Germán Martínez ponderó el mensaje presidencial en la OIT

El titular del bloque Frente de Todos en la Cámara baja calificó de “excelente” la intervención del mandatario argentino ante la Organización Internacional del Trabajo.

La arquitectura financiera mundial, "moralmente en quiebra" y "desconectada de la economía real", no debe condicionar la recuperación global tras la pandemia de Covid-19, expresó este martes el presidente argentino Alberto Fernández, en un discurso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y en plena negociación con el FMI por la deuda contraída por el Gobierno anterior, el mandatario argentino consideró “imprescindible” que “los créditos internacionales no condicionen los procesos de desarrollo en crecimiento, equidad y justicia social”.

El titular del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez calificó de “excelente” la intervención del presidente ante el Foro Mundial de la OIT para una Recuperación Centrada en las Personas, que se celebra esta semana en formato virtual.

Lo hizo a través de su red social, en la que habló de “conceptos claros sobre el trabajo y la justicia social, en el contexto de post pandemia y las negociaciones con el FMI”.

Tras ello, compartió los siguientes textuales del mandatario argentino:

  • "De una vez por todas y, en especial, en este complejo escenario de la pospandemia, el trabajo de calidad debe posicionarse en el centro de las políticas económicas, productivas, financieras y comerciales".
  • "La arquitectura financiera internacional marca los desequilibrios y no acompaña a la economía real y mucho menos la Justicia Social (...) resulta imprescindible que los créditos internacionales no condicionen procesos de desarrollo en crecimiento, equidad y Justicia Social".
  • "En la negociación con el FMI hemos preservado los derechos de los trabajadores y de los grupos más vulnerables, pero también al capital productivo (...) También hemos preservado las funciones del Estado y su participación en el desarrollo".
  • "Propiciamos una iniciativa de las Naciones Unidas que aborde la discusión de la deuda y el crecimiento económico con justicia social y la arquitectura de los órganos financieros internacionales, con participación de los actores del mundo del trabajo de la economía real".

FEHGRA en la reunión de la OIT: “En Argentina el desafío es lograr que las empresas sigan activas”

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica participó del encuentro organizado por la Organización Internacional del Trabajo, que reunió a 200 delegados de los gobiernos, empleadores y trabajadores de América Latina y el Caribe.

A partir del brote de Covid-19, la actividad turística del mundo tuvo un cese casi total. En 2019, el sector representó alrededor de 330 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. 

Durante tres días, 200 delegados de los gobiernos, empleadores y trabajadores de América Latina y el Caribe analizan cómo recuperar el sector. En este marco, disertó la presidente de FEHGRA. 

Este jueves, la presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Graciela Fresno, disertó en la “Reunión Regional Tripartita sobre el Futuro del Trabajo y la Recuperación Sostenible de la COVID-19 en el sector del Turismo”, organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Argentina es el país anfitrión del encuentro virtual, que se desarrolla hasta el 2 de julio y está presidido por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni. 

Además de plantear el grave desplome de la actividad hotelera y gastronómica, que está dejando un saldo de casi 12.000 empresas quebradas y la pérdida de 175.000 puestos de trabajo, Graciela Fresno dijo que el reto más importante en Argentina es “lograr que las empresas sigan activas y saneadas al final de esta pandemia. Sin la activación de un plan que garantice la supervivencia de las empresas, no va a ser posible el mantenimiento de las fuentes de trabajo ya que, sin empresas, no hay trabajo”. 

Se refirió a la importancia de implementar en forma urgente políticas macroeconómicas, fiscales y sectoriales para promover la actividad, la recuperación del sector y el empleo, la equidad, la estabilidad y fundamentalmente la posibilidad de inversiones públicas y privadas. 

Habló de algunas debilidades del sector, como la competencia desleal de establecimientos informales que requiere legislación para controlar; la rigidez en la normativa laboral que impide de una rápida y eficiente adecuación de los recursos humanos a las nuevas situaciones; la necesidad de poner en valor los puestos de trabajo y seguir capacitando; la dificultad de conexión en transporte o aerocomercial de algunos destinos; la ausencia de programas y medidas para que las empresas del sector -95% son PyMEs- accedan a la innovación y al uso de las TICs. 

A su vez, destacó algunas oportunidades: en el corto plazo, con el cierre temporal de las fronteras, la posibilidad de promover el turismo interno, a partir de beneficios “reales” para los destinos, las empresas, los trabajadores y los consumidores. “En el mediano plazo, al estar amesetado el receptivo internacional, el país tiene enormes chances de aumentar los arribos internacionales procedentes en particular de los países limítrofes y regionales”, expresó. 

En este marco, Graciela Fresno compartió propuestas para impulsar el sostenimiento y desarrollo de las empresas hoteleras y gastronómicas, entre ellas, la creación de un paquete de medidas que asegure la supervivencia del mayor número posible de empresas de la actividad, ya que si no será inviable continuar garantizando los puestos de trabajo. 

La reunión se desarrolla del 30 de junio al 2 de julio, con la participación de alrededor de 200 delegados de los países de América Latina y el Caribe, y busca abordar los desafíos que implica la recuperación sostenible del sector del turismo, una de las principales fuentes de empleo en la región y que fue duramente afectado durante la pandemia. 

Es ley la ratificación del Convenio de la OIT contra la violencia y el acoso laboral

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado este miércoles por unanimidad en la Cámara de Diputados. El documento, firmado en 2019, contempla cómo estas conductas afectan especialmente a mujeres y trabajadores informales.

En una votación unánime, la Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, firmado en 2019 en Ginebra, Suiza.

La iniciativa había sido enviada por el Poder Ejecutivo e impulsada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias, y con su sanción, Argentina se convierte en el tercer país del mundo en adherir a este Convenio, luego de Uruguay y Fiji.

La presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos) destacó la perspectiva de género en este convenio, que se aprobó justo el día que se cumplen 69 años desde la primera elección con voto femenino en nuestro país.

Siley recordó que en 1951 se instaló el derecho de las mujeres no solo a elegir, sino también a ser elegidas, y recordó a “las 23 diputadas que por primera vez se sentaron en el recinto y las seis primeras senadoras”.

Foto: HCDN

Respecto del Convenio 190, resaltó el compromiso del presidente pero también mencionó que “muchos diputados habían presentado proyectos” en el mismo sentido.

La oficialista explicó que el texto “armoniza” con tratados internacionales, distintas leyes nacionales y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que “refiere a las condiciones dignas de trabajo”. “Un trabajo sin violencia y acoso es un trabajo decente y digno”, dijo.

Siley apuntó que el Convenio “considera a la violencia como una práctica inaceptable, y la define en un marco de actuación muy amplio, incluyendo no solo a asalariados sino también a aquellos que no tienen trabajo, los que buscan empleo, los pasantes y aprendices”.

También señaló que el documento “hace especial hincapié en que el daño que se produce cuando hay violencia laboral, se produce también por la condición de género”.

Para acceder al texto completo del Convenio 190 de la OIT, haga click aquí.

También por el Frente de Todos, Marisa Uceda dijo que “son conductas que además de ser indeseables, atentan contra los derechos humanos, porque el derecho a un ambiente de trabajo sano y sin violencia es un derecho humano”.

En el mismo sentido, su par Silvana Ginocchio sostuvo que “este es un importantísimo paso para avanzar en leyes específicas sobre trabajo decente, asegurando el derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”.

El radical Albor Cantard destacó otro aspecto del Convenio, la inversión de la carga de la prueba, ya que “este tipo de circunstancias generalmente se da a puertas cerradas”, lo que genera “una gran dificultad para las víctimas en materia probatoria”.

Según explicó Cantard, “la víctima aportará indicios para que el denunciado o denunciada sea el o la que tenga que demostrar que no ha incurrido en violencia o acoso”.

A su turno, Silvia Lospennato (Pro) destacó que “la puesta de este Convenio en la agenda de la OIT en 2018 y 2019 sin dudas vino de la mano del movimiento de mujeres, con el Mee Too y el Ni Una Menos, donde quedó a la vista la urgencia con la que la OIT tenía que abocarse a la adopción de una norma como esta”.

Lospennato recordó que el expresidente Mauricio Macri integró la comisión de trabajo tripartita de gobierno, sindicatos y trabajadores, y “durante ese proceso siempre el Gobierno argentino trabajó para que se concluyera favorablemente”.

La diputada enfatizó que la violencia y acoso “afectan a varones y mujeres, pero no hay dudas de que hay trabajadores más vulnerables que otros: las mujeres, la comunidad LGBT, las personas con discapacidad, los jóvenes y muy especialmente los trabajadores informales, algo que recoge este Convenio dándoles un piso mínimo de protección”.

Por su parte, Dolores Martínez (UCR-Evolución) subrayó que “el mercado de trabajo discrimina a las mujeres solo por el rol social de cuidadoras que se nos asignó, y nos obliga a elegir entre el desempleo, el trabajo precario o el mal trato”.

Graciela Camaño (Consenso Federal) aseguró que este Convenio “no es fruto de un presidente ocasional de un país, sino de un trabajo elevadísimo de expertos y, en el caso de Argentina, de las mujeres sindicalistas y asesoras de dirigentes sindicales que comprometieron sus esfuerzos en este trabajo”.

Por último, Romina Del Plá adelantó el voto afirmativo del Frente de Izquierda al entender que el Convenio “es un herramienta en la cual muchísimas personas, especialmente mujeres y diversidades sexuales, podrán ampararse a la hora de denunciar situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral”.

Sin embargo, aclaró: “De ninguna manera nuestro voto a favor es un cheque en blanco para la OIT o la ONU, organismos que defienden los intereses de los países imperialistas que lo integran y que amparan ataques a los derechos laborales”.

Qué dice el Convenio 190

El Convenio -que entrará en vigor el 25 de junio de 2021- considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.

Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.

Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.

Otros acuerdos internacionales

En la sesión también se convirtieron en ley un conjunto de acuerdos internacionales, entre ellos uno firmado entre Argentina y la República Popular de China para instalar un centro cultural chino en el país, que fue suscrito en la ciudad de Beijing el 17 de mayo de 2017.

Además, se sancionó un convenio de coproducción cinematográfica entre Argentina y el Estado de Israel, suscrito en la ciudad de Jerusalén el 28 de abril de 2014; y un acuerdo de cooperación técnica entre Argentina y la República de Kenia, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 14 de marzo de 2017.

También se aprobó un acuerdo de sede con el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná; y el protocolo de 1997, denominado MARPOL, que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, adoptado en Londres, Reino Unido.

Dictamen unánime para un convenio sobre eliminación de la violencia y el acoso laboral

En un plenario de comisiones se aprobó un proyecto que propone ratificar el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que ya cuenta con sanción del Senado.

En el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, se avanzó este miércoles con un proyecto que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Al inicio de la reunión, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, valoró la importancia del paso que se está a punto de dar, por cuanto destacó que si el proyecto se aprueba en el recinto, como se descuenta que será, Argentina será el tercer país en el mundo en implementarlo.

“No es broma la violencia laboral, no es un tema menor para el desarrollo de la vida en plenitud”, destacó Siley, remarcando que “estamos dando un paso muy importante para mejorar la calidad de vida de la población”.

Asimismo destacó que una vez aprobada la ley, su implementación es clave y ello se tiene que hacer en conjunto en un marco de “concertación”, por cuanto será entre los empleadores, los trabajadores y con la regulación del Estado. “Se debe ratificar este convenio y luego también hay que velar para que se pueda cumplir”, enfatizó la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo.

“El convenio enfatiza que su aplicación es tanto en el ámbito privado, como el público”, destacó Graciela Camaño, aclarando que “el ámbito de aplicación también tiene una amplitud que es muy ponderable”, y precisó que “no se limita únicamente a lo que ocurre en el establecimiento o lugar de trabajo, sino que lo hace extensivo en los desplazamientos, viajes, eventos, actividades sociales o actividades de formación vinculados al trabajo”.

“El acoso en el mundo del trabajo afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas, y para revertirlo se requiere este enfoque inclusivo e integrado”, precisó por su parte la diputada radical Brenda Austin. Y agregó que estamos frente a una norma que “va a transformar el modo en que miramos las situaciones de acoso en el mundo del trabajo”.

Eduardo Valdés se manifestó muy satisfecho por el consenso alcanzado en las comisiones.

Antes de la emisión del dictamen, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, celebró la unanimidad. “Ojalá en los tiempos que se vienen podamos tener los consensos para todos los temas que hacen a la mejor convivencia de los argentinos”, señaló.

El Convenio 190 de la OIT fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra en junio de 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo.

La norma proporciona un marco claro para la adopción de medidas y brinda la posibilidad de forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso.

Un dato a tener en cuenta es que las definiciones de “violencia” y de “acoso” varían según sea el país, ante lo cual la OIT estableció para ambos conceptos como “un conjunto de comportamientos y acciones inaceptables” que “tengan por objeto provocar, ocasionen o sean susceptibles de ocasionar, daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos”. Hablamos entonces del abuso físico o verbal, la intimidación y el hostigamiento, el acoso sexual, las amenazas y el acecho, sin perjuicio de otros actos.

Tratarán en Diputados la ratificación del Convenio 190 de la OIT

El proyecto del Ejecutivo obtendría dictamen favorable el próximo miércoles en una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y Legislación del Trabajo.

Las comisiones de Relaciones Exteriores y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados tratarán el próximo miércoles a las 11 el proyecto de ley que busca ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, defendida por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, busca ratificar el Convenio 190, adoptado en junio de 2019, sobre eliminación de la violencia de género en el mundo laboral.

En el Senado, el proyecto fue aprobado por unanimidad el pasado 24 de junio y se espera que en la Cámara baja también reciba amplia mayoría.

El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.

Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.

El Senado aprobó la ratificación de un Convenio de la OIT contra el acoso laboral

Se trata del Convenio 190, adoptado en junio de 2019, sobre eliminación de la violencia de género en el mundo laboral. Fue aprobado por unanimidad.

Sin la presencia de la oposición, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este miércoles un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.

La iniciativa recibió 42 votos afirmativos, del bloque oficialista, dado que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal no participaron de la votación por tratarse de un tema que, según consideraron, es ajeno a la pandemia del Covid-19.

El documento, adoptado el 21 de junio de 2019, busca prevenir y erradicar la violencia laboral, y reconoce el impacto especial de este flagelo sobre las mujeres.

“Esta es la primera convención que la OIT aprueba desde 2011. Hace nueve años que no aprobaba una”, explicó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, y añadió que el tratado “tiene una gran importancia grande porque busca que haya cero violencia en el mundo del trabajo”.

El legislador señaló que la convención “tiene que ver con todos los trabajadores, pero no solo con lo que sucede en el lugar de trabajo sino también con lo que sucede en el transporte, si es que es un transporte vinculado a la empresa”.

Además, expresó: “Todos sabemos que es en los mecanismos de selección del personal donde muchas veces comienza el acoso y la violencia contra las mujeres en el mundo del trabajo”.

El senador del Frente de Todos resaltó también que el convenio “reconoce que la violencia y el acoso en el ámbito familiar” porque “destaca en uno de sus articulados que la violencia doméstica afecta la seguridad, la salud y la productividad de la persona afectada”.

Por su parte, el titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, indicó que “las figuras de la violencia y el acoso laboral son merecedoras de una especial atención de los Estados y la sociedad”.

“Cuando hablamos de violencia y acoso laboral no hablamos de un mero hostigamiento a la trabajadora: hablamos de un crítico fenómeno que nos lleva aparejados comportamientos y conductas que afectan directa y devastadoramente en la vida de cada víctima y de sus familiares”, sostuvo.

El pampeano aseveró que “la violencia y el acoso laboral no conocen género ni edades, impacta y socava absolutamente todo, pero es cierto que especialmente lo sufren las trabajadoras. Si revisamos el último informe estadístico del primer trimestre del 2019 de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, el 62% de las personas que denuncia la violencia laboral son mujeres”.

“Ante este crítico escenario, resulta imprescindible la adopción de medidas por parte del Estado, que se deben llevar a cabo junto a los trabajadores y las empresas, que permitan desarrollar ambientes saludables”, subrayó Lovera.

También celebró la iniciativa la titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, quien destacó que “este es el primer instrumento internacional que aborda la violencia de género, por lo tanto es doblemente importante para las mujeres”.

“Es un nuevo consenso a nivel mundial al que llegaron los Estados, los empresarios y los organismos que representan a los trabajadores, en el que se reconoce por primera vez el derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso”, explicó la integrante del Frente de Todos.

Según Durango, “se reconoce que la violencia y el acoso afecta de manera desproporcionada a las mujeres, obstaculizando su acceso al mercado del trabajo, su permanencia en el mismo y su desarrollo profesional. De acuerdo a ese informe Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, un 86% de los trabajadores denunció violencia psicológica, un 8% violencia sexual y un 6% violencia física, en su gran mayoría por parte de los varones”.

La senadora concluyó que “para prevenir la violencia y el acoso, el convenio le pide a los Estados que adopten un enfoque integrado e inclusivo que tenga en cuenta las desigualdades de género,  las discriminaciones, entre otras cuestiones. Son múltiples los obstáculos que afrontamos las mujeres en todos los ámbitos laborales, que afectan nuestro desarrollo personal, familiar y profesional”.

El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.

Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.

Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.

Otros proyectos

El Senado también aprobó un tratado de extradición con Rumania, que según señaló Taiana “busca, sobre todo, evitar la impunidad y atacar el delito transnacional”. “Este tratado ya fue aprobado por el Congreso rumano y está bueno que le demos aquí una media sanción, para que pronto pueda ser aprobado y entrar pronto en vigencia”, dijo.

Paralelamente, se avaló otro tratado con Brasil en el mismo sentido. “Es un país limítrofe con el que tenemos una larga tradición con los tratados. El que estaba vigente hasta ahora es de 1961 pero entró en vigencia en 1968 por la Ley 17.262. Ese tratado buscó superarse y por eso en 2010 se hizo un acuerdo cuadrilateral entre Argentina, Brasil, España y Portugal, por lo cual los cuatro países acordaron simplificar los mecanismos de extradición”, detalló Taiana.

El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores continuó: “En enero de 2019 se firmó un nuevo tratado de extradición con Brasil, que supone una simplificación y agilización de los mecanismos para lograr la extradición”.

Según el senador, el tratado “tiene varios componentes fundamentales: uno de ellos es que eleva de uno a dos años el tiempo mínimo y máximo punible por el que se solicita la extradición; el segundo es que tiene elementos claros de protección de los derechos humanos de la persona que puede ser extraditada; y tercero, en el caso de los países contempla la posibilidad de que sea extraditado un nacional”.

La oposición ratificó que no votará los proyectos ajenos a la pandemia en el Senado

Luis Naidenoff y Juan Carlos Romero adelantaron al inicio de la sesión que no participarán de la votación sobre la bicameral del caso Vicentin y el Convenio 190 de la OIT.

La oposición anunció al inicio de la sesión de este miércoles en el Senado que no participará de la votación de proyectos que, según entienden, son ajenos a la pandemia del Covid-19. Así lo adelantaron Luis Naidenoff y Juan Carlos Romero, jefes de los interbloques Juntos por el Cambio y Federal, respectivamente.

Los legisladores anunciaron que estarán ausentes a la hora de votar la ratificación del Convenio 190 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre acoso laboral, y también del proyecto de creación de una comisión bicameral que investigue la relación crediticia entre Vicentin y el Banco Nación.

Con el argumento de que el decreto regulatorio de las sesiones virtuales acotó los temarios a proyectos vinculados a la pandemia, la oposición se retiró de la sesión donde se aprobaron los proyectos de ley de alquileres, educación a distancia y suspensión de las SAS (Sociedades por Acción Simplificada), el pasado 11 de junio.

Solo los senadores Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones) acompañaron la votación, mientras que los interbloques de Naidenoff y Romero se desconectaron de la sesión, y este miércoles anticiparon que volverán a estar ausentes.

El Senado sesiona para aprobar la creación de una bicameral por el caso Vicentin

Desde las 15.18, la Cámara alta debate un proyecto de Oscar Parrilli para que el Congreso investigue la relación crediticia entre la empresa y el Banco Nación. También se ratificará un convenio de la OIT sobre acoso laboral.

Con una oposición molesta por el tratamiento de temas ajenos a la pandemia del Covid-19, el Senado sesiona desde las 15.18 para aprobar un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que busca que el Congreso investigue las deudas que contrajo la empresa Vicentin con el Banco Nación.

La iniciativa apunta a crear una comisión integrada por seis senadores y seis diputados que investigue presuntas irregularidades en la relación crediticia entre la firma agroexportadora -que el Gobierno busca expropiar-  y el Banco Nación, que durante la gestión anterior presidió Javier González Fraga.

Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se firmó dictamen, la semana pasada, los representantes de Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa y se retiraron del debate. Además, señalaron que ya existe una causa en la Justicia, que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini.

Según el proyecto, la bicameral deberá también investigar la “posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de cereales y soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida entre los años 2016 y 2019”, durante el gobierno de Macri.

La comisión, que funcionará durante 18 meses contados a partir de la fecha de la reunión constitutiva, y con posibilidad de extender ese plazo por seis meses más, podrá solicitar informes y tendrá que elaborar un informe final sobre el tema.

Convenio de la OIT contra el acoso laboral

En otro orden, la Cámara alta tratará un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.

El documento busca prevenir y erradicar la violencia laboral, contemplando distintas herramientas y obligaciones impuestas a los Estados con el fin de controlar su efectivo cumplimiento, habilitar vías recursivas y de reparación, así como de formación y sensibilización en la temática.

El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.

Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.

En el mismo se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.

Por otra parte, la Cámara alta votará dos tratados de extradición firmados por Argentina con Brasil y Rumania, respectivamente.

El Senado sesionará para tratar la creación de una bicameral investigadora del caso Vicentin

La Cámara alta se reunirá, de manera remota, a partir de las 15. La oposición rechaza el proyecto impulsado por el kirchnerista Oscar Parrilli. También se tratarán tratados internacionales, entre ellos uno contra el acoso laboral.

Con una oposición molesta por la inclusión de temas que no se refieren a la pandemia, el caso Vicentin se introducirá este miércoles en una nueva sesión remota del Senado, que se realizará a partir de las 15.

El oficialismo incluyó en el temario un proyecto presentado por Oscar Parrilli (FdT) para crear una comisión bicameral que investigue presuntas irregularidades en la relación crediticia entre la empresa cerealera y el Banco Nación, que por entonces presidía Javier González Fraga.

Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se firmó dictamen, la semana pasada, los representantes de Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa y se retiraron del debate. Además, señalaron que ya existe una causa en la Justicia, que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini.

Según el proyecto, la bicameral deberá también investigar la "posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de cereales y soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida entre los años 2016 y 2019", durante el gobierno de Mauricio Macri.

La comisión, que funcionará durante 18 meses, contados a partir de la fecha de la reunión constitutiva, y con posibilidad de extender ese plazo por seis meses más, tendrá que elaborar un informe final. Estará integrada por seis senadores y seis diputados.

Convenio de la OIT contra el acoso laboral

En otro orden, la Cámara alta tratará un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.

El documento busca prevenir y erradicar la violencia laboral, contemplando distintas herramientas y obligaciones impuestas a los Estados con el fin de controlar su efectivo cumplimiento, habilitar vías recursivas y de reparación, así como de formación y sensibilización en la temática.

El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.

Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.

En el mismo se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.

Por otra parte, la Cámara alta votará dos tratados de extradición firmados por Argentina con Brasil y Rumania, respectivamente.

El Senado tratará este miércoles la creación de una bicameral investigadora del caso Vicentin

El oficialismo buscará tratar un proyecto de Oscar Parrilli que es rechazado por la oposición. También se votará la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre acoso laboral.

El debate sobre el caso Vicentin llegará por primera vez al recinto del Senado. No precisamente con el proyecto de expropiación, que todavía no fue enviado al Congreso, sino por una iniciativa que el oficialismo buscará aprobar este miércoles para investigar las deudas de la empresa con el Banco Nación.

La vicepresidenta Cristina Kirchner convocó a sesionar el miércoles desde las 15 para tratar, entre otros, un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que crea una comisión bicameral investigadora de la relación crediticia entre Vicentin y la entidad que entonces presidía Javier González Fraga.

La iniciativa cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde Juntos por el Cambio expresó su rechazo. El interbloque presidido por Luis Naidenoff argumentó que ya existe una causa en la Justicia, que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini.

“No se entiende la razón por la que se pretende que el Senado se constituya en una especie de juzgado de instrucción cuyas diligencias investigativas, con toda seguridad, en lugar de cooperar obstruirían el accionar del juez competente”, consideró la bancada en un documento.

El proyecto de creación de la bicameral fue presentado por Parrilli en abril pasado, tras la denuncia penal del actual director del Banco Nación Claudio Lozano por posible defraudación al Estado a través de préstamos millonarios a Vicentin, que entonces ya se encontraba en concurso de acreedores.

El autor de la iniciativa habló de la posibilidad de una “fuga de capitales, triangulación de exportaciones, manejo de los precios en cuanto a los productores tendientes a aumentar indiscriminadamente sus ganancias”, además de “lo que tiene que ver con posibles operaciones de encubrimiento y lavado de dinero”.

En otro orden, el Senado tratará un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.

Según expresó en un comunicado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que dirige Elizabeth Gómez Alcorta, “hasta el momento ningún país en el mundo completó el proceso de ratificación de este instrumento que promueve la adopción de políticas para prevenir y reducir las violencias por razones de género en los lugares de trabajo”.

El convenio define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

Al referirse a la cuestión de género, “designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual”.

Por otra parte, la Cámara alta votará dos tratados de extradición firmados por Argentina con Brasil y Rumania, respectivamente.

Continúan las exposiciones en la comisión especial de movilidad previsional

Legisladores y funcionarios del Ejecutivo que deben elaborar la nueva fórmula jubilatoria escucharon un informe del director de la OIT para América Latina.

La comisión bicameral mixta encargada de elaborar una nueva fórmula previsional realizó este lunes una nueva reunión informativa, de carácter virtual, con la participación del economista Fabio Bertranou, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la comisión, el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos), y estuvieron presentes legisladores del oficialismo y la oposición, así como funcionarios del Poder Ejecutivo.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 542/20, el Ejecutivo prorrogó hasta diciembre la suspensión de la movilidad jubilatoria, extendiendo a su vez el plazo para que la comisión elabore una nueva fórmula que reemplace a la anterior.

De esta forma, los aumentos jubilatorios continuarán siendo otorgados de forma discrecional, lo que despertó críticas de legisladores de la oposición, que ya presentaron proyectos para derogar el DNU.

En la jornada de este lunes, Bertranou expuso sobre las normas principales de la OIT en materia de pensiones, como el Convenio 102, de 1952, que estableció criterios mínimos para los regímenes de seguridad social; el Convenio 128, de 1967, sobre las prestaciones por invalidez, vejez y sobrevivientes; y la Recomendación 202 sobre los “pisos de protección social”.

También detalló el marco normativo de la OIT sobre la movilidad de las prestaciones y los regímenes especiales.

Bertranou precisó que, según se expuso en la Conferencia Nro. 89 de la OIT, en 2001, “no existe un modelo idóneo único de seguridad social” sino que “cada sociedad debe elegir cuál es la mejor forma de garantizar la seguridad de ingresos”.

La función prioritaria del Estado es facilitar, promover y extender la cobertura de la seguridad social. Todos los sistemas deberían ajustarse a ciertos principios básicos. En especial, las prestaciones deberían ser seguras y no discriminatorias; y los regímenes deberían administrarse de forma sana y transparente, con costos administrativos tan bajos como sea factible y una fuerte participación de los interlocutores sociales”, se indicó en las conclusiones de aquella conferencia.

El especialista formuló entonces una serie de propuestas, como “lograr un consenso suficiente acerca de las reformas con el objeto de asegurar su permanencia en el tiempo”; y “evitar soluciones de emergencia con beneficios de corto plazo y costos de largo plazo difíciles de sostener”.

Bertranou también sugirió “considerar una variedad de instrumentos para tratar los diversos objetivos del sistema de protección social para la población adulta mayor”, y “consolidar una prestación universal sin requisitos para su obtención que ofrezca beneficios suficientes a la población que no acceda a los beneficios contributivos”.

De la reunión participaron, por parte del Poder Ejecutivo, Luis Bulit Goñi y Miguel Baelo del Ministerio de Trabajo; Roberto Arias del Ministerio de Economía; la jefa de asesores de la ANSES; y la secretaria técnica de la comisión, Adriana Micale.

Por el Frente de Todos estuvieron el diputado Casaretto y los senadores Daniel Lovera y Carlos Caserio, mientras que por Juntos por el Cambio participaron la senadora Belén Tapia y los diputados Alejandro Cacace, Luciano Laspina y Luis Pastori.

La próxima reunión será el lunes 29 a las 16 y contará con la exposición de Andras Huthoff, consultor de Eurosocial y doctor en Economía de la Universidad California Berkeley.

Gremios legislativos pidieron la rápida aprobación de una ley contra la violencia laboral

Se trata del proyecto del Ejecutivo para ratificar el Convenio 190 de la OIT, que ingresó la semana pasada al Senado.

Tres gremios legislativos que integran la CGT pidieron el “pronto tratamiento y aprobación” de la ley para ratificar el Convenio 190 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Se trata del proyecto que el Poder Ejecutivo envió la semana pasada al Senado y que fue anunciado por el propio presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo.

En un comunicado conjunto, Norberto Di Próspero (APL), Martín Roig (UPCN) y José Rodríguez (APES) celebraron el envío del proyecto y sostuvieron que “responde a un gran anhelo de nuestras trabajadoras y trabajadores del país y el mundo”.

Los gremios destacaron que el Convenio, aprobado en la OIT en 2019, “es, sin lugar a dudas, un gran logro del movimiento obrero y sobre todo de las mujeres sindicalistas, que fueron las que dieron origen a la discusión de terminar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”.

Además, explicaron que “es la primera norma internacional” que aborda estos temas, “identificando a la violencia en todas sus formas”.

Por último, instaron a ambas Cámaras a aprobar con celeridad la ley, “colocando a la Argentina una vez más ante el mundo de la vanguardia en la conquista de derechos y protección de la clase trabajadora”.