A días de que se conmemorara en la Argentina el Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia, el diputado de Vamos por Más (VxM) Claudio Romero impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto para declarar persona no grata en el ámbito del distrito capitalino a Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

En los fundamentos de la iniciativa, el oficialista recordó que “el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha emitido informes en los que queda expuesta la violación constante de los derechos humanos en el país hermano” y precisó que “Nicolás Maduro, se encuentra siendo investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad”.

“En sus informes, las Misión había destacado el papel de los dos servicios de inteligencia militar y civil del Estado – la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), respectivamente – en la comisión de violaciones de los derechos humanos desde 2014, en el contexto de un ataque contra opositores al Gobierno, reales o percibidos como tales. La Misión determinó que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad”, sostuvo en el documento y detalló que “en sus más recientes informes, las Naciones Unidas denunciaron que en Venezuela se instaló una maquinaria represiva que secuestra, desaparece, tortura y ejecuta a quien se oponga al régimen”.

Sobre esa misma línea, Romero explicó que “el hecho más reciente de violación a los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos, se dio recientemente con motivo de las elecciones a celebrarse el 28 de julio de este año. La ganadora de las primarias, María Corina Machado se encuentra ‘inhabilitada’ para poder participar de las elecciones generales. Esto ha llevado a que los miembros del partido político Vente Venezuela recorran el país protestando enérgicamente ante este nuevo atropello a la Democracia Venezolana que impide que el pueblo venezolano pueda elegir libremente a sus representantes. Como consecuencia de estas protestas, varios dirigentes han sido arrestados e incluso se desconoce el paradero de uno de ellos”.

“A más de 40 años del retorno de la democracia en nuestro país y luego de los discursos escuchados en esta casa con motivo de conmemorar el golpe del 24 de marzo de 1976, nos resulta un acto de hipocresía no mencionar los atropellos que se dan en la República Bolivariana de Venezuela”, sentenciaron.

Ni bien se supo que Alberto Fernández había invitado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al país en el marco de la cumbre de la CELAC, la oposición presentó múltiples proyectos en contra del líder venezolano para declararlo “persona no grata” en rechazo de esa decisión. Ante esta presión, finalmente Maduro decidió cancelar su visita a la Argentina y a través de un comunicado informó que se debió por el “plan extravagante diseñados por extremistas de la derecha alienados a intereses externos a nuestra región”.

Tras conocerse la noticia, la oposición lo celebró en redes. Uno de ellos fue el titular del bloque UCR en Diputados, Mario Negri: “Maduro no viene a la Argentina. Sus amigos kirchneristas no le pudieron garantizar la impunidad que necesitaba para moverse tranquilamente por el país. Acá la Justicia funciona. Gran triunfo de la democracia argentina”.

“¡Maduro canceló su viaje, un dictador menos pisará Argentina! Quienes violan los derechos humanos no deben ser recibidos por ningún país democrático y ojalá tengan cada vez más miedo de ser detenidos por la Justicia ya que sus crímenes incumben a toda la comunidad internacional”, escribió la vice del bloque UCR, Karina Banfi.

El formoseño Ricardo Buryaile festejó: “No viene Nicolás Maduro, porque somos la vida y somos La Paz… ¡Lo logramos! A 40 años de la recuperación de la Democracia y para toda América Latina. ¡Fuera dictadores y autócratas!”.

“Celebro que finalmente Nicolás Maduro no venga a la Argentina. No podemos dar ni un paso atrás en la defensa de la democracia y los derechos humanos”, manifestó el senador Martín Lousteau.

La diputada nacional y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal (Pro) sostuvo: “El repudio de los millones de argentinos que defendemos la democracia, y de los miles de venezolanos que escaparon del régimen, funcionó: el dictador Nicolás Maduro canceló su viaje a la Argentina”.

“La verdadera grieta en el mundo es entre Democracia y Autoritarismo. Es una excelente noticia que el dictador Maduro no venga a la Argentina”, planteó por su parte Diego Santilli (Pro).

Con un gif del capitán de la Selección Argentina, Leonel Messi, gritando un gol, la diputada Sabrina Ajmechet (Pro) acompañó con un “¡Lo logramos! Es enorme la felicidad por haber ayudado a impedir que un dictador pise suelo argentino”, y agregó: “La marcha de ayer, las denuncias judiciales, los repudios y declaraciones: ¡la política unida a la sociedad civil en reclamos democráticos es lo que nuestro país necesita!”.

“Maduro: El ‘plan extravagante’ es muy sencillo. En Argentina hace 40 años le dijimos Nunca Más a dictadores como usted”, le retrucó el diputado Hernán Lombardi (Pro).

El neuquino Francisco Sánchez escribió: “Maduro no viene a Argentina y lo festejamos. No queremos dictadores delincuentes visitando impunemente nuestro país. Es por la presión que hizo Patricia Bullrich, una vez más poniendo la cara y todo lo que hay que poner”.

“¡GRAN NOTICIA! Un reconocimiento a toda la comunidad venezolana en Argentina y a quienes se levantaron contra la inmoralidad de invitar a un dictador como Nicolás Maduro a nuestro país. Maduro, no sos bienvenido”, se sumó el diputado de la CC-ARI Maximiliano Ferraro.

Su par Mariana Zuvic expresó: “Mi abrazo a los hermanos venezolanos que han defendido a la Argentina como su hogar, y lograron que el dictador criminal terrorista que los expulsó de su tierra no pise la nuestra”.

Metido de lleno en su campaña presidencial, el diputado nacional Javier Milei estuvo este fin de semana en Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y Cariló, donde saludó a sus militantes y de paso fue muy crítico con los visitantes internacionales que llegan esta semana al país para participar de la cumbre de la CELAC.

Durante una recorrida por La Feliz, donde visitó el local de La Libertad Avanza situado en Mitre y Belgrano, luego de ser abordado por miles de turistas y vecinos, el economista embistió contra la visita de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y Miguel Díaz-Canel, mandatario cubano, para participar de la cumbre de la CELAC en Buenos Aires. Y de paso la emprendió contra Juntos por el Cambio.

“Los caraduras de Juntos por el Cargo salen a operar con sus ensobrados criticando que no dije nada sobre la visita de Maduro”, se quejó, y agregó: “A diferencia del socialismo amarillo, yo doy la pelea contra el socialismo por todo el mundo”, y recordó las críticas que el presidente de Venezuela le hizo a fines de noviembre en el marco de una reunión de trabajo del Foro de Sao Paulo.

“El tour de la libertad” finalizó con una recorrida encabezada por Javier Milei en Mar del Plata, donde estuvo acompañado por su jefa de campaña y hermana, Karina Milei; los legisladores Ramiro Marra, Lucía Montenegro y Oscar Zago; el armador nacional Carlos Kikuchi; las diputadas nacionales Carolina Píparo y Victoria Villarruel; la referente de Santa Fe Romina Diez; Juliana Santillán y Alejandro Carrancio, ambos de Mar del Plata; la referente libertaria, Lilia Lemoine; y el armador bonaerense Sebastián Pareja.

“Mientras Juntos por el Cambio es parte del socialismo internacional, yo me ocupo de pelear por la libertad. Que sigan apoyando a Lula, socio de Chávez y Castro en el Foro de Sao Paulo”, sostuvo.

Luego insistió en que “Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel son dictadores, narcotraficantes y terroristas. En sus países no existen los Derechos Humanos, la pobreza llega al 90 por ciento, los opositores son secuestrados, torturados y asesinados. Recibirlos en Argentina es una vergüenza internacional”, afirmó.

Milei también explicó cuál fue a su juicio el “punto de inflexión” que derivó en el surgimiento del neomarxismo. “Una vez producida la caída del Muro de Berlín comenzó el neomarxismo, que trasladó esa lucha de clases en lo económico a levantar banderas de distintos conflictos sociales. La izquierda se hizo de las banderas del feminismo, los derechos LGBT, el conflicto racial, el cambio climático y otras luchas para poder imponer su agenda contra el capitalismo”, explicó.

“Una vez caído el muro de Berlín, la izquierda se agrupó en lo que se llamó el Foro de Sao Paulo y ahí ellos establecieron una estrategia para llegar al poder. Básicamente apalancaron sobre las ideas de Gramsci y diseñaron y fueron tomando la educación y los medios y cooptaron las artes, marcaron la agenda cultural”, detalló. A su juicio, “la propuesta es ir contra los ricos en favor de los pobres. Eso les asegura una base electoral y un mecanismo para impulsar el socialismo sin la vía violenta, sino por la vía democrática. Generan déficit, crece el gasto público, pero cuando ya no alcanza se financian con deuda, la cual son impuestos futuros”, indicó.

“Para llevar la libertad económica a los sectores más necesitados no es suficiente mostrar la superioridad en el plano económico. Las cualidades que provienen del capitalismo hay que demostrarlas en el plano moral, en contraste al nefasto Foro de Sao Paulo, ahora Grupo de Puebla”, cerró.

Después de haber presentado escritos en la Legislatura porteña para repudiar esta situación, los diputados de Vamos Juntos (VJ) cuestionaron con suma dureza la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su par de Cuba, Miguel Díaz, a la Argentina y consideraron que es “preocupante que no haya una sola disidencia en el oficialismo” sobre este tema.

En ese sentido el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ), afirmó que “es triste y preocupante que no haya una sola disidencia en el oficialismo respecto de la visita de Maduro” y concluyó expresando su deseo de que “al menos alguien levante la voz por la lucha histórica de nuestro país por los derechos humanos y dé cuenta de la traición que están cometiendo”.

Mientras que Juan Pablo Arenaza (VJ), uno de los legisladores que responde a Patricia Bullrich, se hizo eco de un mensaje de Díaz anunciando su arribo a la Argentina y lanzó con dureza: “ya están llegando los dictadores amigos del Gobierno”.

Cabe recordar que algunos días atrás los diputados de Vamos Juntos presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración mediante el cual pidieron declarar “personas no gratas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, dictadores de Venezuela, Nicaragua y Cuba respectivamente, en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se realizará en nuestra Ciudad el 24 de enero del corriente”.

Este miércoles 24 de enero se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires la cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). El Gobierno argentino invitó a los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; Cuba, Miguel Díaz Canel, y Nicaragua, Daniel Ortega, para ingresar al país junto a sus funcionarios.

Esa acción motivó un duro comunicado del bloque Pro de diputados nacionales, que expresa que “la solidaridad democrática internacional no es solo una doctrina, sino una obligación ética: quienes vivimos en democracia debemos representar a los pueblos que, por vivir en dictaduras, no tienen la posibilidad de expresarse”.

“La historia de nuestro país nos obliga especialmente a cumplir con esto, por el importante papel que tantos países tuvieron en la defensa de los derechos humanos durante la última dictadura militar”, señalan los diputados del Pro, que advierten que “los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de los derechos humanos no reconocen fronteras y son en sí mismos motivos suficientes para rechazar de forma completa cualquier acción conjunta, diálogo o recibimiento con quien las lleva adelante. Por eso rechazamos la presencia de los dictadores en Argentina y cualquier actividad oficial que el Gobierno lleve adelante con ellos”.

El comunicado del bloque que encabeza Cristian Ritondo concluye recordando que “en 1983 dijimos Nunca Más y tomamos el camino de la democracia y el respeto por los derechos humanos. Repudiamos lo que está haciendo el Gobierno porque va en contra de este compromiso tan profundo de todos los argentinos”.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, junto a la diputada nacional Marcela Campagnoli y el bloque de legisladores nacionales de la CC, manifestaron su rechazo enérgico al informe que presentará el Gobierno argentino este lunes ante el Consejo de Derechos Humano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“La presentación del Gobierno argentino ante el Consejo de DDHH de la ONU es un nuevo ataque al estado de derecho y otro papelón internacional”, señalaron, advirtiendo que “el informe es una vergüenza y atenta contra nuestra historia en materia de derechos humanos”, afirmaron desde la CC. “Hablar de ‘lawfare’ o ‘guerra jurídica’ es una excusa para violar la independencia judicial”, agregaron.

“Los gobiernos autoritarios siempre usaron tácticas para crear tribunales afines al poder de turno. No es más que otra excusa para no cumplir las sentencias”, plantearon Ferraro, Campagnoli y el bloque de diputados de la CC, que también integran su presidente, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Monica Frade, Mariana Zuvic, Mariana Stilman, Rubén Manzi, Victoria Borrego, Leonor Martíinez Villada y Carolina Castets

“Cuando todos estemos atentos a la visita del presidente Lula y la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a la que asistirán dictadores como Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz Canel, la Argentina va a estar protagonizando otro hecho vergonzoso y de gravedad en la ONU”, añadieron.

En el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, el día lunes 23 a las 14.30 horas de Suiza, se va a presentar el “Examen Periódico Universal” sobre la Argentina. Este examen es de suma importancia: periódicamente todos los países integrantes del Consejo son sometidos a esta revisión. Este análisis tiene observaciones sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina.

La sesión comenzará con una presentación por parte de las autoridades de nuestro país, que será encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y el representante de la Argentina en Ginebra, Federico Villegas Beltrán.

Los legisladores nacionales de la CC explicaron que “el informe oficial que presentará la Argentina expresa de manera sesgada y falaz, entre otros aspectos, el problema del ‘lawfare’ y la necesidad de reestructurar la Justicia argentina”.

“Van a utilizar esta instancia importante para justificar el intento de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, el quiebre del estado de derecho, y para relatar el supuesto padecimiento judicial que sufre la vicepresidente, entre otros disparates”, sostienen Ferraro, Campagnoli y los diputados de la CC.

Y concluyeron: “Íntimamos al presidente de la Nación y al canciller a que retire este informe e instruya a los funcionarios”. “Este es un nuevo hecho vergonzoso en el plano internacional que atenta contra nuestra historia de DD.HH., más aún cuando estamos próximos a cumplir cuarenta años de democracia”, enfatizaron.

Ramiro Marra, presidente del bloque de legisladores porteños de Javier Milei, presentó un proyecto para declarar a Nicolás Maduro como “persona no grata” y remarcó que “no es bienvenido en la Ciudad de Buenos Aires por su clara responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, violación de múltiples principios democráticos y persecución política en Venezuela”. 

“Lo que hizo Alberto Fernández es un disparate, ya sabemos que festeja a los gobiernos autoritarios. Pero, ¿dónde está Rodríguez Larreta para frenar que entre en nuestra Ciudad?”, criticó el diputado. Además, insistió en que teniendo en cuenta la alarmante situación en Venezuela, no se puede permitir que este gobierno autoritario siga formando parte de decisiones regionales. 

En los motivos de la declaración, también se argumenta acerca de un informe de Naciones Unidas que alertó sobre el comportamiento del gobierno bolivariano respecto a los derechos de los ciudadanos. “Consideramos fundamental declarar a Nicolás Maduro persona no grata en la Ciudad de Buenos Aires”, aclaró Marra. 

La visita del presidente de Venezuela se realizará el martes 24 de enero en el marco de una nueva cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

La Coalición Cívica – ARI manifestó este jueves su rechazo por la presencia de los presidentes Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua) en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 24 de enero.

“El camino del Estado de derecho es el único posible para alcanzar una región próspera y en paz. No podemos con nuestro silencio avalar regímenes que no respetan la voluntad popular, los derechos de las minorías, ni permiten la pluralidad política y la diversidad y libertad en materia de género, así como la división de poderes”, señalaron.

Del mismo modo, explicaron: “Los ataques a las instituciones democráticas de sectores extremistas, los autoritarismos, los ataques a la prensa libre y la persecución de opositores debe ser repudiado por todos los gobiernos democráticos de la región”.

En el cierre, afirmaron que “sin una región que trabaje para consolidar los principios democráticos y el respeto por los derechos humanos no vamos a alcanzar estabilidad económica ni paz social”, y cerraron: “El silencio cómplice y el doble standard solo generan democracias cada vez más agrietadas y sociedades polarizadas”.

El bloque de diputados nacionales de la UCR rechaza la presencia en nuestro país de Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel y Daniel Ortega, quienes participarán el próximo martes de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Buenos Aires.

A través de un comunicado, plantearon que “su presencia es una provocación a nuestro país, a las democracias de Latinoamérica, y sobre todo a los ciudadanos venezolanos, nicaragüenses y cubanos que, huyendo de la represión y el hambre, buscaron comenzar una vida diferente en la Argentina”.

“El kirchnerismo lleva varios años dilapidando una larga tradición argentina en defensa de los derechos humanos y la democracia, la que había colocado a nuestro país en un lugar de reconocimiento internacional en esa materia”, criticaron.

En ese sentido, recordaron que “en los ´80, nuestra región comenzó un largo camino hacia la recuperación y la consolidación de las democracias, con el consecuente respeto por los derechos humanos, las diferencias individuales, la paz social y los valores republicanos”.

“Este año, Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida. En este sentido, la presencia de Maduro, Ortega y Díaz Canel en nuestro país es un franco retroceso que nos obliga a mantenernos en alerta en defensa de la democracia, los derechos humanos y la Constitución Nacional”, expresaron.

El diputado nacional y titular del bloque Avanza Libertad, José Luis Espert, presentó un proyecto de declaración para expresar su “más enérgico repudio” y hacer pública su preocupación ante la posible visita al país de “los dictadores” Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua) para el 24 de enero con motivo de la realización de la VII Cumbre de la CELAC.

Entre los fundamentos, plantea que “los actos desconectados de la realidad del kirchnerismo no dejan más lugar para el asombro y generan repudio las alianzas internacionales con gobiernos autocráticos porque quieren promover un modelo antirrepublicano que nada tiene que ver con nuestra esencia nacional”.

Y agrega: “Una profundización de un ejercicio político autoritario que se quiere llevar puesto a los poderes del Estado teniendo como modelo a seguir a la Venezuela chavista, a la Cuba de DÍAZ Canel y a la Nicaragua de Ortega”.

Los diputados nacionales Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires) y Gerardo Cipolini (UCR – Chaco) presentaron este martes un proyecto de resolución en repudio de la presencia de los presidentes Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua) en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el próximo 24 de enero en Buenos Aires.

En la iniciativa explicaron que la visita de los tres lideres latinoamericanos es “una herida abierta para la democracia republicana de toda América Latina y el Caribe y una flagrante violación de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos”

Asimismo, agregaron: “Estas tres visitas lesionan las esperanzas de miles de emigrantes de esos estados que llegaron a nuestro país buscando la libertad”.

“En la Argentina se exalta la defensa de los Derechos Humanos. Compartimos esa gran y legítima bandera. Entendemos que abrirle las puertas de nuestro país a tres odiosos dictadores implica una notable contradicción, inexplicable desde todo punto de mira, máxime por parte del actual Poder Ejecutivo que todos los días pontifica acerca de estos derechos”, señalaron.

En el final, con más críticas al Gobierno nacional, concluyeron: “Los tres dictadores recibidos como ‘pompa’, vendrá a darles razón a los millones de incrédulos sobre la sinceridad de la política de Derechos Humanos que lleva a cabo el Gobierno de nuestro país”.

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por la cordobesa Soher El Sukaria (Pro), presentaron un proyecto para que la Cámara de Diputados declare persona “non grata” al “dictador” Nicolás Maduro Moros de cara a la visita que hará a la Argentina los próximos días.

La iniciativa lleva las firmas del jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, Adriana Ruarte, Gustavo Santos, Fernando Iglesias, Hernán Lombardi, Sofía Brambilla y Alejandro Finocchiaro.

“Declarar ‘persona non grata’ al Señor Nicolás Maduro ante su próxima visita a la Argentina en el marco de la reunión de la CELAC -Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños- por su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos contra el pueblo venezolano”, plantea el texto.

Entre los fundamentos, recuerdan que “los informes en los últimos años de organismos internacionales y de opositores al régimen de Nicolás Maduro han sido contestes en señalar las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia en Venezuela”.

“La ONU viene señalando la responsabilidad del gobierno venezolano en la comisión de violaciones de los derechos humanos desde 2014, en el contexto de un ataque contra opositores al Gobierno, reales o percibidos como tales. Los dos servicios de inteligencia militar y civil del Estado – la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ejercen detenciones arbitrarias y someten a los detenidos a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se llevó a cabo en su sede ‘La Boleíta’, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”, explayaron.

El senador nacional de Tierra del Fuego Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto para expresar su preocupación y repudio por la abstención de la República Argentina en la votación para dar continuidad a la comisión de las Naciones Unidas (ONU) que investiga las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.

El proyecto fue acompañado por los senadores Luis Naidenoff, María Belén Tapia, Daniel Kroneberger, Víctor Zimmermann, Gabriela Valenzuela, Mario Fiad, Stella Maris Olalla,Carolina Losada, Silvia del Rosario Giacoppo, Edith Terenzi y Flavio Fama.

“Nuestro repudio más enérgico se justifica en que el pueblo venezolano, se encuentra sufriendo condiciones de pobreza, humillación y violación de los Derechos Humanos de forma sistemática por parte de su propio gobierno. En este contexto, nuestro Poder Ejecutivo, con un sesgo ideológico extemporáneo y a contramano de las democracias occidentales más relevantes nos vuelve, con su abstención, en cómplices de aquel autoritarismo y nos deja en un lugar vergonzante ante los ojos del mundo libre”, señala el proyecto.

Blanco sostuvo que “la abstención en la votación constituye una evidencia de falta de coherencia en las posiciones puesto que, a su vez, el presidente de la Nación ha aceptado una invitación orientada a la lucha contra el autoritarismo, la corrupción y a la protección de los derechos humanos”.

“En efecto, hasta el presente, el Poder Ejecutivo ha empleado las relaciones exteriores como un foro para el planteo de posiciones ideológicas extremas, como recurso subordinado a intereses políticos sectarios y a la búsqueda del aplauso fácil de la tribuna propia. Dicho manejo ha generado consecuencias gravísimas de todo orden. Las Relaciones exteriores son un activo componente del bien común de la Nación Argentina y no un recurso del partido gobernante de uso antojadizo”, finalizó el senador fueguino.

El diputado nacional Gerardo Milman, acompañado por algunos de sus pares de Juntos por el cambio, le solicitó al Gobierno Nacional que se le exija al presidente de Venezuela Nicolás Maduro disculpas por la escalada de declaraciones agraviantes hacia la Argentina.

“No podemos permitir agravios de este tipo hacia nuestra democracia. Le pedimos al Gobierno que retire al embajador argentino en Venezuela hasta que Maduro brinde las disculpas pertinentes. Si esto no ocurre, será oportuno romper relaciones con la dictadura venezolana”, manifestó Milman.

En la presentación hecha por Milman y sus pares Waldo Wolff, Alejandro Finocchiaro, Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet, Héctor Stefani, José Nuñez, Ana Clara Romero, Pablo Torello, Francisco Sánchez y Alberto Asseff, se expresa: “El Gobierno venezolano lanza por estas horas en las acaloradas voces de Maduro, (Diosdado) Cabello y un parlamentario, del Parlamento inexistente, una batería de declaraciones teñidas de colores rojos tropicales, prepotentes amenazas y agravios hacia nuestras instituciones y particularmente a la figura del presidente de la nación”.

“Una vez más queda en claro la visión que tiene el chavismo autóctono de nuestra coalición gobernante, es decir el peronismo kirchnerista: lo ven como sus pares, creen que en Argentina, como espejo de Venezuela, también funciona una dictadura que avasalla la división de poderes, que en la mano del peronismo y los movimientos sociales están los resortes de todas las instituciones, incluyendo a la justicia”, continúa la presentación ante la Cámara de Diputados.

El interbloque Juntos por el Cambio emitió un comunicado este jueves en el que expresaron su “firme rechazo y absoluto repudio” a la designación, por parte de la “dictadura de Nicolás Maduro”, de la ciudadana Stella Marina Lugo de Montilla como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en Argentina.

Y sumaron: “Rechazamos la designación de un embajador de la República Argentina ante la República Bolivariana de Venezuela, hasta tanto no se establezca la democracia plena en ese país”.

“Exhortamos al Poder Ejecutivo, particularmente a las autoridades de la Cancillería, a evitar cometer el desacierto histórico, la torpeza diplomática y la impunidad política que representaría dar curso al pedido del régimen venezolano, aceptando la concesión del beneplácito, como asimismo a la presentación del pedido del beneplácito para la designación de un nuevo embajador de la República Argentina ante ese país”, agregaron en el texto.

En ese marco, recordaron que “hoy en Venezuela no existe la democracia y que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro enfrenta graves denuncias por crímenes de lesa humanidad”, y se comprometieron a “seguir de cerca estos procesos”.

Fiel a su estilo, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini la emprendió contra el expresidente Mauricio Macri al dar por confirmada una especie difundida por el periodista Horacio Verbitsky que sugirió que durante la gestión de Cambiemos ese Gobierno habría estado preparando tropas para enviar a Venezuela a fin de derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Así las cosas Bonafini envió un “pedido de perdón” al mandatario caribeño “por no habernos enterado en su momento de las pretensiones del nazi Mauricio Macri, capaz de todo, secuaz de los yanquis y sirviente de Estados Unidos”, según escribió y difundió en las redes sociales.

Ante semejante mensaje, el diputados Waldo Wolff (Pro) presentó un proyecto de declaración que fue acompañado por Javier Milei (La Libertad Avanza) en el que piden al Congreso expresar su “profunda preocupación y su más enérgico repudio a las expresiones de la señora Hebe de Bonafini”.

“En sus declaraciones, la referida y presunta defensora de los Derechos Humanos declaró, refiriéndose al expresidente Mauricio Macri, que no se había percatado ‘de las pretensiones del nazi Mauricio Macri, capaz de todo, secuaz de los yanquis y sirviente de Estados Unidos’, lo que constituye una clara expresión discriminatoria”, señalan los legisladores opositores.

Para Wolff y Milei, dicha declaración “consiste en la banalización de uno de los más atroces delitos de lesa humanidad acaecidos en la historia mundial como así también enaltece el régimen totalitario de Venezuela, a cargo de Nicolás Maduro”.

Asimismo consideran “más preocupante” que tales declaraciones hayan sido realizadas por “una persona que habría dedicado su vida a la defensa de los Derechos Humanos, especialmente, la búsqueda de la verdad y justicia respecto a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, que gobernó Argentina entre 1976 y 1983”.

Recuerdan los legisladores que el destinatario de las críticas de Bonafini es “un presidente electo democráticamente y que finalizó legítimamente su mandato con un nazi, parte de un régimen genocida que arrasó con la vida de más de 11 millones de seres humanos”.

El proyecto de declaración considera que “estas actitudes no pueden ser naturalizadas, toleradas ni tomadas a la ligera”, por lo que piden “alzar enérgicamente la voz como parte de la república”.

El diputado nacional, Luis Petri acompañado por varios legisladores de Juntos por el Cambio, solicitó al Poder Ejecutivo dejar sin efecto la actualización de la “Directiva de Política de Defensa Nacional” (DPDN) aprobada por el Decreto 457/21 en lo referido a su apreciación estratégica sobre la República Bolivariana de Venezuela y que, con respecto a la situación en ese país, restituya los términos de la DPDN aprobada por el Decreto 703/18.

Además, cita al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, con el fin de explicar los términos de la nueva DPDN en general, y en lo referido a Venezuela en particular.

En ese sentido, Petri aseguró: “El Gobierno con este decreto sigue avalando la dictadura de Maduro y las violaciones a los derechos humanos. La justificación de que las violaciones de los DDHH en Venezuela ‘han ido desapareciendo’, como dijo Alberto Fernández, no es un hecho aislado y se suma a los avales a las dictaduras de Cuba y Nicaragua. El viejo principio de no intervención de la comunidad internacional en los asuntos internos de un Estado ha cedido en los últimos tiempos cuando en dichos estados ocurre una violación sistemática de los DDHH y esto no puede ser desconocido por el Gobierno de Alberto Fernández”.

El proyecto detalla que “la nueva directiva contiene, en su ‘Apreciación estratégica sobre el escenario regional’, consideraciones sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela que representan un verdadero retroceso con respecto a la directiva anterior, en la medida en que niegan la violación de los derechos humanos de los venezolanos por parte de la dictadura que los oprime”.

Finalmente cuestiona y afirma que “corresponde que el ministro de Defensa de cuenta de ello ante este Congreso, a quién o a qué manifiestan fidelidad el presidente, la vicepresidenta y el Gobierno que conducen. Quizás se trate de ser fieles a un proyecto político que enriquece a los dirigentes mientras empobrece a los ciudadanos, y que se aparta de la comunidad internacional para entregarse a la compañía de regímenes autoritarios que desestabilizan las relaciones internacionales. O tal vez sea lealtad a antiguos pero aún vigentes pactos ideológicos o personales con el partido y el dictador que someten a ese pueblo. Quizás se trate, sin más, de ser consistentes con el espejo en el que se reflejan y en el que aspiran a proyectar a toda la Nación Argentina”.
Acompañaron el proyecto de Luis Petri con su firma sus pares Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Alvaro de Lamadrid, Karina Banfi, Gustavo Menna, Jorge Enriquez, Natalia Villa, Carla Piccolomini, Gonzalo del Cerro, Hector Stefani, Federico Zamarbide, Ximena García, Mario Arce, Omar de Marchi y Lidia Ascarate.

Diputados del interbloque de Juntos por el Cambio volvieron a reclamar la presencia del canciller Felipe Solá en el Congreso, luego que Argentina se retirara de la demanda contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional en La Haya, la cual contiene acusaciones por crímenes de lesa humanidad.

“El gobierno de Alberto Fernández dio un paso más para terminar de desmantelar la política de presión hacia el régimen de Nicolás Maduro. Retiró la acusación de Argentina ante la Corte Penal Internacional de La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por los funcionarios chavistas”, señalaron los legisladores.

A través de un comunicado, pidieron que Solá exponga en la Cámara baja para explicar “de manera clara la posición de la Argentina frente a la grave situación que atraviesa Venezuela”, y calificaron a la decisión como una “clara maniobra política a favor de la dictadura venezolana”.

En el proyecto de resolución, encabezado por los radicales Facundo Suárez Lastra y Sebastián Salvador, se remarcó que “la medida encendió las alarmas de quienes defienden la democracia y al Estado de derecho como sistema de gobierno y convivencia en el respeto de los derechos humanos y las libertades civiles”.

“Esta decisión va en detrimento del liderazgo que ejerce desde 1983 nuestro país en las discusiones internacionales referidas a la protección de los derechos humanos en el mundo. Es una vergüenza que atenta contra la dignidad y reputación de nuestro país”, aseveró Suárez Lastra, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

Por su parte, Salvador expresó que “el gobierno de Fernández se pone una vez más del lado de la violencia y la violación de los derechos humanos”. “Debemos seguir denunciando al régimen de Maduro, no podemos tolerar que desde la cúpula del gobierno argentino se siga venerando a un dictador”, agregó el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías.

Para el interbloque opositor esta última medida -acompañada por el “escandaloso” retiro del grupo Lima y la posición tomada ante la OEA- requiere que “el canciller asista al seno de las comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos de manera urgente, para responder las inquietudes de diputados y diputadas de la Nación, y para exponer de una vez por todas cuál es la postura del gobierno argentino frente a esta situación que nos interpela de manera directa”.

El proyecto fue acompañado por la firma de los diputados Mario Negri, Maximiliano Ferraro, Karina Banfi, Ricardo Buryaile,Lucila Lehmann, Carmen Polledo, Alberto Asseff, Marcelo Orrego, Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Albor Cantard, Diego Mestre y Dolores Martínez.

En sus redes, el jefe del interbloque, Mario Negri, apuntó directamente contra el presidente Alberto Fernández, al recordar su posición sobre Venezuela hace años atrás.

“En 2017 Alberto Fernández decía que Maduro cometía ‘abusos imperdonables sobre los derechos humanos en Venezuela’. Ahora cambió radicalmente de opinión y es cómplice del chavismo. El populismo es falso progresismo. No se puede especular con los DDHH”, escribió el cordobés.

El senador nacional Pablo Daniel Blanco (JxC-Tierra del Fuego) presentó un proyecto para “convocar, de acuerdo a la facultad conferida por el Artículo 71 de la Constitución Nacional, al Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a comparecer ante el Pleno de este Honorable Cuerpo, a fin de brindar las explicaciones pertinentes sobre la decisión de que nuestro país abandone el Grupo de Lima”.

El proyecto fue acompañado por los senadores: Luis Naidenoff, Juan Carlos Romero, Humberto Schiavoni, Víctor Zimmermann, María Clara del Valle Vega; Claudio Poggi, Pedro Braillard Poccard, Pamela Verasay, Alfredo De Angeli, Stella Maris Olalla, Mario Fiad, María Belén Tapia, Laura Rodríguez Machado, Silvia Elías de Pérez y Silvia del Rosario Giacoppo.

Blanco fustigó a Solá principalmente por la desafortunada fecha elegida para el anuncio: “Justo en el día más significativo del año en lo que hace a la memoria colectiva y a la reflexión colectiva sobre los Derechos Humanos, el gobierno Nacional decidió abandonar el denominado Grupo de Lima”.

“En efecto, al cumplirse 45 años exactos del último golpe de estado perpetrado en el país, que instaló la dictadura más sanguinaria que los argentinos recuerden, nuestra cancillería rompió relaciones con este bloque regional, cuyo objetivo básico es ‘abordar la crítica situación en Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada’, continuó.

Para el legislador fueguino, el movimiento se viene “planificando hace tiempo” y “significa lisa y llanamente un vuelco abrupto en la política exterior argentina que pasa a abrazar desembozadamente la dictadura que sobre el pueblo venezolano ejerce Nicolás Maduro”.

“Desde que asumió el Gobierno no hemos visto una sola condena pública de los integrantes del elenco gubernamental contra las aberraciones que, en materia de derechos humanos, se perpetran cotidianamente en Venezuela”, argumentó el senador opositor.

También agregó que “de esta manera, salir del Grupo de Lima para apoyar políticamente al actual régimen de Venezuela, sólo afecta negativamente la política exterior de Argentina en materia de derechos humanos y toma distancia de quienes habían apoyado también el reclamo del Grupo de Lima, como EEUU, Reino Unido, entre otros”.

“Si bien la decisión del Gobierno no sorprende pues desde su asunción jamás nuestro país acompañó un solo documento, sí es contradictoria con la promesa electoral efectuada en 2019 por el actual canciller Felipe Solá. En aquella campaña presidencial había dicho que no saldrían del Grupo de Lima, sino que ‘quisiera una nueva unidad basada en cuestiones más fuertes que las simplemente ideológicas’. Y ahora resulta que por ideología pura el canciller, obviamente con la anuencia presidencial, retira a nuestro país por razones tan ideológicas que claramente pueden notarse en el ostensible favor al régimen del dictador Nicolás Maduro”, concluyó el fueguino.

Los senadores de Juntos por el Cambio no fueron los únicos en repudiar la medida, ya que diputados radicales también se expresaron en contra de la decisión de la Cancillería.

El retiro de Argentina del Grupo había sido informada este miércoles a través de un comunicado de prensa que argumenta que “las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”.

La Mesa Ejecutiva de la CC-ARI le reclamó al Gobierno Nacional y a su canciller, Felipe Solá, expresar un fuerte rechazo ante lo que consideran será un “fraude electoral” en las elecciones venezolanas previstas para este domingo.

“Sobran pruebas para decir que en Venezuela no hay democracia y existen graves violaciones a los derechos humanos. El régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha destruido las instituciones del país, eliminando la separación de poderes y atacando constantemente al único órgano legítimo y legal en pie: la Asamblea Nacional”, señala la Coalición Cívica, que considera que “hasta ahora el papel del gobierno argentino ha sido vergonzoso y humillante a la memoria histórica de nuestra nación”.

Advierten que en el país caribeño se vive “un clima de absoluta represión”, que atribuyen a “un gobierno de facto que ha sido señalado por distintos organismos, como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, de violar flagrantemente los derechos fundamentales de su población”. Citan en ese sentido las denuncias sobre ejecuciones extra sumariales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, “sin contar las penurias económicas y el éxodo de millones de personas”. Y añaden que la misma ONU afirmó que existen “batallones de exterminio”.

“No hay afinidad ideológica que pueda justificar el silencio y la neutralidad frente a estas atrocidades”, expresan.

La conducción de la Coalición Cívica presentó el siguiente decálogo donde se detallan los motivos que fundamentan su postura:

1. Conformación CNE. El Consejo Nacional Electoral (CNE) fue designado a dedo por Nicolás Maduro, lo cual es ilegal en todo sentido. No existen garantías de imparcialidad ni neutralidad.

2. Partidos secuestrados. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la destitución de las direcciones nacionales de los partidos políticos: Acción Democrática (AD); Primero Justicia (PJ); Voluntad Popular (VP); Acción Ciudadana en Positivo (Acep); Min-Unidad; Compromiso País (Compa), Tupamaro y Partido Comunista (PCV). Los últimos tres aliados históricos del chavismo, lo cual deja ver que Maduro no sólo ha atentado contra la oposición sino también contra aquellos disidentes de sus propias filas.

3. Inhabilitaciones y persecuciones. Ahora mismo, ningún participante o candidato de la contienda electoral – farsa electoral para blanquear a un régimen autoritario – se encuentra alejado del entramado dictatorial, ya que son chavistas ampliamente conocidos o forman parte de las filas del chavismo pero ocultándose en el disfraz de opositores. La oposición real, que hoy representa al 90 % de los venezolanos, no tiene espacio para participar en elecciones ya que sus miembros se encuentran inhabilitados, perseguidos, exiliados o encarcelados.

4. El proceso electoral no podrá contar con observación internacional cualificada. Es importante recalcar que la observación no es lo mismo que acompañamiento (figura utilizada por la dictadura con sus aliados internacionales), pues los acompañantes no tienen verdadero acceso a la verificación de todas las etapas que forman parte del proceso electoral, se instalan con poca anticipación, y tienen prohibido hacer pronunciamientos públicos sin autorización. Consiste, más bien, en una presencia política simbólica y no en una evaluación sistemática como corresponde a los observadores.

5. Auditoría. No existe la posibilidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva de todos los componentes de las máquinas de votación, el sistema de totalización, el sistema de transmisión y el Registro Electoral, incluyendo la información de las huellas dactilares, con protocolos acordados y claramente establecidos, en presencia de la observación nacional e internacional y los testigos técnicos de las organizaciones postulantes; quienes deben tener acceso absoluto a toda la información del sistema electoral automatizado.

6. Registro electoral. De acuerdo con proyecciones poblacionales conservadoras se estima en 1,5 millones la cantidad de jóvenes que cumplieron 18 años, y no han tenido la oportunidad de inscribirse en el Registro Electoral. A su vez, diversas fuentes nacionales e internacionales calculan que al menos 3,8 millones de venezolanos en edad de votar se encuentran en el extranjero (la mayoría producto de una crisis humanitaria inédita) y deben habilitarse los mecanismos para su inscripción o actualización en el Registro Electoral. Se trata entonces, de más de 5 millones de venezolanos que no pueden votar y que sus derechos están siendo pisoteados.

7. Modificación de la cantidad de diputados. El CNE ilegítimo, aumentó la cantidad de diputados a ser electos en un 60 %, pasando de 167 diputados a 277. Esta acción es absolutamente violatoria de la Constitución y de las leyes electorales, cuya clara intención es asegurar la mayor cantidad de puestos, tanto del PSUV (partido de la dictadura) como de la falsa “oposición” creada por Nicolás Maduro.

8. Eliminación del voto secreto y directo en las circunscripciones indígenas. El nuevo CNE, manejado a discreción por Maduro, decidió que las circunscripciones indígenas votaran, literalmente, a mano alzada. Esta acción rompe por completo con lo establecido en la Constitución de elecciones directas, secretas y universales.

9. Falta de respeto por la voluntad popular. Han sido objeto de medidas inconstitucionales emanadas del TSJ y la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 28 diputados, para despojarlos de su inmunidad parlamentaria, mientras otros 4 parlamentarios han sido detenidos y sometidos a desapariciones forzosas, tortura y malos tratos. Esto demuestra claramente que, incluso participando en esta elección de mentira, obtener una victoria no garantiza nada, pues en dictadura la voluntad popular no es respetada.

10. Coacción. Como se trata de un proceso viciado desde el inicio, los dirigentes del chavismo junto con sus grupos de exterminio, manejan una constante coacción y amenazas contra la población para obligarlos no sólo a participar en esta farsa, sino también a que voten por los candidatos del PSUV. El líder de la dictadura, Diosdado Cabello, amenazó diciendo que “el que no vote, no come”.

Nicolás Maduro no supo encontrar el camino de bienestar que el digno pueblo hermano de Venezuela merece. La miseria, el dolor y la falta de horizontes prósperos son realidades de un régimen político agotado que se resiste a asumir el costo de sus políticas equivocadas. La suerte oscura y drástica del régimen de Nicolás Maduro ya está echada, sólo se empecina en prolongar la tortuosa agonía de un proyecto que se encaminó a un callejón sin salida.   

Gobernar es construir bienestar concreto para el pueblo. No se trata de discursos altisonantes y de promesas que se escurren en la realidad cotidiana de los obreros y empleados que sólo palpan desocupación y hambre en su cotidiano vivir.   

Si el común de la gente sufre necesidades y el gobierno es impotente para lograr prosperidad podemos afirmar que la administración es mala, más allá de las ideologías y las proclamas propagandistas que digan representar.    

Claro que la Nación venezolana es gloriosa por imperio de su pueblo magnífico. El desastre repudiable es la mala praxis torpe e insensible de un gobierno que reprime a los que dice representar. Las libertades de las personas deben estar siempre garantizadas, siendo los gobiernos los que deben abonar que el espíritu de las leyes fundacionales de las naciones se cumpla irrestrictamente.      

Para liberar a las naciones de la opresión exterior y de los mercaderes internos se les debe facilitar la educación popular masiva, haciendo hincapié profunda en la propia raíz cultural del ser nacional. La verdad es liberadora y el altruismo enaltece a los que la ejercen.  Esto no es posible si la gente padece hambre y necesidades básicas insatisfechas. El estómago vacío da una perspectiva muy distinta al que posee un pasar de plena disponibilidad material.   

Coincidimos plenamente con la postura que Argentina fijó ante las Naciones Unidas votando favorablemente el informe presentado por Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Argentina volvió a condenar los bloqueos y las sanciones económicas impuestas al país gobernado por Nicolás Maduro, que “agreden especialmente al pueblo venezolano.  

“Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar” dijo el General tres veces presidente de la República Argentina. Los hechos concretos definen la direccionalidad de un gobierno y la condición de progreso de su población determinan si una administración es buena o mala.   

En la historia del planeta abundaron gobernantes que con un discurso liberador se tornaron en verdad en crueles tiranos.   

Cuando los sanos ideales son contaminados por el ego monstruoso de la propia vanidad es muy fácil perder la cordura.   

“El poder es servicio” sentencia el papa Francisco. Vemos en nórticas latitudes cómo Donald Trump califica de “resfrío fuerte” al Covid 19 con tal de justificar sus temerarias acciones que han producido más de 200.000 víctimas fatales en los Estados Unidos. Un país rico que podría haber tratado con humanismo pleno a sus enfermos.   

Tanto Nicolás Maduro como Donald Trump parecen estar encantados por los sonidos sórdidos de sus propias proclamas. Mientras, la realidad de los necesitados marcha por carriles muy distintos que los de sus vanidosas políticas.   

“¡La única verdad es la realidad!” 

Juntos por el Cambio, a través de un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, manifestó beneplácito con lo resuelto por la Unión Europea en relación a que en Venezuela no existen condiciones para celebrarse elecciones “libres y justas”.

Además, el proyecto encabezado por Álvaro de Lamadrid (UCR-CABA) reivindica el rechazo de ese bloque a la invitación del régimen de Nicolás Maduro para enviar una “misión de acompañamiento electoral” al proceso convocado para el próximo 6 de diciembre, en el que deberían elegirse diputados a la Asamblea Nacional de ese país.

De Lamadrid afirmó que “creemos que la posición de la Unión Europea es la correcta. No están dadas las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y equitativo en Venezuela. Es pecado avalar nuevos fraudes. No hay elección alguna que celebrar con la tiranía. Frente a tiranías y la delincuencia no caben posiciones duales ni zonas grises”.

Acompañan el proyecto de de Lamadrid los diputados Nacionales Hernán Berisso, Gustavo Menna, Fabio Quetlas, Gabriela Lena, Estela Regidor, Gonzalo del Cerro, Waldo Wolff, Héctor Stefani, Pablo Torello, Fernando Iglesias, Luis Pastori, Lidia Ascarate, Alberto Asseff y Diego Mestre.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio repudian la vulneración sistemática de derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro y respaldan el informe de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.

El diputado nacional Sebastián Salvador, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de declaración en donde expresa el “más enérgico repudio a la vulneración sistemática de Derechos Humanos producidos desde el gobierno de Nicolás Maduro en la República de Venezuela”.

La iniciativa es acompañada por el diputado y titular de la UCR Alfredo Cornejo, junto a los legisladores de Junto por el Cambio José Riccardo, Estela Regidor, Claudia Najul, Brenda Austin, Albord Cantard, Juan Martín, Luis Pastori, Ximena García, Karina Banfi, Grabriela Brugos, Gonzalo del Cerro, Álvaro De Lamadrid y Hernán Berisso.

Asimismo, en el texto se respalda al informe que elaboró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentado el 15 de julio de 2020 en donde se refleja la preocupante situación existente en Venezuela respecto a la vulneración de los Derechos Humanos.

Los legisladores a su vez, resaltaron la posición expresada por el Embajador argentino ante las Naciones Unidas, Federico Villegas, quien señaló su preocupación por la gravedad institucional existe entre el territorio venezolano, coincidiendo con las expresiones vertidas por los demás países integrantes del MERCOSUR y del “grupo de Lima”, enfrentando a las posiciones de funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y del propio kirchnerismo aliado de Maduro.

En el proyecto, se destaca la grave falta de independencia judicial que aqueja la República de Venezuela que impide respetar la garantía del Debido Proceso, e insta al gobierno argentino a repudiar la vulneración de los Derechos Humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

En este sentido, manifestaron su beneplácito por las palabras del embajador Villegas quien manifestó durante la presentación de Bachelet en la ONU, que “compartimos con la intervención conjunta pronunciar por Perú la profunda preocupación por la situación de los Derechos Humanos así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que parece Venezuela”.

Luego de que el presidente Alberto Fernández reacomodara el sentido del voto argentino respecto del último informe presentado ante la ONU por Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, y expresara el reconocimiento de su gobierno a “la legitimidad” del presidente Nicolás Maduro, Sergio Massa ratificó su postura habitual sobre el país caribeño, al calificarlo como una dictadura.

No es la primera vez que lo expresa, pero en este contexto el comentario cobró mayor relevancia. En rigor, Massa expresó ante la consulta periodística: “Todos saben mi opinión, creo que Venezuela tiene la condena y el informe de Michelle Bachelet porque no cumplió con los derechos humanos”. Y sin lugar a ningún tipo de ambigüedades, continuó: “Un gobierno que detiene estudiantes que reclaman es uno que no respeta la democracia”.

Trascartón, ante la pregunta puntual de si consideraba que en Venezuela rige una dictadura, el presidente de la Cámara de Diputados no dejó dudas: “Sin dudas”, afirmó.

Lo cual le valió este viernes la respuesta nada menos que del canciller de Venezuela, Jorge Alberto Arreaza Montserrat. A través de Twitter, el ministro de Maduro señaló, sin contemplaciones: “Sergio Massa siempre ha mantenido relaciones carnales con el Departamento de Estado. Tiene que recitar el guión de Washington para proteger sus intereses privados. En todo caso, la opinión de alguien que agravió a Néstor Kirchner, adolece de validez moral”.

Los diputados nacionales por la Coalición Cívica ARI Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Juan Manuel López, Alicia Terada, Héctor “Toty” Flores, Rubén Manzi y Lucila Lehmann presentaron un proyecto de resolución en el que respaldan la decisión tomada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que condena el “continuo acoso” ejercido por el régimen de Nicolás Maduro contra las facultades que la legislación venezolana otorga a la Asamblea Nacional y contra el funcionamiento de los partidos políticos e instituciones democráticas en Venezuela.

El Consejo Permanente de la OEA resolvió, en la sesión extraordinaria virtual, celebrada el 26 de junio de 2020, denominada “Las recientes decisiones ilegítimas del Tribunal Supremo de Justicia en la República Bolivariana de Venezuela”, condenar el continuo acoso ejercido por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra las facultades que la legislación venezolana otorga a la Asamblea Nacional y contra el funcionamiento de los partidos políticos e instituciones democráticas en Venezuela, en oposición a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana. Además, rechaza enérgicamente y desconoce “la designación inconstitucional” de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, así como la designación de las Juntas Directivas de los partidos políticos “Primero Justicia” y “Acción Democrática”. La Argentina se abstuvo en la votación de esta resolución.

La iniciativa presentada por los legisladores de la CC ARI manifiesta “su absoluto repudio a este tipo de acciones del gobierno de Maduro, las que constituyen un obstáculo para la restauración de la democracia y del estado de derecho en Venezuela, ante el próximo proceso electoral de diciembre de 2020, solamente merecedor de la confianza pública y de garantías republicanas, en caso de llevarse a cabo mediante la celebración de elecciones justas, libres y transparentes con la participación de un legítimo Consejo Nacional Electoral (CNE), un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) imparcial y observadores internacionales independientes, teniendo en cuenta que el Gobierno ha violado las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), liderada por el presidente interino Juan Guaidó; que ha producido una interferencia ilegal en el funcionamiento de los partidos políticos opositores independientes; que continúa la usurpación de las funciones presidenciales ejercidas ilegítimamente y que se niega a liberar inmediatamente a todos los presos políticos, incluidos los diputados de la Asamblea Nacional; y a cesar las detenciones, persecuciones y encarcelamientos arbitrarios”.

Y a continuación advierte la declaración de la Coalición Cívica que “esta es la segunda resolución sobre Venezuela en la que el Gobierno argentino del presidente Alberto Fernández, y el mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, se abstienen. El 10 de enero pasado se negaron a apoyar la resolución que condenaba el uso de la fuerza en contra de la Asamblea Nacional, cuando la dictadura chavista usó las fuerzas militares para impedir el ingreso de Guaidó y cien diputados opositores al Palacio Legislativo para evitar que el Presidente interino renovara su mandato al frente del Parlamento”, recordaron los diputados.

En el proyecto se señala que “la Carta Democrática Interamericana, pilar ideológico de la OEA, establece que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Alberto Asseff y Facundo Suárez Lastra mantuvieron una charla con el diputado de la Asamblea Nacional Venezolana Williams Dávila, en el marco de la conferencia titulada “La lucha por la democracia venezolana”, que se desarrolló vía plataforma zoom.

Suárez Lastra, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, se ocupó de dar una charla introductoria a la temática de la reunión, recordando la relación que existe entre nuestro país y Venezuela, que acogió refugiados políticos en tiempos de dictadura en nuestro país.

Luego lamentó que hoy en día Venezuela “tiene una clarísima pérdida del rumbo democrático” y existen “abusos y persecución a la sociedad”. Suárez Lastra habló de un “principio de política internacional del que la UCR es muy respetuosa y es el de la no intervención en asuntos extranjeros”. Sin embargo, lamentó que el Gobierno venezolano ha tomado ese principio general para transformarlo en un argumento contra aquellos que denuncian la situación política del régimen de Nicolás Maduro. Y agregó que “Maduro evade cualquier tipo de control de organismos internacionales amparándose en que potencias extranjeras no infieran en los asuntos internos”.

Por último aclaró que “aceptar un principio de no intervención no significa un principio de indiferencia” y finalizó diciendo que JxC tiene un “compromiso con el apoyo a la democratización de Venezuela y a los dirigentes políticas como Dávila, que luchan por recuperar la democracia”.

Luego fue el turno del diputado Alberto Asseff, quien también pertenece a la Comisión de Relaciones exteriores y Culto, quien habló de la geopolítica de Venezuela. El titular del Partido UNIR dijo que “Venezuela es un país importante geopolíticamente debido a su ubicación bifronte, perteneciendo tanto a la América del sur como al caribe”. Además agregó que siendo un país rico en recursos naturales es “vital para que el continente tenga un armónico desarrollo de prosperidad”.

Finalmente llegó el turno de la exposición del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela Williams Dávila, quien se disculpó por las dificultades para conectarse a la sala virtual y explicó que un apagón energético complicó su participación. Seguidamente hizo un breve pantallazo de los problemas relacionados a la falta de energía eléctrica, y como repercute en la dificultad en las comunicaciones.

Dávila inició su exposición haciendo una defensa de la tradición democrática de su país en los últimos 40 años antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Dávila explicó que la democracia generó movilidad de la clase media, una clase empresarial con visión industrialista y “venezolanista”, con un proyecto para América del Sur. Luego lamentó que todo eso se ha perdido con la llegada de un “Robin Hood que robaba a los ricos para darle a los pobres”, llamado Hugo Chávez. El legislador venezolano explicó que “la gente de abajo votó a Chávez por la idea de anti política, anti partido, la idea de que los políticos son corruptos”.

Por último Dávila relató los “atropellos” a los que somete el régimen de Maduro al pueblo de Venezuela. Explicó que “el caso de Venezuela no es ideológico”, porque la violación de los derechos humanos, la relación del gobierno con el narcotráfico, todo eso ha eliminado la política como tal.

Williams Dávila habló de lo sucedido esta semana con el Tribunal de justicia, que ha eliminado los partidos políticos por decreto y explicó que “se van cerrando espacios de política” y concluyó diciendo que los partidos políticos están ilegalizados.

Consultado por uno de los asistentes a la conferencia, Dávila dijo que “el régimen no cumple nada”, por lo que se necesita un gobierno de emergencia, que sea de transición, por eso “la  asamblea nacional es el epicentro de la lucha”. Y respecto al diálogo con el Gobierno de ese país, dijo que “la única posibilidad es después de la salida de Maduro”.

Un grupo de diputados encabezados por Alberto Asseff repudió categóricamente la designación “ilegal” de los miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, por medio de un fallo del Tribunal Superior de Justicia, que “desconoce la Constitución venezolana y avasalla las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral democrático”, expresaron.

Asimismo rechazan la intromisión del régimen de Nicolas Maduro en la dirigencia política opositora, e insta Gobierno argentino a rechazar estos hechos que son abiertamente dictatoriales.

El presidente del Partido UNIR pide que el gobierno de Alberto Fernández obre en consecuencia de los compromisos que tiene Argentina con la vigencia de la democracia.

“La Justicia de Venezuela ha dictado sentencias que golpean a la oposición y a la democracia al nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, cuyos integrantes son, en su mayoría, cercanos al oficialismo”, expresó Asseff. 

Agregó que “la designación de los miembros del CNE le corresponde a la Asamblea Nacional, órgano legítimo y democráticamente electo, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por ello es necesario rechazar categóricamente la designación por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela”.

El legislador de Juntos por el Cambio sostuvo que “dos de las más importantes oposiciones al oficialismo, pasan a tener una nueva dirigencia para muchos, afín al gobierno actual”, lo que muestra que “definitivamente estamos frente a una dictadura”, porque “viola el Pacto Democrático del Mercosur, el que Venezuela todavía integra, aunque se encuentre suspendida”.

A la vez, aclaró que “estas resoluciones del Tribunal llegan en un contexto de elecciones legislativas, donde en el caso de que la oposición pierda la presidencia de la Asamblea Nacional, perderá el último bastión de poder institucional que conserva”.

“La intromisión del régimen del presidente Maduro en las instituciones constitucionales del gobierno venezolano y la infiltración en los partidos políticos opositores, son claras acciones de violación de los Derechos Humanos”, cerró Asseff.

Acompañan el pedido los diputados Waldo Wolff, Javier Campos, Pablo Torello, Ingrid Jetter, Jose Luis Patiño, Luis Pastori, Estela Regidor, Héctor Stefani, Gerardo Cipolini, Lidia Ines Ascarate, Adriana Ruarte, Gonzalo del Cerro.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Álvaro de Lamadrid se refirió a la denuncia de la administración de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro, y señaló que “el gobierno usurpador de Miraflores tiene pedido de captura y recompensa por narcotraficantes. Desde Maduro, Diosdado Cabello y la camarilla de narcos y asesinos”. 

Y continuó el diputado radical: “Hoy esto que señala la fiscal que los acusa nos da la razón y muestra al mundo de modo inequívoco de que se trata lo que ocurre en Venezuela”. 

En este sentido Lamadrid manifestó que ve este pedido de captura “como un punto crucial para el encarcelamiento de estos bandidos; lo peor que han hecho muchos es tratarlos como políticos”, y expresó: “La expresidenta Cristina Kirchner no ha condenado nunca la dictadura de Venezuela y el padecimiento de su pueblo secuestrado por narcotraficantes”. 

“La droga estos años ha sido transportada por los cilindros de PDVSA, los camiones y autos del ejército, las camionetas de Senst, una especie de AFIP de Venezuela, por los aviones oficiales y los buques de la marina mercante”, sostuvo el legislador. 

Finalmente, el diputado radical resaltó: “Teníamos razón y lo denunciamos con pruebas y dando testimonio que quedará para siempre en el libro que escribí con motivo de mi visita a Caracas y Valencia invitado por María Corina Machado y líderes opositores al régimen”.