La Cámara de Senadores aprobó este jueves con 51 votos a favor el proyecto de ley de intervención de contracepción quirúrgica para personas con discapacidad de modo que puedan decidir sobre su reproducción sexual, es decir, si acceden o no a ligadura de trompas o vasectomía.

La única oradora fue la pampeana Norma Durango (FdT) quien precisó que “el eje central que persigue la iniciativa es reconocer el avance de la Ley 26.130 que es básicamente el reconocimiento de los derechos reproductivos sexuales y en la autonomía y la autodeterminación de las personas en su vida sexual y reproductividad”.

El cuerpo del texto propone dos modificaciones a la vigente Ley. Por un lado, el artículo 2: “Las prácticas médicas referidas en el artículo anterior están autorizadas para toda persona mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento informado. No se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización judicial: Para el ejercicio del derecho que otorga la presente ley, las personas tienen derecho a acceder a información objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible y actualizada, de conformidad con lo previsto en la ley 26.529”.

Por otro lado, establece modificar el artículo 3: “Todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de co-quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley. En ningún caso se requiere autorización judicial”.

Y agrega: “Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información sobre las prácticas reguladas en esta ley en medios y formatos accesibles y a solicitar sistemas de apoyo y ajustes razonables que les permitan consentir en forma autónoma. Deben adoptarse salvaguardas para evitar la sustitución en la toma de decisiones”.

“La ley de contracepción quirúrgica se enmarcó dentro del viejo Código Civil donde la capacidad e incapacidad se concebían en términos absolutos en ese paradigma si era capaz o incapaz, y en ese último caso se recurre a través de sus representantes legales”, explicó Durango y agregó: “El texto vigente reconoce el derecho a la práctica de contracepción a la persona capaz, mientras que el incapaz debe solicitar autorización judicial, lo cual no se condice con el Código Civil y Comercial sancionado”.

“Las personas con discapacidad tienen plena capacidad en la decisión de las intervenciones de contracepción quirúrgica”, concluyó la senadora pampeana remarcando el principal objetivo del proyecto.

Asociaciones civiles y de familiares de pacientes de enfermedades crónicas piden que el Sendo trate un proyecto de reforma del Régimen de Autoprotección, que busca ampliar la capacidad de los pacientes de prever medidas anticipadas en cuanto a su salud y patrimonio. 

La presidenta de la comisión de asuntos legislativos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, José María Lorenzo, explicó que para acceder a la autoprotección “se debe acudir a un escribano y redactar las cláusulas acordes a derecho según su voluntad. Esto implica poder optar por el centro médico que uno quiera, el especialista que uno elija, permite designar un curador, hoy en día se puede, pero se necesita una intervención judicial posterior”. 

La iniciativa impulsada por la senadora nacional Norma Durango, contempla que, ante la posibilidad de perder ciertas capacidades intelectuales, los pacientes puedan, en su momento de lucidez prever los tratamientos médicos que quieren recibir y cuáles no. 

En diálogo con Infobae, Lorenzo agrega que el proyecto también avanza en la cuestión de decisiones patrimoniales: “Porque hoy se considera que el mandato queda revocado por la incapacidad y si hay previsión en cuanto a la administración del patrimonio o disponer de bienes para poder cubrir el tratamiento, el panorama sería muy distinto al actual”. 

Entre las asociaciones civiles y de familiares de pacientes que adhieren al proyecto de ley se encuentran la Asociación Ela Argentina (Centro de afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica), la Fundación Pacientes de Cáncer de Pulmón y Pacientes de Corazón Asociación Civil. 

La Banca de la Mujer del Senado dio dictamen favorable este lunes a un proyecto de ley que busca incorporar la definición de “violencia digital” como una de las modalidades de violencia contra las mujeres, impulsado por la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT).

La iniciativa se trata de agregar el inciso “g” al artículo 6 de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, de modo que se defina a la “violencia digital” como “aquella ejercida contra las mujeres mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de conformidad con la Ley 27.078 Argentina Digital, con el objeto de atentar contra la integridad, dignidad o intimidad de las mismas; su identidad, reputación, libertad, existencia y domicilio digitales, el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito virtual y el uso de las TIC a fin de causar daño físico, psicológico, económico, sexual o moral tanto en el ámbito privado como en el público, a ellas o a su grupo familiar”.

Además, el texto plantea la incorporación del inciso 8 al artículo 10 de esa misma ley, de modo de establecer que el Estado nacional deberá promover, en articulación con las jurisdicciones, programas de educación digital.

En el arranque del encuentro, que se realizó de manera remota, Norma Durango, presidenta de la comisión, sostuvo que este proyecto “se ha trabajado mucho, en profundidad” y “se ha nutrido” del aporte de un grupo de especialistas, por lo que “llegamos al consenso”.

Autora de la iniciativa, López Valverde remarcó que la Ley 26.485 “ha calado profundamente en el marco legislativo nacional y muy especialmente en la vida de las mujeres, porque les ha dado medios, herramientas, para llegar ante la justicia y reclamar por sus derechos”.

La legisladora oficialista argumentó su proyecto y habló de la diferenciación entre la “violencia digital” y la “violencia mediática”, que ya está contemplada en la ley. A través de las TIC’s se dan “formas más aceleradas, más rápidas, más complejas de que se produzca la comunicación entre dos extremos”, explicó, y dijo que por eso hay que “aggiornar a la ley” y “darle actualidad”.

“Se han dado muchas denuncias de ciberacoso y de delitos que tienen que ver exclusivamente con Internet y las redes”, señaló y apuntó que además en este ámbito “puede prevalecer el anonimato y las identidades falsas”.

También, la sanjuanina aportó datos publicados por Amnistía Internacional: “Una de cada tres mujeres ya ha experimentado una situación de violencia en las redes; el 26% de las mujeres víctimas de violencia de género o abuso en las redes recibió amenazas directa o indirectamente de violencia psicológica o sexual; y el 70% de las mujeres que sufrió abuso o violencia en las redes hicieron algún cambio en la manera en que se manejan en las redes. Y eso es lo peor que puede suceder, porque ya se autolimitan, borran a determinados contactos, pierden de última la capacidad de interacción o decir lo que les está pasado”.

“En 2020, por la pandemia, se triplicó la violencia de género en todos los ámbitos y en los medios digitales también”, agregó.

En desacuerdo con la redacción del texto, la senadora Juliana Di Tullio (FdT) confesó estar en “una situación un poco incómoda” por ser su primera reunión en la Banca de la Mujer y “tener disidencias con el proyecto de una compañera”.

La oficialista recordó que la Ley 26.485 “fue una ley que nos costó mucho sacar” y fue “un proyecto muy trabajado, esperado” para que no se preste a “un mal entendido, o sea mal utilizado por el sistema judicial”. En ese sentido, habló de que la norma concentra definiciones “para que la entiendan los jueces”. Por eso, consideró que no se puede “tratar a la tecnología como si fuera un mal en sí mismo”, ya que es a través de celulares, por ejemplo, que las mujeres denuncian violencia o recurren a botones antipánico.

“Me siento en la obligación de decir lo que pienso y de advertir de serios riesgos”, aseveró, aunque acaró que no quería ser “un obstáculo” para el dictamen, pero sí anticipó que se iba a abstener de firmarlo, antes que hacerlo con disidencias. “Cristina lo que ha hecho es encontrar el ámbito que le hacía falta a la ley. El ámbito digital tiene que estar”, valoró Di Tullio, aunque se manifestó en contra de la redacción alcanzada.

Durango recordó entonces que desde el texto original presentado por López Valverde “se modificaron muchas cosas, incluso algunas modificaciones que pidió la oposición”.

Y precisamente desde la oposición, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) mencionó que la iniciativa fue tratada “en una enorme cantidad de reuniones de asesores”, donde se propusieron “varias sugerencias” que fueron aceptadas. “Esta modalidad de violencia se impone que nosotros la legislemos”, consideró y añadió: “Estoy totalmente de acuerdo, vamos a acompañar el proyecto”.

Tras el tratamiento del proyecto, varias senadoras tuvieron para con Norma Durango palabras de agradecimiento y elogio por la labor realizada, ya que fue la última reunión de la comisión y, a partir del próximo 10 de diciembre, la pampeana se despide del Senado. Y aprovecharon para saludar la tucumana Beatriz Mirkin (FdT) y la chubutense Nancy González (FdT), quienes también concluyen sus mandatos este año.

Finalmente, se pasaron a la firma un paquete de proyectos de declaración y comunicación.

Observar las políticas públicas que garantizan el derecho al aborto en la Argentina es el objetivo central de “Proyecto mirar”, que el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health presentaron este miércoles, con el fin de monitorear la aplicación de la Ley 26.710 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto en todo el país.

El primer paso de esta iniciativa fue presentar el libro “El aborto en el Congreso: Argentina 2018-2020”, que indagó sobre el debate de la ley. La publicación contiene el resultado de tres estudios que especialistas de las ciencias sociales realizaron sobre el abordaje del tema en los medios de comunicación, las redes sociales y en las bancadas legislativas.

“Queremos indagar, a partir de datos oficiales y de las organizaciones territoriales, si el acceso al aborto y a la información en torno a él se ajusta a la ley en todo el país. Sabemos que hay desigualdades en diferentes provincias, por lo que esperamos que este monitoreo eche luz sobre ello y sirva de herramienta para políticas públicas efectivas”, enfatizó Silvina Ramos, investigadora del CEDES, durante el lanzamiento de la iniciativa, que se realizó vía Youtube con más de un centenar de personas conectadas.

Por su parte, Mariana Romero, investigadora del CEDES-CONICET, sostuvo: “Nuestro objetivo es monitorear la política pública en Argentina en torno a la IVE, por eso este libro, que es nuestro primer paso, nos parece relevante ya que estudia qué fue dicho y pensado desde tres escenarios cruciales para discutir los temas de agenda”.

Luego de la presentación del libro, el equipo de “Proyecto mirar, mirando al aborto en la Argentina” se enfocará en el diseño del sistema de información para monitorear las políticas sobre acceso al aborto. A partir de los datos relevados, planificarán estudios específicos para observar algunos temas en profundidad, que sirvan de instrumento para sugerir mejoras en las políticas públicas provinciales y nacionales que aborden el acceso al derecho a la IVE.

Para ello, desarrollarán y analizarán indicadores relativos al entorno normativo, a la implementación de cada política, su estructura y los recursos humanos que demanda, así como la calidad de los servicios. Este método permitirá el seguimiento estratégico y la comparación año a año de las acciones, así como con las realidades de otros países. Se basará en información pública y en datos que provienen de relevamientos especiales, para lo que se articulará con organizaciones de cada territorio.

“Esta ley es el resultado de un largo camino de movilización y visibilización social, nos da un poder enorme. Sin embargo, en cómo se aplica está el derecho. Es relevante para este estudio que es el termómetro del respeto a la IVE en el país comprender qué tópicos y valores circulaban entre quienes fueron actores centrales en la discusión pública y la aprobación de la normativa”, analizó Agustina Ramón Michel, investigadora del CEDES.

Integrante del consejo asesor del “Proyecto mirar”, la senadora nacional Norma Durango (FdT), presidenta de la Banca de la Mujer, destacó que “en momentos en que nos encontramos acompañando la implementación de la ley, con sus obstáculos y resistencias, el trabajo de instituciones como el CEDES e Ibis Reproductive Health sin lugar a dudas aporta al monitoreo responsable y comprometido de una política pública tan significativa para la vida de las mujeres y personas gestantes”.

La legisladora pampeana consideró que esta iniciativa “no sólo contribuye a fortalecer el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de implementación de la IVE, sino también a contar con información estratégica y de calidad para acompañar la toma de decisiones y para medir el impacto y sus efectos en la ciudadanía”.

“En definitiva, para que en nuestro país, la interrupción voluntaria del embarazo sea una práctica segura, para que la maternidad sea voluntaria y deseada, y se deje atrás la clandestinidad y la criminalización de las mujeres y personas gestantes”, resaltó la oficialista.

En tanto, la diputada nacional Silvia Lospennato (Pro), quien también integra el consejo asesor, señaló: “Sabíamos que la legalización del aborto era como una carrera de vallas. La primera, que era aprobar la ley, era la más difícil pero no la última, porque después vendría la judicialización y las dificultades para la implementación”.

“Cuando pasamos la ley, los grandes reflectores se apagaron, los medios dejaron de hablar del tema y la militancia sintió que su derecho estaba conquistado, pero las personas que durante muchos años lucharon por este derecho siguieron trabajando para que la próxima valla no derribara todo el esfuerzo que habíamos hecho”, observó la legisladora, que opinó que “el ‘Proyecto mirar’ es esa linterna que sigue iluminando cuando se apaga el reflector, porque aún necesitamos ver los desafíos que tenemos por delante”.

Algunas conclusiones del libro

En el libro se revela que entre los diputados que apoyaron la ley, las intervenciones giraron principalmente alrededor de los bloques discursivos sanitario (23,39%), feminista (18,07%), partidario (13,86%) y reparador (13,49%), respectivamente.

Por el contrario, entre quienes rechazaron el proyecto, las intervenciones se focalizaron en los bloques discursivos bioético (28,26%), partidario (16,88%), sanitario (15,21%), y constitucional (14,65%).

La edad de los legisladores supuso diferencias significativas entre las estrategias discursivas: entre quienes votaron a favor del proyecto de IVE, por ejemplo, existe una clara distinción en el uso del bloque discursivo reparador, así las legisladoras menores de 40 años mencionaron conceptos asociados a clandestinidad, seguro y muerte entre 2,5 y 3 puntos porcentuales más que sus pares mayores de 40 años. Por el contrario, entre los legisladores de edades más avanzadas, el uso de los bloques discursivos bioético y constitucional fue mucho más frecuente que entre las y los más jóvenes.

Entre quienes se opusieron a la ley de IVE, sobresale la diferencia en el uso del bloque discursivo partidario entre quienes son menores de 40 años, que mencionaron términos asociados a las categorías de Gobierno nacional, oportunismo y vulnerabilidad en un 24,47% de sus intervenciones, mientras que entre quienes son mayores de 60 años tal porcentaje fue del 14,68%.

El género de los legisladores, por su parte, no arrojó diferencias significativas en el modo de enmarcar la problemática del aborto, observa un resumen del estudio plasmado en el libro.

Por unanimidad (56 votos positivos), el Senado aprobó un proyecto de declaración que expresa la “preocupación” por la situación que vive Afganistán ante la vuelta del régimen talibán, al tiempo que pide que se respeten especialmente los derechos humanos de las niñas y mujeres de ese país.

En un breve debate, el radical Julio Cobos, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, leyó el texto y destacó que en pocas horas “se logró consensuar” la iniciativa, que también recibió la venia de Cancillería.

Sobre el tema se explayó más en profundidad la oficialista Norma Durango, quien manifestó en nombre de todas las senadoras “la solidaridad y el apoyo” para con las mujeres afganas. “Estos días nos hemos informado a través de las redes sociales y los medios de comunicación de la terrible realidad que viven las niñas, los niños, y en especial las mujeres en Afganistán”, arrancó.

La presidenta de la Banca de la Mujer sostuvo que “son tristes y premonitorias noticias que nos alertan, sobre todo, sobre el peligro que se cierne sobre la libertad y la vida de las niñas y mujeres afganas, a partir de la toma del poder del régimen talibán y la programación de un emirato regido por la ley islámica”.

“Por supuesto que respetamos las creencias, las costumbres y la cultura de cada país, pero necesitamos manifestar nuestro rechazo total a cada forma de violencia y opresión que se ejerce sobre todos los ciudadanos, pero en especial sobre las mujeres afganas”, señaló.

La pampeana mencionó que sobre la situación del país se redactó “un manifiesto feminista que ya acumulaba ayer por la mañana más de 60 mil firmas”, muchas de ellas pertenecientes a reconocidas figuras de todos los ámbitos.

Incluso, “nuestro país, a través de la Cancillería, ha firmado con varios países una declaración donde hace un llamado a las autoridades afganas para garantizar la protección de las y los habitantes”, resaltó, y habló también de otras declaraciones emitidas por otras entidades y organismos.

Durango afirmó que con la vuelta de los talibanes, tras 20 años, “las mujeres vuelven a ser invisibilizadas y tienen menos derechos que las infancias”. Además, las conquistas alcanzadas en “pequeños espacios y derechos”, como su participación “en la vida política, económica y social de su país, hoy quedan relegadas del espacio público y confinadas a la oscuridad de sus viviendas”.

“El gobierno anterior había llegado a tener cuatro ministras, una gobernadora provincial, y en 20 provincias una vicegobernadora de asuntos sociales”, informó la senadora, que destacó que “a pesar del conflicto y del siempre presente riesgo las mujeres afganas han conseguido ser profesionales”. “Con la llegada del régimen talibán todo lo conseguido por las mujeres afganas se perderá si el mundo mira para otro lado”, completó.

A través de la declaración aprobada, el Senado expresa “su preocupación por el desarrollo de los eventos en Afganistán y hace un llamado a todos los actores con el fin de lograr una convivencia pacífica, respetando las obligaciones internacionales de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, en especial el de todas las mujeres y niñas afganas”.

Además, llama a “exhortar a los actores políticos que ejercen el poder a que se respeten los Derechos Humanos, la dignidad y las libertades fundamentales de todas las personas, incluyendo especialmente a las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad; e instar a restablecer de inmediato la seguridad y el orden civil y que se facilite la necesaria ayuda humanitaria”.

Senadores del oficialismo y la oposición coincidieron este miércoles en arribar a un proyecto de declaración consensuado sobre la situación que se vive en Afganistán, con la vuelta de los talibanes tras 20 años, y votarlo sobre tablas en la sesión que se realizará este jueves.

Durante una breve reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, en la que asumió la presidencia Adolfo Rodríguez Saá (FdT), la pampeana Norma Durango (FdT) planteó que “respetando las creencias y las culturas” se pueda “pedir que sea en Afganistán respetada la libertad y la dignidad de las mujeres afganas, que están con gravísimos problemas de riesgo, amenazadas por el solo hecho de ser mujeres”.

La presidenta de la Banca de la Mujer instó a “solicitar que se mantengan las puertas abiertas de ese país para que quien quiera salir pueda hacerlo, en especial las mujeres. Hemos visto que otras organizaciones gubernamentales han hecho ya sus manifestaciones en este sentido”. “Pedimos y rogamos por la libertad de las mujeres afganas”, agregó.

En el mismo sentido, el mendocino Julio Cobos (UCR) le solicitó formalmente a José Mayans, el jefe de la bancada oficialista, que se pueda “sacar una declaración en conjunto, sobre tablas, sobre la situación en Afganistán. Me parece que el Senado tiene que sacar una declaración”.

Al final del encuentro, Mayans aseguró estar “totalmente de acuerdo”. “Hagamos un pronunciamiento de todos los bloques y el Senado argentino”, avaló, propuesta que también acompañó Rodríguez Saá.

El proyecto de ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayan – Lohana Berkins” recibió dictamen favorable este jueves en un plenario remoto de las comisiones de Banca de la Mujer y Trabajo y Previsión Social del Senado. 

La presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, la senadora Norma Durango (Frente de Todos-La Pampa), abrió el plenario al resumir la conquista que representaría la ley de cupo travesti, transexual y transgénero  y consideró: “Debemos sentirnos orgullosos de este país y de esta etapa del Congreso de la Nación”. 

Por su lado, la senadora Nancy González (Frente de Todos-Chubut) se mostró “agradecida que haya puesto el proyecto a la vista y la verdad que es un derecho que lo tenemos que otorgar, y estamos en deuda y creo que estamos llegando tarde, así que muchas gracias”.

Inés Blas (Frente de Todos-Catamarca) coincidió con sus colegas: “En lo personal estoy de acuerdo con que se dé tratamiento a la media sanción de Diputados sin modificaciones”. También agregó que “el trabajo dignifica y mejora las vidas de las personas” y que con esta proyecto se está “reconociendo ese derecho”. 

La senadora Silvia Sapag se refirió a las mujeres trans. “Para comer tienen que dedicarse al trabajo sexual”, sentenció, y agregó que “tenemos este número trágico de que su vida promedio no pasa más de los 40 años”.

María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe) también celebró el proyecto. “El acceso al trabajo tiene mucho que ver con la inclusión, tiene mucho que ver con las oportunidades, no es una casualidad que estudios en su conjunto, muchísimos, demuestran que la expectativa de vida de las personas trans va desde los 35 hasta los 41 años, esto tiene que ver con las oportunidades que se les niegan”.

María Eugenia Duré (Frente de Todos-Tierra del Fuego) agregó: “Hay algo fundamental que quería mencionar también que tiene que ver con lo que estamos generando, que no es ni más ni menos que devolverles u otorgarles dignidad al colectivo travesti trans y transgénero de nuestro país. Devolverles la dignidad y otorgarles y garantizarles el acceso a los derechos en la igualdad también del acceso al empleo formal”.

La senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos-Mendoza) aclaró: “Para mi, el espíritu de la ley, y esto lo quiero decir de manera individual, está más que claro, esto que digo de que son entidades estatales, pero por si hay algunos que, como nos han planteado, que no estaría del todo cabalmente aclarada la ley, la Secretaría legal y Técnica toma el compromiso de en la reglamentación dejarlo taxativamente estipulado”.

Desde la oposición, Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio-CABA) pidió que “se pueda lograr una mejor redacción del artículo 7. No que se elimine o se exija un nivel de cero antecedentes contravencionales y penales, porque sabemos que este colectivo está sometido por la discriminación y la expulsión a tener este tipo de situaciones y no podemos ser un condicionante, pero sí hay mejores redacciones”.

A lo que Sacnun le contestó: “No debemos olvidarnos que nosotros constitucionalmente tenemos un principio que es el de la resocialización de aquellos que también han tenido antecedentes penales, que han sido condenados… tengamos en cuenta que debemos ir hacia la armonización de derechos”. 

“Vamos a pasar el dictamen. Quiero decirles que estamos realmente muy conformes, yo también estoy recibiendo muchísimos mensajes del colectivo trans”, concluyó la senadora Durango.

La Cámara de Diputados convirtió en ley la norma que busca garantizar la presencia de mujeres y disidencias en los medios y también su participación en los directorios.

El proyecto, autoría de la senadora pampeana Norma Durango y que tenía media sanción del Senado, promueve la “equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad” en los medios de comunicación, “cualquiera sea la plataforma utilizada”, y que contempla un cupo para personas trans y travestis del 1%, fue aprobado sin cambios.

En referencia a esta iniciativa que ahora es ley, Durango señaló que “estábamos confiadas, tranquilas esperando que esto entrara al recinto, pero de pronto anteayer por una nota que publicó un diario nacional, empezaron a surgir problemas y cuestionamientos, rumores de que no la querían votar, que querían modificarla y por ende que volviera a Senadores. Todo desde un supuesto falso, ya que se partía de una interpretación errónea de un artículo, donde se quería hacer ver que la ley se metía con la pauta publicitaria oficial, y eso de ningún modo es así”.

“La verdad que esta es una ley que iguala oportunidades, iguala derechos. Es una ley que incluye en los hechos, no solo en la letra y el espíritu de la ley, las voces de las mujeres. Y lo hace concretamente, incorpora a las mujeres y diversidades en los medios. Y queremos más mujeres en los medios porque, como dije cuando presenté esta iniciativa, y lo voy a seguir diciendo… porque queremos que haya periodistas mujeres que cuenten lo que pasa y lo que nos pasa, desde  una mirada que tenemos las mujeres, una mirada propia,  diferente”, expresó la autora de la norma aprobada en la madrugada de este viernes.

La presidenta de la Banca de la Mujer afirmó que “las mujeres somos más de la mitad de la población del país y por eso no queremos que como ahora, mayoritariamente los medios estén en casi todos los lugares ocupados por varones. Las estadísticas son claras, en un promedio de tres varones a una mujer,  pero fundamentalmente porque nosotras queremos decir lo que nos pasa y lo que pasa desde la visión de las mujeres. Basta de varones contando lo que nos pasa a las mujeres, tenemos voz, no queremos que hablen por nosotras”, dijo.

El proyecto de Durango, redactado con la colaboración de Periodistas Argentinas, y que obtuvo 134 votos afirmativos y 9 negativos, es -dijo Durango- “una iniciativa muy valorada en la región”. En ese sentido, la senadora pampeana confesó haberse sentido sorprendida por el interés que concitó la iniciativa desde que se conoció. Y al respecto contó que fue invitada por legisladoras de Perú, México y Ecuador, como así también la convocaron para exponer su proyecto en el Parlamericas.

“Es un avance, sin dudas, porque todavía padecemos la cultura machista, y quedó demostrado ayer en la sesión y en los medios hegemónicos que querían frenarlo, que hicieron de todo para que no saliera”, sostuvo. ¿Por qué? “Es sencillo: es porque no quieren que las mujeres tengan voz y presencia en los medios”, se respondió.

Con acuerdo unánime, la Comisión de Asuntos Constitucionales dio dictamen este miércoles a un proyecto unificado para otorgarle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará.

El dictamen surgió a partir de iniciativas de Norma Durango (Frente de Todos) y Gladys González (Pro), y será tratado este mismo jueves a las 10 en la Banca de la Mujer, para concluir su trámite en comisiones y pasar al recinto.

La presidenta de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, recordó que para otorgar jerarquía constitucional a un tratado se necesitan los dos tercios de ambas Cámaras, aunque aspiró a que durante el tratamiento en el Senado haya unanimidad.

Durango explicó que esta Convención “merece asignarle el máximo rango de nuestro ordenamiento jurídico” y recordó que fue aprobada el 9 de junio de 1994 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

“Es el primer tratado internacional de naturaleza vinculante y se ocupa de la violencia contra las mujeres, por lo que es considerado el primero en la materia”, indicó la pampeana.

Puntualizó que la Convención “habla de que las mujeres tienen que vivir una vida libre de violencias; que las violencias son una violación a los derechos humanos y una clara manifestación de las relaciones desiguales de poder que históricamente hemos tenido para con los hombres”.

Además, la titular de la Banca de la Mujer afirmó que se trata de “un instrumento de suma importancia porque contiene mecanismos de protección de derechos” y agregó que los países que, como Argentina, suscribieron a este tratado, se comprometieron a aprobar normas penales, civiles y administrativas que tiendan a ese objetivo.

La radical Silvia Giacoppo coincidió en que darle jerarquía constitucional al tratado “es una necesidad, Argentina no podía estar afuera”, pero pidió hacer la salvedad del artículo 19 del Código Civil y Comercial, que refiere al comienzo de la existencia de la vida humana, “para que no haya incompatibilidad o una colisión legislativa”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, admitió “la lentitud con la que llegan los derechos a las mujeres, porque hace tiempo que esta Convención debería tener el estatus constitucional”.

El viejo conflicto por el caudal del río Atuel llegó este miércoles al Senado de la mano de dos senadoras del Frente de Todos, la pampeana Norma Durango y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quienes tuvieron un contrapunto durante una reunión virtual de comisiones.

El intercambio se produjo cuando se debatía la ley de Educación Ambiental en las comisiones de Educación y Cultura, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda del Senado, con la presencia del ministro de Educación, Nicolás Trotta, y una subsecretaria de la cartera de Ambiente.

“Sin ánimo de generar controversia, quiero dejar sentado que ojalá que esta ley sirva para concientizar a otra provincia que desde hace décadas comete una gran injusticia con nuestra provincia”, arrancó la pampeana Durango, tras la exposición de los funcionarios.

La legisladora advirtió que La Pampa sufrió “una gran desertificación y una gran emigración forzada desde hace años”. “Hasta la Corte Suprema de Justicia nos está dando la razón”, acotó.

Por eso, manifestó: “Esperemos que esta concientización a los niños, niñas y adolescentes sirva también a los gobernantes de otras provincias para que se cumplan las leyes que ya fueron votadas, como la 25.688, de creación de los comités de cuencas”.

Más adelante, Fernández Sagasti pidió la palabra: “Lamentablemente le tengo que responder a una compañera de bancada que acaba de decir algo que está totalmente fuera de lugar, que es mandarnos a estudiar leyes de medioambiente a los mendocinos”.

“Siempre tratamos de tratar el tema del conflicto del río Atuel en un marco de respeto, cada uno defendiendo la posición que entiende más justa desde la perspectiva de su provincia”, se defendió la mendocina, y agregó: “Yo nunca le pediría a un senador que deje atrás los intereses de su provincia, pero sí que discutamos los conflictos o los contrapuntos que podamos tener en un marco de respeto”.

Finalmente, la vicejefa del bloque oficialista sentenció: “El comentario fue totalmente desubicado, y no tiende al diálogo que debemos tener para resolver un conflicto que tenemos desde hace décadas por el río Atuel”.

Un proyecto de ley para sancionar el acoso sexual en espacios públicos o privados incorporando esa figura al Código Penal fue aprobado este jueves en el Senado con 67 votos afirmativos y uno negativo, pero dado que recibió modificaciones, volverá a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

Se trata de una iniciativa que busca prevenir y combatir el acoso sexual en todos los ámbitos, y que había sido avalada en la Cámara baja en noviembre de 2019. El nuevo texto prevé multas que van de 3.862 pesos a 19.310 pesos, al valor actual (Ver abajo).

El único voto en contra fue del cordobés Ernesto Martínez (Pro), quien dijo estar a favor del propósito de la ley pero hizo objeciones técnicas a la redacción.

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, explicó que además de la media sanción de Diputados se tuvieron en cuenta otras iniciativas de senadores, y detalló las modificaciones introducidas en esta nueva figura penal que se busca crear.

En primer lugar, se eliminó la referencia que hacía el proyecto al acoso en “espacios públicos”, ya que “estas actitudes también pueden ser en espacios privados”, como por ejemplo fiestas. “Estamos tipificando la acción, independientemente de que sea en un espacio público o privado”, reparó Parrilli.

Asimismo, en cuanto a la sanción -que será de multa y no de prisión- explicó que “será determinada en valores que no se desajusten con el paso del tiempo, porque ya sabemos lo que ocurre en Argentina con el proceso inflacionario”. Por eso, se tomarán las Unidades de Medida Arancelarias (UMA) utilizadas para los honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia.

Además, los senadores incorporaron el “acoso sexual digital”, y establecieron que en todos los casos el acoso será penado siempre que el hecho no constituya un delito más grave.

“Seguramente habrá objeciones desde el punto de vista técnico o legal, pero más allá de que toda ley puede ser perfectible y de que la ley ideal es la que nunca se dicta, lo que queremos con esta ley es dar una clara señal política desde el Senado de cuáles son los temas que nos ocupan”, aseguró Parrilli.

Por su parte, la radical Silvia Elías de Pérez, autora de un proyecto propio, destacó que se trata de “la posibilidad cierta de que el Estado pueda tener un rol activo cuando una persona es acosada en lugares públicos o privados y que esto esté tipificado en el Código Penal”.

La tucumana advirtió que en 2020 se registraron “320 femicidios” y en lo que va de 2021 se produjeron “70”. “Estamos hablando de otra escala de violencia, pero para llegar a esa escala hay una serie de escalones previos que se van transitando, y el mas invisibilizado es este del acoso sexual”.

Además, Elías de Pérez señaló que “hay encuestas que demuestran que la mayoría de las mujeres han sido víctimas de estos acosos sexuales”.

La titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, sostuvo que “el acoso callejero es una violencia de género, vulnera nuestros derechos y restringe nuestra libre circulación”, y por eso “necesitamos que el Estado ponga límites claros, y es lo que estamos haciendo con esta ley”.

“No nos referimos a los piropos, como algunos dicen en broma e inclusive algunos medios de comunicación nos preguntan irónicamente. Nos referimos a un sinnúmero de agresiones, gestos e insultos de una persona desconocida hacia otra”, aclaró la pampeana.

Tras afirmar que “siempre las víctimas de estas situaciones somos las mujeres, niñas y adultas”, citó una encuesta que indica que “el 100% de las mujeres hemos recibido algún tipo de agresión o acoso: bocinazos, silbidos, comentarios procaces, a veces sexualmente explícitos”.

“No queremos vivir con miedo, no queremos transitar intranquilas, cambiar nuestra forma de vestirnos o cambiar los caminos que transitamos”, expresó la oficialista.

Desde el Pro, Ernesto Martínez coincidió en el espíritu de la ley, pero advirtió que “en derecho penal, las cosas hay que hacerlas bien” y, tras criticar la redacción del texto, adelantó su voto en contra.

“(El proyecto) no es para nada exagerado, al contrario, es una buena idea, pero hay que hacerlo bien. No se puede trasladar narrativas al Código Penal”, argumentó, y entre otras objeciones jurídicas, cuestionó que el acoso sea incluido dentro de los delitos contra la integridad sexual y no como delito contra la libertad.

Hacia el final del debate, la oficialista Ana Almirón reconoció que a nivel municipal, en muchos códigos de faltas hay sanciones incluso mayores que las que pretende aplicar este proyecto, pero sostuvo que “el Código Penal es preventivo y tiende a desalentar esta conducta por parte de quienes la realizan”.

“El acoso callejero es una forma de violencia más y es la más normalizada de todas, y ocurre tan a menudo que solo un 5% o 10% de quienes la sufren realizan la denuncia en este sentido”, advirtió Almirón.

Detalles del proyecto

Según la redacción aprobada este jueves, se incorpora el artículo 129 bis al Código Penal, penalizando a quien “mediante gestos, expresiones, palabras, contacto físico o arrinconamiento no consentido, con connotación sexual, perturbare la dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual o el libre tránsito de una persona, con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión”.

También se sanciona al que “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones, plataformas digitales o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona, la perturbare, intimidare u hostigare con connotación sexual, con motivo de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión, de modo que altere el normal desarrollo de su vida cotidiana”.

Las multas serán de una a cinco Unidades de Medida Arancelarias (UMA) establecidas por el artículo 19 de la ley 27.423 de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores Y Auxiliares de la Justicia Nacional o Federal. El valor actual de la UMA es de 3.862 pesos, según la acordada 1/21 de la Corte Suprema de Justicia, dictada en febrero de este año.

Si la víctima es menor de 18 años o el autor es funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria, la pena se elevará de cinco a diez Unidades. En todos los casos, la multa llevará como medida accesoria la obligatoriedad, por parte del condenado, de realizar talleres o encuentros orientados a la educación, concientización y erradicación del acoso sexual y la violencia de género, por un plazo no menor a tres meses.

La recaudación obtenida de las multas será destinada a programas de fortalecimiento de los derechos de las mujeres, géneros y diversidad, según determine la reglamentación.

En la primera sesión de la Cámara alta desde el arranque del nuevo período ordinario, la senadora Norma Durango (Frente de Todos), presidenta de la Banca de la Mujer, rindió homenaje a la lucha feminista y reclamó por el creciente número de femicidios y situaciones de violencia . “Llevamos más femicidios que días en el año”, señaló.

En un tramo de su discurso, la legisladora se refirió a Cristina Fernández de Kirchner al sostener que “como a nuestra vicepresidenta, la presidenta de nuestro cuerpo, perseguida en gran parte también por ser mujer, por su inteligencia, por defender al pueblo, por gobernar. La Justicia nos ha demostrado con creces no tener perspectiva de género”.

“Como cada 8 de marzo le ponemos palabras a la lucha por la igualdad, porque esto sigue siendo un tema pendiente”, apuntó la pampeana, que además agregó: “Alzamos nuestra voz para reclamar por el creciente número de femicidios y situaciones de violencia de todo tipo y en todos los ámbitos, violencia que en tiempos de pandemia se ha visto sensiblemente incrementada”. 

Ejemplificó con cifras de La Pampa: “En mi provincia, donde somos nada más que 353 mil habitantes, se hicieron el año pasado 815 denuncias por violencia de género”.

Para Durango, la pandemia “otra vez puso a las mujeres en la primera línea de cuidados, remunerados y no remunerados. Siempre, las mujeres y las niñas en las crisis llevamos la peor parte, pero en esta particularmente”.

La oficialista destacó la labor de “médicas, enfermeras, maestras, mucamas, administrativas, cuidadoras, científicas, investigadoras, funcionarias”, y aseguró que “las mujeres hacemos de todo y nos hemos ocupado de todo en esta pandemia”.

“La saluda señora presidenta, las saludo señoras senadoras, pero no les he deseado un feliz día el lunes. Pero no fue un día de celebración. No lo será mientras nos sigan matando y persiguiendo”, enfatizó la presidenta de la Banca de la Mujer.

Y concluyó: “Seguiremos movilizadas, militando, haciéndonos oír, porque la lucha continúa y creemos que el empoderamiento por la no violencia, por todas, las niñas. Queremos igualdad, queremos decidir, pero por sobre todas las cosas, nos queremos vivas”.

El aborto legal, seguro y gratuito ya tiene fecha para comenzar a regir en todo el país: el Poder Ejecutivo promulgará la ley -que lleva el número 27.610- este jueves con un acto en el Museo del Bicentenario.

La encargada de confirmarlo fue la senadora Norma Durango (Frente de Todos), titular de la Banca de la Mujer, la comisión que encabezó el debate en el Senado.

A través de su cuenta de Facebook, Durango reveló: “Acabo de recibir el llamado de la ministra de Mujeres, Diversidad y Genero, Elizabeth Gómez Alcorta, para invitarme al acto de promulgación de la Ley IVE el jueves en el Museo del Bicentenario”.

La pampeana adelantó que por cuestiones sanitarias no podrá concurrir: “Lamento no poder ir dado que soy persona de riesgo y me estoy cuidando, pero celebro que ya estemos a punto de poner en marcha esta ley que le da derecho a decidir a las mujeres y diversidades”.

“Respeto a quienes no están de acuerdo, pero considero que es este un gran avance para la Argentina”, concluyó Durango.

La despenalización y legalización del aborto fue sancionada en una jornada histórica el 30 de diciembre en el Senado con 38 votos a favor, 29 en contra y una sola abstención, del jujeño Guillermo Snopek.

La ley habilita el aborto libre hasta la semana catorce de gestación, y luego de ese plazo se mantienen las causales actualmente vigentes en el Código Penal: violación, y riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.

Se establece un plazo de diez días desde el requerimiento para la realización de la práctica, y se autoriza al personal médico a ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando la vida o la salud de la mujer no se encuentren en riesgo.

El sistema público de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura del aborto legal y los tratamientos posteriores.

En el acto previsto para este jueves también se promulgará la ley que creó el Programa de los Mil Días, orientado a asistir a la mujer embarazada durante todo el proceso de gestación y al hijo o hija hasta los primeros tres años.

El Poder Ejecutivo vetará parcialmente la ley de aborto, si es sancionada, contemplando una de las modificaciones que pedía el senador rionegrino Alberto Weretilneck, que de esta forma garantizó su voto a favor del proyecto. Así lo anunció Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, al abrir el debate de este martes en la Cámara alta.

La pampeana recordó que en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se había incorporado una pequeña modificación al artículo 86 del Código Penal vigente, que establece en sus incisos 1 y 2 las causales de no punibilidad del aborto. El objetivo fue adecuar la redacción que rige desde 1.921 a los estándares jurisprudenciales.

Sin embargo, anunció Durango, “dadas las inquietudes que ha generado esa actualización propuesta en la redacción, hemos promovido en consulta con el Poder Ejecutivo que al momento de la promulgación se observe parcialmente el proyecto de ley en caso de ser sancionado, a fin de dar claridad al objetivo de la propuesta”.

De esta forma, el Ejecutivo vetará la palabra “integral” vinculada a la salud, manteniendo las causales de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) vigentes desde 1.921, “para que sigan como hasta hoy”.

Tras este anuncio, fuentes cercanas a Weretilneck confirmaron que el senador -que terminó hablando de madrugada, en los cierres- iba a votar a favor del proyecto, y otros legisladores podrían seguir sus pasos.

La presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango (Frente de Todos), aseguró al abrir el debate de este martes que “la alternativa es aborto legal o clandestino”, y sostuvo que “si este fuera un tema de varones, hace décadas sería ley”.

Conectada desde su despacho, Durango destacó que “hoy es un día de esperanza” ya que el debate sobre el aborto coincide con el del Programa de los Mil Días y el comienzo de la vacunación contra el Covid-19. “Los tres son para cuidar la vida y la salud de los argentinos. Esto es lo que llamamos justicia social”, resaltó.

La pampeana sostuvo que “una vez más tenemos la posibilidad de legislar por y para las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

“Vengo a ocupar esta banca en nombre de las mujeres muertas por el aborto clandestino”, proclamó.

La legisladora advirtió que “las mujeres van a hacerse los abortos clandestinos a los lugares más sórdidos, solas, casi siempre sin acompañamiento de sus parejas y sus familias, y nunca con el acompañamiento del Estado. Por eso el Estado debe hacerse cargo. El Estado que durante años miró para otro lado”.

Tras insistir en que “el aborto sigue sucediendo y las mujeres siguen muriendo”, Durango enfatizó que “la alternativa es aborto legal o clandestino, y si sigue siendo clandestino van a seguir muriendo mujeres”.

“Yo no estoy a favor del aborto, nunca me hice uno, pero ¿quién de nosotros está a favor de un aborto?”, se preguntó, y al detallar los puntos principales del proyecto, anunció que el Poder Ejecutivo aplicará un veto parcial a la ley, quitando el concepto de “integral” vinculado a la salud.

La senadora dijo que “si este fuera un tema de varones, hace décadas sería ley”, y agregó que a la mujer “nunca se la pone tan en el centro de la escena como en este tema”.

“Dejemos de ser hipócritas: dejemos que las mujeres decidamos sobre nuestras vidas”, subrayó, y añadió que la maternidad debe ser “un derecho y no una obligación”.

Además, citó un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) que indica que “1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto en 17 provincias”. “La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado entre las mujeres pobres y las de clase media y alta, que van a un médico, pagan el misoprostol o se hacen la práctica segura”, afirmó.

Por último, la pampeana señaló que “la ley no obliga a nadie a abortar: lo que habilita es una práctica segura”.

El Senado cerrará este jueves la ronda de exposiciones sobre el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. Doce especialistas fueron convocados a disertar desde las 9.30 en el plenario de comisiones de Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales, presidido por Norma Durango (Frente de Todos).

Se estima que las ponencias durarán hasta las 13, y luego los senadores debatirán el proyecto aprobado en Diputados para finalmente firmar dictamen. La intención del sector “verde” se mantiene firme: la sesión será el martes 29 de diciembre, al filo de fin de año.

Para este jueves fueron convocados el exministro de la Corte Suprema y exministro de Justicia Rodolfo Barra; la académica Dorothy Estrada-Tanck (UN Working Group on Discrimination against Women and Girls); Pilar Vázquez Calva, de la organización Alianza por la Vida; y Mario Sebastiani, médico de la División Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano.

La lista sigue con la psicóloga Carolina Pavia; la periodista y escritora Ana Correa; la doctora en Derecho Estela Sacristán; Lisandro Gómez, del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina; y Fernando Toller, abogado y profesor de Derecho en la Universidad Austral.

Los últimos en intervenir serán Eleonora Lamm, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona; el exsenador nacional Eduardo Menem; y el presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU, Luis Ernesto Pedernera Reyna.

Por Carolina Ramos

Arrancó picante en el Senado el debate sobre el proyecto de legalización del aborto: luego de los planteos por el giro a comisiones, afloró la grieta entre “verdes” y “celestes” dentro del propio Frente de Todos, con un fuerte mensaje del jefe del bloque, José Mayans, quien no solo apuntó al Gobierno sino que se cruzó con senadoras oficialistas que pidieron acotar la lista de invitados.

Estas escenas se dieron al finalizar la exposición de los ministros Ginés González García (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad) y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en el plenario virtual de las comisiones de Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales.

Mayans pidió la palabra luego de que la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, anunciara que, por un acuerdo entre senadores de ambos sectores, el debate continuará este martes en dos tandas, de 10 a 13 y de 15 a 18, con la participación de veinte invitados, diez por cada posición.

“Esta es una discusión muy profunda, cada uno tiene su convicción y todos representan a sus provincias y son senadores y senadoras que tienen muy estudiado el tema”, introdujo Mayans, uno de los detractores más firmes del aborto legal.

“Yo escuché a los ministros y a la secretaria Legal y Técnica. Obviamente no compartimos ninguno de los argumentos que han dado. Para mi han sido argumentos no válidos”, lanzó el formoseño, al insistir en que “el derecho a la vida es desde la concepción”.

El senador siguió: “No estamos conformes con la presentación de la ley, no estamos conformes con las explicaciones que ha dado el ministro, no estamos conformes con las explicaciones de la secretaria legal y técnica, no estamos conformes con las explicaciones de la ministra”.

“Que quede bien claro: no es que nosotros venimos a aceptar acá… los escuchamos, vamos a escuchar a los expositores, y después vamos a sacar las conclusiones de lo que ha dicho cada uno”, aclaró Mayans, y advirtió que “en Diputados hubo que hacer correcciones urgentes porque sino la ley no podía tener el resultado que tuvo”.

Otra senadora “celeste”, la radical María Belén Tapia, pidió que, a diferencia del formato adoptado en la Cámara baja, las preguntas de los senadores se puedan formular “a viva voz” sin mediar el sistema virtual. Durango ratificó que, en efecto, esa era su intención.

Pero luego reavivó la polémica la neuquina Silvia Sapag (Frente de Todos). “Estoy viendo que los que no están a favor de la ley quieren entorpecer que sea tratada este año…”, arrancó, pero Mayans no la dejó terminar: “No tratamos eso, no queremos entorpecer nada. No puede decir eso. ¿Cómo vamos a estar entorpeciendo?”.

Sapag continuó: “Yo no participé en 2018 porque no era legisladora, pero todos sabemos de qué se trata. La mayoría tiene posición tomada. No vamos a convencer a nadie trayendo cada vez más expositores”. Y finalmente pidió bajar la cantidad de expositores a cinco por cada sector.

La puntana Eugenia Catalfamo, también a favor del aborto legal, coincidió con Sapag en la necesidad de “bajar el número a la menor cantidad posible”. “Quienes no formaban parte de esta Cámara en 2018 seguramente alguna posición habrán tenido. La discusión está saldada no solo entre los legisladores sino también en las calles”, aseguró.

Con ánimo de poner paños fríos, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, dijo tener “confianza” en los presidentes de las comisiones -Durango por la Banca de la Mujer, Mario Fiad por Salud y Oscar Parrilli por Justicia y Asuntos Penales- a la hora de definir la modalidad de trabajo.

Pero Mayans volvió a la carga. “Recibimos la información el viernes a la noche y el lunes estamos acordando la metodología de trabajo. En un tema tan profundo como este, hay tanta gente que quiere participar… obviamente vamos a hacer una reducción, pero esto es un tratamiento exprés”.

Sin nombrarla, criticó la propuesta de Sapag, al sostener que “sugerir cinco personas entre mil propuestas que vienen es un exceso”.

“Ya sabemos que cada uno tiene su visión del tema y que quieren un tratamiento exprés, pero sino hubiésemos ido directamente al recinto a tratarlo sobre tablas…”, ironizó, y concluyó que “el propósito de esto es que el pueblo argentino sepa de qué se trata, escuchar a los ministros y a otros sectores de la sociedad”.

Luego pidió la palabra la tucumana Beatriz Mirkin, del mismo bloque, para cuestionar a Mayans. “Me llama la atención la expresión de ‘debate exprés’. Es una expresión que normalmente utiliza la oposición. No es esta la situación”, afirmó, y manifestó: “Si quieren sesionar sábado y domingo, no tengo ningún inconveniente, pero hay que poner un límite adecuado”.

Hacia el final de la reunión, Fiad propuso que los expositores sean 20 este martes, 30 el miércoles -ambos días divididos en turno mañana y tarde- y 10 el jueves por la mañana, para dar lugar al debate entre senadores por la tarde. Durango se comprometió a evaluar ese esquema.

La senadora nacional Norma Durango (Frente de Todos) presentó una iniciativa parlamentaria que propone la impresión de billetes y sellos postales con la imagen del recientemente fallecido astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona.

El proyecto, que fue solicitado a la legisladora pampeana por la Unidad Básica Virtual del PJ “Espacio Peronista Federal” de la cual forma parte, fue acompañado por varios senadores. Entre otros, sumaron su firma hasta el momento Alfredo Luenzo, Eugenia Catalfamo, Beatriz Mirkin, Silvina García Larraburu, Carlos Caserio y Gerardo Montenegro.

El texto de la iniciativa prevé encomendar “al Banco Central de la República Argentina que la impresión del 50%, como mínimo, del total previsto de los billetes de curso legal de un mil (1000) pesos o superior denominación a ser impresos durante el año 2021, comporten la efigie de Diego Armando Maradona de un lado y el instante del segundo gol a Inglaterra, realizado en México, el 22 de junio de 1986, del otro”.

También propone incluir en el “Plan de Emisiones de Sellos Postales del Año 2021 una colección de estampillas conmemorativas de Diego Armando Maradona, que comprendan tanto su carrera deportiva en los clubes donde jugó, como en los diversos mundiales donde participó, tanto como jugador o como director técnico de la selección argentina”.

Durango explica que “escribir estos fundamentos encara los riesgos de limitarse a comentar una cronología de Maradona, o caer en la fascinación irreflexiva de los hechos de Diego. La excepcionalidad de su vida y de su trayectoria, no exenta de límites y errores, lo enmarca en la tradición griega de los héroes, al menos tal como es percibida por Nietzsche en El nacimiento de la Tragedia”.

Más adelante señala que “en el acontecer de Diego Armando Maradona encontramos esos dos elementos constitutivos e inseparables de toda creación. Primero con el fútbol, un deporte que elevó a la categoría de arte. Si bien sobran los comentarios sobre el tema, recordemos el gol a Italia en México 86, donde salta y le pega a la pelota en el aire. Tampoco nadie borrará de nuestras memorias el segundo gol a los ingleses”.

“Lo apolíneo y lo dionisíaco están presentes tanto en la cancha como en la calle, en la villa donde vivió como en los palacios que tuvo. Por mérito propio, que no por herencia. No existe, por lo tanto, un Diego Maradona como jugador y otro como persona. Sería elegir la parte que a cada cual más le guste, lo que habla –tal vez- mucho de cada cual, pero poco de Diego. Sería elegir una percepción conformista, que busque quizás lavar los propios pecados”, apuntó la senadora pampeana.

Por unanimidad (63 votos positivos), la Cámara alta dio luz verde a un proyecto de ley de Norma Durango (Frente de Todos) que crea el Foro Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes, en el ámbito del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.

El objetivo del Foro es “asegurar el cumplimiento del principio del derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados, establecido en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061, garantizando que su opinión sea tenida en cuenta para el diseño de políticas públicas en los temas sobre los cuales se expresen, como así también enriquecer su formación en el ejercicio de la ciudadanía”.

El Foro estará integrado por tres representantes y tres suplentes por cada jurisdicción, y deberá reunirse semestralmente en forma presencial, durante tres días consecutivos, para el tratamiento de los temas que se fijen de acuerdo al reglamento interno.

Los representantes serán elegidos a través del sistema educativo de cada jurisdicción por la población que al momento de la elección se encuentre entre los 11 y los 17 años de edad, y podrán ser candidatos quienes se encuentren dentro de la misma franja etaria.

Las recomendaciones o propuestas emanadas del Foro deberán ser consideradas obligatoriamente por la autoridad de aplicación de la ley, que tendrá que decidir si las toma en cuenta o las desestima, y explicar los motivos.

Durante el debate, Durango expresó que “la infancia sufre las crisis y las carencias como nadie, esto no es novedoso, situación que sin dudas la pandemia ha agravado considerablemente. Lo que sí es novedoso es contar con políticas públicas que ponen a las infancias en un primer plano, de un gobierno que entiende la urgencia y se ocupa verdaderamente de atender integralmente la problemática”.

“Todos hablamos de los problemas que aquejan a los niños, niñas y adolescentes, sin embargo, ellos no cuentan con suficientes espacios para expresarse públicamente”, enfatizó y dijo que cree “fervientemente” que “los niños tienen opinión acerca de los temas que los preocupan y que desde su visión pueden hacer aportes muy importantes y, por lo tanto, nuestro deber es crear ese espacio”.

En ese sentido, la pampeana destacó que en su provincia existe el Consejo Provincial de la Niñez, donde los menores “tienen una participación activa en temas propios y de la provincia”.

“Aspiramos a una sociedad cada vez más participativa y el ejercicio del derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados es cada vez más, un factor fundamental de los procesos de participación”, continuó.

Y finalizó: “Escuchémoslos, aportarán su visión sobre temas que ellos mismos consideren importantes y, al mismo tiempo, los adultos preparémonos para escuchar sus opiniones y dialogar con ellos, en especial quienes asumimos responsabilidades como funcionarios y representantes”.

Por unanimidad, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este jueves un proyecto de Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, que establece la equidad de género en los medios de comunicación públicos desde una perspectiva de diversidad sexual.

Durango explicó que el sentido de este proyecto es “erradicar los estereotipos machistas y patriarcales” y destacó que “fue fundamental el aporte del colectivo de periodistas argentinas”, así como el trabajo de asesores legislativos, quienes hicieron que la iniciativa “fuera cambiando en su forma, pero no en su esencia”.

“Necesitamos más mujeres contando lo que pasa y lo que nos pasa, escribiendo la información, decidiendo contenidos y determinando prioridades y maneras de decir, qué decir y cómo decirlo. No queremos que los hombres hablen por nosotras. Queremos tener voz”, resumió Durango.

Puntualizó que el proyecto busca “no solo el ascenso y la permanencia (de mujeres y disidencias) en sus puestos de trabajo, sino también su presencia en las políticas de los medios de comunicación”, por lo que se pide integrar “a todas las identidades de género en los directorios y espacios de toma de decisiones”.

La senadora agregó que se intenta “que los medios se sumen a la lucha contra la violencia de género”, generando “acciones para prevenir la violencia simbólica y mediática en la producción y difusión de mensajes, con perspectiva de género, diversidad sexual e interculturalidad”.

Informó que según un estudio que abarcó más de 500 empresas periodísticas en 59 países, hay una “presencia mayoritaria de hombres” en los medios. “Vaya novedad”, comentó.

Durango también citó otro estudio realizado sobre cinco diarios, dos canales de televisión y una radio, que concluyó que de un total de 2.000 trabajadores, 1.393 son hombres y 624 mujeres, es decir, el 69% contra el 31%.

Ese mismo relevamiento detectó que “las mujeres solo alcanzan el 15,4% de la representación entre accionistas y solo el 21% en los altos puestos de gestión y edición”, advirtió la titular de la Banca de la Mujer.

Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, coincidió en que el proyecto fue fruto de una “construcción colectiva” y recordó que si bien originalmente hablaba de “paridad”, ese concepto “tiene que ver con una concepción binaria” y por eso se lo cambió por el de “equidad”, que consideró “mucho más inclusivo”.

Por otra parte, afirmó que este gobierno “predica con el ejemplo” al haber colocado a mujeres en puestos de dirección de los medios públicos, y mencionó a Rosario Lufrano al frente de RTA (Radio y Televisión Argentina), Bernarda Llorente en Télam, Andrea Merenzon en Radio Nacional Clásica, Mikki Lusardi en Nacional Rock y Mavi Díaz en Nacional Folklórica.

En tanto, Guadalupe Tagliaferri (UCR-Evolución) señaló que “no es que falten mujeres, y este cuello de botella no ocurre porque no seamos idóneas: hay que torcer un poco la cancha, una cancha que viene torcida ya hace muchísimos años”.

También apoyó la propuesta la radical Silvia Giacoppo: “Este es un proyecto que avanza sobre terminar con la discriminación, terminar con la desigualdad y promover la equidad de género. Es un gran avance. Deberíamos tener el mismo criterio para todos los ámbitos del Estado”.

En qué consiste el proyecto

El objetivo del proyecto aprobado es promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada.

¿Cuál es su alcance? Todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro, en los términos que establece la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Los servicios estatales son aquellos bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina S.E., Contenidos Públicos S.E. y Télam S.E., y estarán obligados a cumplir con lo que dispone la ley, mientras que los medios de gestión privada solo deberán cumplir con el régimen de promoción que deberá crear la autoridad de aplicación.

Se considera “equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual” a “la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión”.

La equidad deberá aplicarse sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluyendo los cargos de conducción y/o de toma de decisiones.

Otro aspecto destacado es que debe garantizarse una representación de personas travestis, transexuales, transgénero e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de los responsables de los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal dará lugar a las sanciones de llamado de atención y apercibimiento.

Entre las múltiples funciones de la autoridad de aplicación, que será determinada por el Poder Ejecutivo, hay dos novedosas: la de promover políticas de cuidado, e impulsar el uso del lenguaje inclusivo en la producción y difusión de contenidos.

Los medios públicos deberán adecuar sus normas estatutarias y procedimientos de selección de personal a las disposiciones de la ley, y hasta tanto se garantice la equidad en la representación de los géneros, los puestos de trabajo deberán ser cubiertos de manera progresiva atendiendo a las vacantes que se produzcan.

La senadora nacional Norma Durango, a través de una cuestión de privilegio, hizo uso de la palabra en la sesión especial que desarrolla de manera virtual el Senado de la Nación, para repudiar una serie de amenazas que en los últimos días han sufrido algunas mujeres de su fuerza política. 

La senadora pampeana manifestó la “indignación” que y su repudio frente a “una seguidilla de amenazas, descredito y escraches hacia nuestras compañeras Cristina Fernández de Kirchner, Anabel Fernández Sagasti y Gabriela Estévez”. Señaló que en ellas “a cada mujer a la que quieren hacer callar, en la consideración que esto no es para nada una casualidad, ya que esta sucesión de amenazas de las que han sido y son objeto varias compañeras en el último tiempo, tienen el fin de amedrentar, adoctrinar, invalidar la palabra y la acción. ¡Claro! Porque les molestan las mujeres pensantes y que accionan en política por sus ideales, y frente a lo que consideran debe ser cambiado en una sociedad que lamentablemente conserva todavía un viso, un cariz arraigado de violencia”, dijo Durango. 

En otro tramo de su intervención, la presidenta de la Banca de la Mujer expresó que “hoy se utilizan otros medios para amedrentar, otras vías, no es un llamado anónimo, es una amenaza desde un perfil falso en las redes sociales, es un mail de remitente desconocido. No podemos hacer como que no pasa nada o es una picardía. Esto es grave. No lo vamos a permitir”, manifestó. 

Durango consideró que “las amenazas a nuestras compañeras, son el emergente de una exacerbación del discurso del odio con un fin político. Estas amenazas tienen origen en la grieta que permanentemente se fomenta desde algunos sectores en contra de nuestro gobierno, de nuestras medidas, de nuestras acciones y de la palabra política expresada, fundamentalmente por nuestras mujeres. Les molesta Cristina, y les molestan ‘sus crías’ como dijo el individuo que le señaló ‘de esta no salís viva’. Es urgente dejar sentada una vez más nuestra postura contundente de desaprobación”, agregó. 

En este sentido, manifestó que quieren un debate “sin agravios, sin agresiones, un debate que sea enriquecedor donde no se ataque al otro y a la otra sólo por pensar diferente. Senador Naidenoff nosotros invitamos al diálogo verdadero, no al que se proclama en el recinto y después se obstruye todo lo que se propone”, dijo. 

Durango finalizó recordando los aniversarios del golpe de Estado del 55 a Perón y “la noche de los lápices”, e instó a sus pares a trabajar responsablemente por toda la ciudadanía frente a la situación que se vive en el mundo y en el país por la pandemia, mencionando “el pensamiento de Mahatma Ghandi,  sobre esto él decía que el odio y la intolerancia son los enemigos del correcto entendimiento. Y señalaba la importancia del diálogo como forma de debilitar las diferencias y la intolerancia

Sin la presencia de la oposición, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este miércoles un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.

La iniciativa recibió 42 votos afirmativos, del bloque oficialista, dado que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal no participaron de la votación por tratarse de un tema que, según consideraron, es ajeno a la pandemia del Covid-19.

El documento, adoptado el 21 de junio de 2019, busca prevenir y erradicar la violencia laboral, y reconoce el impacto especial de este flagelo sobre las mujeres.

“Esta es la primera convención que la OIT aprueba desde 2011. Hace nueve años que no aprobaba una”, explicó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, y añadió que el tratado “tiene una gran importancia grande porque busca que haya cero violencia en el mundo del trabajo”.

El legislador señaló que la convención “tiene que ver con todos los trabajadores, pero no solo con lo que sucede en el lugar de trabajo sino también con lo que sucede en el transporte, si es que es un transporte vinculado a la empresa”.

Además, expresó: “Todos sabemos que es en los mecanismos de selección del personal donde muchas veces comienza el acoso y la violencia contra las mujeres en el mundo del trabajo”.

🏛️📣|| "Es fundamental que ratifiquemos este convenio de la OIT que es un instrumento innovador en la lucha contra la violencia laboral. Es lamentable que nuevamente la oposición se niegue a votar una herramienta tan importante, principalmente para las mujeres." pic.twitter.com/0VuYPsR3Sa

— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) June 24, 2020

El senador del Frente de Todos resaltó también que el convenio “reconoce que la violencia y el acoso en el ámbito familiar” porque “destaca en uno de sus articulados que la violencia doméstica afecta la seguridad, la salud y la productividad de la persona afectada”.

Por su parte, el titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, indicó que “las figuras de la violencia y el acoso laboral son merecedoras de una especial atención de los Estados y la sociedad”.

“Cuando hablamos de violencia y acoso laboral no hablamos de un mero hostigamiento a la trabajadora: hablamos de un crítico fenómeno que nos lleva aparejados comportamientos y conductas que afectan directa y devastadoramente en la vida de cada víctima y de sus familiares”, sostuvo.

El pampeano aseveró que “la violencia y el acoso laboral no conocen género ni edades, impacta y socava absolutamente todo, pero es cierto que especialmente lo sufren las trabajadoras. Si revisamos el último informe estadístico del primer trimestre del 2019 de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, el 62% de las personas que denuncia la violencia laboral son mujeres”.

“Ante este crítico escenario, resulta imprescindible la adopción de medidas por parte del Estado, que se deben llevar a cabo junto a los trabajadores y las empresas, que permitan desarrollar ambientes saludables”, subrayó Lovera.

Hoy vamos a darle, en el Senado Nacional, media sanción al proyecto de Ley para adherir al Convenio 190 de la #OIT. Un paso fundamental para consolidar el camino de la erradicación del acoso y la violencia en el mundo del trabajo. pic.twitter.com/U4zHtTJQGZ

— Daniel Lovera (@DanielLoveraLP) June 24, 2020

También celebró la iniciativa la titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, quien destacó que “este es el primer instrumento internacional que aborda la violencia de género, por lo tanto es doblemente importante para las mujeres”.

“Es un nuevo consenso a nivel mundial al que llegaron los Estados, los empresarios y los organismos que representan a los trabajadores, en el que se reconoce por primera vez el derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso”, explicó la integrante del Frente de Todos.

Según Durango, “se reconoce que la violencia y el acoso afecta de manera desproporcionada a las mujeres, obstaculizando su acceso al mercado del trabajo, su permanencia en el mismo y su desarrollo profesional. De acuerdo a ese informe Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, un 86% de los trabajadores denunció violencia psicológica, un 8% violencia sexual y un 6% violencia física, en su gran mayoría por parte de los varones”.

La senadora concluyó que “para prevenir la violencia y el acoso, el convenio le pide a los Estados que adopten un enfoque integrado e inclusivo que tenga en cuenta las desigualdades de género,  las discriminaciones, entre otras cuestiones. Son múltiples los obstáculos que afrontamos las mujeres en todos los ámbitos laborales, que afectan nuestro desarrollo personal, familiar y profesional”.

El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.

Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.

Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.

Otros proyectos

El Senado también aprobó un tratado de extradición con Rumania, que según señaló Taiana “busca, sobre todo, evitar la impunidad y atacar el delito transnacional”. “Este tratado ya fue aprobado por el Congreso rumano y está bueno que le demos aquí una media sanción, para que pronto pueda ser aprobado y entrar pronto en vigencia”, dijo.

Paralelamente, se avaló otro tratado con Brasil en el mismo sentido. “Es un país limítrofe con el que tenemos una larga tradición con los tratados. El que estaba vigente hasta ahora es de 1961 pero entró en vigencia en 1968 por la Ley 17.262. Ese tratado buscó superarse y por eso en 2010 se hizo un acuerdo cuadrilateral entre Argentina, Brasil, España y Portugal, por lo cual los cuatro países acordaron simplificar los mecanismos de extradición”, detalló Taiana.

El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores continuó: “En enero de 2019 se firmó un nuevo tratado de extradición con Brasil, que supone una simplificación y agilización de los mecanismos para lograr la extradición”.

Según el senador, el tratado “tiene varios componentes fundamentales: uno de ellos es que eleva de uno a dos años el tiempo mínimo y máximo punible por el que se solicita la extradición; el segundo es que tiene elementos claros de protección de los derechos humanos de la persona que puede ser extraditada; y tercero, en el caso de los países contempla la posibilidad de que sea extraditado un nacional”.

Luego de que las legisladoras del Frente de Todos (FdT) denunciaran a Baby Etchecopar ante la Defensoría del Público, la senadora y presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, repudió -en la sesión de este miércoles- las declaraciones del periodista en contra de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, durante su participación en “La Noche de Mirtha”.

En ese sentido, la senadora explicó que “fueron declaraciones agraviantes contra la vicepresidenta de la Nación y por ende a la investidura de este cuerpo” y recordó que “siempre que recibimos en la Banca de la Mujer denuncias que tienen como destinatarias a las mujeres, nos oponemos y solidarizamos. Todas las manifestaciones de violencia son repudiables e injustificables, no justificaremos a quien las realice”.

Asimismo consideró que “fue un hecho que excedió todos los límites y es un expendio de lo todo lo malo, lo debemos desaprobar y denunciar, más allá de la postura política que nos contenga” y recordó que “el sábado en un programa de televisión hubo una referencia violenta, agresiva, patologizante y muy humillante hacia la vicepresidenta de la Nación. Quienes compartían el programa lo escucharon tranquilamente y lo acompañaron con su silencio, todos sabemos que el calla otorga”.

Sobre esa misma línea, Durango señaló que “no lo vamos a tolerar, no lo vamos a tolerar las mujeres de nuestro bloque ni los movimientos feministas. Cuando tocan a una, nos tocan a todas” e insistió en que “cuando nosotras alzamos nuestra voz para hacer oír nuestro reclamo de igualdad, paridad y equidad, hay en nuestro país un machismo violento que nos demuestra el desprecio que hay hacia las mujeres”.

“Esta no es la primera vez que sucede, es lógico, es el modo que tienen de vernos y tratarnos. Hay una manía histórica de agredirnos, ya lo hicieron con Evita y ahora lo hacen con Cristina: ‘viva el cáncer’, le escribieron a Eva y ‘ella es el cáncer’ le gritan a Cristina. Quienes atravesamos esa enfermedad, yo entre ellas, no podemos hacer menos que repudiar esta patraña”, señaló y concluyó afirmando que “la intolerancia y el odio no aportan nada al diálogo, al contrario, lo entorpece”.

La Comisión Banca de la Mujer realizó este viernes una reunión informativa sobre el proyecto que incorpora la perspectiva de género en los Presupuestos Públicos, a la cual fue invitada para exponer la directora nacional de Economía Igualdad y Géneros del Ministerio de Economía, Mercedes D’Alessandro.

Durante la reunión, la titular de la comisión, la pampeana Norma Durango, destacó que hay muchas provincias que ya están tratando el Presupuesto con Perspectiva de Género, lo mismo que algunas universidades, y recordó el trabajo que viene desarrollándose desde hace más de un año con esa iniciativa.

La autora del proyecto es la senadora formoseña del Frente de Todos María Teresa González, quien recordó que esa iniciativa busca promover la igualdad de género. Destacó asimismo que será “una herramienta política pública que va a permitir transversalizar la perspectiva de género en todas las etapas del Presupuesto: formulación, ejecución, control y evaluación”. También permitirá, señaló, “la presencia y ausencia de neutralidad y/o equidad en la asignación de recursos presupuestarios en los diferentes planes del Gobierno.

“Si no consideramos la herramienta del presupuesto como algo que puede y va a achicar la brecha que tenemos en este momento hombres y mujeres, sin lugar a dudas las políticas públicas no van a llegar a un buen puerto”, señaló la senadora formoseña.

En rigor, el proyecto que incorpora la perspectiva de género en los Presupuestos Públicos es un viejo anhelo de todas las mujeres y hay otras iniciativas similares presentadas en el pasado por Gladys González y la senadora (MC) Sigrid Kunath. Como esos proyectos perdieron el año pasado estado parlamentario, fue representado en febrero de este año uno similar por María Teresa González. El trabajo desarrollado hasta ahora fue muy consensuado entre todas las senadoras y los especialistas que fueron convocados y se espera que los tres proyectos de ley podrían llegar a consensuarse en un solo dictamen.

En su artículo 1°, establece la incorporación de la perspectiva de género como eje transversal del diseño, ejecución y evaluación de todas las perspectivas de género. En el 2° artículo se habla de que en las etapas de formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación se consideren en el impacto diferenciado de los gastos entre mujeres y varones, con los objetivos de reducir y eliminar las brechas de género, garantizar el ejercicio igualitario de los derechos de las mujeres en todas las etapas de desarrollo y erradicar la violencia de género en todos sus tipos y modalidades.

Destacó Teresa González que “los presupuestos son un instrumento que permite reducir la brecha de desigualdad” y enfatizó que “el desarrollo solo será sostenible si los beneficios favorecen por igual a todos, todas y todes”.

“Contar con un presupuesto así nos permitirá avanzar por el camino hacia la igualdad que todos anhelamos”, concluyó la senadora formoseña.

A su turno, Mercedes D’Alessandro destacó que “la desigualdad se amplifica cuando la miramos con la perspectiva de género”. Y a continuación detalló una serie de datos que, aclaró, todas conocen, pero que vienen a cuento:

• Las mujeres ganan en promedio 27% menos; esta brecha se amplifica cuando miramos la informalidad, donde es de casi el 37%. 
• Los niveles de precarización son mayores para las mujeres que con los varones, así como los niveles de desempleo.
• Incluso en las mujeres menores de 29 años los niveles de desempleo casi duplican al resto de la población”.

Luego apuntó que “6 de cada 10 personas con menores ingresos son mujeres, y al considerar a las personas más ricas, solo son mujeres 3 de cada 10”.

La directora nacional de Igualdad de Género del Palacio de Hacienda repasó el papel de las mujeres en cuanto a las tareas domésticas: “Las mujeres en Argentina dedicamos tres veces más tiempo a cocinar, lavar y planchar”, y destacó que esta cuarentena ha servido para redimensionar también esas tareas. “Si al inicio de la pandemia estábamos con estos datos, uno de los grandes objetivos es contribuir a que a la salida de esta pandemia esta brecha no se siga ampliando”, puntualizó.

“No es caprichoso que la desigualdad se  pueda medir”, puntualizó en otro tramo de su exposición, para señalar luego que “el presupuesto no es una herramienta neutral, se pueden abrir o cerrar estas brechas”.

Al valorar Mercedes D’Alessandro la aprobación de este proyecto, sostuvo que “una legislación nacional le daría un impulso fantástico a esto y nos permitiría poder debatir cómo se asignan las partidas presupuestarias y cómo nosotras también peleamos por políticas concretas y específicas que cierren la perspectiva de género”.

“Tenemos un gran desafío por delante -agregó-. Esta pandemia nos puso a la luz un montón de situaciones de desigualdad, un montón de brechas; el IFE nos mostró una situación de informalidad gigantesca: 9 millones de personas, casi un quinto del país”.

Y puntualizó que “frente a estas brechas de desigualdad, el presupuesto con perspectiva de género también es una herramienta muy valiosa y útil porque si pensamos que vamos a tener las perspectivas económicas que vemos venir, con desempleo en aumento, quiere decir que el Estado va a tener que estar muy presente”. Y en ese marco, dijo, “tenemos que ser muy inteligentes en cómo asignamos y distribuimos los recursos, e identificar en donde están esas brechas y desigualdades. Es una herramienta muy valiosa y el Presupuestonos va a permitir evaluar qué nos falta y qué cosas tenemos que resolver de otra manera”.

Queremos ver la perspectiva de género en la infraestructura, en el diseño de las ciudades; queremos ver mujeres en la construcción, la arquitectura, es una perspectiva que tiene que ser transversal a todas las áreas de gobierno”.

Mercedes D’Alessandro

Luego de la exposición de otras integrantes de la comisión, la presidenta de la misma se declaró esperanzada por una pronta aprobación de ese proyecto. “A lo largo de los años hemos ido avanzado y hoy es casi una realidad. Prontamente vamos a sacar el dictamen y estoy segura de que vamos a aprobarlo. Valoremos los avances que tenemos, aunque tengamos que ir despacio, como dijo Guadalupe”, por la senadora Tagliaferro, que había hablado antes.

Para cerrar, volvió a hablar la expositora invitada, que comentó que “frente a la pandemia hubo una forma de entender la economía que a mí no me gusta: ‘se paró la economía por la pandemia’, se dijo, y automáticamente se está pensando en la industria, la tecnología… Para nosotros, la economía también somos las amas de casa, el sector salud, que ha estado en la primera fila frente a esta situación de pandemia y donde las mujeres somos 8 de cada 10; las maestras, 8 de cada 10 son mujeres; quiero que recupermos también el término de economía y cuando hablemos de la misma pensemos también en eso.

Tras destacar también la desproporción respecto de la cantidad de mujeres en la industria o la construcción (1 de cada 10), D’Alessandro señaló que “queremos ver la perspectiva de género en la infraestructura, en el diseño de las ciudades; queremos ver mujeres en la construcción, la arquitectura, es una perspectiva que tiene que ser transversal a todas las áreas de gobierno”.

Asimismo señaló que “también los lugares que están feminizados son los peor pagos. Y eso también tenemos que revalorizarlo. Tenemos que revalorizar las tareas domésticas y de cuidados no remunerados; tenemos que revalorizar las tareas domésticas y de cuidados remuneradas; no puede ser que la principal salida laboral de las mujeres sea ser empleada doméstica y eso sea informal y mal pago. Tenemos que mejorar las condiciones de empleo de ese sector. En el sector de la salud, donde la mayoría son mujeres, lo mismo”.

“Y ahí el presupuesto con perspectiva de género es una herramienta muy potente que nos lleva no solo a debatir las partidas presupuestarias, sino también a poner en juego estos conceptos e ideas y llevar las a la mesa donde tenemos que llevarlas, que es donde está el dinero”, concluyó.

La senadora Norma Durango (Frente de Todos-La Pampa) presentó un proyecto de ley para que los profesionales de la salud no paguen impuesto a las Ganancias durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, en sintonía con varias iniciativas impulsadas en la Cámara de Diputados.

Durango sostuvo que la exención de este gravamen podría “generar un estímulo adicional para que estos actores clave e insustituibles sientan el reconocimiento material y la compensación que dignifica más aún su actitud de mantenerse en sus puestos de trabajo”.

El proyecto consta de un solo artículo que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias indicando que están exentas de este gravamen “las sumas percibidas por los profesionales de la salud, independientes o prestadores de los agentes del Sistema Nacional de Seguro de Salud creado por la Ley 23.661 o de las empresas de medicina prepaga reguladas por la Ley 26.682, durante el tiempo de vigencia de emergencia pública sanitaria establecida en virtud de la pandemia de Covid-19”.

“El personal de la salud tiene un alto grado de exposición física y de tensión psicológica, derivada de la asistencia que deben prestar a las personas contagiadas por el coronavirus. La experiencia internacional muestra que es un sector particularmente expuesto y que forma parte de los contingentes de personas que han contraído dicho virus en una relativamente alta proporción”, explicó la autora.

Durango señaló que “la cuarentena como medida profiláctica tiene la singularidad de no provocar idénticos efectos en todos los sectores, sino que afecta a ciudadanos y ciudadanas de manera particular, aunque simultánea”.

“Tal singularidad adquiere particular valor en el caso del personal de la salud, sean estos profesionales médicos, bioquímicos, técnicos, auxiliares o de nivel operativo, tanto en los sistemas públicos como privados”, apuntó, para justificar su proyecto de ley.

La Banca de la Mujer, comisión que preside la senadora Norma Durango, advirtió este miércoles que las personas privadas de su libertad por delitos contra mujeres deben cumplir su condena en la cárcel, luego de que el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense Víctor Violini dispusiera la prisión domiciliaria para los detenidos por delitos leves y en riesgo de contraer el Covid-19.

En un comunicado, la comisión advirtió que “las personas privadas de libertad por delitos contra las mujeres deben efectuar sus condenas en establecimientos penitenciarios”, y advirtió: “De ninguna manera podemos convalidar que quienes cometen estos delitos puedan poner nuevamente en peligro a más mujeres”.

A continuación, el comunicado completo:

Como senadoras nacionales integrantes de la Comisión Banca de la Mujer del H. Senado de la Nación, y ante los hechos de público conocimiento, por los cuales se podrían estar adoptando medidas alternativas a la privación de la libertad en establecimientos penitenciarios, como la prisión domiciliaria, manifestamos nuestra profunda preocupación por los riesgos que podría implicar para las víctimas, la libertad de personas detenidas o condenadas por delitos contra la integridad sexual o hechos de violencia contra las mujeres. En particular, nos referimos al acercamiento o contacto de los agresores con sus víctimas.

Sabemos que los ámbitos carcelarios ofrecen dificultades a la eficacia de las medidas de distanciamiento con que el gobierno viene intentando retrasar los niveles de contagio por Covid-19, y nos pronunciamos por el reconocimiento al derecho a la salud de las personas privadas de libertad, pero en estos difíciles y complejos momentos que estamos atravesando, en los que el aislamiento social, preventivo y obligatorio profundiza y recrudece la violencia por razones de género, es que los esfuerzos tienen que estar también concentrados en garantizar el acceso a la Justicia y a la protección efectiva de las mujeres y de sus hijos e hijas.

Atento a la gravedad de sus actos, las personas privadas de libertad por delitos contra las mujeres, deben efectuar sus condenas en establecimientos penitenciarios. Éstos deben cumplir con lo establecido en nuestra Constitución Nacional en su artículo 18, debiendo ser sanas y limpias. Claro está que la pandemia que transcurre debido al virus Covid-19 puede dificultar ese mandamiento, por lo que debemos extremar los cuidados sanitarios para evitar contagios, pero nunca desamparar a la sociedad ni a las víctimas, devolviendo a las calles a quienes cometieron delitos que vulneran las autonomías de las mujeres, sin haber finalizado previamente su condena.

Este escenario judicial, además de suponer un peligro para la sociedad, conllevaría una verdadera vulneración de los derechos de todas las mujeres frente a la cual debemos actuar de inmediato. La violación, el abuso sexual, el femicidio y el maltrato son fenómenos que afectan a mujeres y niñas especialmente y de ninguna manera podemos convalidar que quienes cometen estos delitos puedan poner nuevamente en peligro a más mujeres.

En el marco del absoluto respeto a su independencia, exhortamos al Poder Judicial a que se encamine en el mismo sentido.

En las últimas horas, la senadora nacional Norma Durango (Frente de Todos), actual presidenta de la Comisión Banca de la Mujer del Senado, presentó un proyecto de  ley que propone declarar la emergencia pública en materia social por violencia por razones de género, por el término de dos años.

El objetivo de la iniciativa, dice Durango, “es prevenir, y revertir el número de víctimas por violencia de género en todos sus tipos y modalidades, en nuestro país. Propone declarar en todo el territorio de la Nación, según lo dispuesto en el artículo 75 inciso 23 y en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social por violencia por razones de género por el término de dos años, que podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo por igual plazo si subsisten las razones que la han originado”.

Durango expresó que “queremos, necesitamos, nos urge que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de las áreas competentes, adopte las medidas necesarias para la implementación de una ley de emergencia por violencia, que permita dotar del presupuesto necesario al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para cumplir su función de órgano de aplicación de la Ley No 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Y que a la vez, de facultades a la Jefatura de Gabinete de Ministros para “disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente a la emergencia”.

La senadora pampeana expresó también que “no es nueva mi preocupación por esta problemática. De ello dan cuenta las distintas iniciativas que he presentado en estos años. En particular,  el proyecto de ley del año 2018 solicitando se declare la emergencia pública en materia social por violencia por razones de género en todo el territorio nacional, con la finalidad de dotar al organismo rector de las políticas de género de un mayor presupuesto para afrontar la problemática. El mismo fue tratado en la Comisión Banca de la Mujer, junto con iniciativas similares de otras senadoras nacionales. Si bien arribamos a un consenso, el mismo perdió estado parlamentario.

Frente a esta realidad que hoy nos sacude, y que recrudece como consecuencia de esta pandemia, he decidido volver a presentarlo, con el objetivo primordial de prevenir y revertir los casos de violencia por razones de género, y de contribuir, desde el lugar que ocupamos en el Congreso nacional, a hacer uso de los instrumentos de los que disponemos para ello.

Esta medida busca constituirse como una verdadera herramienta que permita avanzar de manera concreta y efectiva sobre una problemática que día a día se cobra más vidas de mujeres en nuestro país. Coordinar, fortalecer, reforzar, capacitar, implementar son palabras con mucha fuerza de acción pero que sin los presupuestos suficientes quedan cual meras declaraciones de voluntad. Hoy nuestro país nos exige respuestas efectivas y rápidas frente a una situación tan compleja y preocupante. La violencia de género también es una pandemia” fundamentó.

Medidas prioritarias

El proyecto prevé los siguientes ítems:

#Coordinar con los gobiernos provinciales y municipales la asignación de recursos presupuestarios y la implementación de capacitaciones para la conformación de las Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia por razones de género, según lo previsto por el artículo 10 inciso 2 de la Ley Nº 26.485;

#Crear en todo el territorio nacional al menos UN (1) Hogar de Protección Integral o refugio en cada jurisdicción.

# Fortalecer todas las estrategias de protección a las personas en situación de violencia por razones de género.

# Fortalecer el sistema de alerta temprana y geolocalización inmediata a utilizar en situaciones de violencia por razones de género en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, provinciales, municipales y los poderes judiciales locales en lo que respecta al ámbito territorial de su competencia;

# Reforzar los mecanismos de articulación y coordinación con el Poder Judicial de cada provincia para garantizar el acceso a la justicia de las personas que están en situación de violencia por razones de género. Fortalecer los mecanismos de acceso rápido y efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva.

# Fortalecer las capacitaciones obligatorias en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 27.499;

# Fortalecer las redes territoriales de acompañamiento comunitario que trabajen con situaciones de violencia por razones de género;

# Suscribir convenios de cooperación con organismos nacionales, provinciales e internacionales, que tengan por objeto prevenir la problemática de la violencia de género.

 #Se establece, para las mujeres que se encuentren en situación de emergencia social por violencia por razones de género, una asignación económica mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso.

Tal cual lo anticipado por parlamentario.com el fin de semana, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se presentará este miércoles, convocada por la Comisión Banca de la Mujer.

La titular de esa comisión, Norma Durango, convocó a reunirse de manera virtual este miércoles a partir de las 15. El temario establece hablar de las acciones llevadas a cabo por esa cartera en el contexto de la pandemia por el virus Covid-19.

De tal manera esa comisión del Senado será la primera en reunirse, y Gómez Alcorta la primera ministra en presentarse en esa Cámara, luego de que se postergara la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social a la que había sido convocado el ministro Claudio Moroni.

La senadora Norma Durango informó que la próxima semana convocará a la ministra de la Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, para realizar una reunión con la Comisión Banca de la Mujer de la Cámara alta que ella preside.

“Ya me contacté con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y aceptó rápidamente. Esto permitirá el intercambio, y a las senadoras que forman parte de la comisión conocer los medios que se están profundizando en la prevención de la violencia y los femicidios, que en este contexto de aislamiento y cuarentena se están produciendo en todo el país”, señaló la senadora pampeana.

La reunión será por supuesto a través del sistema de videoconferencia, ya utilizado en la Cámara baja para la presentación de otros ministros. En efecto, ya participaron de encuentros de esas características Nicolás Trotta, con la Comisión de Educación; y Daniel Arroyo y Ginés González García en la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

En el Senado todavía no hubo reuniones online, pues se postergó en dos oportunidades la reunión con el titular de la cartera laboral, Claudio Moroni, con los senadores de la Comisión de Trabajo que preside otro justicialista pampeano, Daniel Lovera.

Norma Durango fue reelecta este año al frente de la Comisión Banca de la Mujer, que está integrada por todas las mujeres de la Cámara alta. Durante la reunión constitutiva había adelantado su intención de citar a la ministra Gómez Alcorta.

La senadora pampeana Norma Durango (Frente de Todos) fue reelecta este miércoles para unanimidad para presidir la Banca de la Mujer, la comisión permanente que está conformada por todas las integrantes de la Cámara alta.

La reunión se desarrolló en el Salón Illia y como vicepresidenta fue designada Guadalupe Tagliaferri (Pro), quien estuvo ausente.

Al asumir, Durango resaltó que el año pasado la Banca de la Mujer fue “una de las comisiones que más trabajó”, y adelantó que para la próxima reunión se convocará a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Además, las senadoras formularon propuestas para la agenda del año, algunas de las cuales tienen que ver con la prevención de la violencia de género y de los femicidios, a partir de los casi 70 casos registrados este año.

La senadora Norma Durango (Frente de Todos) admitió que en el Senado “esta difícil” el escenario en torno al proyecto de aborto legal, pero se mostró confiada en persuadir a sus pares que se manifiestan en contra.

“No estoy personalmente a favor del aborto, pero sí estoy a favor de la despenalización y legalización porque las mujeres mueren”, señaló y consideró que “como legisladores debemos legislar sobre lo que es una realidad, y la realidad es que las mujeres hoy no tienen medios para hacerse un aborto, están expuestas y no podemos seguir permitiendo los abortos clandestinos, que además son un gran negocio”.

La pampeana resaltó que el proyecto “no obligara ni recomendara a nadie abortar”, y dijo que espera que tome en cuenta “la experiencia” que a lo largo de los años aportó la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

La legisladora negó que la no aprobación de la iniciativa “haya sido una derrota” en 2018, sino que “por el contrario, permitió visibilizar una situación y seguir en carrera”, expresó. “La ley no salió pero la conciencia comunitaria de este tema se amplió muchísimo”, dijo.

En declaraciones a radio Futurock, Durango admitió que el panorama “esta difícil” en la Cámara alta, pero aseguró que “militará” el tema como lo hizo con la designación de Marisa Graham como Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes: “Esperamos realizar un trabajo similar cuando llegue el proyecto al Senado y hacerles entender a los senadores que este es un derecho privadísimo de las personas”.

“Yo no creo que el senador (José) Mayans vaya a dar la orden de que todos voten de una manera o de otra, va a dar como siempre la libertad de que cada uno vote lo que considere que es justo”, opinó.

Y continuó: “No estoy tratando de convencer a nadie. Estoy tratando de explicar que este es un tema de salud pública, y que no tiene nada que ver ni con la moral, ni con la religión, ni con la opinión pública”.

“Los abortos se hacen y miles de mujeres se mueren por los abortos clandestinos, por lo tanto, o lo hacemos legal, o seguimos siendo cómplices de estas muertes”, concluyó.