La diputada nacional Florencia Carignano presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que aclare una serie de contrataciones y procesos administrativos realizados en Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA‑SA) desde la designación de Demián Reidel como presidente de la compañía. La iniciativa se apoya en denuncias internas y trascendidos periodísticos que apuntan a presuntas irregularidades en una licitación de servicios de limpieza y en otros contratos vinculados a la gestión de la empresa.

El proyecto solicita que el Ejecutivo informe todos los procesos licitatorios impulsados bajo la gestión de Reidel, así como la existencia de un concurso para contratar servicios de limpieza durante 2025/2026. También requiere el detalle de las empresas que prestan actualmente ese servicio, los valores de las contrataciones, el monto e identidad de la adjudicataria anterior y las razones técnicas, económicas y administrativas que explicarían un incremento de más del 140% respecto del contrato previo, según denunció un gerente de Atucha I‑II ante el Comité de Integridad de la empresa.

El pedido de Carignano también apunta a las razones por las cuales se dio de baja la licitación observada y solicita que el Ejecutivo precise si los valores utilizados tuvieron en cuenta los de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Según técnicos citados en la presentación, incluso esos valores de referencia habrían sido superados en casi un 60%, lo que habría motivado objeciones de áreas internas.

La diputada reclama además información sobre el estado de la denuncia interna presentada ante el Comité de Integridad y sobre los vínculos contractuales de LX Argentina S.A. con NA‑SA. Uno de los puntos más sensibles del proyecto está vinculado al proceso de migración del sistema SAP a HANA, cuyo presupuesto inicial habría sido de 600 mil dólares, pero que terminó costando siete millones. El pedido exige explicaciones sobre esa diferencia.

Carignano incluye también un requerimiento para conocer los gastos realizados con las tarjetas corporativas de la empresa y solicita saber si, al momento de la designación de Reidel, se evaluaron sus antecedentes crediticios. Según datos mencionados en los fundamentos, el actual presidente de la compañía tendría deudas por más de 880 millones de pesos, categorizadas por el Banco Macro como de “alto riesgo de insolvencia”, además de haber incrementado los gastos en viajes y representación.

En los fundamentos del proyecto, la legisladora advierte que NA‑SA atraviesa un proceso de deterioro institucional desde el cambio de autoridades, marcado por desplazamientos de personal técnico, reestructuraciones sin planificación, conflictos laborales y señalamientos de presiones internas para avalar procesos irregulares. A su vez, vincula estas situaciones con la decisión del Poder Ejecutivo de incluir a la empresa —responsable de la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse— entre las sujetas a privatización.

Carignano sostiene que las denuncias y la falta de explicaciones por parte de la conducción de la empresa no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un escenario que, a su entender, busca debilitar la credibilidad y el funcionamiento de una compañía estratégica para la soberanía energética del país. Por eso, exhorta al resto de los diputados a acompañar el pedido de informes para que el Gobierno precise la situación administrativa y financiera de NA‑SA.

El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el proceso de privatización de cuatro complejos hidroeléctricos estratégicos. A través de la Resolución 1910/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, se aprobaron los pliegos técnicos del Concurso Público Nacional y se precalificó a las empresas que cumplieron con los requisitos exigidos.

La medida habilita a los oferentes a participar en la segunda etapa del proceso: la apertura de las ofertas económicas, prevista para mañana a las 10, mediante la plataforma del Sistema CONTRAT.AR.

En paralelo, la autoridad económica desestimó la propuesta presentada por Ips Renewal S.A. para todos los renglones del concurso, siguiendo la recomendación de la comisión evaluadora ad hoc.

Las sociedades en venta son Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. El paquete accionario incluye el 51% de acciones Clase “A”, el 47% de Clase “B” y el 2% de Clase “C”, conforme a lo establecido en las leyes 27.742 y 23.696, que declararon sujetas a privatización a empresas como ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina.

Entre las firmas precalificadas figuran Edison Inversiones, Hidroeléctrica Futaleufú (con asociados como Genneia y Aluar), BML y Orazul Energy, Central Costanera, Central Puerto, Pampa Energía, ENEL Argentina y AES Argentina Generación, entre otras, según el complejo por el que compiten.

El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la compañía que opera las centrales nucleares del país. La iniciativa, confirmada por el Ministerio de Economía, contempla la venta del 44% del paquete accionario mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado conservará el 51% para mantener el control mayoritario.

Actualmente, el capital social de NASA se distribuye en un 79% en manos del Estado, 20% de la Comisión Nacional de Energía Atómica y 1% de Energía Argentina S.A. (Enarsa). Antes de la licitación, Enarsa transferirá su participación a la Secretaría de Energía para consolidar la tenencia estatal.

La decisión se fundamenta en la necesidad de incorporar inversores privados que garanticen la continuidad operativa de la empresa con criterios de eficiencia y competitividad. Además, el plan apunta a obtener financiamiento para proyectos estratégicos como la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).

El esquema aprobado incluye un Programa de Propiedad Participada que destinará el 5% del capital accionario a los empleados de NASA. El proceso deberá completarse en un plazo máximo de 12 meses y se instrumentará a través de la plataforma CONTRAT.AR.

La Secretaría de Energía será responsable de elaborar el inventario de bienes y gestionar la documentación técnica y societaria para la licitación. En paralelo, la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial coordinará la implementación del programa para empleados, con intervención del Ministerio de Capital Humano.

El Senado de la Nación fue escenario este miércoles por la tarde de una reunión plenaria conjunta de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Ciencia y Tecnología, presididas por los senadores Flavio Fama (UCR) y Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana), respectivamente. El encuentro, de carácter informativo, tuvo como eje el análisis de tres proyectos que apuntan a declarar al sistema nuclear argentino como bien estratégico, no enajenable, y a garantizar la protección del ciclo nuclear nacional.

La jornada se desarrolló en el Salón Azul y contó con la participación de dos referentes del ámbito científico: Martín Iofrida, secretario general de la Asociación de Profesionales de la Comisión de Energía Atómica y la Actividad Nuclear, y Diego Hurtado, doctor en física e investigador principal del CONICET.

Iofrida expresó su respaldo a las iniciativas legislativas y advirtió sobre el riesgo de enajenar Nucleoeléctrica Argentina (NASA), empresa estatal que consideró “parte sustancial del patrimonio nacional”. Además, alertó sobre la migración de científicos provocada por la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, y llamó a defender la soberanía nuclear del país.

Señaló además que “el uranio en nuestro país alcanza para 35 años, en el mundo es muy grande el comercio de este mineral; ¿cómo se puede plantear la exportación si apenas alcanza para Argentina? Además, ¿quién la haría y cuáles serían sus beneficios?”.

Por su parte, Hurtado destacó que los proyectos en debate representan una política de Estado orientada a evitar el desmantelamiento del sector, como ocurrió en la década del 90. En ese sentido, calificó de “desequilibrado” al sistema energético actual y subrayó la importancia de preservar el desarrollo científico y tecnológico nacional.

Hurtado manifestó que “sin el Estado no tendríamos Nucleoeléctrica, YPF, y otros organismos".

También subrayó que "hoy tenemos un sector energético desequilibrado. Tenemos uranio en el territorio argentino solo para nuestro plan nacional nuclear y el Gobierno quiere exportarlo como materia prima, quitándonos un recurso estratégico".

Al cierre del encuentro, García Larraburu lamentó el deterioro institucional: “Nunca la política y las instituciones estuvieron tan bastardeadas como en este último tiempo”. Fama, en tanto, cuestionó la ausencia de funcionarios del Poder Ejecutivo: “Uno puede tener posiciones distintas, pero no puede dejar de dar el debate”.

Después del anuncio del Gobierno nacional, la diputada nacional Agustina Propato (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución para exigirle una serie de informes al Ministerio de Economía por la inminente privatización y venta de las acciones correspondientes a la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA.

El pedido de informes requerido por Propato busca profundizar respecto a cuáles son las razones económicas que justifican la privatización y venta del 44% de las acciones de la empresa NA-SA; la composición de la Comisión Fiscalizadora de la SIGEN; el registro de ingresos y egresos (fichada) a instalaciones de NA-SA del presidente del Directorio, Demian Reidel y enumere la cantidad de reuniones; y el informe de los montos percibidos por el presidente, vicepresidente y directores en concepto de salarios.

En los fundamentos, señaló que “NA-SA no tiene déficit sino superávit”, y explicó que “en el primer trimestre de este año declaró ganancias por $17.234 millones de pesos. La potencia instalada de las tres centrales nucleares es de 1763 MW, un 4,1% de la potencia bruta total instalada en el país a diciembre de 2024. No obstante, el año pasado el porcentaje de energía generada trepó al 7,35% del total aportado al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI)”.

El presente proyecto de resolución surge a partir de la publicación de Econo Journal respecto al acceso a un decreto del Poder Ejecutivo que consta de “9 artículos y con el cual se pretende avanzar con la privatización del 49% de las acciones”. La nota fue publicada el pasado 13 de septiembre.

Del mismo modo, la legisladora oriunda de Zárate denunció que “a los fines de allanar el camino para lograr este cometido, se produjo también el despido de varios gerentes de la empresa que según se conoce no acuerdan con su privatización”. Luego, agregó que “el Poder Ejecutivo Nacional persiste en su intento por lograr el vaciamiento de la empresa Nucleoeléctrica Argentina”.

Por último, la diputada nacional Agustina Propato señaló que el Gobierno nacional busca “poner en riesgo la continuidad del plan nuclear argentino que se encuentra paralizado desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, comprometiendo de esta manera el empleo de los especialistas calificados, el desarrollo energético nuclear y la soberanía energética de la Argentina”.

La diputada camporista Gabriela Estévez presentó en el Congreso un proyecto de ley que apunta a derogar el artículo 8 de la Ley de Bases, norma que habilita la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. La iniciativa, acompañada por su comprovinciano Pablo Carro y la santafesina Florencia Carignano, busca restituir el control estatal pleno sobre la compañía y dejar sin efecto cualquier acto administrativo derivado de ese artículo.

El Gobierno de Javier Milei incluyó en la Ley Bases la posibilidad de vender hasta el 44% del paquete accionario de NASA con el argumento de atraer inversión privada para sostener proyectos estratégicos, como la extensión de vida útil de Atucha I. Para la Casa Rosada, se trata de terminar con “el Estado empresario” y abrir el juego al capital privado en un sector considerado de alta complejidad técnica y con fuerte carga presupuestaria.

Desde la oposición kirchnerista, en cambio, advierten que el ingreso de accionistas privados introduce una lógica de mercado incompatible con los objetivos de soberanía energética y seguridad nacional. En los fundamentos del proyecto, Estévez remarcó que la participación privada en experiencias pasadas, como la de la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas (ENACE), no logró preservar los activos estratégicos y facilitó su desmantelamiento en los años 90 y 2000.

El texto subraya que el dominio del ciclo completo del combustible nuclear —desde la exploración de uranio hasta la fabricación de combustible para reactores— convierte a la Argentina en un actor regional privilegiado en materia de tecnología nuclear. “La privatización parcial de NASA podría socavar esta posición, generar desconfianza en la comunidad internacional y poner en riesgo la reputación que el país construyó como usuario pacífico de la energía nuclear”, sostiene la diputada.

Otro de los argumentos es que la energía nuclear no se limita a la generación eléctrica. La Central de Embalse, por ejemplo, produce Cobalto-60, un isótopo clave para la medicina y la industria, del cual Argentina es exportador mundial. Según Estévez, la cesión parcial de NASA “dilapida patrimonio estratégico y puede provocar un vaciamiento de talento científico y tecnológico”, en referencia al capital humano formado durante décadas bajo gestión estatal.

El proyecto también marca que el control privado no exime al Estado de responsabilidades en caso de accidentes, recordando experiencias internacionales como Three Mile Island en Estados Unidos o los sobrecostos de reactores europeos bajo gestión privada. “La lógica de la rentabilidad a corto plazo no es compatible con una industria que exige planificación, inversión sostenida y control soberano”, concluyen los fundamentos.

La presentación reabre la discusión sobre el modelo energético en el país y coloca al kirchnerismo en una posición de resistencia directa frente a uno de los puntos más polémicos de la Ley Bases, al tiempo que plantea un debate de fondo: si la Argentina debe financiar sus necesidades inmediatas desprendiéndose de activos estratégicos o preservar el control estatal de un sector sensible en términos de seguridad y proyección internacional.

La diputada nacional de Unión por la Patria Agustina Propato asistió al segundo encuentro de la multisectorial Zárate-Campana en rechazo al DNU y la ley ómnibus impulsadas por el Gobierno nacional. Además, fijó su posición de acompañamiento al paro y movilización del sector obrero para este 24 de enero.

Al respecto Propato sostuvo que “esta ley, al igual que el decreto, es una tragedia política para la Argentina. Se trata de un segundo tiempo de Mauricio Macri, reforzado y haciendo negocios sin escrúpulos”.

También analizó que “el plan de (Luis) Caputo y (Federico) Sturzenegger, para el que pone la cara Milei, es rifar la Argentina” y rechazó los planteos formulados por diversos funcionarios, que advirtieron que “si no se aprueba la ley, tomarán medidas mucho más drásticas para los laburantes”. Propato indicó que son “amenazas a los trabajadores y todo es una estafa a los grandes sectores que apoyaron a Milei, porque nosotros no esperábamos otra cosa, pero a sus votantes Milei les prometió que esa motosierra no era para ellos y hoy la clase laburante y media está pasándola mal”. En ese sentido enfatizó que “Milei tiene que reaccionar porque lo que está pasando no pronostica buen resultado”.

Sobre la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Propato aseveró que “el silencio del intendente (Marcelo) Matzkin junto a los de sus representantes en el Congreso de la Nación que no levantan la voz en defensa de NA-SA, apunta a que es una demostración de que están co-gobernando con el presidente Milei”. Vale recordar que Propato se dirigió en el plenario de comisiones al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo cuestionándolo por el punto de las privatizaciones.

La legisladora nacional apuntó que con estas medidas el Gobierno “quiere rifar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que es la reserva para nuestros jubilados; quieren derogar la Ley de Tierras, desregular la economía, generar los marcos legales para hacer entrega de nuestros recursos naturales como el litio, los hidrocarburos y el biodiesel a las grandes corporaciones”, concluyó.