“Una gran cantidad de obras públicas y rutas se encontraban paradas o con demoras de pagos de muchos meses”, explicó Posse

El funcionario aseguró que “hay obras que se van a rescindir, otras están en conversación para transferirlas a jurisdicciones provinciales o municipales”, pero remarcó que están trabajando en “ordenar este tema lo más rápido posible”.

Al ser consultado por varios senadores nacionales por el estado de las obras públicas en relación a las rutas nacionales, el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, explicó que “hay una gran cantidad de obras que se encontraban paradas o con demoras de pagos y actualización de precios de muchos meses”, pero afirmó que están trabajando en “ordenar el tema lo más rápido posible”.

“Las rutas que están neutralizadas es porque hay actos administrativos de neutralización de plazos y obligaciones contractuales acordadas entre las partes hasta que se resuelva su reinicio. Tiene que ver con no disponer con los fondos necesarios y dejar las obras en revisión tanto de su prioridad como su posibilidad de ejecución”, le contestó a la chubutense Edith Terenzi.

También explicó que “una gran cantidad de las obras están paralizadas por demoras en los pagos y actualización de precios. Todo el sistema está en revisión de prioridades con los interlocutores de cada una de las provincias”, e informó que “hay obras que se van a rescindir, otras están en conversación para transferirlas a jurisdicciones provinciales o municipales y el resto se encuentran en un proceso de reinicio o neutralización”.

Sobre las rutas nacionales de Entre Ríos la 12 y 14 detalló que allí “se trabaja con la concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A que tiene a cargo distintos tramos de las rutas. El contrato fue prorrogado en abril esto debería tender a una normalización y en un nuevo llamado a licitación se incorporará los planes de obras para las mejoras de la traza que sean necesarios. Buena parte del sistema de rutas de concesiones no podía pagar el mantenimiento. Ha habido un desfasaje que atrasó todo el sistema”.

“Una gran cantidad de obras se encontraban paradas y ralentizadas o con inconvenientes de demoras de pagos y actualización de precios de muchos meses lo cual hace inviable la ejecución. Estamos trabajando en ordenar este tema lo más rápido posible”, afirmó.

Ante una consulta de la senadora radical Carolina Losada sobre el estado de las rutas 33, 178 y 11, Posse expresó: “Estamos escuchando este tema como un tema común, esto muestra el estado en el cual recibimos el país. Que el 40% solamente de las rutas estén en condiciones, se imaginan que no ocurrió en estos últimos cinco meses. El estado de la infraestructura es muy malo, son años de desatención, desfinanciamiento y falta de mantenimiento. Poner esto en orden nos va a llevar tiempo”.

Y precisó que “las obras de mantenimiento contratadas se encuentran priorizadas, en particular están previstas las obras en las rutas 33, 11 y 178”, además de que “se iniciará un proceso de transferencia actualizada con las autoridades provinciales para su culminación”.

Freno de la obra pública: radicales solicitan informes al Ejecutivo nacional

Julio Cobos, junto a diputados y diputadas nacionales de la UCR, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para conocer el alcance e impacto de la medida establecida por la administración de Javier Milei.

El diputado nacional Julio Cobos presentó junto a un grupo de diputados radicales un pedido de informes referido a la decisión oficial de suspender la obra pública.

El legislador mendocino explicó que “sabemos que el oficialismo tomó la decisión de suspender la obra pública, pero es fundamental conocer en detalle lo que esta decisión implica porque afecta directamente a millones de personas. Originalmente se aclaró que las obras con financiamiento internacional como las que cuentan con crédito del BID, del Banco Mundial o la CAF, seguirían su marcha normal. Esto es particularmente importante, ya que esos créditos de no ser utilizados pagan sobrecargos o multas. Es decir, es más oneroso no usarlos que sí hacerlo”.

“También se indicó que se respetarían los contratos en ejecución -observó-. Sin embargo, diversos medios informan que todas las obras públicas están paradas, sean con financiación del Tesoro o de un organismo multilateral de crédito, las empresas constructoras no reciben pagos desde noviembre, se han despedido a más de 70.000 obreros de la construcción y si esto continúa empezarán los despidos del personal permanente de las empresas”.

“Entendemos que la obra pública no es un gasto, sino una inversión necesaria para mejorar la calidad de vida de millones de habitantes del país. Hoy en Argentina, casi el 40% de la población aún no tiene cloacas y hay un déficit habitacional de más de tres millones de viviendas, está claro que si baja la inflación a tasas internacionales podrá reaparecer el crédito hipotecario; sin embargo, con los salarios medios actuales es imposible acceder a una vivienda. Por eso es necesario, con control y la transparencia necesaria, continuar con los planes de vivienda social existentes o generar nuevos más eficientes y accesibles”, señaló Cobos.

El ex gobernador de Mendoza indicó que “las grandes obras públicas tienen un impacto directo en el desarrollo productivo y comercial del país. Será muy difícil incrementar las exportaciones si no tenemos rutas adecuadas y modernas, infraestructura ferroviaria y portuaria actualizadas para hacerlo. Seguramente en algunos casos se podrá implementar la inversión privada, pero aún en el modelo chileno que el presidente de la Nación toma como ejemplo a seguir, sólo el 7 % de las obras públicas se hace por iniciativa privada”.

Para el diputado radical, “es entendible y loable buscar el déficit cero, pero no ejecutar obras ya contratadas con financiamiento internacional, no sólo no baja el déficit, sino que lo sube ya que se deben pagar cargos adicionales por no cumplir los términos de los créditos acordados y fundamentalmente, tienen un impacto social negativo muy grande que no puede ser desatendido por el Estado. Pensar en el futuro de una Nación y el modelo de país no puede estar reducido a un proceso de achicamiento o desguace, fundamentalmente debe estar apalancado en un proceso de construcción y desarrollo”.

Qué se pide conocer

A continuación, detalle del informe solicitado al Poder Ejecutivo en relación con la obra pública:

  1. a) Organigrama administrativo del Ministerio de Infraestructura y Secretarías que lo integran; así como de Vialidad Nacional y del Ente Nacional de Obras Públicas y Saneamiento (ENOHSA).
  2. b) Detalle de las obras públicas nacionales con financiación de fondos multilaterales internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Mundial, u otros; que están en ejecución así como su estado de avance porcentual certificado en los meses de diciembre del año 2023 y enero del año 2024, indicando el ente u organismo o empresa pública que las ha licitado, considerando sólo las obras cuyo monto básico de licitación fuese igual o mayor a 1000 millones de pesos.
  3. c) Detalle de obras públicas nacionales financiadas por el Tesoro Nacional que están en ejecución y su grado de avance porcentual certificado en los meses de diciembre del año 2023 y enero del año 2024, indicando el ente u organismo o empresa pública que las ha licitado, considerando sólo las obras cuyo monto básico de licitación fuese igual o mayor a 1000 millones de pesos.
  4. d) Planes de vivienda social en ejecución, en particular los desarrollos urbanísticos del Procrear II y cuáles se han suspendido.
  5. e) Detalle de la política de vivienda que realizará el gobierno y si se prevén esquemas de financiación para primera vivienda.
  6. f) Modalidad y plazo de implementación del sistema de obras por iniciativa privada “a la chilena” conforme lo manifestado por el presidente en su discurso de asunción el día 10 de diciembre de 2023.

Acompañan el proyecto los diputados Rodrigo de Loredo, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Roberto Sánchez, Mario Barletta, Gerardo Cipolini, Natalia Sarapura, Marcela Antola, Manuel Aguirre y Marcela Coli.

Ferraro sobre la obra pública: “Es mentira que se paralizan por decisión de esta administración, vienen paralizadas hace 9 meses”

El ministro de Infraestructura denunció que se han “encontrado con más de 2.500 obras que estaban paralizadas por falta de pago”, y que “se contrataron obras donde no existía ni el presupuesto ni la plata para pagarlas”.

Tras la ronda de preguntas, el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, afirmó que “es mentira que las obras se paralizan por decisión de esta administración, vienen paralizadas hace 9 meses”, y denunció que se han “encontrado con más de 2.500 obras que estaban paralizadas por falta de pago”.

“No me referí a la obra pública porque no está dentro de lo que estamos hablando en este proyecto de ley y tampoco del régimen. No es que no nos parecen interesantes las cloacas u otras cosas, pero dependen de un nivel de obra pública que dependen de las jurisdicciones”, explicó.

Así, denunció: “Nos hemos encontrado con que la administración anterior ha tenido un enfoque de obra pública que ha generado un parámetro de objetivos de una cantidad de obras pequeñas que son obras que tradicionalmente lo hacen las provincias o municipios porque está en contacto con la comunidad local, conocen mejor el territorio”.

“Nos hemos encontrado con más de 7 mil obras que cuando uno las ve no encuentra ninguna obra importante que son las obras que tiene que encarar el Estado nacional. Nos hemos encontrado con más de 2.500 obras que estaban paralizadas por falta de pago”, alertó.

Por último, Ferraro defendió: “Es mentira que las obras se paralizan por decisión de esta administración, vienen paralizadas hace 9 meses porque se contrataron obras donde no existía ni el presupuesto ni la plata para pagarlas, esto es el déficit fiscal financiado con emisión monetaria”.

Durante el 2024 nosotros vamos a terminar todas las obras que están en ejecución, priorizando las que están en mayor grado de avance. Vamos a seguir ejecutando todo lo que es obra financiada por organismos multilaterales porque están financiadas. Hay vocación de los organismos de ampliar los préstamos para mitad de año. Hay que desmitificar el tema de las obras”, aseguró y sumó que van a “incentivar” al sector privado para proyectos que tienen demanda y “el Estado tiene que impulsarlo y generar un ámbito donde se genere la inversión. Esto nos va a dar la posibilidad de seguir invirtiendo en infraestructura”.

Obra Pública vs. PPP: Lo que no se dice

Por Daniel Bosque. El periodista sostuvo que “en el mundo de las empresas constructoras de la Argentina hay diferentes tribus, una es la que no contrata con el Estado y, por lo tanto, sufre la anemia de inversiones privadas”.

El anuncio del gobierno electo de que minimizará todo lo posible el presupuesto de obra pública, para reemplazarlo por una remake del modelo de Participación Pública Privada (PPP), ya ensayado sin éxito durante el macrismo anterior, ha originado todo tipo de réplicas y conjeturas. Llamativamente, no se profundiza en la cuestión, con lo cual los diagnósticos estarían fallando desde la base.

Algo notable son las lecturas parciales del modelo “a la chilena”, citado como una subsidiariedad del Estado. En realidad, en el país trasandino, según el último informe oficial (ver al final de esta crónica), la erogación estatal, en último Presupuesto Nacional, alcanzó 4,1 del PIB (US$ 2.000 MM).

Como era esperable, la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), un gran abanico de lobbies de la Patria Contratista, como se la nombraba en la era pre menemista, con su reclamo, contribuye a distorsionar más la lupa. El presidente Gustavo Weiss ha advertido sobre una marea de telegramas de despidos tras la difundida entrevista radial del próximo ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y la ratificación de Javier Milei. Lo que no dicen unos actores y otros es que la obra pública en Argentina está cuasi paralizada. Mucho peor que lo ocurrido al final del gobierno de Mauricio Macri.

“Las reuniones de la CAC son un mar de lágrimas” dice un referente de la construcción ligada a la minería y energía que opto, según su testimonio, como otras tantas empresas a no licitar más con el Estado. “Tenés que cobrar cifras siderales porque te pagan mal y nunca los certificados de obra. Hay un pequeño club de amigos que se las arregla para pasarla mejor, pero los últimos cuatro años han sido los peores para el sector de la Construcción, probablemente en tres décadas, desde marzo  el Estado dejó de pagar y hay honrosas excepciones como las obras fondeadas con asistencia externa”, completó.

En el mundo de las centenares de empresas constructoras de la argentina hay diferentes tribus, una es la que no contrata con el Estado y, por lo tanto, sufre la anemia de inversiones privadas. Otra es la que depende de licitaciones municipales, provinciales y de la Nación, que tiene mayor gimnasia en ajustes , retribuciones a la política y sin sabores a la hora de cobrar contratos y contribuciones.

El kirchnerismo, en colapso anímico para defenestrar la propuesta libertaria. Para ello invoca su última gesta exitosa, la construcción del gasoducto GNK, que produjo un derrame de trabajos y eficiencias, una verdadera mosca blanca en la actualidad argentina. La reversión del Gasoducto del Norte y otras obras energéticas proponían seguir esa senda. Aunque en el análisis macroeconómico y fiscal no estaba claro el financiamiento en caso de haber triunfado Sergio Massa.

Como decíamos, poco se habla de la cuasi parálisis de la obra pública nacional, provincial o municipal por el temor de que los funcionarios en los últimos 15 días de reinado se tomen revancha. Los constructores dicen que basta relevar lo que acontece con las constructoras en varias provincias. Un caso que la minería argentina conoce es el de San Juan, donde Sergio Uñac estaba haciendo más viviendas que caminos, pero desde marzo unas 60 empresas de diverso porte comenzaron a vivir el parate. El padrón de obreros afiliados a UOCRA bajó en la provincial de 10.000 a menos de 5.000 y el tobogán sigue, según el sector Los gastos de la eterna campaña electoral reasignaron recursos en desmedro del hierro, arena y combustibles para construir.

Contratar con el Estado en la Argentina siempre fue para audaces, más aún en tiempos de la cuasi hiperinflación que llevó a los certificados de obra a una dinámica de ajustes y reclamos.

La obra pública es un páramo de cajas vacías.

Los empresarios constructores aseguran que en diversas provincias, por detrás de escena de la transición cordial y democrática hay nombramientos en la planta estatal, discos duros que se borran y budgets insuficientes para necesidades urgentes.

En las antípodas del mapa, Vaca Muerta y el litio del NOA precisan de caminos y otras obras. Hoy la construcción es una perdedera de dinero para el sector privado y las recetas levantan polémica: ¿Los operadores y proveedores pagarían un peaje para circular mejores rutas mineras y petroleras? La respuesta divide aguas, pero la situación es insostenible.

Hay más ejemplos, como que de Bahía Blanca hacia el sur la carga por la Ruta 3 no paga peaje y como los camiones chilenos entran por Bariloche y salen por Calafate para ahorrarse peajes, balsas y mapuches armados en la Carretera Austral de Chile.

Siempre siguiendo por el tema caminos, es probable que las provincias que se animen tengan menos resistencia a emprender cambios. Pero eso no terminará de resolver la crisis en los trazados nacionales. Un ejemplo es Salta y su famosa Ruta 51, adjudicada en su momento a una empresa cordobesa, que cobró anticipos sin ejecutar obras. Empresarios y gobernantes salteños se lamentan de la carretera tercermundista a la Puna. A pesar de que las grandes compañías del mineral blanco deberían transitar por ahí exportaciones vitales e insumos imprescindibles.

Javier Milei llamará a sesiones extraordinarias del Congreso para poner a prueba el sistema de alianzas y avanzar con sus reformas desde el gobierno más débil en el Parlamento desde que volvió la democracia. Y encima con utopías de cambio, que en el umbral del poder están mutando por el imperio de la realidad.

La reacción de la oposición al paro que convocó el ministro de Obras Públicas: “Les ofende que no los voten”

Gabriel Katopodis convocó a un paro activo de todas las obras públicas que se llevan a cabo en el país y expresó: “No queremos que voten sin entender que hay una oposición que decidió frenar el plan de desarrollo de infraestructura del país”.

El oficialismo intenta recaudar votos en la figura de su candidato presidencial, Sergio Massa, de cara a octubre para poder, aunque sea, ir al ballotage. Entre los anuncios del tigrense en materia económica, se sumó una nueva medida: un paro activo de las obras públicas. Fue el propio titular de la cartera, Gabriel Katopodis, quien lo anunció, lo convocó y lo llevó a cabo este miércoles con un mensaje a la gente: “No queremos que voten sin entender que hay una oposición que decidió frenar el plan de desarrollo de infraestructura del país”.

De la vereda de enfrente el enojo, los repudios y la indignación no se hicieron esperar. A través de las redes, el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, expresó: “Como oposición el kirchnerismo le hace paros al gobierno. Eso lo vimos muchas veces. Ahora hay una novedad: cuando gobierna el kirchnerismo le hacen paros preventivos a la oposición que puede ganarle. Ministro Katopodis, como decía el General, ‘del ridículo no se vuelve’”.

“El colmo: El kirchnerismo hizo UN PARO contra el voto de la gente. ¿Un paro contra la democracia? ¿En serio?”, escribió la diputada del Pro María Eugenia Vidal. En el mismo sentido se manifestó la vicejefa de la UCR, Karina Banfi: “En serio un paro activo de la obra pública? ¿El ministro Katopodis y el presidente Fernández creen que así ayudarán a Massa a ganar? Viven en una realidad paralela. La obra pública K es sinónimo de corrupción. Despierten del sueño populista señores del gobierno”.

La diputada Carla Carrizo (UCR) señaló: “Lo del ministro Katopodis es gravísimo. Fascismo explícito. Repudio absoluto a esta idea de ‘paro activo’ en una decisión que concentra lo peor de la mala praxis de la dirigencia: apropiación de lo público; abuso de poder, intimidación y coerción. ¿También impunidad? No, denuncia ya”.

“La inoperancia al palo. Un ministro del gobierno impulsa un paro en defensa de la obra pública en vez de ponerse a trabajar y resolver los problemas de la gente. ¿Se dan cuenta por qué son el peor gobierno del ’83 a la fecha?”, precisó el titular del bloque UCR en el Senado, Luis Naidenoff.

En tanto, la diputada Laura Rodríguez Machado cuestionó: “El kirchnerismo lo hizo. Por primera vez en la historia un Gobierno convoca a un paro. El relato es el de siempre: instaurar el miedo. En octubre Argentina dejará atrás 16 años de destrucción K”.

Luciani apuntó que el Congreso sufrió un “apagón informativo” sobre el control de la obra pública

En una nueva jornada de alegatos en el juicio por la causa “Vialidad”, el fiscal afirmó que durante el kirchnerismo los legisladores “no tuvieron la posibilidad de controlar”.

En una nueva audiencia de alegatos en el juicio oral y público por la causa “Vialidad”, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el fiscal Diego Luciani apuntó que durante los años de gobiernos kirchneristas el Congreso de la Nación sufrió un “apagón informativo” respecto a las partidas destinadas a obra pública y a los legisladores “lisa y llanamente les mintieron”.

“Desde el Poder Ejecutivo se subestimaron los presupuestos, se manejaron a discreción los excedentes y los legisladores nunca tuvieron la posibilidad de controlar para saber lo que estaba pasando realmente con la obra vial de Santa Cruz”, sostuvo el funcionario judicial, que la semana pasada fue recusado por la titular del Senado.

Ante el TOF 2, el fiscal indicó que “entre los años 2004 y 2015 el Congreso Nacional padeció de una suerte de apagón informativo en la cuestión presupuestaria en lo tocante al destino de los cuantiosos recursos públicos invertidos en Santa Cruz para hacer frente a las obras públicas adjudicadas al grupo Báez”.

“Entiende este Ministerio Público Fiscal que las posibilidades reales de control de acuerdo con la información que el Poder Ejecutivo informó al Congreso, fue nulo”, agregó e insistió que “a través de esta extrema discrecionalidad hizo que fuera imposible ejercer un control real de la obra pública. Lisa y llanamente, les mintieron a los legisladores”.

Además, cruzó la versión otorgada por CFK: “Contrariamente a lo esgrimido por la imputada Fernández, en los hechos, el diseño de las políticas de inversiones en materia vial fue dirigido por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Para Luciani, basta con “revisar cada una de las decisiones administrativas” dictadas por los exjefes de Gabinete, entre ellos Alberto Fernández, para ver que “a instancias del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, se incrementó el presupuesto aprobado a favor de la Dirección Nacional de Vialidad”.

Por su parte, el fiscal Sergio Mola coincidió en que “hubo un precario funcionamiento de los organismos de control, situación mantenida por la propia administración en el plano del plan criminal”.

“Hubo un ejercicio abusivo de poder, con desplazamiento de cargos y degradación administrativa. Es una mentira decir que se controlaba algo teniendo en cuenta lo que se controlaba. Nimiedades. No se inmutaron por lo que pasaba en las obras por montos millonarios”, remarcó Mola en referencia al rol de la UIF y la SIGEN. Sin embargo, ponderó la actuación de la AGN, que “dio las alertas necesarias”.

En esta causa, la vicepresidenta está acusada de ser “jefa” de una asociación ilícita por la cual habría defraudado al Estado beneficiando al empresario Lázaro Báez con contratos por 46 mil millones de pesos. Entre los acusados también se encuentran el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su exnúmero 2, José López.

Intendentes bonaerenses del Pro reclaman no discriminación en la asignación de obras 

Alcaldes opositores exigieron al gobernador Axel Kicillof la actualización del Fondo de Infraestructura Municipal.

Intendentes del Pro de la provincia de Buenos Aires manifestaron su preocupación por “la negativa respuesta del gobernador Kicillof” ante los reclamos manifestados recientemente respecto al “acelerado deterioro de la situación económica en la provincia”. 

“La crisis económica nacional compromete las obras y las políticas de seguridad acordadas, y la actitud de la gobernación frente a esta situación es diferente según el color partidario”, denunciaron, añadiendo que “transmitimos oportunamente la necesidad de una actualización de los convenios firmados, tanto del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) como del Fondo de Seguridad”. 

En el texto publicado, sostiene que la respuesta “no puede ser achicar las obras”, porque “ese es un compromiso que asumimos con nuestros vecinos junto a la provincia. A su vez, con el fondo de Seguridad tuvimos que financiar gastos corrientes (combustible, repuestos, mantenimiento) cuyos montos se han incrementado notablemente en los últimos meses”. 

No es justo que traslademos estos mayores costos a nuestros vecinos en aumentos adicionales de tasas municipales. La provincia cuenta con cuantiosos recursos discrecionales que llegan desde la Nación y no se han coparticipado con los municipios (152.000 millones a julio). En esa línea, a través de nuestros bloques legislativos, insistiremos con una legislación que permita la coparticipación de todos los fondos que ingresan a nuestra Provincia. 

Finalmente, los jefes comunales del Pro señalaron que “es imperioso que el gobernador Kicillof atienda nuestro justificado reclamo, que sólo apunta a sostener las obras y los planes de seguridad acordados con la provincia”. 

Sincerar los precios de la obra pública

Por Julio Cobos. Para el diputado, ante escenarios de inestabilidad hay que lograr previsibilidad para que la obra se mantenga y dinamice.

Argentina atraviesa uno de los momentos más complejos en los últimos años y las perspectivas no son buenas. Urge revertir que el Gobierno nacional revierta esta tendencia y logre poner en funcionamiento los sectores productivos del país para recuperar empleo, competitividad y crecimiento genuino.

Dentro de esos sectores, sabemos que la obra pública es un motor fundamental de crecimiento de empleo y desarrollo económico. También sabemos que en momentos de inestabilidad económica y en el contexto inflacionario que atravesamos, la incertidumbre paraliza obras, distorsiona precios, se demora o corta la cadena de pago y se termina afectando a miles de trabajadores.

Frente a este escenario, necesitamos implementar mecanismos para reactivar la construcción, eliminar incertidumbres, sincerar ofertas y garantizar el cumplimiento de los contratos. Es importante que esos compromisos a largo plazo mantengan la equidad contractual, para dar garantía a las partes y sostenibilidad al proyecto; por eso es fundamental que se sincere la oferta y quede en claro cada uno de los mecanismos.

Hoy tenemos un doble problema para mantener esa equidad: por un lado, el de las variaciones constantes de precios producto de la inflación y la suba de los costos -que debe reconocerse con algún mecanismo para redeterminarlos- y por otro lado, el costo financiero por la demora excesiva en los plazos de pago de los certificados de obra.

El régimen de variaciones de precios tiene que ser claro y preciso. A modo de ejemplo y en el tema de vivienda, una de las formas eficientes de subsanar este problema fue determinar los precios en Unidades de Vivienda (UVI) y pagarlos de igual forma; eso resuelve este inconveniente en ese rubro. Por ley se estableció la UVI como mecanismo para cotizar el valor actualizado en el tiempo de una vivienda equivalente a 90 m2 construidos; sin embargo, esto no ocurre en las obras viales e hidráulicas; por eso deberíamos avanzar con la implementación de una unidad con mecanismo de actualización.

Como mencionamos, el segundo problema que existe es el alto costo financiero generado por el período de espera. La administración pública normalmente establece el pago de los certificados de obra a sesenta o noventa días, y en ocasiones este plazo es aún mayor. Las empresas recurren al sistema financiero para poder financiar las obras y esa tasa de financiamiento es muy alta. Una forma de sincerar sería reconocer esa situación e incorporar en los pliegos la condición de pago de interés por la demora administrativa en el pago de certificados. Así se compensa la tasa de descuento que sufre la empresa constructora por parte del banco con el interés que reconoce el Estado por ese período específico de espera. 

Con esto, la cotización inicial que realiza la empresa sea lo más concreta y refleje el costo real, es decir el precio cierto de la obra. Además, si se sincera la oferta, se agiliza también los mecanismos de la administración para pagar lo más rápido posible.

Reactivar la obra pública significará trabajo, crecimiento y oportunidades para muchas familias. Frente a estos escenarios de inestabilidad hay que lograr previsibilidad para que la obra se mantenga y dinamice, es claro que sin certezas no hay desarrollo posible. 

Milei dijo por dónde haría ajuste fiscal: “Hay que eliminar de cuajo la obra pública”

El diputado de La Libertad Avanza opinó además sobre las nuevas medidas del Gobierno y consideró que tendrán consecuencias “mucho peores que la propia devaluación”.

El diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) se refirió este martes a cuál sería su plan económico si eventualmente accediera al gobierno y enfatizó que la “primera reforma” que haría sería la del Estado, con un ajuste fiscal sobre “las partidas por donde roban los políticos”. Una de ellas sería “eliminar de cuajo la obra pública”, aseguró entrevistado en Radio Con Vos.

Al opinar sobre las medidas del Banco Central para endurecer el control sobre las importaciones, el economista apuntó que “cuando ponés restricciones en el mercado de cambio lo que estás manifestando es que tenés un problema de exceso de demanda”.

Para el liberal, el mecanismo para restringir eso “es el mecanismo de mercado, de la libertad, que respeta la propiedad, que se ajuste vía precios (que se devalúe)”. En esa línea, consideró que las consecuencias de las medidas del Gobierno “son mucho peores que la propia devaluación, porque en el fondo lo que haces es exacerbar el exceso de demanda en el mercado de divisas” y “ese exceso de demanda tiene como contraparte un exceso de oferta en toda la economía”.

Por otra parte, consultado sobre “qué haría con la deuda en pesos” en un eventual gobierno, el líder la La Libertad Avanza señaló que “los problemas fiscales del Tesoro se arreglan con ajuste fiscal” y “la primera reforma” que haría “es la reforma del Estado”.

“El ajuste no es por cualquier lado, es por las partidas por donde roban los políticos”, aclaró y propuso “eliminar de cuajo la obra pública, llevándola al sistema iniciativa privada a la chilena” y “eliminar las transferencias discrecionales; ahí tenés cinco puntos del PBI”. Sobre esto último, denunció que esos giros “son corrupción pura” y “se mueven a provincias de lo más opacas posible”, que con esos recursos “chorean a lo loco”.

También habló de “terminar con los subsidios económicos, pero no lo podés hacer como lo hizo el bruto de (Juan José) Aranguren, que se concentró solamente en el precio”.

Además, sobre la deuda del Banco Central, Milei explicó que “el que tiene que responder por esa deuda es el Estado Nacional” y para ello hay que “buscar poner las cuentas en orden para poder pagarla”. “Cuando saneas las finanzas públicas esos activos que tiene el Banco Central pasan a valer”, dijo, aunque ratificó su visión de eliminación del Banco Central.

Respecto a las “reformas” que plantea, precisó que la de “primera generación” sería la “reforma del Estado” para “bajar el gasto público; bajar impuestos, con una simplificación del sistema tributario, que queden 10 impuestos; avanzar sobre el sistema de coparticipación, cosa que se puede hacer; ir flexibilizando el mercado laboral hacia adelante y abrir la economía”. Asimismo, hacer “una reforma monetaria y financiera”.

En tanto, la reforma de “segunda generación” iría sobre “los programas sociales, jubilaciones y empleados públicos”; y la de “tercera generación” consistiría en “reformas mucho más profundas educación, salud, seguridad”.

Espinoza recorrió los avances de la obra de nuevo asfalta en Laferrere 

El proyecto de pavimentación cuenta con una inversión de más de 600 millones de pesos y beneficia a 400 mil vecinos.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recorrió los avances de la obra del nuevo asfalto en Laferrere. La pavimentación forma parte del megaplan de obra pública más grande en la historia del distrito, que incluye 5 mil nuevas cuadras en las diecisiete ciudades del municipio. 

Allí, junto con los vecinos y los trabajadores involucrados en el proyecto, el jefe comunal destacó la inversión de más de 600 millones de pesos para pavimentación en la localidad, y expresó: “Las obras que realizamos en La Matanza mueven el motor de la economía. Estamos ejecutando el megaplan de asfalto más grande de toda la historia, que se materializa en 5 mil nuevas cuadras de pavimento en toda La Matanza; porque el asfalto trae progreso, desarrollo, dignidad e igualdad de condiciones para cada barrio de nuestro distrito”. 

“Seguimos avanzando con esta megaobra que, además de generar miles de puestos de trabajo, beneficiará a más de 400 mil vecinas y vecinos de Laferrere, y cambiará la ciudad para siempre”, sostuvo el intendente y precisó: “Los nuevos puestos de trabajo que se crean son en su mayoría jóvenes de entre 20 y 25 años, y para muchos de ellos es su primer empleo registrado”, explicó Fernando Espinoza. 

Si hay más empleo, hay más consumo, si hay más consumo aumenta la producción y así aumentan los salarios. Ese es el del círculo virtuoso de la economía que estamos construyendo”, precisó el jefe comunal. 

Además, el intendente de La Matanza enumeró las distintas obras de infraestructura que se están realizando en esta localidad. En este sentido, remarcó: “Estamos realizando una inversión millonaria en obras que modificará la estación de Laferrere y todo el centro comercial. Ya se están construyendo tres nuevos túneles bajo nivel, además de la peatonal sobre Avenida Luro. En simultáneo, en materia de prevención y protección ciudadana, estamos realizando obras que incluyen la instalación de más de 10 mil alarmas vecinales para prevenir el delito e instalando 40 mil nuevas luces led, que cambian la iluminación, traen tecnología y contribuyen al ahorro en el consumo de energía en todo el distrito”.  

Por otra parte, Espinoza manifestó: “Trabajamos para llevar más progreso a cada rincón de La Matanza, a diferencia de lo que pasa en otros lugares de Argentina donde hace más de quince años que, por ejemplo, el sur de la Ciudad de Buenos Aires no cambia. No se hacen asfaltos, no pasa lo que vemos acá”, mencionó el jefe comunal, en tanto que señaló: “Nosotros queremos una Matanza que siga desarrollándose y que siga progresando, por eso estamos avanzando con todas estas obras en todo el distrito”. 

Para finalizar, sostuvo: “Como intendente me llevo la sonrisa, la alegría y la felicidad de nuestras vecinas y de nuestros vecinos. Estamos cumpliendo y generando una Argentina, una provincia y una Matanza para todas y todos”, concluyó. 

Desde la Coalición Cívica piden a Kulfas explicaciones sobre la causa cuadernos

La diputada Paula Oliveto y el legislador porteño Hernán Reyes solicitaron a la cartera de Producción información sobre los avances que se hicieron en la investigación de la causa cuadernos.

Tras la confirmación del procesamiento de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la causa de los “Cuadernos de la corrupción”, la diputada nacional Paula Oliveto y el legislador porteño Hernán Reyes, ambos de la Coalición Cívica, presentaron un pedido de acceso a la información pública al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para que informe si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia “continuó o cajoneó la causa de corrupción y cartelización de la obra pública en el kirchnerismo”.

En el escrito presentado por los dirigentes que se referencian en Elisa “Lilita” Carrió se requiere que la cartera que conduce Kulfas indique “si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha requerido, ofrecido o recibido información por parte de los Juzgados penales que se encuentran investigando los mismos hechos. En caso afirmativo, fecha del requerimiento y/o de la recepción de la información obrante”.

En el mismo sentido, consultaron si las autoridades de la cartera decidieron tomar la decisión de archivar la auditoría que se comenzó en la gestión de Cambiemos. En ese caso de ser así solicitan que se brinde información acerca del motivo y los detalles que llevaron a tomar esa decisión.

Sobre esto, Reyes planteó: “En virtud de la confirmación del procesamiento de la expresidenta de la Nación en la causa de los cuadernos, es importante saber qué estuvo haciendo el Ministerio de Desarrollo y la Comisión de Defensa de la Competencia para colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de este mecanismo de corrupción que aparece tan claro en expediente”.

“Nos llama especialmente la atención el hecho que el presidente Alberto Fernández haya anulado la autonomía de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y también que haya concentrado aquellas facultades bajo su órbita nos genera muchas sospechas”, agregó el legislador porteño.

En el escrito afirmaron que “es relevante mencionar que ninguno de los elementos requerimiento de acceso a la información pública se encuentra alcanzados por la confidencialidad prevista por la Ley N° 27.442, dado que la ley se limita a otorgar la confidencialidad a las actuaciones respecto del control de concentraciones económicas, de documentación específicamente que (a pedido de parte o de oficio) haya sido declarada confidencial o de la identidad de quienes se presentan al régimen de clemencia”.

“Consecuencia de ello, cualquier omisión o denegatoria de información será un incumplimiento expreso de lo establecido por la ley de acceso a la información pública”, señalaron Oliveto y Reyes.

El legislador porteño destacó que “la cartelización de la obra pública no solo es escandaloso por lo que significa un enorme entramado corrupto”. “Sino que lo es, además, porque impide la competencia y el crecimiento, desarrollo e intervención de las pequeñas y medianas empresas en la obra pública contratada por el Estado”, agregó.

“Cuando aparecieron los cuadernos que describían al detalle el proceder del cartel de la obra pública y sus respectivos retornos a funcionarios públicos, la Comisión Nacional inició una investigación de oficio con una fuerte impronta de Cambiemos. Hoy es un misterio en qué quedó”, cuestionó Reyes y recordó que “no es la primera vez que la Comisión debe investigar este entramado corrupto, pero jamás hubo pruebas tan explícitas”, y advirtió: “Si archivan la causa, no solamente se facilita la impunidad del kirchnerismo sino que se da un mensaje que en Argentina vale todo”.

La oposición le pegó al presidente por su declaración en el juicio contra CFK

Legisladores de Juntos por el Cambio cuestionaron a Alberto Fernández luego de su presentación en Comodoro Py. El mensaje de un oficialista.

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Legisladores de Juntos por el Cambio salieron a criticar este martes al presidente Alberto Fernández luego de su declaración ante la Justicia en el marco del juicio oral que se realiza contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, por el presunto direccionamiento de obra pública durante su gobierno.

“El presidente sigue pagando el favor de su candidatura a Cristina Kirchner. Hoy debió acudir a testificar a su favor, al mismo tribunal que la vicepresidenta procesada se niega a pisar. No existe la bicefalía en el poder. Está claro quién manda en Argentina y quién obedece”, escribió en su Twitter el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri.

En tanto, el presidente de la CC-ARI en la Cámara baja, Juan Manuel López, le apuntó al mandatario por hablar de cuestiones políticas que “no” son “judiciables”. “Justamente el problema de la Argentina es que gran parte de la clase política cree que la corrupción es una cuestión política no judiciable. No presidente, necesitamos Justicia para que haya desarrollo, paz y libertad”, sostuvo el diputado.

Otra de las críticas fue del legislador Ricardo López Murphy, quien publicó: “Presidente @alferdez, si no recuerda lo que hizo Kirchner con la obra pública en Santa Cruz, le doy una ayuda memoria: Lázaro Báez, su testaferro, pasó de cajero de banco a megamultimillonario, y escondieron la plata de los argentinos en todo paraíso fiscal que encontraron”.

“El Presidente @alferdez configurando la acción típica del delito de encubrimiento. Solo basta releer sus declaraciones públicas al momento de dejar su cargo de jefe de Gabinete. Solo abona su vacío de poder a manos de una delincuente protegida”, expresó la diputada Mónica Frade de la CC-ARI.

Mientras que su par del Pro Graciela Ocaña manifestó: “Señor presidente, la causa no es ninguna fantasía ¿Usted no vio la ruta del dinero k o los giros de millones a Suiza como lo hemos denunciado?”. “¿Podría explicarnos qué lo ha llevado a cambiar radicalmente su opinión respecto de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y la discrecionalidad en el reparto de la obra pública?”, desafió.

En tanto, el presidente del bloque radical en el Senado, Luis Naidenoff, remarcó que “es increíble como el presidente se lesiona a sí mismo y al país sólo por mandar un mensaje de sumisión y sometimiento a su jefa política”.

“Presidente, mancha la investidura. Mientras la Justicia española investiga una nueva ruta del dinero K, usted declara en Comodoro Py. ¿Cuál es el verdadero Fernández? ¿El que dijo que el Gobierno K fue corrupto? ¿O el que miente a la Justicia luego de llegar a la Rosada con CFK?”, se preguntó Patricia Bullrich, la presidenta del Pro.

Del otro lado de la vereda, también dejó un mensaje en Twitter el diputado porteño Eduardo Valdés, quien acompañó al presidente a los tribunales de Comodoro Py: “Mientras los Pepines (por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón) se profugan y los Mauricios (por Mauricio Macri) recusan. Orgullo de acompañar a @alferdez a declarar ante Tribunal y comprobar una vez más de sus declaraciones la inocencia de @CFKArgentina y demás acusados”.

Alberto F. declaró en el juicio que se realiza contra CFK por la obra pública

El presidente se presentó en Comodoro Py como testigo, por haber sido jefe de Gabinete durante el kirchnerismo.

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El presidente Alberto Fernández declaró este martes como testigo en el juicio que se realiza contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por irregularidades en el reparto de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

En su exposición, el mandatario, que fue jefe de Gabinete de 2003 a 2008, negó que bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se haya favorecido de forma discrecional a la provincia de Santa Cruz.

En esta causa, conocida también como “Vialidad”, CFK está acusada de ser “jefa” de una asociación ilícita mediante la que se defraudó al Estado beneficiando al empresario Lázaro Báez con contratos por 46 mil millones de pesos.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2), presidido por el juez Rodrigo Giménez Uriburu e integrado además por Jorge Gorini y Andrés Basso.

En su declaración, Fernández sostuvo: “Es una decisión de carácter política no judiciable, me llama la atención lo que estamos discutiendo en este juicio”.

Al ser consultado por el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, el presidente negó que haya habido “reparto arbitrario” de fondos.

“Los criterios de asignación tienen que ver con las necesidad de cada jurisdicción. No hay una regla que dice ‘a cada provincia le toca tal cantidad de dinero en función de los habitantes que tiene’. No hay una regla que diga cómo se distribuye el dinero de la obra pública”, expresó.

Haciendo hincapié en la Ley de Presupuesto, el jefe de Estado dijo que “una vez que el Presupuesto es aprobado, es responsabilidad de cada ministro. Cada ministro es autónomo. No consulta al presidente sobre cómo gasta el dinero de su ministerio”.

“Un Presupuesto no es la decisión de un presidente, todos los ministerios construyen sus números y eso es revisado por el Congreso Nacional”, continuó durante su declaración en la que, en algunos pasajes, se cruzó con el fiscal del caso Diego Luciani.

En esa línea, afirmó que direccionar los recursos destinados a la obra pública en un Presupuesto es “imposible” ya que se trata de “la ley más compleja de conseguir”. “Se lo dice alguien que gobierna sin Presupuesto hoy”, resaltó.

Y negó que los expresidentes hayan podido favorecer a un empresario o grupo particular: “Es imposible conocer el trámite de adjudicación. Una presidente puede conocer grandes números, cómo se está ejecutando el presupuesto, pero no cómo evoluciona cada obra. Lo que hacía Néstor, Cristina y también lo hago yo es tener reuniones periódicas para saber cómo evolucionan grandes obras”.

También, Fernández destacó que Néstor Kirchner “siempre fue muy cuidadoso con las cuentas públicas”. “Tenía casi una obsesión con eso, que tuvo primero como gobernador y luego como presidente”, agregó.

En otro tramo, consideró que “hay una suerte de fantasía de que acá se juntaban dos o tres personas y decían mandémosle plata a alguien. En los hechos es imposible que eso pasara. Eso es lo que me llame más las atención de este juicio. Cuando vi el procesamiento de Cristina me llamó la atención”.

En el reinicio de las audiencias públicas este año ya declararon como testigos otros exjefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.

En tanto, para el próximo lunes está citado el presidente de la Cámara de Diputados y exjefe de Gabinete, Sergio Massa.

Cruces entre el oficialismo y la oposición por la obra pública durante el gobierno de Macri

En el tramo final de la visita del ministro Gabriel Katopodis, hubo reproches mutuos sobre la política de infraestructura en los años anteriores.

Sobre el final de una reunión que transitó por aguas calmas, diputados del oficialismo y la oposición se cruzaron por las cifras de ejecución de obra pública durante el gobierno de Mauricio Macri.

Durante el primer encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se realizó este martes, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, habló de la herencia recibida en su cartera y aseguró que se tuvieron que terminar “270 obras que cuando llegamos estaban absolutamente interrumpidas”.

“Nos tocó terminar con la obra pública que había iniciado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que quedaron paralizadas a fines del 2015, pero también nos toca a nosotros terminar con todas las obras que se iniciaron entre el 2015 y 2019”, agregó.

Al momento de las preguntas, recogió el guante la radical Ingrid Jetter, que arrancó: “Quiero desmentir un poco sus palabras cuando dijo que les tocó terminar las obras que se habían iniciado antes del 2015, y también terminar las obras que se iniciaron después”.

“En realidad cuando nosotros asumimos había muchísimas obras paradas, por no decir el 100%”, retrucó la correntina, que defendió diciendo que “hay muchas obras que iniciamos nosotros, las terminamos nosotros y que a veces la inauguran ustedes de nuevo”.

En otro tramo, Katopodis resaltó que “todas las provincias están siendo hoy parte de una agenda de trabajo con el Ministerio” y “en todas las provincias tenemos una inversión que supera de manera sustantiva la ejecución que esas provincias tenían en el 2019”.

Entonces, volvió a la carga: “Cuando el gobierno anterior, en el 2018, fue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo era intendente de una ciudad en la provincia de Buenos Aires y se paralizó la obra pública en Argentina”.

“En 2018 y 2019, ningún intendente, ningún gobernador, ningún legislador que está acá pueden dar testimonio de que hayan visto el inicio o la ejecución de obras de infraestructura importantes en sus localidades”, desafió.

A continuación, lo cruzó el diputado de UCR Evolución Martín Tetaz, quien expresó: “Yo quiero saber, ¿en qué datos se basa el ministro por las respuestas que dio y lo que está comentando ahora respecto del avance de la obra pública en la comparación con el período anterior?”.

Según argumentó el porteño, datos del INDEC “indican que en el 2018, en los primeros 10 meses del año, hubo 52% más despacho de asfalto que ahora, que en estos 10 meses de 2021. Y en 2019, que usted dice que se paralizó todo, en los primeros 10 meses acumulados hay 18% más de despacho de asfalto que en los primeros 10 meses de este año”.

En cuanto al empleo en el sector de la construcción, afirmó que “es 7% más bajo en 2021 que en 2019, y 10% más bajo en 2021 que en 2018. Entonces no entiendo en qué datos se está basando”.

“Bueno, discutámoslo cuando quieras”, le respondió el ministro, que también aseguró que “los datos que tenemos nosotros tanto del despacho de asfalto como de hierro, en relación al INDEC, no son los que vos tenés”. “Cuando me refiero a que en 2018 y 2019 la obra pública se paralizó, lo digo por experiencia personal como intendente, y además por lo que encontramos en el Ministerio: 318 obras activas, de las cuales 270 estaban absolutamente paralizadas”, insistió Katopodis.

Y sumó que las cifras “en el 2018 marcan la caída y van marcando que estamos recién llegando a (los niveles de) septiembre de 2017, pero por encima del 2018 y 2019. Te estoy mostrando una fuente primaria del INDEC”.

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Por el oficialismo, salió en defensa del funcionario el santafesino Germán Martínez, quien planteó que “hay cosas que están diciendo los opositores que son completamente incorrectas, como por ejemplo proyectar la evolución de una obra haciendo regla de tres simple sobre el primer año, con el monto del primer año, en una planilla plurianual. Eso es un error de jardín de infantes”.

“Si hubo un lugar donde hubo política contracíclica fue en la infraestructura de este Gobierno”, valoró el legislador del Frente de Todos, que además cuestionó la herramienta de los contratos de participación público-privada implementados durante la gestión de Cambiemos. “Lo de las PPP fue un fraude del que hubo que salir con una tarea de orfebrería. Salimos de eso sin ningún pleito de tipo penal”, enfatizó.

Asimismo, Martínez sostuvo: “No me cabe la menor duda de que, más allá de algún indicador puntual que puede dar más o menos, estamos transformando nuevamente a la obra pública en un verdadero vector del desarrollo de Argentina”.

Otra voz desde el oficialismo fue la de la entrerriana Carolina Gaillard, quien recordó que “los entrerrianos estuvimos cuatro años durante el gobierno de Macri sin una sola obra pública”. Y contó que cuando Rogelio Frigerio -hoy diputado nacional- era ministro del Interior, ante una pregunta suya en el Congreso sobre la obra de la autovía 18, le respondió que “no era una obra prioritaria”.

“Nos castigaron por ser de otro signo político, nosotros no castigamos a nadie y está a la vista con el Presupuesto que acabamos de presentar”, expresó.

Quiso responderle nuevamente la radical Jetter, a la que primero el presidente de la comisión, Carlos Heller, intentó no darle la palabra. Finalmente, la correntina abrió el micrófono: “La verdad que cansa escuchar mentiras. Porque acá cuando se dice “el fraude de las PPP”, ¿se olvidan de la estafa de Lázaro Báez? ¿Se olvidan de la corrupción que hubo en Vialidad?”.

“No, diputada le voy a cortar la palabra”, le avisó Heller, a lo que la legisladora opositora quiso seguir contestando, pero luego aceptó: “Bueno, mañana le voy a decir todo lo que le tengo que decir entonces”.

¿La Patria es el otro?

Por Silvia Giacoppo. La senadora nacional por Jujuy sostiene que el Gobierno ha elegido “beneficiar a provincias oficialistas” en el reparto de fondos para la obra pública.

“Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”. Una vieja frase que puede aplicarse al actual gobierno, que pregona el federalismo, pero no lo aplica en los hechos. ¿Y por qué señalo esto? Porque así lo demuestran los datos del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El Gobierno ha elegido beneficiar a provincias oficialistas en el reparto de fondos para la obra pública. Federalismo “de amigos”. 

Según los datos del informe, las provincias de Entre Ríos, San Juan y Formosa recibieron en el primer semestre, más fondos de los que tenían presupuestado para todo el año. En el caso de Formosa, que lidera este listado, fue beneficiada con una ejecución del 190% del presupuesto asignado (más de 3.300 millones de pesos sobre los 1700 que tenía asignado). 

Ahora veamos que ocurrió, por ejemplo, con mi querida provincia de Jujuy: recibió el 43,7% de lo que le corresponde. Mendoza recibió en la primera mitad del año el 53,7% de los fondos previstos para obra pública y Corrientes el 34,9 por ciento. Las provincias gobernadas por el radicalismo han sido discriminadas al igual que la Ciudad de Buenos Aires que recibió el 20%. 

Algo similar ocurre con el reparto de las obras. El gobierno ha proyectado más de 1.100 proyectos en todo el país (obras viales, de saneamiento o vivienda) y según se puede observar en el un informe elaborado por el Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec), la provincia de Buenos Aires es la principal beneficiada con más del 40% de las obras (386 proyectos). Ese mismo informe señala que, Jujuy, sólo accedió a 26 proyectos. 

Y se repite el esquema de favorecer a provincias “amigas” y castigar a las que son gobernadas por la oposición. 

Cabe destacar, entonces, la tarea del gobernador Gerardo Morales. En este contexto ha realizado una gran tarea en la provincia con la realización de obras para el desarrollo y el futuro de Jujuy. La mayoría de esas obras, con fondos propios de la provincia 

Igual, creo que más allá de señalar que provincias son beneficiadas por un discrecional reparto de los fondos coparticipables, deberíamos revisar y regular cómo se efectúa esa distribución de los fondos públicos. Debemos encontrar una forma en la cual se pueda igualar -de manera proporcional, claro- a todo el territorio de nuestro país y eliminar las arbitrariedades en las que suele caer la administración central. Sólo así podremos hablar de un real federalismo, de una mirada completa como Nación. Mientras se siga discriminando de acuerdo a las preferencias políticas, con mirada electoralista o con la lógica de “amigo/enemigo”, sólo tendremos mayores asimetrías y postergaciones.  

“La Patria es el otro” suelen decir desde el oficialismo. Ahora, sólo falta que se haga realidad. Decir y hacer deben ir de la mano. Si no, no alcanza. 

Katopodis informó que el Presupuesto 2021 duplica la inversión en obra pública

Al presentarse ante la Comisión de Presupuesto, el funcionario destacó las “más de 60 obras” en la red sanitaria en el marco de la pandemia. Apuntó a la gestión anterior.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, informó este lunes que el Presupuesto 2021 duplica la inversión en el área, pasando del 1,1% del PBI en 2019 al 2,2% en la estimación para 2021.

Además, destacó que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo contempla un aumento del 85% de la participación de este ministerio en el gasto total.

Katopodis expuso ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, tras la participación de su par Matías Kulfas, titular de la cartera de Desarrollo Productivo.

El ministro explicó que la ejecución del presupuesto se basa en tres dimensiones territoriales: las grandes obras de infraestructura a nivel federal; las áreas metropolitanas; y las 24 provincias con sus 2.300 municipios, de los cuales se está participando “en más de 600 con obra pública activa”.

Entre otros aspectos, resaltó que el Presupuesto 2021 “aumenta en un 500% la inversión en obras de saneamiento, agua y cloacas, respecto del Presupuesto actualmente vigente”.

Katopodis dijo que antes de la pandemia, la “prioridad” era “la puesta en valor de todo el sistema vial”, pero la emergencia sanitaria “puso condicionamientos que nos obligaron a cambiar el eje de trabajo hacia la infraestructura del cuidado”.

“En función de eso, fuimos reorientando muchas de las partidas”, indicó, y ponderó las “más de 60 obras” realizadas en la red sanitaria durante la pandemia, además de aproximadamente 3.000 camas que se sumaron al sistema público y 12 hospitales modulares “construidos en municipios gobernados por el oficialismo y la oposición”.

Además de la red sanitaria, se priorizó la red de centros de abordaje integral para los derechos de la mujer y la atención de la primera infancia.

Por otra parte, Katopodis consideró que los programas PPP (Participación Público Privada) fueron “una promesa fallida, un objetivo incumplido, una estrategia equivocada”: reveló que hay seis contratos firmados, pero “no se hicieron las obras, no llegó la inversión y hoy las rutas necesitan inversión y obras”.

La herencia recibida

Al inicio de su exposición ante los diputados, Katopodis aseguró que al asumir la gestión de Alberto Fernández “la principal tarea fue la reconstrucción de un ministerio que no existía, que había sido disuelto”, y a su vez “reactivar buena parte de su cartera de obra pública, que estaba paralizada”.

El ministro afirmó que se hicieron cargo de una deuda de “35.000 millones de pesos”, y además informó que “seis de cada diez obras no estaban activas”, y hoy “el 100%” de esas obras fueron reactivadas o están en ese proceso.

En tanto, marcó como uno de los objetivos de la nueva gestión el de “generar la infraestructura que necesita el país para garantizar mayor competitividad”, en otras palabras, “el desarrollo de una matriz productiva con un fuerte sentido federal”.

También se busca “achicar las brechas, las asimetrías que en términos productivos, sociales y de infraestructura viene arrastrando la Argentina desde hace muchos años”, y por último, potenciar la obra pública como generadora de mano de obra.

Confirman el procesamiento de Cristina Kirchner por cartelización de la obra pública

Es una investigación derivada de la causa de los cuadernos. La Sala III de la Cámara de Casación Penal no hizo lugar a la apelación que la defensa de la vicepresidenta presentó contra el fallo de la Cámara Federal, firmado en su momento por los jueces Bruglia y Bertuzzi.

La Sala III de la Cámara de Casación Penal confirmó este miércoles el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner por los delitos de cohecho y asociación ilícita por cartelización de la obra pública, en una investigación derivada de la causa los cuadernos.

Los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci rechazaron la apelación presentada por la defensa de CFK y dejaron firme el embargo de 200 millones de pesos sobre la presidenta del Senado.

De esta manera, consideraron firme el fallo anterior, el de la Cámara Federal, que habían firmado el año pasado los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes se encuentran en suspenso sobre sus traslados.

También quedó firme el procesamiento del exministro de Planificación Federal y exdiputado, Julio De Vido, y de varios empresarios. En total, la Sala III rechazó 22 planteos presentados por las defensas de los imputados.

Según el expediente, entre los años 2003 y 2015 se llevó adelante un esquema ilegal que funcionó bajo la órbita de la cartera que conducía De Vido, mediante el que empresarios habrían pagado sobornos a exfuncionarios para ser beneficiados con contratos en la obra pública.

Por su parte, la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que tiene a su cargo el expediente principal de la causa de los cuadernos, pidió revisar las declaraciones de los “arrepentidos” al reclamar las grabaciones de las confesiones.

Cristina Kirchner solicitó que el juicio de obra pública sea transmitido por internet

Lo hizo a través de su abogado Carlos Beraldi, quien presentó un escrito ante el TOF2 solicitando que se garantice el principio de publicidad.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de su abogado Carlos Beraldi, solicitó ante el Tribunal Oral Federal N°2 que el juicio por presunta corrupción en la obra pública se transmita en directo por alguna plataforma judicial, como la del Centro de Información Judicial (CIJ), o mediante una alternativa en YouTube, para garantizar “el principio de publicidad”.

El TOF2 decidió reanudar las audiencias de manera semipresencial -aunque todavía sin fecha-, que se habían suspendido con el comienzo de la cuarentena, y dispuso que las jornadas sean grabadas, al tiempo que participen veedores del Colegio Público de Abogados y pueden acreditarse periodistas para seguir de manera virtual el debate.

Sin embargo, la defensa de la titular del Senado entendió que, con estas medidas, el principio de publicidad no resultó garantizado.

“Dichas medidas permiten neutralizar el oscurantismo y dotar de mayor transparencia al juicio oral, pero en sí mismos no son exactamente suficientes para su publicidad, principio que solo puede ser salvaguardado si cualquier ciudadano interesado se encuentra en condiciones de ver -ya sea de manera presencial o remoto- todo lo que ocurre en el debate”, argumentó Beraldi en el escrito.

El abogado agregó que la registración de las sesiones en soportes audiovisuales y su posterior entrega a las partes “resultan insuficientes para que toda la ciudadanía pueda conocer lo que ocurre en el juicio”.

“Debo reiterar que este proceso excede holgadamente los intereses que representan y, naturalmente, despierta un enorme interés en toda la sociedad, por lo cual es imprescindible para su plena publicidad”, sostuvo.

En esta causa, también llamada “Vialidad”, la expresidenta está acusada como “jefa” de una supuesta asociación ilícita, a raíz del direccionamiento de obra pública en la provincia de Santa Cruz, a favor del grupo Austral Construcciones del empresario Lázaro Báez, con 51 contratos viales por el monto de 46.000 millones de pesos durante su gobierno.

Quieren que empresas que despidan trabajadores sean excluidas del Registro de obra pública

Una senadora oficialista presentó un proyecto de ley que apunta a modificar la Ley de Obra Pública provincial.

Las exclusiones propuestas en el proyecto de la senadora del FdT, Agustina Propato, regirán también para la contratación de obra pública que se disponga en el marco de las distintas emergencias que rigen en la provincia.

Elproyecto de ley tiene el propósito de modificar la ley provincial 6.021 o ley de Obra Pública, especificamete, la redacción del artículo 15° de esa normativa, que es el que establece las condiciones que deberán cumplir los concurrentes a las licitaciones públicas o privadas.

La iniciativa plantea la necesidad de incorporar dos párrafos a dicho artículo.

Por un lado, se establece que “No serán admitidas en el Registro de Licitadores las personas físicas o jurídicas, que en el marco de una emergencia dispuesta por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial o sancionada legislativamente, no cumplieren con lo allí establecido o realizaran conductas tendientes a generar la suspensión o extinción de relaciones laborales sin justa causa, por falta o disminución de trabajo y/o invocando fuerza mayor”.

Por otro, que “la Comisión de clasificación del Registro de Licitadores deberá evaluar sin excepción el cumplimiento de este requisito antes de expedirse respecto a la inscripción, clasificación, calificación, capacitaciones y permanencia en el registro de las empresas.”

La modificación propuesta para la ley 6.021 regirá también para los presupuestos de contratación de obra pública que se dispongan en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno provincial y las emergencias en materia social, económica, productiva y energética, en materia de seguridad y política y salud penitenciaria, en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos y en materia administrativa y tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, establecidas todas ellas por diversas leyes hoy vigentes.

En los fundamentos del proyecto, Propato remarca que “la crisis económica que experimentaban el país y la provincia luego de los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y que había conducido a las administraciones de Alberto Fernández y de Axel Kicillof a declarar diversas emergencias, se vio agravada por la aparición de la pandemia de COVID-19”.

Fue en ese marco que el gobierno nacional “debió decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo que, lógicamente, tiene un impacto directo sobre la actividad económica del país”.

Consciente de ello, “fue el mismo gobierno el que estableció una serie de medidas para ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia”, según resalta el pareja del actual ministro de seguridad de provincial de Buenos Aires, Sergio Berni.

En la misma línea, la senadora subraya que “la situación excepcional” que se está atravesando conlleva “la necesidad de adoptar medidas que aseguren a los trabajadores y a las trabajadoras que no perderán sus puestos de trabajo, cuestión que el Gobierno nacional garantizó a través del Decreto Nº 329/20, que prohíbe los despidos por el plazo de sesenta días”.

No obstante lo cual, denuncia Propato, es de público conocimiento que “empresas importantes -siendo Techint en caso de mayor resonancia- han realizado despidos unilaterales, infundados o por razones meramente especulativas, violentando así los principios de protección del trabajador que rigen en nuestra legislación nacional y dejando en el peor desamparo a miles de familias”.

En base a todo lo anterior, la autora del proyecto resalta la importancia de que “el Estado provincial evalúe entre las condiciones de las empresas” con las que se habrá de contratar en futuras licitaciones para obras públicas que “las mismas no hayan incurrido en conductas violatorias de las medidas dictaminadas en el marco de una emergencia pública como la que rigen en este difícil momento”.

Por el contrario, indica Propato, es imperioso “poner en valor la necesidad de trabajar mancomunadamente respetando la legislación de protección a los trabajadores que se ha decidido priorizar”.

Suspendieron una audiencia del juicio contra Cristina Kirchner por la obra pública

El TOF 2 decidió que no se realice la declaración de Javier Iguacel, extitular de Vialidad Nacional, en el marco de las medidas adoptadas por el coronavirus.

Con motivo de las medidas preventivas por el coronavirus adoptadas por el Gobierno nacional, el Tribunal Oral Federal N°2 decidió no realizar este lunes una nueva audiencia pública del juicio que se lleva adelante por irregularidades en la obra pública y que tiene acusada como jefa de una presunta asociación ilícita a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

De esta manera, quedó suspendida la declaración como testigo que iba a brindar ante los jueces Javier Iguacel, exdirector de Vialidad Nacional durante el primer período del gobierno de Mauricio Macri.

De hecho, la Dirección de Vialidad Nacional (DVN), bajo la gestión de Iguacel, realizó una denuncia sobre estos hechos, que luego se unificó con la que hizo en 2008 la exdiputada Elisa Carrió.

En la causa se investigó el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz -durante los gobiernos kirchneristas-, a favor del grupo Austral Construcciones del empresario Lázaro Báez, con 51 contratos viales por el monto de 46.000 millones de pesos.

El TOF 2 está a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Además de la expresidenta, también son juzgados el exministro de Planificación Federal y exdiputado, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y otros diez acusados.

Como el próximo lunes es feriado, el juicio se reanudará dentro de 15 días, mismo plazo por el que se tomaron las medidas del Gobierno nacional en relación al coronavirus. Pero además habrá que esperar qué resuelve la Corte Suprema sobre otorgar feria judicial.

Se reanudó el juicio contra Cristina Kirchner por la obra pública

El TOF 2 reactivó las audiencias, en el marco de la causa “Vialidad” por la cual la vicepresidenta está acusada como “jefa” de una presunta asociación ilícita.

Tras la feria judicial, el Tribunal Oral Federal N°2 reanudó las audiencias por el juicio sobre irregularidades en la obra pública -causa “Vialidad”-, por el cual la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada como “jefa” de una presunta asociación ilícita.

En la audiencia de este lunes declara el exdiputado y exfuncionario Fernando Sánchez, propuesto por la gestión anterior de la Oficina Anticorrupción. Se estima que durante todo este año presten declaración más de 100 testigos, entre los que podría estar el presidente Alberto Fernández.

En la causa, con 13 acusados, la exmandataria figura como “jefa” de una supuesta asociación ilícita a raíz del direccionamiento de obra pública en Santa Cruz, a favor del grupo Austral Construcciones del empresario Lázaro Báez, con 51 contratos viales por el monto de 46.000 millones de pesos durante su gobierno.

Por el tribunal a cargo de los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, también son juzgados el exministro de Planificación Federal y exdiputado, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, el exfuncionario de Vialidad Nelson Periotti; entre otros.