martínez (Pro), mientras que como secretario fue designado el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
