Por Néstor Fabián Migueliz*

Tenemos una situación de pandemia mundial… pública y notoria. En nuestro país, naturalmente, los tres poderes del Estado, que han adoptado -cada uno en su ámbito de incumbencia- medidas sanitarias preventivas.

Al Poder Legislativo le asisten todas las facultades y atribuciones (disímiles y vastas, diseminadas en todo el Texto Fundamental en no pocos artículos). De entre ellas, como facultad autoreglamentaria, surge la cláusula del Art. 66 que reconoce: “Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos”.

En coherencia con esa atribución, senadores y diputados regularon su accionar más detallado según el reglamento de cada Cámara.

Estos textos no pudieron prever diversas situaciones que están presentes en la actual emergencia. Ni hablar de considerar ciertos avances tecnológicos a mediados del siglo XIX, como hoy se manifiestan en denominarse “reuniones remotas o virtuales”.

Con fecha 24/04/2020 (ya en plena pandemia mundial), el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación rechazó una intentada acción declarativa de certeza -promovida por la presidente de la Cámara alta-, sosteniendo que no existe litigio judicial ni resulta competente originariamente para decidir lo que -en definitiva- resultó el requerimiento de una opinión consultiva.

Sin embargo, en los considerandos, los ministros se adentran en juicios que nos generan reflexiones en respuesta al interrogante que titula esta nota.

Dicen, por ejemplo, que “…el llevar adelante las sesiones del Senado bajo una modalidad remota en lugar de la tradicional forma presencial orbita dentro de las atribuciones propias del Poder Legislativo referentes a la instrumentación de las condiciones para crear la ley”; y que “…tal posibilidad no configura per se riesgo alguno de interferencia en las atribuciones de los demás poderes del Estado”.

“…Nada dice la Constitución sobre el lugar o la forma presencial o remota en que deben encontrarse para sesionar, deliberar y votar los legisladores de cada Cámara (cf. Artículos 77 a 84)” (Consid. 16).

Y también afirma la Corte que “…la cuestión sobre el carácter presencial o remoto de las sesiones del Senado aparece, así, como un asunto que la Constitución defirió de forma privativa y exclusiva a su prudencia política.”

La conclusión decisoria es definitivamente reivindicatoria de la republicana y tajante división de poderes, cuestión esencial: “… se resuelve que el Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; por lo cual se rechaza la acción incoada…” (Fallo precitado; páginas 23/24).

Así entonces, ambos reglamentos legislativos no fueron históricamente indiferentes a situaciones similares a las actuales (Art. 14: RCDN “fuerza mayor” y Art. 30: RHSN “gravedad institucional”). Dichas hipótesis contemplan situaciones que -en una interpretación dinámica de los derechos constitucional y parlamentario- bien podrían habilitar un procedimiento específico y puntual (un protocolo muy casuista) ceñido al período en que rige el “aislamiento social preventivo y obligatorio” al que no escapan nuestros Legisladores de la Nación.

En cuanto al Reglamento senatorial, vemos que el Art. 57 nos brinda la argumentación en base a las funciones “del plenario de labor parlamentaria”, estableciendo que ella debe (entre otras cuestiones organizativas) “… promover medidas prácticas para la agilización de los debates y proponer aquellas medidas que conduzcan a un mejor funcionamiento del cuerpo”.

Intentando una interpretación sistemática y global, no necesariamente resultaría imprescindible la modificación reglamentaria ordinaria, ya que ella requiere de una gravosa mayoría (pues ese extremo, funciona como una garantía para los bloques legislativos minoritarios). La herramienta quizá podría derivar de una resolución de la presidencia de cada Cámara con el expreso acuerdo previo de los presidentes de todos los bloques legislativos que integran el Cuerpo.

El alcance del inciso 32, del Art. 75 de la Constitución de la Nación (con jerarquía normativa superior a los reglamentos vigentes) parece brindarnos un excelente fundamento (en el orden de reconocerle al Poder Legislativo federal.. amplias e implícitas atribuciones para cumplir con sus enormes y sustanciales misiones y funciones de Estado):

Art. 75.- “Corresponde al Congreso:

32. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina”.

Estimo que podría resultar una aceptable y constitucional solución.

* El doctor Néstor Fabián Migueliz esasesor legislativo / Prosecretaría Parlamentaria del Senado de la Nación.

nfmigueliz@gmail.com