El pedido ya lo habían realizado en enero, pero lo reiteraron a raíz de la excusación de Rodolfo Barra.
En una nota dirigida al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, los diputados nacionales de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto volvieron a reclamar que se aparte del juicio por YPF al subprocurador del Tesoro Andrés De la Cruz.
Los legisladores recordaron que el pasado 18 de enero ya habían solicitado que el funcionario “se abstuviera de intervenir en actuaciones relacionadas con el juicio contra nuestro país llevado adelante por Burford Capital, toda vez que, según había trascendido públicamente, dicho funcionario habría sido abogado de la familia Eskenazi, la cual podría ser beneficiaria del resultado de aquel juicio”.
Ahora, ante la excusación del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra -sobre quien también son críticos-, alertaron que “el subprocurador deberá reemplazarlo y, por tanto, intervendrá directamente en el caso”.
“Frente a los nuevos acontecimientos ocurridos, resulta de suma urgencia reiterarle el pedido realizado el pasado mes de enero y, consecuentemente, solicitarle que requiera al Sr. Subprocurador del Tesoro de la Nación, Dr. Andrés De la Cruz, que se abstenga de intervenir en actuaciones relacionadas con el juicio contra nuestro país llevado adelante por Burford Capital”, señalaron.
López y Oliveto resaltaron que “de acuerdo a lo que ha trascendido públicamente, De la Cruz habría sido abogado de la familia Eskenazi, por lo que advertimos la existencia de un conflicto de intereses que perjudicaría notoriamente la defensa de nuestro país. Insistimos: uno de los funcionarios a cargo de la defensa del Estado argentino -el Dr. De la Cruz- mantendría una estrecha relación con quienes vendieron sus derechos a los actuales demandantes del Estado argentino y que, reiteramos, tendrían un notorio interés en el litigio que llevan adelante contra la Argentina”.
Tras considerar necesaria la intervención de la OA, los cívicos sostuvieron que “es fundamental para la Argentina ejercer una defensa adecuada en aquella causa puesto que, de lo contrario, nuestro Estado será condenado a pagar una enorme suma de dinero, en claro perjuicio de la sociedad argentina que, una vez más, se verá perjudicada por la mala administración y la corrupción de algunos funcionarios públicos y empresarios”.
Es a raíz de la opinión del procurador del Tesoro en torno a la causa por la cual está condenada Cristina Kirchner. El escrito fue presentado por Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic.
La Coalición Cívica, partido referenciado en Elisa Carrió, presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, a cargo de Alejandro Melik, contra el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y reclamó su remoción, a raíz del documento en el que opinó a favor de Cristina Kirchner sobre la causa “Vialidad” por la cual la expresidenta fue condenada a seis años de prisión.
En el escrito, presentado por el diputado nacional Maximiliano Ferraro y la dirigente Mariana Zuvic, se argumenta sobre “la posible existencia de un conflicto de intereses insalvables que atañen a la responsabilidad institucional y actividades privadas del procurador del Tesoro”.
“La continuidad en el cargo del referido funcionario atentaría contra la transparencia institucional del Gobierno, posibilitando la eventual comisión de delitos tipificados en el Código Penal que atentan contra la Administración Pública”, señalaron.
Ferraro y Zuvic recordaron que “hace pocos días, la Cámara Federal de Casación Penal fijó audiencias públicas y presenciales para definir si confirma o revoca la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua impuesta a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de ‘Vialidad’, o si decide agravar ese castigo al entender que corresponde que sea condenada no solo por fraude contra el Estado sino por asociación ilícita, como lo reclama la fiscalía”.
De acuerdo hizo público en su red social X la exvicepresidenta, “el doctor Barra habría actuado como ‘experto legal’ asesorando por cuenta propia (es decir como sujeto de derecho privado) a la señora Fernández en temas vinculados a la mentada causa”. “Es decir que el actual procurador del Tesoro de la Nación emitió una opinión sobre una causa que hoy tramita ante la Cámara de Casación”, agregaron.
En ese sentido, subrayaron que “la opinión experta fue realizada en términos favorables para los intereses de la señora Fernández y, aunque haya sido en su carácter de experto privado, existiría un conflicto de intereses claro e innegable entre dicha opinión y sus actuales funciones públicas como responsable del cuerpo de abogados del Estado argentino, ya que tiene el deber de defender al Estado en los juicios. La pérdida de credibilidad resulta irreparable”.
“El conflicto de intereses se habría configurado, en este caso, porque se representaría una confrontación entre el interés público y los intereses privados del doctor Barra, es decir, cuando este tiene intereses personales que podrían influir indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades”, afirmaron.
En la denuncia, Ferraro y Zuvic se preguntaron: “¿Cómo esperar que el actuar de la Procuraduría del Tesoro de la Nación sea en beneficio de la sociedad si quien debe decidir ya opinó al respecto?”. “Estaríamos frente a un conflicto de intereses potencial de muy alta probabilidad de afectación al orden público y sistema de valores de la sociedad argentina”, agregaron.
El candidato oficialista anunció que estará dispuesto a que la Oficina Anticorrupción “la lidere alguien propuesto y aprobado por el Congreso desde el principal bloque opositor”.
El candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria, Sergio Massa, anticipó este martes que, en caso de obtener el triunfo en el balotaje del próximo domingo 19 de noviembre ante el libertario Javier Milei, impulsará una nueva ley de ética.
Durante su participación en una reunión con referentes de universidades nacionales, ONG e instituciones de la sociedad civil, el candidato del oficialismo señaló que “lo público debe ser más cuidado que lo propio, porque lo propio es de cada uno y lo público es de todos”.
En el encuentro estuvieron Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público; de la Sigen, su titular, Carlos Montero, y la síndica General, Irma Miranda Luciana Carpinacci, directora Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia; Carla Pitiot, referente de la Asociación de Personal de los Organismos de Control (APOC); de la Asociación Civil Doncel, su directora Dana Borzese, y la fundadora, Mariana Incanato, entre otros.
“Queremos encarar una nueva etapa en transparencia y ética política”, afirmó el ministro de Economía, quien además sostuvo que se mostró a favor de que la Oficina Anticorrupción “la lidere alguien propuesto y aprobado por el Congreso desde el principal bloque opositor”.
Del mismo modo, planteó que “queremos tener un Estado eficiente, controlado y transparente, pero sobre todas las cosas que rinda cuentas”. A su vez, agregó: “Me parece central definir un primer concepto, que es que lo público debe ser más cuidado que lo propio, porque lo propio es de cada uno y lo público es de todos”.
También, Sergio Massa expresó que “tenemos que construir esta etapa en la cual ética, integridad, lucha contra la corrupción, el control del gasto y la transparencia, sean parte de nuestra agenda de trabajo en el marco de un gobierno de unidad nacional”.
Con relación a su postura de gobernar, anunció que “la convocatoria a la unidad nacional tiene que construir la participación de los diversos sectores que tienen como agenda principal desde la sociedad civil, desde el sistema universitario”. Así también, afirmó que “desde la política, el tema de integridad, eliminación de privilegios, ética y transparencia como temas centrales”.
Respecto a la nueva ley de ética que impulsará si gana el domingo, Massa definió que “es muy importante porque fija un piso de condiciones mínimas y de requisitos mínimos respecto no solo del conflicto de intereses, sino también del cuidado en materia de transparencia y en materia de eficiencia y control de la cosa pública”.
También, destacó que “el tema transparencia nos obliga a nosotros más que a otras fuerzas políticas porque es uno de los grandes temas que aparece como un pendiente permanente frente a la sociedad”, y añadió que “por eso quiero que la sociedad civil y que la oposición puedan integrarse a controlarnos si tenemos la responsabilidad de gobernar”.
“Muchas veces falta de planificación, falta de acumulación de políticas domésticas y de políticas internacionales por parte del país también es corrupción. Y creo que eso también tiene que ser parte de nuestra agenda del trabajo”, advirtió.
Para terminar, el candidato Sergio Massa señaló: “Quiero encarar una nueva etapa de control, de éxito y transparencia de la política, pero también queremos tener sobre la base de la tecnología disponible un Estado eficiente, transparente, pero sobre todas las cosas que rinda cuentas”.
Así lo manifestó el senador Pablo Blanco criticó a ese organismo por retirarse del rol de querellante en el juicioi que involucra a la vicepresidenta.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un proyecto para expresar su repudio a la resolución adoptada por los organismos de control del Estado, Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera, de retirarse del rol de querellantes y pedir la absolución de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública de modo “injustificado, arbitrario y contradictorio”.
El legislador fueguino expresó que “el plan de impunidad no tiene límites y que estos organismos del Estado son funcionales al gobierno”. Además, solicitó a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera que “se abstengan de seguir utilizando recursos públicos para defensa procesal política”.
A su vez, el senador opositor le solicitó al procurador del Tesoro y a los ministros de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que “se pronuncien públicamente acerca de las decisiones adoptadas por estos organismos, así como sobre los hechos de público conocimiento de vulneración de seguridad de la oficina de custodia de declaraciones juradas del Consejo de la Magistratura de la Nación”.
Para cerrar, Blanco sostuvo que “frente a la actitud pasiva y silenciosa del Poder Ejecutivo Nacional, no podemos tolerar la renuncia a la defensa de los intereses del Estado para desviar fondos públicos y utilizarlos al servicio de los intereses personales y partidarios”. Asimismo, añadió que “a estas alturas, como ciudadanos que no renunciamos a vivir en paz, democracia e independencia, tenemos la obligación de no callar y de acompañar a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para que la justicia y la verdad se impongan”.
“No el amedrentamiento, la intimidación y el hostigamiento, porque está en juego el último bastión y todos podemos perderlo: la libertad”, finalizó el senador fueguino.
El fiscal Guillermo Marijuan solicitó ante el juez Julián Ercolini que se llame a declarar al diputado nacional, en el marco de una denuncia sobre presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este lunes la citación a indagatoria del diputado nacional y exministro del Interior durante el gobierno de Cambiemos Rogelio Frigerio (Pro-Entre Ríos).
La solicitud fue presentada ante el juez federal Julián Ercolini, quien tiene a su cargo un expediente que se inició a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA), que conduce Félix Crous.
En la causa se investiga si el actual legislador, como funcionario público, benefició a una empresa constructora en la que había invertido su dinero personal.
La OA había presentado la denuncia en diciembre pasado por los supuestos delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública, aceptación de dádiva y cohecho”.
El juez Ercolini libró entonces orden de presentación para buscar documentación en las firmas “Koolhaas SA”, “Arcos 2646 SA” y “Mirabilia Inversiones SA”, ubicadas en la misma sede del barrio porteño de Palermo, y encomendó la tarea a la “Unidad Investigativa Contra la Corrupción” de la Policía Federal.
El magistrado había solicitado así la entrega “directa e inmediatamente” a la fiscalía federal 9, a cargo de Marijuan, de la “totalidad de los instrumentos y/o documentos que den cuenta de las inversiones realizadas” por Frigerio en “esas sociedades y/o desarrollos inmobiliarios”.
Según la denuncia, Frigerio habría comprado “de pozo” departamentos a construirse a esas firmas, que fueron beneficiadas con la venta de un terreno fiscal por parte de la AABE, la Agencia de Bienes del Estado, cuando era ministro del Interior.
En su escrito, Marijuan expresó: “Considero que se encuentra reunido el grado de sospecha estipulado por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, motivo por el cual habré de requerir a V.S. que se convoque a prestar declaración indagatoria a Rogelio Frigerio y a Alejandro Oscar Caldarelli”, exsecretario de Provincias.
La reacción de Frigerio
En su cuenta de Twitter, el diputado macrista apuntó sobre la causa: “Una nueva operación del kirchnerismo nos quiere asustar y perseguir con falsas denuncias. No es casualidad que sea anónima y esté impulsada por la Oficina Anticorrupción, ente comandado por La Cámpora. ¡Hasta inventan que un organismo dependía de mí cuando no era así!”.
“No hay ninguna chance que logren amedrentarnos, vamos a seguir trabajando por la Argentina y por la provincia Entre Ríos que queremos y nos merecemos”, agregó.
En octubre pasado se inició el proceso de elaboración participativa sobre un proyecto de reforma integral de la Ley 25.188.
La Oficina Anticorrupción (OA), comandada por Félix Crous, estableció que la presentación de aportes al borrador del proyecto de “Ley de Integridad y Ética Pública” será hasta el próximo 12 de marzo.
Tal decisión se enmarca en el proceso de elaboración participativa del proyecto de reforma de la Ley 25.188, impulsado por la OA en octubre del 2021.
La propuesta se realizó formalmente a través de una resolución firmada por el titular del organismo, quien explicó que considerando que la ley fue sancionada hace 20 años resulta necesario trabajar sobre sus disposiciones, adaptándolas a los nuevos tiempos, fenómenos y a las modernas tecnologías, procurando generar herramientas eficientes para regular la interacción entre el sector público y el sector privado, prevenir violaciones éticas que puedan derivar en hechos de corrupción y transparentar el ejercicio de la función pública.
En ese marco, la OA ya realizó distintos encuentros e instancias de intercambio “con una mirada plural y federal”, se indicó en un comunicado oficial.
Asimismo se recordó que la elaboración participativa de normas “ya fue utilizada con éxito para debatir otros proyectos de ley elaborados por la OA”, y tiene la finalidad de permitir y promover una efectiva participación ciudadana en el proceso de elaboración de reglas administrativas y proyectos de ley para ser presentados por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación.
La semana próxima, el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, y la diputada Fernanda Vallejos se reunirán para definir los ejes principales de la iniciativa, que apunta esencialmente a impedir que funcionarios del Estado tengan cuentas offshore en guaridas fiscales para esconder dinero malhabido o evadir el pago de impuestos.
La diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, y el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, trabajarán en un proyecto para combatir la corrupción offshore. Así lo adelantó Vallejos a través de su cuenta de Twitter horas después de mantener una reunión con Crous.
“Esta mañana leí en El Destape Web que el titular de la OA (Oficina Anticorrupción), Félix Crous, tiene intención de trabajar en un proyecto sobre la misma materia de mi proyecto presentado en 2018 y 2020. Esta tarde me comuniqué con él para trabajar juntos”, relató Vallejos a través de la red social.
La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que se conoció como “Pandora Papers”, basada en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo, desnudó un amplio entramado de empresas y personas físicas que ocultaban activos de origen dudoso en firmas offshore inscriptas en guaridas fiscales, la mayoría de ellos no declarados, con fines de evasión fiscal.
La Argentina, a pesar de que en el contexto económico mundial ocupa el lugar 70 por ingreso per cápita, es el tercer país del mundo con más sujetos que ocultaron activos en empresas offshore.
En este marco, la Oficina Anticorrupción promueve un cambio en la legislación que busca impedir que los funcionarios públicos mantengan posiciones patrimoniales offshore, bajo la forma de sociedades, cuentas o giros patrimoniales en plazas no colaborativas.
La propuesta de la Oficina Anticorrupción prevé reuniones con expertos con el fin de redactar un proyecto final que será elevado al presidente de la Nación y remitido al Congreso de la Nación.
En la misma línea de trabajo, la diputada Vallejos presentó un paquete de proyectos de ley para desalentar la corrupción offshore en el sector público en guaridas fiscales, que ahora analizará junto a Félix Crous.
A saber:
“Celebro su iniciativa (la de Félix Crous) y que, finalmente, nuestras ideas tengan eco en otros ámbitos. Son muchos años de estudio, trabajo y dedicación a un tema que considero de importancia estratégica. A partir de la semana próxima nos pondremos a trabajar con la expectativa de que sea ley”, puntualizó Vallejos.
Convencida de que ese organismo no cumple con su rol de control, la legisladora entrerriana impulsa un proyecto para modificar su norma constitutiva.
La diputada nacional Gabriela Lena (Juntos por el Cambio – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley que modifica la norma que establece la creación y funcionamiento de la Oficina Anticorrupción.
“La Oficina Anticorrupción no ha cumplido con su rol de control y seguimiento del accionar de los gobiernos, principalmente por su falta de independencia con respecto al Poder Ejecutivo. Por eso presenté un proyecto de ley para dotar al organismo de una mayor eficacia para cumplir con su rol”, subrayó la legisladora.
La iniciativa de Lena apunta a jerarquizar la importancia de la Oficina y dictar una Ley Orgánica que la regule. Además, modifica los procesos de selección y designación, así como la duración en el cargo del secretario de la Oficina. “Nuestra propuesta es que el Senado de la Nación participe del proceso dando acuerdo a la designación del titular del organismo, al igual que en la designación de jueces o en los ascensos a diplomáticos y militares. Eso tendrá un impacto favorable en la autonomía de la Oficina para investigar los posibles casos de corrupción del gobierno que esté en ejercicio”, hizo notar la legisladora. Además, se extiende el mandato del funcionario a cargo para que no coincida con el de la gestión que lo designó.
“Nuestra idea es que la Oficina Anticorrupción cumpla con la función para la que fue creada y no se limite a un rol de denunciar e investigar a gestiones anteriores o a pedir declaraciones juradas de los funcionarios. Queremos que cumpla con las demandas de los ciudadanos que exigen honestidad y transparencia en las gestiones”, finalizó Lena.
El titular de la bancada provincial de diputados de JxC consideró “inadmisible” la decisión de disolver la oficina de litigios de la OA.
El jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, apuntó contra la decisión del Gobierno de disolver la oficina de litigios dentro de la Oficina Anticorrupción y dejar de participar como querellante en causas contra funcionarios y exfuncionarios.
“El Gobierno justifica esta medida diciendo que la Oficina Anticorrupción en el gobierno anterior estaba muy enfocada en un rol acusatorio, pero eso es lo que debe ser. Es inadmisible que la Oficina deje de ser querellante en las causas que tienen relevancia institucional, patrimonial y social. Y, además, no puede hacerlo, porque así lo mandan las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, que exigen un organismo especializado, y la propia normativa de creación de la Oficina”, explicó Abad.
“Medidas como estas ponen en cuestionamiento una política de Estado que es la de la lucha contra la corrupción disponiendo de todos los recursos que se tuvieran al alcance para combatirla: ese debe ser el compromiso del Poder Ejecutivo contra la corrupción. Pero ahora desertan de ejercer una parte importante de esa lucha, que es el castigo del delito”, agregó.
“Pareciera ser que la decisión de este gobierno de abandonar las causas en las que la Oficina debería tener un rol activo en la búsqueda de la verdad es una medida por la impunidad. Esto no es un hecho aislado, si tomamos en cuenta la envestida que hay sobre la Procuración, sobre la que están pretendiendo avanzar, y que a partir de este cambio quedaría como el único decisor sobre iniciar e investigar causas de corrupción”, dijo.
El legislador marplatense destacó que la cuestión de fondo “es que el gobierno quiere desarticular las investigaciones en su contra, algo que fue un avance institucional enorme del Estado Argentino que decidió la creación de un organismo específico para ir a fondo contra los delitos de corrupción. Hay 28 causas que involucran a personas cercanas al Gobierno, por eso vuelven a llevarse por delante a las instituciones del Estado”.
Finalmente, Abad concluyó: “Es posible que haya que repensar algunos aspectos de las funciones, roles y acciones de la Oficina Anticorrupción, lo que no se puede admitir es que se retire como querellante de las causas de corrupción con relevancia institucional, y que renuncie a su compromiso con la búsqueda de la verdad en las causas en las que se vio afectado el Estado argentino, cuyos intereses están por encima de cualquier gobierno”.
Diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron la decisión de la Oficina Anticorrupción, que enmarcan dentro de “un plan general para lograr la impunidad” de los exfuncionarios K.
La diputada nacional por Confianza Pública Graciela Ocaña presentó junto a diputados de Juntos por el Cambio un proyecto de declaración para expresar su más enérgico repudio a la decisión del titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, quien dispuso que el organismo dejará de constituirse como querellante en las causas penales donde se investigan hechos de corrupción.
Acompañado por los diputados Pablo Torello, Carmen Polledo, Ignacio Torres, Mónica Frade, Hernán Berisso, Victoria Morales Gorleri, Julio Sahad, María de las Mercedes Joury, Alberto Asseff, Dina Rezinovsky y Marcelo Orrego; el escrito señala que “la Oficina Anticorrupción ha venido restringiendo sus acciones desde hace ya varios meses, dejando al descubierto que las intenciones del gobierno de turno no son precisamente enfrentar a los corruptos sino todo lo contrario, generando que este organismo fuera perdiendo peso institucional desde la asunción del actual Presidente de la Nación”.
En ese sentido, Ocaña recordó que “Félix Crous es uno de los miembros fundadores de la agrupación kirchnerista ‘Justicia Legitima’, con lo cual no hay que indagar demasiado para corroborar que sus intenciones son proteger a la vicepresidenta” y agregó que “ya en mayo he denunciado al titular de la OA por desistir de la querella en las causas Hotesur y Los Sauces, nombres de origen de los proyectos inmobiliarios y hoteleros de la familia de la vicepresidenta”.
“Esta decisión de retirar la querella, siendo que ambos procesos se encontraban en medio de la realización del debate oral donde la expresidenta y actual vicepresidenta se encontraba en el banquillo de los acusados, no solo generó graves sospechas de la vinculación directa entre los imputados y el doctor Crous, sino que dejaron al descubierto la existencia de un plan general para lograr la impunidad de estos funcionarios”, aseveró la legisladora nacional.
Finalmente, Ocaña analizó que “si quitamos la participación en las causas penales como querellante, estamos eliminando una de las principales tareas que lleva a cabo la Oficina Anticorrupción, lo cual desnaturaliza su existencia en el contexto actual”.
5592-D-2020El jefe de Juntos por el Cambio en la Cámara baja cuestionó la decisión del Gobierno nacional de “desguazar” parte de la Oficina Anticorrupción y alertó: “Somos top ten en pobreza, en muertos por millón de habitantes, en inflación”.
Irónico, el titular del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, advirtió este miércoles que “la Oficina Anticorrupción va viento en popa para debilitar cualquier cosa que permita hacer justicia con el pasado. Creo que se levantan a la mañana y lo único que hacen hasta la noche (en el Gobierno nacional) es pensar una ingeniería que termine con el pasado en la Justicia. Están haciendo uso del Estado de manera grotesca, pensando que la gente se chupa el dedo”.
“La excusa es falta de empleados, pero los que están vaciando la OA son ellos”, agregó Negri. “Es cierto que el Ministerio Público Fiscal es quien va por la investigación, pero la OA colabora de manera activa. Así pasó para con Ricardo Jaime para llegar a una condena, así pasó con Lopecito (José López)”.
Entrevistado por radio Rivadavia, Negri señaló que “Argentina es el único país del mundo en el que la Justicia funcionó a media máquina durante la pandemia y en el único momento en el que se activó fue para liberar presos”.
Agregó que “el presidente (Alberto Fernández) lo único que ha hecho es subir la agenda privada de la situación judicial de la expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) para convertirla en agenda pública. Eso ha contribuido a la falta de credibilidad, a la tensión social, que la gente vaya a la calle”.
Respecto de la situación económica, Negri señaló que “el presidente zarpó en un barco que ahora está sin rumbo en altamar. Podés tener dificultades, pero tenés que tener rumbo. Te podés volver al puerto del que zarpaste sin tirar a nadie en el agua o podés seguís adelante. Todos supimos que Alberto Fernández quería ser presidente cuando Cristina lo eligió, lo que no sabemos hoy es adonde quiere ir”.
“Somos top ten en pobreza, en muertos por millón de habitantes, en inflación. Ya superamos el déficit fiscal que Cristina le dejó a Macri. Es cierto que una parte puede ser por la pandemia, pero la pandemia no es un programa de gobierno. Hoy vemos que desaparecieron los científicos, no hay más filminas los viernes. Además, ahora hay que explicar que hacemos las cosas mal hasta en los conteos. El presidente está a tiempo de hacer mejor las cosas, pero tiene que escuchar”, se quejó el jefe del interbloque JxC en Diputados.
“Ellos creen que a la grieta hay que mantenerla viva porque de eso se alimentan. El Gobierno no advierte la fatiga social y el nivel de tensión que hay en la Argentina y están echando más nafta”, agregó.
Con relación a la creación de NODIO, Negri dijo que “es una parafernalia. En otros países el trabajo que hacen ONGs, las cuales buscan chequear la verdad, que no haya un nivel de agravios que deteriore el debate público, acá vemos que lo quiere hacer el Estado. Y esto en el acto hace que se convierta en una herramienta para decirle a los periodistas “guarda con lo que dicen”, para que se autocensuren. El Gobierno debería cerrar el observatorio NODIO”.
El diputado nacional por la UCR propone debatir un proyecto de ley de su autoría que le brinda a la oficina más independencia del gobierno de turno y más profesionalización.
La noticia de que la Oficina Anticorrupción (OA), organismo que depende del Poder Ejecutivo, ya no intervendrá como querellante en las causas penales que investigan a funcionarios y exfuncionarios públicos despertó un abanico de críticas desde la oposición. El titular de la entidad, Félix Crous, firmó una resolución a través de la cual disolvió la oficina que se ocupaba de los litigios y ordenó la reasignación de todo su personal.
Frente a esta decisión el diputado nacional por la UCR Facundo Suárez Lastra llamó a que las funciones de la OA se debatan en el Congreso y que se dé tratamiento a un Proyecto de Ley de su autoría que busca fortalecer y garantizar la independencia y profesionalización del organismo.
“Está claro que las funciones de la OA necesitan ser revisadas. Pero cerrar oficinas y reasignar personal de manera arbitraria no es el camino. Nos debemos un debate profundo en el Congreso para formular un organismo potente que encuentre la manera de luchar verdaderamente contra la corrupción”, aseguró Suárez Lastra.
En su proyecto de ley propone, entre otras cosas, que la OA sea constituido como un ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Y, establece que la designación del Titular será realizada por la Presidencia de la Nación, con un mandato de cuatro años, pero el candidato deberá ser propuesto por el bloque partidario de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso de la Nación.
“Necesitamos replantear la naturaleza jurídica de la OA para fortalecer los lineamientos democráticos que su creación persiguió originalmente. No podemos permitir que deje de estar dentro del ámbito de su competencia la posibilidad de ser querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado”, concluyó Suárez Lastra.
Desde Juntos por el Cambio salieron al cruce de la decisión del organismo que conduce Félix Crous de no participar en causas que incluya a funcionarios y exfuncionarios.
Legisladores de Juntos por el Cambio rechazaron este martes la decisión de la Oficina Anticorrupción de dejar de ser querellante en todas las causas penales, lo que incluye aquellas contra funcionarios y ex funcionarios.
El presidente del bloque UCR, Mario Negri afirmó: “En vez de gastar millones en #NODIO para perseguir la libertad de expresión, propongo giren esos fondos a la #OficinaAnticorrupción y que ésta no desista de cumplir su rol de defensa del patrimonio del Estado frente a la corrupción. El Gobierno busca excusas para la impunidad”.
“Vergonzosa decisión de la Oficina Anticorrupción de no intervenir en las causas que investigan a funcionarios y exfuncionarios. Vía libre a la impunidad…”, tuiteó por su parte el titular del interbloque JxC del Senado, Luis Naidenoff.
El presidente del radicalismo, el diputado Alfredo Cornejo, titular de la UCR nacional, destacó: “Que la @OA_Argentina deje de ser querellante en las causas de corrupción en un gobierno kirchnerista no debería asombrarnos”.
“Impunidad para todos”, resumió desde la Coalición Cívica Mariana Zuvic, en tanto que el diputado Álvaro De Lamadrid, señaló: “La Oficina Anticorrupción deja querellas en causas penales por falta de personal. La utilización de infinitos mecanismos y absurdas falsas excusas por parte del Gobierno para consagrar la impunidad de CFK es proporcional a la inapelable evidencia de las pruebas de su corrupción”.
La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, repudió la decisión de la Oficina Anticorrupción y señaló que “es vergonzoso que usen como excusa que no tienen personal”. En ese sentido, Ocaña apuntó contra su titular, Félix Crous y aseguró que “su objetivo es la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y la de sus seguidores. Esperamos no enterarnos que el Presidente tampoco estaba en conocimiento de esto como la vez anterior en las causas Hotesur y Los Sauces”.
Asimismo, la legisladora nacional presentará un proyecto de declaración en la Cámara baja en el que repudia la decisión de la OA de desistir de ser querellante en las causas en las que se investigan hechos de corrupción debido a una falta de “personal y recursos”.
Ocaña ya había presentado en mayo pasado una petición a través de la plataforma Change, que fue acompañada por más de 230 mil personas, para que el Presidente Alberto Fernández no consagre la impunidad de la corrupción contra Cristina Kirchner, debido a que la OA había retirado las querellas en las causas Hotesur y Los Sauces.
Por su parte, Luis Petri dijo: “Se llama absolución por Retardo de Justicia, ese es el plan B. Juegan al paso del tiempo e invocar el retardo de justicia en las causas de corrupción. No quieren que nadie las impulse y a los que las investigan le sacan la mitad de la estructura”.
“La OA, por orden del presidente, se está retirando de las causas que investigan a CFK para consagrar su impunidad. Dicen que no tienen recursos para hacer su trabajo y entonces ¿para qué sirve? Proteger delincuentes genera un clima de violencia. Nadie podrá con nuestra memoria”, expresó por su lado la diputada Paula Oliveto.
Finalmente, Gonzalo Del Cerro expresó: “Consagran la impunidad El “Plan de Salvataje K” para los corruptos no se detiene La Oficina Anticorrupción disolvió su oficina de Litigios y no intervendrá en las causas contra funcionarios y ex funcionarios Se suma al amedrentamiento y remoción de jueces que los investigan”.
Se trata de un proyecto de Santiago Roberto (FdT) a través del cual se promueve un organismo con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera para garantizar la transparencia del Gobierno de la Ciudad.
Al igual que lo hizo algunos años atrás, el diputado del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto volvió a presentar en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual busca crear una “Oficina Anticorrupción” en el distrito capitalino, a fin de garantizar una mayor transparencia en la gestión.
Dicha oficina funcionará como un organismo con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera encargado de promover la ética y la transparencia en la gestión de lo público, velando por la aplicación de la Ley N° 4895 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Además, deberá prevenir e investigar las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
De esta manera el organismo podrá recibir denuncias que hicieran particulares, funcionarios y empleados públicos; investigar preliminarmente, de oficio o por denuncia, los hechos que pudieren configurar presunto enriquecimiento ilícito o irregularidades en el manejo de los fondos reservados por los funcionarios públicos; recomendar la suspensión preventiva de los agentes denunciados, cuando su permanencia en el cargo o en las funciones pudiera resultar contraproducente a los fines de la investigación; entre otras cuestiones.
A su vez, la medida dispone que la oficina este cargo de un Secretario de Transparencia y Anticorrupción designado por la Legislatura de la Ciudad, a propuesta de la primera minoría opositora. Podrá ejercer el cargo por cinco años, con la posibilidad de ser electo por una única vez.
La Oficina Anticorrupción estará compuesta por: la Subsecretaría de Investigaciones -cuya función principal es llevar adelante las investigaciones de posibles irregularidades o hechos ilícito y colaborar en la recuperación de activos de la corrupción- y la Subsecretaría de Planificación de Políticas de Transparencia -responsable de identificar, analizar e investigar las causas que dan lugar a hechos de corrupción-.
Al respecto de ese proyecto, Roberto remarcó que “la Ciudad necesita de mecanismos institucionales y normas que regulen el comportamiento de las y los funcionarios y las y los empleados de la administración pública con el objetivo de garantizar transparencia y cuidar los intereses públicos” y destacó “la importancia de que el nuevo organismo cuente con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera”.
“Llevan 13 años gobernando la Ciudad y nunca quisieron debatir un proyecto que garantice transparencia y control de los recursos. Consideramos que es urgente la aprobación de esta Ley para contribuir a ponerle fin a este flagelo que degrada la política como herramienta de transformación”, sentenció.
Al responder a Juntos por el Cambio, defendió el proyecto enviado este jueves al Congreso y apuntó al macrismo por el blanqueo de capitales. También habló sobre la Oficina Anticorrupción.
Al responder distintas preguntas del interbloque Juntos por el Cambio, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, defendió la reforma judicial y negó que la moratoria sea “un traje a medida” de OIL Combustibles, a la vez que habló de la crisis en Venezuela y del rol de la Oficina Anticorrupción.
En primer lugar, Cafiero le contestó a Jorge Enriquez (Pro), quien se preguntó “por qué no continúan implementando el Código Procesal Penal que inaugura el sistema acusatorio” en lugar de impulsar una reforma judicial.
“La reforma procesal penal la frenó el macrismo en 2015 y se fue sin hacerla”, retrucó Cafiero, y aseguró que la iniciativa que el Ejecutivo envió al Senado “apunta a acercar y hacer más accesible la Justicia a los ciudadanos que así lo reclaman”, a través de un nuevo fuero federal penal.
Por otra parte, el funcionario respondió a un interrogante de Graciela Ocaña (Confianza Pública) sobre la decisión de la Oficina Anticorrupción (OA), presidida por Félix Crous, de retirarse de la querella en causas de corrupción que afectan a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Cafiero sostuvo que la OA “no debió ser querellante” porque “el Ministerio Público Fiscal ya era querellante”, lo que derivaba en una “sobre-representación”.
Además, informó que en la anterior gestión, la OA, entonces encabezada por Laura Alonso, “desistió de 44 querellas”, y observó que este organismo “debería cumplir un rol preventivo de transparencia que no se cumplió”.
Por el contrario, destacó que este gobierno le otorgó “mayores herramientas de autonomía”. “No tuvimos que cambiar la normativa para poder designar a Félix Crous, un fiscal probo con un currículum que no necesita nuestra defensa”.
El jefe de Gabinete cargó nuevamente contra Alonso: “En esos lugares no tiene que ir alguien que esté enamorado del presidente, sino alguien que haga bien su tarea”.
En otro orden, se refirió a la moratoria universal y a la advertencia de Juntos por el Cambio acerca de que es “un traje a medida” de OIL Combustibles, la empresa en quiebra de Cristóbal López y Fabián De Souza.
“Me suena mucho más un traje a medida cuando se votó en este Congreso una ley de blanqueo de capitales con el compromiso de que no sea utilizado para familiares de funcionarios y el mismo presidente lo modificó con decreto. Ahí la institucionalidad parece que falló”, redobló la apuesta Cafiero.
Respecto de otra cuestión planteada por Juan Manuel López (Coalición Cívica) sobre la posibilidad de presentar declaraciones juradas de intereses y el presunto vínculo del presidente Alberto Fernández con el Grupo Indalo, señaló que “hoy todos los funcionarios presentan su declaración jurada”.
“La verdad es que el gobierno anterior estuvo plagado de conflictos de intereses”, recordó.
Por último, sobre la situación de Venezuela, opinó que “el camino apropiado para salir de la crisis está en manos de los propios venezolanos, que este año tienen elecciones y no necesitan que desde acá les digamos lo que tienen que hacer”.
Cafiero dijo esperar que las elecciones sean “independientes” y “se desarrollen con total paz”. “Nadie está ajeno a la crisis en Venezuela, pero que nos arroguemos nosotros la potestad de definir el destino de los venezolanos es una arrogancia que no nos corresponde”, repitió.
Finalmente, sentenció que “Argentina no va a promover ningún golpe de Estado ni a reconocer gobiernos auto-asignados”.
Graciela Ocaña insiste para que la Oficina Anticorrupción continúe la querella contra Cristina Kirchner por las causas Hotesur y Los Sauces.
La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña advirtió que “no queremos impunidad para nadie”, al conocerse que el fiscal Carlos Stornelli imputó al titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, quien se había retirado como querellante en las causas Hotesur y Los Sauces contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
A raíz de la decisión de la OA de renunciar a la querella, la dirigente de Confianza Pública impulsa un petitorio en la plataforma Change para que “el presidente Alberto Fernández no consagre la impunidad de la corrupción de Cristina Kirchner”, que ya reúne más de 210 mil firmas y puede consultarse en www.change.org/noalaimpunidad.
Ocaña señaló además que la decisión de la OA “es parte de una serie de operaciones para lograr la impunidad de Cristina Kirchner”, y agregó que “en las últimas semanas ha habido un avance fenomenal para tratar que no haya juicios por corrupción”.
La petición tiene el objetivo de “reclamarle al presidente para que se vuelva atrás en esta decisión de la OA de mirar para otro lado en estas causas”, afirmó la legisladora nacional.
Ocaña había acompañado la denuncia penal contra Crous junto a un grupo de diputados de Juntos por el Cambio por haber “faltado a las obligaciones de su cargo, con el único y evidente objeto de beneficiar a los allí imputados”, según indica el escrito presentado y añade que el titular de la OA “ha perjudicado deliberadamente la causa que le ha sido confiada, incurriendo en el delito de prevaricato”.
Paula Oliveto, Marcela Campagnoli y Mónica Frade acusaron al titular de la Oficina Anticorrupción por los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y encubrimiento”.
Las diputadas nacionales de la Coalición Cívica Paula Oliveto, Marcela Campagnoli y Mónica Frade denunciaron penalmente al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, a raíz de la decisión del organismo de retirarse como querella en las causas Hotesur y Los Sauces, que tienen como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos.
Las legisladoras sumaron así una nueva presentación ante la Justicia, ya que la semana pasada un grupo de diputados del Pro y la abogada Silvina Martínez -quien junto a la exdiputada Margarita Stolbizer impulsaron las causas- habían hecho lo propio.
Las diputadas de la CC-ARI pidieron que se lo investigue a Crous por los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”.
En el escrito, señalaron que en las causas Hotesur y Los Sauces -elevadas a juicio oral, pero sin fecha de inicio-, “se encuentran imputados la vicepresidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández y sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, éste último actual diputado nacional” y esto “que debería ser un dato irrelevante en el marco de un actuar independiente e imparcial, es la centralidad motivadora del actuar del funcionario Crous”, consideraron.
Oliveto, Campagnoli y Frade sostuvieron que “la decisión adoptada -como acción dolosa- desanda lo que el mismo organismo impulsó de origen. Tanto en la causa Vialidad, como en la causa ‘La Ruta del Dinero K’, la Oficina Anticorrupción es querellante. Ambas constituyen los prólogos que terminan confluyendo en las causas en las que desistió”.
“La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal sostuvo – durante mucho tiempo- que era necesario hacer un único y gran juicio. De hecho, se intentó unificar los procesos en Tribunal Oral, circunstancia que no pudo lograrse por reparos judiciales. También allí hay actos propios de la OA”, continuaron.
En ese sentido, las diputadas indicaron que “la decisión de no seguir en Hotesur o en Los Sauces sería contradictoria con continuar el rol en la Ruta del Dinero K”.
“La Oficina Anticorrupción permanece allí porque hay una misma y única maniobra delictiva -se sostuvo-. De esto deriva la clara violación de un acto propio de la Administración. En dos expedientes requirió elevación a juicio y, ahora, sin que haya otra variante más que, un cambio de gobierno, decide abandonar la acusación. O sea, la misma oficina, decidió no sostener su propia teoría y actuar en otra causa”, completaron.
La diputada nacional informó que más de 130 mil personas firmaron petición “para que el presidente no consagre impunidad a Cristina Fernández”.
Más de 130 mil personas ya firmaron la petición en la plataforma Change, impulsada por la diputada Graciela Ocaña, para que el presidente Alberto Fernández “no otorgue impunidad” a Cristina Kirchner, debido a que la Oficina Anticorrupción (OA) renunció a la querella de la Vicepresidenta por las causas de Hotesur y Los Sauces.
La legisladora nacional de Juntos por el Cambio advirtió que la decisión de la OA “es parte de una serie de operaciones para lograr la impunidad de Cristina Kirchner”, y agregó que “en las últimas semanas ha habido un avance fenomenal para tratar que no haya juicios por corrupción”.
La petición, que sigue sumando adhesiones, puede consultarse en el sitio Change.org, y tiene el objetivo de “reclamarle al presidente para que se vuelva atrás en esta decisión de la OA de mirar para otro lado en estas causas”, sostuvo Ocaña.
En ese sentido, señaló que “en el caso de Los Sauces y Hotesur estamos hablando de enormes sumas de dinero que circularon desde los presupuestos del Estado hacia las empresas de Lázaro Báez y luego a los bolsillos de Cristina Kirchner y de su familia a través de la contratación de sus hoteles”.
Cabe destacar que la Oficina Anticorrupción depende funcionalmente de Presidencia de la Nación a partir de un decreto de diciembre pasado.
Un grupo de legisladores de la oposición acusaron al titular de la OA de haber cometido el delito de prevaricato, luego que el organismo se retirara como querella de dos causas clave contra la familia Kirchner.
Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio denunciaron penalmente este viernes a Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción, luego de la decisión del organismo de retirarse como querella en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, donde Cristina Kirchner y sus hijos están acusados por lavado de dinero.
Los legisladores Jorge Ricardo Enríquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Álvaro de Lamadrid, entre otros, acusaron al exfiscal por el delito de prevaricato y solicitaron que “se provea la prueba sugerida, se cite al imputado a prestar declaración indagatoria, se lo procese, y oportunamente se eleve la causa a juicio y se lo condene”.
“El doctor Crous ha faltado a las obligaciones de su cargo, con el único y evidente objeto de beneficiar a los allí imputados”, sostuvieron en el escrito, además de enfatizar que “por el cargo que ejerce y las atribuciones asignadas, tiene el mandato de promover la persecución y represión de los autores de los delitos de corrupción”.
Crous “ha perjudicado deliberadamente la causa que le ha sido confiada, incurriendo en el delito de prevaricato”, consideraron y señalaron “el daño que le causa a un caso penal que sea el propio Estado -particular damnificado por el delito investigado-, quien desiste de seguir impulsando una causa que lo tiene como víctima, sobre todo con la cantidad de investigaciones relevantes que han continuado con el ejercicio de la acción por impulso de la querella”.
Firmas en Change.org
En tanto, la legisladora Graciela Ocaña impulsó una iniciativa a través de la plataforma Change.org para que el presidente Alberto Fernández “no consagre la impunidad de la corrupción de Cristina Kirchner”.
Según comunicó la macrista, el pedido “ya lleva más de 50 mil firmas en pocas horas” y apoyaron la solicitud los diputados Cristian Ritondo, Pablo Torello, María Luján Rey, Jorge Enríquez, Carmen Polledo, Soher El Sukaria, Fernando Iglesias, Virgnia Cornejo, Alicia Fregonese, Ignacio Torres, María de las Mercedes Joury y Julio Sahad.
También los senadores provinciales Claudia Rucci y Roberto Costa; y los diputados provinciales Alex Campbell y Susana Lazzari.
Al respecto, Ocaña expresó: “Sentimos indignación porque la injusticia quiere consagrarse en Argentina. Parte de la sociedad no votó a Alberto para darle impunidad a Cristina”.
La petición manifiesta que el objetivo es que “no se avasallen a las instituciones, a nuestra Justicia. Los argentinos no queremos que reine la impunidad en tiempos de pandemia”.
Asimismo, los legisladores nacionales coinciden en que “lo que sucedió con la decisión de retirar las querellas por parte de la Oficina Anticorrupción en las causas ‘Hotesur’ y ‘Los Sauces’, donde se encuentran implicados Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, demuestra la magnitud de la impunidad. Es un hecho grave”.
El titular de la UCR y diputado nacional consideró que “el proyecto” de la vicepresidenta “va prosperando mes a mes”, en referencia al retiro de la OA como querellante de las causas Hotesur y Los Sauces.
El diputado nacional Alfredo Cornejo se refirió este viernes a la decisión de la Oficina Anticorrupción de retirarse como parte acusadora en las causas Hotesur y Los Sauces y consideró: “Estamos viendo que finalmente se impone lo que dice Cristina (Fernández de Kirchner) y que Alberto (Fernández) está muy contento con Cristina como comisario político de esta gestión”.
En declaraciones a radio Continental, el titular de la UCR sostuvo que “Cristina llevó adelante una estrategia que resultó ser efectiva para el peronismo y para el Frente de Todos, que fue poner a Alberto Fernández presidente”.
“Yo creo que más de uno de nosotros nos hemos entusiasmado con que Alberto Fernández sea diametralmente distinto a Cristina, que deje de condenar a la Justicia y funcione como una estadista. Y la verdad que Alberto no es así; el proyecto de Cristina va prosperando mes tras mes“, continuó.
Para el mendocino, “es un símbolo muy fuerte que el Estado deje de ser querellante, a través de OA, en dos causas emblemáticas de la década kirchnerista, que vinculan a la familia de Cristina Kirchner”. “Se nos está diciendo a todos los argentinos ‘a Cristina no se la investiga más'”, añadió.
Cornejo opinó que, en este caso, el Gobierno “no puede decir, como lo hizo con la liberación de los presos, ‘es la Justicia independiente'” y, en ese sentido, afirmó un “exactamente” cuando fue consultado si cree que la OA no es independiente.
El exgobernador reflexionó que en Argentina la Justicia y “sus principales jueces” ven “lo que hace el poder político”. “Está mal, pero ha sido así en útimos 20 años. Quien está en el poder y detenta el poder da señales. Esta es una señal muy fuerte a los jueces que investigan a Cristina”, resaltó.
Finalmente, el legislador señaló que “sería bueno” que la OA fuera dirigida por la oposición “y que tuviera independencia económica absoluta para investigar”.
Es para saber “por qué le hace semejante favor a Cristina Kirchner” dejando de ser querellante en dos causas clave contra la vicepresidenta.
Diputados de la Coalición Cívica anunciaron que presentarán un proyecto de resolución para convocar al Congreso al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, para que esclarezca la decisión de renunciar a ser querellante en dos importantes causas judiciales contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El bloque presidido por Maximiliano Ferraro solicitará citar a Crous a la Comisión de Justicia de la Cámara baja, que preside Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), para que informe sobre “los motivos que llevaron al organismo a su cargo a desistir del rol de querellante en las causas 11352/2014 y 3732/2016, conocidas como Hotesur y Los Sauces, que tramitan ante el Tribunal Oral en la Criminal Federal Nro. 5”.
“Queremos saber por qué le hace semejante favor a la vicepresidenta Cristina Kirchner”, cuestionó el diputado Juan Manuel López.
Por su parte, Graciela Ocaña (Pro) también criticó la decisión de la OA y advirtió que “garantizar la impunidad es el peor mal que se le puede hacer a nuestra sociedad”. “Cualquier paso atrás en la búsqueda de la verdad y la justicia en causas de corrupción como estas implica un desmedro a nuestra democracia”, sostuvo.
Ocaña expresó además su “temor respecto a la utilización de la pandemia vigente para intentar ocultar este tipo de resoluciones dado que todos los poderes, los medios de comunicación y la sociedad se encuentran atendiendo a los aconteceres producidos por el Covid-19″.
“El fenómeno de la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”, sentenció la legisladora del Pro.
Legisladores de Juntos por el Cambio se manifestaron luego que se conociera que el organismo se retira como querella de las causas Hotesur y Los Sauces, contra Cristia Kirchner y sus hijos.
Legisladores de Juntos por el Cambio criticaron duramente al Gobierno luego de que se conociera que la Oficina Anticorrupción dejará de ser querellante en las causas Hotesur y Los Sauces, que tienen como principales acusados a la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, por presunto lavado de dinero.
El titular de la UCR Nacional y diputado Alfredo Cornejo consideró que esta decisión “consagra la impunidad para @CFKArgentina. El pacto para conformar el Frente de Todos incluía que las causas de corrupción de la era kirchnerista que investigaba la Justicia sean desestimadas. Hoy los hechos nos dan la razón”.
“La #ArgentinaImpune que no vamos a permitir. Una #verguenza querer aprovechar la #cuarentena y la #pandemia para escapar a la rendición de cuentas”, escribió por su parte el senador Esteban Bullrich (Pro).
En tanto, el diputado macrista Fernando Iglesias lanzó que “NO SE VOTA A LADRONES porque después pasa esto. #jeñosdelvoto”. Mientras que su par Waldo Wolff ironizó: “‘Te dí mis votos, destruime la República. Se llama auto indulto y se pronuncia Alberto Fernández de Kirchner'”.
La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña repudió hoy la renuncia de la Oficina Anticorrupción a ser querellante contra Cristina Fernández de Kirchner y advirtió que “garantizar la impunidad es el peor mal que se le puede hacer a nuestra sociedad”. Asimismo, agregó que “cualquier paso atrás en la búsqueda de la Verdad y la Justicia en causas de corrupción como estas implica un desmedro a nuestra democracia”.
En ese sentido, expresó además que “nuestro temor respecto a la utilización de la pandemia vigente para intentar ocultar este tipo de resoluciones dado que todos los poderes, los medios de comunicación y la sociedad se encuentran atendiendo a los aconteceres producidos por el Covid-19″.
“La Oficina Anticorrupción del gobierno se retira de la acusación de la causa Hotesur y Los Sauces. Esto es una medida más para lograr la impunidad”, dijo la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, y anticipó que realizarán “las presentaciones necesarias para que se sancione políticamente a quienes incumplen con su deber de funcionario”.
También desde la CC-ARI, Juan Manuel López recordó: “Hace meses previendo que podía pasar presenté un proyecto de ley para que el Estado no pueda desistir de las querellas en casos graves. Para que no se caigan las causas. Meses después el Presidente le empieza a cumplir la impunidad prometida a Cristina”.
“No somos todos lo mismo. Muchos argentinos buscamos la verdad, otros garantizan la impunidad. No aflojemos: defendamos la libertad, la justicia y la República. Y en 2021 votemos por la verdad”, fue el mensaje de Laura Alonso, extitular de la OA, quien durante la gestión de Mauricio Macri dio un fuerte impulso a las causas.
“Para el Gobierno la impunidad de Cristina Kirchner es una política de Estado. Desmontar, cerrar las causas y que no se la pueda volver a investigar. Hacer de la Justicia como en Santa Cruz un ámbito servil y domesticado al poder”, afirmó el diputado radical Álvaro de Lamadrid, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior.
Por su parte, Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que “la Oficina Anticorrupción desistió de la querella en las causas que involucran a CFK sin dar ningún fundamento. En la semana de los ‘superpoderes’, se suma esta novedad que genera las peores expectativas sobre el proyecto de reforma judicial”.
En el mismo sentido, el mendocino Luis Petri sostuvo: “La peor de las pandemias, la de la corrupción enquistada en el poder, sigue viralizándose y parece no tener cura en el país. La Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante en las causas de Hotesur y Los Sauces”.
Por su parte, el diputado radical Gonzalo Del Cerro (Santa Fe) destacó que “dejar de investigar a Cristina por corrupción es una decisión política del presidente Alberto Fernández. Por eso pusieron como titular de la Oficina Anticorrupción al fundador de organización kirchnerista Justicia Legítima, Félix Crous. No a la impunidad de CFK”.
“Esto genera indignación e impotencia. La autoamnistía es el peor camino para construir una sociedad con valores. Liberan presos, se auto indultan de causas judiciales y se otorgan facultades legislativas. Es una brutal concentración del poder”, concluyó Ricardo Buryaile (Formosa).
Se trata de dos casos que tienen a la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus dos hijos acusados por lavado de dinero. El juicio, a cargo del TOF 5, todavía no tiene fecha de inicio.
La Oficina Anticorrupción, que conduce el exfiscal Félix Crous, comunicó que el organismo se retira como parte acusadora del juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo Kirchner -jefe del bloque FdT en Diputados- y Florencia Kirchner, por las causas Hotesur y Los Sauces, donde se encuentran acusados por presunto lavado de dinero.
La OA presentó la decisión ante el Tribunal Oral Federal N°5, que será el encargado de juzgar ambos casos. Exactamente hace un año atrás, la Cámara Federal de Casación Penal había resuelto unificarlos en un solo tribunal. Sin embargo, todavía no tienen fecha el inicio de las audiencias orales.
De esta manera, por el momento solo permanecen como querellantes la fiscalía y la Unidad de Información Financiera, que ahora está a cargo del abogado Carlos Cruz.
Según fundamentó el organismo sobre su retiro, las causas “ya se encuentran elevadas a juicio”, en etapa de instrucción, “y a la espera del inicio del correspondiente debate oral y público”.
Para la nueva conducción de la OA, el impulso de la acción penal “se encuentra adecuadamente garantizado por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero, que actúa en carácter de querellante estatal, como así también por el propio Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal pública en representación del interés general de la sociedad”.
“Es la propia UIF el organismo con autonomía y autarquía financiera a cargo del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos de origen ilícito, hipótesis delictiva que, precisamente, se ventila en las causas aludidas”, se agregó en los escritos presentados.
Pero además, el ente alegó que requiere de recursos humanos para poder querellar en otros expedientes que describe como “más complejos” y con “más actualidad”.
Durante la gestión de Mauricio Macri, la OA, a cargo de Laura Alonso, había sido el organismo que más impulsó estas causas. Por eso, la decisión representa un fuerte impacto político.
En las causas “Hotesur” y “Los Sauces” se investigan presuntos delitos en el alquiler de propiedades y plazas hoteleras de la familia Kirchner a empresarios beneficiados con obra y contrataciones públicas, como Lázaro Báez y Cristóbal López, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
