Se realizará en la Legislatura de Córdoba un debate sobre la ludopatía infantil 

Es impulsado por la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning. El tema ya comenzó a analizarse en el Congreso de la Nación. 

Promovido por la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning y la legisladora provincial Alejandra Ferrero, se realizará el próximo lunes en la Legislatura de Córdoba una mesa de trabajo sobre “Los peligros del juego online. Impacto en niños, niñas y adolescentes”. 

“El propósito del encuentro es reflexionar sobre los desafíos, obstáculos y problemas que enfrentamos con el juego online, analizando su impacto en la salud mental, social y económica de los menores”, señalaron las organizadoras. 

El contexto de crisis económica, el aislamiento en la pandemia y el significativo impacto que está teniendo la industria del juego a nivel mundial, han provocado un aumento considerable en el acceso a los juegos de azar virtuales, abriendo nuevas alternativas que los sistemas tradicionales de apuestas no ofrecen. 

“Esta realidad, sumada al acceso a las nuevas tecnologías que tienen los NNyA en la actualidad, los insuficientes o ineficientes controles para su acceso, están generando una gran problemática, la ludopatía, que antes estaba concentrada en los adultos y ahora impacta profundamente en niños, niñas y adolescentes”, indicaron. 

La ludopatía virtual es definida como el fracaso crónico y progresivo de resistir los impulsos de jugar apostando dinero mediante plataformas electrónicas. En el contexto argentino, las cifras son preocupantes: se calcula que hay unas 19 millones de personas que apuestan asiduamente, mientras que 7 de cada 100 argentinos pueden ser considerados adictos, muy por encima de la media global, por lo que los números encienden todas las alarmas. 

En la jornada, abierta para el público en general, además de Brouwer de Koning y Ferrero, expondrán Rodrigo Agrelo, legislador provincial y autor del proyecto para prohibir la adjudicación de nuevas licencias de juego en línea y crear una comisión de expertos; Mariana Savid, psicopedagoga y especialista en los riesgos del juego online en menores; Munir Bracco, referente de la Pastoral Social; y Florencia Bustos, experta en Criminología Educativa y docente extensionista de la Universidad Siglo 21 para la formación de ciudadanos digitales seguros.

En la previa del inicio del debate en comisión, suman un proyecto contra la ludopatía

La iniciativa, que apunta específicamente a la prevención en niñas, niños y adolescentes, fue presentada por la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning.

En la previa del inicio del debate de una docena de proyectos que buscan prevenir la ludopatía, que tendrá lugar este martes en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados, la radical Gabriela Brouwer de Koning presentó una iniciativa vinculada a niñas, niños y adolescentes.

“El contexto de crisis económica, el aislamiento en la pandemia y el significativo impacto que está teniendo la industria del juego a nivel mundial, han provocado un aumento considerable en el acceso a los juegos de azar virtuales, abriendo nuevas alternativas que los sistemas tradicionales de apuestas no ofrecen”, advirtió la legisladora.

En ese sentido, señaló: “Esta realidad sumada al acceso a las nuevas tecnologías que tienen los NNyA en la actualidad, los insuficientes o ineficientes controles para su acceso, están generando una gran problemática, la ludopatía, que antes estaba concentrada en los adultos y ahora impacta profundamente en niños, niñas y adolescentes”.

La ludopatía virtual es definida como el fracaso crónico y progresivo de resistir los impulsos de jugar apostando dinero mediante plataformas electrónicas.

“En el contexto argentino las cifras son preocupantes, se calcula que hay unas 19 millones de personas que apuestan asiduamente, mientras que 7 de cada 100 argentinos pueden ser considerados adictos, muy por encima de la media global, por los números se encienden todas las alarmas”, detalló la cordobesa.

El proyecto plantea la aplicación prioritaria de la ley de consumos problemáticos para este tipo de casos, la creación de un plan nacional para la prevención y el abordaje integral e interdisciplinario de la adicción a los juegos de azar virtuales NNyA, campañas de prevención y concientización en el entorno cercano de NNyA, como así también, capacitación al personal encargado de la prevención y abordaje de adicciones y recopilación estadística.

La iniciativa propone, además, tres prohibiciones con el fin de establecer requisitos estrictos en cuanto a la verificación de la edad de los usuarios, la promoción responsable del juego y la prevención del acceso no autorizado de NNyA a plataformas de apuestas virtuales.

Existe un esquema de captación mediante intermediarios, denominados como “cajeros”, que son operadores que habilitan los mecanismos de apuestas a cambio de transferencias de dinero, generalmente por billeteras virtuales. “Los adolescentes suelen contactar a estos intermediarios por recomendación de amigos y, como desde los 13 años pueden tener billeteras virtuales, el acceso para apostar en los sitios de casino online es totalmente posible”, indicó la diputada.

“El entorno digital y la proliferación de plataformas de juego en línea presentan desafíos que requieren mecanismos para proteger a los NNyA ante la exposición a prácticas de juego perjudiciales. Este tipo de adicción está en auge y por lo tanto debe asignarse absoluta prioridad a su abordaje” sostuvo.

Y concluyó: “Construir legislación en este ámbito es crucial para garantizar un entorno seguro y responsable en el que los NNyA puedan participar en actividades en línea sin correr riesgos relacionados con el juego compulsivo o perjudicial”.

 

 

Con datos alarmantes, se presentó un proyecto sobre erradicación de la violencia en la infancia y adolescencia

El evento estuvo organizado por el senador Eduardo Vischi, quien elaboró el proyecto junto a la jueza y vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero.

Con datos alarmantes sobre la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes, se realizó este martes la presentación oficial de un proyecto de ley que propone erradicar este flagelo, impulsado por el senador nacional Eduardo Vischi (UCR).

En una de las salas del Anexo de la Cámara alta, el correntino reveló que la iniciativa la elaboró en conjunto con la jueza y vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, a quien conoció cuando se incorporó en noviembre pasado como consejero. “Enseguida unimos esta devoción que tenemos por el trabajo de los niños, niñas y adolescentes”, dijo.

El legislador de Juntos por el Cambio explicó que el proyecto “viene a complementar otras normas que existen en Argentina” y el objetivo es “visibilizar este flagelo”. En esa línea, recordó el caso de Lucio Dupuy o, más recientemente, de Joaquín Sperani, cuando la atención mediática se centra allí pero “después pasa el efecto y terminamos nuevamente viendo que muchas veces no tenemos respuestas desde el Estado”.

Vischi habló de “la necesidad de tener datos e información que nos permita actuar en consecuencia” ya que “el tema de la violencia específicamente tiene que ver también con que, en muchos casos, se da de forma intrafamiliar” y esto lo hace de más “difícil abordaje”.

Según datos de UNICEF, 7 de cada 10 niños afirmaron haber sufrido maltrato por parte de personas de su círculo íntimo, precisó el senador y expresó: “A veces culturalmente está aceptado el tema del maltrato, como que para educar a un hijo hay que pegarle o mostrar mano dura”.

De acuerdo a estos números, el 47% de los casos fue violencia física, el 29% psicológica y el 20% sexual. Además, el 80% de los niños, niñas y adolescentes que sufrieron violencia no recibieron atención de ningún tipo y sólo el 14% de los denunciados llegó a juicio.

Por otra parte, según datos del año 2021 de la Línea 137, de las denuncias recibidas el 48,7% involucró a menores y, de esa cifra, el 60% fueron del género femenino. También, 6 de cada 10 víctimas registradas de violencia sexual fueron niños, niñas y adolescentes, representando el género femenino 4 veces más que el masculino.

El legislador explicó que la iniciativa contempla al “buen trato y erradicación de la violencia como derecho”, y se busca que la ley “tenga alcance nacional y sea ejecutada de manera interjurisdiccional e intersectorial”. Y que no solamente determine funciones a los distintos organismos, sino “responsabilidades”. También la “formación de equipos técnicos, de ONG’s, de los padres y docentes”.

A su turno, Díaz Cordero remarcó que “erradicar quiere decir suprimir de una manera definitiva y acabada”. “Queremos cultura cero de violencia, queremos instalar la cultura del buen trato, de una crianza y parentalidad positiva. Los niños merecen que se respeten sus derechos más sagrados”, sostuvo.

“Esta ley lo que intenta es que la sociedad toda se comprometa. No queremos más leyes con nombres de niños y niñas. Eso no lo podemos permitir, no lo podemos tolerar, porque eso es no estar comprometidos con nuestra infancia”, continuó.

La magistrada señaló que “el deber de prevención” tiene que estar “en todos los ámbitos donde haya un niño” y “no quedarnos en compartimientos estancos por un lado los jueces, por otro lado el Legislativo y por otro lado el Ejecutivo”.

Además, subrayó que la iniciativa busca cumplir con los compromisos internacionales asumidos y aportó datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia que, en el período 2020-2021, registró “16.162 denuncias de violencia, en 4.798 fueron víctimas directas niños y en 6.805 hubo niños, niñas y adolescentes afectados”.

“Hay que cambiar la visión adulto-céntrica que tienen las leyes vigentes, para centrar al niño como sujeto pleno de derechos”, manifestó Díaz Cordero y apuntó que “tenemos muchísimas leyes pero a la hora de garantizar la tutela judicial efectiva de los niños, es vulnerada, no la garantizamos efectivamente”.

También hizo un resumen de los 81 artículos que contiene el proyecto y relató su experiencia personal en el trabajo en el fuero de Familia, donde atienden “casos de niños de 2 y 4 años que llegan al hospital con cocaína en la orina” o, por ejemplo, de “una niña de 8 años que nos dijo cómo su madre la entregaba en una ranchada a cambio de droga”. “Estas son vidas que merecen por parte nuestra y de toda la sociedad una atención especial”, aseveró.

Con una variada agenda de temas se puso en marcha la Bicameral del Defensor del Niño

Este jueves fueron ratificadas las autoridades de la comisión, que estará presidida por la senadora riojana Clara Vega.

bicameral del defensor del niño 1 junio 2023

Con una variada agenda de temas que se propusieron abordar en la mitad de este año, se puso en marcha este jueves la Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que fueron ratificadas sus autoridades.

La presidenta de la comisión, la senadora riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), reveló que la defensora Marisa Graham remitió el pasado 30 de mayo un informe de 300 páginas, para el cual se le darán 15 días a las integrantes de la comisión para su análisis y posterior envío de consultas.

Por su parte, la diputada Paola Vessvessian (FdT) pidió este año “darle un enfoque federal a la bicameral” porque si bien se tuvieron reuniones fructíferas el año pasado, “tuvimos poca representatividad de actores que trabajan el tema de la infancia a lo largo y ancho del país”, dijo.

Además, la santacruceña sugirió convocar al secretario de Niñez, Gabriel Lerner, “que está trabajando con el Consejo Federal de Niñez en la reglamentación de la Ley Lucio”. En esa línea, la secretaria de la bicameral señaló que “a seis años del Programa de Acompañamiento al Egreso”, que salió por ley en 2017, también sería bueno conocer “los resultados en la implementación, como de otros programas que salieron con fuerza de ley”.

A continuación, la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro), quien seguirá como vicepresidenta, recomendó “ir al interior y empezar a escuchar en el territorio lo que está pasando” como comisión, más allá de la tarea individual de cada legisladora en sus provincias. Entre los temas que propuso tratar mencionó la inteligencia artificial y la salud mental.

bicameral del defensor del niño 1 junio 2023

También sobre salud mental habló la diputada Carla Carrizo (UCR), quien contó que en la Comisión de Salud de la Cámara baja se está intentando avanzar en un “programa nacional de salud mental” que no modifica la ley y sería “bueno estar presentándolo en espejo en el Senado”. Otro tema que destacó para avanzar es la capacitación docente para niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

En reemplazo de la exdiputada Jimena López, la legisladora Brenda Vargas Matyi (FdT) se sumó a la comisión, desde donde pidió “promover la inserción de los adolescentes en el voto joven” ya que según estadísticas, “los mayores de 18 años participan en un 80% en las elecciones, y quienes tienen entre 16 y 18 años lo hacen en un 60%”, apuntó. “Esa brecha hoy, a 40 años de la democracia, creo que es importante ir a buscar a esos pibes y pibas”, sostuvo.

En tanto, la diputada Mabel Caparrós (FdT) advirtió que “tenemos casos muy graves de grooming que están ocurriendo con nuestros chicos”. Por otro lado, opinó que al tratarse de un año electoral que complica el trabajo parlamentario deberían retomar el trabajo mixto, y hacer reuniones virtuales, para “ser prácticos” porque “este año es muy especial pero tiene que ser también un año en el que podamos dejar algo”, planteó, algo en lo que coincidieron otras de sus pares.

La senadora Victoria Huala (Pro) consideró “fundamental que la bicameral pueda tener una mirada federal” y solicitó hacer un trabajo de recopilación de los “muchísimos proyectos presentados por colegas referidos a los derechos de niños, niñas y adolescentes” de modo que “la bicameral sea impulsadora de estos proyectos”.

A su turno, la senadora María Eugenia Duré (FdT) propuso repetir una reunión con adolescentes de todo el país, en la importancia de escuchar la voz de la juventud; dijo que “nos debemos un trabajo muy profundo” sobre las infancias trans; y también avaló abordar la cuestión de la salud mental. “En Tierra del Fuego tenemos una problemática importante con el tema del suicidio”, señaló.

En el tramo final, Vessvessian planteó una revisión de la normativa existente en cuanto a niños, niñas y adolescentes, los vacíos legales que hay y una comparación entre la legislación de las diferentes provincias. Vega se mostró a favor y expresó que también hay que “repensar si la Ley 26.061 está acorde a estos tiempos”.

bicameral del defensor del niño 1 junio 2023

Impulsan un proyecto para modificar la Ley de Víctimas e incorporar la perspectiva en niñez

La iniciativa fue presentada por Gabriela Brouwer de Koning ante “la necesidad de que el Congreso genere nuevas herramientas legales para proteger a los niños, niñas y adolescentes”.

La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) presentó un proyecto de ley que propone reformar la Ley 27.372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, con el fin de incorporar una perspectiva en niñez.

“En los últimos meses, el caso Lucio Dupuy evidenció las nulas respuestas institucionales frente a estos aberrantes hechos y la necesidad de que el Congreso de la Nación genere nuevas herramientas legales para proteger a los niños, niñas y adolescentes”, consideró.

La cordobesa señaló que actualmente esta norma “no contempla la perspectiva de los derechos de la niñez”, por eso es necesario “modificarla y adecuarla a la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporando la Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos publicados por UNICEF, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (JUFEJUS) y la Asociación por los Derechos Civiles”.

En sus fundamentos, la iniciativa indica que según la Encuesta Nacional de Niños/ niñas y Adolescentes, llevada a cabo por UNICEF en 2019-2022, un 59% de los NNA han sufrido prácticas violentas en la crianza. La cantidad de niñas y niños que fueron víctimas de violencia familiar y sexual aumentó a un 54% a raíz del aislamiento en pandemia. Además, resalta el hecho de que la mayoría de los actos violentos se consuma en ámbitos de intimidad y en muchas ocasiones no quedan evidencias físicas que sirvan como prueba ante un consecuente proceso, ni existen testigos presenciales de los hechos.

La legisladora radical explicó que el proyecto tiene como fin “fortalecer la aplicación del principio de enfoque diferencial previsto en dicho cuerpo normativo” y “delinear un sistema nacional que proteja por igual a todos los niños y niñas del país, respetando la legislación en cada provincia que ya lo prevé y complementando ó mejorando aquellas en las que no está previsto”.

Concretamente, el articulado propuesto por la diputada dispone, por ejemplo, garantizar que las declaraciones sean tomadas por profesionales con capacitación específica y siendo videograbadas para evitar la repetición del proceso, conforme a estrictos protocolos. Además, contempla la realización de un único examen pericial físico para evitar la revictimización del niño/a. Otro punto importante del proyecto es el que establece que nunca se confronte a la víctima con el/la supuesto/a agresor/a.

“Esto servirá para que la reacción del Estado ante estos casos sea la adecuada. El crimen de Lucio nos duele y nos interpela como sociedad y, lamentablemente, no es el único. Es muy importante seguir trabajando en un Estado que realmente cuide de manera adecuada a nuestros niños, niñas y adolescentes”, cerró Brouwer de Koning.

Piden informes sobre la situación de niños, niñas y adolescentes ante el narcotráfico

La radical Danya Tavela presentó una solicitud al Gobierno nacional respecto de menores que han sido víctimas de crímenes o que perdieron a sus padres por esta causa.

Con el narcotráfico en el centro de la escena, a raíz del incremento de violencia registrado en la ciudad de Rosario, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical-JxC) presentó un pedido de informes sobre la situación de niños, niñas y adolescentes ante las consecuencias de esta problemática.

“El abordaje desde la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que es imperativo para nuestro país, obliga al Ministerio de Seguridad a abordar al narcotráfico también con la visión de las y los menores que padecen estos crímenes”, señaló la legisladora.

En sus redes sociales, la radical agregó: “Son víctimas que pierden a sus familiares por estos hechos, pero también lo son de la marginalidad absoluta del Estado, que las y los arroja al consumo temprano de estupefacientes y capta ‘su mano de obra’ para la comisión de delitos”.

“Ante este flagelo, presenté un pedido de informes al Ejecutivo Nacional, que surge en el marco del incremento de los crímenes vinculados al narcotráfico que azotan a la ciudad de Rosario, y especialmente en la situación que atraviesan niños, niñas y adolescentes”, expresó.

En el proyecto, la legisladora solicita que se precise “la cantidad de niños, niñas y adolescentes víctimas directas de crímenes vinculados al narcotráfico”; y asimismo que se informe si hay datos precisos sobre cuántos menores “han perdido a su madre, padre, tutores como consecuencia de asesinatos por crímenes vinculados al narcotráfico en los últimos cinco años”.

Tavela también busca conocer “si se realiza un acompañamiento judicial, estatal y/o psicológico sobre su situación posterior al fallecimiento de sus padres/madres”.

Otro de los ejes de consulta es “qué medidas se han adoptado, en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación, para obtener la información referida a la deserción escolar en las zonas de incremento de delitos vinculados al narcotráfico, especialmente de adolescentes”.

La iniciativa fue acompañada por sus pares Marcela Antola, Carla Carrizo, Pablo Cervi, Dolores Martínez, María Victoria Tejeda y Emiliano Yacobitti.

Piden informes sobre la creación de una línea telefónica y una app para niñas, niños y adolescentes

Se había dispuesto por ley en 2020 para recibir denuncias de abuso sexual y violencia. La diputada Roxana Reyes enfatizó que “hasta la fecha no vemos avance alguno en la implementación de esta política pública”.

abuso sexual infantil

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, informe acerca de las medidas adoptadas para la implementación de la creación de una inter-fase tecnológica destinada a dar información, contención y brindar asesoramiento en materia de violencia, maltrato y abuso sexual, y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes (NNyA).

“Actualmente la línea 102 funciona solo en 17 de las 24 provincias de nuestro país y no cuenta con una aplicación para que los NNyA puedan comunicarse. Las provincias de Santa Fe, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis cuentan con números de línea diferentes al 102, que son más extensos y no son gratuitos, lo que implica una enorme dificultad para recordar los mismos y comunicarse”, explicó la legisladora.

La reforma de la Ley 26.061 que se sancionó en el año 2020 por medio de la Ley 27.576 preveía la creación de una inter-fase tecnológica para la información y denuncia de situaciones de abuso sexual y otras vulneraciones de derechos.

“La idea era que se pudieran realizar intervenciones de forma conjunta y articulada con los distintos organismos del Estado que trabajan ante la amenaza o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se pretendía también unificar la información de todas las provincias en la materia. Sin embargo, hasta el día de la fecha no vemos avance alguno en la implementación de ésta política pública. Lo que resulta sumamente preocupante puesto que constituye una violación al derecho de los niños, niñas adolescentes a ser oídos, protegido en nuestro ordenamiento jurídico”, fundamentó la santacruceña.

Y concluyó: “Solicito con urgencia se informen las medidas que se han implementado al día de la fecha para dar lugar a la concreción de dicha política pública, apoyada por ambas cámaras del Congreso y pensada como un aporte al sistema de canalización de denuncias actual”.

La iniciativa fue acompañada por sus pares Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Camila Crescimbeni, Ingrid Jetter, Karina Bachey, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Graciela Ocaña, Germana Figueroa Casas y Mariana Stilman.

Graham destacó el proyecto sobre crianza con ternura y buen trato

La defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se refirió a la iniciativa que se impulsa desde el Poder Ejecutivo.

La defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, destacó este martes el proyecto de ley para la Crianza con Ternura y Buen Trato, impulsado por el Gobierno nacional, y precisó que un estudio reveló que el 64% de las familias ejercen microviolencias sobre sus hijos.

En ese sentido, la abogada explicó que la iniciativa –presentada en un acto la semana pasada pero que todavía no ingresó formalmente al Parlamento- busca “la capacitación a todos los funcionarios y no funcionarios que atienden a niños, niñas y adolescentes, para promover nuevos paradigmas sobre niñez y adolescencia”.

“Los derechos de los niños son primordiales en una sociedad, siendo los primeros derechos que hay que atender desde las políticas públicas, hasta las normas y el trato en la vida cotidiana”, expresó en diálogo con radio AM990.

Sobre el estudio de las microviolencias hacia hijos, la funcionaria mencionó “los gritos, el zamarreo, tirarles del pelo, en aras de la educación y la crianza, pensando que de esa manera van a aprender”.

Graham citó frases “populares” para ejemplificar la violencia verbal que usan los adultos, como “la ley con sangre entra” o “un buen cachetazo dado a tiempo”.

“Con los más chicos se utiliza la violencia física, por ejemplo, un domingo de lluvia en el shopping: los niños se cansan, están aburridos, y las mamás y los papás pierden la tolerancia que tienen que tener con ellos cuando se ponen fastidiosos”, ejemplificó.

En tanto, la defensora señaló que “a los adolescentes no se le ejerce esta violencia sobre el cuerpo, sino se utiliza el insulto, a las mujeres se les dicen locas, y a los varones boludos”.

Graham añadió que el proyecto del Poder Ejecutivo busca “que (a los niños) se los considere como ciudadanos, cosa que no es menor”. “La otra cuestión es que se puedan remover obstáculos de todo tipo, sobre todo culturales, y que se deconstruyan las prácticas cotidianas que los adultos llevamos adelante de violencia contra los niños”, concluyó.

Piden impulsar programa de salud mental para niños y adolescentes

Tras un ciclo de encuentros que involucró a más de cien participantes integrados por madres, padres y ong vinculadas a la infancia y adolescencia, desde Juntos por el Cambio pidieron respuestas a una de las consecuencia de la pandemia: la salud mental. Autocrítica y cuestionamientos al presidente Alberto Fernández.

“Necesitamos impulsar el primer programa nacional de salud mental para niñas, niños y adolescentes en el país”, reclamó Carla Carrizo, la vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, junto a la diputada bonaerense Camila Crescimbeni (Pro), quienes encabezaron este jueves una mesa virtual junto a representantes de los tres poderes de la Ciudad de Buenso Aires, que debatieron sobre la otra pandemia que trajo el COVID: la “salud mental de niñas, niños y adolescentes en Argentina”.

Más de 100 participantes integrados por padres madres, responsables de hogares, referentes y ONGs que trabajan en infancia y adolescencia en Argentina, abrieron un ciclo de encuentros que se trasladará a cada provincia con el objetivo de generar el volumen político y social necesario para avanzar con políticas concretas en el Congreso nacional, según informaron a través de un comunicado.

El encuentro contó con las palabras de María Patricia Vischi, legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Salud; Manuela Thourte, legisladora porteña y vicepresidenta de la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia y Juventud; Pilar Molina, secretaria general de Gestión del Ministerio Público Tutelar de Ciudad de Buenos Aires y, Humberto Persano, director general de Salud Mental del Gobierno porteño.

Durante el debate, Carrizo se preguntó: “¿Qué pasaba con la Salud Mental de NNyA antes de la pandemia? Lo mismo que con la escuela: todos sabíamos que estaba el problema. Pero la dirigencia no reaccionaba con una acción colectiva. La estrategia fue en educación y en salud mental el salto hacia adelante”, protestó.

“¿Cuáles eran los datos antes de la pandemia? En 2017, según Unicef, su agenda prioritaria eran los adolescentes de la Argentina porque teníamos 10 muertes diarias. De esas 10 muertes, 6 eran evitables (autoagresión, accidentes, suicidios) Es decir, la emergencia de los adolescentes estaba invisibilizada para las familias y la dirigencia política Argentina”, destacó.

Y continuo: “El Congreso tenía 3 grandes leyes para la adolescencia: Ley de prevención del suicidio, sancionada en 2015; 6 años esperando ser reglamentada. Ley de salud mental integral sancionada en 2010 que omite mencionar a Niños/as y Adolescentes y la Ley de Protecciòn integral a la Infancia, sancionada en 2006, hace 16 años pero no habal de salud mental. Es decir, la respuesta del Estado estos 16 años fue evitar la patologizaciòn y no nombrar, es decir, omitir, ocultar”,

“Desde 2017 venimos trabajando en un proyecto que crea el primer programa nacional de salud mental para niñas y adolescentes, focalizado en la terapia multifamiliar, para achicar la medicalización y evitar la patologización y tampoco se pudo avanzar. Con la Pandemia todos estos datos empeoraron con un agravante. La ley de salud mental estipula que el 10% del presupuesto de salud debe asignarse a salud mental y sólo se le asignó el 2% ¿cuànto màs debemos avanzar?”, dijo la diputada radical en una autocrítica al gobierno de Mauricio Macri y también a la gestión de Alberto Fernández.

Luego, Camila Crescimbeni expresó que “siempre es interesante ver quiénes nos escuchan. Y somos, en una mayoría muy fuerte, mujeres. Lo cual por un lado es positivo por el trabajo muy particular que tenemos sobre este tema. Pero vale la pena resaltar que los temas de salud mental no son solamente nuestros. Es un tema también de los varones. Y tiene que ser una política que nos pueda atravesar. Tenemos el desafío de transmitirle a la sociedad que este es un tema del que tenemos que hablar y muy fuerte, nos atraviesa y nos recorre a todas y todos”.

“Con el proyecto que presentamos, hacer una gran campaña de concientización y de sensibilización respecto de la salud mental. Y ahí no queremos detenernos solo en la pandemia porque los puso muy en evidencia. Pero desde sectores, como el Observatorio de Psicología, nos alertaron sobre adolescencias y juventudes sobre los sentimientos agravados de angustia, depresión y soledad. Nuestro proyecto apunta a generar una campaña nacional donde podamos difundir los recursos que tenemos. Y nuestra intención es que se trabaje integralmente en temas de salud mental”, señaló la diputada bonaerense.

Por su parte, Humberto Persano, médico psiquiatra, consideró: “Creo que la escuela resolvió un problema que la salud no resolvió. Por ejemplo, a nadie se ocurría que un alumno secundario estudie junto a un niño del jardín de infantes. Pero en salud mental eso no está dividido. Entonces, tenemos en salas de pediatría bebés con adolescentes de 16 años. Eso, que parece un tema menor, es un tema muy grave porque los adolescentes carecen de un espacio propio de la salud. Hay que crear una sala de adolescentes separado de los niños. Eso la escuela lo resolvió, pero la salud no lo hizo”.

“Por otro lado, en salud mental infanto-juvenil el recurso humano es insuficiente. No alcanza con la redistribución de recursos, no alcanza con el apoyo de distintos efectores. Hay que generar muchos equipos en los lugares más cercanos a la gente. La pandemia puso sobre el tapete el pedido de la atención cercana al domicilio”, apuntó.

María Patricia Vischi, a su turno, remarcó que “los profesionales de la salud mental deben trabajar sobre medidas que orienten las acciones de los diferentes actores relevantes para proteger y evitar el sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes que tenemos alrededor. Esto tiene que estar determinado, sin duda, por los factores que todos los días tenemos alrededor. Me parece que el compromiso de todos nosotros va a implicar tener una mejor dinámica sobre estos derechos que son humanos y sociales. Para eso vamos a comprometernos para garantizar poder salir de la mejor manera de esta pandemia que aún nos sigue sorprendiendo”.

Por su parte, Pilar Molina, dijo: “Los chicos se quedaron sin red donde se detectan vulneraciones de derechos. No es lo mismo la presencialidad, sobre todo para situaciones como organismos de Consejo de derechos, La Dirección de niñez, o la Asesoría General Tutelar. Son cuestiones que requieren escucha, mirada, abrazo, otro tipo de contención. Venimos de un tiempo muy largo de vulneración de derechos en los que no hubo un cumplimiento de ese norte que nos marca la Convención hace 32 años, que es el interés superior del niño. Frente a cualquier decisión público-privada que haya que tomar, esas decisiones deben ser lo mejor para los chicos”.

Por último, Manuela Thourte señaló que “desde la Legislatura, desde el inicio del aislamiento, trabajamos algunos proyectos que tenían que ver con permitir las salidas recreativas de los niños. Y también trabajamos para que el Ejecutivo estableciera protocolos para los tratamientos de los chicos con trastornos de salud mental porque en algún momento se habían discontinuado cualquier tipo de atención. Perder el miedo a estigmatizar cuando hablamos de salud mental y afianzar el concepto de salud integral que es fìsica, mental y emocional”.