Distintas organizaciones sociales y asociaciones civiles se movilizarán este martes frente al Congreso Nacional para expresar su rechazo al intento de designar a María Paz Bertero como defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo que consideran fue "un proceso que presenta graves denuncias de opacidad e irregularidades".

La manifestación se realizará un día antes de la sesión convocada en la Cámara de Diputados, donde el tema será puesto a votación. La terna que incluye a Bertero, como titular, y Matías Robledo y Héctor Vito como adjuntos, fue votada en la Comisión Bicameral por Unión por la Patria, la UCR y una diputada del Pro.

“No se puede votar una defensora de la niñez en medio de sospechas de manipulación política y concursos amañados. Los derechos de los chicos no se defienden con acuerdos entre cuatro paredes”, señalaron las organizaciones convocantes.

Entre las críticas, expresaron que "durante el proceso de selección, concursantes y entidades especializadas denunciaron falta de transparencia, la no publicación de exámenes y puntajes, y la definición de los criterios de evaluación una vez concluido el concurso, lo que motivó presentaciones judiciales y pedidos de amparo para frenar el nombramiento".

“Pedimos un nuevo concurso, transparente y participativo, donde prime la idoneidad técnica y no la conveniencia partidaria. El cargo de defensor del Niño debe ser independiente del poder político”, agregaron.

Las organizaciones advierten que la votación acelerada "busca evitar que la Justicia se pronuncie sobre los amparos en trámite y convalidar un proceso viciado de nulidades".

Los voceros de la convocatoria serán Ramón Dupuy, presidente de la Fundación Lucio Dupuy y abuelo del niño asesinado en La Pampa; Fátima Silva, abogada que participó del concurso; y Natalia Florido, de Infancia Compartida.

Luego que los miembros de La Libertad Avanza cuestionaran el accionar de la bicameral encargada de la elección de la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cargo para el que resultó propuesta María Paz Bertero, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, apuntó contra la oposición y aclaró que no tuvo parte en tal proceso.

A través de un comunicado, el riojano apuntó que el pasado martes se aprobó la terna en la comisión, tras un nuevo concurso público, y recordó que “la defensora anterior -puesta por el kirchnerismo-, en un hecho ilegal y sin precedentes decidió ‘auto prorrogarse el mandato’, lo que obligó a constituir la Comisión Bicameral para resolver tal situación”.

“En esta Comisión, al igual que en las que son de carácter permanente y como sucede en los plenos de las Cámaras, el bloque de la Libertad Avanza se encuentra en franca minoría”, remarcó y continuó: “A pesar de ello, el bloque se opuso a las modalidades en las que se realizó el concurso, por considerar que ciertas condiciones que iban a determinar la elegibilidad de los candidatos, se conocieron con los resultados a la vista, tal como lo explicó el diputado (Nicolás) Mayoraz en una de las últimas reuniones”.

Para Menem, disconforme con el nombre elegido, “lo que sucedió en la Comisión Bicameral es una réplica de lo que sucede en el Congreso en general, el kirchnerismo y el radicalismo kirchnerista con sus aliados -ayer enemigos íntimos- pretenden manejar la agenda de gobierno, sólo pensando en sus propios intereses y en la repartija de cargos que les permita subsistir ante la cercanía de su ocaso político”.

“Como presidente de @diputados, debo arbitrar los medios necesarios para que se respete la voluntad del cuerpo. Como mencioné antes, La Libertad Avanza cuenta con solo 37 de los 257 miembros de esta Cámara. En esta bicameral contamos con 2 de 10 miembros; atribuirme a mí decisiones que no comparto, ni en las que intervengo, no es más que una canallada como tantas otras”, rechazó.

Y, en tono electoral, cerró: “Para potenciar el gobierno de @jmilei en el Congreso es que estamos trabajando en todas las provincias. No tengo dudas de que a partir de octubre la realidad del Congreso será mucho más favorable. ¡VLLC!”.

Tras la elección de la terna por parte de la bicameral, los pliegos -de la defensora titular y los adjuntos- deberán tratarse en los plenos de ambas cámaras, donde requieren de una mayoría simple.

La Bicameral encargada de la selección del próximo defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes llevó adelante este lunes la tercera jornada de audiencias públicas a los candidatos a ocupar el cargo.

De acuerdo con el cronograma del concurso público, entre el 2 y 21 de septiembre, los integrantes de la comisión realizarán la evaluación final y elaboración del dictamen, mientras que el próximo 22 será la definición del/la candidato/a y elevación a las cámaras, previo reunión de la bicameral y votación de la misma.

Entre el jueves 28 y viernes 29 de agosto, y este lunes 1ro. de septiembre, se escucharon a los más de 70 postulantes que aprobaron el examen escrito anteriormente.

La primera expositora de la tercera jornada de audiencias públicas fue María Alejandra Reyna, quien propuso "una defensoría provincial, con constante interacción con las defensorías provinciales, las existentes y las a crearse". "La problemática de la niñez solamente puede abordarse desde la interdisciplina", remarcó.

Además, expresó que "es fundamental llegar a todos los puntos del país" y consideró que "lo que nos falta es una red, un trabajo conjunto". En ese sentido, habló de trabajar con "referentes comunitarios que conocen la necesidad que se plantea en una comunidad" y con "todos los operadores públicos y privados que trabajen con la niñez".

A su turno, Florencia Trufó destacó la "rapidez, transparencia, eficacia" de la bicameral en el proceso de selección para reemplazar a Graham. "Hubo una respuesta rápida y eficaz, que nos permitió seguir trabajando y desarrollando nuestras actividades con tranquilidad, en un momento de zozobra que pasamos", dijo la socióloga, quien trabajó estos últimos cinco años en la creación e instalación de la Defensoría; antes había estado en la Sedronar.

Sobre su conocimiento del organismo, apuntó que existe un "sobredimensionamiento del área administrativa respecto del área técnica, sobre todo en el nivel jerárquico" y opinó que hay que encontrar un "equilibrio entre lo administrativo y lo técnico-profesional". También, afirmó que hay que "darle funciones específicas a los defensores adjuntos; no se puede seguir trabajando con una sola cabeza que tome todas las decisiones".

Por su parte, Nicolás Ezequiel Casas aseguró que "uno de los flagelos más graves que sufren a diario los chicos" es "el maltrato infantil, algo que cercena y vulnera derechos de los más básicos, y entiendo que en esto faltan cosas por hacer". "No tomamos consciencia de la naturalización que hay", observó.

Sobre la estructura de la Defensoría, sostuvo que "no tenemos que hacer cambios abruptos; en líneas generales debe mantenerse, con algunos cambios" como el de las funciones de los defensores adjuntos para que "estén divididos en sus funciones". Sobre esto, propuso que uno se ocupe de la cuestión federal y territorial y el otro de la incidencia, el litigio estratégico y promover la participación de niños y adolescentes. En línea con su preocupación, planteó que exista "una dirección específica de fortalecimiento en la prevención de maltrato infantil".

En su presentación, Abigail Mercado manifestó: "La infancia no puede esperar. Estoy acá porque pasan los días y un niño pierde una oportunidad que no volverá. Mi plan no es teoría, se trata de una gestión real, con tiempos medibles, protocolos claros, control ciudadano. No se trata de deshacer lo que se vino haciendo hace años, sino de construir sobre lo construido". "Vengo a presentar la decisión de no callar por nuestros niños. Cada día de demora es un chico en la calle, una nena abusada, un adolescente perdido en la droga. Es importante el trabajo en territorio, caminar y estar en el barro", agregó.

En coincidencia con otros postulantes, Matías Robledo señaló que el plan de trabajo "no puede desconocer lo que ya trabajó la Defensoría; hay ciertas bases que tenemos que reconocer". No obstante, su plan es "tener una Defensoría mucho más amigable, humana y sobre todo más cercana a la población" con "un programa de acción con impronta federal".

Exjueza de Menores, Flavia María Graciela Valgiusti planteó una "visión sistémica" con "eje en federalismo y territorialidad". "Si bien los recursos económicos son importantes y tenemos que pensar cómo llegan y se administran, necesitamos pensar en otros tipos de recursos. Argentina tiene excelente recursos humanos, ocurre que a veces no están suficientemente valorados o cuidados", subrayó.

Sobre esto, mencionó que hay un "problema con los recursos organizacionales e institucionales". A continuación, habló de llevar adelante una "articulación entre Nación, provincias y municipios para compartir políticas que tenga la misma visión" y convocar a "mesas de diálogo intersectoriales".

Durante tres jornadas, la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes escuchará en audiencia pública a todos los candidatos que superaron el examen escrito y buscan ocupar el cargo que quedó vacante este año con la salida de Marisa Graham.

En la primera jornada de este jueves, que tuvo un cuarto intermedio pasado el mediodía y se reanudó por la tarde, pasaron más de una veintena de postulantes. Las exposiciones continuarán este viernes 29 y el próximo lunes 1ro. de septiembre.

La audiencia, conducida por la presidenta de la comisión, la diputada Natalia Sarapura (UCR), se llevó a cabo en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

Los candidatos defendieron sus planes de trabajo e ideas para llevar a cabo desde la Defensoría, al tiempo que expusieron sobre diagnósticos actuales que atraviesan niñas, niños y adolescentes: pobreza, desigualdades, violencias, salud mental, educación, acceso a la justicia, adopción, menores en conflicto con la ley penal, entre otros temas. También recibieron preguntas de los legisladores.

La primera en hablar fue Sonia Gabriela Almada, quien se definió como una "sobreviviente de múltiples violencias vividas en la infancia", lo que la motivó a "tomar el compromiso de proteger a la infancia desde siempre", con el objetivo de que "la infancia pueda estar protegida y tenga una vida sin violencia". En ese sentido, contó que en 2003 fundó una asociación civil de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes, desde donde han propuesto la creación de un Ministerio de la Infancia y la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores, entre otras iniciativas.

Almada aseguró que desde la Defensoría impulsaría que "Argentina tenga por primera vez un marco de salvaguarda infantil", que consiste en "una cantidad de protocolos para que el Estado cada vez que intervenga -ante una vulneración de derecho- lo haga de una manera que proteja y no dañe, y sea de una forma segura, protectora y eficaz; que no haya maltratos institucionales". Y resaltó que este sistema tiene "bajo costo" y "no implica burocracia extra".

A su turno, la abogada Andrea Mariel Cirulli enfatizó que "el defensor no tiene que hacer el trabajo de un asistente social, es el que está arriba y tiene que coordinar". Y consideró que en una Defensoría "ideal", además de los defensores adjuntos, tiene que "haber un abogado, un psicólogo o psiquiatra y un educador; esa es la pirámide perfecta".

Al hablar sobre distintas realidades de los menores en el país, subrayó que "el régimen penal juvenil es algo que me preocupa mucho" ya que "Argentina no cuenta con datos rigurosos y confiables en la materia", y "en muchas jurisdicciones se continúa con la práctica ilegal de privación de la libertad o sanción penal a las personas no punibles". Asimismo, los lugares de reclusión de menores "son terribles, son medievales", definió.

"El objetivo de mi plan es identificar cosas actuales, prácticas concretas que están pasando y se observan en territorio", dijo y afirmó: "En caso de ser defensora voy a ser una defensora activa, me van a tener que echar de los despachos".

Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia en los periodos 2011-2015 y 2019-2023, manifestó que él tenía un "balance en términos generales positivos" de la gestión de Graham, "pero también muchos desafíos por delante". En su intervención, señaló que "hay que tener una mirada absolutamente amplia de la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de la República Argentina", pero "esta etapa requiere un plus de aporte, de prioridad, mirando hacia los sectores más vulnerables, en particular los niños que están en la pobreza".

"El problema social más grave de la Argentina es la pobreza infantil y la Defensoría no puede tratar este tema del mismo modo que otros", ratificó, al tiempo que opinó que el organismo tiene que mejorar sus herramientas para "combatir la cultura del descarte". Además, al igual que otros postulantes, abogó por "más presencia cotidiana de la voz de los chicos en la gestión de la Defensoría".

Por su parte, la abogada María Amelia Moscoso Cardoso apuntó que "el principal desafío es tener federalismo". "No existe ninguna política pública que solucione problemas si se hace desde un estrado", sostuvo. Sobre su plan, expresó que "el Estado tiene que ser responsable al utilizar los recursos, en esa línea pensé en una estructura austera".

"La Defensoría no es un órgano ejecutivo, de modo que en esta naturaleza extra poder tiene la posibilidad de ser un agente de cambio real, sin asumir compromisos definitivos con ninguna fuerza, ningún gobierno, ninguna instancia política-partidaria, y ninguna ideología", destacó.

En su presentación, Gustavo Álvarez Pereira dio una serie de cifras contundentes que, sostuvo, “no son un accidente, sino síntomas de un sistema que falla en la garantía de derechos”. Por lo cual, propuso un modelo institucional basado en un fortalecimiento y la independencia de la Defensoría.

Así, presentó un organigrama según el cual, entre otras cosas, sugiere una defensoría adjunta con enfoque en la protección integral y el abordaje de situaciones y también la atención. “Propongo cuatro direcciones -dijo-. Una que tenga que ver con la atención integral y denuncias; otra que sea de derechos en situaciones de riesgo; otra de asesoría jurídica, y por último la dirección de fortalecimiento del sistema de protección”.

“Este defensor adjunto deberá tener la capacidad de fortalecer el sistema de protección en el acompañamiento a las situaciones de desprotección de niñas, niños y adolescentes”, señaló, agregando que proponía una Defensoría Adjunta con un enfoque en promoción, prevención y participación, también con cuatro direcciones. Una, la Dirección de Promoción y Prevención; la Dirección de Educación y Formación; la Dirección de Participación y Ciudadanía, y la Dirección de Relaciones Institucionales.

Gisela Judith Clivaggio afirmó que "el foco tiene que estar puesto en representar los intereses de NNyA y sus derechos, y generar una alta incidencia en la materia" con "un carácter federal muy fuerte y un marcado anclaje territorial". "Tratar de estar siempre lo más cerca de chicos y chicas para poder escucharlos, garantizarles el acceso a la justicia y difundir sus palabras", subrayó.

Entre otros, María Emilia Lobelos, docente de todos los niveles y abogada en hospitales de la provincia de Buenos Aires, recordó que los menores "son sujetos plenos de derecho" y "protagonistas de su propia historia". "Por eso, la base de mi gestión sería la de una Defensoría autónoma, basada en la participación activa de NNyA", dijo y aseveró que "las grandes transformaciones las podemos hacer si escuchamos de verdad".

Muy activa y a paso firme en la elección del nuevo Defensor/a de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes continúa la bicameral encargada de llevar adelante el concurso público, en medio del receso invernal que atraviesa el Congreso, con escasa actividad parlamentaria.

Durante una reunión realizada este viernes, la presidenta de la comisión, la diputada Natalia Sarapura (UCR), señaló que el pasado 21 de julio finalizó el período para recibir impugnaciones sobre los más de 200 postulantes que se inscribieron. "Se han recibido 27 impugnaciones y 8.561 adhesiones, un número altísimo éste. Cada una de las impugnaciones fue remitida a los correos institucionales de los legisladores", informó.

A su turno, la diputada Nadia Márquez (LLA) sugirió dar traslado a las impugnaciones para que cada uno de los impugnados haga su descargo, y luego en una eventual reunión resolver la comisión sobre las mismas.

Según se acordó, el plazo para que puedan responder quienes fueron objetados será hasta después del examen, ya que el reglamento indica que tienen "hasta cinco días antes de la audiencia pública" para contestar, y también pueden hacerlo de manera verbal en esa instancia.

Durante el encuentro, Sarapura destacó que se va a poder utilizar el recinto de la Cámara de Diputados para la realización del examen, el próximo viernes 1ro. de agosto. "Ese hecho marca la importancia que tiene", destacó y agredeció a las autoridades de la Cámara, que "han cambiado la fecha de acciones de reparación que están haciendo para garantizar que el examen se realice allí".

Los miembros de la bicameral acordaron que la acreditación arranque a las 9, para dar comienzo a las 10 al examen, el cual tendrá una duración de dos horas. En tanto, por la tarde, ese mismo día, los legisladores harán la corrección de las evaluaciones.

Un día antes, el 31 de julio a las 14, los miembros de la comisión se abocarán a la confección del examen, compuesto por seis bloques. Para ello, se seleccionaron las siguientes duplas: senador Daniel Bensusán (UP) y senadora Gabriela Valenzuela (UCR), para el bloque 1; diputada Nadia Márquez (LLA) y diputada Sabrina Selva (UP), para el bloque 2; diputada Natalia Saparura (UCR) y senadora Stefanía Cora (UP), para el bloque 3; senadora Vilma Bedia (LLA) y diputada María Sotolano (Pro), para el bloque 4; senadora Andrea Cristina (Pro) y diputada Eugenia Alianiello (UP), para el bloque 5; y el bloque 6 para todos.

La figura del Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue creada por el artículo 47 de la Ley 26.061, con la misión de garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, intervenir ante vulneraciones y promover políticas públicas orientadas a su protección.

Luego de 12 años de su sanción, la bicameral encargada de seleccionar este cargo se constituyó en 2017. El proceso culminó casi tres años después, con la jura de Marisa Graham como la primera defensora, en febrero de 2020.

Con una duración del mandato de cinco años -y la chance de ser reelegido por otro período- Graham decidió a comienzos de este año autoprorrogarse el mandato. Meses después fue desplazada por la votación de la comisión, que inmediatamente arrancó con el nuevo concurso público.

Tras una última reunión acalorada, la Comisión Bicameral del Defensor de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se dio cita este martes antes de escuchar a una nueva tanda de representantes de organizaciones, en el marco del concurso público que comenzó para elegir al sucesor de Marisa Graham. En esta oportunidad primaron los acuerdos y se resolvió la creación de un Consejo Asesor técnico que asistirá a los legisladores en este proceso.

La presidenta de la bicameral, la radical Natalia Sarapura, sostuvo que la reunión informativa que tuvieron “ha permitido dar cuenta de la importancia de la participación de las organizaciones sociales. Hemos podido escuchar a representantes que nos han marcado una agenda con mejorar la participación de la sociedad civil, el compromiso e interés para el proceso del concurso público”.

“Hemos escuchado la importancia de una agenda temática para que se respete el carácter federal, la importancia del conocimiento académico a la hora de gestionar la Defensoría y el defensor. La importancia de dar cuenta de la transparencia del proceso del concurso”, señaló la jueja. Así, manifestó la importancia de seguir escuchando a organizaciones y ratificó la vocación de la comisión de “seguir con un proceso participativo” para crear el consejo asesor.

Sarapura explicó: “La bicameral ha tomado la decisión de crear un consejo asesor en el ámbito del cuerpo. Tendrá el carácter de asistencia técnica para todo el desarrollo del concurso público”. El mismo estará integrado por 10 miembros, cada uno de ellos propuestos por los legisladores que componen la comisión. Tendrán funciones de dar un acompañamiento técnico en todo el proceso del concurso.

También podrán aportar y hacer sugerencias para las instancias de evaluación, proponer temáticas, temarios, preguntas. Además, podrán sugerir una grilla de evaluación. Tendrá un carácter no vinculante y no lo podrán integrar organizaciones que estén concursando.

Al tomar la palabra, el libertario Nicolás Mayoraz remarcó que Consejo consultivo no es vinculante para los integrantes de la comisión. “Se charló mucho sobre los perfiles que pueda atender todas las realidades de quienes trabajan con la niñez y adolescencia, es decir, perfiles técnicos y el territorio”, expresó.

Mayoraz explicó que el consejo asesor técnico tendrá dos tareas claves: “Presentar los ejes temáticos y, la segunda instancia, quince días antes del examen presentar esos ejes que es el 13 o 14 de julio; y siete días antes la presentación de las propuestas o sugerencias para las preguntas del examen”.

“Reafirmamos la posición del bloque de invitar a la ciudadanía a participar de este proceso, ya que quedan pocos días. Que participen y se presenten para darle a la comisión y, luego, a ambas cámaras las mejores decisiones posibles dentro de las que se tienen que tomar por consenso político. Mientras más participen, se va a ver mejor expresada la sociedad en sus diferencias los distintos perfiles y miradas sobre esta problemática”, planteó y destacó las reuniones informativas con las organizaciones de la sociedad civil porque “nos ayudan a reflexionar sobre el perfil que queremos”.

El santafesino volvió a criticar la gestión de Graham y afirmó que pondrán "toda la energía” para "corregir aquello que nos pareció que no estuvo bien”. Por último, señaló que “hay que preguntarse sobre el rol federal que tiene el sistema o de qué manera podemos garantizar que sea un defensor bien involucrado con todas las realidades que se viven en todas las provincias”, y agregó: “Es importante el perfil de una defensoría de puertas abiertas que escuche a todos, que tenga un compromiso genuino y sin un sesgo ideológico con la tarea que tiene que llevar adelante porque la niñez está comprometida en muchos sentidos y se deben atender y afrontar”.

“No podemos pretender que el defensor sea un superhéroe porque no es la tarea que le asigna la ley y tampoco daría abasto con esa función. El rol articular que debe tener es clave, y esa mirada del sistema de protección de los derechos del niño es fundamental”, aclaró Mayoraz.

“Hemos plasmado buscar un consejo asesor que pueda volcar en los temarios todas esas variedades de problemáticas que nos han plasmado la sociedad civil y que puedan volcarlo en propuesta de preguntas para elegir a los mejores candidatos entre todos”, concluyó.

Por su parte, la diputada Eugenia Alianiello de Unión por la Patria destacó haber llegado a ciertos acuerdos entre todos para el concurso. También ponderó que el Consejo surgió de un aporte que hizo el Pro y expresó: “Es importante darle valor a la integración de este consejo y de las organizaciones que vienen hace años trabajando en niñez que puedan hacer aportes a un concurso que debe ser transparente, ágil y serio. Es importante poder dialogar y acordar pese a las diferencias ideológicas”.

A su turno, la diputada de Pro María Sotolano ponderó la relevancia de las reuniones y el consenso para llevar a cabo este consejo asesor: “Es un paso que muchos no venían viendo y es algo sumamente importante”, y explicó que la tarea del consejo asesor es “darle mucha más transparencia a este concurso, es el proceso más importante de la bicameral”. “Es un paso clave y un ejemplo y motivar a muchos profesionales a dar el paso. Este concurso está avanzando muy bien y eso es parte del consenso entre todos los bloques”, cerró.

La senadora libertaria Vilma Bedia sostuvo que la bicameral se hizo “eco” del reclamo de la sociedad que quiere “en este proceso de selección al futuro defensor. El consejo asesor técnico es fundamental porque será un acompañamiento en el proceso para que sea claro, transparente y para que la sociedad pueda ver todas las instancias evaluativas”.

El debate sobre un nuevo defensor

A continuación, en el marco del proceso de selección de un nuevo Defensor, participaron de la Bicameral organizaciones de la sociedad civil que trabajan de forma integral en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Siempre es importante la participación de la sociedad civil”, destacó Sarapura.

En primer lugar habló Gabriela Tozoroni, de la Red Argentina no Baja, quien sostuvo que el próximo defensor "tiene que continuar profundizando los logros de lo que ya se conquistó y se pudo hacer en la Defensoría". A continuación, aseguró que ese cargo tiene "un rol político" y "tiene que ocuparlo alguien que tenga trayectoria e idoneidad en materia de niñez y adolescencia, pero también debe haber una mirada política".

Por otra parte, cuestionó que "en lugar de entender que (los menores) son sujetos de derecho, tenemos desde el Gobierno nacional una mirada totalmente punitivista, criminalizante de nuestros niños y adolescentes a partir de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad". "El niño, niña o adolescente es un sujeto de derecho que no se puede fragmentar", afirmó y pidió: "No miremos desde la mirada criminalizante, miremos qué pasó antes, miremos que hay un casi 70% de pobreza en niños y adolescentes frente a un 2,25% de pibes o pibas que quizás pueden estar involucrados en alguna transgresión a la ley".

A su turno, Gala Díaz Langou, del CIPPEC, apuntó que "las peores condiciones de vida en todo el territorio nacional están concentradas en familias que tienen niños, niñas y adolescentes". Y detalló que "el 52% de niños de 0 a 14 años viven bajo la línea de pobreza, y el 49,2% de niños entre 0 y 5 años viven en la pobreza. Estos datos son alarmantes, por todo lo que representa la pobreza, por las privaciones que conlleva, por la vulneración de derechos que implica".

En ese sentido, resaltó "la relevancia que tiene el rol de la Defensoría en revertir estos datos". También mencionó que "solamente 5 de cada 10 estudiantes finalizan la secundaria a tiempo y solamente 13% de quienes ingresan a la secundaria la terminan con los conocimientos esperados en lengua, matemática y sin repetir".

Guadalupe Correa, del Frente Joven María, también precisó que "más del 50% de los niños son pobres y uno de cada dos niños pobres sufre inseguridad alimentaria". Además, enumeró que "el 57,5% no tienen obra social, mutual ni prepaga; el 49,4% de los niños viven en un espacio con déficit en condiciones de medioambiente; el 23% de los niños entre 3 y 5 años no están escolarizados; y el 9,5% de los niños en edad de primaria no asisten a ningún establecimiento, número que se eleva a 28,9% en secundaria". "La mitad de los niños hasta tercer grado no entienden lo que leen y uno de cada diez que llegan a este curso directamente no sabe leer", sumó y dijo que la cifra de trabajo infantil es de 28,4%.

Por otro lado, criticó que "la Defensoría fue un organismo cooptado por las ideologías y no atento a la realidad, una Defensoría que hablaba del cambio climático, de las niñeces y buscaba eliminar la figura de los padres como protectores. Buscaba entregar asignaciones y más plata, pero no abordaba los problemas de fondo". Y cuestionó que había "una defensora que defendía eliminar a los futuros niños desde el vientre de la madre".

Mariela Cordero, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, manifestó: "La Defensoría debe cumplir un rol activo en la incidencia pública, articulando con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, organismos internacionales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de instalar la agenda de los derechos de niñas, niños y adolescentes como prioridad política".

Sobre quien ocupe el cargo, indicó que deberá tener "un conocimiento profundo de los principales desafíos que atraviesan las infancias y adolescencias en Argentina" ya que "hay problemas que urgen ser abordados desde una perspectiva federal, interseccional y con enfoque en derechos".

Desde la Organización Mundial para la Educación Preescolar, Mercedes Mayol Lasalle expresó: "Valoramos el rol asumido desde el 2019 por la doctora Graham, cuya designación tras 14 años de vacancia constituyó un hito histórico. Sin embargo, sabemos que aún queda mucho por hacer para lograr una Defensoría sólida, articulada con las provincias y la sociedad civil, que incida de manera efectiva en el cumplimiento de los derechos de las infancias de todo el país".

Por la asociación civil Doncel, Evelin Rolón señaló que "de esta nueva Defensoría esperamos que nos escuchen, que nos inviten a participar de verdad, queremos un espacio donde podamos hablar de nuestras vivencias, donde nuestras voces no sean decorativas sino tomadas para transformar el sistema". Y sobre el defensor, "que tenga un rol activo en monitorear las políticas públicas dirigidas a las infancias, no alcanza con tener un programa en papel".

Lucía de la Vega, del CELS, advirtió que "de las 50 políticas de cuidados existentes a nivel nacional, solo quedan 4". "Vemos a las familias criando en soledad, las mamás haciendo malabares, con menos tiempo para criar, con multiempleos, endeudándose para comprar alimentos y con la violencia en aumento en los barrios".

Manifestó que en las observaciones del Comité de Derechos del Niño del año pasado se remarcó la "preocupación ante el DNU 70/23" y la "continua disminución de las asignaciones presupuestarias destinadas a la infancia". "La situación del Garrahan es un ejemplo de esto, hoy el Garrahan está sin calefacción", dijo y fue aplaudida.

Además, De la Vega defendió que el plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente, sobre el cual "la Defensoría ha iniciado una acción para su continuidad y la justicia le ha reconocido la legitimidad colectiva para impulsarla".

Por el contrario, Daniela Seguí, de Abogados por la Vida, criticó que el plan ENIA "no es una política de prevención, sino una herramienta de control poblacional ideológico y con derivaciones geoestratégicas y demográficas perjudiciales para nuestra Nación y ejecuta en perjuicio de niños, adolescentes, sus familias y Argentina".

Participaron del encuentro Amelia López, Defensoría Provincial de Córdoba; Lucas Parenti, miembro de la Red Argentina por la Adopción; Lorena Álvarez, AAOF (Asociación Argentina de Orientadores Familiares); Mayca Irina Balaguer, FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables); Alejandro Osio, docente de UNLPam (Universidad Nacional de La Pampa); Alejandra Castiglioni, Interculturalidad e Infancias; Martina Salituri Amezcua, Observatorio de Derechos de NNyA de la UNICEN (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires); Mariana Incarnato, Asociación Civil DONCEL; Norma Méndez Simoes, Ponete de Pie; Mariela Cordero, UNER (Universidad Nacional de Entre Ríos); Silvia Ana Fratti, Fundación Reflexión por la Vida; Paula Querido, Asociación Civil Francisco Tonucci; Fernanda Alvarado, ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales); Padre Adrián, Curas Villeros de Soldati; Miryam Monasterolo, Foro Patagónico por la Defensa de la Niñez y Adolescencia; Abigail Herrera, Abolicionistas del Siglo XXI; Bárbara Analia Morelli, Fundación Morelli; Soledad Deza, Fundación Mujeres x Mujeres; Miguel Jorge Haslop, PRODECI (Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles); Mariana Lucía Ortiz , Bitácora por la Infancia; Pablo Barbiroto, Juzgado Penal NNyA (Niños, Niñas y Adolescentes) de Paraná; Silvia Stuchlik, Fundación Alem; Lucía Ricoveri, Fundación Proyectos de Vida – CONIN Hurlingham; Liseth Agostina Tula, Tu Vida Vale Mucho – Sede Chubut; Santiago Stura, Faro Digital; Cristian Hernán Fernández, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Bernardo Montecino Pardo, Hogar del Sol – Portadores de Cristo; Lucila Galkin Sutton, Amnistía Internacional;  Alejo Brosio, Aldeas Infantiles SOS; Nora Pulido, Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.

En el marco del concurso público que se inició en el Congreso para elegir a un nuevo defensor/a de los derechos de niñas, niños y adolescentes, representantes de organizaciones que trabajan con la niñez participaron este martes de una reunión informativa de la comisión bicameral encargada de esa selección.

Durante el encuentro, los expositores, quienes plantearon sus distintas miradas en torno a temas como aborto o la ESI, sí coincidieron en pedir por una persona "idónea" con "trayectoria" en el tema y que tenga "autonomía política y partidaria".

A su vez, reclamaron una apertura del organismo, cuestionando la gestión de la ex defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes Marisa Graham, y enfatizaron sobre la "grave" situación que atraviesan los menores de nuestro país, estando más del 60% de ellos bajo la línea de la pobreza.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado por su mamá y la pareja de ésta en La Pampa en noviembre de 2021, expresó: "Queremos una Defensoría de puertas abiertas, que esté a la altura quien esté a cargo, con una trayectoria, que conozca la realidad de todo el país, porque en las provincias sí que hay vulneración de derechos".

"A Lucio se le violaron todos los derechos", señaló. Al frente de la asociación que lleva el nombre de su nieto, Dupuy reveló que a Graham le pidió "cinco audiencias y nunca fui escuchado, jamás, nunca se dignaron a levantar el teléfono y solidarizarse con la familia". Por eso, insistió en que se elija a quien "le abra la puerta a los niños y los defienda".

A su turno, Norberto Liwski, presidente de Defensa de los Niños Internacional-Sección Argentina consideró que, de cara a la elección del nuevo defensor/a, "deberíamos tener una evaluación adecuada de los logros alcanzados, de los obstáculos con los cuales se debió trabajar y también de los nuevos escenarios en la que se constituye esta segunda etapa" del organismo.

Remarcó que estamos ante "un deterioro en los sectores de la infancia y la adolescencia" que "no es atribuible a los últimos meses, pero sí agravado en los últimos meses". Además, sostuvo que quien sea elegido debe "contar y gozar de la más amplia autonomía política, ideológica y partidaria para que efectivamente aborde los problemas que están presentes históricamente, los que se han agravado y los problemas nuevos".

Ramón Eduardo Ferreyra, codirector Ejecutivo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que forma parte de la red Infancia en Deuda, planteó "tres recomendaciones para garantizar un proceso riguroso" en el concurso público. Entre ellos, enumeró que haya "publicación total de la documentación y los resultados" como así también "la totalidad de los antecedentes y trayectoria de las personas candidatas".

"Que se publiquen los exámenes escritos, sus resultados y los puntajes", continuó y pidió la "conformación de un comité asesor integrado por expertos para asistir a la comisión en la elaboración y corrección del examen". "Un concurso transparente es crucial", expresó.

Otro de los oradores de la jornada fue Francisco Alanis, coordinador de la asociación civil Los chicos de la Cooperativa, que trabaja en el partido de La Matanza, quien subrayó que la Defensoría "tiene que tener presente el contexto donde viven los pibes y la escucha de los pibes". En su opinión, al paradigma de que los menores son sujetos de derecho "hay que seguir fortaleciéndolo y fomentándolo".

Respecto de la baja de la edad de imputabilidad, manifestó que "los pibes no son delincuentes y no tienen la culpa de la situación que les toca atravesar; los pibes son el fruto de una situación del mundo adulto-centrista que les toca pasar, nosotros decidimos sobre la vida de los pibes y las pibas".

Finalmente, Alanis pidió que haya una reunión de la comisión en la que se escuche a los niños y adolescentes, a la vez que el defensor/a lleve adelante su labor "no desde un escritorio, sino desde la realidad" y estando "en el territorio".

Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, también parte de colectivo Infancia en Deuda, afirmó: "Para nosotros este proceso de selección no es uno más, es muy importante. Necesitamos que sea lo más transparente, pero también lo menos vinculado a los partidos políticos. Los niños no tiene partido político, los niños son ciudadanos y deben ser tratados como tales. Por eso, para nosotros es muy importante que se los considere sujetos de derecho, no como receptores".

"La situación actual se ha deteriorado y eso nos preocupa", coincidió con Liwski, y se refirió a dos temas a tratar por el organismo. "Para nosotros el embarazo adolescente no es menor, queremos que se ocupe de este tema y sobre todo de algo como el abuso sexual infantil, sobre el que lamentablemente no se está dando una atención como corresponde", advirtió.

En contraposición, Adolfo Francisco Morán, de la agrupación "La Carlos Menem" y miembro del directorio de "Padres Unidos", aseveró: "Nosotros tenemos una deuda pendiente con nuestro propio país que es cuidar a nuestros hijos, los hemos dejado expuestos a la depredación. Los hemos dejado vulnerables, los hemos apartado de las familias y los hemos dejado en manos de gente que tienen una agenda propia. A los chicos nadie los está cuidando".

Al referirse a Graham, la defensora que fue desplazada luego de autoprorrogarse el mandato, opinó que "ha sido una vergüenza y una mancha en la protección de los chicos de este país".

"El aborto infantil es una aberración, el abuso sexual infantil es una aberración, la adoctrinación sexual e ideológica en las escuelas es una barbaridad", expresó y criticó la Ley de Educación Sexual Infantil. También señaló que a los niños se los ha considerado "objeto de derecho" y "no sujeto de derecho" porque "no se podían valer por sí mismos; es la patria potestad y son los padres y la familia los que siempre han velado por la seguridad, el bienestar y la dignidad de ellos".

Por su parte, Paula Wachter, de la fundación Red por la Infancia, compartió con otros expositores "la enorme preocupación que tenemos sobre la situación en la que están viviendo los niños, niñas y adolescentes de nuestro país". Y resaltó que "desde la pandemia no tenemos cifras oficiales, pero sí sabemos que la prevalencia de la violencia está aumentando". En ese sentido, habló de "grandes vacancias normativas y de políticas públicas" para combatir la violencia contra menores, como por ejemplo "las violencias digitales".

Al aportar una larga lista de recomendaciones para el concurso público, reclamó que la persona elegida tenga "autonomía política y partidaria" y se realice "un proceso plural, participativo y transparente para garantizar su legitimidad".

Más adelante, Raúl David Romero, del Centro de Desarrollo Familiar, definió "el perfil que esperamos desde la sociedad civil del próximo defensor: que tenga una mirada amplia de la niñez, que sepa ver y actuar donde los derechos se quiebran, que escuche a las organizaciones que trabajamos en el territorio, que construya redes y no se encierre en una oficina, que tenga un compromiso real hacia la infancia, independiente y sin sesgos ideológicos".

"No quiero dejar de mencionar que la defensora Marisa Graham militó activamente a favor de la legalización del aborto y, sin entrar en debates ideológicos, considero que esto resulta profundamente contradictorio con la función de quien debe velar por el interés superior del niño", lanzó y fue aplaudido por la mitad de la sala. La diputada libertaria Nadia Márquez incluso se paró de su silla.

Ramón Eduardo Ferreyra, integrante de la organización Infancia en Deuda propuso que se realice la publicidad de todos los perfiles que participan en el concurso, así como de los exámenes junto a los resultados, que se conforme un comité asesor para asistir a la comisión, y que se elabore una lista tabulada de puntajes.

A su turno, Teresa Bustillo, co-directora de MIF, exhortó a que se elija “un defensor que vea la necesidad real, que pueda mirar con profundidad, que se haga cargo”.

En representación de la Red de Defensorías provinciales, Rossana Marli Franco, defensora de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes de la provincia de Misiones, señaló que “los antecedentes son fundamentales, pero necesitamos un defensor que sea práctico, que este en el terreno, que resuelva casos”. Y remarcó que “la función del Defensor es controlar que las políticas públicas no vulneren derechos”.

En el mismo sentido, el defensor de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes de la provincia de La Pampa, Juan Pablo Meaca, consideró que “no tiene que tener perfil político, con experiencia en los ámbitos de la niñez y en el territorio”. Por último, remarcó la necesidad de ponderar “la participación federal” para que exista representación de todo el país.

Los expositores coincidieron, además, en la necesidad de un concurso transparente y que cuente con un comité de expertos, en el reconocimiento de los niños como sujeto de derecho, que los jóvenes puedan participar del proceso de selección del defensor, que sea una defensoría de puertas abiertas que atienda la problemática de los niños, niñas y adolescentes en el país, que aborde la salud mental adolescente, en la necesidad de fortalecer las redes institucionales para proteger a los niños y niñas, que el defensor cuente con experiencia en la gestión de gobierno y trabajo en áreas comunitarias, que sea una persona idónea, integra, comprometida y cuente con una mirada federal, entre otros puntos.

Quejas por la lista de expositores

En el arranque de la reunión, los diputados de La Libertad Avanza Nadia Márquez y Nicolás Mayoraz se quejaron de que hubo representantes de organizaciones convocadas por ellos que no pudieron ingresar a la reunión.

La presidenta de la comisión, la radical Natalia Sarapura, indicó que "no estaban acreditadas" y aclaró: "No es ánimo cercenar la voz, la participación y la escucha". "Tenemos criterios distintos", añadió.

Mayoraz salió al cruce: "La iniciativa de escuchar a las organizaciones sociales vino de La Libertad Avanza, no de la presidencia, y usted unilateralmente decidió que sean dos organizaciones por legislador, eso no se consensuó". Y reveló que desde el bloque tenían "más de 40 organizaciones" que querían participar.

"No estamos de acuerdo con esta modalidad", dijo el santafesino y acusó a la titular de la bicameral de decidir por sí sola una próxima reunión informativa para el 1ro. de julio.

Sarapura aclaró entonces que eso se resolvió entre las autoridades de la comisión, no de manera unilateral. "Usted está decidido a acusar a esta presidencia porque claramente tiene otra vocación que no es que el concurso se dé", lanzó la jujeña, a lo que el oficialista contestó: "No le voy a permitir que diga eso".

"Cállese que está hablando la presidenta", salió en defensa de Sarapura el senador de Unión por la Patria Daniel Bensusán. Finalmente, la radical ratificó: "Usted dice todo el tiempo cosas que no son ciertas. Hasta ahora no tomé ninguna decisión unilateral".

Mayoraz ya había protagonizado el momento de mayor tensión, cuando sobre el final de las exposiciones de invitados cuestionó a viva voz al defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meaca, por su papel en el caso Lucio Dupuy. Lo cual motivó la intervención de Sarapura, que le reclamo reiteradamente que se callara. Sin mayor éxito por cierto. “Nadie defiende a la jueza”, le aclaró, en referencia a Ana Clara Pérez Ballester, quien fue sometida a un jury por su actuación en el proceso que derivó en la entrega de la tutela a la madre, quien luego fue condenada por el asesinato de Lucio.

“Estoy respetando a la institucionalidad en el Congreso”, gritó la diputada jujeña que exigió que se le permitirá hablar al invitado. Por el contrario, Mayoraz insistió en que le parecía “una falta de respeto a la comisión” la presencia de “este señor”, en referencia a Meaca.

“La víctima estuvo acá y se la respetó; usted debería hacer lo mismo”, le reclamó Sarapura a su par libertario, que replicó a los gritos de otros diputados opositores: “Vergüenza fue haber elegido a Graham de defensora”.

El funcionario pampeano luego señaló que su área no había tenido nada que ver en la muerte de Lucio, pero cuando sobre el final volvió a hablar, Mayoraz insistió en que era “una falta de respeto que haya venido el defensor (en referencia a Meaca), porque ha tenido una actuación deplorable en el caso Dupuy”. Luego le apuntó a Graham, adjudicándole “negligencia” en ese caso, como también en el caso Arco Iris, por haber ido a parar una orden judicial de restitución de un niño “en forma patotera y apelando a sus amistades políticas, para que se frenara una orden de allanamiento para retirar un niño.

Sobre el final, Márquez aclaró que el oficialismo había invitado a 40 organizaciones antes de que les notificaran que eran dos por bloque. “Entonces nos pareció una tomada de pelo”, señaló, aclarando que por eso habían planteado que no les parecía adecuado.

La diputada libertaria concluyó su intervención, sobre el final de la reunión, anticipando que “vamos a seguir trabajando para derogar la nefasta, inconstitucional, inmoral e ilegal, Ley del Aborto en la Argentina”.

Conforme a las fechas que aprobara la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su última reunión, este jueves se abrió la inscripción para quienes quieran postularse al cargo.

El proceso de selección, que llevará tres meses, tiene como objetivo designar a la persona que estará a cargo de velar por la protección, promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a los principios consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional vigente.

La inscripción se realizará de manera online entre el 19 de junio y el 3 de julio. El cargo tiene una duración de cinco años, con posibilidad de una única reelección.

La figura del Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue creada por el artículo 47 de la Ley 26.061, con la misión de garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, intervenir ante vulneraciones y promover políticas públicas orientadas a su protección.

Los requisitos para postularse son ser argentino/a; haber cumplido 30 años de edad; acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Quienes no cumplan con estos requisitos, posean condenas penales firmes o se encuentren inhabilitados para ejercer cargos públicos, quedarán excluidos del concurso.

La inscripción se realizará exclusivamente a través del sitio web oficial de la Comisión Bicameral.

Además, los postulantes deberán presentar un Plan de Trabajo, con los formalismos exigidos por el reglamento, antes del 11 de agosto de 2025.

Posteriormente, deberán presentar la documentación respaldatoria de sus antecedentes en la Secretaría de la Comisión Bicameral, ubicada en Av. Rivadavia 1841, Piso 3°, Oficina 342, Anexo A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en la fecha que oportunamente será notificada.

Las personas residentes a más de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán remitir la documentación por correo postal.

Finalizada la etapa de inscripción, la Comisión Bicameral publicará la nómina de postulantes admitidos, junto a sus reseñas personales, en su página web.

El procedimiento de selección se regirá por el Reglamento del Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo, aprobado por la comisión y disponible para consulta en el sitio web oficial.

Todas las fechas del concurso público

Publicación de la convocatoria: 17 y 18 de junio

Período de inscripción: 19 junio al 3 de julio

Publicación de aspirantes: 4 de julio

Recepción de impugnaciones y adhesiones: 7 al 21 de julio

Análisis, resolución y notificación de impugnaciones: 22 al 28 de julio

Notificación previa al examen escrito: 29 de julio

Examen escrito: 1 de agosto

Corrección de los exámenes: 4 al 6 de agosto

Publicación de resultados del examen: 8 de agosto

Período de vista de examen: 11 y 12 de agosto

Descargo y resolución de impugnaciones: 13 y 14 de agosto

Presentación del Plan de Trabajo: 19 de junio al 11 de agosto

Convocatoria a Audiencia Pública: 12 de agosto

Plazo de recepción de preguntas para la Audiencia: 13 al 20 de agosto

Audiencias Públicas: 28 de agosto al 1 de septiembre

Evaluación final y publicación de dictamen: 2 al 22 de septiembre

Definición de candidato/a y elevación a las cámaras. Reunión de Comisión Bicameral y voto: 22 de septiembre

Luego que la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes abriera el concurso público para elegir al sucesor de Marisa Graham -desplazada por la comisión luego de autoprorrogarse su mandato-, desde las organizaciones que integran el colectivo Infancia en Deuda sugirieron una serie de medidas para ser incluidas en el plan de trabajo.

"Celebramos esta decisión y solicitamos un compromiso de la Comisión Bicameral para que la elección de la nueva defensora o del nuevo defensor ocurra en 2025. Además, señalamos que quien asuma el nuevo cargo, debe hacerlo mediante un proceso transparente, idóneo e independiente de los poderes políticos", pidieron.

La bicameral convocó a concurso público de oposición y antecedentes a partir de este martes 17 de junio, estipulando su finalización tres meses después, el 22 de septiembre. Las inscripciones de aspirantes se desarrollarán del 19 de junio al 3 de julio.

En la reunión del pasado 28 de mayo, la comisión decidió que Graham y su adjunto, Facundo Hernández, cesen en sus funciones. Ambos habían finalizado sus mandatos en febrero de este mismo año, pero los habían prorrogado frente a una posible acefalía.

En su lugar, la bicameral autorizó a Sebastián Medina, actual jefe de Gabinete de la Defensoría, a seguir ejerciendo sus funciones y le sumó las correspondientes a la Secretaría de Coordinación Administrativa y Financiera. Además, convalidó que el secretario Legal y Técnico de la Defensoría del NNyA, Nicolas Sipioni, actúe como representante en juicio. Ambas designaciones se encuentran limitadas en el tiempo al nombramiento de una nueva defensora o nuevo defensor bajo el procedimiento del concurso. La comisión aseguró el funcionamiento institucional de la Defensoría respetando la legalidad del procedimiento.

"Desde las organizaciones que conformamos el colectivo Infancia en Deuda le enviamos una nota a la bicameral solicitando su compromiso para que la nueva autoridad que esté al frente de la Defensoría de la Niñez sea elegida en 2025. También le sugerimos distintas medidas para ser incluidas en el plan de trabajo", señalaron.

Entre las propuestas se encuentran: la creación de un Comité Asesor que asista en el armado y corrección del examen escrito, que debe constar de 70 preguntas múltiple choice y dos preguntas a desarrollar; la elaboración de una tabulación de puntajes de antecedentes y trayectoria, a los que el reglamento les asigna 10% del puntaje total del candidato/a; y el compromiso de difundir toda la información del concurso (antecedentes, exámenes, puntajes totales y parciales, etc.) y asegurar la participación de la sociedad civil en el proceso. En este sentido, el 24 de junio de 2025 habrá una audiencia con participación de los defensores provinciales y sociedad civil.

"En un país donde las infancias más vulnerables crecen sin protección, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes es el único organismo nacional -con capacidad de intervenir frente al Estado y ante sujetos privados- con herramientas para garantizar sus derechos", resaltaron desde Infancia en Deuda.

Además, mediante un comunicado, el colectivo precisó que "según la Ley 26.061, es el único organismo del sistema de protección integral con capacidad de representar colectiva e individualmente a las niñas, niños y adolescentes que sufren vulneraciones a sus derechos. La Defensoría recibió más de 2.600 requerimientos, que dieron lugar a 310 casos, 463 actuaciones administrativas (solamente en el periodo 2023-2024) y 20 acciones judiciales entre amparos, hábeas corpus, denuncias y querellas, de las cuales 14 se encuentran en pleno trámite".

"Las temáticas de las intervenciones -tal como fue detallado por la Defensoría-, se relacionan con alimentación, becas escolares, construcción de Centros de Primera Infancia y acceso a medicamentos, entre otros. También se destacan un 25% de intervenciones por graves situaciones de violencia, incluyendo abusos sexuales infantiles", agregaron.

Por otro lado, algunos de los litigios que lleva adelante la Defensoría impactan masivamente, como el reclamo por el acceso a becas escolares que afecta a más de 1,2 millones de adolescentes que solicitaron asistencia estatal para sostener su educación. También se destaca una causa en defensa del acceso al agua potable de niñas, niños y adolescentes en Salta, que puede afectar a 375.225 NNyA, de los cuales 81.725 son indígenas.

Una de las bicamerales que no funcionó a lo largo de todo 2024, por la demora del Senado en designar a sus representantes, se pondrá en marcha con el arranque del período ordinario. Se trata de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Desde distintas organizaciones que trabajan con la infancia reclamaron desde hace meses con fuerza por la pronta conformación de la comisión, ante el vencimiento de los mandatos de la defensora Marisa Graham y su Adjunto, Facundo Hernández, este 1ro. de marzo.

Sin embargo, en el comienzo del año, a través de la resolución 1/25 del 7 de enero, la Defensoría modificó su Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento, habilitando la "prórroga tácita" de los mandatos de sus autoridades.

Así, el artículo 7 indica que "en caso de no encontrarse dispuesta la reelección, o designación del sucesor del/la Defensora/or de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al vencimiento de su mandato, así como la del/la Defensora/or Adjunta/o, en su caso, éstos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se efectúe la renovación de los mismos, de corresponder, o se designe sus sucesores”.

Desde el organismo explicaron que "la preocupación" de que eventualmente la Defensoría quede acéfala es que "todas las causas (administrativas y judiciales que tramita) queden en el aire".

El cargo del Defensor del Niño se creó por medio de la Ley 26.061 en 2005, pero recién en 2017 se conformó por primera vez la bicameral encargada de su designación. Graham fue elegida luego de haber pasado por concurso público, audiencias y un examen escrito. Juró en febrero de 2020, antes del comienzo de la pandemia.

La reunión constitutiva será el próximo jueves 6 de marzo, a las 14, en el Salón Illia del Senado. Por la Cámara de Diputados fueron nombradas como integrantes Eugenia Alianiello, Brenda Vargas Mayti (UP), Nadia Márquez (LLA), María Sotolano (Pro) y Natalia Sarapura (UCR); mientras que por el Senado figuran Mercedes Valenzuela (UCR), Andrea Cristina (Pro) y Vilma Bedia (LLA).

Los otros dos lugares restantes -son 10 en total- son para dos senadores de UP, que no enviaron sus nombres, como se ha repetido anteriormente en otras comisiones, por la disconformidad con el reparto realizado por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Varios pedidos, que transmiten preocupación y advertencia, llegaron en los últimos meses al Congreso por parte de distintas ONG’s, instituciones y organismos que trabajan con la infancia a raíz de la inminente situación de acefalía en la que quedará la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, puesta en marcha en plena pandemia, con el final del mandato de Marisa Graham desde el 1ro. de marzo próximo. 

La designación de este cargo es tarea de una comisión bicameral que este año no se constituyó por la falta de designación de senadores. Mientras desde Diputados fueron nombradas Eugenia Alianiello (UP), Nadia Marquéz (LLA), Natalia Sarapura (UCR), María Sotolano (Pro) y Brenda Vargas Matyi (UP), la Cámara alta nunca cumplió con este trámite. 

Tanto Graham como el defensor Adjunto, Juan Facundo Hernández, fueron elegidos por la comisión en abril de 2019 y tomaron juramento ante el Senado en febrero de 2020. También había asumido en aquella ocasión como defensor Adjunto Fabián Repetto, quien renunció meses después por diferencias con Graham. 

La selección de los funcionarios se llevó adelante con un proceso ejemplar, que comenzó en 2017 con la conformación de la bicameral, y culminó casi tres años después porque en el medio se coló la postura que la candidata tenía a favor de la legalización del aborto. Para ese momento, el Congreso ya contaba con una mora de más de una década en la designación del cargo. 

Sancionada en 2005, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 47 la creación de esta figura, encargada de “velar por la protección y promoción” de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.

De acuerdo a la norma, el defensor “será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición. Las decisiones de esta Comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros”. A pesar de que no exige una votación de ambas cámaras, los pliegos se votaron en los recintos, requiriendo mayoría simple. 

La ley agrega que el defensor “durará en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelegido por una sola vez”. 

Cómo fue el proceso de selección de la defensora de NNyA

La Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se constituyó a finales de mayo de 2017. Desde ese momento, hasta octubre de 2018, realizó tres audiencias públicas con más de 130 representantes de organizaciones de todo el país; aprobó su reglamento de concurso de designación y finalizó la primera etapa de selección con más de 70 inscriptos, de los cuales 68 pasaron por un examen escrito.

Dicho examen, que versaba -entre otros puntos- sobre “la situación actual de la niñez y la adolescencia en la Argentina; principales desafíos, políticas públicas y legislación; y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño a la Argentina”, se tomó a los postulantes el 28 de septiembre de 2018. 

Tras ello, resultaron aprobados 15 candidatos, entre ellos Graham, Hernández y Repetto, quienes pasaron por audiencia pública el 23 de octubre de 2018. Los demás eran Gustavo Álvarez Pereira, Claudia Bernazza, Roxana Contreras, Sergio Greco, Alicia Guerrero Zarza, Marisa Herrera, Gabriel Lerner, María José Lubertino, María Elena Naddeo, Nora Pulido, Nora Schulman y Cecilia Sosa. 

El 25 de abril de 2019, durante un acto en el Salón Pasos Perdidos, la bicameral anunció la elección de Graham, Hernández y Repetto por consenso de todos los bloques, destacándose la transparencia y rigurosidad que se tuvo a lo largo del proceso. 

Juan Facundo Hernández y Marisa Graham

En junio de 2019, los pliegos se votaron a mano alzada durante una sesión de la Cámara de Diputados, pero al pasar al Senado quedaron trabados por meses. La postura de Graham a favor del aborto legal motorizó a un conjunto de senadores a frenar su designación. Aunque ya había pasado tiempo, todavía pesaba en la Cámara alta el rechazo a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, durante el primer intento que tuvo el proyecto en agosto de 2018. 

Pero además de eso, corría la campaña presidencial de ese año. En noviembre de 2019, cuando ya Alberto Fernández encaraba la transición con Mauricio Macri, y ante el pedido de distintas organizaciones, la bicameral se reunió para aclarar la interpretación del plazo para la aprobación de los pliegos. En ese encuentro, se firmó una resolución que indicaba que los 180 días dispuestos debían considerarse como días hábiles legislativos, es decir, aquellos comprendidos entre el 1ro. de marzo y el 30 de noviembre. Por lo tanto, se indicó que esos 180 días se comenzaron a contabilizar a partir de la elevación de la propuesta a ambas cámaras, lo que ocurrió el 25 de abril de 2019 y, según ese criterio, el pliego iba a caducar en la segunda semana de abril de 2020.

En su primer llamado a sesiones extraordinarias, Alberto Fernández incluyó el pliego de Graham en el temario. Para tratarlo, se convocó a una sesión el 28 de febrero. En la previa, un grupo de senadores de Cambiemos, quienes en su mayoría habían rechazado la legalización del aborto, objetaban que el pliego había caducado con la renovación parlamentaria y debía llamarse a un nuevo concurso. Mientras organizaciones “provida” protestaban en las afueras, la designación de Graham fue avalada por 47 votos a favor y 21 en contra dentro del recinto. En esa misma sesión se le tomó juramento. 

Graham juró en el Senado el 28 de febrero de 2020, poco antes de la pandemia

Reclamos a Villarruel por la falta de designación desde el Senado

La lenta conformación de las bicamerales -sumado a las que todavía están pendientes- marcó el primer año parlamentario de la gestión libertaria. Como dijimos, la comisión encargada de monitorear a la Defensoría de NNyA y elegir a su titular fue una de las que no se constituyó. 

Entre los reclamos que hace meses comenzaron a llegar al Congreso, desde el Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo destacaron la gestión de Graham y Hernández: “No sólo han cumplido a cabalidad la tarea encomendada, sino que han construido desde los cimientos mismos esta institución, que es uno de los pilares del sistema integral de protección que fija la ley y permite al Estado Argentino cumplir con los pactos internacionales firmados sobre tan sensible materia e incorporados a la Carta Magna en 1994”. 

“Esta primera gestión de la Defensoría no solo permitió visibilizar en la agenda política los desafíos que aún tiene nuestro país con relación a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sino que acompañó de forma propositiva a los poderes ejecutivos, judiciales y legislativos nacional y provinciales en aportes para acciones positivas que promuevan, garanticen y restituyan derechos a los más chicos”, agregaron. 

En la nota firmada por la presidenta del Instituto, Amelia López, y el secretario general del mismo, el chileno Robinson Fuentes Lobos, advirtieron que “actualmente, se encuentran en trámite diversas acciones judiciales colectivas iniciadas e impulsadas por este organismo, las mismas corren peligro de continuidad frente a la inminente ausencia de autoridades que puedan proseguir dichos reclamos. Ello implicaría dejar en estado de indefensión a miles de niñas y niños en especial situación de vulnerabilidad ya que dichos juicios están vinculados a la restitución de derechos elementales y afectan a colectivos que no cuentan con agencia propia para efectuar dicha exigibilidad”. 

En ese sentido, pusieron como ejemplo juicios colectivos que giran en torno a la entrega de alimentos, la tramitación de becas escolares, la construcción de espacios seguros para la primera infancia, la provisión de medicamentos para menores que padecen graves enfermedades, la privación ilegítima de la libertad de niñas y niños, y el acceso al agua y a la alimentación de la niñez indígena.

Al recordar que desde el 1ro. de marzo caducará la gestión de Graham, apuntaron: “La norma impone que, antes de esa fecha, esté tomada la decisión de sus propias postulaciones o la de sus sucesores lo que no es, o en todo caso no sólo no es, una decisión política, legislativa o administrativa, sino que deviene de una obligación socialmente urgida”. “Respetuosamente instamos a la vicepresidenta a poner en marcha de inmediato la Comisión Bicameral”, completaron. 

La última reunión de la Bicameral del Niño, en noviembre de 2023

Con textos similares, Emilia María Valle, presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación y coordinadora del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; señalaron que la Defensoría de NNyA “ha cumplido con el asesoramiento y recepción de denuncias que afectan a niñas, niños y adolescentes de todo el país, promoviendo medidas judiciales y/o administrativas, y proponiendo acciones a los Estados, habiendo sido reconocida incluso por organismos internacionales”. 

Por ello, reclamaron ante la comisión “evitar la acefalía y virtual parálisis de la institución, y promover de ese modo la continuidad de las importantes acciones que lleva adelante, como institución fundamental para la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país”. 

También sumaron lo dicho en el 7mo. reporte periódico del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas al Estado argentino, en el que el organismo afirmó que el país debe “garantizar la continuidad, independencia, financiamiento y mandato” de la Defensoría “para asegurar el monitoreo, la defensa y la promoción de los derechos de los niños”.

Promovido por la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning y la legisladora provincial Alejandra Ferrero, se realizará el próximo lunes en la Legislatura de Córdoba una mesa de trabajo sobre “Los peligros del juego online. Impacto en niños, niñas y adolescentes”. 

“El propósito del encuentro es reflexionar sobre los desafíos, obstáculos y problemas que enfrentamos con el juego online, analizando su impacto en la salud mental, social y económica de los menores”, señalaron las organizadoras. 

El contexto de crisis económica, el aislamiento en la pandemia y el significativo impacto que está teniendo la industria del juego a nivel mundial, han provocado un aumento considerable en el acceso a los juegos de azar virtuales, abriendo nuevas alternativas que los sistemas tradicionales de apuestas no ofrecen. 

“Esta realidad, sumada al acceso a las nuevas tecnologías que tienen los NNyA en la actualidad, los insuficientes o ineficientes controles para su acceso, están generando una gran problemática, la ludopatía, que antes estaba concentrada en los adultos y ahora impacta profundamente en niños, niñas y adolescentes”, indicaron. 

La ludopatía virtual es definida como el fracaso crónico y progresivo de resistir los impulsos de jugar apostando dinero mediante plataformas electrónicas. En el contexto argentino, las cifras son preocupantes: se calcula que hay unas 19 millones de personas que apuestan asiduamente, mientras que 7 de cada 100 argentinos pueden ser considerados adictos, muy por encima de la media global, por lo que los números encienden todas las alarmas. 

En la jornada, abierta para el público en general, además de Brouwer de Koning y Ferrero, expondrán Rodrigo Agrelo, legislador provincial y autor del proyecto para prohibir la adjudicación de nuevas licencias de juego en línea y crear una comisión de expertos; Mariana Savid, psicopedagoga y especialista en los riesgos del juego online en menores; Munir Bracco, referente de la Pastoral Social; y Florencia Bustos, experta en Criminología Educativa y docente extensionista de la Universidad Siglo 21 para la formación de ciudadanos digitales seguros.

En la previa del inicio del debate de una docena de proyectos que buscan prevenir la ludopatía, que tendrá lugar este martes en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados, la radical Gabriela Brouwer de Koning presentó una iniciativa vinculada a niñas, niños y adolescentes.

"El contexto de crisis económica, el aislamiento en la pandemia y el significativo impacto que está teniendo la industria del juego a nivel mundial, han provocado un aumento considerable en el acceso a los juegos de azar virtuales, abriendo nuevas alternativas que los sistemas tradicionales de apuestas no ofrecen", advirtió la legisladora.

En ese sentido, señaló: "Esta realidad sumada al acceso a las nuevas tecnologías que tienen los NNyA en la actualidad, los insuficientes o ineficientes controles para su acceso, están generando una gran problemática, la ludopatía, que antes estaba concentrada en los adultos y ahora impacta profundamente en niños, niñas y adolescentes".

La ludopatía virtual es definida como el fracaso crónico y progresivo de resistir los impulsos de jugar apostando dinero mediante plataformas electrónicas.

“En el contexto argentino las cifras son preocupantes, se calcula que hay unas 19 millones de personas que apuestan asiduamente, mientras que 7 de cada 100 argentinos pueden ser considerados adictos, muy por encima de la media global, por los números se encienden todas las alarmas”, detalló la cordobesa.

El proyecto plantea la aplicación prioritaria de la ley de consumos problemáticos para este tipo de casos, la creación de un plan nacional para la prevención y el abordaje integral e interdisciplinario de la adicción a los juegos de azar virtuales NNyA, campañas de prevención y concientización en el entorno cercano de NNyA, como así también, capacitación al personal encargado de la prevención y abordaje de adicciones y recopilación estadística.

La iniciativa propone, además, tres prohibiciones con el fin de establecer requisitos estrictos en cuanto a la verificación de la edad de los usuarios, la promoción responsable del juego y la prevención del acceso no autorizado de NNyA a plataformas de apuestas virtuales.

Existe un esquema de captación mediante intermediarios, denominados como “cajeros”, que son operadores que habilitan los mecanismos de apuestas a cambio de transferencias de dinero, generalmente por billeteras virtuales. "Los adolescentes suelen contactar a estos intermediarios por recomendación de amigos y, como desde los 13 años pueden tener billeteras virtuales, el acceso para apostar en los sitios de casino online es totalmente posible", indicó la diputada.

“El entorno digital y la proliferación de plataformas de juego en línea presentan desafíos que requieren mecanismos para proteger a los NNyA ante la exposición a prácticas de juego perjudiciales. Este tipo de adicción está en auge y por lo tanto debe asignarse absoluta prioridad a su abordaje” sostuvo.

Y concluyó: “Construir legislación en este ámbito es crucial para garantizar un entorno seguro y responsable en el que los NNyA puedan participar en actividades en línea sin correr riesgos relacionados con el juego compulsivo o perjudicial".

Con datos alarmantes sobre la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes, se realizó este martes la presentación oficial de un proyecto de ley que propone erradicar este flagelo, impulsado por el senador nacional Eduardo Vischi (UCR).

En una de las salas del Anexo de la Cámara alta, el correntino reveló que la iniciativa la elaboró en conjunto con la jueza y vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, a quien conoció cuando se incorporó en noviembre pasado como consejero. "Enseguida unimos esta devoción que tenemos por el trabajo de los niños, niñas y adolescentes", dijo.

El legislador de Juntos por el Cambio explicó que el proyecto "viene a complementar otras normas que existen en Argentina" y el objetivo es "visibilizar este flagelo". En esa línea, recordó el caso de Lucio Dupuy o, más recientemente, de Joaquín Sperani, cuando la atención mediática se centra allí pero "después pasa el efecto y terminamos nuevamente viendo que muchas veces no tenemos respuestas desde el Estado".

Vischi habló de "la necesidad de tener datos e información que nos permita actuar en consecuencia" ya que "el tema de la violencia específicamente tiene que ver también con que, en muchos casos, se da de forma intrafamiliar" y esto lo hace de más "difícil abordaje".

Según datos de UNICEF, 7 de cada 10 niños afirmaron haber sufrido maltrato por parte de personas de su círculo íntimo, precisó el senador y expresó: "A veces culturalmente está aceptado el tema del maltrato, como que para educar a un hijo hay que pegarle o mostrar mano dura".

De acuerdo a estos números, el 47% de los casos fue violencia física, el 29% psicológica y el 20% sexual. Además, el 80% de los niños, niñas y adolescentes que sufrieron violencia no recibieron atención de ningún tipo y sólo el 14% de los denunciados llegó a juicio.

Por otra parte, según datos del año 2021 de la Línea 137, de las denuncias recibidas el 48,7% involucró a menores y, de esa cifra, el 60% fueron del género femenino. También, 6 de cada 10 víctimas registradas de violencia sexual fueron niños, niñas y adolescentes, representando el género femenino 4 veces más que el masculino.

El legislador explicó que la iniciativa contempla al "buen trato y erradicación de la violencia como derecho", y se busca que la ley "tenga alcance nacional y sea ejecutada de manera interjurisdiccional e intersectorial". Y que no solamente determine funciones a los distintos organismos, sino "responsabilidades". También la "formación de equipos técnicos, de ONG's, de los padres y docentes".

A su turno, Díaz Cordero remarcó que "erradicar quiere decir suprimir de una manera definitiva y acabada". "Queremos cultura cero de violencia, queremos instalar la cultura del buen trato, de una crianza y parentalidad positiva. Los niños merecen que se respeten sus derechos más sagrados", sostuvo.

"Esta ley lo que intenta es que la sociedad toda se comprometa. No queremos más leyes con nombres de niños y niñas. Eso no lo podemos permitir, no lo podemos tolerar, porque eso es no estar comprometidos con nuestra infancia", continuó.

La magistrada señaló que "el deber de prevención" tiene que estar "en todos los ámbitos donde haya un niño" y "no quedarnos en compartimientos estancos por un lado los jueces, por otro lado el Legislativo y por otro lado el Ejecutivo".

Además, subrayó que la iniciativa busca cumplir con los compromisos internacionales asumidos y aportó datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia que, en el período 2020-2021, registró "16.162 denuncias de violencia, en 4.798 fueron víctimas directas niños y en 6.805 hubo niños, niñas y adolescentes afectados".

"Hay que cambiar la visión adulto-céntrica que tienen las leyes vigentes, para centrar al niño como sujeto pleno de derechos", manifestó Díaz Cordero y apuntó que "tenemos muchísimas leyes pero a la hora de garantizar la tutela judicial efectiva de los niños, es vulnerada, no la garantizamos efectivamente".

También hizo un resumen de los 81 artículos que contiene el proyecto y relató su experiencia personal en el trabajo en el fuero de Familia, donde atienden "casos de niños de 2 y 4 años que llegan al hospital con cocaína en la orina" o, por ejemplo, de "una niña de 8 años que nos dijo cómo su madre la entregaba en una ranchada a cambio de droga". "Estas son vidas que merecen por parte nuestra y de toda la sociedad una atención especial", aseveró.

Con una variada agenda de temas que se propusieron abordar en la mitad de este año, se puso en marcha este jueves la Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que fueron ratificadas sus autoridades.

La presidenta de la comisión, la senadora riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), reveló que la defensora Marisa Graham remitió el pasado 30 de mayo un informe de 300 páginas, para el cual se le darán 15 días a las integrantes de la comisión para su análisis y posterior envío de consultas.

Por su parte, la diputada Paola Vessvessian (FdT) pidió este año "darle un enfoque federal a la bicameral" porque si bien se tuvieron reuniones fructíferas el año pasado, "tuvimos poca representatividad de actores que trabajan el tema de la infancia a lo largo y ancho del país", dijo.

Además, la santacruceña sugirió convocar al secretario de Niñez, Gabriel Lerner, "que está trabajando con el Consejo Federal de Niñez en la reglamentación de la Ley Lucio". En esa línea, la secretaria de la bicameral señaló que "a seis años del Programa de Acompañamiento al Egreso", que salió por ley en 2017, también sería bueno conocer "los resultados en la implementación, como de otros programas que salieron con fuerza de ley".

A continuación, la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro), quien seguirá como vicepresidenta, recomendó "ir al interior y empezar a escuchar en el territorio lo que está pasando" como comisión, más allá de la tarea individual de cada legisladora en sus provincias. Entre los temas que propuso tratar mencionó la inteligencia artificial y la salud mental.

También sobre salud mental habló la diputada Carla Carrizo (UCR), quien contó que en la Comisión de Salud de la Cámara baja se está intentando avanzar en un "programa nacional de salud mental" que no modifica la ley y sería "bueno estar presentándolo en espejo en el Senado". Otro tema que destacó para avanzar es la capacitación docente para niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

En reemplazo de la exdiputada Jimena López, la legisladora Brenda Vargas Matyi (FdT) se sumó a la comisión, desde donde pidió "promover la inserción de los adolescentes en el voto joven" ya que según estadísticas, "los mayores de 18 años participan en un 80% en las elecciones, y quienes tienen entre 16 y 18 años lo hacen en un 60%", apuntó. "Esa brecha hoy, a 40 años de la democracia, creo que es importante ir a buscar a esos pibes y pibas", sostuvo.

En tanto, la diputada Mabel Caparrós (FdT) advirtió que "tenemos casos muy graves de grooming que están ocurriendo con nuestros chicos". Por otro lado, opinó que al tratarse de un año electoral que complica el trabajo parlamentario deberían retomar el trabajo mixto, y hacer reuniones virtuales, para "ser prácticos" porque "este año es muy especial pero tiene que ser también un año en el que podamos dejar algo", planteó, algo en lo que coincidieron otras de sus pares.

La senadora Victoria Huala (Pro) consideró "fundamental que la bicameral pueda tener una mirada federal" y solicitó hacer un trabajo de recopilación de los "muchísimos proyectos presentados por colegas referidos a los derechos de niños, niñas y adolescentes" de modo que "la bicameral sea impulsadora de estos proyectos".

A su turno, la senadora María Eugenia Duré (FdT) propuso repetir una reunión con adolescentes de todo el país, en la importancia de escuchar la voz de la juventud; dijo que "nos debemos un trabajo muy profundo" sobre las infancias trans; y también avaló abordar la cuestión de la salud mental. "En Tierra del Fuego tenemos una problemática importante con el tema del suicidio", señaló.

En el tramo final, Vessvessian planteó una revisión de la normativa existente en cuanto a niños, niñas y adolescentes, los vacíos legales que hay y una comparación entre la legislación de las diferentes provincias. Vega se mostró a favor y expresó que también hay que "repensar si la Ley 26.061 está acorde a estos tiempos".

La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) presentó un proyecto de ley que propone reformar la Ley 27.372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, con el fin de incorporar una perspectiva en niñez.

"En los últimos meses, el caso Lucio Dupuy evidenció las nulas respuestas institucionales frente a estos aberrantes hechos y la necesidad de que el Congreso de la Nación genere nuevas herramientas legales para proteger a los niños, niñas y adolescentes", consideró.

La cordobesa señaló que actualmente esta norma "no contempla la perspectiva de los derechos de la niñez", por eso es necesario "modificarla y adecuarla a la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporando la Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos publicados por UNICEF, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (JUFEJUS) y la Asociación por los Derechos Civiles".

En sus fundamentos, la iniciativa indica que según la Encuesta Nacional de Niños/ niñas y Adolescentes, llevada a cabo por UNICEF en 2019-2022, un 59% de los NNA han sufrido prácticas violentas en la crianza. La cantidad de niñas y niños que fueron víctimas de violencia familiar y sexual aumentó a un 54% a raíz del aislamiento en pandemia. Además, resalta el hecho de que la mayoría de los actos violentos se consuma en ámbitos de intimidad y en muchas ocasiones no quedan evidencias físicas que sirvan como prueba ante un consecuente proceso, ni existen testigos presenciales de los hechos.

La legisladora radical explicó que el proyecto tiene como fin "fortalecer la aplicación del principio de enfoque diferencial previsto en dicho cuerpo normativo" y "delinear un sistema nacional que proteja por igual a todos los niños y niñas del país, respetando la legislación en cada provincia que ya lo prevé y complementando ó mejorando aquellas en las que no está previsto".

Concretamente, el articulado propuesto por la diputada dispone, por ejemplo, garantizar que las declaraciones sean tomadas por profesionales con capacitación específica y siendo videograbadas para evitar la repetición del proceso, conforme a estrictos protocolos. Además, contempla la realización de un único examen pericial físico para evitar la revictimización del niño/a. Otro punto importante del proyecto es el que establece que nunca se confronte a la víctima con el/la supuesto/a agresor/a.

“Esto servirá para que la reacción del Estado ante estos casos sea la adecuada. El crimen de Lucio nos duele y nos interpela como sociedad y, lamentablemente, no es el único. Es muy importante seguir trabajando en un Estado que realmente cuide de manera adecuada a nuestros niños, niñas y adolescentes”, cerró Brouwer de Koning.

Con el narcotráfico en el centro de la escena, a raíz del incremento de violencia registrado en la ciudad de Rosario, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical-JxC) presentó un pedido de informes sobre la situación de niños, niñas y adolescentes ante las consecuencias de esta problemática.

"El abordaje desde la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que es imperativo para nuestro país, obliga al Ministerio de Seguridad a abordar al narcotráfico también con la visión de las y los menores que padecen estos crímenes", señaló la legisladora.

En sus redes sociales, la radical agregó: "Son víctimas que pierden a sus familiares por estos hechos, pero también lo son de la marginalidad absoluta del Estado, que las y los arroja al consumo temprano de estupefacientes y capta 'su mano de obra' para la comisión de delitos".

"Ante este flagelo, presenté un pedido de informes al Ejecutivo Nacional, que surge en el marco del incremento de los crímenes vinculados al narcotráfico que azotan a la ciudad de Rosario, y especialmente en la situación que atraviesan niños, niñas y adolescentes", expresó.

En el proyecto, la legisladora solicita que se precise "la cantidad de niños, niñas y adolescentes víctimas directas de crímenes vinculados al narcotráfico"; y asimismo que se informe si hay datos precisos sobre cuántos menores "han perdido a su madre, padre, tutores como consecuencia de asesinatos por crímenes vinculados al narcotráfico en los últimos cinco años".

Tavela también busca conocer "si se realiza un acompañamiento judicial, estatal y/o psicológico sobre su situación posterior al fallecimiento de sus padres/madres".

Otro de los ejes de consulta es "qué medidas se han adoptado, en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación, para obtener la información referida a la deserción escolar en las zonas de incremento de delitos vinculados al narcotráfico, especialmente de adolescentes".

La iniciativa fue acompañada por sus pares Marcela Antola, Carla Carrizo, Pablo Cervi, Dolores Martínez, María Victoria Tejeda y Emiliano Yacobitti.

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, informe acerca de las medidas adoptadas para la implementación de la creación de una inter-fase tecnológica destinada a dar información, contención y brindar asesoramiento en materia de violencia, maltrato y abuso sexual, y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes (NNyA).

"Actualmente la línea 102 funciona solo en 17 de las 24 provincias de nuestro país y no cuenta con una aplicación para que los NNyA puedan comunicarse. Las provincias de Santa Fe, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis cuentan con números de línea diferentes al 102, que son más extensos y no son gratuitos, lo que implica una enorme dificultad para recordar los mismos y comunicarse", explicó la legisladora.

La reforma de la Ley 26.061 que se sancionó en el año 2020 por medio de la Ley 27.576 preveía la creación de una inter-fase tecnológica para la información y denuncia de situaciones de abuso sexual y otras vulneraciones de derechos.

"La idea era que se pudieran realizar intervenciones de forma conjunta y articulada con los distintos organismos del Estado que trabajan ante la amenaza o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se pretendía también unificar la información de todas las provincias en la materia. Sin embargo, hasta el día de la fecha no vemos avance alguno en la implementación de ésta política pública. Lo que resulta sumamente preocupante puesto que constituye una violación al derecho de los niños, niñas adolescentes a ser oídos, protegido en nuestro ordenamiento jurídico", fundamentó la santacruceña.

Y concluyó: "Solicito con urgencia se informen las medidas que se han implementado al día de la fecha para dar lugar a la concreción de dicha política pública, apoyada por ambas cámaras del Congreso y pensada como un aporte al sistema de canalización de denuncias actual".

La iniciativa fue acompañada por sus pares Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Camila Crescimbeni, Ingrid Jetter, Karina Bachey, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Graciela Ocaña, Germana Figueroa Casas y Mariana Stilman.

La defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, destacó este martes el proyecto de ley para la Crianza con Ternura y Buen Trato, impulsado por el Gobierno nacional, y precisó que un estudio reveló que el 64% de las familias ejercen microviolencias sobre sus hijos.

En ese sentido, la abogada explicó que la iniciativa -presentada en un acto la semana pasada pero que todavía no ingresó formalmente al Parlamento- busca “la capacitación a todos los funcionarios y no funcionarios que atienden a niños, niñas y adolescentes, para promover nuevos paradigmas sobre niñez y adolescencia”.

“Los derechos de los niños son primordiales en una sociedad, siendo los primeros derechos que hay que atender desde las políticas públicas, hasta las normas y el trato en la vida cotidiana”, expresó en diálogo con radio AM990.

Sobre el estudio de las microviolencias hacia hijos, la funcionaria mencionó "los gritos, el zamarreo, tirarles del pelo, en aras de la educación y la crianza, pensando que de esa manera van a aprender”.

Graham citó frases “populares” para ejemplificar la violencia verbal que usan los adultos, como “la ley con sangre entra” o “un buen cachetazo dado a tiempo”.

“Con los más chicos se utiliza la violencia física, por ejemplo, un domingo de lluvia en el shopping: los niños se cansan, están aburridos, y las mamás y los papás pierden la tolerancia que tienen que tener con ellos cuando se ponen fastidiosos”, ejemplificó.

En tanto, la defensora señaló que “a los adolescentes no se le ejerce esta violencia sobre el cuerpo, sino se utiliza el insulto, a las mujeres se les dicen locas, y a los varones boludos”.

Graham añadió que el proyecto del Poder Ejecutivo busca “que (a los niños) se los considere como ciudadanos, cosa que no es menor". "La otra cuestión es que se puedan remover obstáculos de todo tipo, sobre todo culturales, y que se deconstruyan las prácticas cotidianas que los adultos llevamos adelante de violencia contra los niños”, concluyó.

"Necesitamos impulsar el primer programa nacional de salud mental para niñas, niños y adolescentes en el país”, reclamó Carla Carrizo, la vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, junto a la diputada bonaerense Camila Crescimbeni (Pro), quienes encabezaron este jueves una mesa virtual junto a representantes de los tres poderes de la Ciudad de Buenso Aires, que debatieron sobre la otra pandemia que trajo el COVID: la “salud mental de niñas, niños y adolescentes en Argentina”.

Más de 100 participantes integrados por padres madres, responsables de hogares, referentes y ONGs que trabajan en infancia y adolescencia en Argentina, abrieron un ciclo de encuentros que se trasladará a cada provincia con el objetivo de generar el volumen político y social necesario para avanzar con políticas concretas en el Congreso nacional, según informaron a través de un comunicado.

El encuentro contó con las palabras de María Patricia Vischi, legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Salud; Manuela Thourte, legisladora porteña y vicepresidenta de la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia y Juventud; Pilar Molina, secretaria general de Gestión del Ministerio Público Tutelar de Ciudad de Buenos Aires y, Humberto Persano, director general de Salud Mental del Gobierno porteño.

Durante el debate, Carrizo se preguntó: "¿Qué pasaba con la Salud Mental de NNyA antes de la pandemia? Lo mismo que con la escuela: todos sabíamos que estaba el problema. Pero la dirigencia no reaccionaba con una acción colectiva. La estrategia fue en educación y en salud mental el salto hacia adelante", protestó.

"¿Cuáles eran los datos antes de la pandemia? En 2017, según Unicef, su agenda prioritaria eran los adolescentes de la Argentina porque teníamos 10 muertes diarias. De esas 10 muertes, 6 eran evitables (autoagresión, accidentes, suicidios) Es decir, la emergencia de los adolescentes estaba invisibilizada para las familias y la dirigencia política Argentina”, destacó.

Y continuo: “El Congreso tenía 3 grandes leyes para la adolescencia: Ley de prevención del suicidio, sancionada en 2015; 6 años esperando ser reglamentada. Ley de salud mental integral sancionada en 2010 que omite mencionar a Niños/as y Adolescentes y la Ley de Protecciòn integral a la Infancia, sancionada en 2006, hace 16 años pero no habal de salud mental. Es decir, la respuesta del Estado estos 16 años fue evitar la patologizaciòn y no nombrar, es decir, omitir, ocultar",

"Desde 2017 venimos trabajando en un proyecto que crea el primer programa nacional de salud mental para niñas y adolescentes, focalizado en la terapia multifamiliar, para achicar la medicalización y evitar la patologización y tampoco se pudo avanzar. Con la Pandemia todos estos datos empeoraron con un agravante. La ley de salud mental estipula que el 10% del presupuesto de salud debe asignarse a salud mental y sólo se le asignó el 2% ¿cuànto màs debemos avanzar?", dijo la diputada radical en una autocrítica al gobierno de Mauricio Macri y también a la gestión de Alberto Fernández.

Luego, Camila Crescimbeni expresó que “siempre es interesante ver quiénes nos escuchan. Y somos, en una mayoría muy fuerte, mujeres. Lo cual por un lado es positivo por el trabajo muy particular que tenemos sobre este tema. Pero vale la pena resaltar que los temas de salud mental no son solamente nuestros. Es un tema también de los varones. Y tiene que ser una política que nos pueda atravesar. Tenemos el desafío de transmitirle a la sociedad que este es un tema del que tenemos que hablar y muy fuerte, nos atraviesa y nos recorre a todas y todos”.

“Con el proyecto que presentamos, hacer una gran campaña de concientización y de sensibilización respecto de la salud mental. Y ahí no queremos detenernos solo en la pandemia porque los puso muy en evidencia. Pero desde sectores, como el Observatorio de Psicología, nos alertaron sobre adolescencias y juventudes sobre los sentimientos agravados de angustia, depresión y soledad. Nuestro proyecto apunta a generar una campaña nacional donde podamos difundir los recursos que tenemos. Y nuestra intención es que se trabaje integralmente en temas de salud mental”, señaló la diputada bonaerense.

Por su parte, Humberto Persano, médico psiquiatra, consideró: “Creo que la escuela resolvió un problema que la salud no resolvió. Por ejemplo, a nadie se ocurría que un alumno secundario estudie junto a un niño del jardín de infantes. Pero en salud mental eso no está dividido. Entonces, tenemos en salas de pediatría bebés con adolescentes de 16 años. Eso, que parece un tema menor, es un tema muy grave porque los adolescentes carecen de un espacio propio de la salud. Hay que crear una sala de adolescentes separado de los niños. Eso la escuela lo resolvió, pero la salud no lo hizo”.

“Por otro lado, en salud mental infanto-juvenil el recurso humano es insuficiente. No alcanza con la redistribución de recursos, no alcanza con el apoyo de distintos efectores. Hay que generar muchos equipos en los lugares más cercanos a la gente. La pandemia puso sobre el tapete el pedido de la atención cercana al domicilio”, apuntó.

María Patricia Vischi, a su turno, remarcó que "los profesionales de la salud mental deben trabajar sobre medidas que orienten las acciones de los diferentes actores relevantes para proteger y evitar el sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes que tenemos alrededor. Esto tiene que estar determinado, sin duda, por los factores que todos los días tenemos alrededor. Me parece que el compromiso de todos nosotros va a implicar tener una mejor dinámica sobre estos derechos que son humanos y sociales. Para eso vamos a comprometernos para garantizar poder salir de la mejor manera de esta pandemia que aún nos sigue sorprendiendo”.

Por su parte, Pilar Molina, dijo: “Los chicos se quedaron sin red donde se detectan vulneraciones de derechos. No es lo mismo la presencialidad, sobre todo para situaciones como organismos de Consejo de derechos, La Dirección de niñez, o la Asesoría General Tutelar. Son cuestiones que requieren escucha, mirada, abrazo, otro tipo de contención. Venimos de un tiempo muy largo de vulneración de derechos en los que no hubo un cumplimiento de ese norte que nos marca la Convención hace 32 años, que es el interés superior del niño. Frente a cualquier decisión público-privada que haya que tomar, esas decisiones deben ser lo mejor para los chicos”.

Por último, Manuela Thourte señaló que “desde la Legislatura, desde el inicio del aislamiento, trabajamos algunos proyectos que tenían que ver con permitir las salidas recreativas de los niños. Y también trabajamos para que el Ejecutivo estableciera protocolos para los tratamientos de los chicos con trastornos de salud mental porque en algún momento se habían discontinuado cualquier tipo de atención. Perder el miedo a estigmatizar cuando hablamos de salud mental y afianzar el concepto de salud integral que es fìsica, mental y emocional”.