Con un clima caliente y picantes discusiones, se llevó a cabo la cuarta reunión de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside la diputada Natalia Sarapura (UCR), en la cual se logró aprobar por mayoría un cronograma de trabajo de cara a la designación de un nuevo Defensor, cargo acéfalo tras la salida de Marisa Graham.

“Este procedimiento se encuentra definido en la Ley 26.061 y en la resolución 14 del Reglamento interno que la comisión ya discutió”, aclaró Sarapura y destacó que el cronograma es “con las mayores expresiones de consenso y preocupación porque hay que garantizar que el concurso sea aplicado con la mayor eficiencia y con el ajuste al reglamento”.

Sarapura afirmó: “Hemos construido procesos de acuerdo, de análisis, y de aplicación del Reglamento en una vocación colectiva que supere las cuestiones partidarias, y ponga sobre la mesa la realización de un concurso que sea ajustado al Reglamento y a la necesidad de tener, de la manera más eficiente y rápida, un defensor en el marco de la Ley 26.061”. El cronograma que se aprobó por mayoría establece:

• Publicación de la convocatoria: 17 y 18/06.
• Inscripción de postulantes e inicio opcional de la presentación del plan de trabajo: del 19 de junio al 3 de julio.
• Publicación del listado de admitidos y no admitidos: del 4/07 y 5/7.
• Recepción de impugnaciones y adhesiones: del 7 al 21 de julio.
• Resolución de impugnaciones: del 22 al 28 de julio.
• Notificación de examen anónimo 29 de julio
• Examen escrito anónimo:  se realizará el 1ero de agosto
• Corrección examen anónimo: del 4 al 6 de agosto.
• Publicación de listado de postulantes aprobados: 8 de agosto.
• Fin de recepción del plan de trabajo y su publicación vía web: 11 de agosto.
• Convocatoria audiencia pública: el 12 de agosto.
• Recepción de preguntas para las audiencias públicas: 13 de agosto.
• Periodo de corrida de vista del examen descargo y resolución de correcciones: 11 y 12 de agosto/ y 13 y 14 de agosto.
• Fin de recepción de preguntas para las audiencias públicas: 20 de agosto.
•  Audiencias públicas con postulantes: del 28 de agosto al 1ro de septiembre.
• La propuesta estipula como fecha de “definición de candidatos, la elevación a las Cámaras, la reunión de comisión Bicameral y el voto del Defensor para el 22 de septiembre” próximo.

El artículo del reglamento que desató el debate acalorado

Por las fechas para la publicación del listado de admitidos y no admitidos del 4/07 y 5/7, el diputado libertario Nicolás Mayoraz hizo una observación: “4 de julio es jueves, por lo que la recepción debería ser el 8 de julio, no el 7 porque no es 4 y 5, es 4 y 7 de julio”. El santafecino hizo hincapié en que debían ser dos días hábiles y planteó que la recepción de impugnaciones debería ser del 8 al 22 de julio”. La presidenta de la comisión le aclaró que el Reglamento en el artículo 7 establece dentro de los dos días hábiles posteriores. “Proponemos hacerlo el 4”, retrucó.

Mayoraz redobló la apuesta y remarcó que “el Reglamento dice que se hace dentro de los dos días, esto quiere decir que no hay un plazo de gracia. El día 7 termina ese día, usted no puede reducir los plazos, esa opción es del interesado no de la comisión”.

La diputada radical procedió a leer textual el artículo 7: “Listado de postulantes y publicación dentro de los dos días posteriores al cierre de la inscripción. La Comisión Bicameral deberá confeccionar la lista de postulantes admitidos y no admitidos, dejando debida constancia de los motivos de la exclusión. Este plazo puede ser prorrogado por única vez por el mismo término cuando las razones debidamente fundadas lo requieren. El historial de los postulantes admitidos junto con sus reseñas personales resumidas, tal como figura en el formulario de inscripción, debe ser publicado en el sitio web de ambas cámaras del congreso se refiere a dos días”.

Lejos de conformarse, Mayoraz volvió a plantear: “De ser publicados dos días. Estamos hablando de la publicidad. La publicidad es un acto fundamental, es decir, saber quién fue admitido y quién no fue admitido no puede ser un solo día de publicación, debe ser dos días de publicación”.

En ese momento, se metió en la discusión la senadora Stefanía Cora (Unidad Ciudadana) y remarcó: “Este trabajo es el esfuerzo de distintos asesores de legisladores de distintos partidos políticos que fueron y fuimos construyendo un consenso y un acuerdo apegado, siempre, al Reglamento que es nuestra principal responsabilidad”.

“Me parece que eso es importante dejarlo en claro para poder avanzar, porque todas las opiniones son claramente válidas en esta Bicameral, pero entiendo que lo que acá se presentó es resultado de un consenso y de un trabajo de todas las fuerzas que tenemos voluntad de que más temprano que tarde tengamos un defensor nombrado por el proceso que ordena sujeto a reglamento esta Bicameral”, expresó.

El diputado libertario continuó con su postura sobre la fecha y explicó: “Los plazos son siempre hábiles, la regla es plazo hábil, la excepción es plazo corrido. Si no dice nada es plazo hábil. El plazo siempre es hábil. Acá se aplica el derecho administrativo, no se aplica cualquier cosa. En el derecho administrativo los plazos siempre se computan en días hábiles. Entonces esto de que si no dice que es hábil y yo puedo hacer otra cosa, no. Siempre que el Reglamento no dice ‘hábil’ se considera que es hábil”.

“Le reafirmo que lo que dice este artículo es dentro de los dos días, o sea estipula la publicación en ese periodo”, le contestó Sarapura y siguió: “Este es un proceso de construcción de distintos ámbitos, por un lado, con asesores y, por otro lado, de una reunión informal que tuvimos. Es fundamental tener una vocación del respeto de tener un avance en la elección de un defensor en el marco de la ley, pero también construir los mayores consensos”.

Volvió a retomar la palabra Mayoraz, esta vez para quejarse por “reuniones reservadas, organizadas a las apuradas de la noche a la mañana”. “No me parece la mejor forma de trabajar”, cuestionó, al tiempo que planteó que “hubo diferencias entre los bloques en cuanto a cómo se aplicaba el Reglamento y cuáles eran los mejores plazos para aplicar”.

Así acusó: “Que ustedes hayan arribado a un aparente acuerdo hoy en una reunión mantenida a las 11 de la mañana para mí, lejos de darle claridad a esto, se la quita”, y reclamó la presencia de organizaciones porque “aquí no hay ni transparencia ni claridad. No ha habido ninguna consulta a las organizaciones”.

“Se está obviando en esto y se está cometiendo un error o se estaría cometiendo si lo resuelven que es de tomar una decisión trascendente, sin escuchar a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en los derechos de la niñez. Es muy grave porque si nosotros tenemos que definir qué perfil de defensor queremos y cómo valoramos y evaluamos la experiencia de estos cinco años en la que, por primera vez, tuvimos un defensor del niño, eso debe hacerse escuchando a las organizaciones y no a las apuradas”, reiteró y anticipó el rechazo al cronograma y una solicitud para realizar una reunión informativa convocando a las organizaciones.

“Queremos darle garantías a la sociedad a la comunidad de que esto va a ser algo transparente eso se lo debemos a los niños. No podemos hacer un procedimiento desprolijo y a las apuradas como lo estamos haciendo. Nosotros no vamos a acompañar esto, se están violando las fechas los reglamentos, no se respeta el reglamento, han reducido los plazos”, remató el libertario enojado.

Recogió el guante Sarapura quien le planteó: “Usted puede tener la decisión de ir o no ir a la reunión, pero tiene que ser respetuoso del proceso que se construye”. “Para ser respetuoso del proceso, esto se tiene que discutir acá. Si me está apurando para definir lo que va a hacer nuestro bloque, no es discutir”, le contestó Mayoraz.

“Tenga el respeto político, yo sé que ustedes tienen una dinámica de la democracia y la política distinta para ustedes construir consensos”, le enrostró la radical y denunció: “Claramente acá hay una intencionalidad de no avanzar y de no respetar los ejercicios que son de la política y de la democracia. Pido madurez política en no entrar en esas dinámicas que no benefician a nadie. Está haciendo una utilización del tema”.

Mayoraz propuso un cronograma propio desde su bloque que coincidía con los dos primeros ítems, pero planteó como fechas de publicación de listado 4 y 7 de julio para “respetar tiempos para corrección de exámenes”. Sin embargo, la votación resultó a favor de la propuesta inicial de mayoría.

Sarapura puso en valor el proceso logrado, por un lado, una reunión de asesores donde hubo una diversidad de opiniones sobre el reglamento y su aplicación. “Se han hecho correcciones en el cronograma que tienen que ver con una adecuación a propuestas”, destacó y remarcó: “Podemos tener distintos puntos de vista del ejercicio de la democracia y la política, creo que no está mal construir consensos, lo único que estamos haciendo es generar los procesos que tengan que ver con la construcción de acuerdos”, expresó.

“Para mi, generar todos los espacios de construcción son válidos y las reuniones informales fueron propuestas de las legisladoras que plantearon la necesidad de tener reuniones previas para evitar que los temas de los derechos de la niñez tengan este contexto. La mirada partidaria, sosegada e irrespetuosa del trabajo de legisladores. La reunión previa informal era una invitación honrar los espacios, no a acuerdos partidarios que no estén ajustados, sino construcción de dialogo y consensos y la política y democracia se ejercen así”, aclaró.

La radical, no se quedó callada y apuntó contra Mayoraz: “Me parece muy irrespetuoso que cuando lo que se construye no va con lo que pienso lo invalido. Hay personas que tenemos un ejercicio de la democracia distinto a otros y se han expuesto de sobre manera los procesos generados y los puntos de vista”.

Por su parte, la diputada del Pro María Sotolano sostuvo: “Por respeto a las organizaciones sociales nos dejaron en claro que quieren el concurso, terminar con el mandato de la Defensoría que venía hasta ahora y eso se cumplió. Fuimos avanzando pese a las diferencias, pero intentamos dar la discusión y logramos puntos”.

“Desde el Pro dejamos en claro que el concurso es algo que reclaman las organizaciones. Hay algo que se manifestó que es la voluntad de avanzar con el concurso y no encastrar el reglamento. Hasta el examen hay tiempos reglamentarios concretos y, después del examen podemos trabajar en un marco de acuerdo en un plan de trabajo y ahí están los matices. Nosotros planteamos tiempos hasta octubre. Hay que darles transparencia y garantías a los postulantes”, precisó. Sotolano también reclamó la presencia de las organizaciones para debatir y “darle una construcción colectiva a al Bicameral para que puedan ejercer su voz”.

“Hay plazos que son netamente que son de la política y esta Bicameral se va a tener que poner de acuerdo en montón de cuestiones. Lo más difícil son los acuerdos parlamentarios para llegar al recinto. Tenemos que ser claros con los tiempos para que sean ejecutables y transparentes en el reglamento”, concluyó.

También se manifestó en contra la senadora libertaria Vilma Bedia quien cuestionó: “No podemos ejecutar ni avanzar irresponsablemente porque acá no es la cuestión de banderas, nos tenemos que poner en el lugar de las instituciones que nos están mirando. Y sobre todo de los niños. Acá los niños son los protagonistas que están esperando una respuesta y no podemos hacer nada descabellado. Aferrarnos a las apuradas, al margen de los tiempos, a los consensos egoístas cuando tenemos que estar mirando la vida de niños y adolescentes”.

“No se puede evaluar en un día a 200 personas, porque se tiene que tener el perfil cuidado que requiere el puesto. No podemos desenfocarnos de la realidad de la sociedad, buscar un buen perfil con valores y convicciones que más de 20 años fueron olvidados”, cerró la jujeña.

Por último, Sarapura defendió: “El cronograma que se aprobó respeta plazos mínimos y máximos establecidos en el reglamento, en ningún caso se tomó de forma arbitraria. Considera todas las etapas obligatorias determinadas. Le da una organización lógica y eficiente a la aplicación y cumple el respeto de la publicidad. El derecho de los postulantes es lo que priorizamos y evitamos extensiones dilatoria que da la política a esta definición. Se tiraron fechas que nunca se aclararon esas propuestas. Los debates que enriquecen son los propositivos, no los descalificantes”.

“No hubo acuerdos de medianoche, interesados en una persona, son el ejercicio de la construcción de la política que se honra respetando la diversidad de opiniones ideológicas buscando un interés común, no la política se busca instalar lo que yo pienso y cuando no es así se desacredita y lo desvalorizo”, ratificó.

Por último, afirmó: “Tenemos un cronograma ajustado a la aplicación del Reglamento y a que tengamos un concurso y el 22 de septiembre tengamos los mejores candidatos”. En tanto, anticipó que el martes 24 de junio a las 16 horas “vamos a recibir a las organizaciones y defensores del pueblo porque es fundamental porque le da transparencia y dinamiza el concurso.

En medio del debate por la definición de un cronograma para la designación de un nuevo Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el diputado libertario Nicolás Mayoraz (Santa Fe) apuntó contra las legisladoras de Unión por la Patria y retomó el discurso pro vida: “500.000 niños abortados en Argentina, así cuidan la niñez”.

Mientras el santafecino se quejaba por las fechas del cronograma, la falta de transparencia y la presencia de organizaciones para escuchar su postura, se cruzó con las legisladoras de UP, Brenda Vargas y Stefanía Cora, quienes lo cuestionaron a los gritos por “querer dilatar el tema” y le recordaron que durante el tratamiento de la Ley Bases no convocaron a todas las organizaciones sociales.

En ese momento, Mayoraz recogió el guante y les contestó exaltado: “Tuvimos semanas enteras en la Ley Bases, escuchamos a todo el mundo. ¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil trajeron aquí para decir qué quieren? ¿Cuántos?, y comparó: “¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil se escucharon acá? No se escuchó a nadie. El silencio es ensordecedor, no escuchan a la sociedad civil”.

“60% de pobres ustedes… 60% de pobres dejaron ustedes con sus políticas. 500 mil niños abortados. En la Argentina, eso hicieron, así cuidan la niñez”, lanzó en referencia a la ley del aborto.

Por iniciativa de la diputada y vicepresidenta del bloque radical, Karina Banfi, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó esta semana un proyecto de resolución por el cual reclama al Poder Ejecutivo que adhiera a la “Convención de La Haya sobre Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional”.

El proyecto establece las garantías y procedimientos adicionales a los amplios principios y normas establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Senadoras nacionales se comprometieron a impulsar un proyecto similar en la Cámara alta.

Tal como se explica en los fundamentos del proyecto, uno de los principales beneficios de adherir a esta Convención es la seguridad, previsibilidad y transparencia a todas las partes involucradas en la adopción, a través de salvaguardias robustas para prevenir el tráfico de niños y otras prácticas ilícitas entre ellas, la sustracción, la venta o el tráfico de niños en los procesos de adopción, mediante la determinación de procedimientos claros y la prohibición de obtener ciertos beneficios, como los materiales indebidos.

En este sentido, se realizó en Diputados un conversatorio sobre adopción internacional organizado también por Banfi del cual participaron, además de diputados y senadores nacionales, familiares que adoptaron niños internacionalmente y especialistas en la temática de la adopción tanto internacional como nacional.

“De aquí nos llevamos el compromiso de diputados y senadores de que se trate en ambas cámaras el pedido para que nuestro país adhiera a la Convención de La Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción Internacional”, destacó Banfi al finalizar ese encuentro.

La senadora santafecina Carolina Losada, Hernán Charosky, Edurne Ormaechea y Floorencia Rauch relataron sus experiencias personales, coincidiendo todos en la enorme burocracia que existe, las dificultades y el desconocimiento de parte de los funcionarios.

“En lugar de privilegiar el interés superior del niño, se termina privilegiando el interés superior del adulto, y eso genera muchas dificultades en el proceso de adopción”, remarcó Losada.

El empresario Daniel Grimbank y su mujer Andrea Prieta dieron también su testimonio de las enormes dificultades burocráticas que tuvieron en su experiencia de adopción internacional. “Tenemos que sacar trabas a algo que es muy engorroso, es una deuda que tenemos con la niñez. A la burocracia le agrego la ignorancia, que es un factor que alimenta los prejuicios”, remarcó Grimbank.

“La adopción internacional es legal en la Argentina, pero no tiene los procesos administrativos adecuados, normalizados, y hace extremadamente engorroso todo ese proceso”, señaló Banfi al comenzar el encuentro.

Natalia Florido, directora de la Red Argentina por la Adopción, lamentó “que en los últimos 20 años los cambios en materia de adopción fueron mínimos en la Argentina”.

Varios de los participantes, recordaron que nuestro país no adhirió a la Convención de La Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, el cual establece las garantías y procedimientos adicionales a los principios y normas establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. También recordaron que Argentina presentó reservas a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, por temores a delitos como son la trata y la venta de niños.

“En la Unión Interparlamentaria estamos trabajando para abordar estos temas. Estamos recopilando información para llegar a sacar una buena resolución cuando lo tratemos en la Asamblea”, señaló la senadora Lucila Crexell.

En este sentido, la coordinadora jurídica y administrativa de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH), Florencia Castro, señaló que “en nuestro país se avanzó mucho en temas de trata. Se podría revisar esta posición de la Argentina para que nuestro país pueda convertirse en un país receptor de niños para adopción internacional”.

Al mismo tiempo, Banfi destacó que “es muy importante que podamos separar lo que es el tipo legal civil de la adopción, de todas las penalidades que puedan caber a un sujeto por la sustracción ilegal para trata o venta de órganos. Intentando proteger a los niños par que no sean víctimas de la comisión de un delito como la trata, los hemos abandonado, por no priorizar el interés superior del niño cuando hablamos de adopción”.

Tanto las senadoras Losada y Crexell como las diputadas Roxana Reyes, Soledad Carrizo y la propia Banfi se comprometieron a trabajar para que estos temas estén en la agenda parlamentaria.

Justamente, en el encuentro el diputado Fernando Iglesias, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, se comprometió a incluir en el temario de esa Comisión el proyecto de la por el cual se solicita al Gobierno que firme la adhesión a la Convención de la Haya, el cual finalmente fue tratado y aprobado. Mientras que las senadoras Losada y Crexell afirmaron que impulsarán un proyecto igual en el Senado.

“Mi compromiso es que vamos a acompañar las iniciativas que apunten a dinamizar los procesos de adopción nacional e internacional. Canalizar estas realidades que hoy nos relatan estos padres y madres, buscando consensos para que esta problemática se ponga en agenda definitivamente y en coordinación con todas las provincias.”, afirmó por su parte la diputada Soledad Carrizo.

Previamente, la presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, Roxana Reyes, resaltó lo importante que es poner en agenda este tema. “Toda la burocracia judicial y las barreras a las que nos enfrentamos a la hora de iniciar un proceso de adopción deja a muchos niños, niñas y adolescentes transitando toda su vida esperando ser adoptados, con un Estado que no tiene la capacidad de reaccionar y dar la posibilidad de tener un derecho tan básico como es desarrollar su vida en familia”, explicó.

En su intervención ante el plenario que analiza la ley de Bases, el secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre, defendió este jueves enfáticamente la norma que modifica la Ley de los Mil Días.

De dilatada trayectoria en la materia, De la Torre recordó que “hace unos 10 años empezamos a hacer un diagnóstico de la situación materno infantil de los barrios. ¿Qué vimos? Que en las salas de 4 años de los barrios más humildes, los chicos hablaban entre 160 y 180 palabras; y en los medios privados, de otros sectores sociales, los chicos hablaban entre 600 y 800 palabras”.

¿Qué más vieron cuando hicieron ese diagnóstico? “Que los chicos de entre 4 y 5 años no tenían salas suficientes. No iban a salas porque no había vacantes… Si bien son obligatorias, llegaban a los 6, los ponían en primer grado. Hasta 4to grado no se repite en la Argentina, con lo cual ese chico que no había sido estimulado lo suficiente entre los 4 y 5 años, llegaba hasta cuarto grado”, señaló, para preguntar entonces: “¿Saben cuál es el pico de abandono de la escuela en la Argentina? En cuarto grado. A esos chicos después los vemos en las esquinas de los barrios, siendo soldaditos de algún narco”.

De la Torre agregó que después abandonan la escuela, por eso resolvieron que tenían que ir antes, “para que cuando los chicos lleguen a sala de 4 y 5 tengan las mismas oportunidades. Estudiamos los mil días, y es la etapa más importante del desarrollo de las personas. Los primeros mil días de vida son fundamentales, en esa etapa cuando un niño está en la panza tiene la capacidad de reproducir 250 mil neuronas por minuto; cuando está en el vientre de la madre, miren si no va a ser importante alimentar a esa madre, cuidarla…”. Alertó en ese sentido sobre la necesidad de evitar que ese chico no se vaya a desarrollar como corresponde, por cuanto “es el futuro de la patria”.

“Durante estos primeros mil días se desarrolla entre el 80 y 90% del cerebro del adulto, lo que no se desarrolló en ese momento, se perdió -destacó-. Hoy en la Argentina hay 62,9% de niños pobres; hoy más de 6 millones de niños se van a ir a dormir con hambre. Es importante acompañar esta ley, les pido que la acompañen porque es fundamental para el futuro de nuestra patria”.

El funcionario planteó que la ley anterior, la vigente, lo que brinda es la asignación universal de embarazo por 9 meses, “pero solo lo económico no alcanza, hay que acompañar a estas madres, protegerlas, cuidarlas, porque como les dije antes, llevan el futuro de nuestra patria”.

Agregó que la norma “viene a ampliar la ley anterior, que solo era ayuda económica. La idea es acompañarlas”. Recordó también que muchos le preguntaron por qué hablaban del “niño por nacer”, y dijo que lo hacían “para visibilizar, si no lo atendemos, perdimos 9 meses. Si la mamá está consumiendo, está desnutrida, si la mamá está sufriendo violencia, si la mamá no tiene los vínculos sanos, perdimos 9 meses, por eso es importante hablar de esa figura”.

“Por supuesto que lo económico sirve, pero además hay que acompañarla”, enfatizó, para destacar por último que “otra política que expresamos en la ley es la búsqueda activa de las embarazadas. Vemos que el 70% de los niños que se mueren en la neonatología, la mamá no había hecho controles; entonces tenemos que ir a buscarlas. Si faltan al centro de salud, tenemos que llamarla ver qué necesita. Si detectamos que ha habido un problema hay que ir a buscarlas. Lo hacemos también a nivel territorial”.

El intercambio con los legisladores

A la hora de las preguntas, la diputada Dania Tavela (UCR-Buenos Aires) le pidió retomar los conceptos de las leyes preexistentes y concurrentes que alimentan su programa y, como otras diputadas planteó que se hiciera a un lado hablar de personas gestantes. “Genera una plataforma de inseguridad jurídica, porque esta confusión de conceptos llevan a tratamientos desiguales y profundizan la falta de oportunidades”. Habló puntualmente del cambio del término de “violencia de género” por “violencia intra familiar”.

En el mismo sentido, Romina del Plá cuestionó “borrar el concepto de personas gestantes o de las diversidades de identidad de género, y reemplazarlos por ‘mujer’. ¿Alguien cree que por sacar la frase va a poder borrar la realidad, o también le van a aplicar el Código Penal a las diversidades sexuales? La realidad no se puede tapar solamente reemplazando conceptos”.

De la Torre aclaró una y otra vez: “A mí no me importa cómo se autoperciben las personas; a mí me importa que no sigan en la pobreza y de eso se trata esta ley no quiero faltarle el respeto a la sociedad con un debate ideológico. Y tenemos 62% de chicos niños pobres en la Argentina”.

Por su parte, María Eugenia Vidal coincidió en que la prioridad sea la primera infancia y el embarazo, pero reclamó “que el foco en la primera infancia no quite la prioridad de la adolescencia”. Y destacó que durante la gestión de Mauricio Macri “tuvimos buenos resultados en el embarazo adolescente. En tres años, bajanos el 55% los embarazos adolescentes”. Cuestionó, eso sí, las modificaciones respecto de la Ley Micaela, una norma que tuvo “amplio consenso del Congreso”, por lo que preguntó “con qué criterios se limitaron los sujetos de capacitación”, advirtiendo que “las personas que están involucradas en las áreas de prevención de violencia están capacitadas en la materia. ¿Cuál es el criterio por el cual se deja de capacitar a los funcionarios de la función pública?”.

“La violencia no tiene género”, remarcó el funcionario, que respecto de la Ley Micaela aclaró que “creemos que es una ley noble, pero no ha dado resultados. No está dando resultados. Hemos invertido millones, hemos hecho un ministerio de la Mujer. Sí lo que proponemos nosotros es que para las personas que tienen competencia sobre estos temas, sea obligatoria, y que lo para los demás sea optativo. Necesitamos en esta Argentina, que de alguna manera tiene un déficit y pobreza estructural muy grande, poner el dinero donde corresponde”.

Y reiteró que “esta ley no deroga no deroga ninguna ley de protección integral de la mujer ni contra la violencia familiar, solo amplia derechos.

Más adelante en el debate, volvió sobre el tema la diputada Silvia Lospennato, quien tras aclarar que ella ha sido “muy crítica” respecto del rol del Ministerio de las Mujeres, consideró que la Ley Micaela “es una herramienta útil, no solo para las áreas de Gobierno, sino para otras, como la policía, que son quienes reciben la primera denuncia. Lo mismo para el Poder Judicial. Se necesita que los funcionarios públicos tengan la capacidad de denunciar”, por lo que pidió revisar si es posible ese artículo.

La senadora nacional Natalia Gadano (Frente Por Santa Cruz) mantuvo una reunión con Ramón Dupuy, de la fundación Lucio Dupuy; y con Adrián Alfaro y Fernando Aramburu, de la Asociación Infancia Compartida, con quienes abordó la problemática que sufre la niñez, de violencia, abandono y manipulación, donde tras casos de divorcios conflictivos los menores padecen la desvinculación por años con alguno de sus padres.

“Nuestros chicos están abandonados, no hay derechos para ellos en Santa Cruz, la justicia tiene tiempos muy largos, y las familias sufrimos un montón”, alertó Gadano y contó: “Desde el bloque de Por Santa Cruz, nos pusimos en contacto con Infancias Compartidas y la Fundación Lucio Dupuy para abordar de forma conjunta las problemáticas de la niñez”.

Así, anticipó: “Vamos a trabajar para generar un espacio en la provincia con perspectiva de infancia, que sea para la infancia y por la infancia”, y agregó: “Hoy comenzamos a trabajar en un cambio grande y profundo para que los niños puedan vivir mejor”.

“En conjunto con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; el senador José María Carambia, y nuestros diputados santacruceños, vamos a trabajar para que se respecten los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Apuntamos a que casos como el de Lucio Dupuy no vuelvan a suceder”, planteó Gadano.

En tanto, remarcó que “es necesario también concientizar a la sociedad en materia de maltrato, violencia y abuso infantil, independientemente de quien la ejerza, para detectar de forma temprana estas situaciones y estar alertas”.

Por su parte, Alfaro expresó que desde la Asociación Infancia Compartida “no trabajamos con perspectiva de género, sino con perspectiva de infancia”, y comentó que en La Pampa lograron instaurar el 102, bien enfocado en la prevención y en la niñez.

“Tras analizar diferentes casos, se destacan tres o cuatro patrones comunes, y son los más terribles de todos, cuando el denunciante tiene algún tipo de problema psicológico, patológico, psiquiátrico, o hasta de comportamientos de violencia, y logra separar por años al niño del otro progenitor”, destacó Aramburu.

Tras su publicación en el Boletín Oficial, la presidenta de la comisión de Familia, Niñez y Juventudes, y autora del proyecto, Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) celebró el avance e invitó a las jurisdicciones a sumarse para su cumplimiento eficaz.

La ley de creación del Plan Federal de Capacitación sobre derechos de Niños, Niñas y Adolescentes ya es un hecho en la Argentina tras su publicación en el Boletín Oficial. El objetivo es que todas las personas del ámbito público puedan capacitarte en esta materia.

“Invito a las provincias a adherir a la recientemente sancionada ley Lucio. Sabemos la enorme importancia que tendrá para el cumplimiento eficaz y no meramente declarativo de los derechos de la infancia y adolescencia, que todas las jurisdicciones cumplan con esta ley de formación para la prevención y el tratamiento adecuado para la protección de cada uno de los derechos ya largamente proclamados en la Convención sobre Derechos del Niño, con rango constitucional y la ley 26061”, sostuvo Reyes.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de Diputados indicó que “es relevante la adhesión por la sustancia de su objetivo y a la vez, es urgente por la crítica situación de la niñez en nuestro país”.

“Es esencial es que cada uno de los integrantes de los servicios que integran el sistema de protección, desde el funcionario de más alto rango hasta quienes recién se inician en el servicio de las áreas que lo integran: educación, salud, oficinas administrativas de derechos de infancia, como las instituciones no estatales, que  prestan servicios de cualquier índole a personas menores de edad, y los actores del poder judicial, cuenten con información adecuada y sobre todo formación rigurosa acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes y  la forma en que se  previene su incumplimiento a través de  los mecanismos que cada jurisdicción debe implementar”, explicó sobre la norma.

Y finalizó: “La democracia se empobrece irremediablemente cuando no se sabe proteger adecuadamente y en el tiempo debido los derechos de todos los habitantes, pero cuando se trabajan mal o tardíamente para evitar vulneraciones, nos acercamos a un absoluto deterioro institucional”.

Diputados aprobó este miércoles por unanimidad, con 175 votos a favor, un proyecto que busca crear el Programa Pubertad Precoz, para garantizar el acceso a la detección, diagnóstico y tratamiento integral para el abordaje de la pubertad precoz central (PPC) en niñas y niños. 

La pubertad precoz es una condición que lleva a los niños y niñas a adquirir en forma temprana caracteres sexuales secundarios. Esta problemática no se reduce sólo a cambios físicos, también conduce a otros emocionales y psicológicos. Así lo había expresado en la semana la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, al reclamar la media sanción.

Precisamente el lunes pasado la presidenta de la Cámara recibió a algunas de las madres que luchan para hacer realidad la creación del Programa Pubertad Precoz. Al respecto explicó que la iniciativa que busca, entre otras cosas, "avanzar en el acceso gratuito del diagnóstico, la asistencia y la provisión de la medicación; generar protocolos de actuación; fomentar la capacitación de los profesionales de la salud e impulsar campañas de concientización”.

Como miembro informante, la diputada Mónica Fein (Partido Socialista – Santa Fe) explicó que el tema tiene proyectos pertenecientes a distintos bloques de la Cámara de Diputados, pero destacó que “tiene una importante labor de padres, madres y familias que no solo han impulsado, con cada bloque. Se han reunido con la Comisión de Salud y plantearon la necesidad de avanzar con este programa de Pubertad Precoz”, tras lo que agradeció tanto a los legisladores como a las familias “por su tarea”.

También agradeció a la Comisión de Salud -que ella preside- por la aprobación por unanimidad la “mayoría de los temas que hemos propuesto con un gran trabajo de los equipos técnicos”.

Respecto a los objetivos del programa, destacó: “La detección, el diagnóstico y el tratamiento integral del abordaje de esta enfermedad es fundamental”, y acotó que “es fundamental y es lo que estamos incorporando”.

“Es lo más frecuente en consultas a endocrinología pediátrica y es 10 veces más frecuente en niñas que en niños”, informó Fein y describió a la pubertad como “una etapa de transición que todos tenemos. Conecta la infancia con la adultez. Ocurre entre 8 y 13 años en niñas y entre 9 y 14 en varones y se producen cambios hormonales que conducen a adquirir características sexuales secundarias, finalizar el crecimiento físico del cuerpo y adquirir las capacidades de reproducción”.

Y explayó: “Todos esos cambios están vinculados a una adecuada maduración del eje hipotálamo hipófisis gónadas.  El periodo previo se caracteriza fundamentalmente por inhibir justamente el sistema que controla la secreción de las hormonas que vienen de las glándulas hipófisis y estimulan a los ovarios y a los testículos para fabricar hormonas sexuales”.

“Es importante el desarrollo sexual que se produce como consecuencia de la reactivación prematura de la secreción de estas hormonas. Esta reactivación que se realiza antes de tiempo lleva a la adquisición de capacidades reproductivas a edad prematura que adquieren características secundarias como si atravesaran la etapa puberal. Significa el crecimiento de senos, menstruación temprana, agrandamiento de testículos, vello facial, aumento de la gravedad de la voz, un grave cambio en un niño y niña, pero, además, un impacto psicosocial que con esta ley venimos a decir que hay que tomar adecuadamente”, expandió en su discurso la santafecina.

Al finalizar su intervención, remarcó que el programa a crear contempla el acceso a un diagnóstico y tratamiento oportuno con claridad porque “el diagnóstico de pubertad precoz se realiza por exámenes y consiste en la provisión de medicamentos que suprimen la secreción de hormonas sexuales hasta su edad habitual”.

A continuación, el diputado nacional Daniel Gollán (FdT – Buenos Aires) sostuvo en el recinto que “estas leyes vienen a darle estadía en el tiempo” alas diferentes resoluciones sobre la PPPC, y agregó que “ayuda a resolver de forma indirecta a las jurisdicciones provinciales que no pagan tratamientos”.

En esa idea, remarcó que “una ley nacional refuerza el programa”. Del mismo modo, expresó que “este derecho que se consagra para 2.500 familias que tienen este problema, en una enfermedad poco frecuente que no hay muchos casos e incidencias (más de 8.000 casos), requieren tratamientos de alto costo”.

“Está el desafío de lograr avanzar en un proceso y el acceso para conseguir que estos medicamentos esten al alcance de los financiadores de sistema de salud”, enfatizó Gollán. Así también, explicó que “es una enfermedad predominantemente femenina (veinte casos a uno) donde el 98 por ciento son de tipo central y hay casos periféricos que ameritan ser contemplados en los diagnósticos”.

En el final de su alocución, destacó que esta ley provee “el acceso gratuito al diagnóstico, la asistencia integral y la medicación adecuada para los niños y niñas que padezcan PPPC en todo el territorio de la República Argentina”.

“Estamos confirmando que la salud debe estar al alcance de todos y no debe ser regulada por el mercado”, concluyó.

Qué busca el proyecto

Este proyecto, que fue impulsado por los diputados Rubén Manzi y Carla Carrizo, tiene como funciones entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad en sus aspectos médicos y sociales. 

También promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la PPC, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico.

Prevé realizar estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.

La diputada nacional Romina Del Plá (PO/FIT-U) criticó los recortes en discapacidad y en el área educativa ante la reunión de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja a la que asistió la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, a quien le consultó por la intervención de la institución en esos temas.

En su intervención Del Plá advirtió: “Podemos partir de la consideración que la situación de la niñez en nuestro país está en un cuadro de extrema gravead y vulnerabilidad”, y se refirió a los recortes en el área de discapacidad.

“En medio de los varios recortes, si bien mañana se va a abordar en la Comisión de Salud el tema, está claro que estamos frente a una situación aguda en relación a que ya había muchas dificultades en el abordaje de la discapacidad en la que muchos niños y niñas padecen esta dificultad, pero ahí vemos en dos aspectos y preguntamos si ha habido alguna intervención en relación a los recortes que están afectando a las prestaciones de tipo privadas en cuanto a acompañantes terapéuticos, especialistas”, explayó la diputada.

También, se refirió al área educativa: “La falta de docentes para la inclusión, la enorme limitación que hay en este sentido y el reforzamiento de las escuelas especiales que en muchas jurisdicciones está en pleno proceso de desmantelamiento en lugar de reforzarlas”.

Al responder, Graham informó: “Tenemos denuncias en este momento sobre obras sociales que no cubren determinadas prestaciones, y allí estamos exigiendo que se cubran esas prestaciones a las obras sociales”.

“Hay un margen de prestaciones a las cuales las obras sociales están obligadas, por ejemplo, algunos apoyos que tienen que ver con acompañamiento terapéutico, pero hay otros apoyos que tiene que ver con talleres como talleres de música para niños autistas que es para ese niño, eso no esta cubierto”, explicó la funcionaria.

Además, contó: “Venimos trabajando con algunas expertas psicólogas y psiquiatras que trabajan el espectro autista porque son los que más complicaciones tienen en las coberturas que es que las obras sociales cubran aquello que por ley si tiene que cubrir como el acompañante terapéutico, porque no se toman en cuenta los talleristas que son para esa patología y más contundentes para acompañar ese proceso”.

“Un tema es exigirle a la obra social que cumpla, ahora entraron tres casos de CABA, y también exigir una reforma de la Ley para tener en cuenta que la terapia no es solamente aquello que hace un médico o psiquiatra, sino que también hay terapias de otro tipo”, remarcó Graham.

Sobre las escuelas especiales, señaló que “hay un debate histórico. Hay un sector que respetamos mucho que dice que hay que salir de esta idea de anormal y normal y entonces poner anormal en una escuela especial y por eso hablan de escuelas con apoyo. Y hay otros que dicen que los niños especiales tienen que ir a una escuela y estar integrados y tener el apoyo dentro del ámbito escolar”.

Al respecto, consideró: “Tenemos que terminar este debate que empezó por lo menos hace 20 años. O salimos por arriba o encontramos alguna tercera solución que, por ejemplo, que algunos niños necesitan alguna escuela especial y otros pueden ser absolutamente integrados con un acompañamiento porque no todas las discapacidades motrices ni mentales son iguales. Un proyecto de ley podría superar este debate histórico porque si hablas de niños especiales estas discriminando, entonces hay que bajar todo eso”.

La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Marisa Graham, asistió este martes a la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, que preside la radical Roxana Reyes (Santa Cruz), para brindar su informe anual en el que alertó: “Desde el inicio de la gestión nos inundaron de denuncias de abuso sexual infantil, es un tema de alta preocupación”.

En su ponencia, también sostuvo que “la Ley de Salud Mental será muy de avanzada para los adultos, pero no incluye a la niñez y la adolescencia”, y pidió que “hay que reformarlo”. También que abogó por la renovación de la Ley de Discapacidad y el régimen penal juvenil.

En su exposición inicial, Graham recordó que la Defensoría "es un organismo de derechos humanos, de un tercio de la población que son las personas hasta 17 años; es autónoma, autárquica e independiente. No depende ni responde a ninguno de los poderes, e incluso puede interpelar al Poder Judicial".

Al recordar que ella junto a los defensores adjuntos juraron en febrero de 2020 y luego vino la pandemia, mencionó que la tarea "fue muy difícil" porque era "un organismo que se creó desde menos diez, no desde cero". Sin embargo, "a pesar de esa dificultad hicimos muchísimo en el 2020 y mucho más en el 2021", destacó.

Y sobre ese 2022, año en que se retomó la presencialidad a pleno, "hubo como una explosión de la Defensoría, nos instalamos más en la población y se definió un poco más cuál es nuestro rol", resaltó.

La funcionaria agregó que estuvieron "un año y medio armando equipos que no se conocían", lo cual "fue un obstáculo, pero también una fortaleza" que "generó una cohesión importante". A continuación, detalló la estructura del organismo, compuesto por una diversidad de profesionales. "Somos el 60% mujeres y el 40% varones", detalló.

Graham subrayó: "Hemos dado un salto cualitativo teniendo en cuenta que todavía ni siquiera hemos cumplido tres años de existencia como institución". Y reveló que poseen un "estatuto interno de avanzada", a partir del cual, por ejemplo, "hay paridad absoluta" en cuanto a las licencias por paternidad, maternidad, adopción o distintos cuidados para todos los trabajadores.

"Trabajamos fundamentalmente con pronunciamientos, comunicaciones y recomendaciones; con campañas de difusión y sensibilización; con mesas de trabajo, con aportes técnicos y con convenios marco con distintas organizaciones", contó, a la vez que enumeró las "redes" que "acompañan la gestión de la Defensoría" tales como "defensores provinciales, legisladores provinciales por los derechos de los niños, organizaciones territoriales, y promotores de derechos de los niños" que son "150 chicas y chicos de todas las provincias del país".

En un tramo de su presentación, la defensora aseguró que desde el inicio de la gestión "nos inundaron de denuncias de abuso sexual infantil, lo cual es un tema de alta preocupación. Creo que tiene que ser de preocupación para toda la sociedad".

Al relatar uno de los casos en los que más trabajó la Defensoría, la funcionaria se refirió a la niñez indígena, de la cual hay un proyecto del diputado Daniel Arroyo al cual expresó su apoyo. "Si hay un nene o una nena, un chico o una chica vulnerable en la República Argentina, son los niños de los pueblos originarios", señaló.

Sobre el trabajo realizado con la comunidad wichí en el Chaco Salteño, contó que la Defensoría fue "a hablar con las autoridades, con el gobernador, con los ministros" y que viajaron a visitar el territorio muchas veces. Se armaron mesas interministeriales y "logramos reducir un poquito la mortalidad infantil", apuntó. Sin embargo, "en septiembre de 2021 ese círculo virtuoso que de alguna manera se había gestado, se rompió, dejó de funcionar".

A partir de ello iniciaron un amparo a la provincia de Salta, que respondió con medidas cautelares. "Nosotros pedíamos garantizar agua, conectividad, caminos, salud, alimentación oportuna y de calidad", expresó, y agregó: "Se requiere de decisión política, presupuesto y un acompañamiento del Gobierno nacional a estas políticas que tiene que desarrollar la provincia".

Actualmente aguardan por un fallo de la Corte de Salta, y de ello dependerá si presentan un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informó Graham. "Lo pongo de ejemplo no para estigmatizar, sino para mostrarles como venimos trabajando", dijo y ponderó que entre las cosas que sí se lograron, se otorgaron 3.500 DNI entre la niñez indígena. "Siguen esos operativos, eso funcionó y funciona, lo que no funciona es lo otro, que es vital", sumó.

La defensora también mencionó que trabajaron con la niñez migrante; con gestiones para que la Tarjeta Alimentar se ampliara a familias con hijos hasta 14 años; y con bajar el piso del Progresar. "Hay cuestiones que todavía quedan de lo que nosotros llamamos el tutelarismo clásico", indicó, y remarcó que uno de ellos es la salud mental.

"La Ley de Salud Mental será muy de avanzada para los adultos, pero no incluye a la niñez y la adolescencia y eso hay que reformarlo", afirmó Graham, al igual que abogó por la renovación de la Ley de Discapacidad y el régimen penal juvenil. Asimismo, hay que "aggiornar la Ley 26.061, que fue un salto cualitativo en su momento, pero hay cosas que podríamos incorporar, por ejemplo, el tema de trabajo infantil".

Graham ratificó: "Estamos trabajando mucho para que haya defensores en todas las provincias, que sean pares nuestros y que se incorporen a una red horizontal y federal de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes".

A su turno el defensor adjunto de la Defensoría, Facundo Hernández, procedió a explicar cómo actúan en la defensa de los derechos: “Tenemos un área de admisión de casos porque no podemos intervenir en todos porque haríamos mal nuestro trabajo. Tenemos que rejerarquizar el sistema de protección porque después deben transitar y ser atendidos por los lugares originarios de donde son los casos. Solo en los casos donde no obtenemos respuesta en tiempo y forma ahí interviene la Defensoría”.

“Junto con los litigios estratégicos, lo que se busca es fortalecer y jerarquizar el sistema de derecho que es lo que debería funcionar bien en Argentina y además estamos yendo hacia un sistema federal independiente de todos los dispositivos donde haya niños, niñas y adolescentes”, añadió.

Y sumó: “En materia de admisión de casos es de mayo de 2021 a mayo de 2022 son 441 casos. Este año hubo un salto de un 40% entre 2020-2021 y 2021-2022. De mayo a este año hay 112 nuevos casos. El total de casos que tiene la defensoría desde su creación es de 756 que muchos no son individuales”.

“El grueso de los casos tiene que ver con procedimientos con cuestiones de familia que están siendo abordadas de manera conflictiva en el Poder Judicial. En materia de requerimientos hay una fuerte preponderancia en la provincia de Buenos Aires algo que nos interesa revertir y para lo cual estamos pensando distintas alternativas”, explicó Hernández y agregó: “En materia de quiénes nos requieren hay una preponderancia de que sea un familiar o el referente afectivo del niño o niña. El segundo caso que tomamos de oficio tiene que ver con violencia institucional”.

En esa línea, precisó que “de los 441 casos que ingresaron se llevaron a cabo 4.400 gestiones que van desde pedidos de informes, notas judiciales, articulaciones, asesoramiento, mesas de trabajo. De estos casos 65 son los que forman parte del litigio estratégico donde ponemos mayor peso de las herramientas defensoriales con mayor profundidad”.

Sobre la Ley 22.278, comentó que “hay dos proyectos de ley actualmente con estado parlamentario, pero los dos con edad de 14 años porque no corresponde bajar la edad de imputabilidad porque es algo que reclama el Comité de Naciones Unidas”.

“Una Ley Nacional de reparación histórica de niñez indígena es importante porque es algo que vimos como problema en la falta de un diagnóstico, de planificación, de coordinación y de evaluación de políticas públicas provincias y nacionales. Hay mucho trabajo de terreno, pero falta coordinación”, cuestionó.

En materia de nudos críticos, señaló que “tres provincias no cuentan con la Ley de Protección Integral, nueve provincias tienen algún grado de adecuación de leyes procesales penales, 15 provincias no receptan normativamente la figura de Defensor y, de las 9 que si, 4 no la implementan. Hay una falta de centralidad del sistema de diseño de políticas públicas”.

Entre los obstáculos que se les presentan para el ejercicio de su función precisó que “principalmente pasan por el Poder Judicial y Ministerio Público de la Defensa que no nos reconocen la legitimidad”.

En una reunión que se extendió por más de dos horas, cinco defensores provinciales expusieron ante la Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, donde reclamaron por una serie de reformas legislativas y la necesidad de mayor inversión presupuestaria para efectivamente llevar adelante políticas públicas.

Los funcionarios de Córdoba, La Pampa, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero, donde actualmente existen Defensorías especializadas, también abogaron por la creación de instituciones específicas que trabajen en el cumplimiento de los derechos de este sector de la población, y la cuestión no se transforme solamente en algo declamativo.

En primer término expuso la defensora del Niño de Córdoba, Amelia López, quien apuntó que desde que asumió en su cargo, en 2016, se realizó una "reorganización de la institución" y se puso en marcha "un área que cumple funciones de asistencia, de acompañamiento y de supervisión, un área conformada por un equipo multidisciplinario, donde confluyen abogados, asistentes sociales, psicólogos y mediadores. Esta área va haciendo el seguimiento de los casos".

En tanto, hay otro equipo encargado de "actividades de supervisión de las residencias de niños sin cuidado parental" y de los centros socio-educativos penales juveniles, precisó. "También tenemos un equipo que trabaja sobre promoción de derechos", con la escucha de niños y adolescentes, y "un área de monitoreo de derechos", añadió.

López resaltó el trabajo articulado entre los defensores provinciales "antes de la elección de la defensora nacional", como cuando estuvieron juntos en "resistir la baja de la edad (de imputabilidad) e insistir en la necesidad de medidas alternativas", cuando durante el gobierno anterior se puso en discusión el Régimen Penal Juvenil.

No obstante, reconoció que la designación de Marisa Graham "marcó un nuevo espacio", donde hay "un sistema de recíproca colaboración". En ese marco, opinó que "este es un momento importante para hacer una revisión en torno a cuál debería ser la función y el rol de acompañamiento que la comisión bicameral haga a la Defensoría Nacional, al proceso de federalización de las Defensorías provinciales y acompañe también esta agenda, pero no superponiendo actividades".

Muy puntual en su lista de sugerencias a las legisladoras, el defensor de Niños de La Pampa, Juan Pablo Meaca, recordó que al llegar al organismo "la primera acción directa que tuvimos fue el retiro de los bebés del sistema penitenciario", un tema que "tiene que ser tomado por el Congreso de la Nación: la permanencia o la existencia de bebés o niños en los sistemas de privación de libertad de adultos vulnera convenios y normas a las que nuestro país está adherido en cuestión de derechos humanos".

También mencionó, en referencia a las intervenciones ante situaciones de abuso sexual infantil (ASI), que es "un tema en el que hay que abocarse para tener reglas claras en todo el país, sobre cómo se atiende a la víctima, cómo le garantizamos los derechos al niño, cómo lo acompañamos". Entonces, solicitó "modificar el Código Penal porque las penas para abusadores de niños tienen que ser elevadas, porque hoy es bastante escasa la condena que tienen, y rápidamente recuperan su libertad, en un delito de alta reincidencia".

En su exposición, Meaca consideró que "es extremadamente necesaria" una ley de sistema penal juvenil. "Es vergonzoso que no tengamos una ley de fondo, y en las provincias se termine improvisando", dijo. Además, enfatizó que "los derechos de los niños son presupuesto" y "si no están las partidas garantizadas, en realidad el derecho de los niños solo es declarativo". "La Ley de Niñez implica un nuevo estudio", agregó, entre otras cuestiones.

A su turno, Miguel Molina, defensor del Niño de Misiones, observó que en la sociedad "el niño es considerado como propiedad y no como sujeto de derecho" y también "es considerado inhábil". En consonancia con Meaca, subrayó que "toda decisión tiene un costo y si no hay presupuesto para resolver las cuestiones que afectan a los derechos de niñas, niños y adolescentes, la cuestión deviene en declarativa".

"No tengo dudas sobre la necesidad de la creación de las defensorías en todas las provincias", impulsó el funcionario, que abogó por "la creación de un área específica de la niñez", que representa el 40% en su provincia y el 36% a nivel nacional, sin embargo "no tenemos instituciones especificas que se ocupen de los niños".

En esta línea, pidió que la creación "en el ámbito del Senado de una comisión de Niñez y Adolescencia, porque es absolutamente necesaria". En otro pasaje, Molina aseveró que "los niños necesitan más del (Poder) Ejecutivo y (Poder) Legislativo y menos del (Poder) Judicial"; y ponderó la "ley de acogimiento familiar", como poseen a nivel provincial.

"El contexto de pandemia agravó el sector de los niños, y hoy es el más vulnerado y vulnerable. Sin embargo esa problemática está invisibilizada. Son quienes más han sido afectados, quienes más han sido privados de la escuela, de los abuelos, de los juegos, de la vacuna", observó.

Otra de las defensoras que expuso fue Analía Colombo, de la provincia de Santa Fe, quien destacó el trabajo "articulado" entre el puñado de defensores de los derechos del niño que hay en el país, quienes coinciden en "identificar cuáles son los temas transversales y prioritarios" sobre este sector de la población. "Hay temas que hoy siguen increíblemente invisibles", lamentó.

En sintonía con Molina, llamó a "avanzar para que niñas, niños y adolescentes en todas las provincias cuenten con una figura de defensor" o "al menos que haya áreas especializadas de niñez en todas las provincias, siendo óptimo que dependan del Ejecutivo".

Asimismo, al explicar el trabajo que realiza la Defensoría, Colombo resaltó que hay que propiciar que los niños y adolescentes "sean sujetos activos de la palabra, creo que eso es una asignatura pendiente, porque todo está centrado en la decisión de los adultos".

La funcionaria manifestó que la pandemia "profundizó las vulneraciones de derechos" y "más del 60% de niños y adolescentes del país son pobres". "Es estructural que estén en agenda, con temas urgentes y emergentes", enfatizó. Además, mencionó el "derecho a una vivienda digna"; pidió por una ley de sistema penal juvenil que "derogue un nefasto decreto ley de la última dictadura militar; no es posible que hoy los adultos estén en mejores condiciones de niños y adolescentes"; y atender la cuestión de la Educación Sexual Integral.

Finalmente, Leandro Dubre, quien hace un mes asumió como defensor del Niño de Santiago del Estero, remarcó las dificultades presupuestarias que afrontaba el organismo, donde "nos encargamos específicamente de resolver casos judiciales". Recién el año pasado se destinaron recursos y, a partir de ello, se está realizando una "concientización e institucionalización de todas las temáticas de niñez", reveló.

Sobre algunas de las acciones que realiza la Defensoría, el funcionario contó que se está trabajando en "áreas que tienen que ver con la violencia institucional", a partir del caso de Abigail Jiménez, cuando "se vio reflejada la vulneración en niños en época de pandemia". En ese sentido, se avanzó en un convenio con la SENAF para la capacitación "en la mirada del niño en las fuerzas de seguridad en todas sus jerarquías".

"Hoy somos una Defensoría adjunta. Creemos que la Defensoría del Niño debe ser independiente", sostuvo y reiteró: "Debe contar con un presupuesto propio, sin ello es imposible llevar mecanismos macro, sino solo nos detenemos a resolver casos puntuales, sin poder llevar políticas de concientización en otras áreas".

Durante la reunión también expuso, brevemente, Daniel Molina, Coordinador Federal de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes -que encabeza Marisa Graham-, quien ponderó el "diálogo permanente con los defensores provinciales" quienes "hacen aportes muy ricos a diferentes áreas de la Defensoría". Y destacó las conversaciones con 17 provincias para que, a través de las Legislaturas provinciales, avancen en la creación de una Defensoría local, al tiempo de trabajar en "el seguimiento de lo que es la política (de niñez) a nivel provincial".

Legisladoras que integran la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -presidida por la diputada Paola Vessvessian (FdT)- acordaron este lunes la pronta visita de Gabriel Lerner, el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Según se programó, el funcionario expondrá ante la comisión el próximo lunes 19 de julio a las 10.

Además, diputadas y senadoras avanzaron con un proyecto de resolución que reúne conclusiones sobre el informe que días atrás brindó la defensora de los derechos del Niño, Marisa Graham.

En dicha resolución, destacaron que la Defensoría ha tenido -en su poco tiempo de consolidación- "articulación con instituciones gubernamentales de todos los niveles, con organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales locales en temáticas referidas a niñez y adolescencia".

Asimismo, el organismo tuvo "intervención federal en problemáticas que se han acentuado con la pandemia como lo son la salud, la educación y la pobreza" e "intervención directa ante casos de amenazas o vulneración de derechos, especialmente en aquellos lugares donde todavía no existen dispositivos locales de protección de derechos", en alusión a la falta de defensores provinciales.

Por otra parte, entre las propuestas que plantearon las legisladoras, la diputada Claudia Bernazza (FdT) destacó que se realizará una jornada de debate referida a la crianza comunitaria, algo que consideró "el punto donde radica un vórtice de los temas referidos a la vulneración de los derechos de la niñez".

"La interpretación de la Ley (26.061) y su aplicación, tanto en sedes judiciales como administrativas, no cumplen con el espíritu tanto de la norma como del legislador", sostuvo y advirtió que "muchas veces, bajo nuevos nombres, como casas de abrigo, hogares convivenciales, se esconden los institutos de menores".

Por eso, celebró poder invitar a "referentes sociales de estas respuestas -en referencia a la crianza comunitaria- que tienen seguramente mucho para contarnos y decirnos".

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el senador Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto de ley para instituir una "Libreta de Salud Infantil Inclusiva" como documento único de información, destinada al registro de los controles periódicos del estado de salud general de la población materno infantil y adolescente, que incluya información propia del Síndrome de Down y otras patologías discapacitantes y prevalentes en la población infantil.

El exgobernador de Mendoza manifestó que “si bien en nuestro país existe la Libreta de Salud para Niño/a, hay jurisdicciones que no cuentan con este documento y aquellas que lo poseen tienen diversas modalidades de registro. Necesitamos contar con un marco general a nivel nacional y que, a su vez, se amplíe el alcance de la población a la cual está destinado el documento. Es por eso que presentamos esta iniciativa”.

“Proponemos pautas mínimas comunes de elaboración de la libreta de salud infantil para tener un registro uniforme y permitir el seguimiento de la salud de niños, niñas y adolescentes. El proyecto amplía el horizonte de inclusión de los niños, niñas y adolescentes, incorporando a la libreta de salud de referencia a personas con discapacidad. Se considera la inclusión de la población infantil y adolescente con Síndrome de Down y se plantea la evaluación de acceso de otras patologías discapacitantes y prevalentes en la población infantil y adolescente del país”, explicó el radical.

El legislador insistió que “para la construcción de una ciudadanía diversa e inclusiva en términos de derechos, a los controles establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación para niños sin patología significativa de base, se incorporan a los niños, niñas y adolescentes con Síndrome de Down, y así lograr un adecuado seguimiento de su desarrollo y crecimiento, unificando las actuaciones profesionales en este sentido”.

“Esta iniciativa responde a la inquietud y necesidad expresada por la Asociación de Síndrome de Down de la Provincia de Mendoza (ADOM), que promueve el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", reveló.

Por último, Cobos sostuvo: "Pretendemos que el niño, niña y adolescente con Síndrome de Down y su familia se encuentren contenidos y acompañados por el sistema, brindándoles apoyo y orientación, como así también proveerles de información significativa para el ejercicio de sus derechos. El cuidado de la salud y la estimulación temprana les brindará mayores oportunidades para una vida plena".

La diputada nacional Jimena López (Frente de Todos-Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para crear un régimen de protección integral y establecer un marco normativo específico de acompañamiento y seguimiento de niños, niñas y adolescentes que padecen cáncer.

“La detección temprana es esencial para hacer frente a esta enfermedad potencialmente curable, así como la asistencia integral”, fundamentó López.

Según precisó, en Argentina entre 1.300 y 1.400 niñas y niños menores de 15 años son diagnosticados con cáncer, lo que equivale en promedio a casi cuatro casos por día.

El tipo de cáncer pediátrico más frecuente es la leucemia, con un 37% de los casos, seguidos por tumores del Sistema Nervioso Central, linfomas y tumores sólidos.

El Hospital Garrahan recibe aproximadamente 500 pacientes de cáncer infantil por año y las tasas de sobrevida a los tratamientos superan el 70%, una cifra que lo iguala con los mejores centros oncológicos mundiales.

El proyecto presentado por López propone, en primer lugar, crear el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), que llevará un registro de todos los casos de cáncer pediátrico diagnosticados en el país, y deberá brindar un registro anual actualizado.

El Instituto Nacional del Cáncer, a su vez, extenderá una credencial gratuita denominada “Certificado Único Oncopediátrico”.

La iniciativa establece que el sistema público de salud, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar una cobertura del 100% en la provisión de medicamentos específicos y no específicos (de profilaxis), estudios diagnósticos como radioterapia, quimioterapia, traslados y prácticas de atención.

Además, el Estado nacional deberá otorgar a los beneficiarios una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad.

Otros beneficios que otorga el proyecto son la gratuidad en la utilización del transporte público, el libre tránsito y estacionamiento, y la exención del pago de la tarifa de peaje.

Por otra parte, se deberá garantizar al paciente y su acompañante una vivienda digna con las condiciones edilicias y de seguridad sanitarias e idóneas para construir un hábitat propicio durante el tratamiento, de acuerdo a las condiciones particulares de cada situación.

Por último, el proyecto indica que los progenitores o representantes legales que sean empleados públicos o privados gozarán del derecho a una licencia laboral especial remunerada de hasta 180 días al año, que les permita acompañar a los niños en los distintos tratamientos.

Un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados avanzaron con el dictamen favorable de un proyecto de ley que prevé la creación de un programa nacional de prevención contra el grooming o ciberacoso a niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado el pasado 3 de septiembre. Tras la firma, el despacho quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. Según supo este medio, por partes de fuentes legislativas del oficialismo, el tema era una de las prioridades en la agenda antes que culmine el período ordinario de sesiones.

Durante el debate, la titular de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes (UCR), señaló que "durante la pandemia los casos de ciberacoso se han incrementado en un 30% según la organización Grooming Argentina, por eso es fundamental sensibilizar y generar conciencia en la población sobre esta problemática para evitar vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes".

En tanto, la bonaerense Laura Russo (FdT) consideró que "la creación este programa profundiza el espíritu de leyes vigentes, como fue en el año 2013 con la incorporación al Código Penal de este tipo de delitos".

La oficialista expresó que la "preocupación" por esta problemática aumentó con la pandemia, durante la cual "se ha intensificado el uso de las redes sociales y la conectividad en general". Además, advirtió que el ciberacoso "es la antesala de otros delitos como trata de personas, pornografía infantil, abuso sexual, entre otros".

A su turno, la diputada Karina Banfi (UCR) resaltó "el valor que tiene la concientización y alfabetización digital" y el hecho de discutir "cómo podemos colaborar desde el Estado para que haya un aprendizaje a través del conocimiento en cómo manejar las herramientas TIC's".

También destacó las conversaciones que encabezó Pablo Carro "con las cámaras de TIC's para que sean las empresas un factor colaborativo en todo el proceso de persecución del grooming y ciberacoso, y puedan colaborar con el Estado".

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Pablo Carro (FdT), reveló: "Sabíamos que había preocupación de las cámaras por las dificultades técnicas que podía generar la aplicación de la ley, pero hemos hecho todas las consultas". Sobre ello, contó que una vez sancionada la ley se realizará una reunión entre las cámaras y la autoridad de aplicación "para que se pueda aplicar de la mejor manera" la norma.

Durante la reunión, la legisladora Alicia Aparicio (FdT) enfatizó que este "es un flagelo que avanza fuertemente año a año y sobre el cual debemos tener políticas públicas claras para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes". "Solo en la provincia de Buenos Aires se hicieron más de 600 denuncias de grooming en el último año", apuntó y precisó que "más de un 60% de los menores hablan con extraños en las redes sociales".

Por su parte, la diputada Camila Crescimbeni (Pro) aseguró que "es imprescindible estar presente donde los jóvenes ya están" y mencionó "la importancia de las familias en el acompañamiento y la prevención". "Hablar siempre es el primer paso y ahí es donde el Estado tiene que acompañar ese camino", continuó.

Además, la macrista sostuvo que "la salud mental y emocional tiene que ser puesta en relevancia" y "hay que invertir mucho más" en ese área. Al respecto, indicó que el Presupuesto 2021 contempla partidas por "el 1,47%" y "debería haber un 10%" destinado a salud mental.

Qué prevé el proyecto

El proyecto dispone la creación del “Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes”, que tendrá como objetivo “prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre la problemática del grooming o ciberacoso a través del uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) y de la capacitación de la comunidad educativa en su conjunto”.

En la iniciativa se define como grooming o ciberacoso a “la acción en la que una persona, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

Los objetivos del programa son: generar conciencia sobre el uso responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación; garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al grooming o ciberacoso; capacitar a la comunidad educativa a los fines de concientizar sobre la problemática del grooming o ciberacoso, diseñar y desarrollar campañas de difusión; y brindar información acerca de cómo denunciar este tipo de delitos.

Además, se dispone la inclusión, como pantalla de inicio de teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y tablets, de información tal como “la peligrosidad de sobreexposición en las redes de niñas, niños y adolescentes”; acerca de “la existencia de delitos cibernéticos, haciendo especial énfasis en los que atentan contra la integridad sexual”; consejos sobre “el rechazo de los mensajes de tipo pornográfico”; sugerencias a “no aceptar en redes sociales a personas desconocidas”, entre otros.

De acuerdo al proyecto, se deberá crear una página web con información referida al grooming o ciberacoso.

En tanto, el Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con organismos que propendan a la implementación del programa; coordinar un equipo interdisciplinario integrado por profesionales especialistas en la materia, que elabore planes de acción sobre prevención y concientización; organizar espacios de reflexión y debate en establecimientos educativos que reúna a niñas, niños y adolescentes y a sus padres, madres y/o tutores/as con el objeto de capacitarlos mediante talleres, seminarios y clases especiales; promover y difundir investigaciones relacionadas a la problemática del grooming o ciberacoso; y fiscalizar y verificar el cumplimiento de la ley, disponiendo la aplicación de las sanciones que correspondan en caso de infracción a la misma.

Por unanimidad (63 votos positivos), la Cámara alta dio luz verde a un proyecto de ley de Norma Durango (Frente de Todos) que crea el Foro Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes, en el ámbito del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.

El objetivo del Foro es “asegurar el cumplimiento del principio del derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados, establecido en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061, garantizando que su opinión sea tenida en cuenta para el diseño de políticas públicas en los temas sobre los cuales se expresen, como así también enriquecer su formación en el ejercicio de la ciudadanía”.

El Foro estará integrado por tres representantes y tres suplentes por cada jurisdicción, y deberá reunirse semestralmente en forma presencial, durante tres días consecutivos, para el tratamiento de los temas que se fijen de acuerdo al reglamento interno.

Los representantes serán elegidos a través del sistema educativo de cada jurisdicción por la población que al momento de la elección se encuentre entre los 11 y los 17 años de edad, y podrán ser candidatos quienes se encuentren dentro de la misma franja etaria.

Las recomendaciones o propuestas emanadas del Foro deberán ser consideradas obligatoriamente por la autoridad de aplicación de la ley, que tendrá que decidir si las toma en cuenta o las desestima, y explicar los motivos.

Durante el debate, Durango expresó que “la infancia sufre las crisis y las carencias como nadie, esto no es novedoso, situación que sin dudas la pandemia ha agravado considerablemente. Lo que sí es novedoso es contar con políticas públicas que ponen a las infancias en un primer plano, de un gobierno que entiende la urgencia y se ocupa verdaderamente de atender integralmente la problemática".

"Todos hablamos de los problemas que aquejan a los niños, niñas y adolescentes, sin embargo, ellos no cuentan con suficientes espacios para expresarse públicamente", enfatizó y dijo que cree "fervientemente" que "los niños tienen opinión acerca de los temas que los preocupan y que desde su visión pueden hacer aportes muy importantes y, por lo tanto, nuestro deber es crear ese espacio".

En ese sentido, la pampeana destacó que en su provincia existe el Consejo Provincial de la Niñez, donde los menores "tienen una participación activa en temas propios y de la provincia".

"Aspiramos a una sociedad cada vez más participativa y el ejercicio del derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados es cada vez más, un factor fundamental de los procesos de participación", continuó.

Y finalizó: "Escuchémoslos, aportarán su visión sobre temas que ellos mismos consideren importantes y, al mismo tiempo, los adultos preparémonos para escuchar sus opiniones y dialogar con ellos, en especial quienes asumimos responsabilidades como funcionarios y representantes".

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside Roxana Reyes (UCR), realizó este jueves la primera de una serie de reuniones informativas para reflexionar sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia.

Del encuentro virtual participaron representantes de UNICEF Argentina y de Infancia en Deuda, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran CIPPEC, ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Doncel, Aldeas Infantiles y ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).

En representación de UNICEF, Luisa Brumana expuso los resultados de una encuesta telefónica realizada primero en mayo, y luego en julio, sobre 2.537 hogares de todo el país.

Según este sondeo, en julio el 45% de los hogares vio reducidos sus ingresos laborales. “Más allá de la apertura de actividades, del relajamiento de la cuarentena en parte del país y del programa ATP, hay 2,6 millones de hogares que vieron sus ingresos laborales reducidos”, advirtió Brumana.

Asimismo, señaló que el 15% de los hogares tuvo que recurrir a algún préstamo o fiado por parte de algún comercio para comprar alimentos, y en el 10% de los hogares relevados se detectó que un integrante debió acudir a un comedor comunitario.

Entre los hogares con al menos un niño de hasta seis años, se manifestaron algunos cambios desde el inicio de la cuarentena: casi la mitad notó alteraciones con las comidas, con el sueño y, en menor grado, problemas de comunicación.

Por otro lado, “en el 95% de los hogares los niños tuvieron continuidad pedagógica durante el aislamiento”, aunque “el 13% tuvo baja o nula intensidad en las actividades escolares”, y se registró una alta incidencia de los recursos del programa Seguimos Educando en los niños más vulnerables y sin conectividad.

En este contexto, el 65% de los adultos manifestó “temor” a que sus hijos se contagien de coronavirus cuando regresen a la escuela, y “cerca de un 10% de estudiantes quizá no regresen”, esto es, “un millón de chicos”, advirtió Brumana.

La encuesta de UNICEF también arrojó que “siete de cada diez adultos está de acuerdo” con combinar educación presencial y remota.

En el caso de los adolescentes, en abril un 15,7% dijo sentirse “angustiado frente a la incertidumbre que presenta este contexto”, mientras que en julio esa cifra ascendió al 26,8%. Consultados sobre “qué es lo que más les cuesta de la cuarentena”, un 73% respondió “no ver a sus amigos”.

También se evaluó la sobrecarga de tareas de cuidado: según la encuesta, solo el 39% de los hogares declaró poder conciliar las demandas del mercado laboral y del hogar.

Ya comenzamos la reunión informativa de la comisión de Familias, Niñez y Juventudes junto a @UNICEFargentina e @infanciaendeuda. Podés seguirla en vivo por @DiputadosTV 👉 https://t.co/m0POJDksxC pic.twitter.com/IbRij16TNy

— Roxana Reyes (@roxanareyessc) September 17, 2020

Por su parte, en nombre del colectivo Infancia en Deuda, Carmen Ryan se refirió a “las vulneraciones de derechos que se profundizaron en el contexto de la pandemia” y pidió “asegurar que en el Presupuesto se cumpa la Ley 26.061 de Protección Integral”, que indica el presupuesto dirigido a niños, niñas y adolescentes no puede verse reducido.

En nombre de CIPPEC, José Fiorito propuso “eliminar restricciones en la AUH”, puntualmente para los hijos de inmigrantes con menos de tres años de residencia y las familias con más de cinco hijos. También sugirió “dar una discusión sincera sobre una fórmula de actualización de las asignaciones familiares”.

Asimismo, y en consonancia con la ONG Doncel, Fiorito pidió que se controle en el Presupuesto 2021 el sostenimiento del programa de egreso de jóvenes de los dispositivos de cuidado, tales como orfanatos.

Desde ACIJ, Francisco Rodríguez sostuvo que “la conectividad es un requisito esencial en este contexto para acceder a la educación”, y advirtió que “cerca de un 60% de los estudiantes de escuelas estatales” no accede a un dispositivo virtual o no cuenta con conectividad.

Por su parte, Laura Musa (Fundación Sur Argentina) puso énfasis en “los chicos que están institucionalizados” y que “han visto agravada su situación” ya que “en los hogares hay personal contagiado o con muchas licencias y esto hace que la atención a los chicos sea muy dificultosa”.

La senadora nacional por el Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun presentó un proyecto de ley para capacitar de manera obligatoria a todas las personas que se desempeñen en los distintos niveles y jerarquías del Estado sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

La iniciativa es acompañada por los senadores y senadoras Anabel Fernández Sagasti, Norma Durango, Teresa González, Beatriz Mirkin, Ana Almiron, Silvina Garcia Larraburu, Eugenia Catalfamo, María Inés Pilatti Vergara, Alfredo Luenzo, Adolfo Rodriguez Saa, Sergio Leavy. 

“Consideramos a través del presente proyecto de ley, promover un mecanismo similar a la conocida por todos como 'Ley Micaela' estableciendo la obligación de formarse en temas vinculados a los derechos de la Niñez siendo la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) su autoridad de aplicación”, manifestó la legisladora santafesina al respecto. 

“Los colectivos más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes que sufren cualquier forma de violencia, maltrato o abandono, lo que incluye el abuso y la explotación sexual”, indicó.  

“Es necesario fortalecer, visibilizar, federalizar y acrecentar aún más la política integral que ha comenzado a transitar nuestro país desde la sanción de la ley 26.061, cuyo proceso se culminó en el pasado mes de febrero con la designación de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, sostuvo Sacnun y agregó: “De esta manera se podrá,  prevenir o remediar las violaciones más serias de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, como la violencia, el abuso, el abandono, el maltrato, el trabajo infantil y la explotación sexual”. 

Por Carolina Ramos

“Si hay posibilidades de aflojar la cuarentena, hay que comenzar por los niños”, consideró este viernes el titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Gabriel Lerner, en la previa del anuncio presidencial acerca de la nueva fase del aislamiento social obligatorio y las nuevas excepciones que entrarán en vigencia a partir del próximo lunes.

Lerner expuso ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside la radical Roxana Reyes, en la última reunión informativa de la semana, donde destacó que “casi todas las medidas” tomadas por el Gobierno nacional durante la pandemia del Covid-19 “tienen a los niños en el centro”.

En momentos donde se especula con la posibilidad de que la cuarentena se flexibilice para este sector, el funcionario reconoció que “sería muy razonable que los niños vuelvan a las plazas y a los espacios públicos”, aunque aclaró que “eso está condicionado a que no se ponga en tensión la estrategia de prevención de contagios”, ya que “es falsa la idea” de que los niños están menos expuestos.

“Para salidas de tipo lúdico, deportivo o recreativo, los niños primero”, reforzó el titular de la SENAF, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y señaló que, a poco de cumplirse seis semanas sin clases y cinco de aislamiento, los niños presentan “un grado mayor de vulnerabilidad desde el punto de vista físico, psíquico y emocional”.

Por otra parte, Lerner sostuvo que “las tareas de protección de la infancia son tareas esenciales” y por lo tanto es correcto que hayan sido exceptuadas del aislamiento social obligatorio dispuesto en el DNU 297/20, ya que “si son interpretadas en un sentido contrario, eso debilita enormemente la capacidad de intervención de las áreas de niñez”.

También indicó que poco después de dictarse el aislamiento, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dictó una resolución que regula la posibilidad del traslado de niños y sus progenitores por razones de salud; porque los padres cumplen tareas esenciales y deben delegar el cuidado; y en los casos de niños a los que la cuarentena los sorprendió en un lugar diferente de su centro de vida habitual.

Asimismo, dado que el decreto faculta a las personas a hacer compras en comercios de cercanía, Lerner observó que se permite la circulación “con niños pequeños que no pueden ser dejados en su domicilio por tratarse de un cuidado monoparental”.

Tras repasar todas las medidas tomadas por el Gobierno nacional para atender distintas situaciones derivadas de la pandemia, resaltó que “casi todas tienen a los niños en el centro”, y citó una encuesta realizada por UNICEF que concluyó que “las medidas vinculadas a la seguridad social y la cobertura alimentaria” tienen “un altísimo impacto, reconocido por la inmensa mayoría de la población”.

Sin embargo, aclaró que “no hay acciones específicas” de la SENAF en ese sentido, ya que los recursos presupuestarios con que cuentan “poco pueden mover la aguja en términos de reducir la pobreza”. “Deseamos una SENAF más fuerte. Encontramos una SENAF extremadamente desfinanciada, funcionando al 25%, 30% de sus capacidades”, alertó, al referirse a la gestión anterior.

El funcionario también se refirió a la línea telefónica 102, que brinda un servicio gratuito de asesoramiento sobre los derechos de los niños, y explicó que está instalada en 17 provincias, mientras que otras siete pusieron en funcionamiento líneas con una función similar, pero con distintos protocolos.

En 2018 -último año del que hay cifras disponibles-, las provincias que cuentan con la línea 102 recibieron en conjunto “164.482 llamadas” para denunciar maltratos, abandono, abusos y violencia psicológica, entre las principales violaciones de derechos, aunque “solo entre el 2% y el 3%” de esas denuncias fueron formuladas por los propios niños, advirtió Lerner.

Si bien coincidió en la “preocupación” sobre el incremento de la violencia infantil, opinó que esa problemática “se va a poder mirar cuando acabe la pandemia”, y en ese sentido recordó que “la Justicia está de feria, los organismos de protección local están cerrados y las escuelas están cerradas”.

En cuanto al programa “Seguimos Educando”, lanzado por el Ministerio de Educación para continuar con el ciclo lectivo de manera remota, el secretario señaló que “en algunos casos, los padres registran un escaso nivel educativo” y “eso genera angustias” a la hora del aprendizaje.

Por eso, consideró que “ni siquiera el intento de aprender nuevos contenidos puede poner en tensión la situación de bienestar” de los niños, y destacó la postura adoptada por el ministro Nicolás Trotta acerca de que “no son tiempos de evaluación” de los alumnos.

Lerner también destacó una campaña conjunta con UNICEF, denominada “Acá estamos”, que “convoca a niños y adolescentes a expresarse en las redes sociales” durante la cuarentena.

En otro orden, informó que con la pandemia se redujo entre un 20% y un 25% la cantidad de niños y adolescentes privados de su libertad en establecimientos de encierro, en línea con recomendaciones internacionales, por lo que ahora esa población ronda entre 800 y 900 chicos y jóvenes.

Hacia el final, el secretario consideró que la asignación económica otorgada por el PAE (Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales) “no es incompatible” con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de 10.000 pesos otorgado para asistir económicamente a trabajadores de la economía informal afectados por la emergencia.