El diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina. Apunta a gastos personales, compras en free shop, consumo en el exterior y retiros de efectivo que, según sostiene, podrían encuadrar como malversación de caudales públicos.
Tal cual había anticipado, el diputado nacional Esteban Paulón formalizó este lunes una denuncia penal a partir de información surgida de respuestas oficiales de la Jefatura de Gabinete y de una investigación periodística que reveló el presunto uso indebido de tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). El legislador denunció gastos personales, consumos en el exterior y extracciones de efectivo realizadas durante la gestión de Demian Reidel como presidente de la empresa estatal.
La presentación judicial señala que los consumos habrían excedido ampliamente los fines permitidos para este tipo de tarjetas, que están destinadas únicamente a gastos oficiales vinculados a misiones o comisiones de servicio. En ese sentido, la denuncia hace foco en adelantos de efectivo por un total de 56 millones de pesos, una práctica que, según Paulón, permite eludir los controles posteriores del sistema de tarjetas corporativas.
De acuerdo con el detalle incorporado en la documentación, los gastos incluyen compras en free shops y perfumerías, consumos en peluquerías, indumentaria deportiva, discotecas, servicios de playa, masajes, cócteles y snacks, además de alojamientos en hoteles de alta gama y consumos a bordo de aerolíneas internacionales como Air Europa, American Airlines y United Airlines. También se consignan gastos en ciudades como Madrid, Ámsterdam, Viena, Río de Janeiro, Punta Cana, Angra dos Reis, Salamanca y Singapur. Solo en tiendas libres de impuestos y consumos similares se habrían registrado erogaciones por más de 5.900 dólares y 1,1 millón de pesos.
La denuncia subraya además que la información oficial no individualiza a los funcionarios responsables de cada gasto, y cuestiona la explicación posterior de Reidel, quien habría atribuido los consumos a alrededor de 100 personas, a pesar de que las tarjetas corporativas de NA-SA están reservadas a un número reducido de autoridades superiores, como presidentes y miembros del directorio.
Paulón advierte que varios de estos consumos se registraron en fechas cercanas a la renuncia de Reidel al frente de la empresa, lo que refuerza, a su criterio, la sospecha sobre el uso discrecional de fondos públicos. También recuerda que la normativa vigente fija topes claros para viáticos y alojamiento en el exterior —188 euros diarios para viáticos y 388 euros para alojamiento— y define esos gastos exclusivamente para actividades oficiales, condiciones que, sostiene, no se cumplirían en los casos denunciados.
CON LA TUYA, CONTRIBUYENTE.
Mientras el país hace un esfuerzo histórico para salir adelante, algunos funcionarios de Nucleoeléctrica usan las tarjetas corporativas como si fueran propias. Presentamos una denuncia formal por gastos personales y extracciones de efectivo que son una… pic.twitter.com/bE7TFrTEO3— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 4, 2026
Desde el punto de vista legal, la presentación encuadra los hechos dentro de los delitos previstos en el Código Penal bajo la figura de “malversación de caudales públicos”, contemplada en los artículos 260 a 264. Como prueba documental, se adjuntan la nota periodística publicada por el diario La Nación el 1 de mayo de 2026 y el anexo del Informe de Gestión N° 145 de la Jefatura de Gabinete, que detalla los movimientos de la cuenta vinculada a la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
En el apartado de peticiones, Paulón solicita que se tenga por presentada la denuncia formal contra Demian Reidel, Luis Caputo y Manuel Adorni; que se incorpore la documentación aportada; que se cite a declarar como testigo al actual presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos; y que se impulse la investigación penal correspondiente para determinar tanto los hechos como las eventuales responsabilidades penales.
Al anunciar la denuncia, el diputado cuestionó duramente el uso de fondos públicos para gastos privados y sostuvo que “el sacrificio de los argentinos no puede terminar financiando lujos personales”, al tiempo que reclamó poner fin a los privilegios en las empresas del Estado.
La diputada nacional propone declarar de interés nacional las actividades vinculadas a la energía nuclear, fijar principios estratégicos para el desarrollo del sector y derogar el decreto que habilita la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina. El proyecto también modifica las leyes 27.742 y 24.804.
En medio de la polémica por el avance privatizador del Gobierno sobre áreas estratégicas, la diputada Julia Strada presentó un proyecto de ley que busca consolidar la soberanía energética argentina en materia nuclear. La iniciativa declara de interés nacional y como objetivos prioritarios todas las actividades de investigación, desarrollo y producción vinculadas a la energía nuclear, y establece los “Principios de la política energética nuclear de la República Argentina” como guía para las decisiones del Estado en el corto, mediano y largo plazo.
Entre los puntos centrales, el proyecto propone:
Además, la iniciativa deroga el artículo 8 de la Ley Bases (27.742), el decreto 695/2025 y el artículo 36 de la Ley 24.804, normas que habilitan la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).
Strada argumenta que la empresa es “estratégica y eficiente”, con resultados financieros positivos —$275.500 millones en 2024 y $74.905 millones en el segundo trimestre de 2025— y capacidad para ejecutar proyectos complejos como la extensión de vida de Embalse y la asistencia al CAREM.
En los fundamentos, la diputada advierte que el sector nuclear atraviesa una “situación crítica” por desfinanciamiento, paralización de proyectos y precarización laboral. Señala que el presupuesto 2026 prevé un recorte del 13,4% respecto de 2025 y del 53,1% frente a 2023, afectando la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y proyectos como el RA-10 y la nueva planta de uranio en Formosa.
“El decreto 695/2025 responde a una lógica dogmática que conspira contra la soberanía nacional”, sostiene Strada, y subraya que la privatización de NASA “va a contramano de la política nuclear de países como Francia, que reestatizó EDF en 2023”. El proyecto también plantea relanzar la cooperación nuclear con Brasil y fortalecer la integración regional en el marco de la ABACC.
Con esta propuesta, la legisladora busca frenar la extranjerización de activos estratégicos y garantizar que la política nuclear argentina se mantenga bajo control estatal, preservando capacidades tecnológicas acumuladas durante décadas.