“No fueron 30 mil”, afirmó el pasado 24 de marzo la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en el marco de conmemorar el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, por lo que el senador nacional Sergio “Oso” Leavy (UP – Salta) presentó un proyecto de ley para crear un marco regulatorio de protección contra el negacionismo.

La iniciativa propone la protección de los derechos humanos reconocidos y garantizados constitucional y convencionalmente. Así, aclara que “las disposiciones de la ley serán obligatorias para todos los agentes y funcionarios que se desempeñan laboralmente en los poderes y organismos del Estado”.

“Queda terminantemente prohibido a todo el personal que se desempeña en los poderes y organismos desarrollar toda acción y omisión que suponga exteriorizar por cualquier medio declaraciones públicas tendientes a reivindicar, justificar, negar, relativizar los delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo de Estado. También exponer manifestaciones notorias, elogiando, celebrando, minimizando, justificando o aprobando a los autores responsables de los delitos”.

También propone la modificación del Código Penal para que el negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad sean reprimidos con prisión de un mes a un año e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el término de cinco años. Además, establece una multa de 100 a 1000 unidades fijas que serán calculadas por el valor de las unidades de medida arancelaria PJN.

En ese sentido, propone una sanción a los medios de comunicación que también difundan o reproduzcan expresiones negacionistas con una multa que va del 0,1% al 10% de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho.

S. 442 del 24 Marco Regulatorio de Protección contra el Negacionismo

https://www.youtube.com/watch?v=okwb0JSplaI

Con fuertes críticas a Javier Milei, Victoria Villarruel y Mauricio Macri, representantes de organismos de Derechos Humanos participaron de una reunión en la Cámara de Diputados, donde reclamaron por la “urgente” sanción de una ley que castigue a los funcionarios públicos que nieguen los crímenes de lesa humanidad y genocidios. 

De la segunda reunión informativa de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que se realizó en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja, participaron solamente diputados del oficialismo. 

A menos de dos semanas del balotaje, los invitados advirtieron lo que significaría, en materia de la política de memoria, verdad y justicia, un triunfo de La Libertad Avanza, al recordar las expresiones que han tenido en relación a la última dictadura cívica militar tanto Villarruel como Milei. De hecho, durante el encuentro, la candidata a vicepresidenta publicó en sus redes un mensaje en contra del debate. 

Los organismos de DD.HH. defendieron el proyecto de ley que consensuaron y que recogió la diputada Carolina Gaillard. El texto propone que el INADI pase a llamarse INADIN (Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia, el racismo y el negacionismo), y que sea el encargado de dictar la “capacitación de carácter obligatoria en materia de Derechos Humanos (Memoria, Verdad y Justicia) para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. 

Además, esa iniciativa incorpora el artículo 248 al Código Penal, de modo de establecer que “será reprimido con pena de inhabilitación especial de 3 meses a 4 años, el/la funcionario/a público/a que, en el ejercicio del empleo, cargo o función, negare, minimizare, justificare o revindicare públicamente y por cualquier medio, genocidios o crímenes contra la humanidad reconocidos oficialmente como tales por el Estado Argentino”, esto es no solamente la última dictadura, sino también el Holocausto o genocidio armenio, entre otros. 

Primera en hablar, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, les pidió a los diputados que “por favor urgente aprueben esa ley para realmente castigar legalmente, no con cárcel, con inhabilitación, a todos aquellos negacionistas, a los que reivindican el genocidio. Aquí no hubo una guerra, hubo un genocidio”. 

“Estos negacionistas y reivindicadores del horror existieron siempre, pero ahora están envalentonados, se han sacado la careta y es deplorable lo que estos siniestros personajes están diciendo si llegan a regir los destinos del país”, alertó. E insistió en que “más que nunca tienen que sancionar urgente esa ley, no puede ser que estos deplorables personajes sigan ensuciando la memoria de los 30 mil, porque son 30 mil; que sigan ensuciando esta democracia que nos costó tanto conseguir”. “Les digo a esos deplorables personajes que el Nunca Más es Nunca Más”, cerró entre aplausos. 

Desde la agrupación H.I.J.O.S, Carlos Pisoni expresó que este “es un día que nunca esperamos que tuviera que llegar”. “No quisiéramos estar aquí debatiendo de negacionismo, querríamos estar festejando que el 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia”, sostuvo y lamentó “estar debatiendo retrocesos”. 

Tras enumerar logros de los organismos de DD.HH. en estos años, como la recuperación de 137 nietos o la condena de 1.100 genocidas, también recordó el fallo 2×1 de la Corte Suprema que “dimos vuelta y fuimos millones en las calles”. 

“La mejor forma de combatir al negacionismo es la educación. Al negacionismo no se lo combate con la punición, se lo combate con la prevención”, destacó y sobre el proyecto impulsado por los organismos de DD.HH. señaló que “propone un plan nacional en educación y derechos humanos que sea impartido por el INADI”, el cual deberá pasar a llamarse INADIN. También, “la formación obligatoria a todos los funcionarios públicos en materia de derechos humanos” y la tipificación en el Código Penal “al negacionismo para los funcionarios públicos que de alguna manera nieguen, relativicen, banalicen o minimicen los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado argentino y los genocidios”, como el Holocausto o la masacre a pueblos originarios. 

“Si esta ley se hubiese aprobado antes, seguramente estaríamos discutiendo la inhabilitación en el cargo de Victoria Villarruel y Javier Milei por ser negacionistas e infiltrados de la democracia”, apuntó Pisoni. 

A su turno, Mabel Careaga, de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, subrayó que “hay un sector que siempre vuelve con declaraciones negacionistas y que hoy en Argentina está expresada en la derecha”. Recordó que durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri “vimos con estupor como Darío Lopérfido comenzó a hablar de que no eran 30 mil” y que “la cifra había sido inventada”. Junto a los organismos y artistas, “logramos que pidiera disculpas y después renunciara”, agregó.

La activista remarcó que “no solamente niegan los hechos del terrorismo de Estado, que en nuestro país como en ningún otro país del mundo han quedado demostrados en juicios ejemplares” sino que “pretenden ser presidente y vicepresidente de la Argentina”. “¿Ustedes imaginan qué país vamos a tener con Milei de presidente y Villarruel de vicepresidenta? Realmente es inimaginable pensar tanto retroceso para nuestro país”, lanzó contra la fórmula de La Libertad Avanza. 

Sobre la iniciativa, aseguró que “la sanción del negacionismo protege a los ciudadanos y a las víctimas del terrorismo de Estado, nos cuida a los familiares, y además protege a los 30 mil desaparecidos, porque no permite que se insulte su memoria”.

Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, advirtió que “los discursos negacionistas conducen inevitablemente a un genocidio, y no lo afirmamos porque sí, lo afirma Auschwitz, lo afirma la ESMA, lo sostiene y es ejemplo Ruanda y Armenia, esos genocidios son la prueba palpable de que tolerar esos discursos va a terminar muy seguramente en algo que nosotros conocimos muy bien la historia reciente, y que padeció nuestro pueblo: el terrorismo de Estado”. 

“No venimos a reivindicar estrategias penales y tampoco somos de la idea de engordar códigos”, aclaró, sino que “la centralidad del proyecto se sostiene en la necesidad de formación, de capacitación”, manifestó. No obstante, sobre la incorporación de un artículo al Código Penal, que plantea el texto, explicó que los funcionarios “van a tener que responder si esos discursos los sostienen en público”. 

En nombre de Abuelas de Plaza de Mayo -cuya titular, Estela de Carlotto, no pudo asistir-, Guillermo Pérez Roisinblit opinó que este proyecto se trata de “una reacción inmune” pero “tardía” porque “esto no arranca ahora en la campaña, sino con un presidente (en alusión a Macri) que se anima a decir que todo lo hecho por los organismos de derechos humanos era ni más ni menos que un curro”. “Es alarmante que dentro de lo que significa el juego de la democracia haya personas, actores y candidatos que reivindican todo lo que pasó cuando no la tuvimos”, dijo.

Roisinblit aseveró que “no fueron excesos, fueron crímenes y delitos de lesa humanidad” y “un plan sistemático llevado adelante en el cual se había pensado quedarse con los hijos de las víctimas”. Nuevamente en una crítica a los libertarios, enfatizó que esos discursos provengan de “dos personas que quieren jugar al juego de la democracia, pero cuando se aburran se la van a llevar puesta”. 

Nieta recuperada y legisladora porteña del Frente de Todos, Victoria Montenegro habló de que estamos en “una instancia tremendamente preocupante para la democracia; lo que está en riesgo es tremendamente grave”. Sobre la ley, afirmó que “es el marco que necesitamos para ponerle un freno no solo a un discurso, sino a una práctica política que quiere instalarse en Argentina, que quiere borrar la historia y que quiere atacar a nuestros jóvenes”. 

“No es posible que una candidata a vicepresidenta niegue la historia de la Argentina y los 30 mil desaparecidos y la existencia de los nietos que fuimos recuperados”, sostuvo y alertó que, en caso de ser gobierno, podrían “cerrar el Banco Nacional de Datos Genéticos”. 

Montenegro señaló que “esta pelea no termina con estas elecciones, creemos que vino a quedarse y disputar lo que conquistamos en estos años”. “El legado de las madres, de las abuelas y los organismos es un legado que debe ser de toda la sociedad argentina, y los discursos de odio vienen a atacar ese legado. Es cierto que el amor vence al odio, pero el amor hoy necesita una regulación urgente”, cerró. 

Representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Federico Efrón pidió: “Demos una respuesta a esto, porque es inadmisible que en el marco de un debate de cinco candidatos a presidente escuchemos las palabras de (Emilio) Massera en su defensa final, antes de que termine el juicio de las juntas”. Para el funcionario, “tiene que haber algún tipo de respuesta frente a esos discursos” porque “desde 2003 en adelante tenemos una política de Estado consolidada”. 

En ese sentido, explicó que se ha transformado en una política gracias a las decisiones y resoluciones del Ejecutivo, las leyes del Legislativo y las sentencias del Poder Judicial. Precisamente sobre esto último, informó que “al día de hoy, considerando la sentencia que se dictó ayer en Corrientes, en donde tres de los siete condenados no tenían una sentencia previa, llegamos a las 1.200 personas condenadas”. Además se han finalizado “336 juicios, hay otros 15 que están en curso y hay muchos más esperando comienzo. Sólo en lo que va de 2023 hubo 20 sentencias distintas”. 

“Las sentencias reconocen que lo que pasó fueron crímenes de lesa humanidad, utilizan el término terrorismo de Estado, no es un discurso político, es algo que está reconocido por los jueces en todo el país”, enfatizó Efrón e insistió que los discursos negacionistas son “además de una absoluta falta de empatía con las víctimas, negar la realidad y negar los actos mismos del Estado en los últimos años”. 

El funcionario indicó que “no se trata de criminalizar el discurso ni atentar contra la libertad de expresión”, sino de “responsabilizar al funcionario público que públicamente negara lo que ya está probado y reconocido por el Estado”. 

Otro de los expositores invitados fue Remo Carlotto, director ejecutivo del Instituto de DD.HH. del Mercosur e hijo de Estela de Carlotto, quien mencionó que “lo que nos está sucediendo en la Argentina es algo que está sucediendo en la región”. En ese sentido, ejemplificó el caso de Brasil, donde Jair Bolsonaro siendo diputado “reivindicó al torturador de Dilma Rousseff” y luego “como presidente construyó un proceso de degradación de la democracia y la creación de una agenda violenta en la sociedad. Creció 800% la portación de armas (en su gobierno)”.

El exdiputado lamentó que no haya legisladores de la oposición en el debate, “porque quizás piensan que esto es un tema que no les incumbe, y eso es lo peor que puede pasar”. “La democracia nos pertenece, la democracia es un valor enorme para quienes vivimos la persecución y el exilio”, añadió. 

También expusieron en la reunión Luis María Alman Bornes, titular del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Verónica Torras, del CELS; la senadora nacional oficialista Nora del Valle Giménez, quien estuvo detenida durante la dictadura; y Andrea Cuellar Camarena, de la Intersindical de Derechos Humanos. 

La diputada oficialista Carolina Gaillard, quien recogió la propuesta consensuada por los organismos de derechos humanos, sostuvo que “esta ley se la debemos a las abuelas, a los hijos, a las madres, a todos lo que padecieron esos años trágicos en nuestro país, esa etapa oscura que fue la dictadura”. “Nuestro país ha sido reconocido internacionalmente por su política de memoria, verdad y justicia”, ponderó y recordó a Néstor Kirchner, quien impulsó la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. 

“A 40 años de la democracia es inadmisible que tengamos candidatos en las fórmulas presidenciales, como es caso de Victoria Villarruel, que acaba de tuitear que la estamos amordazando con las leyes anti-negacionistas. Es decir, ella ratifica y reafirma que está en lo correcto negando o minimizando lo que ocurrió en nuestro país”, comentó sobre el posteo en la red social X de la candidata a vicepresidenta. 

Los proyectos de “negacionismo” que se tratan en el Congreso son para amordazar a los que pensamos distinto, a los que cuestionamos el relato y las mentiras sostenidas con dinero público y a evitar que cualquiera que tenga coraje se anime a hablar para ejercer su libertad de…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 7, 2023

En el final del encuentro, el presidente de la comisión, Hugo Yasky, anunció que buscarán “avanzar con la unificación de todos los proyectos, porque tenemos voluntad de que haya un solo proyecto”. 

El cierre quedó a cargo de Taty Almeida, quien dijo que “efectivamente quedamos muy poquitas madres, pero no me voy a cansar de repetir que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas seguimos de pie. Falta tan poquito para votar quiénes van a regir los destinos de nuestro país: por favor demostremos en las urnas, demostremos en los resultados que no nos han vencido”. “Sé que en algún rinconcito están Alejandro y los 30 mil desaparecidos apoyando este proyecto de ley”, expresó y los asistentes terminaron el encuentro al canto de “30 mil compañeros desaparecidos ahora y siempre”. 

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de Diputados, presidia por el oficialista Hugo Yasky, mantuvo este miércoles una reunión informativa para analizar distintos proyectos presentados que buscan considerar al negacionismo como delito.

El encuentro se da en plena campaña electoral de cara al balotaje, en el marco de los 40 años de democracia y ante un contexto donde crecen discursos que niegan la cifra de desaparecidos o no condenan lo sucedido durante la última dictadura militar. Entre esas declaraciones se han destacado las de Javier Milei y Victoria Villaruel, la dupla candidata de La Libertad Avanza.

De los siete proyectos, uno está impulsado por la diputada cívica Mariana Stilman para incorporar el antisemitismo en la Ley de Actos Antidiscriminatorios (23.592); y otro de la oficialista Mónica Litza sobre la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática.

Sobre negacionismo y apología respecto a genocidio y delitos de lesa humanidad, hay proyectos de los oficialistas Eduardo Fernández, Carolina Moisés, Gisela Marziotta, Estela Hernández y Blanca Osuna.

Al inicio del encuentro que se llevó a cabo en la Sala 3 del Anexo, Yasky comentó que los temas a tratar “tienen relación entre sí y tienen plena vigencia”. En primer lugar, hizo referencia al proyecto de la diputada Mariana Stilman para incorporar como causal el antisemitismo en la Ley de Actos Antidiscriminatorios (23.592) y le dio la palabra a la diputada de la Coalición Cívica para que explique la iniciativa.

Así, Stilman aclaró que fue una coautoría con la diputada Margarita Stolbizer y que lo trabajaron en agosto del año pasado. “Partimos de la definición de la organización internacional IHRA (Alianza Internacional de Memoria del Holocausto) de 2016 del concepto de antisemitismo que fue aprobada, que no es vinculante. Cancillería en 2020 sacó una resolución 114 en junio adoptando para todo el sector público nacional esta definición de antisemitismo”

“En sus considerandos explica que la República Argentina ha demostrado sus compromisos con el respeto irrestrictos de los derechos humanos adoptando los más altos y modernos estándares en dicha materia vigente en el mundo. La lucha contra cualquier tipo de discriminación, incluyendo el antisemitismo es una de las políticas de Estado más importante y por ello Argentina participa activamente en todas las iniciativas internacionales y regionales destinadas a combatir este flagelo”, leyó.

Stilman recordó que ese mismo año “el presidente había participado del Foro Mundial del Holocausto con motivo de conmemorar el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz y el Día Internacional de conmemoración del Holocausto”. Asimismo, señaló que la Cámara baja “adoptó esa misma definición por resolución conjunta con el Senado porque me parecía que había que ser contundentes desde esta Casa también con respecto al tema, pero decidí que tenía más contenido y más efecto avanzar sobre la Ley de Antidiscriminación con una modificación que incluyera la categoría de antisemitismo como forma de discriminación”.

“El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”, definió la diputada bonaerense y sumó: “No podemos dejar de desconocer este tipo de discriminación que va más allá porque es una categoría distinta de discriminación por nacionalidad, por religión, o por raza. Esta ley que está vigente desde el año 88’ no debemos olvidar que vivimos dos atentados antisemitas a posteriori que son el atentando a la Embajada y a la AMIA”.

La diputada de JxC señaló que “han persistido actitudes discriminatorias antisemitas que por ahí no tienen tanta visibilidad, pero son reales”, y agregó: “En este contexto internacional me pareció oportuno y necesario traer la discusión a la cámara”, porque “tenemos una ola de odio en contra de los judíos que avanzó desde lo ocurrido en Medio Oriente. Hechos ocurridos en Francia o en Berlín con pintadas o casas marcadas con la estrella de David. El ataque al avión en Rusia o ayer en Viena”.

En el plano local, Stilman indicó que “las familias viven el terror de las consecuencias del Medio Oriente. Además de tener familiares desaparecidos o asesinados. Chicos argentinos que concurren a establecimientos educativos viven hoy esa discriminación en carne propia y las propias instituciones tuvieron que endurecer las medidas de seguridad gracias a la infamia del antisemitismo”.

“Es una discusión que hay que darla”, planteó y explicó que desde lo técnico la ley tiene un planteo sencillo porque consta de un artículo que hace un decálogo de conductas discriminatorias en las que “incluí el antisemitismo como categoría específica”. También aclaró que se incluyó el tema de la etnia, la categoría de género e identidad de género, percepción y orientación sexual porque “en ese sentido también la veíamos desactualizada a fin de quienes sufran puedan reclamar la protección civil del Estado”.

Además, precisó que el artículo 3 establece que se reprima penalmente y que se aplique el agravamiento de penas del artículo 2 y las conductas que alentaran a la persecución u odio con motivo del antisemitismo. “Es un tema importante y complejo y tenemos que tener una contundente expresión, rechazo y reproche expresado en la ley porque no podemos estar ajenos a esta problemática mundial”, cerró.

Volvió a tomar la palabra Yasky adelantó que el tema se continuará en una próxima reunión el día martes 7 en la cual estará presente el diputado Alejandro Finochiaro -autor de una de las iniciativas- quien también pidió incorporar un invitado. Luego procedieron a tratar los proyectos sobre negacionismo e informó: “Vamos a iniciar una serie de reuniones donde nos proponemos es tratar de escuchar las opiniones del más amplio y plural arco posible representativo de la sociedad”.

“Sabemos que es un tema que tiene que ver profundamente con estas cuatro décadas de democracia ininterrumpida que, con orgullo, podemos exhibir en el país. Sobre la base de una política de memoria, verdad y justicia y con ese hecho histórico que distingue a los argentinos en el mundo el juicio a las juntas militares y el castigo a los genocidas, único país donde algo así ha sucedido, pudimos ir construyendo una convivencia democrática basada en el principio de memoria, verdad y justicia que tuvo como protagonistas a las Abuelas de Plaza de Mayo que serán invitadas especiales la próxima reunión y organismos de Derechos Humanos”, anticipó Yasky.

Negacionismo: la palabra de abogados y escritores

Abrió la ronda de expositores el sociólogo e investigador argentino Eduardo Feierstein manifestó que “son desafíos a la memoria colectiva, a la forma de transmisión de nuestra experiencia histórica y podríamos plantear que la sociedad argentina tuvo la riqueza de poder confrontar con esos peligros a partir del trabajo de infinidad de organizaciones en la posibilidad de acorralar a estas visiones, sobre todo en lo que fue la primera década después de la dictadura”.

“El problema es cuando emerge nuevamente y no es un problema solamente de nuestro país sino internacional, pensar en esas distintas herramientas que pueden ser formas vinculadas a formas de estrategias de capacitación, formación o estrategias educativas que puede ser vinculada a cuestiones a derechos administrativos o de derecho civil vinculadas a las condiciones de idoneidad para el ejercicio de la función pública. Todas condiciones que son de enorme importancia y en otra instancia podemos pensar”, explayó.

El sociólogo planteó que los objetivos son pensar alguno de los problemas tanto a nivel doctrinario, pragmático y operativo de intentos de plantear la lógica de la penalización como herramienta para ese combate político. “El primer problema que veo es de carácter más doctrinario en términos de decir que recurrir a la penalización para un debate que es eminentemente político, es asignarle al derecho penal una función para la que no fue creado”, explicó y sumó: “El debate sobre la negación de un hecho histórico que ha ocurrido e implica avanzar en la lógica del derecho penal en asignarle la potestad de penalizar opiniones por despreciables o grave que nos parezcan”.

Feierstein planteó que es “rico” analizar los 40 años de democracia que se van a cumplir y resaltó que “fue posible enfrentar estas lógicas políticamente y vale preguntar por qué en ese momento han logrado una mayor visibilidad o cuáles de los acuerdos políticos que impedían ese surgimiento se ha ido resquebrajando”, y cuestionó que una fuerza política niega los hechos vividos en el país en la última dictadura o convoca a acciones de violencia articulables con formas neofascistas la “gravedad que eso tiene para la estructura política del país y requiere que se ponga un límite ante esa posibilidad, pero son límites políticos no penales”.

En segundo lugar, indicó que el problema es de orden pragmático y propuso pensar “cuál fue la efectividad de estas legislaciones penales en aquellos lugares donde fue implementado porque existe un poco uso de este derecho penal, básicamente en países europeos en relación al genocidio nazi y se han agregado otros casos, pero ahí aparecen problemas”.

“Hay que pensar si estas legislaciones han tenido el efecto de impedir la expresión de afirmaciones negacionistas o de contribuir a la detención del crecimiento de esos movimientos políticos neonazis y el resultado que encontramos no es alentador”, señaló y ejemplificó que Alemania sancionó una ley de penalización del negacionismo en 2005 y su partido que reivindica al nazismo de diversas maneras ha pasado de un peso del 4% a más del 10% en las elecciones de 2021 consolidándose como segunda fuerza. En Francia hay una ley desde 1990 y el Frente Nacional tenía entre el 10 y 12% de votos y llegó al 23%, en Italia se planteó un proyecto en 2016 y la derecha neofascista logró conquistar el gobierno.

“No pareciera que este problema doctrinario de penalización del negacionismo logra compensar el costo de asignarle al derecho penal funciones que no debería tener con la efectividad de lograr limitar el crecimiento del negacionismo. Parece que sería más bien al revés”, alertó el investigador y afirmó: “Es una cuestión política que se resuelve de modo político y de abajo hacia arriba”.

Por otro lado, manifestó que otro de los problemas pragmáticos es cómo definen los Parlamentos cuáles son los casos que se incluyen porque “el Parlamento no fue creado para esto al igual que el derecho penal porque no son un Cuerpo de historiadores sociales que puedan con tanta facilidad limitar cuáles son los casos que deberían ser incluidos o son objetos de discusión colectiva. Es extender funciones en esa relación”.

Por último, indicó: “Uno de los problemas que veo en proyectos es que les sirve como propaganda particularmente útil a los discursos negacionistas porque, al transformarlos en contra hegemónicos, los vuelven más atractivos y siendo que las penalizaciones que se pueden implementar nunca pueden llegar a ser penalizaciones de verdadera gravedad puede ser muy valioso frente a la ventaja política y victimizarse”.

“En esta decisión de otorgarle al Poder Judicial la potestad de penar formas de interpretación de la realidad histórica, un problema operativo es dónde poner el límite y el riesgo que se abre otorgando a esa autoridad de poder intervenir. Hay otro problema en las formas de implementación de las penas y qué efectos tendrá”, cerró.

A su turno, la abogada Valeria Thus planteó si la “herramienta penal es la herramienta posible o no, legítima y deseable”. Sin embargo, reflexionó sobre el estado de situación en la actualidad porque “las políticas públicas contra los negacionismos implican la madre de las batallas”. “Se produjo un reingreso en el orden de lo visible de tópicos y expresiones de violencia de desprecio hacia determinados grupos y sectores sociales. Discursos en la esfera pública pronunciados por personas referentes del arco político que alientan el desprecio, la discriminación y la agresión hacia el otro”.

“A esto se le suman los discursos negacionistas y apologéticos de la dictadura de candidatos presidenciales. Estas violencias habilitadas en la discursividad social son parte de las representaciones con las cuales miramos al mundo sobre la cual diseñar políticas concretas que es en este caso abordar la discusión por la criminalización”, argumentó y sumó: “Al negar la experiencia genocida, la violencia política de la historia se busca generar condiciones de repetición, volver a validad ideas, representaciones y prácticas de exterminio. Esa es la gravedad del discurso negacionista”.

Así, precisó que “con el tiempo esa construcción discursiva determina qué es lo exterminable, lo naturaliza y sedimenta y habilita a nuevas violencias”. Asimismo, analizó la legitimidad penal punitiva y sostuvo que “es necesario pensarlo en clave de derechos humanos y cómo afecta o no a la libertad de expresión”.

“El negacionismo y la libertad de expresión es una relación difícil y por eso tenemos que pensar en políticas públicas que no tengan una complejidad de cara al sistema de protección de derechos humanos, porque es hablar del papel que va a asumir el Estado frente a los discursos que contradicen los valores democráticos”, precisó y preguntó qué vamos a hacer con el discurso intolerante que se ampara en la libertad de expresión para humillar y despreciar.

Thus explicó que “el discurso del odio se piensa en dos ejes por un lado el negacionismo y la apología de los genocidas, y por el otro lado, los casos específicos de incitación al odio y eso tiene un origen histórico específico en la Convención de 1965 nace del escándalo del 59 en Alemania donde las sinagogas aparecen esvásticas. Ese es el modo de construcción del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el modo de construcción de la Convención Europea de Derechos Humanos”.

“A partir del 2008 la decisión marco de Europa toma una decisión colectiva que es instar a los estados soberanos a la legislación punitiva contra el negacionismo. Hay más de 20 países que lo penalizan”, informó, pero planteó que “no se puede hacer lo mismo que se hizo en Europa” y explicó: “Nosotros no tenemos un modelo de libertad de expresión de democracia militante como si tienen la mayoría de los países en el sistema europeo, pero tenemos que hacernos cargo de las marchas y contramarchas en el sistema de protección de derechos humanos”.

La abogada enumeró los riesgos de la criminalización: “En el sistema universal de derechos humanos hay un cambio de criterio en las observaciones generales donde se plantea la posición de tolerar esas expresiones que son espantosas, pero las democracias de mercado tienen que ser toleradas”.

“Para no tener problemas normativos se debe adoptar el Plan de Acción de Naciones Unidas de 2012 que plantea los criterios que corresponden la intervención legal punitiva, la administrativa y en cuales ninguna. Se abre el camino de pensar los discursos negacionistas en la modalidad de discursos de odio y establecer los límites democráticos de la libertad de expresión y pensar los negacionismos en esa clave”, sugirió y propuso que Argentina ratifique la Convención Interamericana contra el racismo e intolerancia que “en el artículo 4 habla específicamente del negacionismo”.

“Es necesario analizar todas las reglas del sistema de protección de derechos humanos, aquellas respuestas que nos gustan y las que no, para poder pensar un modo de tipo penal que sortee los obstáculos normativos”, señaló y aclaró que “así es posible criminalizar el negacionismo con todos los matices, pero hay que preguntarnos qué crímenes, qué sujetos y para qué lo haríamos para pensar estas cuestiones. Las dos primeras tienen que ver con la legitimidad, y la última tiene que ver con la justificación”.

Thus explicó que existen dos modelos de penalizar el negacionismo, uno referido a la negación del Holocausto y otros modelos a partir del marco europeo del 2008 de hablar de los crímenes internacionales. “Hay que discutir los periodos de tiempos por eso hay que buscar una fórmula que no mencione la temporalidad”, sugirió.

Por su lado, Pablo Llonto periodista, escritor y abogado, sostuvo que como abogado en causas de delitos de lesa humanidad desde “hace 40 años escucho la voz de los 360 familiares de a quienes represento, todos piden una ley que castigue los discursos negacionistas y yo no estoy de acuerdo”. “Este despertar de estos discursos negacionistas ha generado otro despertar que es el despertar de quienes solicitan urgentemente ponerle freno”, aseveró.

“Los discursos negacionistas existieron siempre y tuvieron olas intensas. Esta será otra nueva ola intensa a partir de dos candidatos, dos representantes de un partido político que han tomado desde hace un tiempo ese discurso y copan escenarios de primera línea de ese ataque y esa negación”, añadió y propuso suscribir los sujetos exclusivamente a los funcionarios públicos, sacar de la esfera de punición a los particulares y pensar en el concepto de figura pública y pensar en la situación de los candidatos electivos en procesos electorales.

Para Llonto: “Ya tenemos las herramientas” como los juicios con “300 sentencias condenatorias a los genocidas uno de los logros más fuerte de nuestra sociedad”, la educación, y el trabajo militante en derechos humanos. “En Argentina le venimos ganando al negacionismo en un partido que no terminó y va a ser largo. Para ganarle fue necesario construir las herramientas y las tenemos y tienen que ser reforzadas porque no resolvemos problemas del negacionismo con el engorde del código penal, estamos en contra de que el código penal engorde frente a las presiones de los grupos de derecha y ultraderecha en la humanidad”, puntualizó.

En carácter de autora de uno de los proyectos, la diputada Litza expresó: “El negacionismo tiene que tener un tratamiento desde la política para poder lograr la modelación de las conductas sociales, salirse del punitivismo; por eso proponemos la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática”.

A su turno, el diputado Eduardo Fernández precisó: “Mi proyecto establece penalidades frente a la denegación, apología y/o reivindicación de genocidios o crímenes de lesa humanidad. Tipificar significa no dejarle lugar a la justicia, ninguna duda, de qué y a qué nos referimos”.

“Necesitamos de este tipo de herramientas, como la penalización de los discursos de odio y negacionistas, en defensa de la democracia. Necesitamos que la democracia genere sus propios resortes de defensa”, exigió la oficialista Gisela Marziotta.

La jujeña Carolina Moisés aseguró que “el daño está atravesado por altos niveles de ignorancia social en las nuevas generaciones. Los chicos de 20 años no tienen registro, ni en sus cuerpos ni en sus vidas, de lo que fue la falta de libertad y el proceso de la dictadura”.

En medio de los repudios que generó el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo que encabezó la diputada nacional y candidata a vicepresidenta liberal, Victoria Villarruel, este lunes en la Legislatura Porteña, el senador oficialista Carlos Linares (Chubut) desempolvó de la mesa de entrada del Senado y volvió a impulsar un proyecto que había sido presentado hace dos años por el senador Alfredo Luenzo (MC) que condena penalmente las conductas negacionistas.

La iniciativa también condena las conductas que hagan apologías de genocidio y crímenes de lesa humanidad.  “Con esta iniciativa, el carácter de funcionario público será considerado como agravante del delito, serán destituidos definitivamente de su cargo e inhabilitados para ocupar cualquier cargo público por el doble de tiempo de la condena”, explicó Linares.

El texto plantea que será reprimido con prisión de tres meses a dos años o multa equivalente hasta 100 Salario Mínimo, Vital y Móvil de acuerdo a lo que establece el Consejo Nacional de Empleo. El que públicamente negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra.

Volví a presentar el proyecto del ex senador Alfredo Luenzo que condena penalmente las conductas negacionistas y/o aquellas que hagan apologías de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
(sigue) pic.twitter.com/bi1WtW4Vhu

— Carlos Linares (@LinaresCarlosCR) September 5, 2023

Tras el homenaje a las “víctimas del terrorismo” organizado por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, la senadora bonaerense de Unión por la Patria María Reigada salió a aclarar que “el único terrorismo que tuvimos en nuestro país fue el terrorismo de Estado”.

La senadora de extracción gremial manifestó su rechazo al acto convocado por la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, en la Legislatura porteña y se refirió a las contradicciones de las propuestas de La Libertad Avanza de cara a las elecciones generales.

“Cuando hablamos de políticas de derechos humanos estamos hablando de la realidad de la democracia, cómo queremos que esta democracia continúe y cómo favorecemos la participación popular en democracia”, dijo la legisladora.

En este sentido, la senadora bonaerense agregó que la movilización a la que “se llamó desde diferentes sectores tuvo por objetivo además de manifestar en repudio al acto fue un llamado de atención para todos sobre qué tipo de país están pensando”.

“El único terrorismo que tuvimos en nuestro país fue el terrorismo de Estado”, aseguró Reigada y consideró que “la candidata a vicepresidenta, la que está planteando que cuando asuma va a estar al frente de un mega-ministerio que tomaría varias áreas, desdibujando la característica del Ministerio para Educación, para Salud, para Desarrollo Social”.

La diputada provincial del FdT Maite Alvado en conjunto con el Consejo Nacional Armenio presentaron un proyecto de ley para capacitar en las temáticas de derechos humanos, genocidios, negacionismo y discursos de odio, de manera obligatoria, a todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial.

En esa línea las organizaciones de derechos humanos serían participes activas y colaboradoras en la implementación de dicha ley.

Con el fin de promover el respeto a los derechos humanos, prevenir actos discriminatorios, fomentar una sociedad inclusiva y tolerante y promover la paz social, este proyecto de ley busca que las personas que trabajan en el estado, en cualquiera de sus niveles o jerarquías, se capaciten y formen para evitar la proliferación de discursos de odio o negacionistas por parte del mismo Estado.

La diputada Alvado y Aram Mouratian, presidente del Consejo Nacional Armenio, aseguran que “para garantizar una gestión estatal basada en la justicia, el respeto de los derechos humanos y la prevención de futuros abusos, es fundamental una administración pública formada, consciente, activa y comprometida con la protección de los derechos fundamentales, la memoria histórica y la construcción de una sociedad más justa y equitativa”.

Tras la opinión de la vicepresidenta Cristina Kirchner de que se necesita una ley contra el negacionismo, la diputada nacional Carolina Moisés (FdT) presentó un proyecto en este sentido, que se suma a otro similar que en marzo pasado también presentó un diputado por el oficialismo, el cordobés Eduardo Fernández.

La iniciativa impulsada por la precandidata a senadora nacional, dentro de la interna de Unión por la Patria en Jujuy, propone sancionar penalmente el negacionismo y/o la apología respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad.

El proyecto “incluye además de la represión por el Código Penal, una capacitación para funcionarios y para los que hubieran sido condenados por infringir la normativa”, explicó Moisés.

“Buscamos dejar una contribución en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, reivindicando el rol del Estado que debe velar ayer, hoy y siempre por la verdad histórica”, expresó la legisladora.

Moisés ingresó el texto en sintonía con los reclamos de esta legislación pendiente realizados por CFK y el ministro de Economía y precandidato a presidente de UP, Sergio Massa, en el acto por la recuperación del avión de los “vuelos de la muerte” durante la última dictadura, y en el que también habló Cecilia De Vincenti, hija de Azucena Villaflor.

La iniciativa busca sumar el capítulo “Atentados al orden constitucional y a la vida democrática” en el Libro X del Código Penal. Dispone sumar un tipo penal agravado dirigido contra los funcionarios públicos, agentes de las fuerzas de seguridad, o integrantes de las FF.AA. que nieguen o reivindiquen crímenes de lesa humanidad cometidos específicamente por el terrorismo de Estado en Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y hasta el 10 de diciembre de 1983.

“El negacionismo es la tergiversación deliberada de nuestro pasado rechazando las evidencias. Se trata de negar los planes sistemáticos de exterminio, la represión clandestina y la negación de justicia”, definió la diputada, para luego aclarar que “la reivindicación de los crímenes cometidos por la dictadura argentina por parte de funcionarios del Estado deben tener un tratamiento diferenciado respecto a la apología de otros crímenes de lesa humanidad, porque son un atentado directo contra el orden democrático de nuestra República y ponen el riesgo las instituciones constitucionales”.

Además, el proyecto dedica un apartado para establecer capacitación en la temática de derechos humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para todos los agentes de la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Dicha instrucción será obligatoria para las máximas autoridades de los tres poderes y estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

También para los que sean sancionados por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; y quienes incurrieren en el delito de negacionismo y/o apología de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad previstos éstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere.

“En los últimos meses los argentinos asistimos de manera muy lamentable a lo que parece ser una revisión o interpretación de los sucesos ocurridos en el período dictatorial en un sentido diametralmente opuesto a lo dictaminado por la Justicia argentina”, resaltó la legisladora sampedreña.

Y completó: “Por eso es necesario y urgente este proyecto. Creemos que nuestro Estado debe velar por la verdad histórica. Y que los agentes públicos deben estar formados en la defensa de los valores democráticos y en la preservación de la verdad. Y que esa verdad debe ser la que se basa en hechos y testimonios”.

El diputado nacional Eduardo Fernández (FdT – Córdoba) presentará públicamente el proyecto de ley de sanción penal de negacionismo y/o apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. Desde Córdoba, viaja una decena de jóvenes y referentes de organizaciones de derechos humanos y de la democracia estudiantil.

La presentación se realizará el próximo martes 14 a las 11 en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa, formalmente ingresada bajo el expediente 4801-D-2022, es autoría del diputado oficialista y fue presentada por primera vez ante la Honorable Cámara de Diputados en el año 2021.

Este año, en el marco del cumplimiento de los 40 años de Democracia ininterrumpida en nuestro país, el diputado cordobés expresó que su proyecto de ley “tiene por objetivo incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio del negacionismo histórico respecto al terrorismo de Estado, genocidio y delitos de lesa humanidad, así como de su apología, actualizando nuestra normativa a lo que nuestra Constitución, nuestra jurisprudencia y los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado con rango constitucional”.

En los fundamentos del proyecto, Fernández alerta sobre el “ascenso en toda la región de las expresiones de odio, de desprecio por la vida y de denostación de las luchas históricas, de rechazo a las políticas institucionales, acuerdos sociales a los que hemos histórica y comunitariamente arribado, que no sólo deben ser protegidos, respaldados y honrados cotidiana y éticamente, sino enfáticamente promovidos y defendidos por quienes tienen a su cargo responsabilidades de gestión de lo público”.

Al respecto, el proyecto estipula la capacitación obligatoria para funcionarios y funcionarias públicas en materia de Derechos Humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para quienes sean sancionados por incurrir en delitos de negacionismo, a quienes se les aplicará el Artículo 248 del Código Penal, respecto a abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, para todas las jerarquías y jurisdicciones.

El proyecto ha despertado el interés de la sociedad civil y amplios sectores de la vida democrática de nuestro país, por lo que se espera un importante acompañamiento de referentes de organizaciones sociales y políticas.

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Diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron una ley para aplicar sanciones civiles y penales a las personas que nieguen o reivindiquen los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, desconozcan la soberanía argentina sobre las Malvinas Argentinas, y menosprecien las políticas de salud pública que pongan en riesgo la vida en un marco de pandemia, como el actual por coronavirus.

Las penas contemplan la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el doble de la condena que hayan recibido por haber tenido estas conductas negacionistas, según se determina en el proyecto.

La iniciativa es del diputado y secretario general de los curtiembreros, Walter Correa, y contó con el respaldo de sus compañeros de bloques Vanesa Siley, Hugo Yansky, Carlos Ortega, Pablo Carro, María Rosa Martínez, Claudia Ormachea, Carlos Cisneros, y Alicia Figueroa.

Las sanciones apunta a quién “niegue, justifique, reivindique, exalte, o de algún modo menosprecie la comisión de delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra, sus consecuencias y efectos sobre las víctimas o a quienes fueron condenados por su comisión”.

La propuesta también apunta a quién “públicamente niegue, impida, o menosprecie la existencia de una epidemia o pandemia y sus efectos sobre la salud pública”.

También a quién “de algún modo obstaculice las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia o pandemia”.

La medida está destinada asimismo a quien “públicamente niegue, banalice o de algún modo menosprecie la soberanía de la Nación Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, reconocida en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional”.

De acuerdo a lo establecido, quién realice esas acciones “será obligado, a pedido de las víctimas de tales delitos y/o de quienes vean afectado un interés legítimo, a cesar en su conducta y a reparar el daño moral y material ocasionados”.

El proyecto eleva en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala
penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias y contempla la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena.

En los fundamentos, los diputados sostienen que el proyecto tiene como objeto la creación de un marco jurídico que sancione civil y penalmente una serie de conductas públicas negacionistas e incluso apologistas de delitos que “violan y ofenden la conciencia jurídica universal y el Pacto social y democrático de argentinos y argentinas”.

“La adopción de este tipo de medidas encuentra su fundamento en la proliferación de manifestaciones y opiniones de indudable carácter negacionista sobre hechos históricos” de la Argentina y de la Constitución y de tono apologista respecto a delitos del código penal”, se precisa.

Queda también establecida la necesidad de adoptar medidas ante las personas que “públicamente nieguen, impidan, o menosprecien la existencia de una pandemia y sus efectos sobre la salud pública”, o “de algún modo obstaculicen las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Este último punto está relacionado con la situación que vive el país, en un contexto mundial de pandemia en el último año y medio, en el que fue necesario dictar políticas públicas en el marco de la emergencia sanitaria, para resguardo de la salud y la vida de argentinos y argentinas frente al virus Covid-19.

“Este tipo de actos, aún reñidos y tipificados como delitos con el artículo 205 del código penal, siguen sucediéndose no sólo esmerilando la autoridad estatal, sino promoviendo lo que es aún peor: un relajamiento en las conductas colectivas que multiplica la circulación del virus y por ende las lamentables consecuencias que no solo se limitan al colapso del sistema sanitario, sino a la pérdida de vidas humanas que ya ascienden las cien mil muertes”, destacaron.

También añaden que “es necesario reforzar un sistema punitivo sobre este tipo de conductas negacionistas y apologéticas de delitos, como también reconocer un sistema sancionatorio desde lo civil que permita por parte de los damnificados, procurar el cese de dichas acciones y la reparación de los daños materias y morales ocasionados”.

El diputado nacional Walter Correa (Frente de Todos) presentó un proyecto de “ley antinegacionista”, que prevé sanciones civiles y penales a conductas negacionistas y/o apologistas de genocidios y crímenes de lesa humanidad; de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas; y de la existencia de epidemias o pandemias que pongan en riesgo la salud pública.

La iniciativa, que consta de cinco artículos, establece que “quien públicamente niegue, justifique, reivindique, exalte, o de algún modo menosprecie la comisión de delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra, sus consecuencias y efectos sobre las víctimas o a quienes fueron condenados por su comisión, será obligado, a pedido de las víctimas de tales delitos y/o de quienes vean afectado un interés legítimo, a cesar en su conducta y a reparar el daño moral y material ocasionados”.

Lo mismo correrá para quien “niegue, banalice o de algún modo menosprecie” la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, reconocida en la Constitución Nacional; o quien “niegue, impida, o menosprecie la existencia de una epidemia o pandemia y sus efectos sobre la salud pública, o de algún modo obstaculice las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia o pandemia”.

Además, busca elevar “en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias” relativo a estas conductas. “A dicha pena se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena”, agrega sobre los funcionarios públicos.

El proyecto lleva las firmas de los diputados oficialistas Walter Correa, Carlos Ortega, Pablo Carro, María Rosa Martínez, Claudia Ormachea, Vanesa Siley, Carlos Cisneros, Carlos Ponce, Hugo Yasky y Alcira Figueroa.

En los argumentos de su iniciativa, Correa señaló que “la adopción de este tipo de medidas encuentra su fundamento en la proliferación de manifestaciones y opiniones de indudable carácter negacionista sobre hechos históricos de nuestro pasado más trágico, negatorios de nuestro texto constitucional e incluso apologista respecto de ciertos delitos de nuestro Código Penal”.

“Concretamente me refiero a las recurrentes expresiones, que fundadas en una mal entendida libertad de expresión, pretenden influir en el sentido común de ciudadanos y ciudadanas, contra valores, principios, fundamentos que constituyen el capital histórico del pacto social y democrático”, sostuvo.

En ese sentido, resaltó que “la reivindicación de algunas minorías sobre el terrorismo de Estado y sus consecuencias, ofende la memoria histórica y niega el camino recorrido por nuestra democracia a partir del año 1983 en la búsqueda de memoria, verdad y justicia ante las violaciones a los derechos humanos”.

“Este tipo de conductas reivindicatorias del horror, lamentablemente, no son patrimonio exclusivo de nuestro país, y encuentran su antecedente en otras de similar carácter que niegan el hecho o la importancia del Holocausto Judío (seis millones de personas asesinadas), o del Genocidio Armenio, y han sido objeto de reproche penal, tal el caso de Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Hungría, Italia, Grecia, República Checa y Suiza”, agregó.

En lo que respecta a las epidemias y pandemias, el legislador aseguró que conductas negacionistas en este sentido “vienen sucediendo desde hace más de un año frente a la políticas públicas -en el marco de la emergencia sanitaria- tomadas en resguardo de la salud y la vida de argentinos y argentinas frente al virus Covid-19”.

“Este tipo de actos, aún reñidos y tipificados como delitos con el artículo 205 del Código Penal, siguen sucediéndose no sólo esmerilando la autoridad estatal, sino promoviendo lo que es aún peor: un relajamiento en las conductas colectivas que multiplica la circulación del virus y, por ende, las lamentables consecuencias que no solo se limitan al colapso del sistema sanitario, sino a la pérdida de vidas humanas que ya ascienden las cien mil muertes”, enfatizó.

Se presentó en el Senado un proyecto de ley que establece sanciones penales a quienes tengan conductas negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

La iniciativa lleva la firma del peronista chubutense Alfredo Luenzo y fue girada a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado que encabeza el oficialista neuquino Oscar Parrilli.

El proyecto de ley de “Sanción Penal a Conductas Negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad” modifica el artículo 213 del Código Penal para reprimir “con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.

La iniciativa, además, reprime con “prisión de tres meses a dos años o multa equivalente a uno y hasta cien salarios mínimos, vital y móvil” al que públicamente “negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.

Además, el “carácter de funcionario público será considerado como agravante del delito”, al considerar su “destitución definitiva e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena”.

En sus fundamentos, la iniciativa tiene por objeto “castigar a quienes nieguen genocidios o crímenes de lesa humanidad incluyendo, obviamente, los cometidos durante la última dictadura cívico militar”.

“Son comportamientos y discursos que niegan determinadas realidades y hechos históricos relevantes, percibidos por la mayor parte de la sociedad como hechos de máxima injusticia”, menciona la iniciativa.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, justificó la ley conocida como “antinegacionista”, que pretende castigar a quienes pongan en duda los hechos ocurridos durante la última dictadura”. Se trata de un proyecto sobre el cual el presidente Alberto Fernández fue consultado por organizaciones de derechos humanos en Francia.

“En esta ley no se va a castigar pensar distinto, sino mentir y deformar la historia con un interés repudiable”, aclaró Estela de Carlotto, para quien “la libertad de expresión tiene que existir, pero si esta expresión la hace un representante del Congreso está negando algo muy serio y puede tener un efecto penal”.

Consultada sobre el tema en el programa El fin de la metáfora, de Radio 10, Carlotto señaló que “presentamos un proyecto para que se estudie el tema del negacionismo con la pena correspondiente de la ley. El que miente, el que oculta, el que destruye la historia porque le conviene, está cometiendo un delito y tiene que ser penado”.

“La libertad de expresión tiene que existir pero si esta expresión la hace un representante del Congreso está negando algo muy serio y puede tener un efecto penal”, enfatizó la dirigente de los DDHH.

Carlotto señaló que “teníamos la idea de que pudieran entrar algunos sectores como el INADI o la Secretaría de Derechos Humanos y estos temas consensuarlos entre los organismos, para que no se interprete como una negación del derecho a expresarse, sino como un delito de ocultamiento como delitos gravísimos como el terrorismo de Estado. Acá no hubo guerra sino terrorismo de Estado y los desaparecidos son ese número e incluso más”.

“Que alguien que tiene poder político o representativo del pueblo y diga que eso es mentira o nos trate de mentirosas y locas… eso no se puede sostener en democracia de ninguna manera”.

Agregó la titular de Abuelas que “lo que se debe penalizar es la destrucción, el ocultamiento y la forma expresa de acuerdo al cargo que ocupe porque un ciudadano cualquiera puede escribir un artículo y si se lo publican no va a ir preso por eso”.

En relación al debate respecto a si existen o no presos políticos en la Argentina, sostuvo que “Alberto Fernández no quiere entrometer su gestión ejecutiva con el judicial porque a estas personas se le está realizando un juicio. En general, la mayoría piensa que son presos políticos; Milagro Sala está claro,  porque lo dijo el juez que está presa porque al gobernador se le ocurre. Eso es político”.

“Se está haciendo lo que se puede. Hay gente que exige cosas que con el tiempo llegarán, pero hay prioridades, como es el hambre que están tratando de paliar. Hay que tener mucho apoyo y respetar los tiempos después de encontrar el país como lo encontraron”, agregó.