En el salón Arturo Illia del Senado de la Nación se presentó este martes el libro “Mitos impuestos: una guía para disputar ideas sobre lo fiscal”, elaborado para abordar la batalla cultural en torno a cómo gasta y recauda el Estado y debatir en profundidad el rol de la política fiscal para reducir la desigualdad y avanzar hacia una sociedad más democrática y justa. La publicación es un trabajo colectivo del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), un espacio impulsado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Friedrich Ebert en Argentina (FES), junto a Revista Anfibia.

La presentación estuvo a cargo de la senadora salteña Nora Giménez, presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, quien comparó la publicación del libro con el “Manual de Zonceras Argentinas” de Arturo Jauretche, en el sentido de que venía a dar la batalla cultural respecto de mitos e ideas que se repiten sin conocimiento y sin profundizar en el tema de fondo. Planteó además que los argentinos nos debemos un amplio debate para encarar un nuevo régimen fiscal que el país necesita. 

Svenja Blanke, en representación de la Fundación Friedrich Ebert en Argentina, sostuvo que “el presente está marcado por la crisis, no sólo en Argentina”, y planteó que la salida a esa crisis está necesariamente atada al Estado. La especialista planteó que el debate sobre los impuestos en Argentina se discute en todos los ámbitos, y no sólo en el escenario eleccionario. Y agregó que como fundación del exterior, les interesó particularmente contribuir a este debate que, en definitiva, fortalece la democracia.

También habló el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Ricardo Guerra, que celebró la iniciativa de haber sintetizado en un libro una diversidad de temas que “en lo personal me resulta increíble que tengamos que discutirlas a esta altura del siglo, con dirigentes que siguen discutiendo el rol del Estado”.

En la segunda parte del panel de presentación del libro, María Julia Eliosoff, quien escribió el prólogo del libro, destacó que está publicación es el resultado de un extenso debate y reflexión entre los y las autores y autoras, además que no solamente está publicación viene a disputar sentido sobre lo fiscal, sino que además viene a indagar las verdades que habitan en estos mitos y que ponen incómodos a muchos sectores de derecha.

A continuación, Noemí Brenta, doctora en Economía (Conicet) y autora de artículos del libro, expresó su preocupación en relación al tratamiento dispar que le dan los organismos internacionales a la deuda tomada por diferentes países, comparo los casos de Irak, a quién “Estados Unidos logró que se le condone el 80 por ciento de la deuda contraída” con el caso de Argentina, donde los 44 mil millones de dólares que tomo el gobierno de Mauricio Macri son una deuda que el FMI le exige al país saldar sin ninguna quita ni beneficio especial.

En su turno, Martín Mangas, investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y también autor del libro, puso la atención en la forma en que muchos de estos mitos en realidad tiene la función de proteger y encubrir las ganancias extraordinarias que reciben sectores muy pequeños, en el mismo sentido el investigador sostuvo que “a cuarenta años de recuperación de la democracia, necesitamos ampliar y recuperar mucho más el Estado; y políticas públicas que corrijan las inequidades del mercado”.

Finalmente el cierre de la presentación estuvo a cargo de la doctora, abogada, investigadora y también autora de la publicación María Eugenia Marano, quien destacó que está publicación busca llevar al lenguaje cotidiano y accesible a todo el público, cuestiones centrales del funcionamiento de la economía y del sistema impositivo y expresó su emoción al presentar el libro en el Senado de la Nación, porqué allí “reside el corazón del pueblo”, sostuvo la doctora.

Finalizó sosteniendo que sería muy importante “contar con legislación que modifique el secreto bancario y permita conocer los sectores empresariales que reciben ayuda del Estado, porque eso contribuiría a mejorar la transparencia del Estado, mejorar la democracia y saber cómo se afecta a los sectores más humildes y desprotegidos”.

La senadora nacional Nora del Valle Giménez (UC – Salta) encabezó una reunión en el Ministerio del Trabajo de la Nación para analizar la prórroga del DNU 514/21, que estableció la compatibilidad de beneficios sociales con el empleo rural temporario, y cuyo vencimiento se producirá a fines de este mes.

Del encuentro participaron funcionarios del Ministerio de Trabajo, representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de la Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados.

Hubo amplio consenso acerca de los beneficios que contempla la ley para todos los sectores alcanzados por la misma, aunque también coincidencias acerca de las dificultades que se produjeron en su implementación durante los casi dos años de vigencia.

Pese a ello, todos los participantes destacaron este espacio de diálogo impulsado por la senadora Giménez, y acordaron colaborar para que la norma se prorrogue con una nueva reglamentación, que haga más efectiva su aplicación. Las conversaciones están muy avanzadas y existe un virtual acuerdo total para que se dicte un nuevo DNU.

En ese sentido la senadora Giménez felicitó a todos los presentes u expresó que “es puro beneficio para todos los sectores, ya que nadie pierde nada. Se benefician el Estado, las empresas y también los trabajadores”. La legisladora hizo un reconocimiento a CAME, porque aseguró que de esa entidad surgió la idea de esta medida.

Del mismo modo, opinó que “hay una deuda con las economías regionales del interior del país, que necesitan mejores condiciones laborales y políticas de Estado que permitan su desarrollo”.

Luego, Luis Bulit Goñi, secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, admitió que la comunicación del decreto resultó compleja y pidió por “un trabajo fuerte de todos los sectores con las intendencias y con los organismos nacionales para dar a conocer los beneficios de la compatibibilidad”.

Desde la UATRE, su secretaria de Actas, Prensa y Propaganda, Carolina Llanos, propuso la creación de una Mesa de Seguimiento del decreto, que debería ser acompañada por una fuerte campaña mediática.

En representación de CAME, el dirigente Eduardo Rodríguez señaló que “se perdió el 30% de la cosecha por la desconfianza con el decreto”, y agregó que “necesitamos que el trabajador cobre todos los beneficios sociales posibles sumado a su salario. Los trabajadores no se quieren registrar por miedo a perder beneficios, y por eso es clave la difusión del decreto”.

Además, manifestó que “es grave para las economías regionales no poder levantar las cosechas, por lo que se manifestó de acuerdo con formar una comisión de seguimiento”. Finalmente aseguró que “estamos todos juntos en esto”, y propuso “recuperar la cultura del trabajo”.

De la reunión también participaron, la asesora de Nora Giménez, Valeria Fernández Soler, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, los dirigentes Eduardo Rodríguez y Pablo Vernengo en representación de CAME, y su asesor Juan Pablo Diab, la secretaria de Actas, Prensa y Propaganda de UATRE, Carolina Llanos, y la coordinadora de la Unidad de Registración y Fiscalización del RENATRE, Sol Henchoz.

También estuvieron Eduardo Lépore, director Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social en el Ministerio Trabajo, Lorenzo Matus, director de Procesos Jurídicos y Administrativos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y Fabiana Barletta, asesora del diputado nacional Ramiro Fernández Patri, presidente de Comisión de Economías y Desarrollo Regional.

“Hoy tenemos una participación efectiva de las mujeres en las Pymes del 30%, el 70% restante es el largo camino que nos queda por recorrer”, sostuvo ayer la senadora nacional Nora Giménez,  presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y PyMES del Senado de la Nación, durante el acto de presentación del Indicador de la Participación de las Mujeres en las Pymes, que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la oportunidad, y en compañía de directivos de esa institución, distinguieron también a emprendedoras y empresarias de todo el país. La actividad tuvo lugar en el salón Emar Acosta del edificio Anexo del Senado de la Nación, adonde se acercaron más de 200 dirigentes de cámaras y federaciones empresarias, representando a todas las provincias.

La investigación, desarrollada por la comisión de Mujeres Empresarias de CAME (MECAME), reveló que en el 50,3% de la pequeñas y medianas empresas relevadas, al menos una mujer participa en la toma de decisiones, aunque con grandes diferencias entre la industria (44,4%) y el comercio (56,3%). Respecto de la participación de las mujeres en la nómina de empleados, el estudio determinó que en las industrias es de apenas el 25%; mientras que en el Comercio trepa hasta el 35%.

En cuanto a la propiedad, el 42% de las industrias relevadas identificaron al menos a una mujer como propietaria, mientras que la participación femenina alcanzó el 51% en el comercio, mostrando en ambos casos un incremento respecto al año anterior. Pero el mayor impacto surgió con la pregunta acerca de si las mujeres se sintieron alguna vez discriminadas por cuestiones de género. El 45% respondió que “Sí” en las industrias y el 35% lo sufrió en el rubro comercio.

Al reflexionar sobre estas cifras, la senadora Giménez afirmó que “los hombres tienen que estar tranquilos, porque cuando las mujeres planteamos equidad o igualdad, no estamos planteando desplazamientos, estamos proponiendo integración”. Agregó que “cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede”, y aclaró que “esto quiere decir que  las mujeres, como motor de desarrollo, buscamos, tenemos en mente, concebimos y nos comprometemos con un modelo de desarrollo integral que genere oportunidades, mejor calidad de vida, que amplíe derechos, que defienda libertades. Ese es el modelo de sociedad y de Nación al que aspiramos y por eso, en el plano de la producción, tenemos mucho para hacer”, destacó.

Luego el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González; y Laura Teruel, directora de MECAME, insistieron en la importancia de que las mujeres participen en las entidades empresarias de cada localidad. “El objetivo nuestro es visualizarlas y que cada una de ustedes ocupen lugares de decisión”, sostuvieron.

Luego de la presentación del indicador, la senadora Giménez junto con los directivos de CAME; la directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto; el senador nacional de La Rioja Ricardo Guerra; y la diputada nacional por Chaco, María Luis Chomiak, entregaron los premios Mujeres Empresarias 2023 de MECAME, que reconoce a empresarias y emprendedoras de todo el país.

La ganadora de la categoría “Pequeña Empresa” resultó Beatriz Zalazar de “Sentidos Ecoparques” de la provincia de Córdoba. Como “Mediana Empresa” fue premiada Marilin Giraudo, de la firma XIMA SRL de Chaco, mientras que Eugenia Batista Lima de “Turberas Aires del Sur” de la provincia de Tierra del Fuego, fue distinguida como “Mujer Inspiradora”. Visiblemente emocionada, esta última ganadora agradeció el reconocimiento “en nombre de todas las mujeres que luchan por salir adelante, que luchan por una familia, que luchan por una empresa y que no se dan por vencidas”.

“Salta es una de las provincias que más apoyo recibe desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, sostuvo la ministra de la cartera, Victoria Tolosa Paz durante una reunión con la senadora nacional Nora Giménez y agregó que es “prioridad atender la emergencia sociosanitaria de los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín”.

En el encuentro de trabajo entre la ministra y la senadora analizaron la situación social de la provincia y el acompañamiento que realizan para dar soluciones a ciertas temáticas, en donde se destaca el Programa Unir y la Mesa que coordinan con otros ministerios para atender la emergencia sociosanitaria, que afecta a comunidades del norte en donde residen varias comunidades originarias.

Al encuentro se sumó, la subsecretaria de Asistencia Crítica, Carmen Flores quien comentó los avances que se están efectuando en torno a la sexta vuelta del refuerzo alimentario con 30 mil bolsones, el desarrollo de vallas de contención previo a la época de tormentas para los municipios del norte y un apoyo extra focalizando en alrededor de dos mil casos en riesgo de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

La legisladora salteña planteó también las inquietudes que recibe de decenas de comedores y merenderos a lo largo y ancho de la provincia, que no cuentan con recursos suficientes para atender las demandas alimentarias de las poblaciones a las que asisten. Para ello pidió un refuerzo de partidas que contemple el impacto de la inflación y un envío más fluido de mercadería destinada a la alimentación de grupos vulnerables.

Ante Tolosa Paz la senadora salteña defendió el Programa Banco de Herramientas que lleva adelante el Ministerio, y señaló que se trata de una política probada para sacar de la pobreza a cabezas de familia que, contando con formación o experiencia en oficios, no pueden acceder al mercado formal de trabajo o a la posibilidad de trabajar “por cuenta propia” por falta de herramientas o equipos de trabajo. En ese sentido, pidió incrementar las partidas destinadas a este fin.

La legisladora y la ministra dialogaron además de las informaciones periodísticas que daban cuenta que miles de beneficiarios que supuestamente cobran el Potenciar Trabajo teniendo propiedades, habiendo comprado dólares e incluso habiendo estado fallecidos. La funcionaria explicó que el informe estadístico en el que se basa esas afirmaciones fue malinterpretado, en su opinión con la intención de estigmatizar a los pobres en Argentina. Adelantó además que la semana próxima se inicia un proceso de autogestión digital a través del cual todos los trámites requerirán una validación a través de datos biométricos.

Finalmente, Giménez pidió a la ministra apoyo para concretar obras en diferentes barrios y comunidades de la provincia.

La Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes del Senado de la Nación, que preside la senadora Nora Giménez, aprobó este miércoles sendos dictámenes a dos proyectos de ley, uno que declara al Torrontés como “vino blanco insignia de la Argentina”; y a la variedad Malbec, “vino tinto emblemático” del país. Ambas iniciativas, que tienen como autor al senador nacional Juan Carlos Romero, fueron aprobadas por la unanimidad de los legisladores presentes.

Al referirse a los proyectos Nora Giménez opinó que “se trata sin dudas de un reconocimiento a la producción vitivinícola nacional, que comprende a casi todas las provincias cordilleranas; y un sello de distinción para potenciar su proyección internacional”. En términos similares se expresó la senadora riojana Clara Vega, quien se refirió al Torrontés como “una variedad prácticamente única por sus características”, y destacó su impacto en las economías regionales de las provincias del Norte.

Por su parte, la mendocina Mariana Juri, opinó que este tipo de declaraciones “son acciones que contribuyen a tomar conciencia de lo que significa toda la cadena de producción y comercialización del vino”, y consideró que es además una oportunidad para afianzar su consumo en las poblaciones jóvenes.

En la reunión de la Comisión se trataron también otros 23 proyectos de comunicación, resolución y declaración con diversos temas de impacto regional o que involucran a las economías regionales o las pymes de todo el país. Entre ellos, se encuentran un pedido de conformación de la Comisión Nacional de la Patagonia (CONADEPA), el beneplácito por la conformación del Consejo Regional del Norte Grande Argentino, la solicitud del diseño y ejecución de un nuevo corredor vial Norpatagónico y la declaración de interés del “Sello Sustentable” de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y varios proyectos vinculados a cooperativas, entre otros.

Al comienzo de la reunión, y a pedido de los integrantes del bloque de Juntos por el Cambio, la senadora mendocina Mariana Juri se sumó a la mesa de autoridades de la Comisión como vicepresidenta, cargo que estaba vacante desde principios de año. Con su elección, las tres principales autoridades de la comisión son mujeres: Nora Giménez como presidenta, Mariana Juri como vice y la riojana Clara Vega como secretaria.

Al asumir el cargo, Juri destacó que “es una comisión sumamente importante para todos los que vivimos en el interior”, y agregó: “creo que esta Comisión, afortunadamente ha sido constituida por senadores de muchas provincias, por lo cual creo que vamos  a ser capaces de representar muy bien, dentro del interior, a lo que cada una de nuestras provincias van a ir necesitando”.

Por último, la senadora Giménez adelantó a Senado TV que, en la próxima reunión, se abordará el proyecto de su autoría, que promueve observatorios pymes regionales, tras ser debatido en asesores que han incorporado modificaciones.

Durante la Primera Mesa de Trabajo de “Mujeres Emprendedoras y Pymes”, realizada en el Senado de la Nación, la presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes, Nora Giménez invitó este miércoles “a todas las representantes de organizaciones y cámaras que nuclean al sector a trabajar el capítulo de género y equidad que debe formar parte de una nueva Ley de Pequeñas y Medianas Empresas”.

“Nosotras estamos buscando una normativa que nos permita generar políticas activas para transformar, cambiar y dar respuestas a las problemáticas de las mujeres emprendedoras con un enfoque federal”, señaló la senadora salteña, al cierre de un encuentro que congregó a más de cuarenta mujeres dirigentes de cámaras, organizaciones y gremios del sector PyMEs.

“Si tuviéramos que resumir cuáles son los dos grandes obstáculos para las pymes, entiendo que son la concentración económica y la desigualdad: territorial, de ingresos y de género”, sostuvo Nora Giménez.

Luego la presidenta de la Banca de la Mujer, Eugenia Catalfamo señaló que “del total de personas con empleo registrado en empresas, que son más de 6.5 millones de argentinos y argentinas, solamente el 33% son mujeres” y agregó que se trata de una desigualdad persistente ya que “en los últimos 15 años, desde el 2007 al 2022, solamente la participación de mujeres creció en un 3%, pasamos del 30 % al 33%”.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Economía de la Nación, Natalia Del Cogliano habló sobre la importancia de fortalecer las políticas de desarrollo emprendedor, porque “quienes emprenden van a tener a mediano plazo una empresa pyme”.

“Sabemos que un 33% de las mujeres alcanzan puestos de liderazgo, sin embargo, el porcentaje alcanza el 39% cuando hablamos de emprendimientos generados por mujeres, esto es un dato alentador pero tenemos que lograr que más mujeres emprendan”, señaló Cogliano.

A continuación, María Noel Galián, presidenta del Comité de Género de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), mencionó que “de acuerdo a un relevamiento que realizan trimestralmente hoy el 60% de las pymes tienen menos de un 25% de mujeres en su planta de personal; y apenas el 20% de las empresas tienen paridad de género”. Por eso planteó como una necesidad que las mujeres avancen hacia la equidad en los espacios sociolaborales; y para ello rescató el proyecto de ENAC que propicia la creación de 100.000 nuevas pymes y un millón de nuevos puestos de trabajo.

Por su parte, Maricel Benítez de Ognio, vicepresidenta de Mujeres Empresarias de la Confederación Federal Pyme Argentina, destacó la importancia de discutir el rol de la mujer en la actividad gremial y romper con la asimetría de oportunidades existentes en las provincias.

A su turno, Julita Maristany, presidenta Departamento Pyme de la Cámara Argentina de Comercio planteó la necesidad de una ley que permita a los emprendedores no pagar impuestos durante sus dos primeros años; para comenzar a tributar a partir del tercer año.

Liliana Castro, coordinadora regional CABA de Mujeres Empresarias Came (MECAME) invitó a practicar la sororidad entre pares y promover espacios de participación que contribuyan a la búsqueda de soluciones en donde se contemple la capacitación y andar el camino de la innovación.

Ayelén Bargados, jefa de la Fundación Observatorio PyME, sostuvo que “Argentina tiene una situación estructural de décadas caracterizada por un bajo stock de empresas formales y baja natalidad de emprendimientos, más baja que en el resto de la región latinoamericana” y agregó “hay 3 factores determinantes: la carga fiscal, el know- how el saber hacer, el saber técnico y también el financiamiento. Para cambiar esa dirección se necesita el desarrollo de políticas en estos tres aspectos con perspectiva de género”.

También expusieron Sandra Rey, presidenta de la Confederación Empresaria de la República Argentina (Ituzaingó), quien rescató la importancia del encuentro y de trabajar en políticas a largo plazo que incluyan a las mujeres e Isabel Martínez, presidenta de la Comisión de Genero y Diversidad de la UIA y representante de la Red de Mujeres de la Industria Argentina “Red MIA”,  quien reconoció que hay mucho para crecer ya que solo el 17% de las industrias son dirigidas por mujeres, por esto desde el 2020 la UIA desarrolla un plan de cuatro puntos enfocado en la formación de nuevas profesionales, el fomento de la inclusión de la perspectiva de género en las empresas, el desarrollo de una red federal de mujeres industriales para promover la sororidad, y la creación de un “Libro Blanco” de las condiciones que necesita la industria para crecer en igualdad.

Sobre el final participaron del encuentro Delia Milagro Rojas y Claudia Carabajal, quienes son productoras de tabaco de Salta. Rojas indicó que hace 6 años, a propuesta del INTA, retomaron la producción de 5 variedades de Tabaco criollo, que había desaparecido en 2013; y luego se iniciaron en la producción de cigarros puros, que comercializan bajo la marca Puros Moldeños. “Somos todas mujeres, algunas abuelas, que nos propusimos hacerlo y lo logramos, tuvimos dificultades por nuestra condición de mujeres, pero no decaímos y hasta hoy continuamos”, destacó Rojas.

Este lunes a las 16 se desarrollará en el Senado un acto para conmemorar el Día Internacional de las PyMEs.

El acto tendrá lugar en el Salón Azul y contará con la presencia del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz, funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, del BICE, del Banco Nación, dirigentes sindicales y de las principales entidades representativas de las pequeñas y medianas empresas del país.

El encuentro, organizado por la presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes del Senado de la Nación, Nora Giménez, contará con un panel de diálogo en el que disertarán referentes de la UIA, CGERA, CAC,  Endeavor, CAME y de la Confederación Federal PyME Argentina.

“Queremos escuchar a las entidades para generar políticas públicas que reactiven el desarrollo, porque las pymes son las protagonistas de nuestra economía, movilizadoras de la mayor parte del empleo privado”, destacó la senadora Giménez.

La senadora salteña Nora Giménez presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley que propone instituir el 19 de Julio de cada año como el Día de Recordación de la Masacre de Napalpí, la mayor matanza de pueblos originarios ocurrida en el Siglo XX, en el entonces territorio nacional de Chaco. La iniciativa recibió aportes y el respaldo de los senadores nacionales del Frente de Todos por la provincia de Chaco María Inés Pilatti Vergara y Antonio Rodas.

La masacre de Napalpí adquirió visibilidad a partir de un juicio que se desarrolló recientemente en esa provincia, y en el que la Justicia Federal determinó que existió responsabilidad del Estado en el asesinato de alrededor de 500 originarios de las etnias Qom y Moqoit, que fueron fusilados cuando reclamaban por las condiciones de trabajo a la que eran sometidos en la cosecha de algodón.

En el fallo se sostuvo que existió responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas.

Además se agrega que se trató de un fusilamiento masivo por parte de fuerzas estatales y colonos del entonces territorio nacional de Chaco.

En una de las conclusiones del fallo, la Justicia federal chaqueña solicitó al Poder Legislativo que se declare el 19 de Julio como día de recordación de la masacre. La propuesta de los jueces fue recogida por la senadora Giménez y enriquecida por sus pares chaqueños.

El proyecto plantea además que el Poder Ejecutivo implemente actividades de difusión y concientización sobre este genocidio.

En la Semana de los Pueblos Originarios, la senadora nacional Nora Giménez se reunió con representantes de la Organización de Pueblos Indígenas de la Región NOA (OPINOA) y renovó su compromiso con las demandas de este sector, orientadas fundamentalmente al acceso a la propiedad comunitaria.

“Para las comunidades originarias de nuestro país el eje sigue siendo la lucha por la tierra”, destacó la senadora Giménez y agregó que “eso se materializa en la necesidad de que en la Cámara de Diputados se apruebe la prórroga de la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena que el año pasado votamos en el Senado”.

Desde OPINOA sostienen que el decreto de necesidad y uUrgencia 805, que prorrogó los plazos de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, no es garantía de que ante un recambio de gobierno se continúen los relevamientos de comunidades hasta el 2025, por ello continúan solicitando la sanción del proyecto de ley que se encuentra en Diputados.

La senadora salteña manifestó que “se trata de una gran lucha que acompañé con la presentación del proyecto en el Senado, con cada una de las reuniones que mantuve con la presidenta del INAI, Magdalena Odarda; con representantes de las comunidades originarias del país, con diputados nacionales del Frente de Todos y con dirigentes de ámbito de los derechos humanos, como, Adolfo Pérez Esquivel” e indicó “continuaré trabajando para que se concrete el deseo y el derecho de las comunidades de contar con una Ley de Propiedad Comunitaria”.

Al respecto, Víctor Cruz, del Consejo del Pueblo Tastil, de Salta señaló que, en simultáneo, se encuentran trabajando con algunas comunidades diferentes propuestas para lograr un de proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena que surja del consenso de los involucrados.

Asimismo, mientras tanto se pueda convertir en ley alguna de estas propuestas, las comunidades evalúan la posibilidad de que se implemente en todas las provincias el Protocolo para el Abordaje en conflictividades de tierras y comunidades aborígenes que se desarrolló en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Jujuy. Desde OPINOA consideran que dicho Protocolo es una herramienta que evita la estigmatización y criminalización de las comunidades y busca la resolución pacífica de los conflictos en el ámbito de la justicia civil.

En el encuentro, en el que estuvieron presentes Víctor Cruz, del Consejo del Pueblo Tastil (Salta); Fidel Bauty y Luis Segundo, de Asamblea del Pueblo Guaraní, (Salta); Adriana Juárez, del Consejo de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (Jujuy), entre otros, se indicó que otra de las preocupaciones desde el Norte, es el acceso a la Educación Superior para las comunidades que representan. En este sentido, están realizando gestiones con la Universidad de Avellaneda para implementar algunos programas que faciliten el acceso a la educación desde sus territorios.

Sobre el final, Nora Giménez explicó que ha presentado un proyecto de Ley que solicita un cupo mínimo de planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas del 5% para las comunidades indígenas reconocidas por la ley 23.302, desarrollados con el fondo del Fondo Nacional de la Vivienda.

En la República Argentina casi un millón de personas se reconocen pertenecientes o descendientes de pueblos indígenas u originarios. El Censo 2010 contabilizó 955.032 habitantes, de los cuales 481.074 son varones y 473.958 son mujeres. Uno de los reclamos constantes de las comunidades originarias es el acceso a una vivienda digna, que les permita desarrollar su modo de vida y su cultura en un ámbito de pleno respeto de los derechos y de la dignidad humana.

La senadora nacional por la provincia de Salta Nora Giménez mantuvo una reunión con Elena Ferreyra, secretaria de Asuntos Legislativos de la CGT y de Derechos Humanos de APL (Asociación del Personal Legislativo) junto a sus equipos de trabajo con el objetivo de avanzar en la coordinación de una agenda en común a nivel gremial y parlamentario relacionada con temáticas de derechos humanos, pueblos originarios y afrodescendientes y de género y diversidad. 

Al encuentro se sumaron por el Gremio de APL el asesor letrado, Mauro Dovena; por la comisión de Ambiente, Fabiana Zanutti; por la Comisión de Afrodescendientes, Tamara Barbará y por la Comisión de Ex Combatientes de Malvinas, Ricardo Daer. Como coordinadores del despacho de la senadora Giménez estuvieron presentes Juan Pablo Olsson y Agustina Vilte.

En este intercambio la senadora Giménez expresó su interés en fortalecer el vínculo con las representaciones gremiales y su compromiso irrenunciable con la defensa de los Derechos Humanos, a partir de una mirada más moderna e integral. “Nuestro desafío consiste en avanzar no sólo en reivindicar las consignas de Memoria, Verdad y Justicia, sino también en darle prioridad a la vulneración de los derechos ambientales, la diversidad sexual y la continuidad del reconocimiento de la Causa Malvinas. 

La senadora nacional Nora Giménez (FdT – Salta) valoró este jueves la decisión del presidente Alberto Fernández de extender hasta 2025 y por DNU (decreto de necesidad y urgencia) la vigencia de la Ley 26.160, que declaró la Emergencia Territorial Indígena en todo el país y consideró que “es una respuesta al pedido insistente de los pueblos originarios”.

La legisladora interpretó que el mandatario “pasó a la acción” ante la proximidad del vencimiento de la norma, y la “necesidad de dotar al Estado de herramientas que permitan mantener la paz social y evitar conflictos de tierras por demandas judiciales y acciones de desalojo”.

Además, opinó que “el DNU es una respuesta al pedido insistente de los pueblos originarios, instituciones, entidades y personalidades que se han pronunciado en apoyo a la prórroga en todo el país y el extranjero”.

El DNU 805 del jefe de Estado publicado este jueves en el Boletín Oficial, prorrogó por cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, la cual suspende por el mismo plazo la ejecución de sentencias sobre esos litigios.

La emergencia había sido dispuesta en 2006 por la ley 26.160, y sus plazos extendidos en tres oportunidades por las leyes 26.554, 26.894 y 27.400.

La normativa sancionada por el primer mandatario y firmada por todos los ministros del Gabinete, suspende por “el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”, y establece que “la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”.

Asimismo, se fija que “durante la vigencia del plazo de la emergencia declarada, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dar intervención al Estado Provincial y los Estados Municipales implicados y, en caso de corresponder, a la Administración de Parque Nacionales”.

Las autoridades también deberán “promover las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Indígenas Provinciales, Universidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones No Gubernamentales”.

Asimismo, se dispone la asignación de un fondo especial de 290 millones de pesos durante cada uno de los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad al decreto, destinados a la atención del Fondo Especial” contemplado en la Ley 26.160.

Por otro lado, el INAI presentará, a partir del año 2022, y antes del 30 de noviembre de cada año, ante el Congreso “un informe anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, conforme lo establece el artículo 3º de la Ley Nº 26.160, el cual deberá incluir información georreferenciada sobre las comunidades relevadas y el proceso de relevamiento e indicará el porcentaje de avance”.

La Ley 26.160 se sancionó en el marco de lo previsto en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce, entre otros aspectos, “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

La senadora nacional y presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes, Nora Giménez, mantuvo un encuentro con el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, en donde analizaron los avances de la implementación del Decreto 514/2021 que entró este miércoles en vigencia y aseguraron que “otros sectores ya nos están pidiendo se extienda la medida”.

“Por impulso de la entidad junto a la senadora se logró dar respuesta a una problemática, favoreciendo tanto a trabajadores rurales beneficiarios de planes sociales como a productores agrícolas, que no conseguían mano de obra para labores culturales como cosecha, poda, raleo y carpida, entre otras”, expresaron.

Por su parte, Giménez resaltó que “sin trabajo no hay producción y sin producción no hay trabajo”, y agregó que “la pandemia desnudó problemas estructurales de las economías regionales y debíamos darle una respuesta urgente”.

En tanto González señaló “ese producto que se llama gestión sólo funciona si interactuamos el sector público y privado”, y, en ese sentido, remarcó la necesidad de “trabajar junto a UATRE y los coordinadores regionales del Ministerio de Trabajo de la Nación para darle difusión a los beneficios, con el fin de alcanzar una implementación de manera eficaz”.

Por otro lado, Eduardo Rodríguez, titular del sector de Economías Regionales de CAME, comentó que están “monitoreando que ANSES y AFIP adecúen sus sistemas informáticos para evitar inconvenientes en la compatibilización al efectuar las altas y/o bajas de empleados”, y aseguró que “es fundamental armar una campaña para que el trabajador golondrina, que es el más vulnerable, se entere de este beneficio”.

Por último, la senadora del Frente de Todos invitó a la entidad a trabajar en una nueva ley Pyme participativa porque “hace falta un instrumento legislativo actualizado que pueda dar respuesta a los problemas de este momento”.

La presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y PyMEs del Senado, Nora Giménez, destacó el DNU del presidente para promocionar el trabajo registrado en las economías regionales. A principios de año, la legisladora había presentado un proyecto de similares características 

Para la legisladora, el anuncio del presidente de enviar un DNU para promocionar el trabajo registrado en las economías regionales y compatibilizar los programas sociales con el trabajo rural temporario “es la herramienta más precisa para resolver esta urgencia que enfrentan las producciones locales y sin duda muestra la capacidad de escucha de este gobierno para con los que más lo necesitan”. 

En este sentido, manifestó que conoce de cera las dificultades que enfrentan los productores de las diferentes cadenas agroindustriales del país: “Y también escuché testimonios de los trabajadores y trabajadoras temporarios que se enfrentaban a este dilema de la contratación en blanco, como dijo el presidente” 

Finalmente, Giménez señaló: “Realicé solicitudes ante los ministros de Agricultura y de Trabajo y consensué con dirigentes de CAME el armado del proyecto, enfocado en que se evitaran las pérdidas de entre un 25 a un 50% de las producciones y en promover el trabajo registrado”. 

Con el horizonte del vencimiento de la Ley 26160 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, se reunieron este miércoles la senadora salteña del Frente de Todos Nora Giménez y la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda. Durante el encuentro, Odarda presentó un detalle de lo actuado en las comunidades y un borrador de prórroga de esta ley que “fue trabajado con el Consejo de Participación Indígena (CPI), recibió aportes de organizaciones sociales que velan por la protección de los derechos de los pueblos originarios y fue monitoreado por el Ministerio de Justicia”.

“El borrador del proyecto, que vence en noviembre de este año, está presentado ante la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo y tiene de diferencial la incorporación de una partida presupuestaria determinada para culminar los relevamientos de más de 700 comunidades”, explicó la presidenta del INAI.

Asimismo, el director de Tierras del organismo, Alejandro Marmoni, señaló que “en la actualidad hay 1.756 comunidades originarias inscriptas en el INAI, de las cuales 989 ya tienen sus carpetas en mano y 767 son las que restan relevar principalmente ubicadas en el norte del país”.

En principio la senadora Giménez se comprometió a revisar el borrador, se ofreció a presentarlo en la Cámara alta y manifestó la necesidad de dar a conocer la propuesta en una próxima reunión -antes de fin de mes- a otros legisladores que vienen siguiendo la temática y han mantenido contacto con la presidenta del INAI por esta situación.

En el mismo sentido, ambas dirigentes remarcaron la importancia de poner en funcionamiento la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas de la Cámara Alta por considerarla un espacio vital para que las demandas y necesidades de las comunidades originarias estén presentes en el Congreso. Al respecto, la senadora Giménez comentó que presentó el año pasado un proyecto de resolución para que la Comisión de Pueblos Indígenas tenga un estatus de permanente dentro del Senado.

Además, la senadora Giménez se comprometió a retomar proyectos de ley presentados por Odarda durante su gestión como legisladora y trabajar activamente para la presentación de nuevas propuestas, entre ellas la de capacitación de los agentes del Estado en derecho indígena y el de propiedad territorial comunitaria.

En un encuentro entre el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra y la senadora del Frente de Todos por Salta Nora Giménez se acordó avanzar en implementar soluciones armónicas para que los productores cuenten con mano de obra durante la cosecha y los trabajadores temporarios mantengan los beneficios sociales durante ese lapso. 

Al respecto la presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes del Senado, Nora Giménez acercó dos iniciativas legislativas propias, orientadas a la mano de obra que migra asistiendo a diferentes cosechas. Una de ella es el proyecto de ley de Intercosecha, que apunta a que los trabajadores temporarios cuenten con un ingreso en los meses que no perciben salario y la segunda el proyecto de ley de compatibilización de beneficios sociales con el trabajo registrado que tiene como objetivo lograr que los trabajadores y trabajadoras del campo no pierdan beneficios como la AUH, la Asignación por Embarazo y los programas nacionales de protección integral a los sectores vulnerables durante su contratación. 

Desde su experiencia legislativa, el ministro Basterra consideró “viables” ambas propuestas y se comprometió a “trabajarlos con su equipo para sumar aportes y resolver la situación que transitan numerosos sectores productivos como la yerba mate, el tabaco, los cítricos, la cereza, el té y el olivo”. 

En otro tramo de la reunión, Giménez le consultó al ministro sobre las inversiones en obras y servicios para sectores productivos de Salta que fueron incorporados por la senadora al Presupuesto 2021, por un monto global superior a los 700 millones de pesos. Sobre el tema, Basterra expresó su voluntad política de concretar esas iniciativas y acordó trabajar con la senadora para privilegiar los proyectos referidos a la provisión de agua para riego y ganadería; y las iniciativas que priorizan la participación de mujeres. 

Otro tema abordado durante el encuentro fue el pedido de la senadora por “los despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar durante el Gobierno de Mauricio Macri”. indicó que, de un total de más de 400 despedidos en todo el país, 350 ya fueron contratados; pero aún faltan otros 70, de los cuales seis se desempeñaban en la provincia de Salta. Basterra recibió el pedido y se comprometió a trabajar en conjunto para concretar su contratación en el menor plazo posible. 

Finalmente, Nora Giménez le acercó al ministro para su consideración un proyecto para la creación de un Centro de Innovación Tecnológica para micro, pequeñas y medianas empresas industriales de Salta, a instalarse en la Estación Experimental Cerrillos del INTA. 

Con el objetivo de activar algunos proyectos de ley relacionados con las necesidades y problemáticas de los pueblos originarios de diferentes regiones de nuestro país, se reunieron la senadora salteña del Frente de Todos, Nora Giménez y la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda. 

Durante el encuentro de ambos equipos de trabajo se acordó trabajar en conjunto para que en el corto y mediano plazo se logre el tratamiento de leyes clave que traigan soluciones reales a las comunidades, como la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial de las Comunidades 26.160. 

Además, la senadora Giménez se comprometió a retomar proyectos de ley presentados por Odarda durante su gestión como legisladora y trabajar activamente para la presentación de nuevas propuestas, ente ellas la de capacitación de los agentes del Estado en derecho indígena y el de propiedad territorial comunitaria.  

En el mismo sentido, ambas remarcaron la importancia de poner en funcionamiento la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas de la Cámara alta por considerarla “un espacio vital para que las demandas y necesidades de las comunidades originarias estén presentes en el Congreso”. Al respecto, la senadora Giménez comentó que presentó el año pasado un proyecto de resolución para que la Comisión de Pueblos Indígenas tenga un estatus de permanente dentro del Senado. 

Por último, la presidenta del INAI describió el panorama de las diferentes iniciativas y actividades que vienen realizando en todo el territorio nacional “para dar soluciones concretas a las comunidades, la entrega de carpetas a las comunidades relevadas, la puesta en funcionamiento en las provincias de protocolos para frenar los desalojos y el trabajo para lograr la prórroga de la ley de emergencia territorial de las comunidades 26.160”. 

En sendos encuentros virtuales, las agrupaciones más importantes del país que convocan a los diferentes sectores de la economía de las pequeñas y medianas empresas, CAME y CEGERA, recordaron el Día Mundial de las PyMEs, enfocados en los planes pos pandemia.

En ambos actos participó la presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes del Senado de la Nación para manifestar la apertura del diálogo permanente por parte del Legislativo para cada uno de los sectores que concentran a estas empresas.

En el encuentro de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), la Confederación General Económica (CGE) y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), participaron más de 350 empresarios y fueron invitados el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; los secretarios de Industria, Ariel Schale y de Pyme, Guillermo Merediz y por la presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes del Senado de la Nación, Nora Giménez.

Tanto el presidente de CGERA, Marcelo Fernández como el presidente de APYME, Julián Moreno y el titular de LA CGE, Roberto Marquínez destacaron la importancia de haber consolidado la unidad de manera institucional y la fortaleza de generar un espacio en común con diálogo con el gobierno y con las puertas abiertas para todas las pymes.

Por su parte el ministro de Producción, Matías Kulfas resaltó la importancia central de las pymes, sobre todo en este momento ya que crean 7 de cada 10 empleos privados y agregó “necesitamos un proyecto productivo que transcienda los gobiernos con la participación de las pymes y que incluya a trabajadores y trabajadoras. La argentina de la producción y el trabajo tiene a la pyme como un actor central”.

De parte del Poder Legislativo, la senadora Nora Giménez también dirigió su mensaje a más de 350 empresarios rescatando que CGERA es una institución que hace décadas viene defendiendo consecuentemente la industria nacional y un modelo de desarrollo federal.

“En este punto de inflexión de la pandemia, tenemos que considerar que, si bien veníamos de un país con un Estado destruido que no estaba en condiciones de enfrentar esta situación, de la mano del presidente Alberto Fernández se pudo enfocar en resolver lo urgente, dándole prioridad a la defensa de la vida y la salud y a su vez, se reafirmó el rumbo de lo importante, de defensa de la estructura económica, el trabajo y la producción”, destacó la legisladora salteña.

CAME: PyMES en pandemia

Durante la tarde, fue el turno de CAME que destacó la tarea de trabajo sostenido en las pymes ante esta pandemia. “Como país no hemos sido capaces de construir políticas de Estado para las pymes, tenemos que darle sustentabilidad a un sector tan vulnerable”, sostuvo el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, e hizo un llamado al diálogo entre todos los sectores “sin mezquindades”, para resolver los temas enfrenta el país.

Participaron de la apertura, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, la Directora Nacional Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro y la presidenta de la comisión de Economías Regionales, Economía Social y PyMES del Senado de la Nación, Nora Giménez.

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, indicó que las pymes son “los actores sociales más legitimados que tiene la Argentina” y adelantó que desde el ministerio trabajan en un proyecto de ley que marcará el desarrollo estratégico del sector, con perspectiva a 10 años.

A su turno, la senadora Nora Giménez, sostuvo que este gobierno ha multiplicado por 30 la inversión y la asistencia al sector con más de 20 líneas de créditos a tasas subsidiadas”.

“Hoy tenemos enfrente el desafío de enfrentar la discusión para realizar una modificación estructural que haga posible la visibilidad de las pymes, la registración, el trabajo decente. Y esto sólo se puede hacer con un sentido de unidad, y con un profundo compromiso federal”, indicó la legisladora y agregó “la perseverancia y la decisión de recuperar a las pymes, en el marco de un país federal, está en manos de esta decisión conjunta, con un Estado que se ocupa de las pymes y un sector privado que esté dispuesto a participar activamente de esta política de promoción, fomento, visibilización y recuperación del trabajo”.

“Mandar a la gente a votar tres veces en una pandemia, es un problema. Y Salta va a hacer eso”, declaró el presidente Alberto Fernández en una entrevista con el canal IP.

Es por eso que desde el Frente de Todos Salta se manifestaron públicamente en contra de adelantar y desdoblar los comicios provinciales de los generales “provocando solamente riesgo sanitario”. Desde allí la senadora nacional Nora Giménez apoyó y dijo compartir las declaraciones del presidente, “que con claridad defiende la herramienta democrática de las PASO, pero con gran capacidad de diálogo fundamenta la necesidad de discutirla y ponerla bajo la lupa de la situación epidemiológica que recomienda evitar la aglomeración de gente”.

Giménez cuestionó al gobernador Gustavo Sáenz, que anunció el desdoblamiento electoral, fundado a juicio de la legisladora en “la especulación política y electoral, y absolutamente ajeno a las necesidades e inquietudes de los ciudadanos salteños. Desde un principio advertimos además de los riesgos sanitarios que implicaba, teniendo en cuenta que para los próximos meses se espera una segunda ola de casos de Covid-19, y que tanto la campaña electoral como el propio acto eleccionario multiplican las posibilidades de contagio”. “Frente a ello, y para poner freno a la especulación política, consideramos necesario modificar la decisión del gobernador  Gustavo Sáenz de convocar a elecciones generales el 4 de julio próximo y, en cambio, proponemos unificar los comicios provinciales con los nacionales, el tercer domingo de octubre. Estaríamos de esa manera cuidando a la democracia y también a los y las salteñas”, concluyó la senadora Nora Giménez.

La situación de las comunidades originarias de Salta en pandemia, y las problemáticas pendientes de resolución de este sector en el país fueron los temas centrales de la reunión que mantuvo la senadora Nora Giménez con la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda. 

“La temática de los pueblos originarios tiene que ganar protagonismo en la agenda del Gobierno nacional para avanzar en la resolución de las preocupaciones más grandes de nuestros hermanos de San Martín, Orán, Rivadavia y los de las comunidades de todo el país”, sostuvo Giménez en la reunión. 

Por su parte, la presidenta del INAI le solicitó a la legisladora reactivar el trabajo que la Comisión Especial de Pueblos Indígenas del Senado venía realizando. “Vamos a presentar tres iniciativas legislativas, una sobre propiedad comunitaria indígena, otra sobre capacitación a empleados públicos en estas temáticas y la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena que prevé un relevamiento de los terrenos en todo el país y evitaría la continuación de los conflictos suscitados entre criollos y algunas comunidades”, explicó Odarda y agregó que “es nuestra intención que sea tratado primero en el ámbito del Senado en donde ya tenemos este espacio de la Comisión específica”.  

Otro de los temas considerados por las funcionarias fue el de los recursos que no llegan en tiempo y forma a las comunidades. En tal sentido ambas coincidieron en que el INAI es el organismo apropiado para garantizar y controlar la asistencia nacional a las comunidades de pueblos originarios en la provincia de Salta y en el país. “Estos recursos no pueden demorar y mucho menos en tiempo de pandemia. Se debe avanzar firme en la mejora de la situación de nuestros hermanos indígenas tanto en lo que hace a su situación socioambiental, – nutrición, situación sanitaria, documentación, propiedad de la tierra- como a su reconocimiento público”, consideró Nora Giménez.  

El avance del Covid 19 sobre parte de las comunidades del norte de Salta también fue tema de la reunión. En este aspecto, la presidenta del INAI señaló que, a pesar de estar en una situación de reconstrucción del organismo, lograron realizar una compra especial para abastecer de alcohol en gel, barbijos y elementos de limpieza para las comunidades de Tartagal que enviarán en los próximos días. 

También comentó que hace unas semanas firmaron un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y su titular, Daniel Arroyo para monitorear la llegada de la ayuda social a las comunidades, en donde “además de la problemática del hambre y del territorio todavía quedan más de tres mil personas sin documentar que no pudieron acceder a las políticas de apoyo frente a la pandemia que implementó el Gobierno nacional”. 

Este martes a partir de las 16, la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes del Senado de la Nación recibirá la visita del presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (INAES), Mario Cafiero quien responderá consultas de los senadores sobre la situación del sistema cooperativo argentino ante la pandemia y asuntos relacionados con proyectos en tratamiento.

La presidenta de la comisión, la senadora Nora del Valle Giménez, informó además que a partir de las 15 se tratarán, entre otros, proyectos de ley de los senadores Norma Durango, Inés Brizuela y Doria (MC) y Roberto Basualdo sobre temáticas del ámbito cooperativo y pymes y la institución del día nacional del emprendedor, entre otros.

Los senadores nacionales por Salta Sergio “Oso” Leavy y Nora del Valle Giménez (Frente de Todos) pusieron “a disposición” sus dietas para colaborar en la lucha contra el avance del coronavirus en el país.

A través de una carta enviada al jefe del bloque oficialista en el Senado, José Mayans, expresaron que esta decisión se da “teniendo en cuenta las extraordinarias circunstancias que atraviesa nuestro país” a causa de la pandemia generada por el virus Covid 19, y “en virtud de las expresiones de nuestro presidente Alberto Fernández en referencia a que la salida de esta crisis solo será posible con todos los argentinos unidos y solidarios”.

“Queremos expresar nuestra adhesión y apoyo a las medidas del gobierno para cuidar la vida y salud de todos los argentinos, y ayudar al Estado Nacional a cuidar el trabajo y los ingresos de los sectores más desprotegidos”, sostuvieron en la misiva que fue suscripta mediante firma digital.

Y agregaron: “Con ese objetivo, comunicamos a usted Sr. Presidente de nuestro bloque, y por su intermedio a la Sra. Presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner, que ponemos a disposición nuestras dietas como senadores de la Nación para colaborar con el fondo solidario conformado para enfrentar la emergencia sanitaria y económica en el país mientras dure la epidemia“.

La actitud de los senadores salteños se suma al anuncio de su par Silvina García Larraburu (Río Negro), quien confirmó que donará el 50% de su sueldo al Hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche.