Con la intención de continuar ordenando el distrito capitalino, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear un Régimen Especial de Regularización de Construcciones y Obras realizadas en contravención al Código de Edificación y al Código Urbanístico.

El texto en cuestión busca regularizar obras que se encuentran fuera de la normativa vigente y que tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de ser prorrogada por única vez. La propuesta alcanza a las construcciones de hasta cinco mil metros cuadrados que incumplan el Código de Edificación y obras de hasta 2.500 metros cuadrados en infracción al Código Urbanístico.

También incluirá obras realizadas en barrios en proceso de reurbanización, entidades deportivas sin fines de lucro, clubes sociales y establecimientos culturales, educativos y sanitarios, estos últimos sin límite de superficie.

Según se desprende de la propuesta del Ejecutivo, no podrán formar parte de este plan aquellas construcciones ubicadas en áreas de Urbanización Parque; edificaciones que invadan el espacio público; que presenten riesgos para la seguridad, la accesibilidad, la higiene o la salubridad, entre otros puntos.

También contempla recargos económicos para quienes adhieran al régimen y solo podrá aplicarse a las obras ejecutadas totalmente antes del 1 de abril de este año, aunque sostiene que la adhesión no exime a los propietarios de posibles multas o sanciones previstas en el Régimen de Faltas de la Ciudad.

“La persistencia de estas obras en contravención no solo configura una problemática administrativa, sino que también representa una carga económica injusta para los propietarios”, sentenció Macri en los fundamentos de la iniciativa.

La Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja, que conduce el diputado Martín Aveiro (Unión por la Patria), llevó adelante una reunión en la que se avanzó tanto en la organización interna del cuerpo como en el tratamiento de distintos proyectos de control y seguimiento sobre la obra pública a nivel nacional.

En primer lugar, se completó la designación de autoridades que permanecían vacantes. En ese marco, fue nombrado el diputado Sebastián Nóbrega (UP) como vicepresidente primero, la diputada Andrea Freites (UP) como vicepresidenta segunda, mientras que las secretarías segunda, tercera y cuarta quedaron a cargo de la diputada Cecilia Pasquali (UP), el diputado Andrés Lauman (La Libertad Avanza) y la diputada Fernanda Miño (UP), respectivamente.

A continuación, los legisladores avanzaron con un pedido de informes dirigido a las 24 gobernaciones del país. La iniciativa solicita que cada provincia detalle el estado de las obras públicas pendientes de finalización, especialmente aquellas que contaban con partidas presupuestarias asignadas durante el año 2023 y que no fueron incluidas en acuerdos posteriores con el Poder Ejecutivo Nacional.

Finalmente, la comisión emitió dictamen favorable a cuatro proyectos de resolución que contemplan pedidos de informes verbales al Poder Ejecutivo Nacional. El primero solicita información sobre el plan maestro integral de la cuenca del río Salado; el segundo apunta a las obras públicas paralizadas en la provincia de Santa Fe; el tercero se refiere al proceso de reestructuración del Instituto Nacional del Agua (INA); y el cuarto aborda los decretos 493/2025 y 494/2025, vinculados a la modificación del marco regulatorio del servicio de agua potable y al procedimiento de privatización de AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.).

Comisión de Obras Públicas

En otra jornada dedicada a la constitución de comisiones de la Cámara baja, el trabajo este jueves arrancó poco después de las 9 de la mañana, con una reunión de la Comisión de Obras Públicas.

La presidencia de la misma fue para Unión por la Patria, que eligió para ese lugar al mendocino Martín Aveiro. Este legislador definió su designación como “un gran desafío” y aclaró que la misma no será “en contra de nadie, sino para ver cómo le damos continuidad a un proceso complejo que tiene un rol fundamental en la transformación de las familias argentinas”. La obra pública, dijo, “puede aplicar al desarrollo económico, ya sea a través del empleo directo e indirecto”.

“En un país tan grande, nada mejor que la presencia del Estado justamente para poder llevar adelante un crecimiento sostenido y que nos permita tener una sociedad mejor”, agregó el mendocino. A continuación mencionó a la guerra que conmueve al mundo, que “ataca y la pelea es por bienes del Estado”, dijo, lo cual “da cuenta de lo importante que es darle un proceso de transformación que nos permita crecer y transformar la realidad con el aporte del privado”.

Concluyó reiterando que “no vamos en contra de nadie, vamos a favor de la gente” y habló de la necesidad de retomar las obras públicas, que “es mucho más barato que no hacerlo”.

Para la vicepresidencia primera fue designado Fernando Monguillot, del bloque Elijo Catamarca, quien fue propuesto por el libertario Nicolás Mayoraz. Para la vicepresidencia 2° se hizo reserva del cargo para Unión por la Patria, mientras que primer secretario fue designado el radical correntino Darío Schneider. El resto de las secretarías quedaron en definirse.

Los martes a las 16 es la fecha y hora elegida para reunirse.

Antes de concluir, el flamante vicepresidente 1° enfatizó que “la obra pública no es un gasto” y consideró que “tiene una gran transversalidad”, al remarcar que “hay obras que son gestionadas por el oficialismo y la oposición”.

Ciencia y Tecnología

Propuesto por Fuerzas del Cambio, el diputado del Pro Martín Yeza quedó al frente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara baja. El exintendente de Pinamar agradeció al asumir la “responsabilidad enorme” que debería afrontar “en un contexto muy particular del mundo respecto a algunas de las tecnologías que son parte del tratamiento de nuestra comisión”.

A continuación mostró un trabajo que habían elaborado y difundido entre los miembros de la comisión: un programa en el que se clasificaba todos los proyectos existentes en la misma, clasificados por bloque, temática y diputado. “Hay dos grupos grandes en este tablero, en donde buscamos que puedan navegar de manera sencilla todos los proyectos que tenemos”, explicó Yeza, quien precisó que estaban distribuidos en un 50% sobre asuntos vinculados a la ciencia, tecnología e innovación, y otro 50% a la inteligencia artificial. “Lo hicimos a pulmón, así que chequéenlo, si falta algún proyecto avisan. De hecho, esta mañana lo revisamos y faltaba uno mío”, comentó el legislador del Pro, que detalló a continuación otra novedad de ese trabajo: un semáforo de coincidencias. En ese sentido, en color verde aparecen temas que tienen proyectos de todos los bloques, como proyectos sobre tecnología para engañar, principios de IA, temas de educación e inteligencia artificial, todos temas en los cuales los bloques tienen presentados proyectos con características muy similares.

En color amarillo aparecen iniciativas referidas a la graduación de la IA, el nivel de riesgo de la misma, y en rojo lo que son las dificultades más conocidas: financiamiento y modelos regulatorios.

Vicepresidenta primera fue designada por La Libertad Avanza la mendocina Mercedes Llano, quien se autodefinió como “una persona de escucha y con mucha vocación para el diálogo político”. Habló tras asumir sobre la revolución tecnológica que se está dando en el mundo y la calificó como “una oportunidad única para la Argentina, para conducirla por la senda de la modernidad en el ámbito público y privado”. Destacó también las condiciones que se están dando para transformar a la Argentina en un polo tecnológico, y en ese marco, dijo, “la ciencia y la tecnología tienen que potenciar el desarrollo en el ámbito económico y social”.

Llano abogó por un perfil exportador común, que haga foco en la minería, la energía y la economía del conocimiento, entre otros ítems. Y cerró expresando su creencia de que “la ciencia y la tecnología tienen que estar al servicio del progreso del país”.

La vicepresidencia segunda quedó en reserva para UP, como así también las secretarías 2° y 4°.

La secretaría primera fue para la diputada de LLA Lorena Villaverde, quien así tomó por primera vez visibilidad desde que el año pasado tuviera que resignar su banca en el Senado, producto de las complicaciones que la involucraron con figuras vinculadas al narcotráfico, razón por la cual incluso no continuó al frente de la Comisión de Energía. Tras asumir en el cargo, Villaverde se refirió a su provincia, Río Negro, resaltando su importancia geopolítica que atribuyó a un “cambio de la matriz productiva” que atribuyó a esta administración. Y valoró que esa provincia ha sido siempre en materia tecnológica y de economía del conocimiento “vanguardista”, con instituciones como el INVAP y el Instituto Balseiro, resaltando que de allí proviene “el creador del Plan Nuclear de nuestro Gobierno, Demian Reidel”.

La secretaría tercera quedó en manos de La Libertad Avanza, que designó para el cargo a la diputada María Julieta Metral Asensio. Por último, se eligió el martes a las 15 como día y hora de reuniones.

Comisión de Defensa

Integrante durante los últimos años de esa comisión, el salteño oficialista Carlos Zapata llegó este jueves a la conducción de Defensa. Fue propuesto para el cargo por su compañero de bancada Gerardo Huesen, quien a su vez hizo reserva para La Libertad Avanza de la vicepresidencia 2° para Federico Pelli, ausente por razones médicas -recordemos que fue agredido semanas atrás por un militante peronista que le produjo una fractura en el rostro-, como así también fue reservada la secretaría 2°.

Como vicepresidenta primera fue designada por UP Agustina Propato. Al proponerla, el diputado Germán Martínez destacó la presencia en esa comisión de tres exministros de Defensa: Luis Petri, Agustín Rossi y Jorge Taiana, cosa que dijo esperar “que juegue a favor de cada uno de los debates que vayamos a dar”, y abogó porque la política de defensa nacional “encuentre un cauce para políticas de Estado”.

Las secretarías primera y tercera fueron reservadas por UP, mientras que la segunda quedó para LLA. El día de reunión elegido es el martes a las 16.

Antes de concluir, hizo uso de la palabra la flamante vicepresidenta, Agustina Propato, que le pidió al presidente de la comisión que la misma “siga constituyéndose con la generosidad y amplitud” que reinó en la misma estos últimos años y que lleve adelante un trabajo asiduo, “siendo que el contexto internacional merece que seamos muy activos”.

Comisión de Turismo

La riojana Gabriela Pedrali fue elegida este jueves para presidir la Comisión de Turismo, en representación de Unión por la Patria, quien al asumir como tal expresó su convicción respecto de que “el turismo no es una actividad más, sino una herramienta estratégica para el desarrollo de nuestro país, nuestras provincias y ciudades”.

Puso en valor el camino recorrido por esa comisión durante la gestión anterior y abogó por hacer de esa comisión “un espacio de diálogo plural y federal”. Y agregó: “Quiero que esta comisión tenga una mirada profundamente federal, con vocación de consenso y diálogo, afianzando no solo las necesidades que tienen las entidades, provincias y ciudades, sino también la oportunidad que merece el turismo en la Argentina, una actividad que es sin lugar a dudas un factor necesario para reactivar las economías regionales, pero por sobre todas las cosas, una oportunidad para la Argentina”.

La vicepresidencia 1° quedó en manos de Elijo Catamarca, en nombre de Fernando Monguillot, en tanto que la vicepresidencia segunda fue para el santiagueño Jorge Alejandro Mukdise (UP).

La Libertad Avanza hizo reserva de las secretarías primera y tercera, en tanto que UP reservó la secretaría segunda.

En una breve intervención, el catamarqueño Monguillot agradeció su designación y valoró la importancia del turismo, entre otras cosas, en materia de “arraigo para nuestra gente”, que evita que los habitantes de cada provincia tengan que emigrar de esos lugares, en tanto que Mukdise detalló sobre el turismo que es “una actividad que representa casi el 7% del PBI; solo en hotelería y gastronomía, representa el 3% del PBI”, y advirtió que “en los últimos años hemos perdido un millón y medio de turistas extranjeros, y hemos sumado 4,5 millones de turistas argentinos en el extranjero: unos 6 millones de turistas menos para nuestro mercado, que profundizan una crisis que hoy está viviendo nuestra sociedad”.

Como día y hora de reunión fue elegido el miércoles a las 10 de la mañana.

Asuntos Municipales

En representación del interbloque Unidos, la diputada Lourdes Arrieta propuso para presidir la Comisión de Asuntos Municipales a la diputada cordobesa Carolina Basualdo, quien al asumir consideró “un honor” su designación y se manifestó “defensora del federalismo y el municipalismo”. En ese sentido, anticipó que propondría que esa comisión contemple sesionar en las provincias y escuchar “la voz de los gobiernos locales”.

Exintendenta de un municipio del interior cordobés, Basualdo resaltó el valor de 2.204 municipios del país, que aclaró que no se dedican solamente a cobrar impuestos.

Basualdo expresó: “Al federalismo real lo representan los 2.304 gobiernos locales que se arremangan y todos los días trabajan para que sus comunidades vivan mejor”.

La Libertad Avanza hizo reserva de la vicepresidencia primera, como así también de la secretaría segunda, en tanto que Fuerzas del Cambio propuso a Karina Banfi para la vicepresidencia segunda. Unión por la Patria reservó la primera secretaría, y finalmente se eligió como día y hora de reunión los miércoles a las 10.

Antes de finalizar, Carolina Basualdo invitó a su comprovinciano Juan Brügge a decir unas palabras, como presidente saliente de esa comisión. Sonriente, este diputado dio por seguro que su sucesora llevaría adelante esa  comisión mejor que él, y valoró el reclamo por la autonomía municipal como bandera, pero aclaró que “la autonomía municipal sin recursos no existe, es una quimera”.

Asimismo abogó por avanzar con un pedido de los intendentes de todo el país, incluidos los del conurbano bonaerense, que llevaron a ese ámbito la propuesta de una reducción del IVA, a los fines de que esa reducción en las contrataciones de los municipios se pueda volcar luego en lo local.

Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios

Para la Comisión de Intereses Marítimos, La Libertad Avanza propuso al diputado por Chubut César Treffinger, quien al asumir agradeció a todos los referentes del oficialismo, incluido el presidente de la Nación, Javier Milei, pero también a quien anteriormente presidió esa comisión y falleció ocupando ese cargo: el diputado del Pro Tito Stefani. “En paz descanse, falleció trabajando por su país”, resaltó, reconociendo su trabajo y compromiso en una agenda tan importante para el país, que se propuso continuar, “fortaleciendo el abordaje de los temas estratégicos que hacen a esta comisión”.

Treffinger detalló que en el primer bimestre de este año, la Argentina exportó 612 millones de dólares, 169 de los cuales corresponden a la actividad pesquera, siendo esa actividad la quinta a nivel nacional. Particularmente la pesca de langostino, destacó el diputado.

Para la vicepresidencia 1° fue propuesto por Unión por la Patria el diputado Jorge Taiana, quien agradeció la confianza depositada en él “en un tiempo en el que el Atlántico Sur tiene cada vez mayor relevancia, y el desafío de integración de las actividades es muy, muy relevante”.

Para la vicepresidencia segunda fue propuesto por La Libertad Avanza Beltrán Benedict. Unión por la Patria hizo reserva de las secretarías primera y tercera, en tanto que LLA hizo lo propio con la secretaría segunda.

Antes de concluir, pidió la palabra el diputado Maximiliano Ferraro, quien pidió coordinar con la Comisión de Transporte, que preside Jorge Rizzotti, para que “en un plazo rápido podamos hacer una informativa con los funcionarios que están llevando adelante la licitación de la vía navegable troncal Hidrovía”. El diputado de la Coalición Cívica destacó que “hay proyectos de seguimiento de este proceso licitatorio, porque en su momento en la Comisión de Transporte el ex secretario de Transporte se había comprometido a volver por el primer proceso licitatorio que fracasó. Ahora tenemos entendido que hay dos oferentes y está por resolverse”.

Asimismo, Maximiliano Ferraro pidió por la ley de trazabilidad de la pesca, que había reunido recientemente un amplio consenso y tuvo dictámenes cuando Mariana Zuvic presidía esa misma comisión y pudo “trabajar seriamente con Unión por la Patria”, remarcó, recordando que “logramos un dictamen que después sorpresivamente se fue cayendo en una sesión, y no la pudimos sancionar”.

Por último, pidió por dos proyectos más: uno que es un pequeño cambio en la Ley General de Pesca, y otro, la ley de gestión integral de residuos de artes de pesca.

Treffinger tomó nota de los pedidos y antes de dar por concluida la reunió se fijó los martes a las 15 como día y hora de reunión.

Comisión de Deportes

El sanjuanino Jorge Chica asumió en nombre de Unión por la Patria la conducción de la Comisión de Deportes, y lo hizo convencido de “la responsabilidad política que lleva adelante esta comisión, donde hoy la Argentina está esperando hechos concretos, un Estado decente, pero también inteligente y sobre todo que se comprometa con su gente”.

“Sabemos que el deporte no es un lujo, ni un accesorio; es salud preventiva, es desarrollo humano, integrador social, pero sobre todo es integrador social por excelencia de esta comunidad”, apuntó Chica, quien alertó luego sobre el achicamiento presupuestario, destacando que el nuestro es uno de los presupuestos más bajos del continente.

En ese sentido habló del “enorme desafío de poder generar leyes que permitan financiar a las instituciones, los clubes, los espacios deportivos, porque tenemos un contexto muy complejo, como la ludopatía, el consumo problemático y el suicidio juvenil, del que se habla poco”. Luego abogó por impulsar iniciativas para que “los que dan los primeros pasos hasta el alto rendimiento tengan las mismas oportunidades en todo el territorio argentino”.

La vicepresidencia primera quedó en manos de José Luis Garrido, del interbloque Unidos; la vice segunda fue para Diego Hartfield, de La Libertad Avanza, lo mismo que la secretaría segunda, que ocupará Laura Soldano. Quedaron en reserva las secretarías primera y la tercera para UP.

El día de reunión elegido es los martes a las 14.30 horas.

Comisión de Finanzas

El diputado libertario Santiago Pauli fue propuesto este jueves para presidir Finanzas, quien consideró que esa es una comisión que “toma temas centrales para la política económica, entre ellas dos que son clave: la política cambiaria y la política  monetaria que tiene este gobierno”.

Como vicepresidente primero fue designado, por UP, Gustavo Bordet, quien por razones personales no pudo asistir. Para la vicepresidencia segunda, LLA hizo reserva del lugar, en tanto que todas las secretarías quedaron también reservadas. Como día y hora de reunión fue elegido el martes a las 16.

Con la intención de poner a punto la ciudad, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lanzó el "Plan verano", un programa sumamente ambicioso e intensivo con el que se intervendrán alrededor de 200 cuadras durante los meses de menor circulación vehicular.

Para este fin, la gestión de Jorge Macri invertirá más de 23.500 millones de pesos para una serie de obras que se efectuarán entre enero y marzo. Las mismas incluyen repavimentaciones completas, cambios de materialidad de asfalto a hormigón, readoquinado, nivelación de calzadas y reparación de losas, además de trabajos específicos en carriles exclusivos de transporte público.

En este sentido el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, indicó que "con el Plan Verano intervenimos con acciones puntuales, afectando lo menos posible la vida cotidiana de los vecinos. Son tareas necesarias para garantizar una infraestructura vial segura y en condiciones para todo el año".

Entre las avenidas de mayor tránsito que estarán en obra se destacan Córdoba, Cabildo, Rivadavia, Directorio, Figueroa Alcorta, La Plata, Montes de Oca y García del Río, así como sectores de Puerto Madero. En estos corredores se realizan mejoras pensadas para soportar el uso intensivo durante todo el año y aumentar la durabilidad de las calzadas.

Una parte central del Plan Verano está vinculada a la futura traza del Trambus, el nuevo sistema de transporte eléctrico y sustentable. En ese marco, se ejecutan obras de adecuación y mejora en avenidas como Rivadavia, Acoyte, La Plata, José María Moreno y Sarmiento, con intervenciones en carriles centrales y refuerzos estructurales. También se llevan adelante trabajos de mantenimiento y renovación en los corredores del Metrobus 9 de Julio, Sur, Juan B. Justo y San Martín.

El programa incluye además intervenciones en grandes cruces de alta circulación, como Independencia y Defensa, Gaona y San Martín, Cabildo y Juramento, Corrientes y Forest, y Eva Perón y Mitre. A esto se suman obras en zonas emblemáticas y de alto valor urbano, como el entorno del Cementerio de Recoleta, el Microcentro y La Boca, donde se combinan repavimentaciones, trabajos sobre adoquines y mejoras estructurales sin alterar el perfil histórico de las calles.

En su exposición inicial ante los senadores nacionales, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destacó las obras en rutas estratégicas que el Gobierno ha priorizado, al tiempo que cuestionó a las gestiones anteriores por destinar recursos a obras menores, mientras se paralizaban proyectos clave.

Sin embargo y previsiblemente los senadores hicieron planteos sobre la situación preocupante de la infraestructura en sus distritos. Lo hicieron ya en la primera tanda de preguntas, donde varios senadores formularon cuestionamientos sobre todo en materia vial.

Con todo, Francos se sinceró al señalar que “es cierto que la infraestructura está en mal estado”, pero a continuación señaló que “lo que tenemos que comprender entre todos es que el proyecto del Gobierno, de este, como de cualquier Gobierno, tiene etapas”.

“Salir de la crisis es una etapa y salir de la crisis implicaba cerrar todos los grifos y concentrarnos en tener superávit, sino pasaba como con el Gobierno anterior, que entre la emisión monetaria y el ‘plan Platita’ generaron un desastre económico que había que solucionar. Y que no era fácil”.

“Sin hablar del endeudamiento con el Banco Central con las tasas que se pagaban con las Lelics…”, agregó, e insistió: “Salir de esa crisis lleva un tiempo y no es que estemos apartados del conocimiento de la realidad que tienen las provincias, pero si hoy con los ingresos y egresos que tiene el Estado, y habiendo hecho los ajustes que hicimos -ahora tenemos un superávit pequeño-, si así y todo recién estabilizamos la economía, imaginen ustedes lo que sería si comenzamos a intentar solucionar los problemas de infraestructura básica que tiene la Argentina. No tengo duda que va a llevar tiempo”, concluyó.

Las prioridades oficiales

En su exposición inicial, Guillermo Francos había expresado que “en este momento hay 68 obras en rutas que fueron priorizadas por el Gobierno nacional en diferentes provincias del país, por las cuales ya se lleva devengados más de cien mil millones de pesos”.

Las principales se encuentran en las provincias de San Juan, Salta, Jujuy, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y en la provincia de Buenos Aires. A eso se suman, según informó, otros casi veinte mil millones de pesos adicionales devengados en concepto de obras de servicios de urgencias en los 24 distritos y obras de mantenimiento en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal, principalmente en la Patagonia y en Mendoza.

Según Francos, a estas 68 obras en las que se decidió avanzar como prioritarias se suma un plan de concesiones de toda la Red Federal, de un total de 9.000 kilómetros. Francos dijo que “ya se llamó a licitación para la primera etapa, de 741 kilómetros. Fue una licitación pública nacional e internacional para construir, explotar, administrar y mantener los Tramos Oriental y Conexión que  incluyen las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, y el Puente Rosario-Victoria, que conecta Entre Ríos y Santa Fe”.

Para las etapas restantes (2 y 3) ya se convocó a las audiencias públicas correspondientes, previas al llamado a licitación. La etapa 2, de 4.400 kilómetros, incluye las rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales SA, más otras que no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe y Buenos Aires, la RN 35 en Córdoba y la RN 188 en Buenos Aires y La Pampa. La etapa 3 cuenta con un total de 3.984 kilómetros, divididos en diferentes tramos.

El jefe de Gabinete sostuvo que “se trata de una política que es posible gracias a que el Gobierno nacional generó las condiciones para que los capitales privados puedan invertir en las rutas, reduciendo así los gastos del Tesoro nacional”. Agregó que “ésta es una medida que reafirma el compromiso del Gobierno con el desarrollo de un sistema vial moderno y eficiente, promoviendo la integración y el crecimiento económico del país”.

“Durante gestiones anteriores se destinaron recursos económicos y personal del Estado Nacional para llevar adelante obras menores que no son de escala nacional, como la construcción de baños públicos, veredas peatonales y cordones cuneta, tinglados de acopio, la puesta en valor de una fábrica de dulces regionales y hasta una pileta municipal”, aseguró, cuestionando que “mientras tanto, obras estratégicas como rutas, acueductos, redes y sistemas de distribución de agua potable, se encontraban paralizadas o abandonadas”.

Con la intención de darles un alivio fiscal y promover la reactivación económica de la Ciudad, el diputado del Frente Liberal Republicano (FLR) Pablo Donati impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca reducir el costo del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa por Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) para comercios, industrias, servicios y espacios comunitarios que se vean afectados por las obras públicas desarrolladas por el Gobierno local.

La iniciativa en cuestión contempla todas las obras desarrolladas por el Ejecutivo porteño que alteren el espacio público o la infraestructura urbana, como pueden ser obras viales, hidráulicas, ferroviarias o edilicias. De manera tal que, según se desprende del texto recientemente presentado, para acceder al beneficio el comerció en cuestión debe estar ubicado dentro del 100 metros del área intervenida y demostrar, mediante pruebas documentales, una disminución significativa de su actividad o ingresos.

El proyecto prevé un descuento de entre el 50% y el 100% del impuesto, monto que variará de acuerdo a la afectación que sufra el inmueble por la obra, las cuales pueden ser afectación por la obstrucción de accesos, la alteración del tránsito peatonal o vehicular, la caída del flujo de clientes y la reducción comprobada de ingresos.

En los fundamentos de la iniciativa, Donati explicó que “el objetivo es corregir una injusticia evidente: no se puede exigir tributos donde el propio accionar del Estado impide el desarrollo normal de una actividad”.

“El Estado no puede comportarse como un cobrador automático e insensible. Esta ley no crea privilegios ni subsidios, sino que corrige distorsiones generadas por el mismo Gobierno”, sentenció.

Con 141 votos a favor, 64 en contra y 1 abstención, se aprobó este martes en la Cámara de Diputados un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la paralización de la obra pública en todo el país. Se trata de un dictamen que había sido firmado el año pasado en la comisión homónima, presidida por Bernardo Herrera (UP).

A través del texto, se solicita la nómina completa de las obras en ejecución financiadas por el Gobierno nacional en todo el país y se busca conocer el detalle de cuántos proyectos y obras fueron paralizadas, neutralizadas y suspendidas desde diciembre de 2023 a la actualidad.

Asimismo, consulta cuántas de esas obras corresponden a universidades, escuelas, hospitales, viviendas e integración sociourbana de barrios. También las fechas de paralización; los motivos; y los porcentajes de avance que tenían (financiero y físico).

El pedido de informes al PEN reclama el detalle sobre las obras financiadas por organismos internacionales (BID, CAF, Banco Mundial, entre otros); las financiadas por el Tesoro Nacional; el detalle de las obras paralizadas de naturaleza mixta, gestionadas por Nación y las provincias; y la cantidad de empleos que se vieron afectados. También se pregunta al Gobierno cuáles son las prioridades y planificación sobre obras públicas futuras.

La palabra de los diputados

En el rol de miembro informante, el diputado santiagueño José Herrera cuestionó que “sin ningún tipo de análisis, el presidente de la Nación decidió terminar con la obra pública”. Como titular de la Comisión de Obras Públicas alegó que “es un tema fundamental para nosotros”, y destacó que ha habido “muchos aportes en reuniones informativas”.

Sin embargo, continúo con las críticas en contra de la política del Gobierno nacional y especificó: “Con esto ha ahondado en una crisis social y económica en nuestro país dejando 3.500 proyectos inconclusos, perjudicando a 1.400 empresas de la construcción y lo más grave, se perdieron 100.000 empleos directos”.

Antes de finalizar la exposición, Herrera planteó que con “cada puesto que se pierde, se pierde otro más de manera indirecta y con cada vivienda que se abandona, se excluye a una familia de la vivienda digna”.
“Cada ruta que se abandona, atenta contra la conectividad del pueblo argentino y encarece el transporte”, aseveró.

De forma breve, el diputado nacional Ricardo López Murphy consideró que la política ejecutada por Milei “es insostenible en el largo plazo” dentro de un “marco de fragilidad normativa”. Añadió, además, que en este pedido de informes quiere que el Poder Ejecutivo brinde un plan de inversión pública y cuál es el trayecto sostenible”.

 

El diputado nacional Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) denunció centralismo porteño en la distribución de fondos por parte del Estado Nacional en materia de infraestructura hídrica y apuntó: “Mientras AySA recibe millones de pesos, en Santa Fe las obras de agua están paradas”

“En 2024, el gobierno destinó 259.032 millones de pesos a AySA, la empresa de agua y saneamiento del AMBA, para subsidios y obras en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Mientras tanto, en Santa Fe, las obras de agua siguen paralizadas, perjudicando a miles de santafesinos que necesitan acceso a este servicio esencial”, señaló.

Mirabella remarcó que esta situación refleja una vez más el histórico centralismo que concentra recursos en el área metropolitana de Buenos Aires en detrimento del interior del país.

“Como siempre, somos federales para recaudar, pero unitarios para repartir. Es hora de ponerle un freno a esta injusticia y exigir un reparto equitativo de los fondos nacionales. Defendamos el federalismo, defendamos Santa Fe”, concluyó el legislador.

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) continúa en gestiones ante el Gobierno Nacional para garantizar la llegada de obras y recursos para la provincia de Santa Cruz que permitan mantener fuentes de trabajo, obras e infraestructura esencial.

En este sentido, se reunió con el Secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, con quien dialogó sobre las obras públicas para la provincia del sur. De esta manera, desde el Gobierno nacional le garantizaron la continuidad de la construcción de las represas y la construcción de la Autovía Caleta Comodoro, así como el financiamiento para garantizar el funcionamiento de la empresa YCRT.

"Analizamos el presupuesto y las cuestiones esenciales para Santa Cruz, que están incluidas en la propuesta que ahora será debatida en el Congreso", señaló la legisladora.

Reyes destacó el valor del trabajo conjunto y el diálogo permanente con las autoridades nacionales, que han permitido establecer prioridades y asignar los recursos necesarios para atender las necesidades infraestructurales de la provincia.

“Los Santacruceños debemos explotar nuestros recursos y garantizar junto con este aporte nacional fuentes genuinas de trabajo, inversiones y ampliación de la matriz productiva”, remarcó.

La diputada valoró el diálogo con los distintos ministerios para lograr que las prioridades de Santa Cruz estén contempladas en el Presupuesto Nacional, garantizando así la concreción de proyectos vitales para el desarrollo provincial y por años postergados. Cabe recordar que en el Presupuesto Nacional que ingresó a la Cámara de Diputados se asignan 635 mil millones para la construcción de las Represas Cóndor Cliff – La Barrancosa y 108 mil millones de pesos para garantizar salarios y funcionamiento de las empresas YCRT.

“Logramos que se tuviera en cuenta a Santa Cruz en temas fundamentales para los intereses provinciales y que van a motorizar un desarrollo productivo de la provincia. Por eso se garantiza la continuidad de las obras en Represas”, afirmó la radical.

Otro de los temas de conversación fue sobre la necesidad de que la provincia brinde señales a los inversores interesados en proyectos mineros, de hidrógeno verde y energías limpias. “Es importante que la provincia adhiera al RIGI y pueda además establecer pautas claras para fomentar las inversiones, con baja de impuestos a las Pymes y generando un clima de negocios en Santa Cruz”, destacó la diputada.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un esquema de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios que busca atraer inversiones de gran escala a sectores estratégicos en Argentina. Permite fomentar la minería, los hidrocarburos y sectores energéticos para que instalen fábricas, parques eólicos y proyectos tecnológicos que son claves para el desarrollo y la creación de empleo.

Los diputados de Vamos por Más (VxM), Confianza Pública (CP) y Republicanos Unidos (RU) cuestionaron con dureza a la militante peronista y consultora política Mayra Arena, quien en las últimas horas justificó la corrupción en la obra pública.

Todo comenzó cuando la peronista visitó el streaming Blender, donde afirmó que cuando la “atacan en las redes tienen un video mío en el que yo digo que para mí la corrupción es un tema menor. Es una parte necesaria que aceita algunos engranajes que con corrupción funcionan mejor. Alberto Fernández tiene una de las más inútiles e inservibles, que es la de gulella o tramiterío. Es esa que va por los curros de seguros o de una ley, la cual es muy de los radicales”.

“Para mí es la peor corrupción porque es esa que cuando se va del país no le deja nada. Lo deja tal como está y, en materia de leyes, lo deja peor de lo que estaba”, continuó.
En tanto, sostuvo que está a favor de las irregularidades en la obra pública: “Es aquella por la que siempre he hablado que soy pro corrupción, estimula que hagamos todo el tiempo. Es decir, si las partes muerden de ahí, te conviene que haya un montón de esas cosas. Roban pero hacen. Hacen, hacen y hacen. No me calienta. Aceita y estimula una obra que, por lo tanto, deja a la sociedad un poquito más equipada”, sentenció.

Atenta a sus dichos, Graciela Ocaña (CP) consideró las declaraciones de la militante como “vergonzosas” y explicó que “la plata que se roba no va a la gente y aceita los bolsillos de políticos y empresarios o escrupulosos”.

Mientras que el oficialista Darío Nieto (VxM) aseveró que “así piensan los que los militan. Así razonan los que los votan. Así gobiernan los que destruyeron la Argentina. Con la corrupción como bandera y la impunidad como religión” y que Hernán Reyes (VxM) destacó que “como generación política, es momento de barajar y dar de nuevo. La necesidad urgente de ser novedosos y ocurrentes ha llevado a muchos a ser tan superficiales que, incluso, la incorrección política ha terminado al servicio del poder y del statu quo. La gente, bien gracias”.

Finalmente, Yamil Santoro (RU) destacó que “la corrupción es uno de los elementos más destructivos que hay en una sociedad, frustrando o empeorando proyectos de todo tipo. Sostenida a lo largo del tiempo genera, además, efectos sistémicos devastadores. Por eso desde Fundación Apolo hemos asumido el desafío de hacerle frente”.

En la Comisión de Obras Públicas, presidida por el diputado Bernardo Herrera (UP), distintas instituciones se refirieron a la situación actual del sector.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), su titular, Gustavo Weiss, destacó “el buen dialogo con el presidente de la Nación y el ministro de Economía”. Además, indicó que “por cada empleo directo que pierde la industria de la construcción se pierde un empleo indirecto”.

Luego, Gerardo Fernández, representante de la Confederación de Pymes Constructora de la Argentina, explicó que tanto “la obra pública como la privada son necesarias”.

Diego Menéndez, del Consejo de la Vivienda, expresó que “vemos una situación crisis de oferta de viviendas”; mientras que desde la UOCRA, Gustavo Gandara aseguró que, en términos de obra pública “la formalidad tiende al 100 %”, mientras que en “la privada, es del 30 %”.

Por su parte, el secretario general de Obras Sanitarias, Carlos Adamo, se refirió a la problemática del agua potable y consideró que debe ser “una política de Estado”.

En tanto, fueron designados cargos pendientes: la 3°secretaria será ocupada por el diputado Martín Aveiro (UP), mientras que la 4° secretaria, estará a cargo de Elia Fernández (Independencia).

La diputada nacional María Eugenia Alianiello (UP – Chubut) presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder Ejecutivo una serie de informes en donde brinden detalles respecto a la situación de las obras públicas en la Argentina.

La legisladora chubutense expresó que la obra pública es “una actividad clave para el desarrollo federal y motor del empleo genuino a lo largo y ancho del país”.

También, señaló que “sólo en Chubut se calcula que la paralización de la Obra Pública implica la pérdida de cerca de 1000 puestos de trabajo directos y más de 10 mil indirectos, así como perjudica a miles de empresas y sus distintos proveedores. Otro grave avance del gobierno contra el pueblo argentino”.

En las cuestiones mencionadas, el proyecto exige detalles sobre: La nómina de las obras publicas en ejecución financiadas por el Gobierno Nacional en laks 24 jurisdicciones del país; El listado de obras paralizadas; Porcentajes de avance financiero y de avance físico; el monto de certificados de obras aprobados y sin abonar; y los plazos de finalización de obras previstos.

La iniciativa fue acompañada por 30 diputados naciones del bloque de Unión por la Patria.

La diputada nacional de Evolución Radical Carla Carrizo presentó en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en Comodoro Py una denuncia penal por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal de la Nación) contra el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, por su decisión de ordenar a los empleados y funcionarios públicos dependientes de su cartera ministerial de llevar a cabo un “paro activo” en todas las obras públicas del país. Y, al mismo tiempo, junto a 28 legisladores de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de repudio en la Cámara de Diputados.

El ministro anunció el martes 12 de septiembre en el programa M1 del canal C5N, conducido por Gustavo Sylvestre, que desde la cartera que lidera llevarían adelante un “paro activo” en todo el país, con cese de actividades y asambleas con presencia de todos sus funcionarios y empleados. Finalmente, dicha medida se materializó este miércoles a partir de las 10:00 horas, con la presencia de Katopodis en la obra de renovación de la Av. Gaona, en la localidad de Morón, provincia de Buenos Aires, y que tuvo acciones semejantes en distintos puntos del país. 

En esa línea, la legisladora decidió presentar, en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en Comodoro Py, una denuncia penal contra el ministro por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “A 40 años de la recuperación de la democracia no podemos seguir consintiendo que los partidos que tienen la responsabilidad de gestión hagan del Estado un patrimonio propio para su uso discrecional. El límite a esa discrecionalidad debe ser la ley, no las decisiones de los funcionarios”, concluyó la diputada.

“Lo del ministro Katopodis es gravísimo. Repudio absoluto a esta idea de paro activo. Es una decisión que concentra lo peor de la mala praxis de la dirigencia: apropiación de lo público, abuso de poder, intimidación y coerción. Es fascismo explícito. ¿También impunidad? No, denuncia ya”, sostuvo la diputada Carrizo en sus redes sociales.

El proyecto de repudio, además de su autora Carla Carrizo, lleva las firmas de Mario Barletta, Martín Tetaz, Natalia Sarapura, Alejandro Finocchiaro, Ana Clara Romero, Soledad Carrizo, Dolores Martínez, Sabrina Ajmechet, Soher El Sukaria, Hector Antonio Stefani, Danya Tavela, Gabriela Brouwer de Koning , Marcela Antola, Pablo Cervi, Martín Berhongaray, Carlos Zapata, Marcela Coli, Lidia Ascárate, Sofía Brambilla, Carolina Castets, Germana Figueroa, Roberto Sanchez, Gerardo Cipolini, Jose Luis Espert, Maria Luján Rey, Oscar Agost Carreño, Adriana Ruarte y Karina Banfi.

Con eje sobre la obra pública, la senadora nacional Teresa González (FNyP-FdT) consideró que en estas elecciones "se decide si continuamos con la ejecución de obras o se vuelven a paralizar". "En los últimos cuatro años pudimos reactivar todas las obras que se paralizaron con el gobierno de Mauricio Macri", destacó la formoseña.

Precandidata a renovar su banca, la legisladora que responde al gobernador Gildo Insfrán salió al cruce de su par Luis Naidenoff (UCR): "Escuché que manifestaba que el doctor Gildo Insfrán había agradecido al expresidente Macri por haber realizado las obras de la planta de tratamiento de residuos cloacales de la ciudad de Formosa. Pero eso es falso, ya que esta obra fue iniciada y realizada casi en su totalidad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Además, en aquella visita del expresidente ni siquiera estaba terminada”.

“Son muchas las obras estratégicas que la gestión anterior dejó de ejecutar en Formosa y fue la provincia la que se tuvo que hacer cargo con presupuesto propio para que sigan adelante", aseguró y detalló: "No solo ocurrió con la planta de residuos cloacales que mencionó el senador por la minoría, sino también con viviendas FONAVI, centros de salud, hospitales y el Centro de Medicina Nuclear, donde el gobierno provincial compró los equipamientos y debió guardarlos varios años refrigerados a 24 grados para que no pierdan la garantía”.

Además, González recordó que "otra obra que estaba en plena ejecución en 2015 fue la autovía de la Ruta 11”, de la cual “el senador por la minoría quiso endilgar su construcción a Macri”, cuando “la verdad es que en cuatro años de gobierno, la gestión nacional anterior no avanzó prácticamente nada”.

“Más aún, priorizando las elecciones por sobre la seguridad vial de los formoseños, vinieron a hacer una simulación de inauguración para habilitar una sola calzada de un tramo incompleto desde Tatané hasta el Puente San Hilario -repudió-. No sólo no realizaron el puente, sino que el tramo inaugurado carecía de iluminación y, por supuesto, tampoco continuaron el tramo restante hasta el acceso sur de la ciudad capital”.

La formoseña denunció que “también neutralizaron las obras que iban desde la Virgen del Carmen hasta la rotonda que conecta la ruta 11 y 81, que incluía un segundo puente en el Riacho Formosa. Esta es otra de las tantas obras que tuvimos que esperar hasta tener un gobierno federal para poder reactivar”.
Y citó además “las paralizaciones de la planta de agua potable de Clorinda o del Hospital 'Pedro Euclides Insfrán' durante el gobierno de Macri, que pudimos reactivarlas y culminarlas con el actual Gobierno nacional”.

Al aludir a la oposición, la oficialista resaltó: "Son quienes nunca votaron un presupuesto que contenga obras para Formosa, pero sin embargo aplaudieron a Macri y votaron todos los presupuestos que nos quitaban obras, subsidios y derechos”.

“En la actualidad están en ejecución obras estratégicas que se ponen en peligro si asume un gobierno de la oposición", advirtió y enumeró que "entre ellas se encuentran los sistemas de distribución de agua, plantas de potabilización y desagües cloacales en Ingeniero Juárez, Subteniente Perín, Laguna Blanca, Riacho He Hé, Villa Escolar, Pirané y Formosa”, al igual que “está en plena ejecución el acueducto desde Colonia Aquino a Villafañe, así como ya se firmó el convenio para iniciar el acueducto que va desde el río Paraguay a Güemes”.

En tanto, precisó que en materia habitacional “hay 6.255 viviendas en construcción o próximas a iniciarse. Todo esto se pone en riesgo si a nivel nacional vuelve a gobernar un proyecto unitario como el que gobernó entre 2015 y 2019”.

“De esto se trata lo que decidimos en estas elecciones -recalcó-. De continuar con un gobierno federal que incluya a Formosa y los formoseños, y que nos permita seguir construyendo estas obras mencionadas o retrocedemos con propuestas de ajustes, exclusión y represión como propone la oposición”.

“Estoy segura de que el pueblo de Formosa volverá a demostrar su sabiduría y madurez y el peronismo volverá a obtener una victoria contundente en las urnas”, finalizó González.

El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR – Entre Ríos) presentó un proyecto para que el Ejecutivo Nacional, por intermedio de Vialidad Nacional, informe sobre el estado de las negociaciones con la empresa Caminos del Río Uruguay por el Corredor Vial Nacional Número 18, ya que la concesión culmina el 31 de octubre del corriente año, y si, en caso de resolverse el fin de la concesión, informe si se realizará una nueva licitación pública.

A través de su cuenta de Twitter, el radical tituló: “DE LA RUTA DE LA MUERTE A LA RUTA DEL ABANDONO. Los argentinos, y los entrerrianos en particular, sufrimos la Autovía Nacional 14. Lo que antes fue ‘la ruta de la muerte’ hoy es la ‘ruta del abandono’. Hay una empresa prestataria de servicios deficientes y de un Estado ausente”.

En su iniciativa, Galimberti pidió saber también los montos percibidos por Vialidad Nacional en concepto de “Recurso de Afectación a Obras”, como parte de la tarifa aplicada en todos los peajes del Corredor Vial 18.

“El estado de ejecución y situación actual de las obras de mejora incorporadas al Plan Económico Financiero de la Concesión que fueron realizadas con el recurso antes mencionado. El estado, condiciones y plazos en los que Vialidad Nacional recibió las obras referidas a la construcción de la Autovía Nacional 14, desde Ceibas, provincia de Entre Ríos, hasta Paso de los Libres, provincia de Corrientes”, sumó.

También, exigió conocer “el estado, condiciones y plazos en los que se transfirió la responsabilidad de la administración y conservación de la Autovía Nacional 14, desde la localidad de Ceibas, Entre Ríos; hasta la localidad de Paso de los Libres, Corrientes, a la empresa Caminos del Río Uruguay”.

“Si en el proceso previo o durante el traspaso de la responsabilidad de la administración y conservación de la Autovía Nacional 14 se realizaron objeciones por parte de la empresa concesionaria a la Dirección Nacional de Vialidad”, consultó.

El diputado nacional Pablo Torello (Pro – Buenos Aires) volvió a presentar este lunes su proyecto para solicitarle informes al Poder Ejecutivo respecto del “retraso y suspensión” de las obras en la Ruta Nacional N° 5.

Según reza la iniciativa, que ya había sido presentada bajo los expedientes 4861-D-2021 y 1730-D-2022, solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, envíe un informe escrito, de forma “urgente”, explicando los motivos del “retraso y suspensión” en el inicio de la Autopista Ruta Nacional 5 entre el km 104 y el km 124.

“El presente proyecto tiene como fine informales a los ciudadanos de la zona los fundamentos razonados por lo que deben continuar transitando la ruta en condiciones deplorables que, como consecuencia de ello, continúan ocurriendo accidentes de tránsito”, agregó.

Entre los fundamentos, Torello recordó que la obra fue “una promesa que se origina en el primer gobierno del expresidente Carlos Menem y que, hasta el día de hoy, continúa sin ejecutarse la construcción de la Autovía”.

“El 5 de octubre de 2022, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que en 15/20 días se iniciaba la obra. El Administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, le informó al ministro que sería entre el 12 y 20 de octubre”, recordó el diputado en el proyecto y denunció que “según estas promesas debería haber iniciado, pero lo único que existe es un llamativo cartel que resalta publicidades engañosas”.

Acompañaron con su firma los diputados Graciela Ocaña, Alberto Asseff, Alfredo Schiavoni, Sebastián García de Luca, Soher El Sukaria, Sofía Brambilla, Mónica Frade, Carlos Zapata, María Luján Rey, Cristian Ritondo, Ana Clara Romero, Virginia Cornejo, Fernando Iglesias, Danya Tavela, Carolina Castets, Paula Oliveto Lago, Margarita Stolbizer, Marcela Campagnoli, Camila Crescimbeni, María Sotolano y Rubén Manzi.

“Desde el primer día de la gestión sostuvimos que la Obra Pública debía actuar como motor del desarrollo”, afirmó este miércoles el presidente Alberto Fernández, decidido a destacar esa tarea como eje de su gestión.

El presidente sostuvo que eso “fue y es posible porque además de voluntad política, generamos diálogo y consenso; acordamos con todos los gobernadores y las gobernadoras, con todas las intendencias, sin distinción partidaria; conformamos una mesa de trabajo con todos los sectores y actores que forman parte de la agenda de la Obra Pública en nuestro país”.

Y dio datos: desde el 10 de diciembre de 2019, se finalizaron más de 3.000 obras públicas de las 5.800 en ejecución. “Eso es tanto como decir que cada día de gestión hemos concluido 2,5 obras por día”, afirmó, asegurando que “en cada rincón del país, hay una obra pública que integra a la Argentina y que resuelve necesidades concretas de la gente”.

Luego refirió haber mejorado la calidad del servicio de agua potable llevando ese beneficio a casi 6 millones de personas. Y volvió a apuntarle a la anterior gestión al asegurar que “el presupuesto destinado a la Obra Pública se redujo a menos de la mitad entre 2015 y 2019. En 2020 comenzó su recuperación y para este año proyectamos un incremento presupuestario de 633% con respecto a lo ejecutado en 2019”.

Asimismo resaltó la entrega de viviendas. “En pocos días estaremos entregando la vivienda 100.000 de esta administración mientras seguimos construyendo otras 140.000. Adicionalmente, ya entregamos cerca de 88.000 créditos para la vivienda propia”, sostuvo.

El intendente Fernando Espinoza, junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, recorrieron los avances de obra de la Ruta Nacional N°3, una de las principales arterias del distrito. Durante la recorrida, el jefe comunal remarcó: que "estas obras forman parte del plan de obra pública más grande de toda la historia que estamos llevando adelante en La Matanza”.

El alcalde en su recorrida con el ministro de Obras Públicas manifestó que “es un día de mucha alegría para nuestro distrito, ya que contamos con la visita de nuestro querido ministro Gabriel Katopodis quien cumplió con su palabra de hacer esta megaobra que incluye la repavimentación a nueva de la Ruta Nacional 3, o Avenida Juan Manuel de Rosas, que es nuestra principal vía de comunicación",  y resaltó luego que “hace unos años era de una mano de ida y otra vuelta y ahora, la Ruta 3, cuenta con cuatro carriles”.

El municipio informa que en 2022 comenzaron las obras de repavimentación para que los vecinos puedan transitar más seguros y para que las líneas del Metrobús tengan una mejor circulación, un servicio que utilizan cotidianamente miles de trabajadores. En este sentido, el jefe comunal valoró que hacer este megaplan de obra pública, con una inversión de más de 120 millones de pesos en una primera etapa, que además tendrá nuevas paradas seguras y mayor iluminación, tiene como principal objetivo beneficiar la actividad social de La Matanza y mejorar la calidad de vida para todos y todas”.

Espinoza aseveró además que con la obra de la Ruta Nacional 3, “estamos cuidando las inversiones en infraestructura y por la cantidad de obra pública que pudimos generar, esto se traduce también en miles de puestos de trabajo y empleo joven”, subrayó. “Ya se nota la reactivación de la economía, que tiene como motor a la obra pública, por eso seguimos avanzando y trabajando muy fuerte en ese sentido”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, sostuvo que “ds muy importante la transformación y la cantidad de obras que hay en La Matanza y esto tiene que ver con la decisión del intendente de, todos los días, apostar y generar la inversión más importante de la historia del distrito con el fin de mejorarle la calidad de vida a los vecinos” y agregó que “La Matanza sigue creciendo y es un signo de todo lo que está pasando en la Argentina en términos de empleo, trabajo y producción”.

Según el municipio, los trabajos permitirán una mejor transitabilidad de los vehículos y mejoras en la seguridad vial. La Ruta 3 es de vital importancia porque es la principal arteria que conecta a todo el partido de La Matanza con otras ciudades de la Provincia de Buenos Aires.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, recorrió un sector del barrio La Calabria donde el municipio realizó una obra integral que incluye un nuevo paseo público para disfrutar, en Avellaneda y Formosa; además de nuevos pavimentos, veredas e iluminación en un tramo de Avellaneda. 

La gente de este barrio, conocido por sus grandes arboledas, ya disfruta de un nuevo paseo público y sustentable con bancos de vidrio recuperado y reciclado de botellas que aportan los vecinos.  

“Con 40 hectáreas de parques y plazas, San Isidro siempre apostó a generar y recuperar más espacios públicos. Equiparlos con material sustentable forma parte de nuestro estilo de trabajo. Hay que destacar el gran compromiso ambiental que tienen nuestros vecinos”, señaló Posse. 

Al igual que lo hizo en otras oportunidades, el auditor porteño por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe oficial aprobado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) sobre veintiún obras integrantes del proyecto “Regeneración Urbana” y aprovechó la ocasión para cuestionar con dureza la “falta de planificación” de las mismas.

En ese sentido, el auditor aseguró que “resulta increíble que el proceso global, es decir proyecto, contratación, y desarrollo, se encuentra libanizado entre una multiplicidad de organismos del ejecutivo, existen al menos cinco organismo de intervención directa y quince de intervención menor, esto genera ineficiencia en la gestión y dificultades para el control”.

Asimismo remarcó que “causa al menos sorpresa encontrar que las adjudicaciones se concentran en un elenco habitual de empresas (Algieri S.A. Avinco Construcciones S.A., Da Fre Obras Civiles SA, Blue Steel SA, Miavasa SA.) cuando los expedientes están plagados de incumplimientos y vicios de esas mismas firmas que bien justificaría buscar otros proveedores o realizar las obras con personal propio de la Ciudad”.

“Rodríguez Larreta se publicita como un gestor de obras, pero cuando analizamos los expedientes encontramos que no solo es ineficaz en la ejecución de los aspectos básicos de la gestión, que terceriza, sino que también es ineficiente en el control del cumplimiento de contratos y la calidad del trabajo de sus empresas amigas, impidiendo así la aplicación de eventuales sanciones y favoreciendo su recontratación indiscriminada”, sentenció.

Cabe recordar que según el informe el programa auditado ejecutó obras de regeneración urbana implementando planes de puesta en valor integral de distintas áreas distribuidas a lo largo de todo el territorio de la CABA, registrándose de manera sistemática situaciones de ineficiencia tales como falta de planificación, cambios reiterados en los presupuestos oficiales, omisión de denunciar incumplimientos de las contratistas, falta de constancias, ausencia de determinados certificados, ampliaciones de plazos, falta de aplicación de sanciones a las contratistas por deficiencias, vicios ocultos y/o fallas detectadas durante el Plazo de Garantía, que entre otras falencias se verificaron en las 21 obras auditadas.

En la seguidilla de funcionarios que expondrán este martes sobre el Presupuesto 2022, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, abrió la jornada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

Durante su presentación, el funcionario destacó que en relación a 2021, el próximo año habrá un incremento del 75% en las partidas destinadas para su cartera, lo que representa un 2,4%/2,5% del PBI.

En ese sentido, detalló que se pasa de un presupuesto de "339.369 millones de pesos en 2021 a 603.790 millones" para 2022. También destacó la "recuperación" en el sector de la construcción durante 14 meses consecutivos y la generación de "380 mil puestos de trabajo".

En el encuentro, que duró dos horas, varios legisladores realizaron preguntas sobre obras específicas en sus provincias y, al final, el clima se puso más álgido cuando se cruzaron por los reproches de la ejecución de obras públicas durante la presidencia de Mauricio Macri.

En el arranque de su exposición, el funcionario aseguró que el presupuesto para obras públicas es "un eje muy importante de la gestión de nuestro Gobierno" y "ha sido fundamental en el contexto de estos dos años", donde "nos tocó construir salud pública".

Al asegurar que la gestión de Alberto Fernández se encontró con un sector de salud "desmantelado", resaltó que "el primer objetivo que tuvimos ni bien nos pegó la pandemia fue poner en marcha más de 272 obras hospitalarias" que permitieron "sumar más de 4.500 camas de terapia intermedia y terapia intensiva".

Asimismo, el exintendente de San Martín señaló que uno de los objetivos del Gobierno fue "reforzar las partidas de obras públicas en 2020 y 2021", porque "cuando llegamos al Ministerio había aproximadamente 318 obras, de las cuales el 70% estaban paralizadas por falta de pago".

"Hoy tenemos más de 3.000 obras en ejecución en todo el país", destacó, y apuntó que "el presupuesto que heredamos en el 2019 representaba el 1,1% del PBI", mientras que el proyectado para 2022 estima un 2,4%/2,5% del PBI.

Katopodis enfatizó que las obras tienen "un criterio fundamental" de "sentido federal". "No hay una sola provincia de ningún signo político, no hay ningún municipio de ningún signo político, que no esté trabajando hoy con el Ministerio", expresó.

"Si hay un nombre que tiene este Presupuesto y, en particular, la inversión de obra pública hacia el año que viene es la recuperación, la reconstrucción. La obra pública e infraestructura como pilar, como palanca para poder recuperar y reconstruir una Argentina que sin dudas necesita de más rutas, de más obras de saneamiento, de más viviendas, de más hospitales", continuó.

Luego, el funcionario detalló que "de las 3.000 obras que están en ejecución, 900 son obras viales; 800 obras de agua y cloaca; 551 de equipamiento urbano; 391 de arquitectura; 192 obras de salud; 98 de recursos hídricos; y 149 obras restantes".

"Estamos llegando a 1.551 municipios" que "representan 35 millones de argentinos", precisó y estimó que "en los próximos cinco o seis meses vamos a estar llegando a los 2.300 municipios del país".

Por otra parte, el titular de la cartera de Obras Públicas ponderó que "de manera permanente y consecutiva se viene recuperando hace 14 meses el sector de la construcción", sumado a "la recuperación de empleo: estamos en 380 mil puestos de trabajo en materia de construcción, de los cuales aproximadamente el 45% es obra pública".

Katopodis afirmó que el Presupuesto 2022 plantea un incremento en la inversión para obra pública de un 75%, al pasar de "339.369 millones de pesos en 2021 a 603.790 millones" para el año próximo, lo que representa "un 77% más que el 2021, un 200% más que en 2020 y un 353% más que en el 2019".

Además, manifestó que la distribución de los recursos se realiza de manera "equitativa en todo el país", al tiempo que en las zonas más postergadas se prioriza la infraestructura de cuidado y de las obras de acceso al agua, ya que "8 millones de argentinos no tienen agua, y 20 millones de argentinos no tiene cloacas Mucho de ese déficit está concentrado en las provincias del norte de nuestro país".

En otro tramo de su exposición, el ministro subrayó la "clara decisión de ejecutar la obra pública de manera transparente y equitativa", y la creación del área de transparencia y un observatorio, dentro del Ministerio, donde participan universidades, organizaciones y la Oficina Anticorrupción en el seguimiento de todos los procesos de gestión.

Al enumerar los "cuatro ejes que definen la agenda de inversión pública en nuestro Ministerio" habló de "conectividad e infraestructura vial", que refiere a "los 628.000 kilómetros de rutas y caminos que tiene la Argentina" a través de "un conjunto de obras que nos están permitiendo todos los días mantener y mejorar la red vial en Argentina".

Como segundo eje, mencionó "la gestión integral de los recursos hídricos" para "el objetivo fundamental del manejo del agua segura" y "poder cerrar brechas" en cuanto al acceso al agua de los argentinos. También abogó por "poder desarrollar un pacto federal del agua en Argentina", donde tendrá un rol central AySA, cuya titular, Malena Galmarini, estuvo presente en la reunión.

En cuanto al tercer eje, el funcionario dijo que se trata de "la infraestructura rural y urbana", mientras que el cuarto tiene que ver con "la infraestructura del cuidado". Sobre este punto, sostuvo que "la pandemia modificó y reorientó muchos de estos objetivos" y, además de las 272 obras para la red de emergencia sanitaria, indicó que se avanzó en la "construcción de centros territoriales integrales de política de género y diversidad. Son 27 obras, una por provincia, más alguna en una localidad en particular". Asimismo, resaltó que ya están licitados 300 centros de desarrollo infantil y de primera infancia, y se avanzará en 300 más.

Crítico de la gestión de Cambiemos, el oficialista aseguró que se tuvieron que terminar "270 obras que cuando llegamos estaban absolutamente interrumpidas". "Nos tocó terminar con la obra pública que había iniciado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que quedaron paralizadas a fines del 2015, pero también nos toca a nosotros terminar con todas las obras que se iniciaron entre el 2015 y 2019", sumó.

La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó un proyecto a través del cual reclama al Gobierno nacional que tenga en cuenta en el Presupuesto 2022, que debe presentarse el próximo 15 de septiembre, obras públicas para la localidad de Goya, al sur de la provincia Corrientes.

“Llevamos décadas esperando estas obras fundamentales para Goya. Desde que asumí como legisladora siempre me comprometí a gestionar por Corrientes. Es fundamental trabajar en el federalismo y de esa manera poder darle a Argentina una estructura integradora, que sea inclusiva, que genere trabajo, que sea dinámica, un federalismo que siga una estrategia de desarrollo nacional”, expresó la macrista.

En este sentido, la legisladora goyana solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre las medidas necesarias y que "prime el principio de federalismo a fin de trabajar para que todas las provincias se hallen en igualdad de condiciones y Corrientes deje de ser discriminada entre las provincias del NEA".

"Es fundamental saber establecer prioridades, y en este punto tenemos que destacar que el Proyecto Ejecutivo de las Defensas Definitivas se encuentra finalizado, aprobado y presentado en la Unidad Ejecutora Central dependiente del Ministerio de Obras Públicas, en la Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas de la Nación", detalló sobre una de las obras.

Finalmente, Brambilla sostuvo que "los recursos resultan prioritarios e imprescindibles para toda la comunidad y precisan de acciones en el corto plazo, con la finalidad de atender las situaciones de riesgo hídrico y hacer una ciudad sustentable".

Mientras el Protocolo de Funcionamiento Remoto sigue sin ser renovado -lo cual impide dictaminar o sesionar de manera virtual-, la Cámara de Diputados avanzará este jueves con dos reuniones informativas de comisiones.

A las 11, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que preside Eduardo Valdéz (Frente de Todos) recibirá por videoconferencia al secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus.

También participarán del encuentro la coordinadora general de la Comisión Nacional de Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), Frida Armas Pfirter, y funcionarios y científicos del área.

La reunión tendrá lugar luego de que la Cámara baja sancionara el pasado 5 de agosto la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, y otra ley que establece la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.

Posteriormente, a las 15, la Comisión de Obras Públicas, que conduce la oficialista Magdalena Sierra, escuchará al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien brindará un informe de gestión.