La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados pasó a la firma el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la modificación de los artículos del Código Penal de la Nación vinculados al cuidado del orden público. También fueron anexados, en el despacho, un texto que eleva las penas por alteración de escenas del crimen por parte de las fuerzas de seguridad, y otro relacionado al derecho a la legitima defensa en cumplimiento del deber.

En el inicio de la reunión, la presidenta de la comisión, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) anunció el pase a la firma del dictamen que incluye a la modificación de los artículos 34, 237 y 238 del Código Penal, sobre resguardo del orden público, con la incorporación del texto de agravamiento de los delitos de tenencia y portación ilegal de armas de fuego cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias e incorporación como nuevo tipo penal su utilización.

En representación de Unión por la Patria, Martín Soria, vicepresidente de la comisión, anunció que su bloque rechaza el dictamen de mayoría y acusó que “el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional quiere criminalizar la protesta y habilitar el gatillo fácil”. En ese punto, criticó la gestión de los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado) y Patricia Bullrich (Seguridad).

El diputado de UP, Martín Soria, fustigó a los integrantes del Gabinete nacional y agregó que "se quiere insistir con la doctrina chocobar".

En tal sentido, remarcó que el propósito del proyecto es la “persecución, represión y criminalización”, y aseveró: “Se nota mucho que la propuesta del 237 busca profundizar la represión de la protesta”. Cargó, además, que “con este proyecto se aumentan las penas de delitos a resistencia de la autoridad”.

“Aquellos ministros que la vienen pifiando desde el 2001, eran aquellos que sus propios vecinos los querían linchar”, reiteró Soria, quien también cuestionó que se busca aplicar un “in dubio pro policía” y que el texto “básicamente vuelve a insistir con la ‘doctrina chocobar’ para avalar ejecuciones extrajudiciales”.

Antes de terminar, trajo a colación del caso del hombre con brote psicótico arrollado cuatro veces por un patrullero de la policía correntina que le provocó la muerte. Para terminar, anexó: “Hubo más de 9.000 muertes en casos de violencia institucional desde 1983 hasta acá y las víctimas tienen un promedio de 14 años”.

En la misma línea, el diputado nacional Christian Castillo (FIT) cuestionó: “Están dando manos libres para el gatillo fácil, para que la autoridad criminalice a cualquiera que participe de una manifestación donde las policías ejercen su acción discrecional”, y añadió: “Las prácticas de gatillo fácil recorren a nuestro país. Ahora las Policías van a tener las manos más libres y que no pase nada. Los jóvenes de barrios populares son las principales víctimas”.

En virtud del contenido del otro proyecto incorporado al dictamen, la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba) señaló que “hubo un camino muy largo y extenso con responsabilidad enorme”, y agregó que se trabajó “comprometidos con la memoria de un joven al que le arrebataron la vida las fuerzas de la seguridad”.

Asimismo, indicó que “es una práctica que se viene llevando en el país a lo largo y ancho del país”, y cargó que el fin de este proyecto de ley es para que “el que manipula la escena del crimen, no viva tranquilo y pueda ser sancionado como corresponde”. “Protegemos a quienes hacen su accionar de manera como la ley indica”, agregó la diputada cordobesa.

Antes de culminar su breve intervención, destacó que la iniciativa tiene el aval de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y mencionó que va a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo sobre legítima defensa.