A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno defendió el proyecto de Reforma Electoral Integral, que este miércoles por la tarde ingresó para su tratamiento al Senado. “Tiene por objetivo corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”, sostiene el mensaje de Casa Rosada.

En primer lugar, destaca que la iniciativa “plantea la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), un experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de ‘internas abiertas’, que solo en 2023 les costaron a los argentinos $45.000 millones y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante”. “De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los partidos políticos”, resalta el PEN.

A su vez, el proyecto “eleva los pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería, con el fin de terminar con el régimen de los ‘sellos de goma’, que hacen de cada elección un negocio”. También, “se incorpora la afiliación digital, que moderniza el trámite y termina con el filtro burocrático que la propia dirigencia usaba para bloquear nuevas expresiones políticas”.

En el comunicado se pondera que se “propone la eliminación total del régimen de espacios cedidos, que actualmente obliga a los medios a entregar espacios de aires para propaganda partidaria gratuita, un subsidio mediático escondido que los argentinos nunca votaron en ningún presupuesto”.

“Además, esta reforma buscará transparentar el financiamiento de los partidos políticos. Hoy se calcula que solo el 10% del dinero que financia campañas electorales está registrado; el otro 90% es ‘plata negra’ que muchas veces viene de actividades ilícitas. Las democracias modernas ya resolvieron esto: permiten que personas y empresas aporten de manera regulada, transparente y trazable. Esto proyecto hace lo mismo y suma la opción de que los partidos que quieran renunciar completamente al aporte estatal y financiarse íntegramente con aportes voluntarios puedan hacerlo”, señala.

En cuanto a “Ficha Limpia”, la Oficina del Presidente subraya que “las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no podrán presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública. No es una idea radical: es la decencia mínima que se le pide a una democracia. Y es coherente: si alguien no puede ser candidato, tampoco puede ser funcionario”.

“El sistema electoral argentino tiene un problema de fondo: es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia insensatamente a la dirigencia política. Es un sistema hecho a medida para que la política se proteja a sí misma”, considera el PEN.

El comunicado concluye: “El Presidente Javier Milei fue electo con el mandato claro de terminar con los privilegios de la casta política, y esta reforma es un paso crucial en este camino. Llegó la hora de devolverle el poder a los argentinos: que la política vuelva a estar al servicio de la gente”.

Obtenida la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, el Poder Ejecutivo celebró la aprobación, que "impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos".

"Esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley", se expresó mediante un comunicado de la Oficina del Presidente.

Según el Gobierno, "la redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger. Eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias (artículo 124)".

"Estos cambios comprenden un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan). La reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista", se destacó.

Para el PEN, "al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso", el nuevo marco normativo "reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera".

"Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo", se subrayó en el comunicado en contra de quienes alzaron la voz contra la reforma.

Además, el presidente Javier Milei le envió un especial reconocimiento a un grupo de funcionarios y a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza) por su labor en la redacción de la norma.

Finalmente, se aseguró que el nuevo marco normativo es "claro, federal y técnicamente sólido". "A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos", concluye.

Tras la votación del proyecto de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno celebró su aprobación y señaló que se trata de "una de las reformas estructurales que el presidente Javier Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atraso en las relaciones laborales de los argentinos".

"La aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina", se destacó mediante un comunicado de la Oficina del Presidente.

De viaje por Estados Unidos, Milei no se encontraba en el país al momento de la sesión de la Cámara baja. Sin embargo, al igual que cuando se debatió en el Senado, se hizo presente en el Congreso su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien no viajó junto a él a propósito del día clave para el oficialismo en Diputados.

"El jefe", junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, celebraron la votación en uno de los palcos del recinto de la Cámara baja.

El comunicado de la Oficina del Presidente enumeró que "la nueva normativa simplifica y digitaliza los procesos de registración laboral, moderniza licencias y procedimientos, ordena responsabilidades y establece reglas claras tanto para trabajadores como para empleadores. Incorpora además incentivos concretos para la formalización del empleo, mecanismos que reducen la conflictividad judicial y un enfoque especual en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), eliminando distrosiones que impedían su crecimiento, inversión y generación de oportunidades".

"Con esta reforma, se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales", aseguró el Poder Ejecutivo.

Además, se sostuvo que "los argentinos han realizado un esfuerzo enorme para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal. Esta modernización laboral es un paso más para consolidar ese proceso, permitiendo que trabajadores y empleadores planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente, favoreciendo la creación de empleo de calidad en un esquema dinámico y acorde a los desafíos actuales".

"El presidente Javier Milei agradece a todos los legisladores que acompañaron este proyecto, y espera el mismo compromiso con la voluntad de los votantes argentinos para el resto de las reformas que fueron o serán enviadas al Congreso de la Nación para hacer a la Argentina grande nuevamente", concluyó el mensaje de Casa Rosada.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno defendió el veto a las leyes de jubilaciones y emergencia en discapacidad, que salió publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Desde Casa Rosada se señaló que el presidente Javier Milei "ha vetado los proyectos que el Congreso de la Nación aprobó recientemente de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal, y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación".

El PEN indicó que "los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, para el Estado Nacional, un gasto adicional este año de más de 7 billones de pesos, y cerca de 17 billones de pesos para el año 2026. Estos importes equivalen a aumentar un 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, y de 1,68% del PBI estimado para el año entrante".

En el comunicado se criticó que "determinados sectores han impulsado estos proyectos en pleno ciclo electoral con el evidente objetivo de hacer campaña, disfrazando con causas nobles su notable intención de provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico que tanto nos costó conseguir a los argentinos".

"La misma clase política que, durante su gestión, impulsó medidas que multiplicaron la inflación y la pobreza, pretende hoy revertir la tendencia de reducción inflacionaria y volver a llevar al pueblo argentino a la miseria, de la mano de proyectos como los hoy vetados", se agregó.

Pero, además, en alusión a iniciativas como emergencia pediátrica y financiamiento universitario, solicitados por la oposición para ser tratados este miércoles, la Oficina del Presidente resaltó que "esta semana se tratarán nuevos proyectos en el Congreso, del mismo calibre y con la misma intención: pretender forzar al Gobierno Nacional a gastar más sin decir de dónde sacar el dinero".

"Esta administración confía en que una parte del arco político comprenda la relevancia histórica de este momento y apoye la decisión de romper con una tendencia de más de 100 años que ha sumido a millones de argentinos en la pobreza", continuó el comunicado.

Y concluyó: "A diferencia de lo que hacen los políticos de la casta, este presidente prefiere decir una verdad incómoda en lugar de repetir mentiras confortables. No hay plata, y la única forma de hacer a Argentina grande otra vez es con esfuerzo y honestidad, no con las mismas recetas de siempre".

La Oficina del Presidente informó este miércoles por la noche que el presidente Javier Milei vetará lo que definió como “el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal”.

“Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico”, agrega el comunicado conocido a pocas horas de la publicación en el Boletín Oficial. Agrega el texto que el lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025.

Inmediatamente después de concluida la masiva movilización universitaria, el Gobierno reafirmó “su compromiso con las universidades nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica”.

A continuación, la Oficina del Presidente se refiere a la manifestación de este miércoles, que define como “política”, y en tal sentido señala que el Poder Ejecutivo “celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del presidente”. Agrega que “esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”.

Finalmente se advierte que “esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios”, y concluye diciendo que “el objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez”.

La Oficina del Presidente de la Nación confirmó este viernes la decisión de declarar a Aerolíneas Argentinas SA “empresa pública sujeta a privatización” a través de un decreto presidencial en el marco de la Ley 23.696.

Así lo había anticipado por la mañana el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa.

En el comunicado emitido por la Oficina del Presidente se destaca que “desde su reestatización, ejecutada por el kirchnerismo en el año 2008, la empresa nunca cerró un año con balance positivo, y los aportes del Estado Nacional para cubrir su déficit superan ya los 8.000 millones de dólares. La compañía, además, se encuentra enfrentada a litigios motivo de su ilegal expropiación y hostigada por una casta sindical cuya única prioridad es mantener privilegios”.

El Gobierno pone énfasis en los sueldos de los pilotos, que “varían entre los 3 y los 10 millones de pesos mensuales, y están asegurados independientemente de las horas de vuelo realizadas”, señala la declaración, que agrega que “los bonos son abonados en dólares, los traslados están incluidos, y familiares y amigos disfrutan de pasajes gratuitos. Además, la compañía cuenta con aproximadamente 15 pilotos por avión operativo, número que no se repite en ninguna otra empresa de la industria”.

Tras esa enumeración de datos, la Oficina del Presidente enfatiza que “en un país con el 52.9% de los ciudadanos pobres, es irresponsable e inadmisible que el Estado Nacional continúe financiando el déficit y los privilegios de unos pocos con los impuestos de quienes no llegan a fin de mes”. Considera también “inaceptable que, mientras el 66% de nuestros niños son pobres, se siga subsidiando una aerolínea que podría ser gestionada de manera eficiente por el sector privado”.

Agrega la comunicación oficial que la privatización de Aerolíneas Argentinas es “un paso fundamental en el camino para liberar al país de un gasto insostenible, y es además la única forma de evitar la quiebra y cierre de la compañía”.

Por último, adelanta el comunicado que una vez publicado el decreto, será comunicado al Congreso de la Nación para que trate el proyecto “de manera prioritaria, como indica la ley”. Y cierra: “Los argentinos de bien cuentan con que el Poder Legislativo podrá ponerse de acuerdo para terminar con este flagelo”.

Luego de una votación histórica, al tratarse de la primera vez que el Congreso en ambas cámaras rechaza un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno salió con un comunicado contra los senadores que votaron en contra del DNU por el cual se habían otorgado 100 mil millones de pesos a la SIDE.

"La Oficina del Presidente condena el voto irresponsable de un grupo de legisladores que dejaron al Sistema de Inteligencia argentino sin recursos en un momento histórico del país", arranca el texto difundido este viernes.

Desde Casa Rosada se señaló que "el rol de la agencia de inteligencia durante décadas estuvo basado en intereses personales, y fue utilizada para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política".

A continuación, desde el Poder Ejecutivo destacan que "siguiendo la visión del presidente Javier Milei, se reformó el Sistema de Inteligencia con un perfil profesional, abocado en la protección del pueblo argentino de amenazas tanto internas como externas, saldando una de las grandes deudas de la democracia".

"Pero este viernes, fue el Senado el que le falló al pueblo argentino. El kirchnerismo y el radicalismo, que deberá decidir si es parte de la transformación de la Argentina o es parte de lo peor del pasado, rechazaron una ampliación de fondos que simplemente buscaba llevar el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) al nivel del promedio histórico, y que tenía por objetivo garantizar su normal funcionamiento", sostiene el comunicado.

Además, la Oficina del Presidente cuestiona que "nuevamente, los intereses personales atentaron contra la posibilidad de tener un organismo de inteligencia que tenga la capacidad y los recursos para cuidar a los argentinos. Se vio con las recientes amenazas de agentes externos contra nuestros ciudadanos, pero también con actores malintencionados dentro del territorio nacional".

"Los responsables del desfinanciamiento del Sistema de Inteligencia deberán hacerse cargo de cualquier hecho que ocurra hasta que la SIDE esté correctamente financiada y pueda recuperar sus capacidades vitales", finaliza.

Previsiblemente, el presidente Javier Milei celebró este miércoles que en Diputados lograran frenar la intentona opositora de voltear el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Lo hizo a través de la Oficina del Presidente, que destacó “la labor patriótica de los 87 diputados  nacionales que impidieron a un grupo de irresponsables adoptar medidas populistas que habrían quebrado las arcas públicas”.

En el comunicado se enfatizó que el veto presidencial tenía como objetivo “evitar la destrucción del superávit fiscal, un compromiso que tanto esfuerzo le ha costado a los argentinos alcanzar y que otros gobiernos no lograron durante su mandato”.

“Un déficit fiscal perpetuo lleva al colapso de una nación; cuando el gasto supera la recaudación, no hay otra manera de solventarlo que aumentando los impuestos, emitiendo dinero y generando inflación, o tomando deuda que implica inflación para futuras generaciones”, agrega el comunicado de la Oficina del Presidente.

Allí se remarca que “la inflación es un impuesto no legislado que afecta diez veces más a los pobres y ha sido la principal causa de la pulverización de los ingresos de los jubilados”. Y agrega: “En otras palabras, esta medida populista significaba pan para hoy y hambre para mañana”.

El comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina concluye diciendo que “este gobierno no promoverá ninguna medida que genere inflación, un mayor peso tributario para los argentinos, o una deuda insostenible que comprometa el futuro de los más jóvenes. Cualquier incremento en el gasto público que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable en este presidente y en 87 patriotas del Poder Legislativo. Si es necesario, les vamos a vetar todo”.

Tras la aprobación de la ley que Javier Milei anticipó ni bien tuvo media sanción que vetaría, y por la que había llegado a llamar a los legisladores “degenerados fiscales”, el presidente se dedicó a repostear mensajes muy críticos en las redes contra los senadores. Ya había reposteado temprano mensajes como el de la cuenta “Coherencia por favor”, que decía que “no son más senadores, ahora son cenadores y nos están comiendo vivos”.

Ya al filo de la medianoche, la Oficina del Presidente informó que “vetará el proyecto aprobado por el Congreso de la Nación que tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno”.

El extenso comunicado recuerda el compromiso del presidente con los argentinos a “sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”, señala.

A continuación, el comunicado indica que “el Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”.

Para Milei, esta ley implica “un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”.

Adicionalmente, continúa el comunicado, “resulta paradójico que la clase política se acuerde de los jubilados hoy y no durante el Gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa. Solo en su último año, los haberes cayeron más del 30% acompañado de una suba sideral del gasto público. Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación”.

“Tenemos plena conciencia de que la clase política quiere forzar al Gobierno a oponerse a esta medida demagógica para anotarse una victoria política, pero como el presidente de la Nación ha dicho en innumerables oportunidades, nosotros preferimos decir una verdad incómoda a una mentira confortable”, continúa el comunicado.

Para la Oficina del Presidente, el proyecto sancionado este jueves por el Congreso “con la anuencia de todos los partidos políticos es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal; y por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual  no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido”.

Sobre el final, deja un mensaje para quienes hasta ahora han sido sus aliados, no así al menos durante la última semana: “Confiamos en que los que durante años se han amparado en el cambio no se presten al juego de quienes quieren destruir el programa económico del Gobierno”.

El comunicado finaliza diciendo que “es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal”.

En el arranque de una semana crucial para el Gobierno, que buscará avanzar en el Senado con sus proyectos, la Oficina de Prensa del Presidente consideró "fundamental" la aprobación de la ley de Bases para "acelerar" un proceso de "recuperación" que asegura comenzó a darse en el mes de abril.

"La Oficina del Presidente comunica que los datos oficiales de abril revelan la recuperación más significativa de los salarios reales privados de los argentinos desde el año 2009", reza el comunicado emitido este lunes por la mañana, día en que se cumple media año de la gestión de Javier Milei.

Según el Poder Ejecutivo, "esta información se corrobora en los resultados del Panorama Mensual de Trabajo Registrado, elaborado por la Secretaría de Trabajo. En ese contexto, las cifras de abril evidencian un incremento del 16,1% en los salarios, mientras que la inflación se situó en un 8,8%. Esto implica que los sueldos están creciendo aproximadamente al doble de la inflación".

"De esta manera, los argentinos comienzan a experimentar una recuperación del poder adquisitivo de sus ingresos, gracias a la desaceleración de la inflación mensual heredada del gobierno anterior, la estabilidad de precios y la eliminación del déficit fiscal, que generaba incertidumbre sobre la solvencia del Estado", se destacó.

Para la Casa Rosada, "estos resultados demuestran que, con un plan económico serio y un Estado que deja de ser un obstáculo para la producción y el empleo, es posible revertir años de decadencia. Argentina está en camino de convertirse en una potencia económica, desprendida de las ataduras del gasto público descontrolado y la intervención estatal".

"Para acelerar este proceso de recuperación económica, es fundamental que el Congreso apruebe la Ley Bases, con el fin de liberar la fuerza productiva de los habitantes de la Nación Argentina", finaliza el comunicado, en referencia a la ley que se debate desde el verano y todavía no ha visto la luz.

Por tercera vez desde que se aprobó en la madrugada del miércoles el proyecto que modifica la movilidad jubilatoria, el Poder Ejecutivo volvió a pronunciarse de manera crítica y ratificando que vetará esa y cualquier ley que vaya en el mismo sentido.

La primera vez fue inmediatamente después de la media sanción, cuando el presidente Javier Milei tuiteó con dureza contra lo votado por los diputados, ratificando que votaría esa norma. Volvió a hacerlo este miércoles por la mañana, con su durísimo discurso en un foro económico, y cerró la jornada con un comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la Nación, no menos duro que los anteriores pronunciamientos.

Allí ratificó que el presidente Javier Milei vetará “cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal de la República Argentina”.

“Esta madrugada, tras aumentarse 80% el salario, diputados opositores otorgaron media sanción a un proyecto de ley promovido con el objetivo de reinsertar al país en la senda de la decadencia: reincidir en el déficit, en la espiral inflacionaria y en la obligación de contraer deuda. Un proyecto irresponsable que, de entrar en vigencia, destruiría todo el esfuerzo y los logros fiscales obtenidos en los últimos seis meses”, expresó el comunicado.

Por tal motivo se anticipa que el presidente presentará ante la ANSeS su decisión de no ejercer el derecho a la jubilación de privilegio. Sostiene al respecto el comunicado que “este Gobierno tiene el mandato de rescatar al país de la miseria a la que ha sido relegado como consecuencia de la irresponsabilidad fiscal de aquellos que, paradójicamente, proclaman defender a los jubilados mientras sostienen jubilaciones de privilegio multimillonarias”.

La nota difundida por el Gobierno sostiene que lamentan que “diputados bien intencionados participaran de la trampa legislativa de Máximo Kirchner, y reitera su decisión inquebrantable de mantener el equilibrio fiscal utilizando todas las herramientas que proporciona la Constitución Nacional, incluyendo el veto, de ser necesario”.

“El presidente de la Nación ha demostrado de sobremanera la voluntad de cooperar con la dirigencia política recurriendo al Congreso de la Nación en búsqueda de las herramientas necesarias para salir de la crisis, y proponiendo el Pacto de Mayo para acordar políticas de Estado con todos los actores de la vida económica y social de la Argentina”, añade el comunicado.

Sostiene el comunicado que “al día de hoy esa buena voluntad no ha sido recíproca por parte de la mayoría de la dirigencia. Han dilatado el tratamiento de la ley Bases, han agredido sistemáticamente al Gobierno nacional, y todas las semanas proponen una nueva agenda legislativa dedicada a entorpecer el programa económica de este Gobierno”.

El comunicado cierra diciendo que “algunos actores quieren que la Argentina siga por el mismo rumbo que nos ha condenado al fracaso. Eso no va a pasar con este presidente. La Argentina ha cambiado y el mandato popular será defendido con todas las herramientas del Poder Ejecutivo”.

A través de otro duro comunicado, la Oficina del Presidente advirtió que lo sucedido este jueves en el Senado “atenta contra la convocatoria del presidente” a firmar el Pacto de Mayo.

Al respecto, recordaron que el 1° de marzo de 2024 el primer mandatario extendió una invitación a todos los integrantes de la dirigencia política para firmar el Pacto de Mayo. “Este pacto constituye un acuerdo fundacional destinado a establecer diez políticas de Estado que permitan edificar un nuevo orden económico, rescatando a Argentina de la senda del fracaso y reinsertándola en el camino necesario para volver a ser una potencia mundial”, expresa el comunicado.

Agregan allí que “este acuerdo, largamente demandado por la clase política durante décadas pero que nadie ha osado convocar, requiere necesariamente de la buena voluntad de todos los sectores de la vida política nacional”.

Así las cosas, para la Oficina del Presidente, lo acontecido este jueves en la Cámara de Senadores de la Nación “atenta contra la convocatoria del presidente. La misma Cámara que ha habilitado casi 500 decretos de necesidad y urgencia del kirchnerismo, se ha encargado de rechazar el DNU del presidente Javier Milei a solo 3 meses de su asunción”.

“Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos”, sentenciaron.

El comunicado concluye diciendo que “en su discurso acerca del estado de la Nación, el presidente planteó dos alternativas: el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar”.

Más tarde, desde la Oficina de Prensa destacaron a quienes sí votaron a favor del DNU. "El Presidente de la Nación desea destacar la labor de los senadores nacionales de La Libertad Avanza, del PRO, y especialmente de la mayoría absoluta de los senadores de la Unión Cívica Radical, quienes han dado la lucha hoy en defensa de la libertad de los argentinos, a pesar de conocer de antemano el resultado negativo".

Y citaron a José de San Martín: “Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.