Mientras se llevaba a cabo la sesión en minoría en el recinto de la Cámara de Diputados, en el Anexo “C” comenzó en comisión el tratamiento del paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país con funcionarios del Poder Ejecutivo que expusieron y explicaron los lineamientos de las iniciativas.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Pasadas las 14.20 se reunió primero la Comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado (Pro), la cual completó la integración de autoridades siendo designados para la secretaría primera y segunda la libertaria Alida Ferreyra y Rodolfo Tailhade (UP) respectivamente. Luego se sumó la Comisión de Seguridad Interior, a cargo del santafecino Alejandro Bongiovanni.

La titular de la comisión procedió a comentar que en la próxima reunión se “va a abrir a las exposiciones” por lo que pidió que, a través de las autoridades de la Cámara, cada bloque exprese a qué organismos, miembros de distintas organizaciones o técnicos quienes manifestar para que expongan sobre los cuatro proyectos en tratamiento.

Por otra parte, informó que “hay muchos proyectos de los diputados que tocan la temática de hoy. Algunos de ellos fueron revisados y no tienen estado parlamentario”, por lo que solicitó que los vuelvan a ingresar para “poder incluirlo en el temario de la sesión que viene para poner a la vista a la par de los proyectos del Ejecutivo las iniciativas de los legisladores”.

Hecha esas consideraciones, procedió a explicar que los proyectos en tratamiento son sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

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El primero en exponer fue el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni, quien planteó que “abordamos en estos momentos un fenómeno harto complejo en el país que ya lo han vivido otras naciones que es el crimen organizado”, y explicó que “consiste en la irrupción de bandas de narcotráfico en la ciudad de Rosario, pero nada hace prever que no se vayan a extender en la medida que no se los ataque con los instrumentos correspondientes”.

Sobre ese último punto, indicó que “es abordar el tema de una manera completa y no parcializada a los delitos que individualmente comente cada uno de los miembros de estas mafias”.

“Previmos en el proyecto una especie de asociación ilícita que no es exactamente la que conocíamos hasta ahora en el Código Penal, sino que abarca determinados tipos de delitos que son los que más frecuentemente cometen estas mafias”, explicó y ejemplificó: “Tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, tenencia ilegal de armas y explosivos”.

Al respecto, Monfroni precisó que para este tipo de delitos están previendo una pena de prisión de 8 a 20 años por la mera integración de la asociación ilícita. Además, buscan que “todos los miembros de una banda de este género puedan ser penados con la pena máxima que corresponde al mayor delito cometido por la organización”. También hay previsto un artículo sobre extinción de dominio con orden judicial y pasa de forma inmediata al dominio del Estado nacional. “Si la persona resulta inocente, el Estado deberá indemnizarla con la reposición del valor del bien”, aclaró.

También se prevé que “con declaración de las autoridades judiciales de determinadas circunstancias que se pueda declarar una zona sujeta a investigación especial que la Procuraduría de Narco criminalidad procurar la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Unidad Especializada en Narco criminalidad Organizada y el Ministerio de Seguridad podrán determinar la necesidad de una investigación especial que deberá ser declarada por la autoridad especial competente”. En esa línea, precisó que en esa zona delimitada se podrá detener a una persona por 48 horas por averiguación de delitos con autorización del Ministerio Publico Fiscal, incautar mercadería, realizar requisas en establecimientos penitenciarios federales y movilizar activos, realizar allanamientos encadenados.

Otro de los proyectos que explicó fue el que “implica una ampliación significativa del marco de la Legítima defensa frente al delito y el cumplimiento del deber”, y explicó: “Muy frecuente nos encontramos con policías o gendarmes que son encarcelados por haber intervenido para impedir un hecho ilícito con el argumento de que hubo un exceso en la Legítima Defensa”.

“Estos excesos en la Legítima Defensa son frecuentemente opinables. Los jueces hacen una valoración de la actuación del miembro de una fuerza de seguridad como si hubiesen podido pensar su jugada sin contar con el momento de rapidez que se les exige para impedir un delito y defender la vida de otra persona”, planteó y apuntó: “A veces hay disparates judiciales y abusos que ponen siempre a la policía en una situación de temor a actuar, de inhibición de conducta a la que la ley lo obliga”.

El funcionario sostuvo: “Necesitamos políticas, no de gatillo fácil, pero seguros del cumplimiento de su deber sin que haya interpretaciones alocadas de la Ley Penal que los pongan tras las rejas o que les hagan perder la carrera”.

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Monfroni precisó que la modificación recae sobre el artículo 34 sobre Legítima Defensa y cumplimiento del deber “mantiene las demás causales de justificación, introducimos un principio que, en realidad ya está en los principios constitucionales, que ante la duda el juez tiene que estar siempre en favor de quien se defiende”.

“Estamos introduciendo en favor de cualquier civil algunos elementos más de la Legítima Defensa porque muchas veces se mide la razonabilidad valorando si una persona está armada y que el que ataca está desarmado. Hay que estar en favor de quien se defiende porque no es quien ha iniciado la acción delictiva”.

También contó que buscan ampliar la condición de escalamiento de muros para cualquier circunstancia, al que defiende su integridad sexual y algunas limitaciones para demandar o querellar a quienes hubieran iniciado el curso de un delito.

Sobre los artículos referidos a resistencia de la autoridad, Monfroni explicó que han aumentado las penas porque “los delitos de atentado a la autoridad agravada tienen penas que no son de cumplimiento efectivo. La Argentina debe ser uno de los pocos países donde se puede golpear a un policía sin que ocurra nada”. Está previsto una pena de 4 a 6 años de cumplimiento efectivo “si el hecho se cometiere a mano armada, por 3 o más personas cuando mediare fuerza contra el funcionario”, y cerró: “Son lógicas de reglas que existen en todas partes del mundo y cobrar consciencia de que golpear a un policía es algo muy grave. Necesitamos que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano. La policía es una institución que debe ser respetada. Si se excede habrá normas para enjuiciarlo, pero necesitamos que sea respetado y terminar con ese espectáculo horroroso de gente pegándole a la policía sin consecuencia alguna”.

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Por su parte, el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, cuestionó las normas de reincidencia porque “todos los días escuchamos noticias cometidas por personas que tienen más de 14 delitos”, e ironizó: “Se tienen que alinear los planetas para que alguien sea declarado reincidente son muy pocas”. Así, recordó que en el Código Penal original de 1921 “no era así” y contó que funcionó hasta 1984 y se cambió a instancias del Dr. Eugenio Zaffaroni.

Soto criticó que los jueces “no ven el expediente de antecedentes, no lo valoran”. “Estamos proponiendo estos casos con pauta objetivos para determinar un mayor aumento o evaluación del peligro de fuga u obstaculización del proceso. El juez va a tener la facultad de evaluar si, con las pautas, existe la posibilidad de que no accedan una libertad anticipada, sino que cumplan el proceso en detención por las pautas de un mayor aumento de peligro de fuga”, planteó y señaló que en el país ya existe este tipo de pautas en la provincia de Mendoza y agregó: “Es sentido común, pero son costumbres judiciales que no están incorporadas”.

Por último, hizo referencia a otra pauta que tiene que ver con el Concurso de Delitos y Unificación de Penas donde “quien comete delitos tiene un beneficio reduciéndole la pena. La lógica es que cumplan más pena”.

En conjunto con la Comisión de Seguridad Interior, los funcionarios también expusieron sobre la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones.

Soto explicó que se trata de un sistema que “permite comparar la huella genética con el perfil genético de un imputado” y consideró que “es un sistema que se utiliza hace muchísimos años en todo el mundo”. Asimismo, el funcionario reconoció la experiencia de la provincia de Mendoza en cuanto al registro genético para la investigación de delitos penales.

“Esto va a traer certeza en una investigación, certeza sobre quien participó de un hecho, permitir identificar restos y, a su vez, exonerar a quien no tiene responsabilidad”, añadió.

La palabra de los diputados

La primera en hacer uso de la palabra fue la diputada de izquierda Myriam Bregman quien cuestionó el “desguace” del DNU porque “estamos viendo que aquellas normas incluidas en el DNU ahora aparecen fraccionadas”. En esa línea, apuntó: “Veo que les gustaría más bien vivir en un estado de excepción donde no haya ningún tipo de manifestación, no veo lo mismo en la persecución narco”, y planteó que los proyectos buscan “legalizar y profundizar políticas de represión”.

Además, cuestionó: “El proyecto antimafias no se entiende cómo se conjuga con el Derecho Penal, no se entiende cómo van a beneficiar a los narcos con el blanqueo de capitales. No pueden venir con una ley antimafias porque es mentira, solo buscan incrementar la represión a la protesta social”. También planteó que “el aumento de penas no sirvió para nada cuando el narcotráfico no ha parado de crecer”.

Bregman sostuvo que “quieren blindar a las fuerzas policiales para que sigan reprimiendo, no es efectivo”, pero advirtió que ello “debilita el control judicial y todo tipo sobre la policía contradiciendo todos los tratados, les dan una carta blanca para que armen causas, reiterancia, aumento de castigo arbitrario”.

Por su parte, el santefecino Roberto Mirabella (UP) solicitó que el proyecto que refiere al Régimen de Criminalidad Organizada y Narcoterrorismo sea tratado aparte junto con una iniciativa de su autoría. En tanto, sobre la extinción de dominio el santafecino se mostró a favor y propuso que sea incorporado al debate un proyecto del diputado Ramiro Gutiérrez que “tiene el apoyo de todos los bloques y enriquecería más el artículo referido a ese tema en la ley”.

Al hacer uso de la palabra, la bonaerense Patricia Vásquez (Pro) le respondió a Bregman y le pidió pensar en “las víctimas que tenemos todos los días en todo el país de enorme cantidad de delitos. No me parece seguir atados al pasado”.

“Parece que los únicos hechos que importan desde otra mirada política son las manifestaciones y el estado de lucha permanente”, cuestionó y preguntó: “¿No nos importa a cada uno de nosotros cada familia que todos los días tengamos este tipo de episodios que nos tiene superados como sociedad, estar en riesgo de muerte cada día que salimos a la calle?”.

“Estamos en una enorme emergencia de inseguridad, tenemos que dar respuesta a la gente no a la política, no al resalte del derecho manifestarse, es más importante darle respuesta a los 46 millones de argentinos que nos piden que pongamos todas las reglas necesarias y ajustemos todas las normas sin excepción y dar respuesta al problema concreto”, planteó Vásquez.

Y cerró: “Estamos dando una herramienta precisa para atacar el crimen organizado en determinadas zonas y características particulares. No hablamos de persecución social cuando hablamos de reiterancia, terminemos con el resentimiento barato no hablamos de perseguir a alguien porque no nos gusta su forma de pensar”.

El radical Manuel Aguirre (Corrientes) preguntó: “¿Cómo podemos aplicar un código que, en definitiva, no tenemos las herramientas necesarias sin institutos para llevar a los detenidos, tenemos fiscales suficientes para actuar en estos casos?”, y resaltó que “la norma penal necesita precisión”. El correntino sugirió que incluyan definiciones dentro del proyecto porque “el Código Penal es de 1921, es muy viejo y hay que actualizarlo no presentar proyectos sueltos”.

Por su parte, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez (Santa Fe), planteó que a los expedientes les faltan giro a otras comisiones como la de Justicia y cuestionó: “Están haciendo cualquiera con los giros a las comisiones y no es algo reglamentario nada más sino de vida y práctica de funcionamiento parlamentario”.

El santafecino reclamó que “hay que hacerse cargo de la cuestión de inseguridad. Hay que discutir los temas de seguridad pública en profundidad y las cuestiones de Rosario también porque sino nos agarramos de Rosario cuando nos conviene”. Así, lamentó: “Hubo siete homicidios en la semana en la ciudad”.

Los diputados nacionales del bloque Hacemos Coalición Federal Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Nicolás Massot presentaron un proyecto de ley destinado a combatir la delincuencia organizada en Argentina y el narcotráfico.

El texto propone la creación de la Fuerza Federal de Elite contra el Delito Organizado y la Fiscalía Especial contra el Delito Organizado, con el objetivo de investigar, prevenir y desbaratar actividades delictivas relacionadas con el tráfico de armas, estupefacientes, trata de personas, el secuestro extorsivo, entre otros, “logrando así una lucha más efectiva contra el narcotráfico”.

El proyecto contempla la definición de la delincuencia organizada como “la acción de tres o más personas que actúan concertadamente para cometer delitos con el fin de obtener un beneficio económico”.

Además, establece penas más severas para los delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, así como la obligatoriedad de cumplir la privación de la libertad de forma efectiva, sin posibilidad de acceder a la libertad condicional, y la creación de un registro de personas investigadas por estos delitos.

La Fuerza Federal de Elite estará integrada por personal altamente capacitado y se encargará de la investigación y persecución de la delincuencia organizada en todo el territorio nacional. Por su parte, la Fiscalía Especial dirigirá las investigaciones y contará con amplias facultades para recolectar pruebas y llevar adelante procesos judiciales.

“Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de combatir de manera efectiva la creciente actividad delictiva organizada en Argentina, especialmente en áreas como el secuestro extorsivo, el tráfico de drogas y la evasión impositiva. Se espera que su implementación contribuya significativamente a mejorar la seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos”, fundamentaron.

El bloque de diputados nacionales del Pro, presidido por Cristian Ritondo, manifestó su apoyo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de la amenaza en su contra que se conoció este viernes.

El mensaje encontrado en un puente de Rosario, escrito en tela con aerosol, rezaba: “Patricia Burlich pusiste a todos los presos en un mismo pabellón ahora vamos a dejar negra Rosario y Baires. Atte. los rosarinos”.

“Hoy apareció un nuevo cartel intimidatorio contra mi persona en un puente en Rosario. Los vamos a meter presos a todos. Se les acabó la joda”, expresó la ministra en su perfil de la red social X.

“Patricia Bullrich, metiste a todos los presos en un mismo pabellón, ahora vamos a desangrar Rosario y Buenos Aires”.

Hoy apareció un nuevo cartel intimidatorio contra mi persona en un puente en Rosario.

Los vamos a meter presos a todos.

Se les acabó la joda. pic.twitter.com/q5Q3GEaXWj

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 12, 2024

A través de un breve comunicado, la bancada amarilla expresó: “Desde el bloque Pro apoyamos con toda decisión la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico que está llevando adelante el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”.

“Ninguna amenaza hará cesar esta lucha, y apoyamos la investigación iniciada en la Fiscalía Federal N°3, como así también en el MPA Santa Fe, en la causa por terrorismo contra Rosario y Buenos Aires”, agrega el texto.

Por su parte, el diputado Damián Arabia, del círculo de Bullrich, señaló que “la lucha que estan llevando adelante @JMilei y @PatoBullrich contra el terrorismo y el narcotráfico es imparable. No hay amenaza que vaya a quebrar esa decisión. Cuentan con el respaldo de todos nosotros en esta guerra sin cuartel”.

“Se les terminó la impunidad y reaccionan con amenazas y agresiones. Pero sé que @patobullrich no va a retroceder un paso en su valiente trabajo para recuperar la paz y la acompaño ante este nuevo intento de amedrentamiento. Ahora, en Argentina, el que las hace, las paga”, escribió el santafesino José Núñez.

En tanto, la cordobesa Laura Rodríguez Machado publicó: “PATRICIA BULLRICH ESTOY CON VOS ESPALDA CON ESPALDA. Las amenazas recibidas no van a impedir que @PatoBullrich continúe trabajando para combatir el narcotráfico y las mafias”.

Otro diputado del Pro que utilizó sus redes para solidarizarse fue Alejandro Finocchiaro, quien expresó que “ni un paso atrás!!! Fuerza @PatoBullrich. Frente a la amenaza narcoterrorista, la ley se cumple, los delincuentes presos, Argentina en paz”.

“Banco fuerte a @PatoBullrich ninguna amenaza va a impedir que logre su objetivo, acabar con el crimen organizado y las bandas narco en Rosario y en todo el país”, sostuvo Silvana Giudici.

Además, la senadora radical Carolina Losada dijo: “Mi total apoyo a @PatoBullrich. Esta lucha no es fácil, pero los crímenes y las amenazas no van a quedar impunes. Los rosarinos vamos a volver a ver a nuestra ciudad libre de delincuentes”.

La diputada nacional Agustina Propato (UP) presentó un proyecto de ley con el objetivo de abordar los problemas de seguridad que aquejan a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y que impactan en todo el país.

La iniciativa busca establecer un marco legal que permita la colaboración entre las fuerzas policiales de diferentes provincias para hacer frente al narcotráfico y el crimen organizado.

El proyecto cuenta con el apoyo de sus pares Gisela Marziotta, Ricardo Herrera, Micaela Morán y Eduardo Toniolli.

La propuesta está fundamentada “en la necesidad de una acción coordinada a nivel nacional; plantea la posibilidad de que los gobernadores puedan solicitar la colaboración interprovincial policial en situaciones donde esté en peligro la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes, así como cuando se vean amenazados los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal, o en caso de desastre según los términos que norman la defensa civil”.

Según el proyecto, el gobernador de la provincia donde ocurran los hechos, en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, deberá “requerir el empleo de personal de las fuerzas policiales provinciales con el acuerdo de los Poderes Ejecutivos provinciales convocados”. Durante la duración de la operación o actividad para la que fueron movilizados, el personal de las fuerzas policiales afectadas estarán bajo la jurisdicción federal.

El Ministerio de Seguridad de la Nación será el encargado de coordinar el accionar de los cuerpos policiales provinciales en situación de colaboración en jurisdicciones provinciales ajenas, prevé el texto.

Además, se contempla que en los casos en que un cuerpo policial provincial preste servicios en una jurisdicción provincial ajena, se dará intervención al Comité de Crisis previsto en la Ley 24.059, con la inclusión del Ministro de Seguridad de la provincia que brinde colaboración.

Efecto del cambio climático, la Argentina de Alberto Fernández sufrió el fenómeno de La Niña, y con ello una impiadosa sequía que provocó tremendos efectos en la principal fuente de recursos de nuestro país. Es el día de hoy que Sergio Massa sigue atribuyendo a las consecuencias económicas de esa terrible sequía su derrota electoral.

Con El Niño entre nosotros, ahora estamos en el terreno opuesto y las lluvias causaron serios trastornos la última semana, con inundaciones que una vez más desnudaron los problemas de infraestructura que afectan a buena parte del Conurbano.

El miércoles, luego de un día en que la tormenta sumergió a miles de bonaerenses, uno de los principales autores del DNU 70/23, Federico Sturzenegger, concedió su primera entrevista desde que es asesor clave de la gestión Milei. De entrada le preguntaron sobre las obras necesarias para mitigar las inundaciones, ahora que la obra pública ha sido suspendida por el Gobierno nacional. Sturzenegger no dudó un segundo en tirarle la pelota a los intendentes. “En la Ciudad lo hicimos”, dijo, como si pudiera compararse a una comuna del Gran Buenos Aires con un distrito con dimensión y características de provincia.

Sturzenegger defendió que el Estado Nacional no haga obra pública.

Puede corresponderle a los intendentes solucionar ese problema, pero está opinado que puedan hacerse cargo en muchos casos de las obras hidráulicas necesarias, sin el apoyo de la provincia y la propia Nación.

Como sea, el Gobierno nacional ha dejado claro que no se hará más obra pública, con lo que se abre un gran interrogante de cara al futuro, pues está visto que los registros pluviales inéditos de la última semana no representan casos aislados, sino que podrían transformarse en una constante. Se necesitará una planificación que contemple esa nueva realidad, y obras especiales que vaya a saber uno entonces quién se encargará de hacer.

El Estado, ha dicho el presidente, “es una organización criminal”. Con semejante preconcepto Javier Milei llegó a la presidencia de la Nación y es quien encabeza ahora al Estado Nacional. Ese pensamiento justifica que buena parte de los cargos que todo gobierno debe cubrir al asumir aún estén vacantes, u ocupados por representantes de la gestión anterior.

“El Estado no es la solución, es la base de todos los problemas que tenemos”, decía Milei en campaña y sigue pensándolo.

Así como la semana que pasó todos hablaron del clima, buena parte de la atención la última semana se la llevó la crisis de seguridad en Rosario. Que lejos está de amainar, pero con el correr de los días perdió el interés de la opinión pública nacional. Aun así, muchos se preguntan de qué manera el Estado podría hacerse cargo de ese flagelo, si quienes lo representan reniegan de esas funciones.

En la fallida sesión especial pedida para abordar la movilidad jubilatoria no se habló solo de los jubilados. También se abordó la situación en Santa Fe. Un representante de esa provincia, el diputado Eduardo Toniolli (UP), habló de la necesidad de atender “la integración socio urbana de nuestros barrios”, para dar una solución integral al tema narco. Recordó que para esta misma época, el año pasado Rosario sufrió una crisis de similares características cuando fue asesinado un niño de 11 años, Máximo Jerez. “A partir de eso se dio un nuevo desembarco de las fuerzas federales y se iniciaron obras de la Secretaría de Integración Socio Urbana en ese querido y populoso barrio de Empalme Graneros. Esa y todas las obras de la Secretaría de Integración Socio Urbana están suspendidas y congeladas en Rosario. No se movió un ladrillo más en ninguna de esas obras”, expresó el diputado del Movimiento Evita, enfatizando que la crisis de seguridad no se circunscribe a poner más efectivos en la calle, sino a evitar que el narco reemplace al Estado.

Es lo que a continuación señaló otra santafesina, Florencia Carignano, quien apuntó directamente a las políticas del actual gobierno. “¿Qué es lo que ustedes creen? Cuando el Estado se retira, ¿quién es el mercado en Rosario? El mercado en Rosario son los narcotraficantes. Entonces, si ustedes cortan la comida de los comedores y todos los programas que urbanizan los barrios más vulnerables y que dan un incentivo de vida, como los programas culturales, el mercado en los barrios lo ocupa el narcotráfico”.

La diputada alertó sobre muchas obras que urbanizaban los barrios vulnerables dejaron de hacerse. El programa de urbanización de villas nació por ley en tiempos de Cambiemos, por una iniciativa liderada por Elisa Carrió y los entonces presidentes de los bloques radical y Pro, Mario Negri y Nicolás Massot. Se avanzó con ese programa en la gestión de Alberto Fernández. En ese tiempo se creó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), una herramienta fiduciaria para urbanizar los barrios populares. Ese fondo quedó recientemente envuelto en una polémica porque era administrado por gente cercana a Juan Grabois. El Gobierno actual le dio el tiro de gracia desfinanciándolo, al llevar la asignación del 30% del impuesto PAIS al 1%.

La respuesta al avance narco no es solo con las armas, explican expertos colombianos que participaron de esa experiencia en aquel país. Lo cual no implica que deba prescindirse de esa vía. Hacen falta más efectivos, pero la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le pasó la pelota al gobernador Maximiliano Pullaro, al pedirle que duplique o triplique la cantidad de efectivos. El gobernador santafesino necesitará más recursos que hoy escasean y el Estado nacional tampoco está en condiciones de atender, privilegiando como está la reducción del déficit.

La guerra contra el narco llevará tiempo y mientras tanto valen los anuncios. De leyes, por ejemplo, que fue lo que anunciaron los ministros Bullrich y Luis Petri el miércoles en conferencia de prensa. Justo los dos integrantes de la fórmula presidencial de JxC que salió tercera el 22 de octubre, anunciaron cinco proyectos que el Gobierno enviará al Congreso en los próximos días y que incluyen la modificación de la Ley de Seguridad Interior, permitiendo la participación de militares en el combate con el narco. Tema polémico si los hay, que ya encontró una sorpresiva resistencia en el propio seno del Gobierno: la de la vicepresidenta de la Nación.

En su primera entrevista desde que está en el cargo, Victoria Villarruel se manifestó contraria a la participación de militares en la lucha contra el narcotráfico con argumentos que no deberían sorprender. Ella expresa el pensamiento de la familia militar y bien se sabe que los uniformados no quieren saber nada con inmiscuirse en un tema traumático del que tardaron décadas en recuperarse.

Las declaraciones de Victoria Villarruel dieron mucho que hablar. Y siguen dándolo.

No fue la única cuestión en la que la vicepresidenta disintió con su gobierno en una entrevista en la que no rehuyó ningún tema y en la que se diferenció fuertemente del presidente, a quien una y otra vez -eso sí- dijo respaldar. Se sabe también que Javier Milei no solo había sido anoticiado por ella misma del reportaje, sino que de hecho la había animado a romper el silencio. Esperaba que esa aparición pública formara parte del operativo que puso en marcha inmediatamente después de que la sangre llegara al río, cuando la fractura entre ambos pareció haber quedado expuesta y el ejército oficial de trolls se había lanzado contra ella.

Prueba de quién está detrás de “los tanques” libertarios en las redes, ninguno se lanzó contra ella tras la entrevista del jueves por la noche, a pesar del tenor de la misma. Por mucho menos, dos semanas antes habían sometido a la vice al escarnio, y ahora nada. El presidente también se cuidó de referirse a su compañera de fórmula en las redes, sin acompañar ningún tuit agresivo, que alguno que otro no faltó.

Milei había desmentido en primera persona cualquier enfrentamiento y luego convocó a Villarruel a la Casa Rosada para mostrarse con ella incluso abrazándola. Pero no esperaba tanta sinceridad de parte de ella en ese reportaje en el que ella tomó también distancia del tema sueldos de legisladores, el DNU y la motosierra… Así y todo, lo que Milei menos pudo digerir fue -dicen- la expresión “jamoncito” que ella le dedicó sobre el cierre de la nota.

Sonó disruptiva en La Libertad Avanza la aparición de alguien que se anime a disentir públicamente con Milei y hasta a hablar de su hermana. Es, convengamos, la única funcionaria a quien el presidente no puede echar.

Esa misma mañana Villarruel había compartido el desayuno con el presidente. Solo contó que hablaron de las “Criollitas” con las que la recibió, pero se descarta que el tema central del encuentro fue la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema. Otro tema del que la vice tomó distancia; al menos de Lijo, cuya designación cuestionó. Así y todo, deberá encargarse de conseguir los votos en el Senado, donde hacen falta nada menos que 2/3 para ungirlo.

Una cantidad elevada, pero que se facilitaría por la anuencia que encontraría el juez federal en los senadores de UP, cuyo jefe, José Mayans, ya mostró buena disposición. Lijo cuenta con el apoyo de muchos gobernadores, entre ellos el formoseño Gildo Insfrán, quien tiene bien presente la actitud del juez federal cuando él quedó involucrado junto a Amado Boudou en un canje de deuda pública. La provincia había contratado por 7,6 millones de pesos para hacer una consultoría a la empresa The Old Found -que luego la Justicia atribuyó al entonces ministro de Economía, que la manejaba a través de un testaferro-. A cargo de la causa Ciccone, el juez Lijo decidió desdoblarla, y resolvió que la parte que involucraba a funcionarios formoseños fuera investigada por la justicia provincial, que sobreseyó a todos.

Así y todo, será interesante ver qué actitud adoptan las mujeres de la Cámara alta respecto de votar a dos varones para una Corte que quedaría sin ninguna representación femenina.

La diputada de Hacemos Coalición Federal Mónica Frade fue designada este miércoles como presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico.

En la vicepresidencia primera fue elegido el macrista Gabriel Chumpitaz; en la secretaría primera, la libertaria María Emilia Orozco; y en la secretaría segunda, la radical Marcela Antola. En tanto, la vicepresidencia segunda y la secretaría tercera, para Unión por la Patria, se reservaron.

Frade, de la Coalición Cívica, aseguró: “La aspiración de esta presidencia es poder hacer de esta comisión un actor principal, en un momento histórico que nos toca, que tiene que ver con la lucha que se ha emprendido contra el narcotráfico”.

La bonaerense alertó que no sólo hay una problemática muy grande en Rosario, sino también “en provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa, que no está visibilizado”. “La porosidad de nuestro país hace que nosotros tengamos en materia de narcotráfico una actividad muy intensa a través de los puertos y fronteras”, continuó.

La legisladora afirmó que buscará “revitalizar la comisión, que es la manera de revitalizar el Congreso, al que se está castigando” y “trabajar transversalmente, sin ningún tipo de preferencia por ningún sector político”.

“Va a ser mi impulso que esta comisión se contacte en los lugares geográficos donde nos necesitan, donde tenemos que interactuar con la Justicia, las fuerzas de seguridad y escuchar a las víctimas”, completó.

Por su parte, Chumpitaz, oriundo de Rosario, expresó: “Para nosotros los rosarinos es muy importante la temática. Allá por 2019 denuncié la llegada de a guerra narco a la ciudad de Rosario. Desde aquel momento estamos dando discusión en todos los ámbitos que nos toca”.

“La lucha contra el narcotráfico no es una lucha idealista, sino una lucha para la supervivencia nacional porque esto se puede derramar en todo el país”, advirtió.

Desde UP, Carlos Castagneto resaltó que “sería muy importante que abordemos la parte presupuestaria del SEDRONAR, porque no es sólo la lucha contra el narcotráfico, sino la prevención. Las granjas (de rehabilitación) no están recibiendo los fondos”.

Mientras que la radical Natalia Sarapura apuntó que “la disminución de la política social acrecienta los riesgos; el aumento de la desigualdad nos pone en un escenario de mayor complejidad y, sin duda, estamos en un momento que se hace necesario profundizar las acciones de seguridad y contención”.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) presentó un proyecto de ley por el cual se propone crear la Agencia Federal Contra el Narcotráfico (AFECONAR) en Argentina. La iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la lucha integral contra el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.

El proyecto de ley establece que la Agencia Federal Contra el Narcotráfico, que dependerá del ministro de Seguridad, tendrá potestades de inteligencia necesarias para llevar a cabo su labor, coordinando con diversas entidades estatales y provinciales para garantizar la eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Además, se prevé la creación de estructuras especializadas y la capacitación constante del personal para adaptarse a las exigencias cambiantes de este desafío. También contempla la colaboración con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso Nacional y otras instituciones relevantes para promover una acción coordinada y efectiva en la lucha contra el narcotráfico.

La Agencia también deberá Identificar y desmantelar laboratorios clandestinos y otros centros ilegales de procesamiento, fraccionamiento, empaquetamiento y distribución de narcóticos; además de coordinar la aplicación de políticas, estrategias y acciones para el control del uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con las distintas dependencias del Estado a nivel nacional, provincial e internacional.

“Se propone la creación de esta agencia como una respuesta eficaz de la sociedad ante el delito que pone en riesgo el estado de derecho en nuestro país”, explicó Aguirre, quien remarcó la importancia de combatir la economía del delito y cerrar los grifos del dinero para disminuir el mercado ilegal de drogas.

El proyecto lleva también la firma del presidente de bloque radical, el diputado Rodrigo de Loredo.

En medio de la violencia narco que azota la ciudad de Rosario, la Cámara de Senadores aprobó este jueves por unanimidad con 69 votos a favor el proyecto de ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tenía media sanción de Diputados desde abril del año pasado.

La iniciativa había sido enviada al Parlamento por el Gobierno de Alberto Fernández en 2022 y recibió la media sanción en Diputados en abril de 2023. También formó parte del último entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluye las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En esa oportunidad, donde la iniciativa cosechó 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, el actual presidente de la Nación, Javier Milei, y Victoria Villarruel, se ausentaron durante la votación.

Al respecto y como miembro informante de LLA en su carácter de presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Juan Carlos Pagotto indicó que el proyecto es tratado con “una demora considerable” y “viene a cumplir un compromiso que la República Argentina que tenía con el GAFI” por lo que remarco que “somos el penúltimo país a inspeccionar sobre el tema”. Así, destacó que se logró hacer un despacho favorable de mayoría, pero indicó que “muchos miembros no estamos de acuerdo con algunas normas que tienen tipos penales abierto”.

El riojano destacó el acompañamiento de los radicales al dictamen que “hace a los compromisos internacionales y a un tema que está en boga sobre todo con lo que sucede en Santa Fe”, y solicitó la aprobación del proyecto, sin prejuicio de que sea reformada.

Desde Unión por la Patria, el neuquino Oscar Parrilli anticipó el voto favorable del bloque porque “creemos que es una señal positiva que se debe dar al mundo financiero internacional”, pero aclaró que “no es porque esto vaya a traer inversiones”.

Parrilli destacó del proyecto que se incluye dentro de los activos a investigar los activos virtuales -criptomonedas- y sugirió que en vez de estar en manos de la Comisión Nacional de Valores pase al Banco Central de la Argentina y resaltó: “Entiendo que en el gobierno actual están entendiendo esto y ojalá a través de un DNU lo modifiquen porque sería saludable”.

También resaltó que la iniciativa crea el Registro de Beneficiarios Finales para “sabre quiénes son efectivamente los dueños de estos fondos de inversiones o sociedades que nunca conocemos qué intereses defienden”. Además, ponderó que le otorga autonomía administrativa, financiera, operativa y le da mayor independencia a la UIF en las acciones que puede llevar adelante.

Otro de los puntos que Parrilli resaltó es el control parlamentario que establece el texto con un control de seguimiento de la Comisión Bicameral de los organismos de inteligencia por lo cual “es un tema que le da transparencia y participación al Parlamento”. En el mismo sentido, ponderó el DNU del Gobierno que plantea que no tiene que depender del Ministerio de Economía – como proponía el proyecto- sino que debe pasar al Ministerio de Justicia.

“En Rosario no son el problema los chicos que venden la droga, primero son los que compran, y en segundo el problema es el lavado de dinero del cual nunca se investigó nada. El verdadero combate al narcotráfico se le hace combatiendo la plata, no el perejil que está en la calle. La UIF tiene un papel fundamental”, manifestó el neuquino y cuestionó que “no se combate al narcotráfico con más policías o el Ejército sino con el manejo del dinero”.

Luego, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR – Buenos Aires) se refirió en el debate de la reforma de la Ley de Lavado de Activos, Prevención del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que “se está evaluando nuestra calidad de legislación antilavado”.

En relación a la inspección del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), señaló que “cumplir es importante porque está en juego la posibilidad de atraer inversiones”, Sin embargo, cuestionó que “en Argentina falta la decisión política de luchar contra el narcotráfico en una acción plural”.

“Si la intención del Gobierno de dejar atrás la decadencia tenemos que incorporar 3 propuestas indispensables: la educación, la promoción social y la lucha contra el narcotráfico”, aseveró. Y remarcó que “el problema del narcotráfico arruina la vida de muchos jóvenes”.

En esa línea, siguió que el narcotráfico “controla rutas, territorios y penetra en lugares con violencia y terror. Es un problema federal y las soluciones deben emanar de un consenso federal porque el narcotráfico tiene naturaleza trasnacional”.

Para culminar su intervención, Abad afirmó que “se necesitan un sistema acusatorio, derogar la Ley de Narcomenudeo y la creación de una agencia federal de lucha contra el narcotráfico”.

¿Qué contempla la iniciativa?

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

Respecto a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo, Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.

Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.

Además, se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas).

Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.

La situación de violencia narco que azota a Rosario se coló en la sesión de este jueves. Primero, a través de una cuestión de privilegio planteada por el senador de Unión por la Patria Marcelo Lewandowski y luego por la senadora radical Carolina Losada, que reclamó la preferencia para tratar un proyecto de su autoría sobre emergencia en seguridad en Santa Fe.

“¿Les suena? ¿Cuántas veces lo pedí el año pasado, el anterior?”, arrancó la legisladora contra el otrora oficialismo. Recordó que la iniciativa la presentó en agosto de 2022, porque “veíamos la situación que estaba sucediendo ya y que no es nueva, pero hoy está peor que nunca. Lo pido con urgencia porque los rosarinos no damos más”.

Losada advirtió que “hay un estado de sitio de hecho, porque la gente no sale a la calle por miedo”. “El narcoterrorismo no debería ser una cuestión de partidos políticos, sino una cuestión que combatamos todos”, agregó.

La radical volvió a reprochar que ese proyecto “no se trató ni siquiera en comisión” y que, desde que lo presentó a la actualidad hubo “555 muertos que ignoraron hasta el día de hoy”. Pero además, cargó contra Lewandowski, al reclamarle que no apoyó el proyecto y que “ahora se anotició de la situación en Santa Fe”.

“No sé qué problema tienen en Nordelta, donde vivís, en Rosario vivo desde hace 58 años”, le respondió el senador de UP, que además lanzó: “No sé si es la senadora que acusaba al actual gobernador (Maximiliano Pullaro) de vínculos con los narcos o es la que después se abrazaron y no tuvieron más problema”.

El santafesino afirmó que “no es tiempo de politiquería barata”. “Soy del sur de Rosario, el lugar más castigado”, expresó y pidió: “Hablemos de política en serio”.

Pero la cuestión no quedó ahí, pues al sentirse aludida, Losada tomó nuevamente la palabra para negar vivir en Nordelta. Además, alertó que si viviera ahí, “¿cómo va a hablar de dónde yo vivo? Yo no hablo de cuál es el barrio cerrado en que usted vive” porque sería “exponerlo públicamente ante un peligro que tenemos todos”.

En su intervención inicial, Lewandowski había planteado una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei, al hacer referencia a unas declaraciones que tuvo en otro momento. “Entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia”, citó en palabras del mandatario y opinó que “en la vida hay tiempo para rectificarse”.

El senador alertó que “la mafia se unió contra el Estado y mató a cuatro inocentes en la ciudad de Rosario”. “Hemos tenido una instalación del terror que quizás en otros momentos se dio a cuenta gotas, pero ahora se ha instalado con mucho temor en la población”, lamentó.

Señaló que las bandas narcocriminales “vienen matando en los últimos 15 años” y “no sólo manejan la venta de droga, sino lavan el dinero, atemorizan, extorsionan”. “No es un problema de Rosario, es un problema nacional, es un problema de geopolítica. No es casual que en los puertos de Europa y Asia aparezcan cargamentos de droga que salen de los puertos del sur de Santa Fe”, advirtió.

“No vamos a pedir que el Gobierno actual resuelva todo inmediatamente”, aclaró, pero solicitó que “construyamos entre todos políticas de Estado”. “¿Hace falta el control de la cárcel? Claro que hace falta”, como también “control de la calle”, aseguró, pero remarcó que hay que atender la cuestión social.

En ese sentido, sostuvo: “En nuestros barrios, la mano de obra que tiene el narcotráfico es de chiquitos y jóvenes absolutamente excluidos de la vida. ¿La pobreza es sinónimo de delincuencia? No. Lo que es sinónimo de delincuencia es aquel que no tiene posibilidades de vida digna, para poder ir a trabajar, educarse, capacitarse”.

“El chiquito que mató al playero iba vestido en medias y pantuflas y salió corriendo y se subió a un auto. No estamos hablando de grupos comandos. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida. Si nosotros a todo lo que tenemos que hacer con la Justicia, con la seguridad, no entendemos que si no revertimos esa matriz social, estamos condenados a que esto se agrande y cada vez más, la vamos a seguir contando y la vamos a seguir sufriendo”, expresó.

El legislador añadió que “hoy falta más comida que nunca. ¿Había pobreza? Claro que había y nos avergüenza, pero se sigue incrementando”.

El presidente del bloque Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, presentó un paquete de proyectos de ley con la finalidad de aportar herramientas jurídicas al Estado en la lucha contra el narcotráfico en todo el territorio nacional.

Entre las iniciativas impulsadas por el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires están la modificación del Código Penal, de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior; la creación de la Agencia Federal Antinarcotráfico; la baja de la edad de imputabilidad; y la instalación de inhibidores de comunicación en las cárceles.

A través de X, Ritondo afirmó que “la droga y el narcotráfico están arruinando y matando a toda una generación de chicos y jóvenes que consume, roba y mata para conseguirla o es víctima de la violencia y las mafias que manejan el negocio. Negarlo o mirar para otro lado, es criminal”.

La droga es la madre y el padre de la mayoría de los delitos en el país. El narcotráfico está arruinando y matando a toda una generación de chicos y jóvenes que consumen, roban y matan para conseguirla o son víctimas de la violencia y las mafias que manejan el negocio. Negarlo o… pic.twitter.com/QnyLgLYVGt

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 13, 2024

“El problema existe y día tras día le arruina la vida a miles y miles de argentinos. No sólo lo vemos en Rosario y en la Provincia de Buenos Aires, donde día a día asesinan inocentes por culpa de este flagelo, el problema se expande a todo el territorio nacional. Tenemos que actuar en consecuencia”, agregó.

En ese sentido, Ritondo volvió a presentar una serie de proyectos que habían perdido estado parlamentario. El primero de ellos consiste en la creación de la Agencia Federal Antinarcotráfico, un organismo armado y especializado, dotados de recursos humanos y técnicos calificados y especializados en la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, Ritondo impulsó la modificación del Código Penal donde, entre otros puntos, sostiene el decomiso anticipado de los bienes criminales, terminar con el beneficio de la libertad condicional para reincidentes de delitos, el apoyo total al trabajo de las Fuerzas de Seguridad, calificar como homicidio agravado el asesinato de miembros de las fuerzas, el aumento de las penas por el tráfico de estupefacientes, agravantes para el tráfico de droga utilizando menores de edad, el aumento de penas si los hechos fueron cometidos por un funcionario público encargado de la prevención de esos delitos, y habilitar a los jueces a juzgar en nuestro país a organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico.

Por otro lado, la modificación de la ley de Seguridad Interior que fue presentada en la Cámara de Diputados permite que las Fuerzas Armadas puedan actuar para combatir amenazas internas de poderosas bandas de narco terroristas.

La baja de imputabilidad a los 14 años también es otra de las iniciativas legislativas que impulsa el diputado Cristian Ritondo: “No sólo buscamos poder darle reparación a la víctima del delito, sino también brindar un proceso adecuado al menor que delinque, para poder contenerlo y darle una nueva oportunidad en lugar de dejarlo abandonado en el delito. Es una herramienta clave si queremos atacar de verdad el uso de menores por parte de organizaciones criminales como soldaditos que la justicia no puede detener”.

Por último, Ritondo propone instalar inhibidores de señal en complejos penitenciarios de la Argentina. “Esto es para terminar con la locura de que las bandas siguen operando desde el interior de las cárceles con total impunidad”, explicó en los fundamentos del texto.

“Hoy existe la decisión política clara de enfrentar el crimen organizado. No importa el color político de los gobernadores o intendentes, la prioridad siempre es la gente”, concluyó Cristian Ritondo.

La emergencia en Rosario producto de la violencia narco era uno de los temas que desde la oposición querían también debatir en la sesión de este miércoles, que se cayó por falta de quórum. Sin embargo, varios legisladores hicieron referencia al drama que atraviesa la ciudad. 

La diputada socialista Mónica Fein recordó que hay distintos proyectos presentados para declarar la emergencia en seguridad y, a continuación, dijo: “Tengo que hacer el esfuerzo para no contestar a difamaciones ni a mentiras”. Fue en alusión a las acusaciones que el presidente Javier Milei realizó contra las gestiones del Partido Socialista en Santa Fe y el avance del narcotráfico. 

“Vengo a defender al pueblo de Rosario, que está encerrado en sus casas sin transporte público, sin clases hasta el día de ayer, con las estaciones de servicio cerradas y con cuatro familias más destruidas por las muertes de familiares asesinados”, expresó la legisladora. 

La exintendenta de Rosario consideró que las organizaciones criminales “dejaron un mensaje a la política: mientras ustedes sigan peleándose, mientras sigan discutiendo tonterías, nosotros vamos a exigir ser los dueños de la ciudad y del país”. 

Con la voz quebrada, la diputada lamentó “el dolor de los rosarinos y las rosarinas, los niños en sus casas encerrados”, lo cual la hace -afirmó- “venir acá a no contestarle al presidente de la República, sino exigirle que dé las respuestas que corresponden, que deje de mirar responsables, que haga lo que debe hacer un gobernante, que es darle respuestas al pueblo”.

“El Gobierno provincial está haciendo un gran esfuerzo, un gobernador (Maximiliano Pullaro) amenazado, una familia que tuvo que irse de la ciudad por las acciones que está llevando adelante para intentar controlar lo que era el call center desde las penitenciarias”, destacó. 

Finalmente, reclamó que todas las fuerzas políticas aprueben prontamente la emergencia y agregó: “Le pido al presidente que no mire para otro lado y asuma su responsabilidad”. 

Desde Unión por la Patria, Florencia Carignano -hablaron también sobre el tema sus pares Eduardo Toniolli, Diego Giuliano y Roberto Mirabella– enfatizó su apoyo a “la institucionalidad que está en jaque en la provincia de Santa Fe”, y remarcó que las bandas de narcotraficantes “están extorsionando todos los días al Gobierno provincial y a todos los santafesinos. Nosotros le decimos que no a eso”.

Pero aclaró que no estaban de acuerdo con las formas cómo se estaban llevando a cabo las cuestiones, ni que ese es un tema de un solo partido, pues ninguno ha podido solucionar esa situación. Por eso, reclamó al Gobierno provincial convocar a todas las fuerzas políticas “y dejar de sacar fotos que después tienen un vuelto, porque es muy inocente pensar que esa foto donde se veía a los presos y donde decía: ‘La van a pasar muy mal’, iba a pasar desapercibida”. 

“No vamos a estar de acuerdo nunca en estas posiciones marketineras que tiene la ministra de Seguridad, que al no confiar en sus propias fuerzas de seguridad, llama a las Fuerzas Armadas”, advirtió y disparó contra Patricia Bullrich sosteniendo que había estado cuatro años al frente de la seguridad “y no solucionó nada”. Tras criticar enfáticamente la posibilidad de sumar a las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico, sostuvo que la situación imperante es “una consecuencia de las políticas que el Gobierno nacional está llevando a cabo”.

“¿O ustedes, ¿qué se creen? Que cuando el Estado se retira, ¿quién es el mercado en Rosario? El mercado en Rosario son los narcotraficantes. Entonces, si ustedes cortan la comida en los comedores y todos los programas que urbanizan los barrios más vulnerables y que dan un incentivo de vida, como los programas culturales, el mercado en Rosario en los barrios lo ocupa el narcotráfico”, alertó y sentenció: “Háganse cargo que esto es responsabilidad también de ustedes”.

La crisis de seguridad que se vive en la provincia de Santa Fe ha puesto a ese distrito en el centro de atención de todo el país. Y el Congreso, como caja de resonancia que es, no podía ser la excepción.

Es así que en las últimas horas se presentaron proyectos de ley para declarar la emergencia en seguridad ante la situación generada por la actividad de los narcos, y según pudo saber parlamentario.com, tratarán de debatirlos sobre tablas este mismo miércoles en el recinto.

Por parte del radicalismo, el diputado santafesino Mario Barletta presentó este lunes un proyecto de ley para exigir la declaración de emergencia en seguridad en la provincia de Santa Fe, hasta el 31 de diciembre de 2024, tras los asesinatos y la violencia callejera registrada en la ciudad de Rosario.

El texto señala que el plazo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por un año como máximo. También, propone fortalecer “la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado; la producción y tráfico de estupefacientes”. Y agrega que también está previsto para enfrentar “la corrupción de niños, niñas y adolescentes, terrorismo, las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, los delitos aduaneros, los secuestros extorsivos y la trata de personas”.

El proyecto fue acompañado con la firma de la vicepresidenta del bloque radical Karina Banfi y los diputados nacionales Julio Cobos, Gerardo Cipollini, Pamela Varasay, Soledad Carrizo, Roberto Sánchez y Francisco Monti.

El radicalismo pediría este miércoles tratar el tema sobre tablas, lo mismo que el socialismo, que también presentó su propio proyecto sobre el tema.

“Hace dos años que venimos pidiendo fortalecer la seguridad porque la situación en Rosario es insostenible, lo pudieron comprobar esta semana.  La ciudad siempre combatió el problema en soledad y los recursos son insuficientes”, aseguró Mónica Fein, exintendenta de la ciudad y actual legisladora socialista.

El proyecto contempla la generación de un fondo especial, proveer tecnología y equipamiento acorde, y la creación de una Junta de Emergencia de Seguridad, integrada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad, Provincial, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe y cada una de las autoridades locales del Departamento Rosario. “Es fundamental que el comité de crisis también lo integre  el Poder Judicial para trabajar mancomunadamente y coordinar las acciones”, fundamentó Fein.

A su vez la propuesta implica el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal, con la inmediata implementación en la jurisdicción de Rosario del nuevo Código Procesal Penal Federal, y la disposición por parte del Ejecutivo Nacional de los recursos necesarios para tal fin.

“En Santa Fe, siendo gobierno, impulsamos una reforma profunda de la justicia para juzgar más rápidamente a los responsables de la violencia y el terrorismo urbano. Así es como logramos condenar y meter presos a los cabecillas de las bandas narco. Este tema requiere seriedad.”, manifestó por su parte el otro diputado socialista, Esteban Paulón, también santafesino como Fein.

Cabe destacar que Rosario es una de las ciudades con mayor índice de violencia del país. En la última semana la ciudad fue blanco de asesinatos que tuvieron como víctimas a civiles en su ámbito laboral.

Durante el lanzamiento del Comité de Crisis en Rosario, frente a una nueva escalada de violencia por parte de bandas dedicadas al narcotráfico, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el envío de una ley ‘anti-mafias’.

De la conferencia de prensa participaron además el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de la ciudad, Pablo Javkin; y el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri.

“Estamos enviando al Congreso de la Nación la ley ‘anti-mafias’ o ‘anti-bandas’ que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizando, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes, como hizo el Código Penal anti-mafia de Italia, que terminó con las bandas italianas, como hizo la Ley Rico de Estados Unidos y luego (Nayib) Bukele contra las maras”.

La funcionaria explicó que la iniciativa incluirá “figuras especiales como la del arrepentido, que ya existe, y otras nuevas modalidades que nos permitan ir a fondo contra estas bandas”.

Bullrich aprovechó para cuestionar que el Congreso no haya aprobado la ley de Bases: “Lamentablemente no nos acompañó con la posibilidad de tener hoy instrumentos para tener una emergencia en seguridad”.

“Esperamos el apoyo de los diputados y senadores nacionales a estas leyes que van a ser el cambio real que nos va a permitir poder tomar al conjunto de las bandas y no uno por uno. Necesitamos terminar con el hormiguero y no agarrar hormiga por hormiga”, expresó.

Por otro parte, le pidió a la Justicia “la utilización de la Ley Antiterrorista”. “Mientras se vote la ley ‘anti-mafias’ o ‘anti-bandas’, como le vamos a poner en la Argentina, adaptada a nuestras circunstancias, y estemos con toda la operación de saturación, investigación e inteligencia criminal, más la apoyatura logística de las Fuerzas Armadas argentinas, le vamos a pedir a la Justicia medidas excepcionales, a la altura del desafío que tenemos para trabajar contra los narcocriminales terroristas”.

El diputado nacional Roberto Mirabella (UP) presentó un proyecto de ley que tiene en su génesis el reconocimiento de la carencia de un marco normativo integral, eficiente y eficaz para abordar el fenómeno del crimen organizado, en general, y del narcotráfico y delitos conexos en particular.

El santafesino propone la creación de un nuevo marco normativo integral que aborde el régimen de la criminalidad organizada, el narcoterrorismo y la narcocriminalidad. “Este proyecto busca brindar un marco jurídico adecuado, que sirva de base para el diseño de una política criminal minimalista y democrática, que pueda transformarse en una política de Estado y, en consecuencia, ser continuada por el Estado con total independencia de cuál sea el partido político gobernante” señaló.

La iniciativa se enmarca dentro de una nueva escalada de violencia que atraviesa la ciudad de Rosario. “La gravedad de la situación ha escalado a una velocidad y con una virulencia inusitada. Las acciones violentas de grupos narcocriminales, no sólo no han disminuido, sino que han ingresado en un nuevo y oscuro estadio: el narcoterrorismo. Este ya no es un fenómeno predicable de otros países como Colombia o México, sino una realidad en Rosario y con la posibilidad latente de su extensión al resto del país”, alertó.

Mirabella explicó que “lo que busca el proyecto es que los delitos de amenazas y homicidios investigados, que en principio son delitos de competencia de la justicia ordinaria, pero que se vinculan con estos hechos, sean tratados por la justicia federal, ya que, resulta insoslayable que todos los hechos reseñados presentan una ligazón indisoluble con el narcotráfico y las prácticas terroristas”.

“Se propone que la justicia federal fuera quien estuviera a cargo de su investigación y juzgamiento, con un criterio de unicidad, por pertenecer todos ellos al mismo fenómeno criminal”, continuó y apuntó que “el abordaje de hechos ya conocidos, a los que se les suman el asesinato de dos choferes de taxi y la balacera a un chofer de colectivos en la ciudad de Rosario en una misma semana, se inscribe en una serie de conductas vinculadas con el crimen organizado en materia de narcotráfico y delitos conexos, que no deben ser investigados de manera aislada, pues se correlacionan entre sí y con otros hechos y forman parte de la misma mecánica delictiva y extorsiva”.

Para el diputado, “lo expuesto, es el reflejo del déficit de la regulación existente en lo atinente a la prevención, investigación, persecución y juzgamiento de la narcocriminalidad, y la ausencia total de una política criminal en la persecución de la criminalidad organizada, en general, y del narcoterrorismo en particular”.

“Este proyecto de ley busca establecer un régimen jurídico para la criminalidad organizada, una nueva regulación, que recepte las corrientes legislativas y doctrinarias más recientes en la materia, para dotar al Estado argentino de un instrumento que pueda convertirse en la piedra angular de una política criminal minimalista, democrática, eficiente y eficaz para prevenir, investigar, perseguir y juzgar la criminalidad organizada, en el entendimiento que la gravedad de todas esas conductas poseen entidad suficiente para desestabilizar a la sociedad y socavar las bases mismas del Estado de Derecho”, concluyó en sus argumentos.

En medio de la delicada situación que atraviesa la provincia de Santa Fe, el diputado del Partido Obrero (PO) y precandidato a presidente de la Nación por ese mismo espacio, Gabriel Solano, se reunió con la comunidad educativa de esa provincia, a quienes consideró como “rehenes del narco Estado”.

“La situación de las escuelas en la provincia es dramática, las balaceras golpean cotidianamente a docentes y estudiantes frente a la total inacción del estado que deja inerme a toda la comunidad educativa. En cambio, la organización de los docentes, los estudiantes, las organizaciones populares en los barrios son la real línea de contención frente a este cuadro”, advirtió el legislador.

Además remarcó que “hay que defender y promover fuertemente a las organizaciones piqueteras, los sindicatos y todos los sectores que se organizan en los barrios y los lugares de trabajo y que le ponen el cuerpo a esta situación”.

Sobre esa misma línea, Solano explicó que “con todos los que gobernaron fue avanzando un copamiento narco del propio estado, comenzando por la policía, los tribunales y el poder político. En esta mafia están metidos también grandes empresarios provinciales, la droga se exporta a través de los puertos privados y la plata del narcotráfico se lava en bancos y en el circuito financiero. Por eso planteamos que hay que desmantelar este narco estado que oprime a la población”.

Al mismo tiempo que planteó que “hhay que promover centros de atención para los consumos problemáticos en cada barrio, a cargo del Estado. Hay que echar a los narcos de los barrios, disolver esta policía que pacta, establecer la revocabilidad y elección popular de los jueces”.

“Pero además hay que atacar la estructura económica de este delito: terminar con la privatización de los puertos, con el lavado en los bancos estableciendo una banca estatal única a cargo del estado, e investigar a fondo todas las responsabilidades empresariales”, sentenció.

Debido al crecimiento del narcotráfico en Santa Fe y buscando evitar una situación similar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y legislador de Vamos Juntos (VJ), Hernán Reyes, impulsó en la Legislatura porteña para crear un “Sistema Integral de Prevención y Control del Narcotráfico”.

El objetivo de dicho programa es el de sistematizar el accionar de los distintos agentes públicos y privados involucrados en la prevención y control del narcomenudeo y el narcotráfico; promover la protección a toda persona que denuncie, sea víctima y/o se presente como testigo de casos de narcomenudeo o de narcotráfico; entre otros puntos.

Asimismo plantea la creación del “Gabinete de Prevención del Narcotráfico”, el cual será una instancia plenaria de reunión de todas las dependencias del Poder Ejecutivo y otros organismos con competencia específica en la materia o que intervengan en políticas públicas que influyan en la prevención y control del narcotráfico. La integración se logrará con dos representantes, que no podrán ser del mismo género, por cada una de las dependencias que se disponga en la reglamentación.

El texto en cuestión también contempla la confección de un “Plan Trianual de Prevención del Narcotráfico”, el cual deberá establecer los criterios de focalización en la prevención y selectividad en materia de control territorial; estrategias de prevención y reducción de daños en los dispositivos para el abordaje del consumo de estupefacientes en el espacio público; y que establezca objetivos y estrategias de comunicación pública del abordaje de la problemática conforme criterios de prevención, no estigmatización e informativos basados en evidencia científica; entre otros puntos.

A su vez se fomentará un programa de protección de testigos de narcotráfico, el cual permanecerá bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, y servirá para brindar protección a toda persona que denuncie y/o sea testigo de casos de narcotráfico, en cualquiera sea su modo, etapa, o nivel. Además se les brindará las herramientas pertinentes para asegurar la integridad física, psíquica y la libertad del denunciante, en pos de asegurar su participación en la investigación pertinente.

La iniciativa también lleva la firma de Juan Facundo Del Gaiso y Cecilia Ferrero (VJ), quienes aseveraron que “con esta ley estamos presentando un proyecto para ampliar nuestro abordaje del consumo problemático, así como de todas las adicciones comportamentales” y remarcaron que “no se trata de una demonización de determinadas sustancias, sino de una decisión política de asumir con responsabilidad el desafío del combate al narcotráfico y cesar con una política (en algunos casos deliberada) de abandono de las personas, abandono de quienes padecen adicciones y el abandono de los argentinos a la violencia del narcotráfico”.

“En estas semanas hemos visto el recrudecimiento de la violencia narco en la provincia de Santa Fe y lo ocurrido en el conurbano bonaerense con el envenenamiento. No miramos superficialmente, sabemos que estos hechos son parte de una avanzada del narcotráfico en todo el país y que se extiende en todas nuestras ciudades. Es la consecuencia de décadas de abandono, políticas erráticas y posiciones mediocres respecto de una problemática de gran complejidad”, continuaron los oficialistas y plantearon que “además de la colaboración con la política de investigación judicial, este proyecto pretende generar una instancia de gobierno que asuma el desafío de la prevención y control del narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires. La planificación de políticas públicas resulta esencial, siendo que de este modo se garantiza una armonía entre políticas urbanísticas y la prevención del delito a través de la coordinación de todos los actores políticos en el Gobierno”.

Por lo que concluyeron señalando: “desde la perspectiva nuestra, el Estado debe ofrecer garantías de un tratamiento adecuado para quienes padecen adicciones o que se encuentran en tratamiento de ellas”.

En medio de la fuerte ola de inseguridad que se vive en Santa Fe, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano criticó al líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, después de que este asegurara que la izquierda estaba involucrada en el narcotráfico internacional.

“Todo el tema de la droga está vinculado a la izquierda internacional que se mete adentro de tu país para dinamitarlo y que avances hacia soluciones de izquierda. Obvio que el narcotráfico está vinculado a la izquierda porque va a minar las bases de la sociedad. Digo, con la gente de izquierda no tienen problemas… Agarra cualquier país de izquierda de la región, mientras están ellos no tienen ningún problema”, aseveró Milei en declaraciones televisivas con el programa conducido por Esteban Trebucq en A24.

Por lo que atento a esta situación, Solano salió al cruce: “Milei dice que ‘los de gorra azul’, que están metidos hasta el cuello en el negocio del narcotráfico y el crimen organizado son ‘los buenos’. Y los que luchan por trabajo genuino y en defensa del salario son ‘los malos’. ¿Acaso no se enteró Milei la connivencia y complicidad de todo el aparato policial con el narcotráfico en Rosario? ¿No se enteró que en los últimos años fueron destituidos 10 jefes policiales? Por supuesto que lo sabe ¡pero los encubre e intenta culpar del narcotráfico a la izquierda internacional!”, destacó.

Sobre esa misma línea planteó que “la realidad es que la lucha del movimiento piquetero y del Polo Obrero de Rosario, que cuenta con numerosas víctimas fatales por el accionar mafioso de las bandas narcos, es un factor de organización de la juventud para alejarla de la droga y la descomposición”.

“Lo de Milei es una completa falta de respeto a las víctimas, sus familias y compañeros. Es evidente que las declaraciones de Milei son un delirio mesiánico que apunta a justificar una política macartista y fachistoide contra la izquierda y el movimiento popular”, concluyó Solano.

El diputado nacional Roberto Mirabella (FdT – Santa Fe) habló este viernes acerca de las amenazas de narcotraficantes contra periodistas en Rosario y pidió que “los dirigentes políticos, en vez de solidarizarse por Twitter, deberían hacer lo que corresponde para abordar un tema tan complicado como este”.

En declaraciones a Radio AM 990, el legislador santafesino se mostró preocupado la situación judicial respecto al freno de la aprobación de jueces federales en su provincia y contó: “De los 34 cargos que tiene la circunscripción Rosario -que abarca Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Rosario- hay nueve vacantes. De tres Fiscalías de Instrucción en Rosario, solo una está funcionando y en la Cámara Federal hace dos años que hay dos vacantes, recién hace dos meses se cubrió la primera”.

Respecto a ese tema, Mirabella recordó que “hay un proyecto firmado por los 19 diputados y diputadas de Santa Fe, de todos los partidos políticos, destinado a fortalecer la Justicia Federal en Rosario e implementar el sistema acusatorio”.

Asimismo, el santafesino manifestó que “si aparece un trapo que diga ‘vamos a matar a todos los periodistas’ o que baleen la Corte Suprema en algún canal de televisión de la ciudad de Buenos Aires, sería un escándalo a nivel nacional”, y lamentó: “Eso sucede todos los días en Rosario. Los ataques son ordenados desde las cárceles porque todos los jefes narcos están presos”.

En el cierre, Mirabella responsabilizó al narcotráfico y afirmó: “Hoy más del 95% de los ataques, balaceras y homicidios se ordenan desde la cárcel. Todos los jefes de las bandas están presos”.

En medio de la campaña de cara a las PASO del próximo mes, el precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, advirtió acerca del avance del narcotráfico en el territorio nacional y recorrió La Matanza junto a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto.

Acompañaron también los precandidatos a diputados nacionales Gerardo Milman y Alejandro Finocchiaro, y el precandidato a concejal Héctor “Toty” Flores.

La jornada comenzó con una reunión bajo el formato bimodal (presencial y virtual) en la que Santilli, Finocchiaro y Flores escucharon a los vecinos sobre los problemas que los aquejan, que giraron principalmente en torno a la difícil situación económica y a la falta de oportunidades laborales. Luego, junto a Rodríguez Larreta, recorrieron las localidades de Ramos Mejía, San Justo y Laferrere, donde visitaron comercios y dialogaron con los dueños y los trabajadores.

En ese sentido, Santilli afirmó que “hay que generar trabajo y bajar los impuestos, acompañar a las pymes, poner a la policía en la calle. Hay que dar vuelta esto de otra manera, no puede ser el que el país esté patas para arriba. Siempre cometemos los mismos errores. Hay que cambiar”.

A continuación, acompañado por Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto y Gerardo Milman, se hizo presente en González Catán para seguir con la jornada de diálogo y escucha que el precandidato de Juntos viene realizando desde que se inició la campaña. En este sentido, recorrieron además el Hospital Samica Presidente Néstor Kirchner, donde escucharon al personal de salud de dicha institución.

Por su parte, Bullrich indicó que “nosotros creemos que un tema fundamental en nuestro país es desurbanizar. Ya las grandes ciudades con grandes conurbanos, no dan calidad de vida. Entonces en un momento se habló de dividir La Matanza, por la cantidad de habitantes que tiene, y los problemas que un solo intendente no puede resolver. Además hay que incentivar que la sociedad viva en pueblos más pequeños”.

Por último, Santilli mantuvo un encuentro con Nelli Dos Santos, una vecina de San Justo que sufrió la muerte de sus dos hijos en siete años a causa de la inseguridad.

“Hoy los narcos están tomando posiciones. Íbamos en una dirección en donde a la policía la veías en la calle, que los delitos fueran en descenso, que tuviéramos actitud, que la justicia condene, había un camino en esa dirección. Hoy dimos marcha atrás en la lucha contra la delincuencia y los narcos”, concluyó Santilli.