La exlibertaria Marcela Pagano se subió a la ola de críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien viajó a la gira oficial en Estados Unidos en el avión presidencial junto a su esposa. Incluso, la diputada nacional presentó una denuncia contra el funcionario por este hecho, y más tarde sumó otra presentación por el vuelo privado que Adorni realizó a Punta del Este el mes pasado.

Entre uno de sus primeros posteos contra el ministro coordinador, Pagano compartió en la red social X unas extensas líneas junto a un foto que, a simple vista, se observaba trucada.

Tal publicación fue rechazada este jueves por la cuenta Oficina de Respuesta Oficial, creada por el Gobierno para desmentir información que considera falsa o salir a señalar opiniones opositoras.

"FALSO. LAMENTABLE OPERETA DE UNA DIPUTADA NACIONAL", se titula el posteo de la Oficina, y señala que Pagano "compartió una imagen falsa creada burda y evidentemente con inteligencia artificial para montar una operación mediática contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni".

Asimismo, sostiene que "mientras algunos se dedican a fabricar escándalos artificiales, el Gobierno Nacional está trabajando para volver a poner a la Argentina en el foco de los inversores mundiales, después de décadas de aislamiento kirchnerista".

"La realidad es muy distinta a la que intentan instalar: Argentina Week fue un éxito rotundo. El mayor evento de inversiones de la historia de nuestro país, donde Argentina volvió a mostrarse al mundo como un país abierto, con reglas claras y con un rumbo económico serio. Esto es lo que realmente les molesta", consideraron desde el canal oficial.

Y agregaron: "Mientras inventan imágenes falsas que no ocurrieron, el Gobierno Nacional está llevando adelante una tarea titánica: dejar atrás décadas de fracaso y de destrucción económica".

"Nada ni nadie va a desviar al Gobierno del Presidente Javier Milei de su objetivo: HACER DE LA ARGENTINA EL PAÍS MÁS LIBRE DEL MUNDO", completaron en la publicación contra la legisladora, enfrentada duramente con el oficialismo del que fue parte en los comienzos.

FALSO. LAMENTABLE OPERETA DE UNA DIPUTADA NACIONAL.

La Diputada Nacional Marcela Pagano compartió una imagen falsa creada burda y evidentemente con inteligencia artificial para montar una operación mediática contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Mientras algunos se dedican… https://t.co/bmpXO2jhbF

— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 12, 2026

Está claro que este gobierno tiene una tendencia a autogenerarse perjuicios. Tan es así que hay quienes sostienen que, dada esa característica curiosa, necesitaría una oposición más firme, cuestión de que no se sienta tan seguro y se cuide más. Puede ser.

Venía tranquilo Javier Milei, casi haciendo la plancha. Podría decirse que desde las elecciones del 26 de octubre, que ganó con tal contundencia que ordenó el mapa político y económico; sobre todo el Congreso, donde la oposición lo tuvo a maltraer todo el año.

Contribuyó -bueno es decirlo- que mantuviera durante mucho tiempo la modalidad adoptada en campaña de no confrontar, de guardar el modelo irascible al menos por un tiempo. Le rindió… mientras duró.

Apenas si se salió de eje cuando en el debate del Presupuesto la oposición le volteó de un plumazo un capítulo completo, cosa que hubiese evitado de no haberse empecinado en mantener sin variaciones un texto que estaba cantado que la oposición no le iba a votar (otro error autoinfligido). Pero después de una serie de berrinches, el Presidente entró en razones y recuperó la calma.

Esta semana se dio de bruces otra vez contra un obstáculo. Sucedió con la renuncia de Marco Lavagna, un economista serio que venía en el cargo desde que Alberto Fernández lo designó, lo cual le permitía a este gobierno dar una señal de continuidad y “política de Estado”, de esas que un gobierno como este necesita para atraer inversiones, objetivo que debiera ser su norte. El exdiputado massista nunca dio señales de renunciamiento a sus orígenes, pero tampoco se mostró en tareas dirigenciales del FR, ni tampoco con Sergio Massa.

Su salida no fue escandalosa, pero no tardó en quedar expuesto que el funcionario se iba por la decisión oficial de no cambiar el sistema de medición de la inflación, contrariando la planificación que el INDEC había desarrollado y el gobierno avalado. Se sabía que, con la llegada de 2026, el nuevo sistema se pondría en práctica. Pero llegando el momento de difundir los datos de enero, el ala dura de la economía mileísta se mostró remisa a cumplir lo pactado -siendo que ya venía demorando esa decisión desde hacía rato- y al hijo del exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner no le quedó otro camino que la puerta de salida. El gobierno admitió que el eje del conflicto era que el Presidente -que prometió hace ya un tiempo que la inflación de agosto arrancará con cero- no quiere saber nada con cambiar el sistema actual de medición. Al menos hasta llegar a cero.

Fiel a su estilo, desde el gobierno transmitieron el discurso de que el nuevo sistema es imperfecto y por ende no se podía usar, pero además sugirieron que súbitamente Lavagna había querido complacer a “su jefe político” Sergio Massa, molesto aquel por el supuesto embate judicial que percibiría en su contra.

Como sea, el ahora extitular del INDEC se fue sin estridencias, y según deslizaron desde su entorno no hará críticas públicas en tanto y en cuanto no deba defenderse. En tren de corresponder esa disposición, el ministro Toto Caputo aclaró que Marco Lavagna “se fue de manera amigable”. Lo hizo durante un raíd mediático de esos que se encomiendan cuando hay algo que no está nada bien. Y como suele suceder en esas circunstancias, lejos estuvo de aplacar la crisis.

Fue en ese marco que el ministro de Economía tuvo su frase “fallida”, cuando confesó muy suelto de cuerpo que nunca compró ropa en Argentina porque le parecen “un robo” los precios locales. Caputo sostuvo que, durante años, la industria textil estuvo excesivamente protegida, lo que hizo que los argentinos pagaran dos o hasta diez veces más, que en otros países por ropa y calzado. Su defensa de la apertura de importaciones generó un fuerte rechazo del sector textil, que atribuyó los precios altos a impuestos, alquileres elevados y costos financieros.

Difícil pensar que la previsible polémica no haya estado prevista para poner en un segundo plano los cuestionamientos a la decisión oficial de deshacerse del nuevo sistema de medición -ya avalado por el FMI- y mantener el viejo y actual sistema color sepia que entre otras cosas contempla el costo del teléfono de línea. Un IPC que mide con reglas del pasado en base a una sociedad que ya no existe.

Con todo, dicen que las diferencias entre una y otra medición no eran sustanciales, razón por la cual hasta amigos entrañables del gobierno como Juan Carlos De Pablo recomendaron difundir mensualmente los resultados de ambos sistemas, al menos por un tiempo. Pero no le dieron bolilla.

Las acciones argentinas en Wall Street vivieron un martes y un jueves “negro”, que los observadores atribuyeron a una multiplicidad de factores, entre ellos la crisis en el INDEC que pone en tela de juicio la credibilidad estadística. También influyeron señales ambiguas del gobierno sobre la deuda y activos: Caputo confirmó que no planea volver al mercado internacional de deuda en el corto plazo, en tanto que el presidente Milei habló de venta de activos estatales para cancelar pasivos, sin dar demasiados detalles. Para los inversores, esto muestra una falta de hoja de ruta clara, como así también despertó incertidumbre en torno a la estrategia financiera de mediano plazo.

El gobierno consideró recuperar la agenda cuando el jueves se anunció el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, lo que causó un efecto favorable en los activos argentinos: los ADRs y el S&P Merval saltaron con fuerza.

Así y todo, entre la oposición y no pocos economistas hubo manifestaciones contrarias al convenio con la gestión Trump. El exembajador argentino en Washington Jorge Argüello enumeró una serie de beneficios, pero también objeciones económicas “relevantes”, tales como la advertencia de sectores industriales sobre la reducción de aranceles a maquinaria, autopartes, químicos y bienes de capital provenientes de EE.UU., que podrían aumentar la presión competitiva sobre las manufacturas locales que enfrentan costos logísticos, impositivos y financieros más elevados. Además, alertó sobre la posibilidad de que los beneficios se concentren en exportaciones primarias ​-recursos naturales, energía o agroalimentos​- si no se implementan políticas activas que promuevan diversificación productiva, innovación tecnológica y mayor valor agregado en la oferta exportadora argentina​.

Más objeciones fueron apareciendo conforme se avanzaba en la redacción del texto que deberá refrendar el Congreso argentino. El politólogo Andrés Malamud observó con ironía que el acuerdo dice 3 veces “Argentina y EE.UU. deberán…”; 113 veces “Argentina deberá…”. Y solo 7 veces “Estados Unidos deberá…”. Una desproporción que fue justificada con un argumento obvio: la diferencia de peso específico existente entre ambos países.

Lo cierto es que este acuerdo está basado en la relación entre los presidentes de ambos países, lo que implica que la habitual alternancia en el país del norte podría liquidarlo en cuanto los demócratas vuelvan al poder. Podría suceder en dos años.

Es que mientras el acuerdo deberá contar -como dijimos- con la aprobación del Congreso argentino, en Estados Unidos las medidas se implementarán vía executive orders firmadas por Donald Trump. Sucede que el acuerdo fue diseñado y activado por la administración estadounidense como un acuerdo ejecutivo, utilizando facultades del Poder Ejecutivo y órdenes ejecutivas, lo cual evita allí la necesidad de aprobación legislativa.

Esta simbiosis cada vez más notoria entre ambas gestiones tuvo esta semana una nueva muestra, con la creación por parte del gobierno de Milei de la “Oficina de Respuesta Oficial”, un dispositivo de comunicación oficial con el objetivo declarado de responder de manera inmediata a informaciones que el Ejecutivo considera falsas, inexactas u operaciones mediáticas. Se trata de un remedo del “Rapid Response 47”, una cuenta oficial impulsada por la Casa Blanca recientemente para controlar la narrativa pública. Utilizada, por ejemplo, para contestar coberturas periodísticas adversas en tiempo real.

La medida despertó fuertes críticas en el ecosistema mediático y réplicas en redes sociales del aparato comunicacional libertario, como así también legisladores de La Libertad Avanza. Como la ex Pro Sabrina Ajmechet, quien dio sobradas muestras de su identificación mileísta al defender en el mismo día a su ahora compañera de bloque Lilia Lemoine por sus críticas contra Ian Moche, el joven influencer cuyo autismo Lemoine puso en duda, y a la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, que celebró como “un nuevo canal”, negando que represente “una estructura estatal”.

Como sea, se trata de una “oficina” que está bajo la órbita comunicacional de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia, que dirige Juan Pablo Carreira, y supervisa el jefe de Gabinete. FIN.

No es casualidad. Cada vez que las situaciones políticas degeneran en crisis el poder central reacciona doblando la apuesta para desbaratar las objeciones y las oposiciones. Ahora, en el intento de hacer una reforma laboral imperfecta que conmueve a toda la estructura de los trabajadores, se suma el asedio al periodismo con la amenaza de “eliminar” la Ley 12.908, es decir el Estatuto del Periodista Profesional.

Los periodistas argentinos viven siempre el asedio del poder. Hay infinidad de episodios promovidos por dictaduras militares y gobiernos democráticos que apuntaron contra, no solo de la libertad de prensa y de expresión, sino también de los derechos adquiridos para la función periodística a través de los años.

Afortunadamente, la libertad de informar, de resguardar la confidencialidad de las fuentes de información, están protegidos por la Constitución Nacional reformada en 1994. No es ese el punto en cuestión, aun cuando el actual Gobierno nacional se empeñe en contradecir noticias o informes de los medios a través de una Oficina de Respuesta Oficial (ORO), algo así como una trinchera dispuesta a atajar penales desde el Gobierno.

Con ese nombre la flamante oficina, que será apenas un usuario más de X, se dispone a “desmentir” cualquier cosa que no le guste, y de paso zarandear al periodista, buchonearlo públicamente y, por qué no, causarle daño al medio periodístico. Es de público conocimiento que “desmentir” tiene un valor relativo después que se instaló la noticia -cualquiera sea-. El desmentido siempre llega tarde, y casi no tiene efecto a menos que esté impulsado desde el poder central.

La oficina digital ORO anunció que se propuso atacar lo que denomina “desinformación”, y dice en su comunicado: “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”. Excelente propósito, pero debe funcionar en ambos sentidos porque las mentiras se impulsan también desde el poder. La descalificación sin argumentos de una información no es suficiente, el insulto contra el mensajero es un agravante, las respuestas deben tener contenido y bases de refutación, no solamente gritos y jajaja.

Los periodistas no están preocupados por eso, quieren que nadie intente “eliminar” el Estatuto, donde varios artículos los preservan en sus derechos elementales como trabajadores de prensa, compensan la vulnerabilidad del puesto de trabajo en relación a los mandatos empresariales con instrumentos indemnizatorios elevados para reducir los despidos injustificados por conflictos profesionales o presiones de distinta índole.

Sin embargo, hay que reconocer que el estatuto ha quedado vetusto respecto de esos objetivos primordiales. Es sumamente necesaria una readecuación de sus contenidos, especialmente para proteger e incorporar a los periodistas que usan las nuevas tecnologías, entre ellas la Inteligencia Artificial. Llevar a esta ley a los requerimientos del siglo XXI. Son innumerables las previsiones que hay que tomar al respecto. Este reconocimiento no avala la eliminación del Estatuto, por el contrario, lo fortalece. Urge conservar el espíritu de protección que permite que el periodismo siga siendo el contrapoder necesario en toda democracia saludable.

Dentro del Estatuto existen cláusulas que determinan la pirámide de crecimiento profesional dentro de los medios, y hasta ahora se ha respetado en general, y también incluye algunos artículos que se refieren a los sueldos por categoría. Es, en realidad, una suerte de estatuto con convenio de trabajo incluido. Contiene valores desactualizados, ha caducado la relación dineraria con el puesto de trabajo. Esta etapa de gobierno libertario, no liberal, ha generado además una declinación apabullante en los salarios que ahora son raquíticos hasta en los más grandes medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos. La compensación está dada por el arraigo personal a la imagen pública de los periodistas, a costa de sueldos miserables.

No se incluye en esta observación a los programas de televisión con conductores y columnistas que funcionan en base a sus preferencias políticas, oficiales u opositoras. Esos programas tienen pautas privadas, y oficiales, y sus recaudaciones provienen de negocios hábiles provenientes de las relaciones publicitarias. El trabajador de un medio gráfico no huele un centavo de esas ganancias, y en algunos casos hasta el medio periodístico tiene dificultad para recibir publicidades de gran monto. De allí que se hable, por el Estatuto, de la vulnerabilidad de los puestos de trabajo y la caída de los salarios de forma estrepitosa.

El Estatuto del Periodista Profesional Ley 12.908 nació formalmente en 1946, como ley, y han pasado 79 años desde entonces. Hubo algunas reformas, pero ninguna actualizó la herramienta a los tiempos presente y futuro. FOPEA es la institución que realmente conoce este tema y mantiene el prestigio necesario para enfocarse profesionalmente en la reforma. Los sindicatos de prensa de todo el país, nucleados dentro de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), también reclaman participar del debate y, entre otras cosas, piden modernizar la ley con la incorporación de nuevas categorías nacidas de la digitalización de las noticias, la incorporación de la inteligencia artificial, las nuevas plataformas, los streamings y las redes sociales que inciden en la circulación y consumo de noticias.

La posición adoptada por el Gobierno sobre el tema no es distinta a las ya conocidas en épocas pretéritas, incluyendo las intervenciones en los medios oficiales, como Télam, desguazada esta vez hasta su eliminación total.

Recordemos, en 1955 la dictadura militar decidió que los medios periodísticos adherentes al peronismo fueran lisa y drásticamente censurados, cerrados. Pregunta: ¿qué pasó con los periodistas profesionales y los administrativos de esos medios? Virtualmente el Estatuto del Periodista Profesional quedó congelado. Los medios tradicionales, como La Prensa, La Nación y Clarín salvaron sus papas por su rol de opositores.

El 28 de junio de 1966, cuando el general Juan Carlos Onganía dio el golpe contra el presidente Arturo Illia, implantó una censura rígida que alcanzó no solo a la prensa sino también a las expresiones culturales como el cine, el teatro y hasta la lírica, con la prohibición de la ópera Bomarzo, de Mujica Lainez y Ginastera.

El mismo 24 de marzo de 1976 la labor de la prensa quedó regida bajo el Comunicado Nº 19 que en los hechos suprimía la libertad de prensa al reprimir con la cárcel a quien difundiera actividades “subversivas” o desprestigiara a las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Por el lapso de dos semanas funcionó dentro de la Casa de Gobierno una oficina de censura donde los responsables de las publicaciones debían acercar sus materiales para que su publicación fuera leída y autorizada. Y, en abril de 1976, la Secretaría de Prensa y Difusión emitió otro comunicado a los medios prohibiendo difundir información sobre muertes de “subversivos”, aparición de cadáveres o desaparición de personas, a menos que lo informara una fuente oficial.

Si el Gobierno de Javier Milei avanza en esas direcciones, ya se sabe cuál será el resultado. Disgusta esta memoria, solivianta los ánimos. Si los periodistas, cualquiera sea su orientación política, evitan interceder en esta cuestión, estarán haciendo el caldo gordo para que se produzca el desbande.

Es importante recordar: los gobiernos pasan, los periodistas quedan.

Nancy Sosa es socia del Club Político Argentino

En una época en donde las fake news están a la orden del día, los diputados de las diferentes bancadas que conforman la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debatieron en las redes sociales acerca de la creación de la "Oficina de Respuesta Oficial", a través de cuál el Gobierno de Javier Milei buscará desmentir las informaciones que considera que no son ciertas.

Según sostuvieron desde dicha oficina, la misma fue creada "para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política" e indicaron que la misma "no busca convencer ni imponer una mirada. Tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos".

Atenta a esta situación, la legisladora de Vamos por Más (VxM) Laura Alonso señaló que "la libertad de expresión es el corazón de la democracia republicana. El debate público, su esencia. Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en 'fabricar la verdad'".

"No hay excusas. Los que elegimos ser protagonistas de la vida pública estamos sometidos a un escrutinio que incluye también la expresión de falsedades, mentiras y operaciones. Es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas. Jamás usar el aparato estatal para imponer la 'verdad oficial'. Esperemos que esta 'oficina' se agote en un olvidable mensaje de X", sentenció.

En tanto, el referente del Frente Liberal Republicano (FLR) Pablo Donati consideró que "crear una 'Oficina de Respuesta Oficial' para marcar periodistas y desmentir medios es la confirmación que faltaba: son kirchnerismo pero de derecha. Si los resultados estuvieran a la vista no serían necesarios policías del relato. Ocúpense de solucionar los problemas reales de la gente en lugar de contestar tweets".

Por su parte, el diputado de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) Leandro Santoro compartió en sus redes sociales la captura de una noticia en la que se informaba: "Crisis en la industria: una fábrica de electrodomésticos despidió 34 trabajadores en Catamarca" y aprovechó la ocasión para criticar a la flamante oficina.  "Primera misión para la oficina Anti Fake del gobierno. Importar no destruye empleo. Desmientan esa..", expresó.

Mientras que la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Vanina Biasi aseveró: "el Gobierno te miente y después te crea la oficina de desmentidas. Excelente idea que ya se le había ocurrido a Matt Groening".

Finalmente, la presidenta del bloque La Libertad Avanza (LLA) y mano derecha de Karina Milei, Pilar Ramírez, celebró la noticia. "Fake News. ¡Afuera!", completó.

El Gobierno nacional anunció la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial” en X y el presidente Javier Milei explicó que se trata de un perfil “para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”. Desde la nueva cuenta virtual agregaron que “esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura”.

La militancia virtual de La Libertad Avanza se sumó a la difusión de esta nueva “Oficina”, la cual también fue elogiada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien la catalogó como una “excelente iniciativa”. “Desde el primer día, este Gobierno decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político”, añadieron en la presentación a través de X.

Trascendió que la cuenta está supervisada desde Casa Rosada por el asesor presidencial Santiago Caputo. La idea es que cumpla el mismo rol que tiene “Rapid Response 47”, cuenta de X utilizada por el gobierno estadounidense de Donald Trump que se presenta como “apoyo de la agenda” y que “exige responsabilidades por las noticias falsas (fake news)”.

Obviamente, la medida no gustó nada en la oposición dura, quienes salieron a cruzar al Gobierno nacional. La diputada nacional Romina Del Plá a la frase “amos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario, a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan” que publicó la cuenta del oficialismo en su presentación: “Mal debut, arrancaron mintiendo”. Y cargó: “La izquierda no gobernó nunca en nuestro país, por eso estamos en el desastre que estamos. Es el gran desafío, que los trabajadores gobernemos junto a la izquierda”.

Por otro lado, Esteban Paulón, quien en 2024 había impulsado proyectos para conocer el entramado detrás de la cuenta “Oficina del Presidente de la Nación”, ironizó contra esta nueva entidad comunicativa y la llamó “Ministerio de la Verdad”. Luego, bromeó que “Orwell sería un simple cronista en la Argentina de Javier Milei”, en alusión al novelista británico que escribió varias ficciones distópicas.

Sin guardarse nada, la diputada Sabrina Selva de Unión por la Patria, quien la sintetizó como “un carguito más en el organigrama para sostener el relato del Gobierno”. Crítica del Poder Ejecutivo Nacional, aseveró que se tratad de “una nueva muestra de lo disociado de la realidad que está el Presidente Milei y gran parte de su gobierno” y cargó que “en vez de usarla para perseguir periodistas podrían empezar por dar respuesta sobre: Irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”.

🚨UN CARGUITO MÁS EN EL ORGANIGRAMA PARA SOSTENER EL RELATO DEL GOBIERNO

En una nueva muestra de lo disociado de la realidad que está el Presidente Milei y gran parte de su gobierno, desde el Ejecutivo, lanzan “La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina”.

En vez… https://t.co/Hmv2ttrLsG

— Sabrina Selva (@SabriSelva) February 5, 2026

Enumeró como puntos que el Gobierno debería informar -con tono irónico- es sobre “los vínculos de Spagnuolo y el 3% de Karina; el caso de las valijas de Miami y la relación con la funcionaria Laura Arrieta; los múltiples contratos directos y sin licitación entre la familia Menem y el Estado Argentino; la salida de Marco Lavagna del INDEC y el oscuro manejo de los números oficiales de inflación; la causa del fentanilo contaminado, trama que involucra a funcionarios y empresas prestadoras de servicios; los supuestos ‘aportes’ a punteros libertarios en Anses y Pami, donde empelados recibieron presiones para dejar parte de su sueldo; y, por último, aunque quedan muchas otras cosas en el listado, quién le pasó el número de contrato que publicó el 14 de febrero de 2025 promocionando la estafa $LIBRA”.

Pero no solamente la oposición dura cargó contra el Gobierno: Karina Banfi, integrante del interbloque la Fuerza del Cambio, cruzó al Ejecutivo y expresó su malestar: "Pónganse a laburar y respondan los pedidos de acceso de forma clara, completa y oportuna". "Responden cualquier cosa y eso lo controla la justicia. Ya saben", agregó. Antes había recordado a la Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016, pero modificada en 2024 en el DNU 780.

Exintegrante de La Libertad Avanza, la diputada nacional Marcela Pagano planteó que "¿nadie se está dando cuenta que lo de la 'oficina de fake news' es para tapar la inflación?". "Digo, de pronto, me parece", añadió en tono irónico.