El diputado entrerriano Nicolás Mattiauda promovió una denuncia penal contra la ministra de Salud provincial, Sonia Velázquez y el intendente de Gualeguaychú, Esteban Martín Piaggio, luego de que la funcionaria “no respondiera satisfactoriamente a las preguntas realizadas respecto a ciertos privilegios en el proceso de vacunación en la provincia”. 

El legislador hizo la presentación en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, con el objetivo de que se “investigue la presunta comisión de delitos de acción pública” en la ejecución del “Plan Estratégico para la vacunación contrala covid-19 en la República Argentina”. 

La denuncia penal, que también lleva la firma del concejal de Gualeguaychú, Pablo Echandi, busca que se investiguen las conductas “antijurídicas objeto de reproche” por parte de los mencionados funcionarios y del secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud de la Municipalidad de Gualeguaychú, Martín Roberto Piaggio, que pueden contemplarse en las figuras de “violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, como así también en la violación de la Ley de Ética Pública”. 

En el caso de Velázquez, se la incluye por ser “la máxima responsable del área de Salud” de Entre Ríos, y por ende “de la administración de las distintas vacunas en el territorio provincial”. 

Respecto al intendente Piaggio y al secretario de Desarrollo Social de Gualeguaychú, por la “responsabilidad de ambos en la ejecución descentralizada del Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19 en esa ciudad, según instrucciones emanadas del Ministerio de Salud de la Provincia y del Hospital Regional ‘Centenario’, todo ello –como está dicho-acorde a normas y directivas federales”, según la denuncia. 

El diputado entrerriano del Pro Nicolás Mattiauda presentó un proyecto para que la provincia adhiera a la Ley Nº 27372, denominada de “Derechos y Garantías de las personas Víctimas de Delitos”, y de esa manera se cumpla con la readecuación de la legislación procesal vigente en la provincia a los efectos de aplicar la norma.  

La iniciativa ingresó esta semana a la Cámara baja y se fundamenta en dar respuesta al pedido de familiares y diferentes ONG que, desde la aprobación de la ley a nivel nacional en el año 2017, reclaman la necesidad de que Entre Ríos adhiera para avanzar en la implementación del artículo referido al patrocinio jurídico gratuito a favor de la víctima si por sus circunstancias personales se encontrare imposibilitada de solventarlo.  

El proyecto presentado por Mattiauda solicita adherir a los Capítulos I, II y III de la Ley Nacional Nº 27.372 y readecuar, a través de las modificaciones necesarias, la legislación entrerriana a los efectos de coordinar las disposiciones nacionales y provinciales, y facilitar la aplicación de las mismas a los procesos penales que se desarrollen en el ámbito de la justicia de Entre Ríos.  

Además, pide avanzar con las modificaciones necesarias para asegurar la operatividad del artículo 11 de la mencionada ley (es decir, el patrocinio y querella gratuita a favor de las víctimas) tomando en cuenta diferentes pautas generales: presupuesto, estructura, la determinación de quiénes desempeñarán la tarea de asistencia e intervención y, principalmente, los requisitos y condiciones para acceder al beneficio atendiendo especialmente a la gravedad de los delitos.  

En los fundamentos del proyecto, Mattiauda menciona que el Código Procesal Penal de Entre Ríos “establece una serie de derechos de las víctimas y determinadas disposiciones procesales para asegurar su protección”, y expone “la necesidad de trabajar en la adecuación de la legislación provincial con relación a la nacional, para asegurar su eficaz aplicación”.  

Asimismo, precisa que la implementación del artículo 11 de la ley nacional constituye uno de los puntos centrales de la misma porque incorpora la figura del Defensor de la Víctima, que pretende asegurar una mayor y más efectiva participación de esta o sus familiares en el proceso.  

“Actualmente, a nivel provincial, solo pueden acceder a un letrado particular o a constituirse como querellantes quienes cuentan con recursos suficientes. En tanto quienes no cuentan con ellos, se ven imposibilitados, según los casos, de entablar o continuar la acción”, señala el diputado en los fundamentos del proyecto.  

Agrega que “debe garantizarse el beneficio a favor de las víctimas, a través de un sistema eficiente que se adecúe a las posibilidades estructurales de la provincia”, y destaca que la adhesión “refuerza la participación y protección de las víctimas en el marco del proceso penal y que ello hace a la administración de justicia provincial”.  

El proyecto tomará estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara de Diputados a partir de lo cual “se abrirá una etapa de debates y búsqueda de consensos para su aprobación”, dijo Mattiauda y puntualizó que esta ley “es un largo reclamo de las víctimas de delitos y sus familiares, algunos vinculados a diferentes ONG, que hicieron sus aportes para lograr una norma provincial que, entre otros aspectos, se torna beneficiosa porque les permite acceder al patrocinio jurídico gratuito y de esa manera asegurar la continuidad de los procesos penales”.