El evento es organizado por la legisladora Gabriela Valenzuela junto a la Fundación Red por la Infancia y se llevará a cabo el próximo 27 de junio a las 16.
La senadora nacional Gabriela Valenzuela (UCR – Corrientes) y la Fundación Red por la Infancia llevarán adelante la “Jornada Internacional sobre Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes: Intercambios Globales” donde participarán miembros del Inspire Working Group, especialistas internacionales en la materia y representantes de los tres poderes del Estado argentino.
La misma se realizará el día jueves 27 de junio, en el horario de 16 a 18 horas en el Auditorio Emar Acosta del Edificio Alfredo Palacios, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1702 5º piso de la Ciudad de Buenos Aires.
En el encuentro expondrán especialistas internacionales sobre la problemática, incluyendo autoridades de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
A su vez, será parte de las exposiciones el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes, Juan José López Desimoni, quien desarrollará la visión sobre políticas públicas provinciales ligadas al tema, y por su parte la legisladora nacional hablará sobre los avances y desafíos legislativos al respecto.
Este encuentro tiene como objetivo analizar la situación actual de la violencia contra la niñez en la región y el mundo, para fortalecer el trabajo en red de los Estados, la Justicia y las organizaciones del tercer sector y garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Sobre la Fundación Red Por la Infancia
Dirigida y fundada por Paula Wachter, especialista de trayectoria y compromiso con la lucha en la protección y prevención de violencias contras las infancias. Dicha fundación tiene como objetivo promover un abordaje integral sobre las violencias que sufren mujeres, niñas, niños y adolescentes cada día.
En esa búsqueda, se orienta a generar cambios sistémicos a través de la producción de conocimiento sobre la temática; el acompañamiento integral a víctimas y sus familiares; el monitoreo legislativo y la propuesta de políticas públicas en coordinación con los distintos niveles de Estado (nacional, provincial y municipal).
Inspire Working Group
El Grupo de Trabajo INSPIRE está copresidido por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Estudios de Seguridad, quienes también forman parte de la Secretaría del IWG junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC); UNODC, Joining Forces, CPC Learning Network y la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia Contra los Niños (End Violence).
El Grupo de Trabajo de Implementación de INSPIRE y la Comunidad de Práctica contribuyen a las acciones relacionadas con INSPIRE para prevenir y responder a la violencia contra los niños por parte de todas las organizaciones miembros, incluidas agencias bilaterales y redes internacionales.
El papel es proporcionar liderazgo y orientación estratégica en la implementación de intervenciones relacionadas con INSPIRE; armonizar el trabajo de los miembros para lograr un impacto colectivo; identificar oportunidades emergentes de apoyo a la implementación y necesidades de capacidad, y generar, recopilar y compartir nueva evidencia sobre lo que funciona para abordar la violencia contra los niños. Los miembros de su comunidad de práctica incluyen representantes de agencias de la ONU, agencias bilaterales, asociaciones profesionales internacionales, ONG/OSC nacionales, grupos de base, organismos gubernamentales y fundaciones filantrópicas y academia.
Representantes internacionales presentes
En una reunión informativa, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes recibió a la Defensora nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, y al Defensor adjunto, a fin de brindar el informe trimestral de la Defensoría.
Marisa Graham expuso una vez más en el Congreso de la Nación. (Fotos HCDN)
La Comisión de Familias, Niños y Juventudes de la Cámara baja, presidida por la radical Roxana Reyes (Santa Cruz), recibió a la doctora Marisa Graham y al defensor adjunto Facundo Hernández quienes presentaron el primer informe trimestral de la Defensoría nacional con el nuevo cambio de Gobierno.
En el inicio de la reunión -se llevó a cabo en el Anexo “A”-, culminó el proceso de constitución y fueron designadas Victoria Tolosa Paz (Up – Buenos Aires), como vicepresidenta primera y Nilda Moyano (UP – Santiago del Estero) en la Secretaría tercera.
En la primera visita de la Defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes visitó la Cámara de Diputados desde la asunción del presidente Javier Milei, la misma celebró los decretos que otorgaron aumentos a los montos de la Asignación Universal por Hijo y al Plan 1000 Días.
“Es importante asistir a las comisiones en la Cámara de Diputados y el Senado porque hemos legitimado nuestro rol desde el 2020 y trabajamos para garantizar el derecho a las prestaciones básicas”, señaló Graham en la presentación del informe de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Mediante una presentación de imágenes diapositivas, el primer tema trató sobre la cantidad de menores de edad que hay en la población argentina distribuidos por el territorio nacional: “El 26,6% de la población (12,2 millones) son niñas, niños y adolescentes”. Asimismo, agregó un dato aún más profundo: “El 58,5% vive en hogares pobres y el 18,9 en la indigencia”.
En esa línea, presentó el esquema del último período con relación a las prestaciones abonadas por la ANSES: “Hay 9.602.428 personas que reciben asignaciones (4.081.178 con AUH y 5.520.650 otras asignaciones) y 1.516.504 que cobran programas provinciales”. En tal sentido, la doctora destacó que “el Gobierno nuevo duplicó la AUH”.
No obstante, señaló que la prestación pasó de 41.322 pesos a 52.554 de enero a marzo 2024 “si es que abona el 100%”.
También, explicó la relación entre la AUH y el valor de Canasta Básica Familiar: “Solo cubren el 72% de la canasta aquellos cobren el Plan 1000 Días, la Tarjeta Alimentar y la AUH”, y amplió: “de 3 a 5 años, cubren el 50%; de 5 a 14, el 37,7%; y 15 a 17, solo el 16,5%”.
En esta parte, la doctora Graham remarcó el pedido que realizó hace unas semanas en la Comisión de Previsión y Seguridad Social respecto a elevar la edad a 17 años para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar (actualmente es hasta los 14 años). “Los adolescentes de 15, 16 y 17 años son los más desprotegidos”, aseveró.
Para sintetizar los reclamos anexados en el informe 2023 de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes explicó que “se busca mensualizar el mecanismo de actualización y lograr armonía y equidad en las diferentes prestaciones”.
Con relación a la seguridad alimentaria, Graham criticó que los kioscos de colegio y cantinas “venden chatarra y no cumplen con la Ley de Etiquetado Frontal”. Y añadió que “2.300.000 niñas y niños que viven bajo la línea de indigencia acuden a 223 comedores”.
Luego, doctor Facundo Hernández amplió más datos del informe: “un 44,9% de las niñas y niños acuden al sistema de salud pública”. También, pidió por la optimización del sistema de vacunación para que sea “como era antes de la pandemia”.
Por otro lado, se refirió al cierre, por parte del Gobierno nacional, del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que había logrado una notable disminución de embarazos no deseados en adolescentes.
“Es un plan que se monitoreó y tuvo una enorme reducción en la fecundidad adolescente que fue del 52% (35.000 a 16.000) y en niñas del 61%”, explicó Hernández. “No es que se está reordenando, no está funcionando”, remarcó.
Como solución al cierre del plan, el defensor señaló que “es esencial que se mantenga”, y propuso que haya una ley que garantice la continuidad del Plan ENIA.
Respecto a la salud mental en menores, indicó que “es fundamental fortalecer la atención porque impacta en suicidios, autolesiones y adicciones”. A su vez, presentó un dato negativo: “Los suicidios en menores venían a la baja, pero hubo repunte en el 2022. Se dio en más varones que mujeres”.
En el tramo final de la presentación, se refirió al programa Becas Progresar que permite que adolescentes “permanezcan en la escuela”. En esa línea, sugirió que “se incorpore a chicas y chicos de 15 años”.
Para terminar su exposición, Facundo Hernández concluyó que “las leyes, aunque no tengan la palabra niña, niño o menor impactan directamente en la vida de cada uno”.
Se presentó en Diputados el Índice de Crianza, la primera estimación oficial del “costo de crianza” que es elaborado por el INDEC.
En su elaboración, realizada por el INDEC, bajo lineamientos del Ministerio de Economía nacional y UNICEF, se tienen en cuenta los bienes y servicios necesarios para el mantenimiento de niños, niñas y adolescentes y la valorización del tiempo necesario para sus cuidados.
Uno de los objetivos de la creación de este índice es su utilización para fijar las cuotas de alimentos por parte del Poder Judicial. En Argentina hay 1 millón 600 mil hogares monomarentales, donde viven tres millones de menores y, según datos de UNICEF, más del 60% de estos hogares no recibe o sólo recibe parcialmente el dinero correspondiente a la cuota alimentaria.
La presentación estuvo propiciada por la diputada del FdT Lucia Galán, vicepresidente de la Comisión de Igual Real de Trato e integrante de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia.
El acto, además, contó con la participación de la directora nacional de Economía e Igualdad de Género, Sol Prieto; la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, Estela Díaz; la senadora provincial Sofía Vanelli; las funcionarias de la Legislatura Paz Bertero, Maru Bread y Maite Sandá; y la abogada Camila Beguiristain, auxiliar Letrada del Juzgado de Familia N°2 de Lomas de Zamora en representación de la jueza Belén Loguercio.
Sol Prieto, responsable del área que impulsó la creación del índice, hizo un repaso exhaustivo de los indicadores económicos de las familias monomarentales, el impacto del incumplimiento de la cuota alimentaria en la feminización de la pobreza y el endeudamiento, y destacó que "esto que organiza las vidas de muchas familias y representa un drama para muchas mujeres es, a la vez, un problema económico. Y esa conexión la hizo la política, que interpretó el problema y buscó dar respuesta desde el Estado".
En tanto la senadora Sofía Vanelli, aseguró al respecto: "me parece que tiene que haber un castigo social mucho más profundo, creo que hay una tolerancia social y naturalización que tenemos que romper para volver a construir la posibilidad de vivir en una familia sin violencia, donde la violencia económica no sea aceptada".
La legisladora que impulsa una serie de modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, aseguró que "los más perjudicados y vulnerables son los niños, niñas y adolescentes, por eso pensamos estas modificaciones desde una medida de protección".
El proyecto de ley de su autoría, que apela al Índice de Crianza, se encuentra en tratamiento en comisiones y tiene como propósito revertir el amplio nivel de incumplimiento de las obligaciones alimentarias generando mecanismos procesales que garanticen su pronta y efectiva concreción.
Estela Díaz, por su parte, destacó que "el Índice de Crianza es absolutamente innovador, no hay antecedentes en el mundo, una vez más nuestro país marca caminos", y señaló que "no es casual que casi inmediatamente tenemos fallos que usan el índice, es una herramienta que facilita el acceso y el trabajo de la Justicia".
A su turno, Camila Beguiristain destacó la importancia de esta herramienta, comentó el impacto en la labor judicial e hizo referencia al fallo de la jueza Belén Loguercio, la primera en aplicar el índice para fijar la cuota de alimentos. Lo hizo en un caso en el cual no se habían probado los gastos específicos, pero la jueza consideró que, siendo los alimentos un derecho humano fundamental, debía establecerse una cuota provisoria basada en el Índice de Crianza.
La secretaria General de la Presidencia de diputados, Paz Bertero, por su parte subrayó que "este índice es importante porque la violencia económica es una de las violencias de género más graves, invisibilizadas y naturalizadas; y es uno de los mayores obstáculos para que las mujeres puedan salir de ese círculo".
Fue ante la Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en cuyo marco la funcionaria dio detalles de la pobreza de los menores en la Argentina.
La iniciativa del diputado Alberto Asseff es en función de “proteger” a los niños, niñas y adolescentes en su participación en espacios educativos, deportivos o de esparcimiento a fin de asegurar su integridad física y psíquica.
El diputado nacional Alberto Asseff (Pro) presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal incorporando el artículo 133 bis que plantee que “toda persona condenada por los delitos enumerados en este Título III con sentencia firme, no podrá ejercer ninguna actividad laboral, social, cultural y/o de cualquier otra índole, que implique encontrase a cargo de personas menores de dieciocho (18) años”.
Entre los fundamentos, Asseff sostiene que el objetivo es proteger a los niños, niñas y adolescentes en sus espacios de participación tanto educativos, deportivos como de esparcimiento y deben ser protegidos por el Estado para asegurar su integridad física y psíquica.
“Debemos prohibir que aquellas personas que haya sido condenadas por delitos contra la integridad sexual ocupen cargos que impliquen tener contactos con menores de dieciocho años. Asegurarnos personas con la referida condena no puede estar al frente de un aula, dirigir un jardín de infantes, estar a cargo de una escuelita de futbol en un club de barrio, ejercer como pediatra, etcétera”, argumentó.
Además, según lo informado por el Programa de Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia de la Nación, en la línea telefónica gratuita 137 donde se recepcionan denuncias por violencia familiar y/o sexual, desde el año 2017 a enero de 2023 se registraron 14.912 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Y de ese total de casos, el 77,6% eran niñas. Además, en esos cuatro años, el incremento fue de 126%.
Según los datos del capítulo sobre Argentina publicados en el "Informe 2022-2023 Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo", respecto del período 2020-2021, el 74,2% de los niños, niñas y adolescentes fueron violentadas por alguien de su entorno cercano o de confianza.
Acompañan el proyecto los diputados Marcela Campagnoli, Gerardo Cipolini, Carlos Zapata, Pablo Torello, Karina Bachey y Héctor Stefani.
2495-D-2023-Proyecto-de-Ley-Incorporacion-133-Bis-al-Codigo-Penal-de-la-Nacion-